"Daniel Osàcar, el extesorero de Convergència condenado por el caso Palau, ha salpicado al expresidente de la Generalitat y exlíder de Convergència Artur Mas durante su declaración de este martes en sede judicial, en el marco de una pieza separada del caso del 3%, de presunta financiación irregular del partido nacionalista mediante la práctica del pitufeo.
En concreto, ha manifestado que Mas estava al corriente de este blanqueo
de dinero en efectivo obtenido de comisiones irregulares, pero que el
exgerente de la formación y exconsejero de Justicia Germà Gordó
era quien controlaba el sistema.
Osacàr, que ya admitió la existencia
estas prácticas irregulares hace unos días, ha hecho esta declaración
como imputado en la pieza separada para la que la Fiscalía
Anticorrupción pidió la imputación de varios exconsejeros convergentes, Felip Puig, Pere Macias, Jordi Jané e Irene Rigau, y ocho personas más.
Mientras que el juez propuso enviar a juicio a Gordó, Osàcar y el también extesorero Andreu Viloca
cuando cerró la instrucción sobre el 3%, Mas había quedado al margen:
él negó tener conocimiento y los otros encausados, hasta ahora, no lo
habían implicado. Después de la declaración de Osàcar, que cambió de
abogado -el letrado Xavier Melero defiende los intereses otros
encausados del partido-, llegará el turno de Viloca, cuya declaración
está prevista para el próximo 26 de octubre." (el Triangle, 20/10/20)
"La interlocutoria sobre el caso 3% que dio a conocer el 30 de julio el juez José de la Mata señala que tres de las personas que imputa por formar parte de una organización criminal –Andreu Viloca, Carles del Pozo y Francesc Xavier Sánchez- dependieron directamente, dentro del organigrama de CDC, de Oriol Pujol, primero, y de JosepRull,
después.
Andreu Viloca y Carles del Pozo fueron gerentes del partido
mientras que Francesc Xavier Sánchez fue el responsable económico y
jurídico. Además de Viloca, del Pozo y Sánchez, el juez imputa el delito
de asociación ilícita/organización criminal a GermàGordó, que también fue gerente de CDC, Daniel Osácar, ex-tesorero, y Anna Dolors Benítez, jefa económica financiera.
Oriol Pujol sale citado cinco veces en la interlocutoria mientras que
Josep Rull aparece en tres ocasiones. La primera vez que cita Oriol
Pujol es cuando recuerda que, en 2010, Artur Mas,
entonces secretario general de CDC, nombró a Carles del Pozo gerente del
partido, y dice que "después pasa a depender de Oriol Pujol Ferrusola,
que asume la Secretaría General por delegación, hasta que la asume
definitivamente en 2012". En el Congreso que celebró el partido aquel
año en Reus, se creó el área de Régimen Interior y Comunicación, para la
cual se designó a Francesc Xavier Sánchez y la Gerencia de CDC pasó a
depender de esa área.
De la Mata explica que "entre enero de 2011 y marzo de 2012, la área
de finanzas pasa a manos de Viloca Serrano, siendo el gerente Del Pozo
Cerdà, que reportaba según su declaración al Secretario General de CDC,
Oriol Pujol Ferrusola" y que entre marzo de 2012 y marzo de 2013,
"Francesc Xavier Sánchez pasa a ser coordinador de Régimen Interior y
Comunicación, con responsabilidad sobre el área de Gerencia. La
dirección política del partido, según Sánchez Vera, la asume un colegio
integrado por Sánchez Vera, Lluís Corominas, Josep Rull y FrancescHoms".
A continuación, el magistrado señala que entre "marzo de 2013 y julio
de 2014, Oriol Pujol Ferrusola delega sus funciones en Lluís Corominas y
Josep Rull" pero añade que "en este periodo, según Sánchez Vera, la
actividad del gerente continuaba estando bajo su control".
Continuando con esta cronografia, el auto judicial indica que "en
julio de 2014, Oriol Pujol Ferrusola abandona definitivamente el cargo
de Secretario General del Partido. En estas funciones, y a nombramiento
del entonces presidente (Artur Mas Gavarró) se designa a Josep Rull como
coordinador general del Partido". Esta estructura, según De la Mata,
"es la que se mantiene hasta el final del periodo investigado,
manteniéndose Viloca Serrano, como Responsable de Finanzas y Gerente del
partido estando, al menos en lo relativo al cargo de Gerente, bajo la
supervisión de Sánchez Vera".
Sánchez Vera dijo en su comparecencia ante el juez que Viloca Serrano
informaba de su actividad al órgano colegiado' que dirigía el partido y
especificó que en el caso concreto de las donaciones lo hacía "de manera general, pero que nunca bajaba a 'datos concretos'". (eltriangle, 21/08/20)
"El juez José de la Mata
considera, en su auto de procedimiento abreviado del caso del 3%, que
el núcleo de "la asociación ilícita" o de 'la organización criminal"
creada para financiar ilegalmente al partido Convergència Democrática de
Catalunya (CDC) estaba formado por seis personas.
Estas personas eran Germà Gordo, Daniel Osácar, Andreu Viloca, Francesc Xavier Sánchez, Anna Dolors Benítez y Carlesdel Pozo.
En su escrito, sin embargo, De la Mata señala que "el liderazgo de la
organización estaba integrado por varias personas, sin perjuicio de la
existencia de otras que, al menos por el momento, no han sido
identificadas". Esta reflexión apunta a los máximos dirigentes del
partido que nombraron a estas personas, incluidos los ex-presidentes Jordi Pujol y ArturMas.
Germà Gordo, Daniel Osácar y Andreu Viloca fueron gerentes de CDC
mientras que Francesc Xavier Sánchez fue responsable jurídico del
partido y Anna Dolors Benítez y Carles del Pozo trabajaron en su área
financiera y económica. El auto judicial asegura que "para allegar
recursos económicos ilícitamente, los miembros de la organización, de
forma sistemática y organizada, influían en las autoridades en distintas
Administraciones públicas catalanas porque direccionaran los concursos
públicos a los empresarios conniventes, quienes a cambio de la
influencia (y en ocasiones de la propia adjudicación), hacían donaciones
a las Fundaciones de CDC; es decir, hacían donaciones económicas al
partido político CDC".
"La organización tenía perfectamente definidos los circuitos de
coordinación (mediante reuniones con los empresarios por un lado y con
las autoridades por otro, tareas que caían en las manos de Gordo,
Osácar, Viloca y Sánchez; los circuitos económicos (para lo que
utilizaban las Fundaciones adscritas al partido); los circuitos
administrativos (en manos de los tesoreros, y también de los
responsables de las áreas económica y contable (Del Pozo y Bentez); y
los mecanismos y procedimientos a emplear para conseguir hacer llegar
los fondos desde las Fundaciones a su destino final, que no era otra que
CDC", se lee en el auto.
La desviación de fondo a CDC a través de este mecanismo es de gran trascendencia, según De
la Mata, que calcula que, en el periodo comprendido entre los años 2008
y 2012, supuso una media del 11,5% de su financiación privada y un 7,7%
de su financiación total (pública y privada).
En el reparto de funciones para realizar las operaciones para desviar
fondos a CDC, el juez considera que Germà Gordo se encargaba de
coordinarlas, que él mismo, con Osácar, Viloca y Sánchez, se
responsabilizaban de hacer la interlocución con los empresarios, las
autoridades y los cuadros inferiores del partido mientras que el propio
Sánchez, además de Benítez y del Pozo se ocupaban de las tareas
administrativas y econòmico-financieras.
Resalta que "actuaron dentro de
una estructura caracterizada por un centro de decisiones y diversos
niveles jerárquicos", que "la operativa investigada se vino
manteniendo a pesar de los relevos en las personas físicas encargadas de
su ejecución en las estructuras del Partido" y que "la finalidad de la
organización era claramente ilícita: obtener multimillonarios beneficios
ilícitos para financiar ilícitamente al partido CDC". (el Triangle, 02/08/20)
"La sentencia del caso Palau, entre los hechos probados, explica que
Convergència cobrava comisiones de Ferrovial del 2,5% por las obras en
el Palau de la Música. Otro 1,5% iba directamente para Millet i Montull.
