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23.3.23

El jefe del puesto de la Guardia Civil en Ocaña, detenido por la UCO en una operación antidroga

 "«Esto se veía venir», dicen entre los agentes que están a las órdenes del comandante del puesto de la Guardia Civil en Ocaña, un subteniente que lleva al menos tres años en ese destino. Este mando fue detenido y posteriormente puesto en libertad la pasada semana, según confirmaron a ABC fuentes oficiales de la Comandancia de Toledo este lunes, aunque aseguraron desconocer los motivos de su arresto. «No se dan más detalles por tratarse de una operación reservada de unidades de investigación de la Guardia Civil ajenas a esta comandancia», añadieron.

Los agentes que lo detuvieron eran de la Unidad Central Operativa (UCO) llegados desde Madrid, concretamente investigadores de estupefacientes, aunque los instructores son los de blanqueo de capitales. «Cuando hay involucrado un jefe de unidad, tienen que venir compañeros de otras unidades especiales... Y, si la UCO interviene, debe ser algo gordo», explicaron otras fuentes sobre una operación por tráfico de drogas en la que hay más detenidos, si bien no precisaron el número.

El domicilio de este mando de Ocaña fue registrado y los investigadores encontraron supuestamente droga y utensilios que se emplean para el tráfico, según otras fuentes. «Iba a lugares en los que no debe de estar un guardia civil y tiene una relación con la responsable de un club de la comarca», relataron.

Este subteniente veterano tiene a su cargo cerca de una treintena de agentes en un cuartel abierto las 24 horas porque cuenta con calabozos. «Como jefe, muy bueno y trabajador», manifestaron otras fuentes de ABC, que desconocían si continuaba al frente del puesto, uno de los veinte que dependen de la Compañía de Ocaña, mandada por un capitán.

«Cuando pasa algo de esto, o te das de baja o te suspenden provisionalmente a la espera de juicio», dijo un agente, que se enteró de la detención de su superior esta mañana, aunque se habría llevado a cabo el pasado martes.

«Los garbanzos negros existen y nos dan mucho asco, y más con lo que ha pasado con el caso Cuarteles. Es vergonzoso», se lamentaron guardias civiles que conocen al agente involucrado en esta operación antidroga de la UCO.

Esta detención se conoce tres meses después del arresto de un guardia civil domiciliado en la localidad toledana de Mora. Lleva en la cárcel desde el 15 de diciembre por la presunta comisión de dos delitos: contra la salud pública y organización criminal, liderada supuestamente por un quincallero del pueblo conocido como la Rubia.

El agente fue arrestado dentro de la Operación Ramo de la Policía Nacional, que se cerró con 620 kilos de cocaína intervenidos y 38 detenidos, además de incautar 35 vehículos de alta gama e intervenir más de 360.000 euros en efectivo."                    (Manuel Moreno y Cruz Morcillo  , ABC, 20/03/23)


14.2.23

Los escándalos que envuelven a la DEA no cesan

 "La DEA (Drug Enforcement Agency) la agencia antidrogas que despliega Estados Unidos en el mundo, es uno de tantos modos de intervención en Latinoamérica y el Caribe, con la excusa de una tarea explícita: combatir el narcotráfico mediante métodos menos explícitos. (...) 

Los escándalos que la envuelven no cesan. Ahora se reveló que destituyó silenciosamente a Daniel Palmieri, su principal funcionario en México el año pasado por sus “contactos inapropiados” con abogados de narcotraficantes, un final vergonzoso para un breve mandato marcado por el deterioro de la cooperación entre EEUU y México y un flujo récord de cocaína, heroína y fentanilo al otro lado de la frontera. (...)

Pero el caso que fulminó la reputación de la DEA fue el de José Irizarry, condenado a 12 años de prisión después de admitir que pasó una década conspirando con cárteles colombianos para lavar dinero, tiempo en el cual viajó por el mundo dándose una vida de lujos y excesos en compañía de las personas a las que supuestamente perseguía. 

Irizarry aseguró que no caería solo, y señaló que docenas de agentes federales, fiscales e informantes participan en una especie de colecta permanente para recoger dinero proveniente del lavado en ciudades de tres continentes. De cara al discurso oficial de Washington, Irizarry afirmó que él y sus colegas hacían ésto porque desde hace mucho cobraron conciencia de la futilidad de la guerra de la DEA contra las drogas.

Mientras, en abril pasado, el gobierno mexicano disolvió una selecta unidad antinarcóticos que durante un cuarto de siglo trabajó mano a mano con la DEA en “el combate al crimen organizado”, una medida que fue criticada por el ex jefe de operaciones internacionales de la agencia, Mike Vigil, como un disparo en el pie por parte de las autoridades mexicanas. 

Medios de prensa mexicanos, como La Jornada, calificaron entonces de saludable el alejamiento respecto a una institución probadamente corrupta y carente de cualquier autoridad para dictar la manera en que ha de conducirse la lucha contra el crimen organizado en otros países.

La destitución de Palmieri es crítica debido al deterioro de la situación con México, señaló Phil Jordan, ex director del Centro de Inteligencia de la DEA en El Paso. “Si no tenemos un director regional fuerte o un agente a cargo allí, va en contra de las operaciones generales de la agencia porque todo transita por México, ya sea que provenga de Colombia o el fentanilo que ingresa a través de China. No se puede tomar a la ligera”, añadió.

El año pasado, los fiscales federales acusaron a un agente de la DEA y a un ex supervisor de filtrar información confidencial de las fuerzas del orden público a dos abogados defensores anónimos de Miami..Uno de esos abogados, identificado como David Macey, también estuvo implicado en la indagatoria a Palmeri.

 Los registros internos muestran que el abogado Macey recibió a Palmeri y a su esposa –nacida en México– durante dos días en su casa en los Cayos de Florida, un viaje sin un propósito laboral útil que violó las reglas que rigen las interacciones con los litigantes que están diseñadas para evitar incluso la apariencia de comportamiento inapropiado.

Palmeri, de 52 años, reconoció ante los investigadores que se quedó en la casa de descanso de Macey, que su esposa trabajaba como traductora para otro destacado abogado, Rubén Oliva, y que hizo un viaje no autorizado a Miami con ella en febrero de 2021, para interrogar a una fuente confidencial. Pero se descubrió que Palmeri estuvo en una casa privada con su esposa en una reunión social donde hubo alcohol.

Palmeri aseveró que las indagatorias por mala conducta son una cacería de brujas provocada por celos personales y profesionales, que se negó a especificar. Palmeri llamó la atención desde el momento en que llegó a México en 2020 ya que algunos agentes se quejaron de su casi obsesión por capturar a Rafael Caro Quintero, el narcotraficante detrás del asesinato de un agente de la DEA en 1985.

Indicaron que Palmeri priorizó eso sobre los esfuerzos menos llamativos de la agencia para detener el flujo de precursores químicos chinos utilizados para hacer fentanilo. Quintero finalmente fue detenido meses después de que la DEA llamó a Palmeri a Washington.

Christopher Landau, quien supervisó a Palmeri cuando era embajador de Estados Unidos en México durante la administración Trump,citó el arresto en EEUU en 2020 de un ex secretario de Defensa, el general Salvador Cienfuegos, que llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a disolver la unidad policial de élite que era la aliada clave de la DEA.

 López Obrador también impulsó una ley de seguridad nacional que mantenía a los agentes de la DEA en su escritorio en lugar de estar en el campo. De la noche a la mañana, la cooperación policial entre los países vecinos pasó de tensa e irregular, a inexistente."

 ( Gerardo Villagrán del Corral , https://rebelion.org/749611-2/3)

7.6.22

Cae un entramado de corrupción policial en el mayor golpe al narco de la historia del país

 "Para dimensionar la importancia de este caso, recurramos a un ejemplo: el Gobierno central anunció días atrás un plan de empleo para Andalucía dotado con 50 millones de euros; pues bien, el quebranto económico causado a esta organización se ha estimado en 525 millones

No son simples bandas que se exhiben en redes sociales con chándales de Versace, sino peligrosos narcos que controlaban el tráfico de drogas por los puertos de Tánger y Algeciras. Elementos a los que gustaba pasar desapercibidos, capaces de tejer una red de agentes supuestamente corruptos que salpicaba a distintos cuerpos de seguridad y que era la garantía de que el alijo cruzase la frontera. Sí o sí. 

Son el Clan de Tánger y el Clan del Sur. Probablemente, las dos redes de mayor impacto en el tráfico de drogas a través del Estrecho y que, tras año y medio de investigación, han sido desmanteladas por la Policía Nacional y la Guardia Civil en una operación conjunta, Corsini-Imperium, que ha permitido detener al menos a cinco agentes del Instituto Armado que operaban en el recinto portuario de Algeciras, un policía destinado en Ceuta, un auxiliar administrativo de Aduanas y un expolicía local. En total, 61 detenidos.

Fuentes cercanas al caso consultadas por El Confidencial sitúan esta investigación como una de las más importantes llevadas a cabo en el país en la larga lucha contra el narcotráfico, "probablemente en la que más droga se ha intervenido". Y la verdad es que las cifras son mareantes. Se han incautado más de 83.680 kilos de resina de hachís, así como 9,76 toneladas de clorhidrato de cocaína. Aunque los investigadores han logrado imputarles su participación en la introducción de otros aproximadamente 67.275 y 6.200 kilogramos de ambas sustancias, respectivamente. Por lo que las cantidades de una y otra droga superarían las 150 y casi 16 toneladas de peso.

