Esperanza Aguirre, la presidenta del Gobierno más corrupto en la historia de la Comunidad de Madrid, sigue indemne... Con dinero público –14 millones de euros– se construyó un campo de golf en Chamberí... En el camino de aquel proyecto excéntrico se perdieron algunos millones de euros que acabaron en manos de familiares de su vicepresidente, Ignacio González... El feo asunto, uno más y no el más grave del mandato de Aguirre, acabó en los tribunales, pero la autora intelectual del proyecto sale sin daño del embrollo judicial... Acudió como testigo al juicio que se celebra en la Audiencia Nacional. Defendió la presunción de inocencia de quien fue durante años su principal colaborador, Ignacio González, y alabó su idea copiada de Tokio y de las películas de abrir un campo de golf en el centro de la ciudad... Sobre los “chanchullos” en la ejecución de la obra, Aguirre no recordaba nada. Sobre el negocio corrupto, Aguirre nunca supo nada. Se enteró de todo por los periódicos, según confesó.... Con estos antecedentes judiciales -el núcleo de su Gobierno condenado o procesado por corrupción y ella misma imputada en varias causas de las que se libró in extremis- cualquier persona se habría retirado avergonzada de la actividad política. Cualquier persona menos Esperanza Aguirre, que sigue dando lecciones de ética desde diarios de sesgo conservador, como The Objective (José Manuel Romero)

"Aguirre dice que fue “una buena idea” construir un campo de Golf en Chamberí: “Mejor que un helipuerto para Bono”

Tuvo la feliz idea en un viaje a Tokio. Vio algo que le gustó y, cuando tuvo poder suficiente como presidenta de la Comunidad de Madrid, ordenó imitarlo. Lo había visto también en las películas. Con dinero público –14 millones de euros– se construyó un campo de golf en Chamberí, un distrito céntrico de la capital. Los vecinos nunca lo pidieron y el Ayuntamiento de Madrid, cuyo alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, era compañero de partido y enemigo íntimo de Esperanza Aguirre, denegó la licencia. El Ejecutivo autonómico aprobó entonces una declaración de interés público para salvar el veto municipal y siguió adelante con la obra. En el camino de aquel proyecto excéntrico se perdieron algunos millones de euros que acabaron en manos de familiares de su vicepresidente, Ignacio González.

El feo asunto, uno más y no el más grave del mandato de Aguirre, acabó en los tribunales. La Fiscalía Anticorrupción pide ahora penas de cárcel para varios ex altos cargos de la Comunidad de Madrid, entre ellos González, y para algunos empresarios que se lucraron con la ejecución de aquella idea de la presidenta.

La autora intelectual del proyecto sale sin daño del embrollo judicial. Acudió como testigo al juicio que se celebra en la Audiencia Nacional. Defendió la presunción de inocencia de quien fue durante años su principal colaborador, Ignacio González, y alabó su idea copiada de Tokio y de las películas de abrir un campo de golf en el centro de la ciudad: “Mejor eso que un helipuerto que solo utilizaba José Bono para ir a su casa”, le contó al tribunal. Sobre los “chanchullos” en la ejecución de la obra, Aguirre no recordaba nada. Sobre el negocio corrupto, Aguirre nunca supo nada. Se enteró de todo por los periódicos, según confesó.  

Esperanza Aguirre atesora el gran mérito de seguir indemne tras haber sido la presidenta del Gobierno más corrupto en la historia de la Comunidad de Madrid.

Su asistente, viceconsejero y consejero de Deportes, Alberto López Viejo, fue condenado en el caso Gürtel a 27 años de cárcel por sus negocios corruptos con la trama que lideraba Francisco Correa. Esa red delictiva logró decenas de contratos a dedo en la Comunidad de Madrid que presidió Aguirre.

Su vicepresidente y consejero de Justicia, Alfredo Prada, fue condenado a siete años de cárcel por prevaricación y malversación de fondos públicos en la construcción del Campus de la Justicia. 

El expresidente Ignacio González, número dos de Aguirre durante su último mandato y su heredero cuando dejó el cargo, está procesado en varias causas de corrupción y estuvo encarcelado nueve meses en 2018 por uno de los casos.

Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid y ex consejero de Transportes y de Presidencia, ha sido condenado en dos causas distintas por amaños de contratos y revelación de secretos. Además, está procesado por la financiación ilegal del PP de Madrid en una pieza separada del caso Púnica.

La Audiencia Nacional mantuvo unos meses imputada a Esperanza Aguirre como presidenta del PP de Madrid, del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y de la fundación del PP-Madrid, Fundescam. En estas tres instituciones presididas por Aguirre, la investigación judicial detectó numerosas irregularidades delictivas por los que están procesados tanto el gerente del PP, Beltrán Gutiérrez, como el secretario general del PP-Madrid, Francisco Granados y la directora general de Medios de la Comunidad de Madrid.

Durante la investigación del caso, la Fiscalía Anticorrupción no halló a ningún responsable político que declarara o probara que Aguirre conocía las irregularidades en los tres órganos que presidía. El juez, previa petición del fiscal, desimputó a la expresidenta madrileña.  

Esperanza Aguirre estuvo imputada en 2014 por un delito de desobediencia. Se dio a la fuga mientras unos agentes de movilidad intentaban multarla tras aparcar con su coche en un carril bus de la Gran Vía para sacar dinero de un cajero automático. El vehículo de Aguirre derribó en la escapada una motocicleta aparcada de uno de los agentes.

Para buscar ayuda en aquella causa que amenazaba su futuro político como candidata a la alcaldía de Madrid, la dirigente del PP se reunió con el decano de los juzgados de Plaza Castilla, José Luis González Armengol, y con el comisario de policía José Manuel Villarejo, uno de los jefes principales de la mafia policial que entre 2012 y 2016 perpetró numerosas operaciones ilegales contra los adversarios políticos del Gobierno del PP.

En esa reunión, grabada por Villarejo, la imputada por desobediencia reclamó apoyo al comisario de Policía, personado como acusación popular contra Aguirre.

Esperanza Aguirre: La clave para mí es que tú no pidas diligencias.

Villarejo: Confía... Nosotros no vamos a pedir nada. O sea, nosotros lo que... Vamos, yo te voy a plantear dos opciones.

Esperanza Aguirre: No, no. La opción es... Cuando yo declare, si es que declaro, o si no declaro... A la vista de lo que hay, no pedir nada más. Eso es lo ideal.

Villarejo: No pedir nada más. E incluso nosotros decir: «A la vista de la declaración de la señora... tal, nosotros no... consideremos que ya está suficientemente aclarado y no pedimos...» Con lo cual, si nosotros no pedimos, que somos la acusación, nadie va a pedir.

Villarejo: Esto no se lo digas a tus abogados. A tus abogados diles que nosotros somos unos hijos de puta y unos duros... Porque los abogados largan mucho.

Esperanza Aguirre: No, no. A mis abogados no les digo nada.

Aguirre evitó el juicio porque entró en vigor una reforma del Código penal aprobada por el Gobierno del PP en julio de 2015 que despenalizaba ese tipo de faltas.

Con estos antecedentes judiciales -el núcleo de su Gobierno condenado o procesado por corrupción y ella misma imputada en varias causas de las que se libró in extremis- cualquier persona se habría retirado avergonzada de la actividad política. Cualquier persona menos Esperanza Aguirre, que sigue dando lecciones de ética desde diarios de sesgo conservador, como The Objective. La comentarista política escribió hace poco en ese medio: “Cuando se descubre que un colaborador ha delinquido, lo lógico y lo honesto es dimitir del puesto en el que te han colocado los ciudadanos, como hizo Willy Brandt y como hice yo, cuando fue detenido el que había sido mi vicepresidente en la Comunidad de Madrid, y eso que, casi nueve años después, aún no sé por qué le detuvieron”.

Aguirre no sabe (eso dice) por qué detuvieron y encarcelaron a Ignacio González. Eso le llevó a dimitir de sus cargos en 2018. Pero muchos años antes, desde febrero de 2009, gran parte de su equipo de colaboradores principales había sido imputado por corrupción vinculada a la gestión del Gobierno que ella misma presidía. Y nunca dimitió del puesto en el que le habían colocado los ciudadanos." 