De
este modo, relata la “mediación” de Millet i Montull “para el
establecimiento, mantenimiento y funcionamiento de un sistema por el
cual la sociedad Ferrovial" pagaba "comisiones” a Convergència.
De
este modo “obtenía la adjudicación de determinados concursos y
licitación para la construcción de obra pública en la Comunidad Autónoma
de Catalunya, concursos que eran promovidos por entidades autonómicas o
locales cuyos gobiernos estaban conformados o regidos por miembros de
dicha formación, pagándose aquella comisión en proporción al volumen
económico de obra que debía ser adjudicada (el 4%), adjudicación que
requería el ejercicio, por parte de determinadas personas de la
formación política, del necesario influjo sobre los órganos que
resolvían los concursos para que estos fueran finalmente resueltos a
favor de la citada Ferrovial”.
“Los abonos de Ferrovial por obra
adjudicada se hacían bajo la simulación de patrocinio de las
actividades del Palau, Millet y Montull percibían por su intervención,
generalmente el 1,5% y el 2,5% restante lo hacían llegar directamente a
Convergència, bien a través de entregas en efectivo a los tesoreros de
ese partido, bien a través de simulados convenios con la Fundación afín
Trías Fargas (luego CatDem), bien abonaban facturas de servicios y obras
prestados a Convergencia como si hubieran sido prestadas al Palau”,
añade." (e-notícies, 30/04/20)
"Cómo CDC metía mano en la caja. Delito continuado de tráfico de influencias.
El Tribunal Supremo
ha ratificado que “existe prueba suficiente” para acreditar la comisión
de un delito continuado de tráfico de influencias por parte de
Convergència Democràtica de Catalunya. La sentencia confirma que las
comisiones de Ferrovial a cambio de obra pública “se pactaban con el
tesorero de CDC”, quien se comprometía a obtener “la adjudicación por el
importe pactado a través de las diversas administraciones que ese
partido gobernaba”.
Ferrovial abonaba el 2,5% de la comisión pactada a CDC mediante
“entregas en efectivo a los tesoreros de ese partido, bien a través de
simulados convenios con la Fundación afín Trías Fargas (luego CatDem),
bien abonaban facturas de servicios y obras prestados a Convergencia
como si hubieran sido prestadas al Palau”.
El tribunal añade que el tesorero de CDC se valía de “su posición en
el partido, ya sobre responsables políticos (autoridades) ya sobre
concretos funcionarios”. “Todo ello, con la intermediación de los
responsables del Palau, que ofrece el entramado de estas instituciones,
para que el tráfico y el abono de las comisiones por la obra así
adjudicada permaneciera oculto”, detalla la sentencia.
También ha quedado acreditado que los responsables de Convergència,
Ferrovial y el Palau de la Música eran conocedores de las operaciones
para que “fluyera el dinero de Ferrovial a CDC”, ejecutando las obras
públicas acordadas." (e-notícies, 30/04/20)
"Millet & CDC, culpables. El Supremo confirma la sentencia del caso Palau.
El Tribunal Supremo ratifica las penas por el expolio del Palau de la
Música. El alto tribunal ha confirmado la condena de 9 años y 8 meses de
prisión, y una multa de 4,1 millones de euros, para Fèlix Millet, y 7
años y seis meses de prisión para Jordi Montull, además de una multa de
2,9 millones.
Además, tendrán que devolver, como ya había
dictaminado la Audiencia de Barcelona, 23 millones de euros a las
estructuras del Palau de la Música.
El Supremo también confirma
la sentencia para Convergencia Democrática de Cataluña, que deberá
devolver 6,6 millones de euros como ganancias obtenidas mediante el
tráfico de influencias.
La pena sí cambia para Gemma Montull, que
pasa de 4 años y 6 meses de prisión a 4 años. Sí que se le mantiene la
multa de 2,6 millones de euros.
Cinco jueces se han pronunciado
sobre los 16 recursos que se presentaron contra la sentencia por el
expolio de 23 millones del Palau, que la Audiencia de Barcelona hizo
pública en enero de 2018. La deliberación, que ha presidido el juez
Julián Sánchez Melgar, comenzó a mediados de noviembre y se ha alargado
mucho.
La Audiencia de Barcelona condenó a 9 años y ocho meses de
prisión al ex presidente de la institución, Fèlix Millet; a 7 años y
medio su mano derecha, Jordi Montull; a 4 años y medio la ex directora
financiera del Palau e hija de Montull, Gemma Montull; y 4 años y cinco
meses el ex tesorero de CDC, Daniel Osàcar. Además, la Audiencia obligó
Convergencia Democrática volver 6,6 millones de euros por las comisiones
ilegales cobradas a través del Palau.
Tanto el ex como el ex
gerente del Palau ingresaron en la prisión de Brians 1 tras la
sentencia. Millet salió al cabo de 25 días, después de pagar una fianza
de 400.000 euros. Sumando los días que estuvo encarcelado en 2010 por el
caso del hotel del Palau, Millet pasó 38 días en prisión, de los cuales
8 fueron en el hospital penitenciario de Terrassa.
Tanto Millet
como Montull se les condenó por los delitos continuados de malversación,
apropiación indebida, falsedad documental, falsedad contable, tráfico
de influencias, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública. Se
les aplicaron las atenuantes de confesión y dilación indebida del
procedimiento, entre otros.
En el caso de Gemma Montull, un pacto con la Fiscalía permitió que las peticiones iniciales de pena para ella se rebajaran.
La
Audiencia de Barcelona consideró que, entre los hechos probados, había
que Millet pagó a cargo del Palau las bodas de sus hijas, Clara y Laila,
que costaron a la institución musical más de 164.000 euros.
La
sentencia culminó una investigación que se prolongó años, con varios
jueces a la cabeza, y que llegó a la opinión pública con la imagen
impactante de los Mossos entrando en el Palau, en busca de pruebas del
saqueo.
En el juicio, que comenzó en marzo de 2017, Millet y
Montull admitieron, tras pactar con la Fiscalía, la financiación
irregular de Convergencia a través del Palau, con el pago de comisiones
del 4% de la constructora Ferrovial. Los pagos se vehiculaban como
patrocinios y eran a cambio de recibir adjudicaciones de obra pública.
Fue
en la época en que Jordi Pujol fue presidente de la Generalitat y CDC,
el partido hegemónico en Cataluña. Mientras duraba la investigación, se
reconvirtió en el PDeCAT. A raíz del caso, se cambió el Código Penal
para castigar a los partidos que se financien ilegalmente." (e-notícies, 30/04/20)
"Millet endosaba todos los gastos personales al Palau. Viajes privados, dispendios de boda y reformas de viviendas particulares.
Fèlix Millet y Jordi
Montull endosaron gastos personales, tales como viajes, bodas o reformas
al Palau. Así se desprende de la sentencia del Supremo, que ha
ratificado las penas impuestas por la Audiencia de Barcelona.
El Tribunal Supremo destaca que los responsables del Palau
"dispusieron de los fondos de las entidades de Palau en provecho propio:
abonos de viajes privados, gastos de boda, reformas de viviendas
particulares, o bien desvío directo de fondo de Palau al patrimonio
particular de Fèlix Millet y Jordi Montull". Además, la resolución
también apunta que "vendieron a Palau locales propios a un precio
superior al de mercado".
El alto tribunal ha confirmado la condena de 9 años y 8 meses de
prisión, y una multa de 4,1 millones de euros, para Fèlix Millet, y 7
años y seis meses de prisión para Jordi Montull, además de una multa de
2,9 millones." (e-notícies, 30/04/20)
"El otro cerebro del caso Palau. El abogado Raimon Bergós recurrió a “sociedades inactivas” para emitir facturas falsas.
El abogado Raimon
Bergós, experto en la asesoría a fundaciones, creó “recibos irreales”
con los que tapar el espolio del Palau de la Música, según la sentencia
del Tribunal Supremo. El fallo explica que mediante “sociedades
inactivas” confeccionó “toda una serie de facturas inveraces” para
justificar la salida de dinero a través de “mercantiles que nunca habían
tenido relación con el Palau de la Música”.
