La antigua rastreadora del saqueo corrupto: “A Carlos Mazón no le importa recuperar el dinero robado por el PP... hasta que salimos del Gobierno, el Consell consiguió recuperar más de ocho millones de euros para las arcas públicas”... Ana Domínguez, exresponsable de la Oficina de Recuperación de Activos de la Generalitat Valenciana, cifra en 12 millones de euros el dinero pendiente de restituir a las arcas autonómicas por causas de corrupciónv.

 "La Oficina de Recuperación de Activos, el órgano de coordinación creado por el Gobierno valenciano del Pacte del Botànic presidido durante ocho años por Ximo Puig, logró recuperar más de 12 millones de euros y tenía pendiente restituir a las arcas autonómicas otros ocho. Su última responsable, la socialista Ana Domínguez, se muestra tajante ante la decisión del nuevo Ejecutivo del PP y Vox, presidido por Carlos Mazón, de cerrar el organismo: “Lo teníamos prácticamente claro que lo iban a hacer en cuanto llegaran al Gobierno pero es que no han tardado ni un mes”, afirma Domínguez, ex directora general de Relaciones con Les Corts de la Generalitat Valenciana.

Su eliminación ha sido una de las medidas más polémicas de Mazón, quien justificó la decisión por la supuesta “politización” del organismo. Creado durante la primera legislatura del Pacte del Botànic, formado por el PSPV-PSOE y Compromís, el socialista Antonio Torres fue su primer responsable. La Oficina de Recuperación de Activos, adscrita a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, tenía un único objetivo en coordinación con la Abogacía: “Recuperar el dinero que el PP cuando estuvo gobernando robó a los valencianos y las valencianas”, explica Domínguez.

Así, el organismo mantenía un “seguimiento muchísimo más detallado de todos los procesos administrativos y judiciales” susceptibles de recuperar los fondos saqueados por tramas de corrupción como el 'caso Blasco', el desvío de los fondos públicos de la Cooperación valenciana, el 'caso Terra Mítica' o el 'caso Emarsa', entre otros. También se encargaba del seguimiento de las ejecuciones de las sentencias firmes. 

 “El tiempo ha demostrado que la creación de esa oficina tenía mucho sentido, porque hasta que salimos del Gobierno, el Consell consiguió recuperar más de ocho millones de euros para las arcas públicas y tenía pendientes de ingresar, a medida que avanzaban los diferentes procesos, otros cuatro millones de euros”, aduce Ana Domínguez.

Además de esos 12 millones de euros que fueron recuperados por las arcas de la Generalitat Valenciana, en otra procedimientos se estima que que quedan pendientes otros 12 millones adicionales. “Es decir, podríamos acercarnos a los 20 millones de euros”, recuerda Domínguez.

Durante su trayectoria la Oficina de Recuperación de Activos se hizo con 3,3 millones de euros de la red de facturas falsas en la construcción del parque temático Terra Mítica en Benidorm, con dos millones de euros del 'caso Blasco' y con 1,3 millones del 'caso Emarsa'.

En la macrocausa que condenó al exconseller popular Rafael Blasco, el organismo aún tenía pendiente la recuperación de los bienes de su testaferro, el empresario César Augusto Tauroni. “En este momento estábamos detrás y en constante comunicación con las autoridades judiciales de Estados Unidos y Canadá de cómo iba evolucionando el procedimiento de embargo de los bienes de Tauroni, un yate y dos apartamentos”.

El president Carlos Mazón justificó el cierre de la oficina con el argumento de que el nuevo Gobierno de PP y Vox pretende “despolitizar” la recuperación de fondos de corrupción, actuando “con profesionalidad”, para llegar a “todos” los casos. “No hay ninguna eliminación, lo que hemos hecho es despolitizarlo”, adujo Mazón, quien explicó que se había encomendado la tarea a la Abogacía de la Generalitat.

“Evidentemente que diga Mazón que esta oficina es poco menos que un chiringuito da buena cuenta de cómo piensa el PP que funcionan las administraciones públicas”, afirma Domínguez. “Esta oficina nace única y exclusivamente para recuperar el dinero que se había robado por parte de su partido cuando estaban gobernando y lo primero que ha hecho en verano, con nocturnidad y alevosía para que la cosa pase desapercibida, es cargarse la oficina”, agrega su última responsable.

“Me parece una autentica vergüenza que digan a las claras que no les importa recuperar el dinero que sus compañeros de partido y algunos de sus padrinos políticos robaron”, afirma Domínguez en referencia al expresidente Eduardo Zaplana, pendiente de juicio por el 'caso Erial', una causa en la que el Ministerio Fiscal estima que se manejaron 20,6 millones de euros en “operaciones de corrupción”.

“Da buena cuenta de lo que nos espera en los próximos años”, concluye Ana Domínguez."                (Lucas Marco, eldiario.es, 27/08/23)

La candidata del PP a la alcaldía de València elude explicar lo que cobra de la universidad que vendió al Grupo Planeta cuando era consellera de Educación de la Generalitat Valenciana

 "Está en mi declaración, hacemos declaración de bienes todos los años en las Corts y en el Ayuntamiento. Efectivamente soy concejala del Ayuntamiento de València, síndica de las Corts y secretaria general pero tengo un único salario como concejala y como gran parte de concejales del Ayuntamiento de València o del Gobierno valenciano se puede compaginar con algunas clases puntuales siempre y cuando no tengan un componente de salario público”.

 Así respondía este jueves en À Punt la portavoz del PP en València y en las Corts Valencianes, María José Catalá, aspirante a la alcaldía en 2023, preguntada por su sueldo como profesora asociada de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), la universidad que vendió al Grupo Planeta cuando era consellera de Educación de la Generalitat Valenciana.

Català, repreguntada en varias ocasiones sobre la cuantía concreta que percibe, eludió hacer pública la cifra de su remuneración: “Lo que se cobra normalmente por los créditos que imparto. Cobro lo que cobra un asociado, depende del número de créditos que se impartan. No cobro una cantidad al mes, cobro puntualmente cuando se imparte una clase, pueden ver la cifra en mi declaración de bienes”.

Sin embargo, ni en la declaración publicada en el Ayuntamiento de València ni en la de las Corts Valencianes aparece el desglose de la cuantía que percibe. En el caso del documento del Consistorio, además, consta que desde 2017 también colabora con la Universidad Cardenal Herrera y que hizo lo propio entre 2017 y 2019 en el Instituto de Educación Superior EAE, otra entidad vinculada al Grupo Planeta.

De “consultora” a “contratada”

Como informó elDiario.es, recientemente Catalá presentó un escrito en el Ayuntamiento de València comunicando que su relación laboral con la VIU modificaba su naturaleza jurídica. Según el escrito remitido el 2 de agosto, Catalá pasaba de “consultora externa” a “contratada laboral (profesora asociada)”, una acción que, apunta, no supondrá “variación de carga docente, ni de horario, ni de condiciones económicas”, las cuales no se especifican. En 2021, Catalá mantenía la dedicación exclusiva en el Ayuntamiento de València, actividad por la que percibe 74.000 euros brutos e impide que cobre de otras ocupaciones. En 2020 el pleno municipal acordó concederle la compatibilidad para desarrollar la actividad como docente, especialista en diversas áreas, en calidad de “consultora externa”.

En el escrito, Catalá indica que “como profesora contratada a tiempo parcial desarrollará su labor docente exclusivamente en modalidad online, con una dedicación de 24 ECTS [créditos], y en la franja horaria de 18 a 22 horas”, con dos asignaturas cada cuatrimestre a su cargo. La propia concejala ha sido quien ha comunicado al consistorio el cambio, que se produce por razones de organización de la propia universidad, de cuya plantilla pasa a forma parte. Así, el Ayuntamiento da el visto bueno al cambio de lo que se deduce que no existe ninguna circunstancia irregular, lo que aún hace más llamativa la resistencia a dar a conocer su remuneración.