(José Manuel Romero , eldiario.es, 23/10/26) 

El régimen corrupto de Aguirre se 'sienta' en el banquillo... Aguirre ha presidido el Gobierno autonómico más corrupto de toda España desde la restauración de la democracia... Aguirre, como saben, no destituyó a su corrupto favorito. Lo mantuvo de vicepresidente y luego lo designó como su sucesor... Aguirre lo bordó. Montó un régimen definido por la corrupción política, mediática y judicial. Y la adjudicación del campo de golf del Canal de Isabel II, la pieza del caso Lezo por la que está siendo juzgado Ignacio González, es la historia que mejor ejemplifica lo ocurrido... Aguirre ha presidido el Gobierno autonómico que más dinero dedicó a la compra de voluntades mediáticas de toda España desde la restauración de la democracia... En mayo de 2009, la asociación vecinal Parque Sí en Chamberí presentó una denuncia ante la Fiscalía de Madrid, que entonces dirigía Manuel Moix... ¿Saben lo que hizo el fiscal Moix con la denuncia? Se fumó un puro... este tío está en la Fiscalía del Tribunal Supremo, con la máxima categoría de la carrera fiscal (Manuel Rico)

"Esta semana se ha sentado en el banquillo de la Audiencia Nacional Ignacio González, el corrupto favorito de Esperanza Aguirre durante bastantes trienios. Pero, metafóricamente, a quien se juzga no es solo a un saqueador del dinero público, es a un régimen entero. El régimen corrupto de Aguirre.

Es sabido que Esperanza Aguirre llegó a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en 2003 tras un acto de corrupción política: la compra de dos diputados elegidos en las listas del PSOE, el tamayazo. En las ferias de ganado hay tres formas de cerrar una transacción: el trato directo entre comprador y vendedor, la puja o la compra intermediada. En esta última, una tercera persona negocia o ejecuta la operación. Imagino que a Aguirre el trato directo le pareció demasiado obsceno, así que en el tamayazo se optó por el método de la compra intermediada.

Si un Gobierno nace de un acto de corrupción democrática, son muchas las posibilidades de que esa forma de actuar se convierta en algo estructural. Aguirre lo bordó. Montó un régimen definido por la corrupción política, mediática y judicial. Y la adjudicación del campo de golf del Canal de Isabel II, la pieza del caso Lezo por la que está siendo juzgado Ignacio González, es la historia que mejor ejemplifica lo ocurrido.

El 27 de abril de 2007, la revista Tiempo publicó un reportaje titulado Adjudicaciones bajo sospecha, que arrancaba con el siguiente texto: "El vicepresidente de Madrid adjudicó a un socio de su hermano y de su cuñado la explotación de un campo de golf en el centro de Madrid. La empresa beneficiada carecía de experiencia en el sector y tenía una actividad mínima". Allí estaban todos los nombres y todos los datos: la empresa adjudicataria (Tecnoconcret), el testaferro (José Antonio Clemente), el hermano (Pablo González), el cuñado (José Juan Caballero Escudier) y la sociedad donde los tres eran socios (Tamanaco 07 Consulting). Como siempre hay gente que entiende las cosas mejor si le haces un croquis, en la revista se tomaron la molestia de incluir un didáctico esquema visual, con sus flechitas y todo para explicar las relaciones de la trama. [Reproduzco a continuación el pdf de aquel artículo, que guardo con cariño, porque después de 36 años de profesión es uno de los trabajos periodísticos de los que estoy más orgulloso. Al final les explicaré por qué. Evitaré ahora el spoiler]. 

 Si Esperanza Aguirre hubiese sido una de las doce personas más idiotas de Europa Occidental en aquel momento, leyendo el artículo o interpretando el croquis habría concluido que tenía como vicepresidente a un corrupto. Utilizo el término "idiota" en la primera acepción del diccionario de la Real Academia Española: "Corto de entendimiento". Los conceptos "doce" y "Europa Occidental" los uso en su sentido clásico.

La realidad es que Esperanza Aguirre no era una de las doce personas más idiotas de Europa Occidental, pero tampoco necesitaba que nadie le explicase que Ignacio González era un corrupto. Por eso precisamente lo seleccionó como su número dos. No lo eligió por ser el nuevo Demóstenes hispano ni por la elegancia de su coletilla en la nuca. Lo escogió para que le construyese y vigilase el estanque donde pudieran retozar alegremente todas las ranas corruptas que fue amamantando con dinero público. Aguirre, como saben, no destituyó a su corrupto favorito. Lo mantuvo de vicepresidente y luego lo designó como su sucesor.

No me extenderé en la corrupción política de aquel régimen porque se ha escrito ya mucho y se podrían llenar bibliotecas. Baste la conclusión: a falta de prueba en contrario, Aguirre ha presidido el Gobierno autonómico más corrupto de toda España desde la restauración de la democracia.

Así que pasemos a la corrupción mediática.

Si un medio de comunicación aporta pruebas tan contundentes como las de aquella investigación de Tiempo sobre la persona de máxima confianza de quien entonces tenía ínfulas de lideresa de la derecha española, podría pensarse que los demás medios informarían sobre el asunto o incluso harían sus propias investigaciones. Con el término "pruebas" me refiero a lo que en el periodismo de antes se consideraban pruebas: nombres, fechas y lugares exactos respaldados con algún soporte documental. No estoy hablando de que un escolta haya escuchado en una cafetería de un hotel que algún primo de la mujer de un alcalde se mete el dedo en la nariz. Que hay individuos que escriben sesudas exclusivas de ese estilo y piensan que han inventado el periodismo de investigación.

¿Qué ocurrió con aquella información sobre González? Que la prensa comprada por Aguirre la ocultó. González dio una rueda de prensa el día que se publicó el artículo de Tiempo, explicó que allí no había nada que ver, y ordenó que circulasen. Y obedientemente circularon. Les voy a poner solo un ejemplo, mi favorito: El Mundo de aquel día. El tema aparece en la sección de Madrid (no iban a abrir el periódico con esa minucia), lleva como titular Polémica por el campo de golf y aparece por debajo de lo que consideraron la noticia más relevante de la jornada: Los niños nacerán en Aranjuez. Por si hay incrédulos, aquí va un pantallazo.

¿Polémica? Polémica es si fue penalti lo del domingo. Lo del corrupto favorito de Aguirre era un escándalo de libro. Un escándalo con todos los nombres y hasta un croquis para que lo entendieran los memos. Pero ay, amigo, el Gobierno madrileño ponía la pasta para poder repartirse luego los generosos bonus. Y aquí les recomiendo un ejercicio de agudeza visual: comprueben quiénes eran los directores de los principales periódicos de derechas de la capital en abril de 2007 y verán que siguen entre nosotros dando lecciones de periodismo un día sí y otro también.

Sea como fuere, la explicación de por qué un jefe de un periódico podía considerar un bombazo informativo que los niños nacieran en Aranjuez mientras permanecía con cara de estatua romana al enterarse de las andanzas del corrupto favorito de Aguirre es muy simple. Entre 2008 y 2011, el Gobierno madrileño gastó 220 millones en publicidad. 220 millones. A falta de prueba en contrario, Aguirre ha presidido el Gobierno autonómico que más dinero dedicó a la compra de voluntades mediáticas de toda España desde la restauración de la democracia.

Vamos por la tercera: la corrupción del sistema judicial. O, para ser más precisos en este caso, la corrupción fiscal.

En mayo de 2009, la asociación vecinal Parque Sí en Chamberí presentó una denuncia ante la Fiscalía de Madrid, que entonces dirigía Manuel Moix. Dicha asociación llevaba más de dos años luchando contra la decisión del Gobierno de Aguirre de construir un campo de golf de nueve hoyos en los terrenos de los antiguos depósitos de agua del Canal de Isabel II. La detallada denuncia vecinal iba respaldada por documentos del Registro Mercantil donde constaban todos los datos relevantes del caso. ¿Saben lo que hizo el fiscal Moix con la denuncia? Se fumó un puro.

Perdón, fumarse un puro habría sido un acto de decencia comparado con la indecencia de Moix. El señor fiscal abrió unas "diligencias de investigación", en las que no realizó investigación alguna, ni con diligencia ni sin ella. Pero tuvo la enorme cara dura (en mi opinión una cara dura delictiva al ocultar un caso de corrupción) de concluir en su decreto de archivo que no existía "indicio o rastro alguno que permita, siquiera, la más leve sospecha de que se hubiera producido algún tipo de sugerencias, insinuaciones, presiones o similar por parte del vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, a fin de que las decisiones adoptadas lo fueran en un determinado sentido".