“Configuraron recibos irreales de la Asociación del Palau por fondos
supuestamente recibidos de la Fundación del Palau; facturas o recibos de
empresas constructoras por servicios supuestamente pagados en efectivo
por la Asociación; y recibos manuscritos, completamente irreales, de
supuestos responsables de orquestas que habrían recibido pagos en
efectivo”, asegura el fallo.
Bergós creó “toda una serie de documentos mendaces que podrían
necesitar para justificar determinadas salidas de fondos de las cuentas
bancarias de la Fundación y Asociación”. Para ello, se confeccionó un
listado con todas las disposiciones de fondos en efectivo de las cuentas
bancarias de “imposible justificación legal”, un listado al que se
denominó “Los Vikingos”. (e-notícies, 30/04/20)
"El Juzgado Penal número 2 de Tarragona alberga desde este jueves el primer juicio sobre los asuntos de presunta corrupción en Torredembarra. Se trata de la derivada sobre la adjudicación supuestamente irregular de chiringuitos de playa a GerardMontserrat, exlíder local de Convergència. Los encausados son el exalcalde de la localidad Daniel Masagué, la exconcejal de Playas Pere Font y Gerard Montserrat, que declaran este viernes.
Masagué afronta una posible condena de 3 años de cárcel y 19 de
inhabilitación en este juicio correspondiente a la cuarta pieza cuarta
separada sobre los asuntos de presunta corrupción de Torredembarra,
origen de las investigaciones del caso del 3% sobre la financiación irregular de Convergència .
La vista oral se ha iniciado cinco años después de que la GuardiaCivil entrara
en el Ayuntamiento de Torredembarra y registrara el despacho que
entonces ocupaba Masagué. La Fiscalía acusa al regidor Font de adjudicar
arbitrariamente los contratos de arrendamiento y suministro de los
chiringuitos de los años 2012 y 2013 a Montserrat después de que
desistieran tres empresas invitadas pero sin solvencia técnica,
relacionadas con el propio Montserrat.
Según publica el Diari de Tarragona, el secretario municipal,
Rafael Orihuel, ha asegurado en la primera sesión del juicio que Font
mantenía una relación de "obediencia total" con el alcalde Masagué,
quien mantiene que su equipo de gobierno actuó legalmente y que sufre
una persecución, pero la Fiscalía le atribuye la comisión de un delito continuado de prevaricación
y pide para él 3 años de cárcel y 19 años de inhabilitación. Font,
acusado del mismo delito continuado, afronta 2 años de prisión y 18 de
inhabilitación; y Montserrat, también 2 años de prisión como presunto
cooperador necesario, además de una posible inhabilitación de 18 años
para cargo público y de 5 años para recibir subvenciones o ayudas
públicas.
La macrocausa sobre la corrupción en Torredembarra tiene su origen en la denuncia de Montse Gassull,
regidora de ERC ya fallecida que dejó su partido reprochando a la
cúpula una falta de apoyo a su denuncia. El Ayuntamiento de
Torredembarra, ahora gobernado por ERC, ejerce la acusación particular." (El Triangle, 10/01/20)
"El magistrado José de la Mata, del juzgado n. 5 de la
Audiencia Nacional, lleva las investigaciones del caso Pujol y de la
trama de corrupción del 3%, que pagaba sobornos a Convergencia
Democrática (CDC).
En este último sumario se acaba de incorporar un
nuevo informe de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil, que
ha exhumado la agenda del empresario manresano Jordi Soler (Grupo Soler).
Según informa el diario El Mundo, este documento revela que
Jordi Soler mantuvo, entre los años 2009 y 2016, numerosas reuniones con
el expresidente de la Generalitat, Artur Mas. Algunas
de los encuentros se hacían en restaurantes como Sala (Sallent),
L'Aligué (Manresa) o el del hotel Majèstic de Barcelona. También consta
que a veces participaba la mujer de Artur Mas, Elena Rakosnik.
En las investigaciones de la trama del 3% se ha descubierto que las
empresas del Grupo Soler hicieron donaciones a las fundaciones en la
órbita de CDC por 664.604 euros. En contrapartida, este empresario
recibió numerosos contratos de la Generalitat y de administraciones
controladas por CDC.
No sólo Artur Mas figuraba en la lista de contactos
VIP del empresario Jordi Soler. También constaban el exconsejero y
exgerente de CDC, Germà Gordó, o el exsecretari general del partido, Oriol Pujol,
posteriormente condenado por el caso de las ITV. La Guardia Civil
sospecha que con todos ellos mantenía tratos corruptos para la obtención
de contratos de obras públicas.
En el curso de las investigaciones judiciales –en las cuales este
empresario manresano ha decidido cooperar activamente-, se ha destapado
el episodio del avión privado que contrató para asistir a la final de la
Copa de Europa de fútbol que el Barça jugó en 2015 en la ciudad de
Berlín contra la Juventus. En este vuelo chárter estuvo invitado, entre
otros altos cargos públicos, el síndic de greuges (defensor del pueblo
catalán), Rafael Ribó, y su hija Alba.
La implicación directa de Artur Mas en la trama del 3% es un salto
cualitativo muy importante en la investigación de este caso de
corrupción. En espera de saber si el juez José de la Mata lo llamará a
declarar, la agenda del empresario Jordi Soler lo deja en una situación
muy comprometida y dificulta, objetivamente, sus planes para volver a la
primera línea de la política catalana una vez se acabe, el próximo mes
de febrero, la condena de inhabilitación que recibió por organizar la
consulta del 9-N de 2014.
Con Carles Puigdemont desplazado a Bruselas y pendiente del suplicatori que pueda anular su inmunidad parlamentaria; con Quim Torra inhabilitado y Laura Borràs
contra las cuerdas por el caso de las subvenciones que dio cuando era
directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC), el liderazgo
efectivo del espacio convergente ha quedado huérfano. En este contexto,
desde hace tiempo se especula con la intención de Artur Mas de volver a
comandar los restos de CDC, ahora transformada en Junts x Catalunya.
Pero la aparición de su nombre en la agenda del empresario Jordi Soler
puede truncar este proyecto, que promueve su amigo y spín doctor, David Madí." (El Triangle, 04/10/20)
"José de la Mata, el juez que instruye el caso del 3% en la Audiencia Nacional, ha imputado a quince empresas por los presuntos pagos de comisiones con que los investigadores creen que Convergència se financió irregularmente a cambio de facilitar contratos de obra pública y de servicios, ha publicado este martes El Periódico.
Según esta información, que describe el contenido del último auto del
juez, entre las imputadas, a las que se atribuye la comisión de delitos
de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales, están la FundaciónACS y las constructoras Copisa, Teyco y Urbaser.
Además de los representantes de las compañías, citados para declarar a
principios de julio, tendrán que comparecer el extesorero convergente Daniel Osàcar, el exresponsable de Infraestructuras de la Generalitat Josep Lluís Quer, y el presidente de Teyco, Jaume Sumarroca Claverol.
El instructor del caso apunta que las empresas no sólo pagaron a CDC,
supuestamente, a cambio de contratos, sino también para mejorar sus
relaciones con la cúpula del partido y, de este modo, posicionarse mejor para obtener futuros contratos.
En cuanto a las adjudicaciones, De la Mata señala que otro extesorero convergente, Andreu Viloca,
realizaba un control exhaustivo de las que ofrecían administraciones
locales, comarcales y la Generalitat gobernadas por la formación
nacionalista que lideraron los expresidentes catalanes Jordi Pujol y
Artur Mas." (El Triangle, 19/06/19)
"Las empresas de los Sumarroca, la familia de uno de los fundadores de Convergència, fueron las principales financiadoras irregulares durante el periodo 2009-2015 del partido que lideraron los ex-presidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, según un informe del juez que instruye el caso del 3% en la Audiencia Nacional, José de la Mata, revelado por el diario Estrella Digital.
Entre
estas empresas, habituales adjudicatarias de contratos públicos de
administraciones públicas gobernadas por los convergentes, destaca el
caso de Teyco, cuyos pagos a Daniel Masagué, ex-alcalde
de Torredembarra, originaron el estallido del caso del 3%, que
inicialmente se investigaba desde un juzgado de El Vendrell.