La estimación del valor de estos alijos ronda los 525 millones de euros —algo más de 170 millones, el hachís; y 350 millones, la cocaína— y se ha descubierto en torno a 1,1 millones que estaban en posesión de alguno de los 61 detenidos que han ido cayendo a o largo de las siete fases de la operación. Un total de 31 de estas personas han sido arrestadas en suelo español, mientras que el resto fueron interceptadas, principalmente, en Francia y Marruecos.

Los agentes de ambos cuerpos llevaron a cabo 34 registros e intervenciones en distintas partes del país —Málaga, Cádiz, Granada, Ceuta, Palma de Mallorca, Barcelona...— que evidencian la capacidad operativa de las redes investigadas. En estas inspecciones hallaron "miles de joyas", así como al menos ocho armas de fuego, entre las que destacaba un auténtico 'unicornio', una muestra tan grande de mal gusto, como de poderío económico: un AK47 hecho de oro y brillantes digno del mismísimo Tony Montana.

También se han intervenido 35 vehículos, entre los que desatacaban numerosos camiones articulados en los que distintas organizaciones transportaban la droga. Porque la importancia de la operación Corsini-Imperium es que no solo se ha golpeado a los grupos que traficaban en diversos países, sino que su gran valor es que se han desactivado las presuntas tramas corruptas que gestionaban los 'filtros' de entrada al continente por el estrecho de Gibraltar. El Clan de Túnez y el Clan del Sur. Dos redes que extendían sus tentáculos entre miembros de los cuerpos de seguridad del Estado y que cobraban a las otras bandas por permitir el paso seguro de sus cargamentos a través de los dos grandes puertos del norte de África y el sur de Europa: Tánger Med y Algeciras. Replicando un 'modus operandi' similar al utilizado por las organizaciones holandesas para tomar el recinto portuario de Rotterdam.

La investigación que por primera vez les ha hecho hincar la rodilla se inició hace aproximadamente año y medio, cuando agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) Costa del Sol pertenecientes a la Comisaría de Fuengirola intervenían en el municipio de Alhaurín de la Torre un alijo de 11 toneladas de hachís. Días más tarde, eran los investigadores del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de Málaga de la Guardia Civil los que interceptaban un camión "cargado" de hachís. Según pudo saber este periódico, se detectó un nexo común entre ambas investigaciones y los dos cuerpos decidieron trabajar conjuntamente para llegar hasta la desarticulación de ambos clanes. "Ha sido una excelente labor de coordinación", destacaron las fuentes consultadas, que señalaron que "no hubiésemos logrado el objetivo final de no ser así".

Desde el inicio de las pesquisas, ambos cuerpos han llevado a cabo siete fases, o 'tiradas', como se les conoce en el argot policial, en las que han ido incautándose de diversos alijos hasta sumar las impresionantes cantidades anteriormente descritas. Se han detenido a numerosos camiones a lo largo de las carreteras españolas, y otros eran capturados en suelo francés. Y todos ellos con cantidades exageradas de droga que ni siquiera se preocupaban en ocultar. Ni un doble fondo con sistema hidráulico, ni algo tan sencillo como camuflarla entre una carga legal. Lo más curioso, y parecido a un sistema de ocultación, dos cargamentos en los que los narcos habían moldeado la resina de hachís con formas de tomate y melones para después envolverla con papel celofán de color rojo y verde.

Agentes implicados

Esta despreocupación, unida a las elevadas cantidades de las aprehensiones, hizo pensar a los responsables del caso que podían haber contado con ayuda en la frontera. Obtuvieron la trazabilidad de los distintos transportes intervenidos y se detectó un patrón que hizo que las pesquisas se centraran en un turno de agentes de la Guardia Civil que operaba en los filtros de acceso del puerto algecireño.

El líder del Clan del Sur, un individuo de origen magrebí, se encuentra fugado

Las fuentes consultadas señalaron que algunos de los guardias habían sido captados por el Clan del Sur para —supuestamente a cambio de dinero— "facilitar la entrada de los alijos" dejando sin inspeccionar los vehículos que los transportaban y "ofreciendo información relevante" de esa importante base del Instituto Armado —número de efectivos, turnos...— para programar los envíos.

El cabecilla de este supuesto entramado corrupto era un guardia civil que residía en el municipio malagueño de Rincón de la Victoria y cuya ascendencia sobre el resto hacía que acatasen sus instrucciones. Estos, presuntamente, hacían la vista gorda sobre los camiones o contenedores de mercancías en los que viajaba la droga. Pero no eran los únicos miembros de las fuerzas de seguridad supuestamente implicados. Un policía nacional destinado en Ceuta fue detenido en esta ciudad autónoma a mediados de mayo en la última fase del caso. Se le investiga por revelación de secreto. También ha sido arrestado un auxiliar administrativo de Aduanas, así como un expolicía local de fuera de la región que se había asentado en tierras andaluzas.

Al menos han sido arrestados cuatro guardias civiles, a los que se une un quinto que es investigado no detenido. Según pudo saber este periódico, la captura de todos ellos ha generado un gran orgullo entre sus compañeros porque han acabado con "unos elementos que ensuciaban el trabajo y la imagen del cuerpo".

Estos ocho agentes presuntamente trabajaban para el Clan del Sur, que estaba liderado por un individuo de origen magrebí que en la actualidad se encuentra fugado. Esta organización cobraba un 'peaje' a distintas redes del narcotráfico que previamente habían pagado una 'mordida' al Clan de Túnez. De esta forma, se aseguraban el paso, sin sobresaltos, por las fronteras marroquí y española. Compraban la seguridad del éxito, y ahí estaba el origen de su impunidad.

El entramado cobraba grandes cantidades por un paso seguro de los alijos por la frontera

El Clan del Sur "no movía droga", especifican las fuentes consultadas, que añadieron que su función principal era controlar los filtros de entrada al país. "Facilitaban el acceso". Así de simple. Y así de lucrativo.

El grueso de los detenidos, entre los que también hay algún empresario, se enfrentan a los delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública. Y, aunque la investigación ha sido liderada por los agentes de la Udyco Costa del Sol y el EDOA, en las distintas intervenciones han estado apoyados por efectivos de distintas unidades, como el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) o el Grupo de Acción Rápida (GAR), que realizaron el asalto de algunos inmuebles en los que se encontraban sospechosos.

Las distintas fuentes destacaron que, con base en la droga intervenida, posiblemente sea el mayor golpe al narcotráfico asestado en España y dan por "desmantelados" ambos clanes."              (Pablo D. Almoguera, El Confidencial, 04/06/22)

3.1.22

La farmacéutica Teva es declarada culpable de contribuir a la crisis de los opioides en Estados Unidos... El veredicto del jurado establece la responsabilidad de la compañía por su papel en la crisis sanitaria que ha causado “la muerte y destrucción” de casi medio millón de ciudadanos

 "La farmacéutica Teva fue declarada el jueves responsable de contribuir a la crisis de los opioides en Estados Unidos en un juicio que se alargó medio año en Nueva York y que fue pionero por llevar ante la Justicia a las grandes empresas implicadas, después de que todas las demás acusadas pactaran acuerdos multimillonarios para abandonar el banquillo.

 El jurado del proceso, que comenzó el pasado junio en la Corte Suprema estatal, emitió ayer un veredicto de culpabilidad para Teva Pharmaceuticals USA y varias de sus subsidiarias, que habían sido acusadas por la Fiscalía General de los cargos de “perjuicio público” por su papel en una crisis sanitaria que ha costado la vida a casi medio millón de estadounidenses en las últimas décadas.

La fiscal demócrata Letitia James, que ha encabezado el caso, se adjudicó una “victoria” y dijo que el jurado había atribuido la “responsabilidad” a ese fabricante de productos opiáceos por “la muerte y destrucción infligida sobre los estadounidenses” a los que “engañó sobre los verdaderos peligros de los opioides”, según un comunicado. En marzo de 2019, James presentó la demanda más extensa del país para responsabilizar a más de una decena de fabricantes y distribuidores por la epidemia de los opioides, incluyendo a Purdue Pharma, la fabricante del fármaco altamente adictivo OxyContin, y a sus propietarios, la familia Sackler.

No obstante, ya antes de comenzar el juicio las acusadas empezaron a negociar y firmar acuerdos con la Fiscalía, la primera de ellas Johnson & Johnson, que se comprometió a pagar 230 millones de dólares y a suspender en todo el país la producción y las ventas de sus productos opiáceos para resolver la demanda. Hace un mes se produjo el último pacto, el de Allergan -subsidiaria de AbbVie y conocida por fabricar el Botox-, que acordó pagar 200 millones y dejar de producir, vender y promover opioides para librarse del juicio.

En total, la Fiscalía recabó en total unos 1.500 millones de dólares que se destinarán a paliar la devastación de la crisis de los opioides en Nueva York, con tratamientos para la recuperación de los adictos y programas educativos. Buena parte de ese monto, en torno a unos 1.000 millones aportados por las grandes distribuidoras McKesson, Cardinal Health, Amerisource Bergen y Johnson & Johnson, forma parte de un acuerdo global de 26.000 millones que firmaron las cuatro empresas para poner fin a miles de demandas impulsadas por numerosos estados y ciudades del país contra ellas.

 Teva, la única farmacéutica que quedaba en pie en el juicio, calificado de “maratón” por el juez, tendrá que someterse ahora a otro proceso que determinará cuánto debe pagar por alimentar crisis de los opioides en EE UU, según determinó hoy el jurado con su veredicto después de unas dos semanas de deliberaciones."                      (El País, 31/12/21)

21.9.21

Detenido al completo el grupo policial de estupefacientes de Mérida en una operación antidroga

"En lo que parece un grave caso de corrupción dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la capital extremeña ha resultado ser escenario del desmantelamiento de una red de tráfico de estupefacientes y contrabando en la que, de acuerdo con las primeras conclusiones dadas a conocer a la opinión pública desde fuentes gubernativas, habría estado operando un numeroso grupo de agentes.