“Ni la más leve sospecha”. Un tío que aprobó unas oposiciones a fiscal. Un tío que juró hacer cumplir la legalidad. Un tío que aparentemente sabía leer y escribir en español. ¿Pues saben qué es lo más grave que ocurrió con este tío? No que tuviera que dimitir por tener una empresa en Panamá, que eso también pasó. Lo más grave es que cuando el corrupto favorito de Aguirre fue detenido por la UCO en abril de 2017, cuando los agentes corroboraron punto por punto la información de la revista Tiempo en la que se basaba la denuncia que Parque Sí en Chamberí presentó ante el fiscal Moix, este tío no huyó a Australia escondido de polizón en un barco. No solo eso, querido lector, querida lectora. A este tío, hoy, cuando escribo estas líneas, el 16 de octubre de 2026, usted y yo le seguimos pagando la nómina. Sí, porque este tío está en la Fiscalía del Tribunal Supremo, con la máxima categoría de la carrera fiscal.

¡Del Tribunal Supremo! "Ni la más leve sospecha". Y luego nos extrañamos de que quieran robarle el voto a 163.000 compatriotas.

Esto es lo que se sentó en el banquillo de la Audiencia Nacional esta semana. Físicamente, allí se encuentra Ignacio González; metafóricamente, está el régimen corrupto de Aguirre: la superpoblación de ranas chapoteando en el estanque con el dinero público robado, los medios comprados, el fiscal servil que tapa la corrupción.

Una pregunta para finalizar. ¿A ustedes no les parece absolutamente alucinante que esta señora, con el currículum que tiene, se pasee a diario por los platós de televisión hablando del bien y del mal? España es un país asombroso.

Postdata. Un apunte personal, si me lo permiten. Como escribí antes, la investigación sobre Ignacio González es uno de los trabajos periodísticos de los que estoy más orgulloso. Por la historia en sí, pero sobre todo por la gente que me permitió conocer. Las maravillosas personas de la asociación Parque Sí en Chamberí, que lucharon incansables durante una década para que no les saquearan su dinero como contribuyentes y sus espacios verdes. Las diputadas Inés Sabanés y Reyes Montiel, que se partían la cara para que se conociera la verdad, en la Asamblea frente a Aguirre y también en su organización, IU de Madrid, dominada entonces por otro clan corrupto. Javier L, al que la mafia amenazó y persiguió, hasta que lograron que se marchase de Madrid. Juan Carlos F, un simpatizante del PP honrado a carta cabal. Y aquellos agentes de la UCO que investigaron y detuvieron al corrupto preferido de Esperanza Aguirre." 

(Manuel Rico , Público, 16/10/26, enlaces en el original)

Una red clientelar del PNV facturó 503 millones a las residencias forales de mayores que presidía Pradales, por gestionar los recursos asistenciales para personas mayores de los que la Diputación Foral de Bizkaia es titular. Pero el ente solo ejerce de titular dado que tiene externalizada la gestión a empresas privadas. Hasta 33 de esos recursos, con 2.024 plazas, están en manos de los tres grupos afines al PNV, una cifra que supone el 75% de los recursos y el 70% de las plazas. El reparto de esos 503 millones dibuja el mapa de la fontanería jeltzale en los cuidados de Bizkaia... Pradales al frente de Azpiegiturak, contribuyó a la privatización de los servicios públicos para personas mayores del ente foral y convirtió a la Diputación en cliente cautivo de la red clientelar jeltzale en el sector... Tres grupos distintos, un solo circuito de excargos públicos en la práctica. Todos comparten patronal, y en los consejos y las direcciones de sus mercantiles se sientan exburukides, exdiputados, exdirectores de los institutos forales de asistencia social y exresponsables del Departamento de Acción Social. La cifra es la punta del iceberg del negocio de los cuidados de las redes clientelares del PNV... Mientras la privatización de los servicios asistenciales para personas mayores genera ingentes beneficios a las redes clientelares jeltzales, denuncian que el servicio se ha precarizado (Ahoztar Zelaieta)

 "Tres grupos empresariales afines al PNV han facturado 503 millones de euros al ente público foral Azpiegiturak entre 2012 y 2025 por gestionar los recursos asistenciales para personas mayores de los que la Diputación Foral de Bizkaia es titular. De ellos, 407,8 mientras Imanol Pradales presidía Azpiegiturak, hecho que ocurió entre el 21 de septiembre de 2011 y el 8 de abril de 2024. Las cifras proceden de las memorias de las cuentas anuales y de los presupuestos recabados por Hordago-El Salto del ente que tiene por objeto “la proyección, construcción, conservación y gestión de infraestructuras empresariales, residenciales, sociales y deportivas en Bizkaia”.

Pradales elige cuidadosamente sus palabras cuando sostiene que la “competitividad empresarial y la estabilidad institucional son los motores necesarios para financiar y sostener los servicios públicos, rechazando modelos de gestión exclusivamente estatales”, o cuando define la colaboración público-privada como un mecanismo “para garantizar y expandir el modelo de bienestar vasco”. Al frente de Azpiegiturak contribuyó a la privatización de los servicios públicos para personas mayores del ente foral y convirtió a la Diputación en cliente cautivo de la red clientelar jeltzale en el sector.

De Azpiegiturak dependen 44 recursos asistenciales –15 residencias, 26 centros de día y tres centros de servicio de apoyo a la permanencia en el hogar– con alrededor de 2.888 plazas para personas mayores. Pero el ente solo ejerce de titular dado que tiene externalizada la gestión a empresas privadas. Hasta 33 de esos recursos, con 2.024 plazas, están en manos de los tres grupos afines al PNV, una cifra que supone el 75% de los recursos y el 70% de las plazas.

Azpiegiturak es titular de 44 recursos asistenciales para personas mayores y no gestiona directamente ninguno de los 33 que están en manos de los tres grupos afines al PNV

El reparto de esos 503 millones dibuja el mapa de la fontanería jeltzale en los cuidados de Bizkaia. La alianza URBIVA encabeza la facturación con 247.262.455 euros y está a cargo de 12 centros que suman alrededor de 1.010 plazas. Igurco ha cobrado 163.217.154 euros y gestiona otros 12 centros con 746 plazas. Residencias Nostem suma 92.495.362 euros por dos centros con 268 plazas. Tres grupos distintos, un solo circuito de excargos públicos en la práctica. Todos comparten patronal, y en los consejos y las direcciones de sus mercantiles se sientan exburukides, exdiputados, exdirectores de los institutos forales de asistencia social y exresponsables del Departamento de Acción Social.

La cifra es la punta del iceberg del negocio de los cuidados de las redes clientelares del PNV en el sector de las residencias de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, más si cabe teniendo en cuenta que los datos públicos de Azpiegiturak correspondientes a 2023 son parciales y representan solamente el 20% del total de la facturación de ese año.

URBIVA: 229 millones y el asesor de Acción Social que pasó a cobrarlos

Para la secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, “los cuidados se han convertido en un negocio y las empresas privadas, algunas ligadas al PNV, se benefician”. En términos similares se han pronunciado ELA y ESK, la Asamblea de Mujeres Pensionistas que milita en el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, distintos colectivos feministas y las trabajadoras que en 2023 encadenaron huelgas y ayunos rotatorios frente a la Diputación.

La primera beneficiaria de esas externalizaciones, la alianza empresarial URBIVA, se compone de tres grupos: Babesten (creada en 2009), Urgatzi (fundada en 1994) y Vitalitas (constituida en 2009).

Bajo la denominación de Babesten, el grupo gestiona residencias forales como Ormabarrieta (Bermeo), el centro de día Isozaki-Atea (Bilbao) y dos centros más en Zalla. A través de varias UTE, Babesten también gestiona el centro de día Bizigura de Abanto-Zierbena, las residencias con centro de día Bizkotxalde (Basauri) y Gazteluondo (Bilbao), la residencia Marcelo Gangoiti (Muskiz) y la residencia Albiz-Santiago Llanos (Sestao), todas ellas de titularidad de Azpiegiturak.

Entre 2013 y 2023, el representante de Babesten fue Eusebio Larrazabal, miembro del Bizkai Buru Batzar (BBB) –la dirección del PNV en Bizkaia– entre 2012 y 2016. Previamente había sido alcalde de Zeanuri, diputado foral del Departamento de Empleo y Formación y asesor general de Acción Social de la Diputación de Bizkaia. Abandonó ese último cargo público justo cuando saltó a dirigir el grupo Babesten, es decir, cuando pasó de diseñar la política asistencial foral externalizadora a estar en nómina de una firma beneficiada por la privatización.