En contraposición, el concejal socialista de Hacienda, Borja Sanjuán, quien también obtuvo el visto bueno para compatibilizar su actividad como edil y como profesor asociado de Ciencias Políticas en la Universitat de València, no tuvo ningún reparo en declarar en el expediente que su retribución como docente asciende a 270 euros al mes, un expediente que analiza la Agencia Antifraude tras una denuncia anónima pese a estar aprobado en el pleno municipal (con el voto favorable del PP) y haber pasado por tanto los pertinentes controles jurídicos municipales.

La VIU se creó en la época de Gobierno del PP como institución académica por la Generalitat Valenciana en 2008 como oferta de formación online. En 2014, cuando Catalá era consellera de Educación, el Grupo Planeta pagó cuatro millones de euros por el 70% de la universidad, en la que el Ejecutivo había invertido más de 30 millones de euros. Planeta, con varias escuelas de negocio en su cartera, fue la única oferta en firme que se presentó al concurso en 2013 y la venta se formalizó en enero de 2014.

Actualmente Planeta tiene el 70% del accionariado, y la Fundación de la Comunitat Valenciana para el Fomento de los Estudios Superiores, el 30% restante. Cuando elDiario.es publicó su relación laboral con la empresa, la parlamentaria rechazó que la actividad pueda considerarse una “puerta giratoria” porque “no la ha fichado la VIU” y continua su trayectoria política en activo como concejal y diputada."                 (Carlos Navarro, eldiario.es, 03/11/22)

El botín de Eduardo Zaplana en paraísos fiscales: 15 millones en comisiones

"Tengo que ganar mucho dinero, me hace falta mucho dinero para vivir”. Así se expresaba —en 1990— un joven Eduardo Zaplana Hernández-Soro (Cartagena, 3 de abril de 1956) en una conversación intervenida por la Policía en el marco del 'caso Naseiro'.

 Dicho y hecho. Al cabo de unos años, el expresidente de la Generalitat Valenciana, exministro de Trabajo y exdirectivo de Telefónica contaba con un botín, al menos, de 15 millones de euros en paraísos fiscales. Todos los fondos provienen de comisiones ilícitas que han aflorado durante la instrucción del 'caso Erial'.

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha puesto a Eduardo Zaplana al borde del banquillo. El auto de transformación a procedimiento abreviado, el paso previo al banquillo de los acusados, desvela que existen fondos por más de 15 millones de euros en comisiones ilícitas que, en parte, no han podido ser recuperados al haber sido intervenidos por las autoridades andorranas. El blanqueador confeso de Zaplana, el uruguayo Fernando Belhot, transfirió al juzgado desde cuentas suizas 6,7 millones de euros, un capital que “era de Eduardo Zaplana”, apunta la magistrada Isabel Rodríguez Guerola.

La banda del exministro del PP se enfrenta a los presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental. La cuadrilla de presuntos saqueadores, coronada por Eduardo Zaplana, era una “organización” cuyos componentes se aprovechaban de los cargos políticos “que ostentaban en el momento de los hechos o habían ostentado a lo largo de varios años” y que con ayuda de empresas pantalla “creadas ex profeso” y de empresarios cercanos al exministro obtuvieron beneficios de contratos públicos hinchados que posteriormente blanquearon a través de una compleja lavadora internacional que pasaba por paraísos fiscales como Luxemburgo, Suiza, Panamá, Andorra o Uruguay, entre otros destinos. 

Procesados “dirigidos” por el expolítico

Los procesados estaban “dirigidos” por el expolítico del PP, indica la jueza instructora. “La forma planificada por Eduardo Zaplana era quedar ante todo oculto en la sombra de todo tipo de actividad, con el fin de eludir posibles responsabilidades y dado que era conocido públicamente y si su nombre apareciera, en cualquier tipo de operación, hubiera alertado inmediatamente, (...) utilizó a sus amigos y conocidos a los que hizo partícipes de los beneficios obtenidos en cantidades mínimas”, reza el auto.

Un “claro ejemplo” es Joaquín Barceló, amigo de la infancia de Zaplana y conocido como Pachano, “al que hizo que figurase con su nombre” en sociedades y cuentas bancarias en España y en el extranjero mientras que el exministro del PP quedaba “al margen formalmente y libre de responsabilidades” (aunque recibía, “eso sí, importantes beneficios económicos”, apostilla la magistrada). Pachano es el “principal testaferro” de Zaplana, sostiene la magistrada.

El extraordinario botín nació del pelotazo de la privatización de las ITV y en la adjudicación del Parque Eólico durante los primeros años de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat Valenciana. “Concursos a la carta”, según la definición de la jueza instructora del 'caso Erial', en los que la empresa Sedesa, de los Cotino, obtuvo importantes comisiones.

El Grupo Sedesa, de la familia del fallecido Juan Cotino, se agenció 86,5 millones de euros de beneficios con ambas adjudicaciones, “por lo que pudieron permitirse el pago de altas comisiones”. Las acciones de la familia Cotino por los parques eólicos se dispararon de un discreto valor inicial de 120.000 euros a 48 millones “en apenas seis años”.

Otro personaje en la trama, también procesado, fue José Luis Olivas, breve sucesor de Zaplana en la Generalitat Valenciana antes de la presidencia de Francisco Camps. “La intervención de José Luis Olivas”, apunta la instructora,“ fue también fundamental” para una operación de introducción en el circuito legal de “fondos de origen delictivo” por 2,8 millones de euros mediante una refinanciación solicitada a Bancaja (presidida en aquel entonces por Olivas) por parte del empresario Carlos Gutiérrez Mondedeu. El expresidente de la Generalitat Valenciana cobró una comisión de 580.000 euros a través de una sociedad de los Cotino. 

Dos personajes clave

La trama contaba con dos personajes clave en el exterior: los blanqueadores Fernando Belhot y Beatriz García Paesa (sobrina del famoso espía), que gestionaban los fondos fruto de “comisiones delictivas” cuya procedencia y origen “desconocían”, dado que “profesionalmente se dedicaban a gestionar patrimonios”. Ambos personajes colaboraron con la Fiscalía Anticorrupción y el abogado uruguayo Fernando Belhot (conocido con el nombre en clave de Sol por los investigadores de la UCO) acabó entregando los 6,7 millones de euros de su cliente. La relación entre Zaplana y sus “gestores” se basaba “en la confianza”, sin contratos y con órdenes verbales.

El auto destaca el papel de la secretaria de Zaplana, Mitsouko Flerida Henríquez, en la recepción de parte de los fondos ilícitos desde el extranjero mediante el “sistema de cambistas”, un método de blanqueo de capitales “muy común en Sudamérica” (los cambistas reciben el dinero y a su vez facilitan la entrega, “siempre en efectivo”, sin dejar rastro). La histórica secretaria del exministro era “conocedora de las actividades delictivas” de su jefe, agrega el auto.

Además, el exjefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, también vehiculó una “parte importante de las comisiones” de los Cotino. García repatrió 2,2 millones de euros en comisiones aprovechando la amnistía fiscal del ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. El auto recuerda otra táctica del exjefe de gabinete de Zaplana para dar “cobertura” al blanqueo de las comisiones: su empresa Dobles Figuras SL firmó un “contrato simulado” con Sedesa para elaborar un boletín interno de la empresa que realmente confeccionaban empleados de la firma de los Cotino.

El asesor fiscal Francisco Grau era el “miembro financiero de la organización” que gestionaba los fondos de la presunta banda criminal. Fue definido por otro de los miembros de la trama, en una comprometedora conversación telefónica intervenida por la UCO, como el “artífice de toda esta ingeniería”. Era, según la magistrada instructora, el encargado de “integrar el dinero de procedencia delictiva”, la última fase del complejo proceso de blanqueo de capitales.
Una amiga íntima y su hermano

Elvira Suanzes, exdiputada autonómica del PP, amiga íntima del exministro, participó junto con su hermano Saturnino en la “ocultación y transformación del dinero de procedencia delictiva que poseía la organización de Zaplana tanto en Luxemburgo como en Andorra”.