Todo parece la culminación de una operación que, según medios oficiales, habría mantenido a la unidad de Asuntos Internos de la Policía en Extremadura durante al menos dos meses y que arrancó ayer con la puesta a disposición judicial de una veintena de personas y numerosos registros en las poblaciones pacenses de Esparragalejo, La Garrovilla, Valdelacalzada y Mérida.

Como colofón, ha sido detenida esta mañana la totalidad del grupo de estupefacientes de la capital extremeña, incluido el inspector a su mando. Junto a ellos, también ha sido arrestado un agente de la Guardia Civil (diferentes fuentes hablan de dos detenciones en este cuerpo), en un operativo que habría implicado, en razón del abundante número de arrestos a realizar y de la complejidad logística de los mismos, a distintas unidades de intervención.

Todos los policías nacionales detenidos en el marco de la investigación han sido trasladados ya a dependencias policiales de Almendralejo, con la intencionalidad expresa de evitar la custodia por parte de sus propios compañeros y, en consecuencia, posibles filtraciones de datos relevantes para la investigación. El Guardia Civil permanece bajo custodia en la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz. Todas las detenciones han estado a cargo de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional y de la Unidad Central operativa de la Guardia Civil (UCO).

Desde el inicio de las actuaciones de la que se ha dado en bautizar como Operación Peces, en la mañana de ayer, han sido localizadas hasta cuatro plantaciones de marihuana y un total de 3.000 plantas, así como diversos vehículos y numeroso material y útiles necesarios en el cultivo de cannabis.

La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha señalado por su parte, tras darse a conocer públicamente todas las actuaciones, que las mismas están siendo dirigidas por un juzgado de Torrevieja (Alicante). Las diligencias permanecen abiertas, bajo secreto de sumario, y ni se dan por concluidas ni se descartan nuevas actuaciones.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, en unas declaraciones realizadas pocas horas después de conocerse la cadena de detenciones, y sin detenerse en otras consideraciones, se ha apresurado a señalar en sus redes sociales su “apoyo al cuerpo de Policía Nacional, a todas y todos sus trabajadores de Mérida y en especial a su comisario, Aurelio Fernández”. Se ha insistido también, desde Delegación del Gobierno, en recordar el principio de presunción de inocencia para los policías ahora detenidos.

La implicación de agentes de diferentes cuerpos de seguridad del Estado en delitos relacionados con el narcotráfico y la salud pública ha llegado a motivar distintas cuestiones al respecto en sede parlamentaria. Así, el senador Jon Iñarritu formuló varias preguntas en ese sentido tanto al último gobierno del Partido Popular como, más recientemente, al actual ejecutivo. Así, en la contestación del Ministerio de Interior con fecha del pasado mes de agosto de 2021, y exclusivamente en relación a la Guardia Civil, se señalaba que 148 agentes de dicho cuerpo habían sido detenidos por vinculación con delitos relacionados con el narcotráfico desde 2011. 

Los datos de la Policía Nacional, sin embargo, permanecen sin ser conocidos en su totalidad. En respuesta a otra pregunta en esta dirección realizada en 2016 por el mismo senador, la respuesta únicamente se ciñó al periodo 2011-2016, siendo el dato de un total de 28 policías detenidos en el marco de investigaciones de tráfico de drogas. En ese mismo periodo, y también de acuerdo con los datos aportados por el Ministerio de Interior, fueron registradas un total de 48 sustracciones en alijos de drogas bajo custodia policial.

Extremadura, hasta la fecha, había permanecido fuera de los grandes escándalos vinculados a mafias policiales implicadas en el negocio del narcotráfico, concentrados fundamentalmente en Andalucía y Comunidad Valenciana, lugares habituales de entrada de los cargamentos de narcóticos en la península. "                           (El Salto, 15/09/21)

15.12.20

El cartel de Sinaloa crea una red global para dominar el negocio del fentanilo... el poderoso opiáceo sintético

 "Carlos, un empresario mexicano, trabaja en un negocio de importaciones y exportaciones especializado en el comercio de tequila y productos químicos y agrícolas. Pero en enero de 2016, Carlos se encontraba muy lejos de su casa en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa.

Dos socios lo acompañaron en un viaje que fue de Shanghái a Hong Kong, Japón y finalmente acabó en lndia. Allí, se reunieron con Manu Gupta, un empresario dedicado a varios sectores como las industrias química y farmacéutica, los productos agroalimentarios, arena e incluso maquinaria.

Dos años después, Gupta recibió acusaciones por otro tipo de intereses empresariales. El 25 de septiembre de 2018, fue arrestado en la ciudad de Indore, en el estado indio de Madhya Pradesh, junto con un socio mexicano y un farmacéutico indio. Los tres hombres llevaban mascarillas y guantes, y tenían en su poder más de 10 kilogramos de fentanilo, un opioide sintético ultrapotente.

Gupta y sus socios son acusados de planear el envío del fentanilo a México en un vuelo comercial, escondido en una maleta. Los tres hombres están actualmente a la espera ser juzgados en India. Los tres han negado las acusaciones. 

Un estudio de publicaciones en redes sociales y la información abierta al público de la empresa apunta a que Carlos (nombre ficticio) coincide con el perfil de un hombre descrito en un informe de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) de 2019 como un distribuidor independiente de precursores químicos. 

Este informe, obtenido por el grupo internacional de hacktivistas Anonymous y hecho público en junio junto a otros documentos que se denominaron "BlueLeaks", afirma que un hombre anónimo de Sinaloa fue enviado a "comprar grandes cantidades adicionales de precursores químicos de fentanilo directamente a China" en nombre del cártel. Carlos no respondió a las peticiones de entrevista del Proyecto Cartel, publicado en The Guardian.

El caso arroja luz sobre las redes internacionales que han creado los cárteles mexicanos y los métodos comerciales que utilizan para controlar el lucrativo mercado del fentanilo.

Las organizaciones criminales mexicanas son asesinas, pero utilizan las mismas estrategias que otros negocios: buscan maximizar los beneficios, subcontratan especialistas y se adaptan constantemente a los cambios de normativas internacionales. 

Una fuerza dominante

A pesar del encarcelamiento de su líder más famoso, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, el cártel de Sinaloa sigue siendo una fuerza dominante del narcotráfico. Un informe de la DEA de octubre de 2019 describe al grupo como "un prominente productor y traficante de fentanilo desde México hacia Estados Unidos". El fentanilo es un analgésico opioide sintético como la morfina, pero más barato, y entre 50 y 100 veces más potente.

Este opioide ha desplazado a la heroína en el mercado negro, provocando un récord de casos de sobredosis en todo el mundo. En 2018, casi la mitad de las 67.367 muertes por sobredosis que hubo en EEUU fueron provocadas por fentanilo y otras drogas sintéticas similares. Este año, las sobredosis se han disparado durante la pandemia del coronavirus y más de 40 estados de EEUU han informado de un aumento de la tasa de mortalidad por drogas, especialmente por opioides sintéticos como el fentanilo, según la Asociación Médica Americana.

No hace mucho tiempo, las montañas de los estados de Sinaloa y Guerrero eran un mosaico de pequeñas plantaciones, donde los agricultores de subsistencia se ganaban la vida cultivando marihuana y amapolas de opio. Sin embargo, ahora esos cultivos han sido reemplazados por laboratorios clandestinos que producen cargamentos de drogas sintéticas. 

En uno de esos laboratorios, compuesto por poco más que unas mesas en medio de un bosque de matorrales cerca de Sinaloa, un químico del cartel y su ayudante trabajan en un nuevo lote de pastillas. Ambos llevan monos blancos y mascarillas. El químico, un hombre corpulento con gran conocimiento en ingeniería bioquímica, describe la transformación de la industria mientras trabaja junto a su compañero en una mesa al aire libre. "El fentanilo da muchos más beneficios. Solo hace falta una pastilla por persona, así que si transportamos 10.000 pastillas, son 10.000 personas que van a comprarlas". 

"Yo sé que mi pastilla es muy potente y generará dependencia. Y eso es lo que quiero. Cuando un consumidor toma una, luego necesita otra dosis", dice mientras agita un polvo blanco con una espátula de plástico. 

La producción de fentanilo es extraordinariamente rentable: mientras las amapolas de opio necesitan muchas hectáreas de tierra y meses de cuidados, esta droga, tremendamente fuerte, solo requiere un mínimo de mano de obra e infraestructura. Un informe de la DEA de 2019 calculó que producir cada pastilla de fentanilo cuesta un dólar (0,83 euros). Luego, puede venderse en Estados Unidos por al menos 10 veces más.

Nuevas oportunidades

Hasta hace muy poco, la mayoría del fentanilo que se vendía en Estados Unidos procedía de China, pero eso cambió cuando se endurecieron las regulaciones internacionales en 2017 y con las duras medidas chinas en 2019. El transporte directo de fentanilo se volvió cada vez más arriesgado, pero China sigue siendo el principal productor del precursor químico. 

Mientras tanto, los cárteles vieron una nueva oportunidad de entrar en el mercado como intermediarios.

Gracias a su sólida red, el cartel de Sinaloa ya tenía una infraestructura robusta para expandirse hacia las drogas sintéticas. Un informe de la DEA filtrado en los "BlueLeaks" describía un circuito muy bien organizado que incluía almacenes en la frontera y distribuidores en todo EEUU. "Los márgenes de ganancia que sacan son por sintetizar y refinar este producto para su consumición", explica Falko Ernst, un experimentado analista del International Crisis Group en México.