La puerta ha girado en los dos sentidos. Cuando Larrazabal comenzó a liderar Babesten, en el grupo se integraron dos mercantiles creadas para operar en el sector, Egoitz Alai y Katillotxu, ambas dirigidas por el exburukide Asier Atutxa. Para la expansión en Araba ficharon a José Luis Alonso, hasta entonces en la dirección del Instituto Foral alavés de Bienestar Social. Y como directora de la residencia de Sestao que gestionaban, titularidad de Azpiegiturak, colocaron a Nerea Ahedo, quien años después pidió la excedencia al ser nombrada senadora del PNV. Una de las directoras de recursos humanos de Babesten fue Txaro Rodrigo, antes de ser nombrada directora general de Atención a la Dependencia de la Diputación de Gipuzkoa. 

Eusebio Larrazabal dejó la asesoría general de Acción Social para dirigir Babesten: pasó de diseñar la externalización del sector público a estar en nómina de una firma privada que se beneficia de ella

Larrazabal ocupó además la vicepresidencia de la Asociación de Empresas Gestoras del Servicio de Ayuda a Domicilio Público de Bizkaia cuando se creó en 2013. La asistencia a domicilio es la otra área de recursos públicos donde el grupo URBIVA a través de Urgatzi factura importes millonarios a más de medio centenar de ayuntamientos, y en otras ocasiones a través de Aztertzen, una firma que además ha recibido cerca de 12 millones del programa Euskadi Next. Pero las relaciones de personalidades del PNV con los operadores sociosanitarios no terminan aquí.

Urgatzi y Vitalitas: el nombre que preside las dos patronales

La revista Pikara, en su artículo Obreras del cariño, las ‘kellys’ de los cuidados, ya apuntó en 2017 a las conexiones jeltzales del operador Urgatzi, que gestiona recursos de Azpiegiturak como el centro de día Berria de Sestao y la residencia Larrabarrena de Sondika. Entre los fundadores de Urgatzi figura el hermano de una exteniente alcalde del PNV en Otxandio.

Urgatzi nunca ha ocultado su afinidad con los burukides jeltzales. Cuando falleció Javier Atutxa, expresidente del Bizkai Buru Batzar, el operador insertó en los medios una esquela de homenaje. Era el padre de Itxaso Atutxa, expresidenta del BBB, y, por lo tanto, suegro del presidente del PNV, Aitor Esteban. Durante el 30 aniversario de Urgatzi, celebrado en el Bilbao Arena en noviembre de 2024 con más de 700 asistentes, diversos cargos públicos del PNV posaron en el photocall del acto, tal y como recogió el diario jeltzale Deia.

Otro operador integrado en URBIVA, Vitalitas, está a cargo de la residencia Abeletxe de Ermua, de la que es titular Azpiegiturak. El hombre que cose la alianza entre los operadores de URBIVA es Juan Carlos del Campo, representante de Urgatzi y consejero de Vitalitas, que además aparece en los consejos de administración de empresas vinculadas a los jeltzales Eusebio Larrazabal y Asier Atutxa. Del Campo asumió la presidencia de la Asociación Empresarial de Gestores de Centros Asistenciales (GESCA) cuando se creó en 2012 y también la de la Asociación de Empresas Gestoras del Servicio de Ayuda a Domicilio Público de Bizkaia en 2013. El mismo hombre al frente del grupo, de la patronal de las residencias y de la patronal del servicio a domicilio.

Igurco: 154 millones y el diputado de Acción Social

El segundo operador favorecido con las privatizaciones en Azpiegiturak, Igurco, se creó en 2002. Gestiona la residencia José María Azkuna de Amorebieta-Etxano, las residencias con centro de día Bilbozar y Zorrozgoiti (Bilbao), los centros de día San Adrián y Otxarkoaga (Bilbao), el servicio de apoyo Etxaniz y el centro de día Etxaniz (Bilbao), el centro de día Plazakoetxe de Galdakao, el centro de día Aiboa en Getxo, el centro de día Estartetxe de Leioa, un centro de día en Ugao y otro en Ondarroa.

Igurco está controlada por IMQ, miembro de GESCA, y había sido la división de salud del grupo constructor Urazca, fundado por Javier Uría, exalcalde del PNV en Zeberio y padrino de las carreras políticas de los burukides Aitor Esteban e Itxaso Atutxa.

Tampoco faltan aquí las personalidades del partido. El director de desarrollo de negocio de IMQ desde 2024, el jeltzale Sergio Murillo, fue diputado de Acción Social en Bizkaia hasta 2023, el cargo que debería fiscalizar a los operadores privados desde la Diputación. Murillo ha sido director gerente de la residencia Orue de Igurco, en Amorebieta-Etxano, en dos periodos: 2006-2011 y 2023-2025. La residencia estuvo gestionada por una empresa de la que fue consejero Carlos Javier de Andrés (2007-2010), director general de la editorial del diario jeltzale Deia desde 2010.

Como director de operaciones de Igurco (grupo IMQ) trabajó Iñaki Isasi, miembro del Bizkai Buru Batzar del PNV entre 2013 y 2017, exteniente alcalde de Arrigorriaga (1999-2007) y exdirector de proyectos del ente foral BEAZ (2009-2011). Entre 2011 y 2017, Isasi tuvo responsabilidades en otro operador del sector de las residencias, Sar Quavitae, y por ello dos trabajadoras despedidas de la residencia Miraflores, gestionada por esa firma, dejaron carbón en la entrada de Sabin Etxea, la sede central del PNV. Las trabajadoras querían denunciar que “el modelo de servicios sociales del PNV permite que la calidad vaya en detrimento de los usuarios, mientras sus asociados se lucran”.

José María Iruarrizaga, diputado de Hacienda de Bizkaia hasta 2023 y ahora asesor en la Diputación, llegó a compaginar su cargo público con el de apoderado de Igurco, asesorada legalmente en los últimos años por el jeltzale Javier Balza, exconsejero de Interior del Gobierno Vasco. Por el consejo de IMQ desfilaron dos exconsejeros del Gobierno Vasco que hoy dirigen el grupo sanitario privado Keralty: Jon Darpón, exconsejero de Salud, y Jon Azua, consejero de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social entre 1985 y 1987 y después vicelehendakari. En Keralty les acompañan dos exviceconsejeros de Salud: José Andrés Gorricho y Fátima Ansotegi, esta última compaginando su cargo como teniente alcalde en Sondika. 

EH Bildu critica un “negocio enorme” con “datos que dan miedo”, mientras Elkarrekin Podemos apunta al “secuestro de la gestión de los equipamientos públicos” de Azpiegiturak, “la mayoría” en manos de “la misma gente” con “ánimo de lucro”. A este respecto, en el pleno de las Juntas Generales de mayo de 2026 se conoció que el 72% de las residencias de Bizkaia tuvo un expediente sancionador en 2025, y que los expedientes pasaron de 28 en el año 2024 a 114 en 2025.

Nostem: 86 millones, un exdiputado general y el extesorero del PNV

El tercer grupo beneficiado con las privatizaciones de Azpiegiturak, Residencias Nostem, se creó en 2005, forma parte del grupo DomusVi y también es miembro de GESCA. Está a cargo de las residencias con centro de día Arandia (Arrigorriaga) y Las Laceras (Balmaseda), ambas de Azpiegiturak. DomusVi es tristemente conocido en Madrid como protagonista de titulares en torno a los 7.291 muertes en las residencias durante los “Protocolos de la vergüenza”. 

Como consejero de Residencias Nostem entre 2010 y 2019 figuró Josu Bergara, exdiputado general de Bizkaia. En el operador ha invertido además el grupo Talde, presidido por José María Zalbidegoitia, extesorero del PNV. 

Por su lado, GESCA está formada por las ya mencionadas Babesten, Urgatzi, Vitalitas, IMQ-Igurco y DomusVi –matriz de Residencias Nostem–, así como, entre otras, por Naguspea, operador que también gestiona centros de Azpiegiturak, y por Caser. Esta última fichó como apoderado a Iñigo Lasuen, exalcalde del PNV de Otxandio, fundador en 2006 de varias operadoras privadas del sector como Biharko y vicepresidente de la patronal guipuzcoana de las residencias, GAREN, desde su constitución en 2015. Biharko no ha estado exenta de polémicas e incluso sanciones por las condiciones laborales de sus trabajadoras y el trato a los residentes.