Los 2,8 millones de euros blanqueados gracias a la operación del empresario Carlos Gutiérrez Mondedeu con Bancaja fueron a parar en parte a la mercantil Zascar SL de Francisco Pérez, amigo de Zaplana y conocido como Paco Gasofa. La firma, que recibió 225.571 euros, abonaba el alquiler de una embarcación usada por el expresidente de la Generalitat Valenciana para surcar las aguas griegas y adquirir el Naikamo (que luego fue vendido por 5,5 millones). Además, recuerda el auto, los fondos también se usaron para otros “viajes de recreo” por Croacia, Italia o la Costa Azul. Otros 75.000 euros se destinaron a pagar numerosos vuelos a destinos como Praga, Marruecos, Génova, Suiza, Milán, Madeira o Londres, entre otros.

El auto también pone al borde del banquillo a los empresarios Ángel Salas, autor de contratos ficticios para retornar comisiones ilegales tras un “periplo societario”; Pedro Romero, peluquero y presunto blanqueador, y Roberto Bataouche Pérez, implicado en las operaciones en Altea y beneficiario de 143.373 euros “en B”.

El botín sirvió para adquirir, por 1,5 millones, un piso en la calle Núñez de Balboa de Madrid y dos áticos frente al puerto deportivo de Altea, valorados en 1,2 millones de euros. También fincas en La Vila Joiosa por 1,8 millones y vehículos como el todoterreno de alta gama que usaba la esposa de Zaplana, Rosa Barceló. La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha decretado el sobreseimiento provisional para Barceló y para su hija María Zaplana, que se han salvado al no figurar en ninguna de las sociedades mercantiles de la trama del 'caso Erial'.

“No se ha podido acreditar que Rosa Barceló tuviera conocimiento del origen ilícito del dinero utilizado para la compra del vehículo ni tampoco de los otros fondos empleados por Eduardo Zaplana”, advierte el auto. La situación de Rosa Barceló y de María Zaplana contrasta con el procesamiento de la esposa del testaferro Joaquín Barceló, “conocedora desde el primer momento de todo lo que se estaba haciendo”.                 (Lucas Marco , eldiario.es, 2 de junio de 2022)

La Guardia Civil identifica en Andorra seis millones que atribuye a comisiones de Eduardo Zaplana

 "El último de los informes que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha firmado en el caso Erial, y en relación con Eduardo Zaplana, identifica movimientos de al menos 6 millones de euros en bancos de Andorra que asocia a la que, según la hipótesis de los investigadores, era una red financiera organizada por el expresidente de la Generalitat para el cobro de comisiones.

La UCO considera que el entramado de Andorra fue clave para desviar las cantidades cobradas, según ellos, de comisiones ilegales por la adjudicación del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana y de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), y blanquearlas para, posteriormente, repatriarlas a España.

La causa, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, e investigada por la Fiscalía Anticorrupción, cuantifica en unos 10,5 millones de euros estas comisiones.

Una cuenta abierta en un banco andorrano por un posible testaferro de Zaplana, expresidente de la Generalitat y exministro, es una de las claves de esta rama de la investigación. Ese supuesto testaferro abrió en 2004 su cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA) en la que llegó a ingresar más de seis millones de euros, al parecer buena parte en efectivo, y los agentes de la Guardia Civil relacionan estos fondos con posibles comisiones.

 Sin embargo, la Guardia Civil maneja la hipótesis de que este dinero no proceda de las adjudicaciones citadas (ITV y plan eólico), sino que esté relacionado con el parque temático de Benidorm Terra Mítica, una posibilidad que las fuentes jurídicas consultadas consideran aventurada, aunque posible.

El caso Erial, en el que está imputado Zaplana, entre otros, se abrió para investigar un supuesto cobro de comisiones que podría constituir delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

La instrucción afronta este 2021 su fase final, tras el esclarecimiento del supuesto entramado societario que se pudo usar para ocultar los fondos y cuando se acaban de cumplir, este mes de mayo, tres años desde que el expresidente valenciano y exministro fuese detenido.

Según fuentes conocedoras de la instrucción, aunque todavía quedan pendientes varias declaraciones relacionadas con las últimas imputaciones, la intención es finalizarla este año, todo ello sin perjuicio de las diligencias que puedan reclamar las defensas.

La defensa del expresidente de la Generalitat ha solicitado al juzgado que le investiga en el caso Erial que cite a declarar a 10 técnicos que intervinieron en las adjudicaciones de ITV y del plan eólico para que aclaren si, como dice la acusación, sufrieron algún tipo de presión del imputado o de otros en la redacción de sus informes, porque de no demostrarse la manipulación de las adjudicaciones, no cabe pensar que se cobraron comisiones."                   (El País, 04/06/21)

Cotino, brazo corrupto del Opus Dei valenciano

"La rama valenciana del Opus Dei ha visto cómo el coronavirus siega la vida de uno de sus miembros más destacados. Juan Cotino, devoto y soltero hombre de familia, ha sido uno de los supernumerarios de la organización que mayores responsabilidades ha ejercido en el poder político del País Valencià. 

Hijo de un terrateniente agrícola de Xirivella, en su pueblo su clan ha sido el principal filántropo del opusdeísta club Xilvela y su centro deportivo Faitanarsu, donde los adolescentes del pueblo reciben ocio de forma segregada, además de “orientación espiritual”. 

En la discreta Alquería Dolores, una finca familiar en el pueblo, se sitúan históricas reuniones en la trayectoria del PP valenciano. Como el cónclave que precedió a la dimisión de Camps, en el que estuvieron Rita Barberá, Federico Trillo —otro destacado miembro del Opus Dei— y el propio Juan. Cotino acabaría siendo la persona que llevó en su coche particular al expresident a enfrentarse a su cita con los tribunales. Pero no adelantemos acontecimientos

La primera experiencia del eterno soltero en política fue impulsar la conservadora Asociación Valenciana de Agricultores. Para entonces, tanto él como su hermano Vicente ya habían empezado sus negocios agrícolas y en el sector de la promoción inmobiliaria. La matriz societaria, que tuvo la sede social en la casa familiar, se llama Sedesa. Su hermano, Vicente Cotino, capitaneó oficialmente los negocios. 

 Se acabaría convirtiendo en todo un holding dedicado al urbanismo, la promoción inmobiliaria, las energías renovables, los parques eólicos, el sector medioambiental, la gestión de residencias geriátricas, y la explotación minera, actividad con la que en Galiza generó algún estropicio medioambiental que Feijoó se negó a pagar.

No sería hasta los 90 cuando las sociedades de los Cotino empezasen a dar los pelotazos que, de forma más o menos discreta, siempre le han acompañado. Un informe realizado por la agencia de investigación Método 3, y filtrado a la prensa, aseguraba que la familia obtuvo adjudicaciones de obras públicas por valor de 830 millones de euros entre 1998 y 2009. Aunque es notorio que en la mayoría de esas adjudicaciones los Cotino formaban parte de Unión Temporales de Empresas (UTE), en las que se asociaban con diferentes grandes de la construcción.

El citado dossier señala otra irregularidad habitual en los negocios de Sedasa: la elevación de los precios de expropiaciones. Así, detalla que la filial Alquería Dolores SL —originales para los nombres nunca han sido—, solicitó una retasación de una antigua parcela del Parque de Cabecera que le expropió el Ayuntamiento de Valencia en 1998. 

La sociedad pidió 3,6 millones de euros por el suelo, es decir, 24 veces lo que le pagó el Ayuntamiento y cinco veces el valor del justiprecio. Este organismo le reconoció en 2005 a la familia Cotino el derecho a recibir 687.000 euros por una parcela de 13.600 metros cuadrados cuando el Ayuntamiento la había valorado en 148.000 euros. Con la que fue su alcaldesa Rita Barberá al mando, el Ayuntamiento aceptó la petición de retasación y finalmente pagó 255.000 euros a los demandantes.