Y a pesar de la imagen popular de los cárteles como organizaciones integradas verticalmente, a menudo recurren a redes independientes para lavar dinero o subcontratar la logística.

"Las marcas de los cárteles desaparecen con el tiempo. Pero todas esas otras redes se mantienen en pie porque son mucho menos visibles. Sus operaciones son mucho más clandestinas. No se hacen públicas y están mucho más protegidas de la volatilidad del mercado", dice Ernst.

En el otro lado del planeta, los fabricantes chinos de precursores químicos adoptan estrategias similares para evitar ser atrapados. Y a medida que Pekín endurece las normativas, algunas redes criminales están reubicando parte de sus operaciones a países con controles menos estrictos, como Vietnam o India. 

"Las cosas han cambiado radicalmente"

En teoría, la venta de precursores está muy regulada. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) elabora una "lista roja" de sustancias sujetas a restricciones. 

Pero hay casi infinitas posibilidades de evadir esos controles modificando los compuestos químicos para producir sustancias nuevas que quedan fuera de las normas actuales. Para luchar contra este fenómeno, la JIFE también tiene una lista internacional de vigilancia especial de sustancias no catalogadas (ISSL) para vigilar productos que no son necesariamente sustancias controladas pero que a menudo se consumen ilegalmente. 

Sin embargo, este sistema regulatorio tiene errores. La JIFE, un organismo no vinculante, depende de la buena voluntad de las empresas y las inspecciones de las autoridades, que funcionan mejor en la teoría que en la práctica.

En realidad, solo hace falta una simple búsqueda en Google para darse cuenta de la magnitud del problema. Si escribimos palabras clave de los precursores de fentanilo, rápidamente llegamos a la red social Pinterest, donde entre fotos de decoración de interiores e ideas para bodas, hay publicaciones de empresas chinas que ofrecen precursores de fentanilo para la exportación, muchas con destino directo a México.

En la parte superior de la página está "4-AP," una sustancia que figura en la lista ISSL y que recientemente se convirtió en una sustancia regulada en Estados Unidos. Según la DEA, la 4-AP tiene un solo propósito: producir fentanilo.

Bajo una identidad mexicana falsa, el Proyecto Cartel contactó con tres empresas. Todas les ofrecieron a nuestros periodistas infiltrados sustancias conocidas por su uso en la síntesis de opioides. Una compañía ofreció también muchas sustancias similares a la 4-AP que todavía están disponibles para la venta. El vendedor propuso utilizar una "vía especial" para transportar el producto a México. 

"Tenemos compradas a algunas personas de la aduana mexicana. Confiamos mucho en ellas y nos han ayudado con todos nuestros envíos a México. Así que no tiene que preocuparse por la aduana", escribió. En otra conversación, el vendedor explicó que uno de sus "grandes" clientes en México utiliza aviones de carga para distribuir precursores. "Cuando la mercancía llega a México, él utiliza sus propios contactos para recogerla".

Bryce Pardo, investigador de la Corporación Rand especializado en políticas de narcóticos, dice que la legislación moderna ha quedado desfasada con el mercado de drogas actual. "Nuestras leyes de control de drogas se basan en un sistema muy antiguo, basado en la convención de la ONU de 1961. Se centraban en tres plantas: cannabis, coca y amapola. Las cosas han cambiado radicalmente en los últimos 10, 15 años, desde que el sector farmacéutico chino entró en Internet, hasta el punto de que no podemos seguirles el ritmo".                         

(Audrey Travère / Jules Giraudat, eldiario.es, The Guardian, 10 de diciembre de 2020)

14.1.20

Connivencia entre la expareja de la víctima, el narco Manuel Alonso, y varios guardias civiles del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona)...

"El crimen de Lucía Garrido, la mujer de 35 años cuyo cadáver fue hallado flotando en la piscina de su finca Los Naranjos en Alhaurín de la Torre (Málaga) en 2008, fue archivado por falta de pruebas y, más tarde, reabierto en 2012. Pero en 2014 dio un giro trascendental. 

Entonces, el juzgado de Violencia de Género que llevaba hasta entonces el caso pidió a Asuntos Internos de la Guardia Civil una investigación tras haber recibido un anónimo en el que se manifestaba una supuesta relación de connivencia entre la expareja de la víctima, Manuel Alonso, y varios guardias civiles del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). 

Se sospechaba de tráfico de animales exóticos, pero las pesquisas derivaron en un entramado de agentes, sicarios, narcotraficantes y asesinatos que tenían un hilo en común: la muerte de Garrido por saber demasiado, según confirmó este jueves el coronel jefe de Asuntos Internos ante el jurado popular que juzga estos días a los cuatro acusados del asesinato, cuyo autor intelectual se cree que fue Alonso. Este viernes se han reanudado las declaraciones con tres miembros de Asuntos Internos.

El testigo dijo este jueves que el móvil del crimen fue que la mujer tenía información que podía perjudicar a mucha gente. “Lucía sabía mucho. Sabía que el lugar donde habitaba era una guardería de droga. Conocía a las personas que guardaban la droga, a las personas de las organizaciones criminales a las que pertenecía esa droga. Era un peligro para ellas”, afirmo, al tiempo que subrayó que hace días escribió al juzgado un informe en el que reflejaba haber detectado que guardias civiles en activo habían usado la base de datos del cuerpo de seguridad para averiguar el nombre de los instructores del caso. 

“Como consecuencia se han instruido 12 expedientes disciplinarios”, aseguró. Los cuatro acusados declararon el pasado miércoles ser víctimas de un complot por parte de Asuntos Internos, a cuyos investigadores culpan de manipular pruebas y hacer todo lo posible por inculparlos. “Soy un cabeza de turco”, afirmó entonces el supuesto autor material de los hechos, un sicario que pertenecía a una banda criminal cuando ocurrieron los hechos.


El trabajo de Asuntos Internos desde 2014 consistió en rehacer todo lo hecho hasta entonces. “Empezamos de cero con todo, con todas las investigaciones”, declaró el coronel. A principios de 2015, una amiga de Garrido les dijo algo nuevo: que el móvil podría ser que la víctima “sabía mucho de cuestiones ilícitas”. “Ahí varía la percepción del crimen”, dijo el testigo, cuyo equipo se interesó entonces por un suceso ocurrido en 2009 también en Los Naranjos: Alonso mató en abril de aquel año a dos personas de origen colombiano que habían asaltado su terreno. Alegó legítima defensa y el caso se archivó. 

Pero cuando Asuntos Internos lo retomó, la investigación se orientó hacia una banda denominada Niños de Fuengirola, con la que, según este agente, estaban relacionados los dos guardias civiles acusados en el proceso y el sicario, al que ahora se le imputa ser el autor material del asesinato. En 2015 era solo un miembro más de la organización. Los restos biológicos de una llave encontrada en el lugar del crimen coincidieron con los suyos cuando el laboratorio realizó una nueva prueba en enero de 2016. Entonces fue detenido e ingresó en prisión.


En ese tiempo, uno de los investigados por formar parte de la banda fue asesinado sin que hubiera dado tiempo a tomarle declaración. Y a mediados de 2016, un testigo protegido les comunicó que había una persona que tenía información del asesinato de Garrido. Estaba en Colombia y le interrogaron en la Embajada de España en Bogotá. Relacionó con el caso a dos agentes, “uno canoso y otro con tatuajes” y posteriormente los reconoció en una fotografía. 

A cambio de su colaboración, a este testigo se le facilitó el permiso de residencia en España, donde poco después denunció amenazas por parte del supuesto autor material y uno de los guardias civiles procesados. La Policía Nacional de Torremolinos informó también de que alguien estaba buscando al otro testigo protegido para matarle. 

Y así fue. Este último fue asesinado el pasado marzo en Colombia mientras que el que declaró en la embajada, al que se le había dado una nueva identidad para evitar el mismo final, desapareció días después. “Lógico por lo que había sucedido”, dijo el coronel. Estaba previsto que testificara en el juicio, pero no ha sido localizado.


“Este está tramando algo muy gordo”


Quienes sí pudieron declarar fueron los hermanos de Garrido y su madre. También su hija, que aseguró haber escuchado una conversación telefónica en la que su padre le decía a su madre que o abandonaba la casa o salía “en una bolsa de basura”, dijo la joven, que en 2008 tenía 13 años. La mujer explicó la situación que vivía entonces su madre: “Estaba siempre inquieta, lo pasaba muy mal. Adelgazó tanto [25 kilos, según la hermana de Garrido] que la gente no la reconocía. Estaba temerosa por todo”, afirmó detrás de un biombo que solicitó para no tener que ver a su padre, Manuel Alonso, con el que tiene una mala relación.

 “Yo no estaba cómoda”, aseguró. Su padre, dijo, la dejaba sola, con gente extraña, o tenía que quedarse en una habitación mientras aquel mantenía relaciones sexuales en la habitación de al lado. No pudo más y escribió al juez: “Le pedí no tener más visitas con él”. Alonso, según su relato, tomó represalias: la encerró en una caseta de herramientas y la obligó a dirigirse de nuevo al magistrado para desdecirse. “Estaba muy nerviosa, no dormía bien, lo pasaba mal. Tuvieron que darme ayuda psicológica”, dijo la hija de Lucía mientras su padre se echaba las manos a la cara en la sala de la Ciudad de la Justicia de Málaga.