Para cerrar el círculo, cuando en 2012 se creó GESCA nombraron secretario y tesorero a un exedil del PNV en Elantxobe, Iñaki Josu Iribar, quien venía de ostentar el cargo de director del Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia. Iribar había sido fichado por el operador Gurena, integrado en el grupo Caser, otro de los protagonistas de los “Protocolos de la vergüenza” en Madrid. La patronal que negocia con la Diputación está dirigida, en buena medida, por quienes antes ocupaban el otro lado de la mesa.

Operadores premiados y sancionados

A las movilizaciones sindicales contra el modelo de cuidados promovido por el PNV se sumaron asociaciones de familiares de residentes como Babestu, Irauli Zaintza y Gipuzkoako Senideak. Mientras la privatización de los servicios asistenciales para personas mayores genera ingentes beneficios a las redes clientelares jeltzales, denuncian que el servicio se ha precarizado.

Según el informe Zaintza lanak de la Fundación Ipar Hegoa, publicado en noviembre de 2023, el trabajo de cuidados equivale al 25,75% del Producto Interior Bruto (PIB) en el conjunto de Euskadi y Nafarroa –por encima del peso de la industria, 17,19%, y de la construcción, 4,20%. Y, sin embargo, el salario base de una trabajadora de residencia se queda en 1.444 euros, por debajo del salario mínimo actualizado según el IPC. Las conclusiones del informe señalan que es un sector feminizado. El 84,13% del personal de las residencias concertadas son mujeres. Las de Araba y Nafarroa, afectadas por el convenio estatal, cobran de media 1.061 euros.

La calidad del servicio ofrecido por los operadores privados también se ha deteriorado, en perjuicio de las trabajadoras, los usuarios y los familiares de los residentes. Entre 2014 y 2020, en Euskadi se registraron hasta 148 sanciones a diversas residencias, y 116 de ellas se impusieron a residencias de Bizkaia, tal y como desveló El País en julio de 2021. El oasis vasco del PNV era el cuarto territorio con mayor número de sanciones impuestas en todo el Estado en ese periodo, solamente por detrás de Madrid, Castilla-La Mancha y Catalunya.

Según los datos recabados por Hordago-El Salto, las operadoras privadas afines al PNV que gestionan centros de Azpiegiturak han sido sancionadas en diversas ocasiones por la mala asistencia ofrecida a las personas mayores. La residencia Abeletxe de Ermua, titularidad de Azpiegiturak pero gestionada por Vitalitas, de la alianza URBIVA, fue sancionada en 2024 –dos faltas leves y dos graves– y en 2019 por asistencia inadecuada. Se da la circunstancia de que la matriz de Vitalitas, Vitalia, fichó como asesor externo a uno de los altos cargos de Isabel Díaz Ayuso denunciados por las muertes en las residencias, Javier Martínez Peromingo, mientras coordinaba los “Protocolos de la vergüenza”.

En 2025, al grupo Babesten se le impuso una sanción de 23.500 euros por su gestión en la residencia de Sestao de Azpiegiturak. Esa residencia ya fue sancionada en 2024 –tres faltas leves, otras tres graves y una muy grave– y en 2015 por asistencia inadecuada. La residencia con centro de día Bizkotxalde, gestionada por Babesten, recibió una sanción en 2025, otra en 2021 y una más en 2020. Otro centro a cargo de Babesten por externalización de Azpiegiturak, Marcelo Gangoiti de Muskiz, recibió una multa en 2025 y otra en 2021.

La residencia Gazteluondo, gestionada por Babesten, fue sancionada en 2025 –dos faltas leves, dos graves y una muy grave– y en 2024 –dos faltas leves y una grave–, y multada en 2017 por asistencia inadecuada. Nada de esto impidió a la Diputación otorgarle en 2022 una mención especial de Reconocimiento a Buenas Prácticas de Personalización en Cuidados de Larga Duración.

Igurco recibió ese mismo reconocimiento de la Diputación en 2022 y, en 2023, por su centro de día Etxaniz de Bilbao, uno de los recursos de Azpiegiturak que gestiona. Más tarde, en 2025, sancionaron a la residencia José María Azkuna de Amorebieta-Etxano, gestionada por Igurco, por acumular una falta leve y otra grave. Los centros Zorrozgoiti y Bilbozar, también a cargo de Igurco, fueron sancionados en 2025 –dos faltas leves y otra grave– y en 2024 –una falta leve y otra grave–, respectivamente. Zorrozgoiti ya había sido multado en 2017 por maltrato.

La Diputación premió las buenas prácticas de Gazteluondo en 2022 y sancionó la misma residencia en 2024 y 2025, en el segundo caso con una falta muy grave

Residencias Nostem, por último, fue multada con 40.000 euros en 2025 por su gestión en la residencia de Arrigorriaga de Azpiegiturak. Ese mismo año, la residencia Las Laceras de Balmaseda, también de Nostem, fue sancionada al acumular dos faltas leves.

Después de que Imanol Pradales asumiera la presidencia de Azpiegiturak, tres cuartas partes de los recursos asistenciales del ente público foral quedaron en manos de tres grupos privados que comparten patronal, consejeros y directivos con currículos de cargos públicos. Ya como lehendakari, Pradales sigue definiendo esa colaboración público-privada como un “eje estratégico ineludible”." 

( Ahoztar Zelaieta, El Salto, 31/08/26)

Europol destapa la mayor red de manipulación de partidos de fútbol por las apuestas... dos partidos de la Liga de Campeones fueron manipulados, incluido uno en suelo británico... y también catorce encuentros de clasificación para la Europa League... “Se han pagado en en efectivo sumas de dinero de hasta 100.000 euros por partido”... el beneficio obtenido por la red criminal fue de 700.000 euros en un partido del campeonato de primera división austriaco entre el Red Bull Salzburg y el Hartberg... el fútbol es un océano de corrupción, tanto a escala nacional como internacional... no extraña que Miami sea el centro de las tramas, ya que los bancos de Florida siempre se han dedicado al blanqueo del dinero procedente del narcotráfico a escala del continente americano (mpr)

"Cientos de apuestas y partidos manipulados han sido descubiertos por una investigación de Europol. La famosa Liga de Campeones de Europa no se escapa del fraude. “Es la mayor investigación de amaños de partidos de fútbol de toda la historia”, dijo el lunes el director de Europol, Rob Wainwright, en La Haya, donde Europol tiene su sede.

Es en Europa donde se han detectado la mayoría de los fraudes, 380, mientras que se han registrado otros 300 partidos sospechosos en todo el mundo, que son objeto de una investigación separada. La mayoría de los partidos eaminaods por Europol se jugaron en las ligas turca, alemana y suiza. Catorce acusados ya han sido condenados en la primera parte de este caso, a un total de 39 años de cárccel, pero aún quedan cien más por aparecer. De los 425 sospechosos, 151 viven en Alemania y 66 en Turquía.

La Liga de Campeones se ha visto salpicada por la investigación. Dos partidos fueron manipulados, incluido uno en suelo británico, dijo Wainwright. Catorce encuentros de clasificación para la Europa League también están bajo el escrutinio de Europol.

“Es la obra de una organización criminal sofisticada que tiene su sede en Asia y trabaja con relevos en Europa”, añadió Wainwright. El fraude involucra al empresario de Singapur, Wilson Raj Perumal. Su nombre aparece en varios casos de corrupción prominentes, incluidos Sudáfrica y Zimbabwe, cuando fue condenado en Finlandia en 2011 por sobornar a jugadores del campeonato nacional.

Los investigadores estiman que los partidos amañados arrojaron un beneficio de más de 8 millones de euros. “Se han pagado en en efectivo sumas de dinero de hasta 100.000 euros por partido”, dice Friedhelm Althans, para quien el fraude socava la credibilidad de clubes, jugadores y empresas de apuestas deportivas. En un solo partido, el beneficio obtenido por la red criminal fue de 700.000 euros, durante un partido del campeonato de primera división austriaco entre el Red Bull Salzburg y Hartberg.

El FBI investiga a la Asociación Argentina de Fútbol

El fútbol es una de las mayores cloacas del mundo. En Estados Unidos el FBI investiga las operaciones financieras de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), que involucran cientos de millones de dólares que fluyeron a través de los bancos de Florida.