 

Se sabe que la primera tierra que se removió en ese gran pelotazo que fue Terra Mítica la excavaron las empresas de los Cotino. Pero la cuantía de la fortuna del clan sigue siendo un misterio, en parte por su fuerte desinversión a partir de 2011 —cuando estalló el caso Gurtel—, en parte por encontrarse en paraísos fiscales. Incluidos episodios pintorescos, como cuando su declaración de bienes, siendo conseller de Medio Ambiente, desapareció en 2011 de los registros de la Generalitat sin dejar huella. 

El 23 de abril 2010, Cotino hizo público que tenía 1.907.309 euros en bienes, aunque en 2007 había ingresado 11,3 millones de la venta de sus participaciones en la empresa de su sobrino, según le acusaba la Guardia Civil. Un funcionario sin identificar hizo desaparecer esa declaración alegando “motivos de seguridad”. Oficialmente, Juan estaba desvinculado de Sedesa desde 1991, cuando empezó a ocupar cargos públicos de responsabilidad.

Cotino, servidor público de todos ustedes

En la política institucional empezó siendo concejal en su natal Xirivella en la legislatura 1979-1983, bajo el manto de la UCD de Suárez, aunque no ocupó responsabilidades de gobierno. Tras la disolución de este partido, formó parte del Partido Demócrata Popular (PDP), donde coincidió con nombres como Javier Arenas, Jaime Mayor Oreja, José Ignacio Wert, Vicente Martínez Pujalte y José Manuel García Margallo. 

Con la integración de este partido en Alianza Popular, le llegaría su segunda experiencia institucional —también como concejal—, en este caso de la ciudad de València, en la primera y segunda legislatura de la fallecida Rita Barberá. La exalcaldesa le encargó la responsabilidad de la seguridad ciudadana. Al mando de la Policía local instituyó la policía de barrio, así como una polémica gestión de las fichas policiales, donde pasaron a recabarse la raza y orientación sexual de las personas detenidas.

En esa etapa coincidió con Francisco Camps, que arrancaba también su carrera como concejal de Tráfico y con el que saltaría a la Generalitat años después. Pero antes de sentarse en el Consell, fue reclutado por el entonces ministro del Interior del primer gobierno Aznar, Jaime Mayor Oreja, antiguo camarada en la formación democristiana PDP, para ocupar el puesto de Director General de la Policía (1996-2002). En ese cargo dejó declaraciones escandalosamente racistas, como cuando manifestó que “entre los inmigrantes viene mucha gente de mal”. En su etapa madrileña estrechó lazos con Camps, con el que compartía, además de una profunda devoción católica, domicilio habitual. En aquella época el condenado expresident era Secretario de estado de Administraciones Territoriales.

Precisamente sustituyó a Camps (que ha publicado en El Mundo una sentida despedida a su amigo) en la Delegación de Gobierno de València (2002-2004). Tal vez desde ahí, y con Eduardo Zaplana ya en Madrid, es donde se cimenta la alianza que permitió a Camps irse haciendo poco a poco con el poder interno del PP valenciano. La batalla entre Zaplanistas y Campistas era a muerte, y poco a poco, el sector cristiano que manejaba Cotino fue tomando todas las posiciones. 

Con la primera derrota de Rajoy, se quedó fuera de puestos de responsabilidad institucional, hasta que el ex President de la Generalitat le nombró conseller de Agricultura, pesca y alimentación (2004-2007). Polémicas y recordadas seguro en Aragón fueron sus palabras respecto al proyecto del trasvase. “Les sobra agua para cubrir nuestras necesidades 25 veces”. El proyecto, finalmente, decayó, aunque él fue uno de los abanderados en la lucha contra Zapatero para que lo ejecutase. Es en esa etapa en la que se produjo la visita de Benedicto XVI.

Sus problemas con la justicia

La última presencia de Juan Cotino en la esfera pública se produjo el pasado 9 de marzo. Ese día acudió a declarar como acusado a la Audiencia Nacional. Tan católico como era, su visita al alto tribunal tenía como motivo responder a las acusaciones de desvío de fondos en la visita del Papa Benedicto XVI, desgajada de la Gurtel. Cabe recordar que su hermano Vicente Cotino, se declaró financiador confeso del PP en esa trama. 

En el sumario del pontífice, trece de los acusados principales, entre ellos “El Bigotes”, señalan a su persona (también a Camps) como principales responsables del entramado. “Cotino lo llevaba absolutamente todo, la última palabra sobre todo la tenía él”, declaró Alvaro Pérez “El Bigotes”, en una de las vistas ante el tribunal. Juan Cotino, humilde siervo, se defendía diciendo que él no tenía ninguna responsabilidad y que era “un voluntario más”.

La Fiscalía le pedía 11 años de cárcel en esta causa. El desvío de fondos, estimado en unos 7,4 millones de euros, se camufló en la contratación de las pantallas gigantes que se utilizaron en el evento. Pero los problemas de Cotino con la justicia no terminaban ahí. También aparece en el sumario del caso Erial, que juzga el blanqueo de capitales procedentes de mordidas de las ITV y el Plan Eólico y que tiene como principal imputado a otro expresident, Eduardo Zaplana. Pero del que también sacó tajada su familia."                  (Tomás Muñoz, El Salto, 14/04/20)

El blanqueador confeso de Zaplana: "Nunca le escribí un mail o un WhatsApp porque era extremadamente cauteloso"

"El abogado uruguayo Fernando Belhot, blanqueador confeso del exministro Eduardo Zaplana, retrató al político español en su declaración ante la magistrada Isabel Rodríguez, titular del Juzgado de Instrucción número 8 de València y el fiscal anticorrupción Pablo Ponce. "Era extremadamente cauteloso", dice Belhot.

La relación entre el blanqueador y el expresidente de la Generalitat Valenciana se remonta a 2009, cuando solicitan sus servicios para llevar a cabo una "optimización fiscal" de los activos de varios miembros de la banda de Zaplana. La abogada Beatriz García Paesa, sobrina del famoso espía, puso en marcha las empresas opacas (offshore) en Luxemburgo utilizadas por la presunta red de corrupción masiva y que luego heredó el uruguayo.

De primeras, Belhot les advirtió que "la estructura societaria que tenían en Luxemburgo no me parecía la más adecuada para la optimización fiscal". Andando el tiempo, el abogado uruguayo se da cuenta de que la "figura protagónica" de todo el tinglado era el propio Zaplana. De hecho, el exministro le reconoció que, efectivamente, los activos eran básicamente suyos, según declaró Belhot ante la jueza que investiga el caso y el fiscal anticorrupción.

El blanqueador confeso, que acabó sustituyendo a Beatriz García Paesa al frente de la estructura empresarial, se llevaba una comisión anual de entre el 0,75% y el 1%, además de un bonus de rentabilidad sobre las ganancias de cada ejercicio. Simplemente informaba "tres o cuatro" veces al año porque Zaplana confiaba en su gestión, según declaró ante las autoridades judiciales españolas.

Zaplana era "extremadamente cauteloso", sostiene Belhot, quien jamás se comunicó con el exministro por correo electrónico o WhatsApp. "Con el señor Zaplana, aunque le parezca mentira, durante los nueve años nunca me escribí un mail, nunca me escribí un WhatsApp porque él era extremadamente cauteloso y solamente hablaba con él a un número de celular propio", explica el blanqueador sobre su antiguo cliente.

El expolítico del Partido Popular presentó a su blanqueador a "presidentes de empresas de primer nivel" que cotizan en el Ibex 35 y a "políticos de altísimo nivel" en activo y retirados. "Conocí incluso políticos del exterior, de países latinoamericanos, porque él [Zaplana] pertenecía también a la Fundación FAES, creada por el señor Aznar en donde había contactos con presidentes y políticos de Latinoamérica", dice Belhot.

El abogado uruguayo llegó a conocer a casi todos los colaboradores del expolítico, hoy investigados en la causa Erial. Joaquín Barceló, presunto testaferro de Zaplana según la UCO, "no tenía el nivel de preparación intelectual que podía tener" el expresidente de la Generalitat, y "por eso era un blanco más fácil de engaños.