La joven recordó una conversación días antes del asesinato: “Mi madre me dijo que me preparase, que podía pasar cualquier cosa”, rememoró, para denunciar que la justicia “no hacía nada” por su madre en relación con las constantes denuncias por maltrato psicológico del que fue testigo, subrayó. Recordó cómo su padre le cortaba la luz y el agua mientras mantenía el servicio a los animales exóticos que tenía en la finca. Y cómo los dejó varios días sin comer. Los leones rugían toda la noche y no les dejaban dormir. “Yo nunca les había tenido miedo, pero entonces sí. Mi madre miraba todas las mañanas para ver si no había dejado alguna jaula abierta”, afirmó.


“No ventilaba las ventanas por miedo a que le echara una serpiente. Cada día se aseguraba de que no hubiera ningún animal suelto, miraba los bajos del coche como una víctima de ETA”, añadió Rosa Garrido, hermana de Lucía, que declaró desafiante y a la que incluso la jueza que lleva el caso tuvo que llamar la atención para que se calmara. Según dijo a las preguntas del ministerio fiscal, días antes de su muerte su hermana le subrayó: “Este está tramando algo muy gordo”. Por eso nunca se separaba del móvil. 

Tampoco de una carpeta que consideraba “su seguro de vida” con información “que implica a mucha gente”. Algo que, según Rosa —coincidiendo con el responsable de Asuntos Internos y como defienden las acusaciones populares y el ministerio fiscal— fue el detonante del asesinato. Información que, para ella, fue el móvil del crimen. En su testimonio, eso sí, dejó claro que nunca vio droga en la finca y su hermana nunca le dijo que el terreno fuese una guardería. Sí habló, en cambio, de “cacerías ilegales” y tráfico de animales exóticos.


La madre de la víctima, Rosa Palomino, también fue llamada a testificar. Fiscalía y acusaciones particulares no hicieron preguntas y las defensas renunciaron pronto, tras intentar hacer alguna pregunta y ver cómo la mujer se derrumbaba."                       (Nacho Sánchez, El País, 21/08/19)

9.12.19

"Euskal-fariña": un libro de investigación relata la historia del "narco-oasis vasco". Las redes del narcotráfico en Euskadi y sus vinculaciones con policías, políticos y banqueros... y la "impunidad judicial" que rodea estos casos

"Hacía falta más de una mano para levantar tanto peso. 95 kilos, concretamente. De speed para ser más exactos. Ocurrió en 2006, fue una de las mayores incautaciones de esa droga en España y entre los detenidos hubo dos agentes de la Ertzaintza. Por este caso y por otros similares, el periodista y criminólogo Ahoztar Zelaieta ha decidido titular su último libro con un término que no deja lugar a dudas: “El narco-oasis vasco”.

Por partes. Lo de “oasis” viene por aquellas afirmaciones sobre lo diferente que resulta Euskadi, sobre todo cuando de hablar de males se trata. Lo de “narco” apunta al corazón de esta historia que acaba de publicar la editorial Txalaparta. Una historia repleta de alijos, narcotraficantes, policías, políticos… “Capos del narcotráfico y mafias policiales con impunidad política”, abunda el subtítulo de este libro.

Zelaieta recupera así un tema, el de los grandes comerciantes de la droga y sus cómplices en suelo vasco, sobre el que ya había trabajado en otras etapas de su carrera. “Tengo fuentes personales a un lado y otro de la ley. He podido hacer investigación pura y dura, partiendo sin ninguna idea preconcebida de lo que me iba a encontrar”, afirma el autor a Público. De ahí, precisamente, las “sorpresas” que fueron surgiendo en su camino y que ahora atraviesan las páginas de este libro. “He quedado muy satisfecho con el resultado”, apunta algunas horas antes de una presentación en una librería de Vitoria.

“A través de la historia de un bilbaíno asociado a la mafia italiana de Nueva York, este libro nos presenta la foto de familia de los capos vascos del narcotráfico, narco-agentes y confidentes policiales que gozan de anonimato mediático, rodeados de una aureola de impunidad política y judicial”, describe la editorial Txalaparta.

En tal sentido, señala que el trabajo de Zelaieta permitirá comprobar “cómo, desde hace varias décadas, las redes gallegas del narcotráfico cuentan con una infraestructura estable en Euskal Herria y las organizaciones mafiosas han sacado provecho de una cierta permisividad institucional, cuando no connivencia, para perpetuarse en el liderazgo de la delincuencia organizada que opera en el Estado español”.

“Mientras el foco mediático señalaba a Galicia y Andalucía como origen del tráfico de droga en Europa, Euskal Herria, sin abrir telediarios, protagonizaba récords en alijos, convirtiéndose en un enclave internacional estratégico”, apunta Txalaparta. De ahí que Zelaieta hable en haya titulado uno de los capítulos de su libro con el término "euskal-fariña", en relación a los vínculos entre narcos vascos y gallegos.

En ese contexto, la editorial subraya que “mientras las viejas redes vascas del narcotráfico no acaban de morir por sus conexiones con los aparatos del Estado, las nuevas organizaciones no terminan de nacer y se diversifican, copando otros negocios lucrativos como los clubes de alterne, que hacen de nuestro país un pequeño oasis”.
"Colaboradores necesarios"

“Hay que analizar por qué ocurre esta historia”, explica Zelaieta. En ese sentido, el periodista ha indagado sobre “quiénes eran los colaboradores necesarios”. “Está muy bien contar quién, dónde y cuándo, pero lo dificultoso es preguntarse por qué, cómo y para qué. Para tratar de resolver esas preguntas más complicadas, comprobé que había una implicación de narco-confidentes muy potente en Euskadi”, relata.

El autor señala que la red de narcotráfico en Euskadi, hoy considerada como “estratégica” por los expertos, también cuenta con la participación de lo que ha denominado como “narco-agentes”. Se refiere así a aquellos miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que “han hecho carrera en el narcotráfico teniendo destino en Euskadi”. Además, ha analizado la relación de narco-agentes que “han aparecido en otras redes, tanto de Galicia como de Andalucía” para comprobar “qué relación habían tenido con el País Vasco”. Su conclusión: “muchos de ellos han hecho carrera” en este territorio.
"Label vasco"

Otro concepto que aparece en este libro es la “narco-política”. De hecho, se citan casos de políticos de distintas formaciones que fueron detenidos por su vinculación con este asunto. Asimismo, Zelaieta apunta en su trabajo que “el crimen organizado con label vasco patrocina eventos organizados por ayuntamientos, financia la construcción de frontones, invierte en clubs deportivos de élite y su mecenazgo es clave para el desarrollo de competiciones deportivas que incluso puntúan para campeonatos internacionales”. Bienvenidos al narco-oasis."                    

 (Entrevista al periodista Ahoztar Zelaieta, Danilo Albin, Público, 08/12/19)

28.10.19

Un juez ordena a Johnson & Johnson pagar 515 millones por su papel en la crisis de los opioides en EE UU

"En un fallo histórico, un juez de Oklahoma ha condenado este lunes a Johnson & Johnson a pagar 572 millones de dólares (515 millones de euros) por su responsabilidad en la crisis de los opioides mediante la comercialización agresiva de analgésicos, que se han cobrado miles de vidas en el Estado en la última década. 

Este es el primer caso estatal por opioides que llega a juicio, por lo que la decisión del magistrado del distrito de Cleveland, Thad Balkman, es vista como un precedente para los cerca de 2.000 demandantes -ciudades y condados- que presentaron una demanda colectiva ante un juez federal en Ohio. Además, 40 Estados están liderando batallas legales similares. El gigante farmacéutico negó haber actuado mal y adelantó que apelará el fallo.

En las últimas dos décadas, más de 400.000 personas han muerto en Estados Unidos por sobredosis de analgésicos, heroína y fentanilo ilegal, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CCPEEU, por sus siglas en inglés). En Oklahoma, 4.653 ciudadanos fallecieron producto de una sobredosis de analgésicos entre 2007 y 2017. En los documentos judiciales de este caso, el Estado informó de que el número de recetas de opioides dispensados por las farmacias llegó a 479 cada hora en 2017.

Balkmam explicó en el fallo que Johnson & Johnson lanzó "campañas de márquetin falsas, engañosas y peligrosas" que provocaron "un aumento exponencial de las tasas de adicción, muertes por sobredosis". El juez sostuvo que los acusados se embarcaron en una gran campaña para difundir los mensajes de que "había un bajo riesgo de abuso" de los opioides para tratar el dolor. "Esas acciones comprometieron la salud y la seguridad de miles de personas", apuntó. La propia junta de asesoría científica contratada de los acusados les informó de que muchos de los mensajes de campaña "eran engañosos y no debían difundirse", reza el fallo.

El juez afirmó que la multa de 572 millones de dólares permitiría pagar los servicios necesarios por un año para combatir la epidemia en el Estado. Oklahoma esperaba una multa de 17 mil millones de dólares para financiar programas de prevención y tratamientos para superar la adicción durante los próximos 20 años. "El Estado no presentó pruebas suficientes de la cantidad de tiempo y costos necesarios, más allá del primer año, para mitigar la crisis de los opioides", escribió Balkman. Las acciones del gigante farmacéutico avanzaron este martes cerca de un 2% porque esperaban un castigo mayor.

Lisa Baldwin, parte del equipo legal, explica por teléfono desde Cleveland que aunque no se consiguió la suma que estaba buscando, el fallo representa un “éxito para Oklahoma” que va a poder recuperar ese dinero para invertirlo en programas de prevención, asesoría a las familias afectadas y a organizaciones sin fines de lucro que prestan servicios de ayuda. “Las víctimas están tremendamente agradecidas porque sienten que por fin se ha hecho justicia”, afirma.