Más de 300 millones de dólares en ingresos de patrocinio enviados a través de bancos con sede en Miami han violado las leyes estadounidenses que rigen el lavado de dinero y el fraude bancario.

Miami es la sede no oficial del fútbol argentino fuera de Argentina. Desde la victoria de Argentina en la Copa Mundial 2022, la AFA ha expandido su presencia en Estados Unidos. La federación abrió oficinas a fines de 2023, lanzó proyectos de desarrollo juvenil en el sur de Florida y fortaleció las asociaciones comerciales en todo Estados Unidos antes del comienzo de la actual Copa Mundial de la FIFA.

El FBI se centra en TourProdEnter, una empresa de Florida que sirvió como representante comercial internacional exclusivo de la AFA para acuerdos de patrocinio en el extranjero.

Los investigadores examinan si los pagos de patrocinio de empresas multinacionales, incluidas Adidas y otros socios internacionales, se encaminaron a través de la empresa de Florida antes de llegar a Argentina, en lugar de seguir la estructura de pago tradicional de la Federación.

Aunque la AFA tiene su sede en Buenos Aires, los fiscales estadounidenses asumen competencias para investigar las transacciones financieras que se mueven a través de bancos o empresas estadounidenses.

Los fiscales revisan si el movimiento de dinero a través de las instituciones financieras de Estados Unidos constituye un delito federal, incluido el lavado de dinero, el fraude electrónico o el fraude bancario si los investigadores determinan que las transacciones ocultan la verdadera fuente o destino de los fondos.

Según los informes, la investigación se centra en el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, junto con las relaciones financieras de la Federación con socios comerciales externos.

El FBI ha entrevistado al empresario deportivo argentino Guillermo Tofoni durante la Copa del Mundo como parte de la investigación. Están buscando información sobre la negociación de los contratos de patrocinio internacional y el movimiento de dinero a través de empresas con sede en Estados Unidos.

También investigan las acusaciones de que algunos ingresos de patrocinio pueden haber sido desviados a los bolsillos personal es de los dirigentes.

La investigación estadounidense es distinta de los procedimientos contra Tapia en Argentina. Los tribunales argentinos permitieron que Tapia viajara a Estados Unidos a pesar de las acusaciones que involucran la gestión de fondos fiscales y de seguridad social. Esas acusaciones no están relacionadas con la investigación financiera del FBI en Florida.

El fútbol es un océano de corrupción

Los procesamientos por corrupción del Departamento de Justicia de la FIFA se iniciaron en 2015, cuando la fiscalía estadounidense utilizó el sistema bancario de Estados Unidos para investigar a los dirigentes internacionales del fútbol acusados de soborno, crimen organizado y lavado de dinero.

En el caso actual, los fiscales están utilizando una teoría jurisdiccional similar al examinar las transacciones que supuestamente pasaron a través de las instituciones financieras estadounidenses, a pesar de que las organizaciones y muchas personas involucradas tienen su sede en el extranjero.

Miami se ha convertido en el punto focal de una de las investigaciones financieras más seguidas por el fútbol internacional. Estados Unidos utiliza este tipo de procedimientos judiciales como instrumento de presión. Las acusaciones van y vienen según intereses de política internacional.

No obstante, el fútbol es un océano de corrupción, tanto a escala nacional como internacional y tampoco extraña que Miami sea el centro de las tramas, ya que los bancos de Florida siempre se han dedicado al blanqueo del dinero procedente del narcotráfico a escala del continente americano, pero especialmente de Colombia.

El Inter de Miami

Además de David Beckham, los propietarios del equipo de fútbol Inter de Miami, en el que juega Messi, son los hijos del gusano cubano Mas Canosa, uno de los contrarrevolucionarios más conocidos del exilio.

Uno de los hijos, Jorge, es presidente de la Fundación Nacional Cubanoamericana, de la empresa MasTec y del Real Zaragoza, que compró en 2022.

Como tantos otros clubes de fútbol, el Inter de Miami es un proyecto de especulación capitalista. Su historia comenzó en el 2014, cuando se creó la marca comercial. En aquel momento Beckham pagó 25 millones de dólares. Ahora se cotiza en más de mil millones y aspira a entrar entre los diez clubes de fútbol más valiosos del mundo.

Es perfecto para blanquear el dinero negro de los mafiosos latinoamericanos." 

(mpr21, 12/07/26) 

Ernesto Ekaizer: Las cuadras de caballos purasangre, la otra cara del juez Peinado... Desde que el juez Peinado ha adquirido notoriedad pública, a raíz del comienzo de su investigación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, en abril de 2024, la cuadra llamada ‘Juan Carlos Peinado García’ ha competido en 58 carreras desde el 28 de noviembre de 2024 hasta el 14 de mayo de 2026... (los jueces no pueden tener ninguna actividad mercantil)

 "El instructor del caso de la esposa del presidente del Gobierno ya ha consagrado como acusada a Begoña Gómez antes de dictar el auto de apertura de juicio oral contra ella, la asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, y otros, una resolución que será comunicada en los próximos días. El Periódico revela una intensa actividad particular de las cuadras de caballos del juez, que representan una parte de su personalidad, la que le une al turf y a los caballos de carrera. (...)

 Canalejas – nombre de José Canalejas, político regeneracionista liberal que presidió el consejo de ministros entre 1910-1912 y fue asesinado por el anarquista Manuel Pardiñas en la madrileña Puerta del Sol- es un ejemplar que según consta en la documentación de la competición pertenece a Juan Carlos Peinado García, es decir, el juez Peinado, titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid.

Es Canalejas un ejemplar nacido en Francia y es uno de los nombres de personajes españoles famosos que integran la cuadra.

Otros caballos son: Campomanes, Pemán, Valle Inclán, Galdós, Azorín, Unamuno y Baroja.

Para el propietario de Canalejas el premio y la subvención (que incentiva la cría caballar en Francia) ha sumado 44.000 euros.

La pasión del juez Juan Carlos Peinado García (Madrid, septiembre 1954) es más que un hobby, según se desprende de la actividad de las cuadras ‘JUAN CARLOS PEINADO GARCÍA’, ‘JUAN PEINADO’, ‘SRA. PATRICIA PEINADO’, ‘PATRICIA PEINADO’ e ‘INTERLAWYERS’.

Una cuadra, en la terminología de la hípica, es el conjunto de caballos que pertenecen a un mismo propietario, criadero o equipo de competición.

Las yeguadas mencionadas ‘Sra. Patricia Peinado’ y ‘Patricia Peinado’ figuran como propiedad de Patricia María Peinado Toledo (concejal de Zona sur por el Partido Popular del actual gobierno del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón en Madrid), hija del magistrado Juan Carlos Peinado García.

‘Juan Peinado’ se refiere a Juan Carlos Peinado Toledo - hijo de Juan Carlos Peinado García-, quien aparece en la cuadra solamente como criador en Haras Des Fontaines, 17 Chemin Des Fontaines, 65190 Mascaras, un establecimiento ecuestre profesional histórico especializado en la reproducción, nacimiento, pupilaje (alojamiento) y cuidado de caballos de carrera purasangre que dirige el profesional francés Thierry Abadie en una zona de pastos de alta calidad, veterinarios y personal cualificado. Está situado en la región de Occitania, departamento de Altos Pirineos.

Las primeras carreras de las que se tiene constancia se corresponden con la cuadra `Patricia Peinado´ (hija de Juan Carlos Peinado García) disponiendo del historial con enlaces a carrera, caballo y agentes relacionados.

La carrera en cuestión se celebró el 15 de agosto de 2005 en el hipódromo de San Sebastián por el ejemplar Road Far Fast. Esta carrera parece representar el inicio de la actividad de competición de las cuadras.

Actividad en la que, si se atiende a las cifras económicas, parece responder más a una gestión empresarial o explotación económica que a una mera ocupación recreativa o de ocio.

Hay que ocuparse de la reproducción, nacimiento, alojamiento, pupilaje, cuidado y transporte de los caballos.

El número de carreras disputadas por las cinco cuadras relacionadas con Juan Carlos Peinado García indican que los ejemplares de ‘Juan Carlos Peinado García’ han corrido 91 carreras desde el 12 de mayo de 2014 hasta el 14 de mayo de 2026.

La cuadra ‘Juan Peinado’ corrió 121 carreras desde el 6 de diciembre de 2008 hasta el 23 de mayo de 2019.