Fernando Belhot confirmó, a preguntas de la jueza Isabel Rodríguez, que Barceló era testaferro de Zaplana. "Le jugaba mucho su amistad hacia Zaplana, su admiración, (...) y que, en muchos casos, no estaba capacitado para tomar alguna de las responsabilidades que Zaplana le había puesto", declara Belhot. Los subordinados de Zaplana, tal como informó este diario, tuvieron enconados choques y se insultaban entre ellos, un conflicto en el que tuvo que mediar el exministro."               (Lucas Marco, Sergi Pitarch, eldiario.es, 11/02/20)

Así funcionaba la 'lavadora' de Zaplana: dinero desde Luxemburgo a Países Bajos, Dubái, Panamá, Suiza o Hong Kong y de vuelta a España

"Fernando Belhot, reconocido testaferro del expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, utilizó un entramado internacional de empresas para repatriar y blanquear más de 11 millones de euros atribuidos al expolítico de Cartagena y sus socios españoles. 

Según el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fechado el pasado 6 de febrero y aportado al sumario, Belhot, que ya ha ingresado alrededor de siete millones de euros en la causa del juzgado de Instrucción número 8 de València, movió el dinero presuntamente de Zaplana por una decena de países hasta acabar en España a través de transferencias a sociedades, pagos en metálico y compra de propiedades inmobiliarias.

El informe de la Guardia Civil, que ya es parte de sumario de caso Erial, se centra en la empresa Imision Internacional, creada en Luxemburgo y donde los propietario de la empresa Sedesa, la familia del exdirector general de la policía con Aznar Juan Gabriel Cotino, ingresó la comisión por haberles sido adjudicado el plan eólico y de las ITV de la Generalitat Valenciana siendo Eduardo Zaplana presidente, en 1997. La empresa Imision Internacional recibió entre 2005 y 2009 11,2 millones de euros desde cuentas en España y Suiza y directamente en metálico por el propio Juan Cotino siendo el mandamás de la policía, en 2001.

La UCO explica que Imision Internacional, gestionada por Beatriz Paesa (sobrina del mítico espía español), recibió las comisiones fruto de la posterior venta de los derechos sobre el plan eólico y las ITV. La Guardia Civil considera que Imision Internacional era una sociedad vinculada a Eduardo Zaplana, a su antiguo jefe de Gabinete Juan Francisco García y a dos amigos y testaferros, Joaquín Barceló y Francisco Grau. Los cuatro están encausados en el caso Erial.

El informe de la Guardia Civil considera que Imision Internacional "además sirvió para canalizar otros fondos de origen opaco" recibidos desde Andorra y para aglutinar un "amplio conjunto de activos".

En el año 2009, y una vez se habían depositado los fondos en Imision Internacional, es el propio Eduardo Zaplana el que contacta con Fernando Belhot pasa comenzar a mover el dinero a otros lugares con la intención final de repatriarlo a España, según explica la UCO en su informe. El propio Belhot confirma esta petición en su declaración en sede judicial. Los investigadores del Instituto Armado explican que Zaplana "tomó la decisión de liquidar Imision Internacional para realizar un traspaso de la gestión fiduciaria de estos activos de Beatriz García Paesa a Fernando Belhot".

Es en ese momento cuando, a través de la disolución de la empresa Imision Internacional, el dinero se transfiere de distintas operaciones a varias sociedades españolas de los socios de Zaplana -Medlevante, Gesdesarrollos Integrales y Costera del Glorio- y se ingresan 8 millones en una sociedad holandesa del testaferro uruguayo Belhot. "Desde ese momento y a través de un acuerdo verbal, Belhot llevó a cabo la administración fiduciaria de estos bienes", aseguran los agentes de la Guardia Civil.

2,3 millones en metálico para Zaplana

La sociedad holandesa de Belhot se llama Natland. Desde ahí, los ocho millones de euros pasan por sociedades en países como Panamá, Uruguay, Suiza, Dubái o Austria y se van repatriando a España a través de inversiones, transferencias o directamente en metálico.

En su declaración judicial Belhot asegura que "más o menos se le entregó a Zaplana en estos 7-8 años 770.000 euros de una cuenta, 615.000 de la otra y 1.040.000 euros de una cuenta en dólares". "Él -en referencia a Zaplana- nunca fue a recibir dinero, el dinero un 90 o 95% de las veces lo recibía su secretaria la señora Mitsouko Henríquez porque el tema funcionaba", explica el testaferro uruguayo que devela que los pagos se realizaban a través de una agente de cambio.

Esos pagos en metálico y otras transferencias se realizaron desde una decena de sociedades, como explica el esquema de la UCO que reproduce este diario. Desde Natland (Países Bajos) se transfirieron los fondos a la sociedad Desfey (Uruguay), que a su vez repartió el dinero por la empresas Cheer Top Limited (Hong Kong), Belhot González Lerena (Austria), Valcana Enterprises (Suiza-Panamá) y Wepell Corporation (Uruguay). Desde esas sociedades, un agente de cambio entregó dinero en España en metálico y otra parte de los fondos se depositaron en Suiza en una cuenta de Belhot, unos tres millones de euros.

Desde esa cuenta suiza, el dinero se volvió a mover a través de otra decena de sociedades, según el esquema realizado por la UCO que se reproduce arriba. A través de esta cuenta se realizaron inversiones inmobiliarias en España, como la compra de un ático en un puerto deportivo de Altea. El dinero también corrió por sociedades de Alemania, Irlanda, Suiza Uruguay y Gran Bretaña."                       (Sergi Pitarch, Lucas Marco,  eldiario.es, 11/02/20)

La red de mordidas y evasión de capitales que salpica a Zaplana lleva operando más de 20 años

"El informe de la UCO (la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) resulta demoledor para el ex presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, implicado en el caso Erial, una inmensa trama de cobro de mordidas y envío de dinero negro a paraísos fiscales. Desde los momentos iniciales de la investigación, los agentes consideran que la empresa luxemburguesa Imision International está en el epicentro de la red y la relaciona con el “abono de una serie de comisiones de naturaleza ilícita de forma velada”.

“Existen indicios de la vinculación de Zaplana con los hechos que se investigan, especialmente los asociados con la investigación de Imison. Estos indicios se evidencian en dos vertientes diferenciadas: por un lado existen indicios de su conocimiento y participación en las operativas descritas y, por otro lado, de que habría sido uno de los beneficiarios económicos de los activos”, según el informe de la UCO al que ha tenido acceso Diario16.

Eduardo Zaplana fue detenido y acusado de haber participado en la adjudicación irregular de los contratos de privatización de las ITV, en 1998, y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana. También se le imputa haber evadido las supuestas “mordidas”, unos 11 millones de euros, “obtenidas en esta operativa presuntamente irregular”. El análisis de los documentos localizados en el maletín personal de Zaplana durante la entrada y registro en su domicilio –denominados por la UCO como “relato de Medlevante”–, ha permitido tirar del hilo.

Todo apunta a que la red tuvo una “forma de proceder y actuar” prolongada en el tiempo, toda vez que los primeros documentos habrían sido confeccionados en septiembre del 2001 y los últimos en mayo de 2018. En cuanto a la participación de Zaplana en esta gran trama de supuesto cobro de comisiones y desvío de dinero negro a paraísos fiscales, los agentes de la UCO aseguran que la investigación desarrollada sitúa al exministro de Aznar en un plano de jerarquía superior, “tanto en relación a las adjudicaciones concretas” –ostentaba el cargo de presidente de la Generalitat Valenciana–, “como en relación a la gestión del patrimonio ilícito aparentemente obtenido fruto de las mismas”.