Según añade Estrella Digital,
De la Mata ha repasado en el citado informe todas las donaciones
realizadas por estas sociedades a las fundaciones convergentes CatDem y Nous Catalans,
así como los pagos de Teyco a Masagué, entre ellos 580.000 euros entre
el 23 y el 28 de diciembre de 2011, que el juez asocia con las obras de
un aparcamiento municipal. Cinco pagos posteriores a sociedades
vinculadas con Teyco totalizan 850.000 euros, indica esta información.
De la Mata hace constar en su informe la coincidencia temporal de las
donaciones con la adjudicación de determinadas obras públicas.
Teyco fue reestructurada y rebautizada. Ahora se llama TOP Proyectos y Contratas. Este año ha solicitado el concurso de acreedores." (El Triangle, 17/07/18)
"El presidente de la Diputación de Lleida y alcalde de Fondarella, Joan Reñé, acaba de ser detenido por los Mossos d’Esquadra en una operación contra la corrupción política de Convergència Democràtica de Catalunya
(CDC).
Junto a él, han sido arrestados varios altos cargos de la
diputación y otros responsables de las empresas investigadas como M y J
Gruas o Enginyeria Inalba.
Entre los detenidos también se encuentran dos altos
cargos de la Sección de Conservación de Carreteras de la Generalitat,
según ha podido saber La Vanguardia de fuentes de
la investigación. A lo largo del día, los agentes irán practicando más
detenciones y una decena de registros en busca de documentación, sobre
todo en las empresas investigadas.
Entre los delitos imputados están el
de cohecho, malversación de caudales públicos, soborno, pertenencia a
grupo criminal, blanqueo de capitales, delitos societarios, delitos de
corrupción en los negocios o fraude a la Administración Pública, entre
otros.
Esta ‘Operación Boreas’,
dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Lleida, estalla tras
cuatro años de investigación por parte de la Fiscalía Provincial de
Lleida, que encomendó las pesquisas al cuerpo policial autonómico. Los
investigadores tienen indicios de que Reñé y la jefa de organización y
Gestión de la Presidencia de la Diputación, es decir su número dos,
habrían cobrado durante años numerosas comisiones ilegales en metálico a
cambio de montar un sistema de reparto de ad
Pagos al partido
Esta operación supone un nuevo golpe a la corrupción de CDC,
ya debilitado tras la sentencia del ‘caso Palau’ que certificó la
financiación irregular de la formación y por la investigación seguida
por Fiscalía Anticorrupción por el ‘caso 3%’
en el que se investiga el pago de donaciones a las fundaciones
vinculadas a CDC, como CatDem, a cambio de recibir adjudicaciones en
ayuntamientos gobernados por su partido o en organismos públicos de la
Generalitat.
En esta ‘Operación Boreas’ hay dos vertientes. Por un
lado, el presunto pago de ‘mordidas’ a, entre otros, el presidente de
la Diputación de Lleida y su número dos, que incluso pudieron ascender a
los 11.000 euros en metálico de manera bimensual durante años, para su
lucro personal. Por otro lado, la entrega de donaciones a CatDem por
parte de las empresas beneficiadas como pago para el partido. Además, es
clave que los investigadores han descubierto que algunas de las
prácticas analizadas se siguen desarrollando en la actualidad.
Esta investigación se inició en 2014
con la apertura de unas diligencias de investigación por parte de la
Fiscalía tras una denuncia que alertaba del presunto pago por parte de
la constructora catalana M y J Gruas de una comisión al presidente de la
Diputación de Lleida, el convergente Joan Reñé.
Uno de los socios de la empresa sacó a relucir los supuestos pagos en
efectivo realizados a cambio de la adjudicación en marzo del 2010, a
través de la UTE Depurpla 2, del mantenimiento durante 15 años de seis
depuradoras en la comarca del Pla d’Urgell. La constructora y la UTE han
sido donantes de fondos a CatDem, la fundación de CDC.
Cheque al portador para el presidente
El contrato de 22,5 millones de euros era para
gestionar las plantas de tratamiento de aguas residuales de Fondarella,
Linyola, Bell-lloc, Barbens-Ivars d’Urgell, Bellvís y Juneda-Torregrosa.
En 2014, un representante de la compañía solicitó la
celebración de una junta extraordinaria tras localizar un cheque al
portador de 11.500 euros sin justificar, y lo que parecía un pago al
presidente de la Diputación tras la adjudicación de la concesión UTE
Depurpla 2, responsable del mantenimiento de las depuradoras del Pla
d’Urgell.
El abogado de la empresa, Celestí Pol Vilagrasa, le
contestó que los pagos realizados “como consecuencia de la adjudicación
de la concesión de la UTE Depurpla 2 son conocidos por todos los
miembros del consejo, también por su secretario”. El presidente del
consejo de administración, José Maria Gruas Bardinas, según recoge un
acta notarial presentada por el denunciante, se limitó a decir que
“tales manifestaciones no tienen fundamento”.
Varios socios de la compañía sospecharon entonces que el pago de las comisiones irregulares
se pudo realizar a través de facturación ficticia y la intervención de
empresas interpuestas. Además, tenían localizado el pago de donativos a
CatDem. M y J Gruas dio en 3 años 42.500 euros." (Carlota Guinday, La Vanguardia, 02/10/18)
"La Guardia Civil ha encontrado una prueba que involucra a Artur Mas en la gestión de la caja B de Convergència (CDC). Los investigadores localizaronun 'power point'
en la sede de la formación que describe sus mecanismos internos de
funcionamiento y confirma que el presidente era el responsable de
supervisar y coordinar el trabajo de los departamentos de tesorería y gerencia, los dos pilares que sostuvieron durante más de una década la presunta trama de financiación ilegal del 3%.
El documento aún está siendo
analizado por los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil
pero ya ha provocado que las actuaciones sitúen a Mas, presidente de CDC entre 2012 y 2016, como presunto cerebro de una organización delictiva que habría captado fondos opacos por importe de al menos 1.040.800 euros solo entre 2008 y 2013.
El documento no solo acredita que el expresidente de la Generalitat
(2010-2016) tenía la obligación de estar al tanto de la actividad de su
tesorero y su gerente. También estipula que estos altos cargos debían
rendir cuentas de su labor ante la máxima autoridad del partido, según
ha podido saber El Confidencial.
El 'power point' otorga una nueva dimensión al caso, que arrancó en 2014 tras hallar pruebas de la financiación ilegal de Convergència
en una causa que aparentemente se circunscribía al municipio de
Torredembarra (Tarragona). Las pesquisas habían cercado a varios de los
colaboradores de Mas, como el tesorero Andreu Viloca y, sobre todo, su mano derecha Germá Gordó,
gerente de la formación hasta 2011, secretario general de su primer
Govern y consejero de Justicia en el segundo. Sin embargo, el
expresidente de la Generalitat había salido indemne de las diligencias
practicadas hasta la fecha.
El
documento lo ubica ahora como correa de transmisión entre dos esferas
que necesitaban comunicarse para burlar la ley sin ser detectadas. Por
un lado, las diligencias señalan que Viloca y su predecesor, Daniel Osácar, condenado ya por el caso Palau,
se encargaban de gestionar el cobro de las donaciones ilegales de los
empresarios que querían conseguir contratos de obra pública y servicios
en las instituciones controladas por CDC.
En un ámbito distinto actuaba el grupo que debía amañar los concursos
para favorecer a los donantes. Hasta 24 adjudicaciones que suman 218
millones de euros habrían sido manipuladas.
Gordó lideraba supuestamente
esta otra estructura, secundado por el presidente de la Autoridad del
Puerto de Barcelona (APB), Sixte Cambra; el expresidente del ente Barcelona Infraestructuras Municipales (Bimsa) Antoni Vives y los exdirectores generales del organismo público Infraestructuras de Cataluña Joan Lluís Quer y Josep Antoni Rosell,
entre otros altos cargos convergentes. Lo que hace el 'power point' es
colocar a Mas como nexo de ambas esferas, la pieza del engranaje que
permitía que el partido y el Govern operaran de un modo perfectamente
sincronizado.
Los investigadores también habrían logrado acreditar que CDC y las dos organizaciones satélite que usó la formación para captar las presuntas donaciones ilegales, CatDem y Fórum, operaban bajo el principio de caja única,
es decir, circulando por las mismas cuentas y con la tutela de
idénticos dirigentes.