La cuadra ‘Interlawyers’ ha corrido 4 carreras desde el 29 de junio de 2014 hasta el 8 de septiembre de 2019.

La cuadra ‘Sra. Patricia Peinado’ ha corrido 83 carreras desde el 6 de diciembre de 2015 hasta el 2 de septiembre de 2023.

Y, por último, la cuadra ‘Patricia Peinado’ ha corrido 3 carreras desde el 17 de junio de 2016 hasta el 9 de junio de 2019.

Conforme a los datos plasmados en una hoja realizada cin el entrecruzamiento de las cuadras examinadas por El Periódico, el número total de competiciones ecuestres de las cinco cuadras relacionadas con Juan Carlos Peinado García habrían alcanzado las 271 carreras durante un período superior a veinte años dedicados al turf.

Desde que el juez Peinado ha adquirido notoriedad pública, a raíz del comienzo de su investigación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, en abril de 2024, la cuadra llamada ‘Juan Carlos Peinado García’ ha competido en 58 carreras desde el 28 de noviembre de 2024 hasta el 14 de mayo de 2026, de la que Canalejas salió vencedor en París-Longchamp.

La cuadra ‘Sra. Patricia Peinado’, hija de Juan Carlos Peinado García, ha corrido 83 carreras desde el 6 de diciembre de 2015 hasta el 2 de septiembre de 2023, habiendo corrido en esta última fecha la yegua Olivenza en el hipódromo La Teste de Buch situado en la región de Nueva Aquitania, en Francia.

Esto contrastaría con el siguiente hecho: en su declaración de bienes, actividades y renta de Patricia María Peinado Toledo, como concejal de zona sur, presentada en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de la Comunidad de Madrid en fecha 28 de julio de 2023 no menciona ser propietaria de ningún caballo o yegua.

Los nombres asignados a los caballos y yeguas que han integrado el patrimonio equino vinculado, de una u otra forma, a Juan Carlos Peinado García, son sugerentes. Así, aparecen, según se ha apuntado, nombres históricos que rememoran a escritores y políticos.

La vinculación de las distintas cuadras apuntadas está reflejada en el traspaso de algunos ejemplares y por el nombre de preparadores o entrenadores.

Algunos ejemplos: los caballos Stonebridge, Pemán, Café Theatre, Mirlo Blanco, La Adrada [municipio del sur de Ávila donde el juez Peinado posee un chalé] y Azorín, que se repiten en distintas cuadras.

En el período comprendido entre el 6 de diciembre de 2008 al 14 de mayo de 2026 las cuadras analizadas han tenido registrados no menos de 25 caballos. Con todo, la cifra sería superior.

En cuanto al nombre de preparadores o entrenadores - A. C., C. Alonso y R. Martín -, en particular, según se menciona en el Boletín Oficial de las Carreras de Caballos de Galope n.º 24 de fecha 2 de junio de 2017 editado por Jockey Club Español, el 24 de mayo de 2017 el caballo Pemán cambia de la cuadra ‘Juan Peinado’ a la cuadra ‘Interlawyers’ y en la misma fecha el ejemplar Mirlo Blanco cambia de la cuadra ‘Juan Peinado’ a la denominada ‘Patricia Peinado’.

Se da la circunstancia, conforme a la información disponible, de que en las competiciones han coincidido la participación de dos caballos pertenecientes a dos cuadras distintas, o bien de la misma, pero con diferente denominación.

Ello ocurrió, por ejemplo, el día 3 de marzo de 2018 en el hipódromo Bordeaux Le Bouscat, en el distrito de francés de Burdeos, en la que compitieron los ejemplares Stonebridge en el premio Prix du Taillan por la cuadra ‘Juan Carlos Peinado García’ y el ejemplar Baroja por la yeguada ‘Juan Peinado’ en la carrera por el premio Prix Du Merlot.

El 27 de agosto de 2017 también hubo esa competencia. En el hipódromo de San Sebastián los caballos Valle Inclán compitieron por el premio Gran Casino Bilbao bajo la tutela de la cuadra ‘Juan Peinado’, y Pemán lo hizo por el premio Lankorpe Industria Gráfica, con los colores de la cuadra de ‘Juan Carlos Peinado García’.

A lo largo de los años de los que se dispone de registros se constata que las cuadras ‘Juan Carlos Peinado García’, ‘Juan Peinado’, ‘Sra. Patricia Peinado’ e ‘Interlawyers’ han corrido en instalaciones hípicas de España y Francia.

Así, en La Zarzuela, por ejemplo, en fecha 29 de junio de 2014 tuvo lugar la carrera de la cuadra Interlawyers, o dos carreras más de la ‘Juan Peinado’ los días 2 de julio de 2017 y el 12 de marzo de 2017. Por parte de la cuadra ‘Patricia Peinado’ también corrieron en La Zarzuela los días 14 de abril de 2019 y el 5 de mayo del mismo año. La actividad ecuestre de Juan Carlos Peinado García y en igual medida la de su hija Patricia Peinado se ha desplegado a lo largo de más de veinte años.

En algunos casos, mediante la adquisición de ejemplares fuera de España, por ejemplo en Irlanda, donde se habrían comprado dos potros posteriormente bautizados como Espronceda, perteneciente a la cuadra ‘Juan Carlos Peinado García’, y el ejemplar Campomanes, también de la cuadra ‘Juan Carlos Peinado García’, que en el enlace aparece asociado a los colores de ‘Interlawyers’.

Algo parecido sucede con el caballo Canalejas, ganador de la carrera del pasado 14 de mayo en el hipódromo de París-Longchamp.

En una carrera anterior, de la que existen imágenes en la que se le puede ver, corrió con los colores de ‘Interlawyers’ (verde y naranja).

Fue el 22 de junio de 2025 en el Prix Montoulieu en el hipódromo de Toulouse.

En la temporada verano 2017, jornada decimotercera, en el hipódromo de San Sebastián, el día 27 de agosto, hay un acta de las carreras en las que se recoge: “Estos comisarios acuerdan sancionar a la CDA.INTERLAWYERS con 75 € por correr con colores distintos a los declarados, siendo reincidentes en la temporada. Todo ello en virtud del artículo 142 (apartado 2º/párrafos III y IV).

No es ciertamente fácil saber con qué indumentaria han de correr a tenor del trasiego de ejemplares entre unas cuadras y otras, aunque todas ellas estén relacionadas.

El mayor número de carreras se habrían realizado en el país vecino, Francia, muy probablemente, o al menos en parte, por la cuantía de los premios, considerablemente más elevados que en España.

Conforme a la información disponible en el portal france-galop.com (el portal oficial de France Galop es la plataforma digital de la entidad que gestiona y organiza las carreras de caballos de galope en Francia) se obtienen los datos correspondientes a los premios económicos logrados.

En concreto, de los distintos enlaces a los que se puede acceder sobre la cuadra ‘Juan Carlos Peinado García’, sale la siguiente información sobre los premios conseguidos en los ejercicios 2025 y 2026, serían los siguientes:

· Año 2025 subsidio + bonificación por propiedad: 104.393 euros

· Año 2026 subsidio + Bonificación por propiedad: 119.496 euros.

Por lo que respecta a la cuadra de ‘Patricia Peinado’ en período 2016 – 2022 el montante de premios ha sido de 193.107 euros.

El juez Peinado solicitó en 2023, con 69 años, la prórroga que obliga a todos los jueces a jubilarse a los 70 años.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) autorizó en su reunión del 11 de enero de 2024 esa prórroga hasta los 72 años, que el juez cumplirá próximo 27 de septiembre.

Esa prórroga, precisamente, ha permitido al juez admitir a trámite e instruir una causa contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, iniciada en abril de 2024 al admitir a trámite una querella contra ella del llamado sindicato Manos Limpias.

Dos años largos después, Peinado está a punto de dictar auto de apertura de juicio oral y pide que sea un jurado popular el que enjuicie a Begoña Gómez, una decisión que tendrá que resolver la sección 23 de la Audiencia de Madrid.

Un tema del turf, mira por dónde, recayó en el juzgado 41 de Madrid, a cargo del juez Peinado.

En octubre se 2015, el juez admitió a trámite una querella de Cayetano Martínez de Irujo contra el presidente de la Real Federación Hípica Española, Javier Revuelta, por delito de prevaricación, fraude electoral y falsedad documental en las elecciones celebradas en 2025.