"Hemos demostrado que J&J fue la causa principal de esta crisis de opioides", dijo este lunes Brad Beckworth, el abogado principal de Oklahoma. “Ganó miles de millones de dólares en un período de 20 años. Siempre han negado la responsabilidad y, al mismo tiempo, dicen que quieren marcar la diferencia para resolver este problema. Así que hagan lo correcto: paguen la multa”, agregó.

En 2017, el fiscal general de Oklahoma, el republicano Mike Hunter, demandó a las compañías farmacéuticas y sus subsidiarias (J&J, Purdue Pharma y Teva) por causar un “perjuicio público” al lanzar una campaña de márquetin agresiva y engañosa que exageraba la efectividad de los medicamentos para tratar el dolor crónico y subestimaba el riesgo de adicción. Hunter apuntó que J&J era la compañía “líder” del engaño, actuando motivada por “la codicia”. Según el fiscal, entre 2015 y 2018 se otorgaron 18 millones de recetas de opioides en un Estado con una población de 3.9 millones.

Las otras dos compañías farmacéuticas demandadas, Purdue Pharma y Teva, llegaron a acuerdos extrajudiciales con las autoridades locales en mayo, por un valor de 270 millones de dólares y 85 millones, respectivamente. 200 millones de la multa de Purdue se destinarán a financiar un centro de estudios de adicciones en la Universidad Estatal de Oklahoma en Tulsa.

Los abogados de J&J defienden que forman parte de una industria legal y altamente regulada, sujeta a una estricta supervisión federal, incluida la Agencia de Control de Drogas de EE UU y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). El abogado principal de la farmacéutica, Larry Ottaway, dijo durante el juicio de siete semanas que los medicamentos opioides satisfacen una necesidad: abordar el dolor crónico que afecta a miles de residentes de Oklahoma todos los días.

La abogada Baldwin no se atreve a afirmar que este fallo histórico servirá de precedente para los que vienen porque cada cual tiene un contexto diferente y argumentos que desconoce. Pero está segura de que el hecho de que J&J tenga que hacerse responsable de sus acciones es un espaldarazo para el resto de las demandas.

El primer juicio federal por opioides


La decisión del juez Balkman llega solo dos meses antes de que comience el primer juicio federal por opioides. La batalla judicial del 21 de octubre es el resultado de 2.000 demandas pendientes en un tribunal federal en Cleveland, Ohio, presentadas en gran parte por gobiernos locales que buscan responsabilizar a varios fabricantes de medicamentos, distribuidores y farmacias por la mortal crisis de opioides, declarada emergencia nacional por la Casa Blanca. 

A los fabricantes los acusan de comercializar engañosamente opioides con mensajes que minimizan sus riesgos y a los distribuidores de no detectar y detener las órdenes sospechosas. Algunas de las compañías que participarán en el juicio sin precedentes son Purdue Pharma LP, Teva Pharmaceutical Industries Ltd y Johnson & Johnson y los distribuidores de medicamentos McKesson Corp, Cardinal Health Inc y AmerisourceBergen Corp.

Un informe de la Administración de Control de Drogas presentado en la demanda colectiva revela que las compañías distribuyeron en Estados Unidos 76.000 millones de píldoras de oxicodona e hidrocodona entre 2006 y 2012. En seis años, la prescripción de los analgésicos para aliviar el dolor ha aumentado un 51% en el país: en 2006 fueron 8.400 millones de pastillas y en 2012 alcanzaron un total de 12.600 millones.

En Estados Unidos 66 millones de personas consumen opioides. Un sexto de esa población abusa de los narcóticos. Pero cada vez son más los políticos y ciudadanos que quieren cambiar esa realidad enfrentándose con la industria farmacéutica en los tribunales. A nivel nacional existen más de 2.300 demandas pendientes de los gobiernos estatales y locales."                (Antonia Laborde, El País, 28/08/19)

6.5.19

Territorio ‘Ndrangheta: La multinacional del crimen

"Sebastiano Strangio, cocinero de 39 años, echó el cierre de su pizzería en Duisburgo (Alemania) pasadas las dos de la madrugada. Corría el 15 de agosto de 2007, y decidió salir a tomar algo junto a dos camareras y tres amigos. Cuando caminaban hacia sus coches, dos tipos se acercaron y abrieron fuego con pistolas del calibre 9. Cambiaron varios cargadores con toda la calma del mundo y dispararon 59 veces, incluido el tiro de gracia en la cabeza a cada víctima: todas calabresas.

 El objetivo principal era Marco Marmo, originario de San Luca, como el propio Strangio. Un pequeño pueblo de 3.700 habitantes a 2.144 kilómetros de la fría Duisburgo, donde la Navidad anterior había estallado una guerra de clanes en la que murió la esposa de uno de los capos. Cinco de aquellos cadáveres eran parientes de los responsables, la familia Pelle-Vottari. 

En la trastienda de la pizzería se escondía una armería, y en el bolsillo de una de las víctimas la policía alemana encontró una estatuilla del arcángel san Miguel quemada. El mundo descubrió aquel día cómo se había propagado el virus de la ‘Ndrangheta.

—¿Qué buscas?
—Busco sangre y honor.

Así se inicia un diálogo de unos 20 minutos para entrar en una organización basada originalmente en dos estratos —sociedad mayor y menor—, en el secreto y en las estrictas jerarquías. Desde ese momento, si es necesario, el nuevo picciotto, el estadio más bajo, matará a su familia a fin de proteger a la ‘Ndrangheta. 

Cuando jura hay una vela encendida y una figurita de san Miguel Arcángel, protector de la mafia calabresa. El aspirante, pariente de otro miembro, se clava una aguja en un dedo y cada una de las gotas cae sobre la figura que se va quemando. El resto del clan, sentado en herradura, escucha que el nuevo arderá como la estatuilla si traiciona a su nueva familia. Siempre es así. Centenares de sumarios documentan ya una liturgia de la que todavía se desconoce la mayoría de detalles.

 El pueblo de San Luca, conocido por los afiliados como la Mamma, ayuda a entender esta organización. El Corleone de la ‘Ndrangheta no es un lugar de paso. La carretera de curvas serpentea por el escarpado Aspromonte y termina en la iglesia de la localidad. Fin del trayecto. Al entrar en el lugar donde echa sus raíces la mafia más peligrosa de Europa, el forastero lo hará siempre vigilado. Una escúter con un adolescente sin camiseta, tres pendientes de aros y la cabeza rapada por los lados le escolta dando acelerones unos metros más atrás. 

En este pueblo, donde nadie se presenta como alcalde desde hace cinco años, prendió el fuego de Duisburgo. Los Pelle-Vottari y los Nirta-Strangio han comandado en los últimos años desde sus búnkeres una organización profundamente ritualística que nació con el robo de ganado, la extorsión y los secuestros, pero terminó convertida en una multinacional del crimen con el monopolio de la distribución de cocaína al por mayor en Europa.

 Hoy, según la Fiscalía de Catanzaro, tiene más de 30.000 afiliados solo en Calabria y factura unos 43.000 millones de euros que le permiten alterar el sistema democrático. Esta mafia líquida, como la define el escritor Francesco Forgione, es la cuarta empresa de Italia y, probablemente, la que más filiales tiene por el mundo: Australia, Canadá, Bélgica, Holanda, España… Pero la clave es que no lo parezca.

Giampaolo Salvatore mata las horas apoyado en una barandilla junto al ayuntamiento de San Luca. Unos 50 años, piel dura, manos de agricultor y espalda de atleta olímpico, lamenta que nadie quiera contratarle después de comerse 25 años por secuestro de personas. Nada raro aquí. Durante años buscaban a las víctimas en el norte, siempre de familias ricas; las subían a un coche, cruzaban Italia por carreteras secundarias y las escondían en alguna cueva del Aspromonte. Imposible localizarlas, masculla un amigo de Salvatore. 

Corrían los setenta y aquel negocio —694 secuestros— funcionó hasta que un golpe de suerte sugirió cambiar de rumbo a las ‘ndrinas (familias). El nieto del magnate del petróleo John Paul Getty terminó en 1973 en el maletero de un coche rumbo a Calabria. Pidieron 17 millones, desafiando así al hombre más rico del mundo. Pero también al más tacaño. Tras cinco meses de negociaciones y el envío de una oreja, acabó en tres millones. Suficiente para lo que se proponían.

El histórico capo Girolamo Piromalli, jefe de la plana de Gioia Tauro, lideró una revolucionaria —y sangrienta— iniciativa para invertir el botín. Camiones, excavadoras y sobornos que permitieron entrar en el sistema de concesiones públicas y participar en la construcción de infraestructuras clave como la autopista Salerno-Reggio (440 kilómetros de comisiones) o un puerto a medida para futuros negocios.

 La organización creó un nuevo estadio bautizado como La Santa que le dio acceso a la habitación de los botones, como suele llamarse en Italia al auténtico poder. La decisión costó una guerra con 800 muertos y la instauración de Crimine, una cúpula donde tomar decisiones. Pero dio un impulso estratosférico a la ‘Ndrangheta y sentó las bases de lo que es hoy.

El puerto de Gioia Tauro, cuyo Ayuntamiento lleva tres años intervenido por infiltraciones mafiosas (como otros 457 en Italia desde 1991), es la mejor expresión de cómo la ‘Ndrangheta ha parasitado una tierra exuberante en recursos naturales e impedido su prosperidad. Inaugurado en 1995 en una gran llanura, iba a estar acompañado de la reconversión industrial de 700 hectáreas de suelo agrícola para construir un centro siderúrgico. Arrasaron los campos de naranjos, se urbanizó el terreno y decenas de empresarios recibieron alrededor de 1.200 millones de euros de ayudas con fondos europeos. 