De este modo, el dinero de los empresarios habría
servido para financiar los gastos de funcionamiento ordinario del
partido e incluso sus campañas electorales, incurriendo así en una
presunta financiación ilegal.
La Guardia Civil ya
apuntó la existencia de una caja única en un primer informe incorporado
al sumario de la operación Petrum el pasado enero. No sería la primera
vez que Convergencia utilizaba ese mecanismo para hinchar irregularmente
sus ingresos. La sentencia del Palau dictaminó que el partido aprovechó la Fundación Trias Fargas, antecesora directa de CatDem, para canalizar el cobro de donaciones ilegales.
Al menos 630.000 euros salieron del Palau de la Música. También hicieron aportaciones grandes adjudicatarios de obra pública como la constructora Ferrovial.
El dinero llegó a las cuentas de la formación mediante créditos falsos.
La sentencia concluyó que esta trama operó entre 1998 y 2008.
Lo que se investiga ahora sería su continuación al menos hasta 2015. En febrero de ese año se produjo el amaño de la licitación del túnel de las Glòries de Barcelona,
que ascendió a 60 millones de euros. Es la última atribuida a esta
segunda época y una de las más cuantiosas, aunque las pesquisas siguen
abiertas y la lista de amaños podría crecer.
Hasta 23 investigados han acudido en los últimos días a la Audiencia Nacional para prestar declaración ante el juez José de la Mata,
que se hizo cargo del caso el pasado abril, después de casi cuatro años
de investigación en el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell
(Tarragona)." (José María Olmo, El Confidencial, 27/06/18)
"Los agentes de la UDEF que investigan el 'caso Pujol' consideran que Jordi Pujol Ferrusola,
el primogénito del expresidente catalán, utilizó la formación política
que presidía su padre para justificar el cobro de comisiones a
empresarios, según consta en un informe de enero de 2018, en el que los
policías analizan los vínculos entre los casos Pujol, 3% y Palau de la Música.
En julio de 2016, Convergència
Democràtica de Catalunya (CDC), el partido fundado en 1974 en el
monasterio de Montserrat por el expresidente catalán Jordi Pujol Soley, dio paso a una nueva organización: el Partit Demòcrata Català (PDCat), que entonces tenía a Carles Puigdemont en la presidencia de la Generalitat.
Durante el periodo en que transcurren
inicialmente los hechos, indica la policía, el máximo dirigente de CDC
era Jordi Pujol Soley, el "progenitor" de Jordi Pujol Ferrusola: "Siendo
como es conocida esta relación uno de los aspectos que se consideran troncales en esta investigación", destacan los agentes.
Sus ingresos
Pero el informe considera que la vinculación con su padre establece "un vínculo sustancial, porque es un nexo directo de Jordi Pujol Ferrusola con la 'empresa'
que se configura como el sitio principal para su desempeño laboral, y
por ende de donde provienen sus ingresos, el partido político CDC",
especifica el documento policial remitido al juez que investiga en la
Audiencia Nacional el 'caso Pujol'.
En concreto, los agentes dan cuenta al
magistrado del 'modus operandi' del clan Pujol y de varios empresarios
que financiaban la formación conservadora, una actividad que permitía
que el primogénito de los Pujol continuara con su actividad empresarial de cobro de comisiones.
"El ejercicio de su influencia en las
instituciones democráticas de Cataluña a través de un partido político,
CDC, del que su padre era máximo dirigente, y a través del cual habría
gestado todas sus argüidas 'dinamizaciones' empresariales, favoreciendo a terceros que en consecuencia le remuneraban de diversas formas", concluyen los agentes de la UDEF.
Activos de Andorra
En este sentido, la actuación presuntamente delictiva detectada por la Policía comienza con Jordi Pujol Ferrusola, que con sus activos financieros en Andorra otorga la financiación a una serie de empresas prestadoras de servicios a CDC.
"La observación de la realidad financiera
depara que el verdadero prestatario de los capitales habría sido la
formación política, ocultando su personalidad jurídica detrás de las
sociedades Altraforma, Hispart y Winner Graph", indica la Policía, que pone de manifiesto el presunto engaño de los Pujol para financiar CDC.
Los representantes de Altraforma e Hispart, que aparecen suscribiendo en España las pólizas de préstamo de Pujol Ferrusola, Miquel Jiménez Salinas Lerín y Juan Manuel Parra González,
tal y como se desprende de los hechos probados en el 'caso Palau'
reconocen que sus empresas, las mencionadas Altraforma e Hispart, se
instrumentalizaron al objeto de financiar ilícitamente a CDC.
Caso del 3%
Los agentes también detectan vínculos de
la presunta financiación ilegal de CDC con el caso del 3%, que también
investiga el juez José de la Mata en la Audiencia Nacional. El nexo de
unión está en el empresario Joan Albert Arqués,
que fue detenido por la Guardia Civil en caso del 3%, por haber pagado
comisiones a través de sociedades instrumentales para obtención de obra
pública, mediante la aceptación de facturas falsas emitidas por
terceros, que habrían servido para financiar al partido CDC.
"Por tanto", explican los agentes, "se
observa un paralelismo obvio e inmediato entre los hechos que se le
atribuyen a Joan Albert Arqués en ese procedimiento, con los que ahora
estamos viendo que ocurrían unos años antes, con idéntica utilización de
sociedades interpuestas para canalizar esos pagos, que realizaban las compañías del grupo a través de Hispart en este caso".
Los agentes de la UDEF otorgan, en este
sentido, gran importancia al hecho de que el tesorero de CDC en aquellos
momentos, el fallecido Caries Torrent apareciera directamente en las
operaciones financieras: "Es un dato notorio, que conjugado con el papel
que judicialmente se ha atribuido a Carles Torrent
en el 'caso Palau', por su relación con varias empresas entre las que
estaban las mencionadas, supone una tremenda fuerza indiciaria para
construir los elementos probatorios de los tipos penales", continúa el
atestado policial.
"Una sandez"
Pero el informe policial hace también una
valoración de las explicaciones realizadas por Pujol Ferrusola, del
aval realizado a las empresas proveedoras de CDC: "La explicación
facilitada por Pujol Ferrusola en Andorra, sin ofrecer como es habitual
ningún dato objetivo que la respalde, es sencillamente no verídica, ya que recurre a un presunto testaferro: Antoni Zorzano:
"Utilizado, como sabemos, en el encauzamiento de operativas
consideradas ilícitas, para concebir una cobertura", asegura el informe.
Incluso, los agentes van más allá, y
aseguran que el hecho de que el investigado haya alegado que como los
avales no se ejecutaron no tienen importancia material real, "se nos
antoja una sandez desde el
punto devista económico, puesto que el aval concebido como tal sí se
ejecutó desde una perspectiva estricta al cumplir las funciones para las
que nace: la constitución de una garantía íntegra a un riesgo de un
tercero", concluyen los agentes en el documento remitido al juez De la
Mata." (Tono Calleja, Vox Populi, 01/05/18)
"Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y Sant Cugat del Vallès (Barcelona) mantienen desde hace tres décadas un idilio a prueba de cambios históricos. Ni el fin del pujolismo, ni el auge independentista, ni siquiera la refundación del partido han minado el poder de los nacionalistas en una plaza que arrebataron para siempre a los socialistas en 1987.
La ciudad de mayor renta de Cataluña
ha sido desde entonces el faro con el que CDC ha querido proyectarse al
resto del área metropolitana de Barcelona y también su refugio en los
tiempos difíciles, como la travesía por el desierto en la que entró tras
perder la Generalitat en 2003.
Como tantas relaciones, sin embargo, la de CDC (hoy
PDeCAT) y Sant Cugat también esconde secretos inconfesables. En este
caso no se trata de traiciones ni de infidelidades, sino del
protagonismo de la ciudad en las tramas de corrupción que en los últimos
tiempos han llevado al partido a la peor crisis de su historia.
Sant Cugat es el único Ayuntamiento incluido en la sentencia del caso Palau
por una obra (un pabellón deportivo) por la que la constructora
Ferrovial pagó una comisión ilegal. Sant Cugat también está en el centro
de las investigaciones del caso 3%, la otra gran trama de financiación ilegal de CDC. Y Sant Cugat es igualmente uno de los escenarios del caso ITV, la historia de favores políticos y comisiones opacas que acabó con la carrera de Oriol Pujol.