A lo largo de la investigación se han recopilado una serie de “operativas” de la UCO en las que se evidencia esta participación “velada y a través de terceros”. Así, la participación de Zaplana se habría materializado “a través de diferentes reuniones personales” con directivos de las empresas implicadas en las que supuestamente “se habrían tomado determinadas decisiones”. Tal como consta en el informe, resulta “recurrente” a lo largo de la investigación la vinculación de Zaplana con determinadas personas en momentos concretos y trascendentales de la investigación de la UCO. Así, considerando un marco temporal que abarca más de 20 años –las pesquisas se inician en 1997–, el análisis efectuado ha permitido situar a Eduardo Zaplana en una gran cantidad de reuniones que precisamente se producen con las personas que, de manera directa y coetánea, estarían participando en la operativa que se investiga: Juan Gabriel Cotino Ferrer, J.M.B.LL., F.G.J. y W.F. Belhot Fierro.

Empresas pantalla

Imison, una empresa sin aparente actividad y creada ad hoc como “sociedad pantalla”, jugó un importante papel como “elemento nuclear” de los hechos que se investigan, “que iría más allá de la precitada instrumentalización”, según la UCO. Los agentes destacan el perfil “offshore” de esta sociedad, que le permitió “disfrazar sus vínculos societarios aprovechando la cobertura legal de confidencialidad para ocultar a los titulares reales y los cambios que se produjeron en relación a esta titularidad; elemento de especial importancia considerando la operativa que tuvo lugar”.

Societariamente, Imison vino a conformarse “de manera velada” dentro de la estructura de Sedesa, otorgándole participación indirecta en las sociedades que precisamente gestionaban los servicios relacionados con la ITV –Valenciana de Revisiones SL– y el PECV –Proyectos Eólicos Valencianos SA–. De la gestión de esos servicios saldrían supuestamente las comisiones ilegales.

Según la UCO, la empresa se instrumentalizó como “vehículo corporativo” a la hora de materializar el pago de las presuntas comisiones, siendo transferida su titularidad desde las personas que supuestamente abonaron las mordidas a los perceptores de las mismas.

Básicamente, Imison se utilizó para canalizar una serie de fondos, aproximadamente 4,8 millones de euros, desde varios productos radicados en el Principado de Andorra. Fondos cuyo origen se establece en una serie de operaciones asociadas a dinero en efectivo. Se constituyó como elemento aglutinador de un amplio conjunto de activos, entre los que se encuentra la participación mayoritaria de la mercantil Medlevante. Es decir, Imison se creó para favorecer el flujo del dinero generado por la trama.

“En concordancia con lo que se venía exponiendo, la mercantil Inversiones Imison SL, como apéndice en España de la sociedad luxemburguesa, se habría instrumentalizado para, a través de una serie de movimientos societarios y compraventas de participaciones, poder justificar el desembolso de fondos y los movimientos monetarios a Luxemburgo que se presumen comisiones ilícitas”, asegura el informe de la UCO.

A tenor de los indicios recopilados, los pagos efectuados por el grupo Sedesa a favor de la sociedad Imison Internartional, por la suma de 6,4 millones de euros, se corresponderían con una comisión desembolsada en atención a determinadas adjudicaciones públicas de los servicios de ITV y PECV. Evidencias éstas que se extienden a los pagos que este mismo grupo empresarial realiza a la otra sociedad luxemburguesa Fenix Investments.

El análisis efectuado ha permitido determinar que los fondos transferidos a Imison por parte del Grupo Sedesa encontrarían su origen en la venta de la empresa concesionaria del servicio de ITV: Valenciana de Revisiones. Este mismo análisis ha permitido determinar que, una vez conformados en Luxemburgo, parte de estos fondos fueron transferidos a la sociedad Fenix Investments, utilizando para ello lo que, a juicio de los policías, se correspondería con “un revestimiento formal carente de justificación real: reconocimiento de deuda y préstamo”. De este modo, J.F.G.G., a través de Fenix, habría sido destinatario de parte de los fondos originados como consecuencia de la venta de Valenciana de Revisiones.

El estudio pormenorizado de las operaciones económicas que se desarrollan no solo determina “la realidad y el desembolso de todos estos activos” que se presumen “objeto del soborno, estableciéndose la trazabilidad de los pagos desde su origen hasta las fases de integración más ulteriores y que se extienden hasta la actualidad”; sino que, además, de este examen se constata la relación de estos activos con el “presunto hecho primitivo que habría sido motivador del desembolso –adjudicaciones públicas concretas–“. En ese sentido, se ha podido determinar que parte de estos activos provienen de los ingresos que obtiene Sedesa por la venta de la empresa concesionaria de la ITV.

“No se ha hallado evidencia alguna de que la transmisión patrimonial con origen en Sedesa y cuyos destinatarios serían las personas investigadas en esta línea –Eduardo Zaplana, F.G. y J.B.– tengan relación y/o se encuentre justificado en relaciones comerciales, actividad profesional ni a vínculos societarios. En este sentido, las evidencias recopiladas a lo largo de la investigación apuntan a lo contrario: que la justificación de esta transmisión se encuentra en el hecho de que se trataría de una compensación económica en atención a determinadas adjudicaciones públicas”. Para los agentes no “consta ardid ni apariencia de negocio en la entrega de activos, como muestra la propia manifestación de la administradora fiduciaria en Luxemburgo, Beatriz García Paesa: “Vicente Cotino le llamó por teléfono y le dijo que las acciones de Imison, la luxemburguesa, pasaban a manos de J.M.B. y las de Fenix a manos de J.F.G.G”.

Las evidencias recabadas señalan que determinadas personas vinculadas al Grupo Sedesa, entre las que se han recogido a lo largo de este informe Vicente Cotino Escrivá o Juan Gabriel Cotino Ferrer –en los términos señalados en relación a cada uno de ellos–, podrían haber hecho, para este caso que se investiga, una “perniciosa administración de las sociedades expuestas, conformando la persona jurídica en un instrumento con el propósito de satisfacer el pago de comisiones”.

La suma total de fondos que se conforma durante los años 2005-2009 en la sociedad luxemburguesa Imison, abonándose mediante transferencias bancarias desde España y Andorra, es de 11.209.028 euros."                     (Diario16, José Antequera, 14/02/20)

Así es la maraña internacional de blanqueo con la que Zaplana ocultó 20 millones de euros

"En el origen fueron dos adjudicaciones de la Generalitat valenciana. La privatización del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y el permiso para instalar y explotar seis parques eólicos en la montañosa geografía de la comarca del Alto Palancia. 

El entonces presidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana cobró, presuntamente, comisiones de ambas. Y de ese dinero surgió una endiablada maraña de sociedades y cuentas bancarias que se extendió por 14 países antes de regresar a España en forma de inversiones inmobiliarias y dinero en efectivo. 

Los investigadores estiman que por el circuito de blanqueo del exdirigente del PP se movieron casi 20 millones de euros. El también exministro de Trabajo niega las acusaciones.

 En la reconstrucción realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, recogida en el siguiente PDF, puede verse cómo el dinero viaja por Luxemburgo, Andorra, Panamá, Holanda, Dubai, Uruguay, Hong Kong, Suiza, Reino Unido, Liechtenstein, Francia, Italia, Alemania e Irlanda antes de acabar supuestamente en manos de Zaplana o en inversiones inmobiliarias a nombre de sus testaferros:

Zaplana cobró, según la Fiscalía Anticorrupción, 6,4 millones de euros de comisiones por las adjudicaciones de las ITV y los parques eólicos al Grupo Sedesa, propiedad del entonces director general de la Policía en el Gobierno de José María Aznar, Juan Cotino, y su familia. El primer paso para hacer efectivo este soborno fue la constitución en Luxemburgo de la sociedad Imison International SA. Esta matriz de la red de blanqueo fue creada en 2001 con 100 millones de pesetas de la época (607.000 euros) que Cotino llevó presuntamente en efectivo al Gran Ducado centroeuropeo. 

La tesis de la Fiscalía se ha visto avalada por el exhaustivo examen de las agendas intervenidas a Zaplana que ha realizado la UCO. En las agendas, que se remontan a 1995, aparecen anotados los encuentros que el exministro mantuvo con Cotino y con sus supuestos cómplices en la red de blanqueo justo antes o justo después de momentos "trascendentales" de las adjudicaciones o de los movimientos de dinero.