El dinero y los hombres de negocios se esfumaron, recuerda en uno de aquellos solares Michele Albanese, el periodista que mejor conoce la organización y que se mueve con dos carabinieri desde que en 2014 planearon asesinarle. Aquellos terrenos albergan hoy uno de los campamentos de jornaleros africanos más grandes de Europa: 3.000 habitantes hacinados entre lonas y hojalata cuya mano de obra a precio de esclavo (12 horas a 25 euros) controla la ‘Ndrangheta.

¿El puerto? Castigado internacionalmente por su mala fama (ha despedido a unos 400 trabajadores), es uno de los nudos de distribución de cocaína de la organización junto a Amberes y Róterdam, señalan las fuentes jurídicas consultadas. Imposible controlar más del 2% de los 24.000 contenedores que pueden llevar las naves de hasta 260 metros que hacen escala aquí (unas 10 a la semana). 

Sus responsables muestran durante toda una mañana las instalaciones y se desmarcan de las acusaciones. Los controles, dicen, son superiores a los de cualquier puerto europeo. “Nos ha perjudicado mucho esta imagen. No podemos pintarlo todo de color de rosa, pero toda la droga de Europa no entra por aquí”, rebate el portavoz de la compañía.

El fiscal de Catanzaro, Nicola Gratteri, de 60 años, discrepa en algunas afirmaciones. Su despacho, al que se accede a través de una puerta de acero dejando atrás a un grupo de escoltas, guarda los secretos de esta organización cuyo crecimiento solo se entiende mirando al otro lado del Atlántico. Él mismo ha cruzado decenas de veces para dirigir operaciones conjuntas que han terminado con la incautación de toneladas de cocaína en alta mar.

 “En Sudamérica hay decenas de hombres de la organización que viven allí de manera estable. Se han casado y tienen familias en Colombia, en Bolivia y en Perú, y de ahí hacen llegar a Europa toneladas de cocaína. El cartel del Golfo y los Zetas han hecho grandes negocios con los calabreses. Esto te da una visión de su expansión y del nivel de compenetración”.

La ‘Ndrangheta es la organización más competitiva y la que goza de mayor confianza entre los carteles. Es la única que saca la droga fiada de los tres países productores (Bolivia, Colombia y Perú), señala Gratteri. Las bandas criminales normales compran la cocaína a 1.800 euros el kilo, con un principio activo del 98%. “Pero la ‘Ndrangheta lo hace a 1.000 euros. Tiene una relación privilegiada, de confianza total, porque nunca fallan. De hecho, las demás organizaciones de gran parte de Europa acuden a ellos cuando necesitan un pedido. Cosa Nostra, por ejemplo, les compra desde hace tres décadas la cocaína”, señala el fiscal calabrés.

La relación es tan buena que, por primera vez, una organización externa a los carteles, como documentó la Operación Decollo, dirigida por Gratteri en 2011, logró participar como socia en la producción de pasta de coca. Un fenómeno insólito para otros grupos criminales, que normalmente solo son capaces de colaborar en el proceso de transporte desde el país de origen. “Sucede desde hace 10 años. Especialmente después de la caída de los grandes carteles. 

Ahora hay muchos pequeños grupos obligados a consorciarse cuando la ‘Ndrangheta pide cinco toneladas de golpe. Las relaciones de esta mafia con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las FARC (la antigua guerrilla, desmovilizada) están hoy completamente demostradas. Especialmente con una parte de las AUC, que tras el proceso de pacificación volvieron a cultivar cocaína como modo de vida”, señala el fiscal.

El viaje de la cocaína

El puerto de Gioia Tauro ha sido durante décadas una gran puerta de entrada. Su colocación estratégica en el corazón del Mediterráneo, la profundidad de sus muelles y el control sobre determinados trabajadores lo hicieron un lugar ideal para camuflar sus envíos entre los 2,8 millones de contenedores que mueve al año. Durante mucho tiempo, las dos familias que mandan en la zona (los Bellocco-Pesce y los Piromalli-Molè) cobraron 1,5 dólares por cada contenedor con el pretexto de garantizar su seguridad. 

“Tienen operarios a sueldo para sacar la coca de ahí dentro”, señala el corpulento comandante Giampiero Carrieri, hombre fuerte de la Guardia di Finanza (la policía aduanera) en la zona y experto en el tráfico de estupefacientes. Su equipo trabaja día y noche revisando la mercancía que entra, y patrulla en lancha y helicóptero los muelles. En el último decenio han interceptado 17.000 kilos de droga. Poco, admiten, comparado con lo que entra.

Pero el negocio empieza mucho antes. Los controles en Colombia han obligado a los proveedores de la ‘Ndrangheta a transportar la coca en camiones por la selva amazónica, llegar a Brasil y embarcarla en el puerto de Santos (en el Estado de São Paulo, el más grande de Sudamérica). Carrieri, que ha estado en tres países en la última semana y lleva 24 horas sin dormir en el momento de la conversación en su cuartel, ha visto de todo: falsos fondos, partidas en el motor del refrigerador… 

La estrategia suele ser la misma. Sociedades ficticias panameñas organizan la carga y el transporte. Pongamos que salen 10 contenedores de caña de azúcar. Antes de cerrar el contenedor colocan ahí cuatro bolsas de 25 kilos de coca. A eso lo llaman rip off. Luego cierran y ponen un sello. Pero dentro han dejado otro idéntico al oficial que servirá para precintar de nuevo el contenedor una vez sacada la coca en Gioia Tauro.

Aquí empieza el negocio en Europa. Pasar por esa especie de aduana cuesta el 20% de su valor. Luego, fuera del puerto, lo que la ‘Ndrangheta compró a 1.000 euros en origen ya vale 30.000 euros el kilo. Cuanto más compren, más barato: quien solo quiere un kilo tiene que pagar alrededor de 60.000 euros. Cuando se abre el paquete, hay quien se hace solo con 300 gramos, lo mete en una batidora y lo mezcla con otros 300 de corte. En ese momento cada dosis vale ya 50 euros el gramo y deja en manos de clanes pequeños el menudeo.

La infiltración en el territorio / La Iglesia

El rito de la ‘Ndrangheta se apoya sobre una perversión sesgada del catolicismo. Las invocaciones sagradas, las figuras del arcángel Miguel o santa Elisabetta, el Evangelio… También su gran templo, el santuario de la Madonna de Polsi, colgado al final de una senda imposible en pleno Aspromonte donde solo se llega atravesando torrentes y pendientes resbaladizas en un potente 4×4. Cada 2 de septiembre se reunían en este silencioso lugar los máximos exponentes de los tres mandamientos (Ionico, Tirrénico y Reggio) para ratificar los nombramientos. Se sabía, nadie lo había visto. 

Pero la Fiscalía de Reggio colocó en 2009 micrófonos y cámaras que lo ratificaron. Justo delante de la estatua de la Virgen, Domenico Oppedisano fue confirmado como capo crimine (supervisor durante un año de la organización). La apropiación del lugar, con la connivencia de la comunidad eclesial y del párroco del lugar, Pino Strangio (acusado por la Fiscalía antimafia), fue total. El capo pagaba y el cura ponía el cazo. 

Las reuniones siguen celebrándose en algún lugar del monte, confirman fuentes policiales. Pero Strangio fue destituido, el templo protegido con cámaras y en el lugar de la estatua de la Virgen de Polsi se colocó el busto de un cura asesinado por la ‘Ndrangheta. El mensaje estaba claro.

El papa Francisco se tomó la cuestión como algo personal y visitó Calabria en 2014. Tras décadas mirando hacia otro lado, el Vaticano excomulgó a los mafiosos. Un gancho al estómago de la organización criminal más extendida en Italia, tan preocupada por la coartada católica. Dos meses después, tras una rebelión de los presos de la ‘Ndrangheta que se negaron a ir a misa en las cárceles, el Papa apuntaló el muro nombrando a Francesco Oliva obispo de Locride. 

En la sede del obispado, acompañado de dos monjas filipinas que viven con él, recuerda cómo rechazó el “dinero sucio” de la ‘Ndrangheta nada más aterrizar. Duro, seco y humilde. Un pastor de esos que huelen a oveja, como le gusta definir a Francisco a sus colaboradores. “Un mafioso no puede ser un benefactor sin renunciar al crimen. Esa ayuda es para que crezca su consenso popular, no queremos dinero manchado de sangre. No se puede ir del brazo de la mafia porque siempre pedirá algo”. Hubo consecuencias. Llamadas anónimas al obispado, amenazas. “Prefiero no hablarlo”, señala don Franco.

La respuesta fue una novedad en un territorio donde la ‘Ndrangheta ha suplido durante décadas a un Estado ausente. Calabria tiene 1,9 millones de habitantes y uno de cada tres vive en el umbral de la pobreza. La renta per capita (16.500 euros) es la más baja de Italia, casi tres veces menor a la de Bolzano (41.100). Si uno nace aquí, tiene una expectativa de vida cuatro años menor que en el norte. “Ha habido un abandono total. 

Solo se ha mantenido un perfil militar, de control. La gente aún ve el Estado muy lejano y eso ha facilitado la ocupación del territorio. Ellos ayudan a la gente, colaboran. Pero cuando un mafioso ofrece trabajo, genera dependencia: es una trampa. Sabemos que frecuentan las iglesias. Y que se han apropiado de la simbología religiosa. Los vemos a menudo con la imagen de la Madonna de Polsi. Pero es una religiosidad desviada. He sido muy claro con los curas: aquí ya no es posible la omertà”.