“Todo esto es el resultado de 30 años seguidos de
alcaldes de Convergència, más tiempo del que Pujol padre presidió la
Generalitat”, afirma Ferran de Juan, comerciante y miembro de la
Asociación de Vecinos de Can Magí. “En el fondo, la historia de Sant
Cugat es un poco la historia del partido, para lo bueno y para lo malo. Y
la corrupción es una parte de ella”, añade.
El peso de la ciudad en el partido, y a la inversa, es evidente. La alcaldesa, Mercè Conesa
—en el cargo desde 2011 y responsable de Urbanismo los ocho años
anteriores—, es también presidenta de la Diputación de Barcelona.
Su
antecesor, Lluís Recoder,
fue el hombre elegido por Artur Mas en su primer Gobierno para la
cartera de Territorio, que gestiona toda la obra pública de la
Generalitat. Y líderes del actual PDeCAT, como Jordi Turull, han crecido políticamente entre los despachos del Ayuntamiento, del que fue gerente entre 1999 y 2003.
El fallo del caso Palau
ilustra con Turull los estrechos vínculos entre CDC y Sant Cugat. El
fallo destaca su presencia en 2002 en la mesa de contratación del
polideportivo del caso Palau y relata su trayectoria política cómo
“concejal desde 1991 en otra localidad cercana, miembro de la Diputación
de Barcelona desde el mismo año y diputado del Parlament desde 2003”.
“La vinculación entre mesa de contratación y [...] CDC aparece diáfana”.
La alcaldesa de Sant Cugat y presidenta de la
Diputación de Barcelona, Mercè Conesa, sorprendió a casi todo el mundo
cuando anunció hace 12 días, tras la sentencia del caso Palau,
que estudia denunciar a CDC por el “mal uso” que el partido ha hecho
del nombre de la ciudad.
Las reacciones a estas palabras —que todos
interpretan como otro intento del PDeCAT de alejarse de su pasado— van
de la chanza a la indignación. “Es una ocurrencia. Nadie representa
mejor lo que ha sido Convergència que ella, que era la responsable de
Urbanismo durante los hechos investigados en el caso 3%”,afirman desde ERC.
La oposición en bloque exige a Conesa que asuma
responsabilidades y la acusa de no adoptar medidas para poner coto a la
corrupción. “Tiene que levantar la alfombra, calcular la factura del
robo y devolver hasta el último céntimo”, afirma la CUP. “Sant Cugat ha
sido un coto donde CDC ha actuado con impunidad”, denuncia Ciudadanos.
ICV exige a la alcaldesa “que lo explique todo y diga qué hará para que
esto no vuelva a ocurrir”. Para el PSC “es difícil creer que todo esto
pasara desapercibido, es evidente que aquí hay algo que chirría”.
El caso 3% puso el foco en Sant Cugat
casi desde el principio de las investigaciones, cuando lo que era un
episodio de corrupción local en Torredembarra (Tarragona) saltó a toda
Cataluña tras el rastro de las adjudicaciones de la constructora Teyco.
Fue en agosto de 2015 cuando la Guardia Civil irrumpió en el
Ayuntamiento en busca del expediente de una obra —un edificio de
viviendas sociales— adjudicado en marzo 2009.
Una funcionaria local, sin militancia política y que
pide el anonimato, recuerda “el estado de shock” en el que quedó el
personal municipal. “Sabíamos lo del caso Palau,
pero todos queríamos creer que era algo puntual. Ese día muchos
asumimos que aquí debía haber algo más”, explica. “Había un runrún”,
admite Mireia Gallego, activista del Barrio del Monestir que coordina un
grupo de Facebook con más de 1.000 vecinos.
“Ahora ya son hechos
demostrados y la pregunta es cuántos casos más hay, hasta dónde llega la
corrupción”, se interroga.
Los siete años que van de la adjudicación del caso Palau a la del caso 3%
(de 2002 a 2009) ilustran bien la crónica de corrupción del partido.
CDC perdió la Generalitat, llegaron los Gobiernos tripartitos
(2004-2010) y el expresidente Pasqual Maragall (PSC) alertó del “problema del 3%” en el Parlament,
pero los fontaneros convergentes seguían ocupados en el discreto
trabajo de cobrar comisiones ilegales, según han revelado ahora las
investigaciones.
Eran años en los que a las arcas de CDC aún llegaba
dinero por las últimas grandes obras de la era Pujol —Ciudad de la
Justicia y Línea 9 del Metro—, pero en los que las mordidas por
adjudicaciones de los municipios gobernados por el partido fueron
ganando peso.
Las fundaciones
Las donaciones a CatDem y Fòrum Barcelona a partir de
2008 —apenas ha trascendido documentación anterior— ofrecen muchas
claves. En el caso de Sant Cugat, se hace evidente una repetición de
muchos nombres entre la lista de contratistas y la de donantes al
partido. Y se produce un llamativo efecto relevo, por el que
algunas constructoras interrumpen sus donaciones al acabar las obras en
el municipio y son sustituidas por nuevas adjudicatarias.
Una investigación de EL PAÍS revela que es en esos
años —con CDC en la oposición en la Generalitat— cuando se repiten en
Sant Cugat los casos de donaciones asombrosamente cercanas al 3% de las
adjudicaciones. Pero no todos los casos son iguales. Hay empresas —por
ejemplo Teyco y Grup Soler, ambas investigadas en el caso 3%— que abonan íntegramente sus donaciones tras la adjudicación del contrato.
Otras, en cambio, empiezan a pagar mucho antes,
cuando el concurso sale a licitación o esta está en su inicio. En los
dos casos observados —Tau Icesa y Construcciones Pai—, el importe
coincide: 25.000 euros.
Un constructor con una larga trayectoria en la
obra pública, recuerda cómo “a veces, cuando una empresa quería entrar
en un nuevo municipio, debía hacer cosas que no hacían las que ya llevan
tiempo trabajando allí”. “Ese pago anticipado podía ser la forma de
entrar en la rueda y coger algo de ventaja ante empresas que conocían
mucho mejor la casa”, asegura.
La sentencia del caso Palau
ha sentado muy mal en el Ayuntamiento de Sant Cugat, que incluso ha
acusado a sus compañeros de CDC de ensuciar la imagen del municipio. El
Consistorio defiende su gestión como “un modelo de transparencia y
eficiencia”, una afirmación que —más allá del autoelogio— no está tan
alejada de la percepción que tienen varios proveedores municipales
consultados.
“Sant Cugat es uno de los Ayuntamientos más serios con los
que se puede trabajar”, afirma uno de ellos. Tan cierto es lo anterior,
sin embargo, como la incomodidad que muestran los propios responsables
municipales al conocer los resultados de la investigación realizada por
este diario.
Aunque el fallo del Palau es muy reciente y el caso3%
está aún en investigación, las noticias sobre corrupción hace casi una
década que planean sobre Sant Cugat. Y, por ahora, el coste electoral ha
sido nulo. Juan Rodríguez Teruel, investigador de la Universidad de
Valencia, sostiene que “la tolerancia con la corrupción es alta si los
hechos reportan algo para los vecinos: los votantes ven primero el
polideportivo y solo luego tienen en cuenta las irregularidades”. Teruel
alerta también de “la gran distancia temporal entre los hechos y su
esclarecimiento judicial, lo que permite diluir su responsabilidad a los
partidos”.
Elena Costas, de la Universidad Autónoma de
Barcelona, añade a lo anterior razones relacionadas con la situación
política que vive Cataluña: “El debate identitario y la gran
polarización complican la rendición de cuentas. Para hacerlo, es
necesario que exista una alternativa, algo difícil en estas
circunstancias, y para un votante movilizado el coste emocional de
abstenerse es muy alto”.
Tampoco los vecinos consultados creen que la
corrupción vaya a cambiar mucho las cosas. “En Sant Cugat se vive bien.
La renta es alta y el Ayuntamiento tiene medios para ofrecer unos
servicios que, aunque siempre mejorables, no son malos. Eso la gente lo
vive cada día, mientras la corrupción es algo más difuso”, opina Ferran
de Juan." (Oriol Güell, El País, 06/02/18)
"Con la lentitud a la que nos tiene acostumbrada la
judicatura para casos como estos, finalmente conocíamos hace pocas
semanas la sentencia del famoso “caso Palau” .