Cuatro días antes de que Cotino viajara a Luxemburgo con un maletín lleno de dinero, por ejemplo, Zaplana anotó una cita con él a las 10 de la noche (...)

Para los investigadores ha resultado clave la colaboración prestada por la abogada Beatriz García Paesa, sobrina del exespía Francisco Paesa, que fue quien constituyó para Cotino la sociedad Imison en Luxemburgo. 

Y la del abogado uruguayo Fernando Belhot. Este último no solo ha revelado el circuito opaco por el que corrió el dinero y la entrega de 2,3 millones de euros en efectivo a Zaplana a través de su secretaria de toda la vida Mitsouko Henríquez, sino que hace un año pasado ordenó transferir desde Suiza a una cuenta española designada por el Juzgado de Instrucción 8 de Valencia, que instruye la causa, 6,3 millones de euros. 

Unos fondos que, según los investigadores, eran de Zaplana y Belhot le administraba. El exministro niega que fueran suyos. Pero su agenda refleja múltiples reuniones con el abogado uruguayo que, a lo largo de los años, coinciden con movimientos del dinero de la red de sociedades y cuentas que tienen en común su conexión con la sociedad de Luxemburgo.

El 4 de septiembre de 2015, por ejemplo, Zaplana anota tres reuniones en un lujoso hotel de Madrid con Belhot. Y ese mismo día el abogado envía un correo electrónico a un asesor en el que le da instrucciones para mover 100.000 euros desde la cuenta de una sociedad uruguaya a otra mercantil en Londres. Las tres citas aparecen recogidas en esta otra página de la agenda."          (Ignacio Zafra, El País, 13/02/20)

Juez y parte: el interventor de la Generalitat Valenciana que exonera a Camps de la Fórmula 1 fue auditor delegado cuando se hizo el circuito

"Un informe de la Intervención de la Generalitat Valenciana ha dado un vuelco inesperado a la investigación sobre los sobrecostes en el circuito urbano de la Fórmula 1. Cuando la jueza instructora había decidido procesar al expresidente de la Generalitat Francisco Camps por malversación y prevaricación por estas obras, el informe del auditor público entregado recientemente provocó que el fiscal Anticorrupción solicitara el archivo de la causa por prescripción de los delitos al no haber suficiente perjuicio económico para el agravante. 

Este informe del auditor público clave cambió la versión del Ministerio Público al pasar en tres meses de acusar al expresidente de la Generalitat y a otros imputados a pedir el archivo por prescripción de los delitos. La Abogacía de la Generalitat pedirá con casi total seguridad la apertura de juicio y la Conselleria de Infraestructuras ya prepara un ampliación del informe pericial porque, aseguran fuentes conocedoras del caso, que el interventor se ha dejado más de 40 millones por cuantificar de costes del circuito. Además, señalan, nadie ha acreditado que se hayan reintegrado los más de 90 millones de euros que costó el circuito urbano.

El autor del informe que ha puesto patas arriba la segunda causa de la Fórmula 1 -la primera también fue archivada a petición de la instructora y sin recurso del fiscal- es Ignacio Pérez López, viceinterventor de Control Financiero y Auditoría de la Generalitat. Según su propio currículum vitae, Pérez López fue interventor delegado de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo y posteriormente de la Conselleria de Infraestrcuturas en los momentos clave de la construcción del circuito. Es decir, era quien supervisaba los gastos y la consecución de préstamos entre los años 2007 y 2009 en estos departamentos. 

Según la información en poder de eldiario.es, Ignacio Pérez López era auditor en Hacienda cuando se aprobaron los créditos extraordinarios para la construcción del circuito urbano que concluyó en el verano de 2008. Esos préstamos, como ha venido contando este periódico, se continúan pagando en la actualidad.

Este periódico se ha puesto en contacto con Pérez López pero ha declinado contestar las preguntas propuestas sobre una posible incompatibilidad o sobre si se tenía que haberse abstenido de elaborar el informe para el juzgado y ha remitido al gabinete de prensa. Así, según han explicado, desde Intervención General consideran que Ignacio López Pérez "está totalmente legitimado para formar parte del equipo redactor del informe enviado al juzgado, tal y como ha considerado la jueza y las partes implicadas en el caso". "Intervención le propuso a la jueza un equipo de trabajo formado por un interventor y unos peritos seleccionados todos ellos en función de la materia que se trata", ha argumentado.

El viceinterventor de Control Finaciero y Auditoría de la Generalitat ha sido una pesadilla para la mayoría de izquierdas de las Cortes Valencianas. Pérez López fue el compareciente que en la comisión de investigación sobre el agujero millonario en la empresa Ciegsa -la empresa de construcción de colegios- desmintió las cifras denunciadas por PSPV, Compromís y Podemos. Esta declaración fue la que dio alas al PP para defender los argumentos de que Ciegsa nunca tuvo un agujero de mil millones. 

Pérez López inició su carrera profesional como auditor público en la Intervención del Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa. De ahí y gracias a una administración controlada por el Partido Popular consiguió su entrada en el cuerpo autonómico siendo interventor delegado de la Conselleria de Medio Ambiente. En la actualidad tiene uno de los mayores rangos dentro de la Generalitat."                       (Sergi Pitarch, Adolf Beltrán, eldiario.es, 22/05/19)

Rafael Blasco, exconsejero valenciano, admite que saqueó las ayudas a la cooperación...

"Javier Boix, abogado del exconsejero valenciano Rafael Blasco, estampó ayer su firma en un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción por el que el antiguo dirigente del PP reconoce que se valió de su cargo para malversar decenas de subvenciones de la Generalitat destinadas a proyectos de ayuda al desarrollo, incluida la construcción de un hospital en Haití después del devastador terremoto de 2010, que nunca se llevó a cabo. El Gobierno autonómico ha estimado aquel fraude que ahora juzga la Audiencia de Valencia en 7,8 millones de euros.

La confesión de Blasco, que ya ha cumplido cuatro años de cárcel por la primera pieza separada del caso, tiene un precio: la Fiscalía ha aceptado reducir a tres años y medio de prisión la petición de 16 años que formuló inicialmente en su escrito de acusación.

El ministerio público también ha rebajado ostensiblemente la cantidad de dinero que exigía al exdirigente del PP. En vez de 3,5 millones de euros en concepto de responsabilidad civil —que le reclamaba de forma solidaria junto a los otros dos supuestos cabecillas de la trama—, el fiscal se conforma con que el exconsejero entregue dos inmuebles.

Una planta baja situada en L'Eixample de Valencia, una de las zonas más caras de la ciudad, tasado por Blasco en 600.000 euros. Y una finca rústica en el término municipal de Carcaixent, cuyo valor declarado, admiten fuentes de Anticorrupción, no alcanza los 200.000 euros y vale probablemente menos.

Las condiciones del acuerdo fueron consideradas demasiado ventajosas para las otras dos acusaciones presentes en el juicio, la Generalitat, en calidad de perjudicada, y la Coordinadora Valenciana de ONGD, que ejerce la acusación popular. Ambas rechazaron sumarse al pacto y solicitaron a la Sección Quinta de la Audiencia de Valencia que mantenga la celebración del juicio oral, señalado en principio hasta finales de julio. Los jueces decidirán el jueves si acortan o no las vistas, tras examinar los acuerdos de conformidad alcanzados entre la Fiscalía y los 24 acusados.

Orientado al poder

El ministerio público tiene sus razones para cerrar un acuerdo de tales características con Blasco, considerado uno de los grandes estrategas del PP valenciano, protagonista de una larga travesía ideológica con la proa orientada siempre hacia el poder. Ya fue expulsado hace 30 años del PSOE por un caso de corrupción que no llegó a probarse y fue recuperado por el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana para su Gobierno a finales de los noventa.