Los lazos de sangre

El poder lleva en Calabria los mismos apellidos desde hace más de un siglo. El pilar fundamental de la ‘Ndrangheta es la familia. Su estructura horizontal, basada exclusivamente en los vínculos de sangre y en rígidos procesos de aceptación a partir de los 14 años, la convierte en un fortín donde apenas existen los arrepentidos, que dinamitaron desde dentro la Cosa Nostra. En los pueblos, desde Locri hasta Reggio Calabria, nadie dice una palabra sobre el tema. 

La ‘Ndrangheta no existe. “Nunca acabarán con ella. A diferencia de la Cosa Nostra o la Camorra, esta es una mafia basada en los vínculos de sangre. Y las familias no se rompen tan fácilmente”, señala el escolta de uno de los fiscales más amenazados de Italia. Tiene razón, pero algo ha cambiado.

La revolución, consideran todos los expertos, llegará con las mujeres. En el último piso del Tribunal de Menores de Reggio Calabria, en un austero despacho, aguarda la persona más convencida de ello. El magistrado Roberto Di Bella, un hombre enjuto y calmado de 54 años que ha dedicado los últimos 25 a la lucha contra el crimen organizado, es el precursor de un histórico giro de guion. “En 2011 me encontré juzgando a los hijos de aquellos que procesaba en los años noventa.

 Todos llevaban idénticos apellidos, pertenecían a las mismas familias de la ‘Ndrangheta y cometían los mismos delitos. Y eso me hizo reflexionar. Si las mismas familias llevan en el territorio desde hace 70 u 80 años, significa que la cultura mafiosa se hereda. Así que pensamos que no podíamos asistir sin hacer nada a un fenómeno según el cual los padres educan a sus hijos en el crimen”.

Di Bella y la asociación antimafia Libera iniciaron un proyecto para retirar la custodia de los hijos a las familias ‘ndranghetistas y ofrecerles una vida en el norte, lejos del ambiente criminal. Ya lo han aplicado en unos 50 casos, también con las madres que quieren colaborar, con la base jurídica del maltrato que sufren al ser obligados a delinquir. “Evitamos que tengan un destino escrito. Nunca intervenimos en vía preventiva solo porque la familia sea mafiosa.

 No inculcamos una ideología de Estado. Solo cuando hay un adoctrinamiento o pruebas de ese maltrato”. Di Bella pone como ejemplo una conversación intervenida entre un padre y un hijo: “Yo soy el evangelio de la ‘Ndrangheta [segundo nivel de la sociedad mayor], hijo mío. Y tú debes saber que está el Estado… y luego estamos nosotros, que es muy distinto”. Cierto. Y desde hace más tiempo de lo que nadie pensaba.

La expansión en el norte de Italia

La noche del 26 de junio de 1983, el magistrado turinés Bruno Caccia terminó de cenar y salió con su perro. Era domingo y su escolta tenía permiso. Cuando enfilaba la pendiente de la calle Sommacampagna a la altura del número 15, dos personas le dispararon 14 tiros desde un coche. Cayó abatido y abrieron fuego tres veces más para rematarlo. Nadie vio nada. Pero eran los años de plomo en los que las Brigadas Rojas y los grupos fascistas de los Núcleos Armados Revolucionarios (NAR) rivalizaban por los asesinatos a funcionarios públicos. 

Caccia era un metódico y valiente magistrado que había metido la nariz en todas esas organizaciones. De modo que durante algún tiempo fue fácil suponer que ese había sido el motivo de su muerte. Caccia, sin embargo, fue el primer y único juez —al margen de Antonio Scopelliti, al que mataron como favor a la Cosa Nostra en 1991— asesinado por la mafia calabresa.

 Nadie había oído hablar de la ‘Ndrangheta hasta entonces en el norte de Italia. “No sabíamos qué demonios quería decir esa palabra. A esa gente la llamábamos el clan de los calabreses”, recuerda Paola Caccia, la hija del magistrado, en el lugar donde fue asesinado su padre hace 35 años. Al cabo de un tiempo, un colaborador de la justicia decidió tenderle una trampa a un capo local llamado Domenico Belfiore, en la cárcel por otros delitos. Picó y se jactó de ser el autor intelectual del asesinato de Caccia.

 En las escuchas se le oye decir: “Ahí abajo sabían todo”. Según Belfiore, mataron a Caccia con el permiso de la cúpula en Calabria “porque obstaculizaba la disponibilidad de los otros [magistrados]”. Es decir, cuando lo eliminaron, la ‘Ndrangheta ya controlaba a algunos magistrados en el Palacio de Justicia turinés. Ese lugar, un enorme complejo de ladrillo rojo al norte de la ciudad, lleva hoy su nombre y la ‘Ndrangheta ya no es invisible. Pero hubo un punto de inflexión.

El 23 de octubre de 2006, Rocco Varacalli, afiliado a un clan de Turín, mandó una carta al fiscal Roberto Sparagna ofreciendo su colaboración. Algo así como cuando Tommaso Buscetta decidió en 1984 traicionar a la Cosa Nostra y explicarle al juez Giovanni Falcone los entresijos de la organización siciliana.

 Varacalli fue la Piedra Rosetta que permitió descifrar la expansión de la ‘Ndrangheta en el norte. Sparagna, un obstinado magistrado de 53 años enamorado de Ortega y Gasset, alucinaba. “Fue una revolución inesperada. Cuando dijo que formaba parte del Local X [célula compuesta de al menos 49 miembros] de la ‘Ndrangheta de Turín, yo tenía dificultades para entenderlo. 

Pensábamos con mentalidad del norte y estábamos muy desorientados. No entendíamos cuando hablaba del capo giovane, del capo locale o cuando nos explicaba los ritos folclóricos, que se practicaban también en Turín. Varacalli abrió la puerta de una antropología desconocida para nosotros. Hoy en Piamonte todo el mundo sabe qué es la ‘Ndrangheta y no hay duda de que existe. Pero al principio todos los colegas lo dudaban”, explica en su despacho, en cuyas paredes descansan los sumarios de la operación que lo cambió todo.

Minotauro e Infinite

La ‘Ndrangheta se expandió en los años sesenta a través de las rutas de la emigración calabresa. Luego, como demostró la Operación Minotauro, dirigida por Sparagna en 2011, lo hizo con criterios puramente empresariales. Fueron 184 detenidos solo en Piamonte y un 85% de condenas por asociación mafiosa. 

Llegaron los primeros Ayuntamientos disueltos (269 desde 1992 a 2017 en toda Italia), también en Lombardía, donde se desarrolló la macroperación Infinite con más de 200 condenas. Por primera vez eran los políticos, como el siniestro exalcalde de Leini, Nevio Coral, quienes iban a buscar a la mafia.

 Lo nunca visto en el próspero y ordenado norte. Sparagna y sus colaboradores descubrieron que la ‘Ndrangheta tenía su corazón espiritual en el sur de Italia. Pero el músculo financiero se encontraba desde hacía años ante sus narices. Construcción, restauración, concesiones públicas, casas de apuestas… Incluso el todopoderoso presidente de la Juve, Andrea Agnelli, declaró en 2017 por los vínculos del club con la ‘Ndrangheta.

La organización sigue siendo prácticamente opaca. Pero en julio de 2008, la policía interceptó una conversación clave para entender cómo operaban los clanes del norte. El capo locale Giuseppe Gioffrè llevó a su hijo menor a una reunión en Turín y quiso asegurarse de que había aprendido la lección.

—¿Has entendido de qué hemos hablado?
—Sí, de droga.
—Pero ¿has entendido cómo llega?
—Sí, con el barco.
—Quiero que sepas que con ese cargamento comemos 50 familias. No tocamos ni un solo gramo, pero ganamos dos millones de euros. Luego destinamos una parte de esas ganancias a la usura y sin hacer nada recibimos 20.000 euros al mes.

La usura es la manera más rentable de lavar el dinero. Pero también se han documentado inversiones en energías renovables o en compra de latifundios con ayudas europeas. Entre 1992 y 2017, la Dirección de Investigación Antimafia embargó a la ‘Ndrangheta unos 2.972 millones de euros y confiscó otros 2.086 millones. Sparagna, extremadamente meticuloso y poco dado a las entrevistas, ha dedicado los últimos 11 años de su vida a estudiarla.

 Pero cuando se le pregunta cuánto la conocemos, se queda callado unos segundos. “Como mucho, un 5%. Hemos tardado tanto porque utiliza el norte y el extranjero como terreno de cultivo. Tiene que invertir, necesita un sitio donde hacer florecer los intereses. Así que no debe haber sangre. Si hay asesinatos, hay investigaciones y se encienden los focos. La estrategia en el norte y el extranjero es ser invisibles”.

La noche de Ferragosto de 2007 en Duisburgo, la ‘Ndrangheta cometió un error de bulto que obligó a reformular la estrategia a su cúpula. Desde entonces, pese a ser la mafia más extendida de Italia, también es la que menos ha matado. Nada que ver con las bandas de pistoleros adolescentes de la Camorra o la mística sangrienta de la Cosa Nostra, muy debilitada tras declararle la guerra al Estado al otro lado del estrecho de Messina.

 Su expansión y el poder económico han permitido evitar el ruido y propagarse infectando el mundo, como explican los fiscales Giuseppe Pignatone y Michele Prestipino, convirtiéndose en una rica multinacional fundada en la región más pobre de ­Italia. La conversación telefónica interceptada por la policía hace algunos meses, donde un capo aleccionaba a otro, resume bien esa mirada colonizadora desde la que ve el mundo la ‘Ndrangheta: “Tienes que saber que todo se divide hoy entre lo que es Calabria y lo que terminará siéndolo”.       (Daniel Verdú, El País, 11/09/18)