Diez años después, la Audiencia Barcelona imponía una
pena de ocho años y nueve meses, más una multa superior a cuatro
millones a Fèlix Millet; mientras que a su mano derecha, Jordi Montull,
le esperan 7 años y medio y una multa de casi tres millones y medio.
Este proceso, que ha durado más de una década dejaba al descubierto el
sistema financiero de la antigua Convergència (CIU), pero lejos de ser
una “manzana podrida” reflejaba el interior del cesto entero.
Las investigaciones por el 3% siguen en marcha y ponen
de manifiesto la corrupción endémica dentro del partido. Si lo que ha
demostrado el caso Palau es que la antigua Convergencia se financiaba a
partir de las comisiones que recogía del amaño de los concursos de obras
públicas a favor de grandes empresas, resulta evidente que se trata de
un sistema que se repetía de forma continúa.
Los últimos datos que presentan las investigaciones es
que la financiación irregular no se limitó a los diez años comprendidos
entre 1999 y 2009, sino que funcionó hasta hace muy poco entrando ya en
la etapa de gobierno de Artur Mas (¡Sorpresa!). Sí, el mismo al que las
penas le parecían excesivas... ¿por qué será?
Según las últimas informaciones entre 2008 y 2013, las
mordidas ascendieron hasta más de un millón de euros. Entre esos años
distintas empresas realizaron ostentosas donaciones a fundaciones
relacionadas con el partido entre las que se encuentran Fundació Fórum
de Barcelona, CatDem y Fundació Privada Òmnium. Además de otros sobornos
para los principales representantes del partido. Es el caso de Rosell,
antiguo director de Infrastructures.cat, que fue invitado en varias
ocasiones por la empresa Oproler al palco del Santiago Bernabeu para ver
partidos de fútbol.
Evidentemente esta empresa después ganó varias
adjudicaciones, como no podía ser de otra forma. Este mecanismo se
repetía continuamente y en la larga lista de políticos que hacían
negocio con las adjudicaciones de obras públicas encontramos múltiples
cargos del partido, ya fuese de la Generalitat como del Ayuntamiento,
incluyendo el periodo en el que estaba presidido por el convergente
Xavier Trias.
Hoy muchos de estos políticos corruptos, que se
llenaban los bolsillos con triquiñuelas mientras aplicaban sin ningún
reparo planes de ajuste y recortes que han condenado a la clase
trabajadora y los sectores populares a una vida de pobreza y
precariedad, siguen formando parte del aparato político de la mano del
PDeCat, es decir, forman parte del ADN de un partido que se ha
construido con la única finalidad de limpiarle la cara a la antigua CDC,
salpicada de casos de corrupción y rodeada por amplio movimiento
democrático del que tenía como objetivo ponerse al mando para acabar
conduciéndolo a una derrota anticipada.
Ayer era la antigua CiU, hoy es el PDeCat. Pero ambos
forman parte de de la dirigencia política de un régimen del que la
corrupción lejos de ser la excepción, es la única norma. Unos y otros,
junto al Partido Popular y PSOE son la evidencia de una forma de
gobernar al servicio de las grandes empresas. Para acabar con esto, es
necesario acabar con todos los privilegios de esta “casta política” que
saquea las arcas públicas para su propio beneficio.
Casos de corrupción como este son la evidencia de es
necesario que los cargos políticos cobren lo mismo que una maestra y que
sus cargos sean revocables por los propios electores en cualquier
momento." (Izquierda diario, Marta Clar, 29/01/18)
Si el caso Palau ha acreditado -hay sentencia condenatoria- que el partido nacionalista recibió comisiones a cambio de obra pública por 6,6 millones de euros hasta 2009, el caso 3%
-aún en fase de investigación- indica que la financiación irregular
continuó funcionando hasta fechas muy recientes.
De 2008 a 2013, o sea
incluso durante la etapa de Artur Mas como presidente de la Generalitat,
CDC cobró mordidas por valor de 1,04 millones de euros, según un nuevo informe de la Guardia Civil remitido al juez que investiga el caso.
El informe ratifica los indicios acumulados contra Convergència en el caso 3%,
aunque con cifras muy precisas. Al menos entre 2008 y 2013, diversas
empresas adjudicatarias de la Generalitat abonaron generosas donaciones a
tres fundaciones afines al partido: CatDem, Fundació Fòrum Barcelona y
Fundació Privada Òmnium.
Las tres entidades declararon a Hacienda, en
ese periodo, donaciones por 10,3 millones de euros. Los investigadores
recuerdan que las tres entidades funcionaban "bajo el principio de caja
única" de Convergència. Y concluyen que el monto de donaciones
"vinculadas a la adjudicación de obras" asciende a 1.040.800 euros. El
informe destaca que se han producido "otra clase de pagos" a dirigentes
nacionalistas como "entradas a partidos de fútbol, viajes, alojamientos de hotel y cacerías".
Guardia Civil ha examinado al detalle un total de 24
adjudicaciones públicas presuntamente fraudulentas de obras y servicios,
tanto de la Generalitat como de ayuntamientos y entes públicos
controlados por Convergència i Unió. Esos expedientes suponen un importe
total de 218,7 millones de euros si se atiende al precio de licitación
(168,7 millones si se examina el precio final de adjudicación).
Convergència se financió entre 1999 y 2009 a través del Palau de la Música,
la institución cultural saqueada por Fèlix Millet y Jordi Montull. La
Audiencia de Barcelona ha condenado recientemente al partido por cobrar
6,6 millones de euros en comisiones ilegales de la empresa Ferrovial a
cambio de la adjudicación de grandes obras públicas, como la línea 9 del
metro o la Ciudad de la Justicia de Barcelona.
La constructora
camuflaba como donaciones altruistas al Palau lo que, en realidad, eran mordidas
al partido. Lo hacía mediante pagos en efectivo a los tesoreros de la
formación, pero también mediante facturación falsa de empresas y falsos
convenios de colaboración con la Fundación Trias Fargas, antecedente de
la CatDem.
Del Palau al 3%
Cuando los Mossos d'Esquadra registraron el Palau de la
Música en julio de 2009, Convergència tuvo que cambiar la forma de
lograr financiación. El partido halló en las donaciones a sus
fundaciones el nuevo sistema ideal para camuflar esos supuestos pagos
irregulares, según los indicios acumulados en el caso 3%.
El
sistema funcionó, según la Guardia Civil, al menos desde 2008. En ese
momento, un tripartito de izquierdas gobernaba la Generalitat, pero
Convergència mantenía aún el control sobre importantes ayuntamientos
catalanes. En 2010, Artur Mas se hizo con la presidencia de la
Generalitat. Algunos de los concursos bajo sospecha fueron adjudicados a
partir de esa fecha por Infraestructures.cat, la mayor adjudicataria
pública de la Generalitat.
En el caso Palau solo se ha podido probar la
participación del extesorero Daniel Osácar, aunque la sentencia
explicita que "altos responsables" del partido que no han podido ser
identificados debieron conocer la financiación irregular. El caso 3%
ha permitido ir más allá. Además de Osácar, están imputados su sucesor
en el cargo, Andreu Viloca, pero también el exdiputado, exconsejero y ex
hombre de confianza de Mas, Germà Gordó, así como el ex director general de Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell.
El caso 3% lo investiga desde hace más de tres años un juez de El
Vendrell (Tarragona) por los delitos de malversación, cohecho,
prevaricación, alteración de precios en concursos, grupo criminal,
blanqueo y financiación de partidos políticos. Recientemente, la
Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que se inhiba a favor de la
Audiencia Nacional." (Jesús García, 29/01/18)
"El caso Palaugolpeó por ser el primero y por poner en cuestión el orden establecido. El caso Pujol,
en todas sus vertientes y todas sus ramificaciones, agitó la vida
política y social catalana porque aludía a la persona que presidió la
Generalitat entre 1980 y 2003, Jordi Pujol Soley, y a toda su familia.
Y elcaso 3% impactó porque destapó una tupida red de comisiones ilegales y disparó a la línea de flotación de Convergència Democràtica de Catalunya
(CDC). Los tres casos se han agolpado en los seis últimos años. Los
tres siguen abiertos.