 Fuentes de la Fiscalía señalan que el Tribunal Supremo limitó a ocho el número de años a los que Blasco puede ser condenado por los mismos delitos en las tres piezas del llamado caso Cooperación. Como en la primera pieza ya fue sentenciado a seis años y medio por malversar dos proyectos de ayuda al desarrollo en Nicaragua, la pena adicional a la que podría ser condenado en el presente juicio, que abarca las dos piezas separadas restantes del caso, sería de año y medio, salvo que fuera hallado culpable de nuevos delitos.

Y ahí reside la discrepancia con las otras dos acusaciones. La Coordinadora de ONGD y la Generalitat acusan también a Blasco y sus presuntos cómplices de asociación ilícita y organización criminal respectivamente. Unos delitos que la Fiscalía considera difíciles de demostrar, pero que si el tribunal considerase probados supondrían entre cuatro y cinco años de condena.

Es decir, en total hasta siete años y medio de prisión sumando la condena adicional que ambas acusaciones creen que pueden obtener, sin salir de los límites que estableció el Supremo, con una nueva condena, en su versión agravada, de los delitos por los que el exconsejero ya fue condenado en la primera pieza del caso: malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental.

Las defensas presionan a las acusaciones

Las defensas presionaron ayer a la Abogacía de la Generalitat y a la Coordinadora de ONGD advirtiéndoles de que si no se suman al pacto que han alcanzado con la Fiscalía solicitarán al tribunal su condena en costas por actuación "temeraria". El abogado de la coordinadora, Raúl Vidal, respondió que si las ONG fueran condenadas a abonar las costas —lo que incluye gastos procesales y las minutas de los 24 abogados defensores—, podrían acabar pagando más dinero del que Blasco y el resto de acusados han acordado con el Ministerio Público devolver. "Sería el mundo al reves", dijo Vidal.

Entre los expedientes que Blasco y los otros condenados reconocieron haber saqueado figuran proyectos para reducir la violencia sexual contra menores y planes para garantizar la seguridad alimentaria en diversos países pobres."                   (Ignacio Zafra, El País, 20/05/19)

El blanqueador uruguayo de Zaplana ingresa 5,7 millones del botín en el juzgado para cerrar su acuerdo de confesión

"El caso Erial, que investiga el cobro de comisiones por valor de 17 millones de euros del exministro y expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, puede convertirse en uno de los casos de presunta corrupción donde la Justicia recupere un mayor volumen de dinero desviado. 

La rápida y secreta actuación de la titular del juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, María Isabel Rodríguez, y el fiscal Anticorrupción Pablo Ponce asegurando la confesión del presunto blanqueador de Zaplana en Uruguay no solo ha conseguido una demoledora confesión, sino que ha permitido que parte del botín regrese a España. 

Así, y según se selló en el acuerdo de confesión de Fernando Washington Belhot para evitar ser acusado en esta causa, el testaferro y blanqueador confeso ha ingresado 5,7 millones de euros desde Suiza en la cuenta corriente habilitada por el juzgado de instrucción número 8 de Valencia, según han confirmado fuentes de Anticorrupción. Posiblemente, uno de los decomisos de dinero en metálico defraudado por corrupción más importante de la historia de España. 

Belhot debe ingresar en las próximas semanas otros 900.000 dólares americanos (805.000 euros) en la misma cuenta y también con origen en una de las cuentas que la trama tenía en Suiza. En España, la juez y el fiscal han conseguido también recuperar otros 200.000 euros que el blanqueador internacional tenía en una cuenta de un banco español. 

A estos casi 7 millones recuperados en metálico habría que sumar otros 2,3 que también se han embargado en España fruto del decomiso del dinero que el exjefe de gabinete de Eduardo Zaplana, Juan Francisco García, repatrió a través de la amnistía fiscal que impulsó el exministro del PP Cristóbal Montoro. En este caso, hay dinero en metálico, pero también inversiones. 

Por último y para asegurar el decomiso, el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia tiene embargados todos los inmuebles de la inmobiliaria Gesdesarrollos Integrales SL. Hay bienes en Altea, Benidorm y otras localidades de la costa que tienen un valor superior a los dos millones de euros y que también estarían asegurados por la justicia. 

La estrategia seguida por la juez y el fiscal Anticorrupción de llegar a un acuerdo con el testaferro y no acusarlo ha sido fundamental no solo ante el posible juicio, sino para recuperar el dinero. De hecho, en caso de haber embargado las cuentas de Suiza, el dinero habría quedado bloqueado en la Confederación Helvética y difícilmente hubiera podido volver a España.

 De esta manera, ha sido el administrador de la cuenta, el propio Belhot, el que voluntariamente ha devuelto el dinero que presuntamente correspondería al cobro de comisiones."                  (Luca Marco Sergi Pitarch, eldiario.es, 20/05/19)

El Gobierno valenciano paga 128 millones a los bancos por avales públicos fallidos a empresarios en la etapa Camps

"El agujero que los distintos gobiernos del PP en la Comunitat Valenciana, sobre todo de Francisco Camps, todavía lo están pagando los valencianos en la actualidad. Entre 2014 y 2018, la Generalitat ha tenido que abonar a los bancos 128 millones de euros por avales públicos con los que su Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) apoyó a empresarios afines a principios de la primera década del 2000 y que no pudieron devolver por falta de garantías. 

El descontrol absoluto por la administración y el aval de proyectos sin ninguna garantía económica privada provocaron que, con el hundimiento económico, la Generalitat valenciana haya sido la que tenga que asumir el agujero. De hecho, es un rescate encubierto, puesto que los bancos prestaron el dinero a los empresarios y autónomos amigos que fueron avalados por la SGR.

Así, según la información facilitada por la actual SGR, rebautizada como Afín SGR, en 2014 el dinero público pagado por las arcas públicas a los bancos fue de 4,3 millones; 20,4 millones en 2015; 23,9 millones en 2016; 75, 2 millones en 2017 y 4,3 millones en 2018.

Aunque la sangría para la administración valenciana todavía no ha terminado y, según el presidente de Afín SGR, Manuel Illueca, el total en avales que devolver a los bancos puede superar los 140 millones de euros cuando se saneen todos los activos. De momento, la propia SGR no ha podido recupera más de 35 millones: 28 a través de la venta de un paquete de activos que se se adjudicó a un fondo buitre, otros tres por la venta de sus sedes y un número indeterminado de activos comercializados a través de Valencia Urbana.

Unos valores que se han quedado muy lejos del precio real y, sobre todo, del desembolso público que ha tenido que hacer la Generalitat para tapar este fiasco. También por la decisión del Consell del Botànic de salvar Afín SGR. Illueca justifica su apuesta de haber inyectado capital público porque la Sociedad de Garantía Recíproca es un "instrumento fundamental" para ayudar a pymes y autónomos". "En el primer trimestre hemos avalado la misma cantidad -7 millones- que en la mitad de 2018", ha revelado.

Respecto a las entidades más beneficiadas por esta asunción de responsabilidades de la administración autonómica, han sido Banco Sabadell y Bankia los que han percibido alrededor del 50 % de estos pagos. Estas dos entidades son las que mayores reavales de la SGR tenían comprometidos al ser los que asumieron Bancaja y la CAM, las dos cajas de ahorros valencianas fallidas y que también sirvieron como instrumento de financiación de empresarios amigos del poder.

En el pool bancario que ha ingresado importantes cantidades de la Generalitat están CaixaBank, por ser la entidad que adquirió Banco de Valencia, Banco Santander -por haber asumido el Banco Popular- y en menor medida BBVA. 

Illueca se comprometió a principio de la legislatura a encargar una auditoría forense para depurar responsabilidades penales entre los responsables administrativos y empresarios que participaron en las operaciones. Según el presidente de Afín SGR, ya ha trasladado a la directora de la entidad que entregue el documento a la Conselleria de Hacienda, que debe ser la que junto a la Abogacía de la Generalitat los que evalúen las acciones legales a emprender.

De momento, es un documento guardado bajo siete llaves que puede comprometer a cargos de los anteriores gobiernos y a empresarios. Silencio absoluto."                  (Sergi Pitarch, eldiario.es, 25/03/19)