Los tres comparten nombres, apellidos, empresas y
hechos. Y los tres evidencian lo alargada que ha sido la sombra de la
corrupción en el mundo político y empresarial catalán en los 30 últimos
años.
Esta maraña convive ahora en los tribunales y tiene tantos
puntos en común que parece que todo es lo mismo. El caso Palau, iniciado
en 2009, se está llevando en el juzgado de instrucción número 30 de Barcelona;
el caso Pujol arranca en 2012 y por la variedad y amplitud de los
asuntos investigados cuenta con cuatro ramificaciones y otros tantos
jueces: José de la Mata y Santiago Pedraz, en la Audiencia Nacional, el juzgado de instrucción número 31 de Barcelona y el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, y el caso 3%, surgido de la denuncia que presentó en 2013 Monserrat Gasull, entonces concejala de ERC en Torredembarra, se está desarrollando en el juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell.
En todas estas causas y en todos esos juzgados, es donde ahora desfilan
como imputados los hombres y los nombres que antes dirigían la vida
política y empresarial catalana.
De padres a hijos
Porque
esa proliferación de causas está llena de conexiones. La primera data
de mediados de los años setenta, cuando Jordi Pujol Soley y Carles Sumarroca Coixet participaron en la fundación de CDC. Desde entonces, los Pujol y los Sumarroca han estado conectados. Sus respectivas mujeres, Marta Ferrusola Lladós y Nuria Claverol Claverol, inclusofueron socias en la empresa Hidroplant. Y la siguiente generación, la de los hijos, los Pujol Ferrusola y los Sumarroca Claverol, también ha seguido vinculada.
Pero hay más conexiones. Como la de Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente de Cataluña, y la familia Cornadó, también próxima a CDC. Encabeza las vinculaciones el padre, Josep Cornadó Mateu, aunque en esos lazos desempeñó un papel determinante una persona de confianza de la familia Cornadó, Xavier Tauler, amigo íntimo Jordi Pujol Jr.
En 2014, y al calor de las investigaciones puestas en marcha en 2013,
Tauler admitió haber pagado 3,2 millones a Jordi Pujol Ferrusola por
intermediar en determinadas operaciones. Otro amigo íntimo de Jordi
Pujol Ferrusola es quien ha tomado el testigo al frente de los intereses
de los Sumarroca, Carles Sumarroca Claverol.
El relato, sin embargo, no se limita a las personas. Lo que refuerza la red son las empresas de esas familias. Una de ellas es Teyco,
de la familia Sumarroca, investigada desde el momento en que se recibió
la denuncia por un aparcamiento construido en Torredembarra, y a partir
de ahí vinculada con la Fundación Catalanista y Demócrata
(CatDem), el 'think tank' de CDC, investigada a su vez por haber sido
receptora de comisiones ilegales por parte de empresas y sospechosa de
servir como 'caja b' de Convergència.
Otra
compañía señalada es Grupo Empresarial Copisa. Se trata de otra
constructora, de la familia Cornadó, a la que también se vincula con el
pago de comisiones
Las investigaciones estaban llegando tan lejos, que a finales de agosto Convergència reconoció haber recibido dinero de Teyco y otra sociedad de los Sumarroca, Bluegreen Village, aunque Teyco matizó también que no fueron comisiones, sino donaciones. Por el camino, varios de los Sumarroca, como Jordi Sumarroca Claverol, Joaquim Sumarroca Coixet y Susana Sumarroca Dachs, han sido detenidos en el transcurso de las investigaciones.
Otra compañía señalada es Grupo Empresarial Copisa.
Se trata de otra constructora, de la familia Cornadó, a la que también
se vincula con el pago de comisiones. En julio de 2015, el juez de la
Audiencia Nacional José de la Mata manifestó su
convencimiento de que Copisa había realizado "comisiones y pagos
ilegales" a Jordi Pujol Jr. "o su entorno más próximo" para que sus
empresas resultaran beneficiadas.
A su vez, Teyco y Copisa poseen a medias otra sociedad, la promotora inmobiliaria Neu 1500, que no se libra de los escándalos y las investigaciones, hasta el punto de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz vinculó los casos de corrupción de los Pujol y Gürtel a través de esta sociedad.
Hay más sociedades conectadas. Sobresale otra: Natur System. Fundada en 1990 por José Valsells Montagut, proveniente de otra de las grandes familias empresariales catalanas, los Valsells, y por Daniel Osàcar Escrich, es otra de las sociedades que están claramente bajo el foco. No es para menos, porque lo tiene todo.
Segundo, porque Osàcar se convirtió en tesorero de CDC en 2005.
Tercero, porque Natur System se integró en el universo empresarial de
los Cornadó y su sociedad principal, Auró 97, dentro de la cual también está Grupo Empresarial Copisa.
Y cuarto, porque una vez que llegó a Auró, quedó bajo la influencia de Xavier Tauler.
La
lista es todavía más prolongada. Dentro de Auró 97 se cuenta hasta
medio centenar de sociedades y también se sigue la pista de algunas como
Promociones Club de Campo y Club de Ronda, Comapa Centre, Fotovoltaica Alta Operadora o Cedinsa.
El 'desfile' de octubre
Esta acumulación de conexiones, nombres y casos ha estallado definitivamente en una frenética actividad de registros, operaciones, detenciones e imputaciones
en los 10 últimos días de octubre. Ha sido un desfile continuo que ha
evidenciado lo lejos y lo profundo que ha llegado la corrupción en
Cataluña en las tres últimas décadas.
El juez De la Peña ha imputado a Josep Cornadó y Elvira Vidal. Días antes, su persona de confianza, Xavier Tauler, habia sido detenido en la tercera fase de la operación Petrum, que se desarrolla en torno a la trama del 3%. En esa oleada también fueron detenidos el actual tesorero de CDC, Andreu Viloca, y Josep Antoni Rosell, director general de la mayor licitadora de obra pública en Cataluña, Infraestructures.cat, así como los empresarios Jordi Soler, del Grupo Soler, o José Luis Romero, de la constructora Rogasa.
En menos de una semana, a Petrum III le siguió otro despliegue, el de la operación Hades, centrado en el clan Pujol, pero que también se amplió a otras personas, como el vicepresidente del Barça, Carles Vilarrubí, o el presidente de Isolux, Luis Delso.
Contener el contagio en Comsa
Pero
las réplicas van más allá. Otra prueba del terremoto que la trama del
3% está causando en la vida empresarial catalana se está viviendo en Comsa Ente.
Esta constructora, y las decenas de sociedades o participadas que
cuelgan de ella, es fruto de la fusión que protagonizaron en 2009 otra
sociedad de los Sumarroca, Emte, con la de la familia Miarnau, Comsa.
Ante
las crecientes dificultades económicas y financieras que soporta la
empresa, que en 2014 perdió 29,9 millones a los que su auditor,
Deloitte, sumó otros 41 millones, y temiendo que el protagonismo de los
Sumarroca en los casos judiciales perjudique más al negocio, los
Miarnau, que controlan el 70% de la empresa, han tomado definitivamente las riendas del grupo en 2015 para intentar enderezar su marcha,y los Sumarroca, con el 30% restante del capital, han quedado en un segundo plano total.
Jorge Miarnau es
el presidente y sus hermanos Juan y José figuran como consejeros. La
familia Miarnau controla el consejo a través de cuatro sociedades, Sheratan Management y TI 2009, ambas representadas por Jorge Miarnau; Deimos Inversión, representada por Juan Miarnau, y SEP Management, representada por José Miarnau.
Los Sumarroca permanecen con tres puestos en el consejo a través de otras tantas sociedadades. Albert Sumarroca Claverol, el menos expuesto a los casos judiciales, representa a dos de ellas, Balmore Plus y Vilmar One, y la tercera, Fibex Blue,está representada por el abogado Josep Lluís Vilaseca Requena.
Carles
y Jordi Sumarroca Claverol, que todavía firmaron como consejeros las
cuentas de 2013, ya no figuran en el órgano de administración del grupo.
Es lo que hay. En Cataluña, los tiempos y los apellidos ya no son lo que eran." (Pedro Calvo, El Confidencial, 02/11/15)