El pasado 11 de marzo, Peinado citó a los imputados a prestar declaración el 5 de octubre próximo.

Es decir: una fecha posterior a su jubilación, el 27 de septiembre, cuando, según se ha apuntado cumplirá 72 años.

Con todo, según un auto conocido esta semana, el juez Peinado ha resuelto archivar la querella, al acordar, siguiendo el criterio de la Fiscalía de Madrid, el sobreseimiento provisional."

(Ernesto Ekaizer, El Periódico, 31/05/26) 

El Caso 'Plus Ultra' se complica: aparece una fiscal amiga... se investiga al comisario Jesús María Gómez Martín por haber podido recibir 7000 euros y botellas de vino de la trama porque habría intermediado para ayudar en varios procesos legales a los miembros... el juez Ismael Moreno había quedado en varias ocasiones con Miguel Palomero para arreglarle un problema de unas tierras a sus hijos... Esto es solo una relación de hechos (Antonio Maestre)

AntonioMaestre  @AntonioMaestre

La variante Miguel Palomero en el caso Plus Ultra que está pasando muy desapercibida en la vorágine de Zapatero. 

En las conversaciones incautadas aparece que hay que hacer una "Kitchen gabinet" para parar el proceso y que hay 50.000 euros para jueces, policías y funcionarios. Eso no dejaría de ser una conversación. Jueces, fiscales y policía. Veamos. 

1-El caso es que parece que hay una "fiscal amiga". Pues bien: La fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, ha iniciado un expediente contra la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y contra la fiscal María Luis Llop que pidió el archivo de la investigación sobre el rescate de la aerolínea en 2021. Se investiga. 

2-Calama investiga al comisario Jesús María Gómez Martín por haber podido recibir 7000 euros y botellas de vino de la trama porque habría intermediado para ayudar en varios procesos legales a los miembros. Se investiga. 

3-El juez Ismael Moreno de la AN se inhibió por su relación con Miguel Palomero y finalmente acabó en el juez Calama. Fue el juez Ismael Moreno el que rechazó la denuncia de la Fiscalía por primera vez en noviembre de 2024 del caso Plus Ultra por falta de competencia. 

Pues bien, el juez Ismael Moreno había quedado en varias ocasiones con Miguel Palomero para arreglarle un problema de unas tierras a sus hijos. El abogado no le cobró y la gestión se saldó con una comida entre ambos el 22 de enero de 2024. Meses antes de que rechazara la querella. No se investiga. Esto es solo una relación de hechos.

9:33 a. m. · 27 may. 2026 ·22,5 mil Visualizaciones

Antonio Maestre: los jueces son una casta que vive con otras reglas... En el año 2018 se convocaron 35 plazas de fiscal y finalmente se concedieron 36 para incluir a la hija del juez del Supremo... La hija de Marchena ha sido la única a la que se le ha permitido cambiar la carrera judicial, de jueza a fiscal, la única a la que se le ha respetado el resultado de la oposición de un año para otro tras haber sufrido una enfermedad. La única a la que el CGPJ y el ministerio de Justicia le hicieron ese favor cuando a muchos otros en su mismo caso se les obligó a seguir el proceso normativo previo sin saltárselo. El resto no son hijos de Manuel Marchena

 "(...) Son una casta que vive con otras reglas y que están acostumbrados a que sus opiniones sean ley, porque son la ley, y la ley y las normas se adaptan a sus intereses en todos los ámbitos de la vida. Es algo que es fácil ver si miramos al caso de la hija fiscal de Antonio Marchena. En el año 2018 se convocaron 35 plazas de fiscal y finalmente se concedieron 36 para incluir a la hija del juez del Supremo. Tal cual. Esas son las reglas para la casta judicial.

El caso, que fue un escándalo en la judicatura por el evidente trato de favor, muestra hasta qué punto esta élite tiene unas normas diferentes a las del resto. Para ellos la ley se escribe en agua mientras para otros está labrada en piedra y ellos la modelan en barro. La hija de Marchena ha sido la única a la que se le ha permitido cambiar la carrera judicial, de jueza a fiscal, la única a la que se le ha respetado el resultado de la oposición de un año para otro tras haber sufrido una enfermedad. La única a la que el CGPJ y el ministerio de Justicia le hicieron ese favor cuando a muchos otros en su mismo caso se les obligó a seguir el proceso normativo previo sin saltárselo. El resto no son hijos de Manuel Marchena.

 Entren en la mente de quien tiene esos privilegios. Les va a costar porque no es fácil ponerse en su lugar cuando tienes que cumplir de manera escrupulosa la ley y las normas cívicas. Pero cuando vives con unas normas, leyes y reglamentos al margen de las del populacho te empieza a invadir una sensación de impunidad insuperable que va asociada a una serie de relaciones y capital social que te blindan porque quienes tienen que dirimir el respeto a esas leyes son aquellos que comparten clubes privados, cenas en reservados y charlas en salas de resolución judicial. Los únicos que tienen poder para dirimir si esas reglas especiales para gente como Manuel Marchena y sus amigos de fallo transgreden la ley son esos mismos amigos de fallo."

( Antonio Maestre , blog, 24/11/25)

El Vaticano bajo fuego por presunta evasión de blanqueo de dinero... se enfrenta a acusaciones de haber utilizado una "llave maestra para el lavado de dinero" mediante la manipulación ilegal de transferencias bancarias ( Ben Munster, POLITICO)

 "El Vaticano se enfrenta a acusaciones de haber utilizado una "llave maestra para el lavado de dinero" mediante la manipulación ilegal de transferencias bancarias.

El antiguo jefe de la policía financiera de la ciudad-estado, que fue destituido en 2017, ha afirmado que su agencia de nóminas podía alterar los nombres y los números de cuenta de las transacciones después de que se realizaran, ocultando la identidad de los destinatarios y los remitentes.

La implicación sería enorme porque habría permitido a los funcionarios del Vaticano transferir fondos a clientes privados sin revelar su identidad, lo que posiblemente facilitaría el lavado de dinero ilimitado y violaría las normas antifraude más básicas.

Estas acusaciones llegan en un momento delicado para el nuevo Papa León XIV, que busca mejorar la reputación de la Iglesia Católica tras décadas de escándalos financieros y un inminente déficit presupuestario.

El Vaticano niega todas las acusaciones y personas familiarizadas con SWIFT, la organización que facilita las transferencias bancarias internacionales, afirman que lo que se le imputa al Vaticano es técnicamente imposible. Sin embargo, las acusaciones se están tomando en serio debido a la credibilidad de quienes las formulan y al historial de mala conducta del Vaticano.

Acusado de ser espía.

Lo que aumenta el misterio es lo estrechamente que las acusaciones encajan con la política interna del Vaticano.

Proceden de Libero Milone, antiguo auditor de Deloitte, una de las principales firmas de auditoría, quien fue nombrado por el fallecido Papa Francisco en 2015 para arreglar las finanzas del Vaticano tras años de escándalos y negligencia.

Dos años después, se vio obligado a dimitir después de que altos funcionarios lo acusaran de ser un espía.

Afirma que fue despedido por haber denunciado irregularidades financieras relacionadas con el ex jefe de policía y cardenal de la ciudad-estado, Giovanni Angelo Becciu, quien fue declarado culpable de malversación de fondos en 2023 tras hacer un uso indebido de fondos del Vaticano.

El Vaticano se enfrenta a acusaciones de haber utilizado una "llave maestra para el lavado de dinero" mediante la manipulación ilegal de transferencias bancarias. | Giuseppe Lami/EPA

Milone mencionó por primera vez la aparente existencia de herramientas que podrían editar los números de cuenta bancaria internacional (IBAN) en las transferencias en el sistema internacional SWIFT el mes pasado, tras el colapso de un caso que presentó contra el Vaticano por despido improcedente.

The Pillar, un sitio web católico, continuó con una serie de artículos que indicaban que Milone estaba en posesión de una gran cantidad de material potencialmente explosivo sobre prácticas descubiertas durante su tiempo en el Vaticano y estaba considerando si utilizarlo para reforzar su caso.

Describiendo la herramienta de edición de IBAN como una "llave maestra para el lavado de dinero", The Pillar afirmó que, de probarse, "el Vaticano probablemente terminaría en una lista negra financiera internacional de la peor clase, excluido del sistema bancario internacional, lo que significaría que no podría entrar ni salir dinero del estado de la ciudad, excepto en efectivo físico y literal".

 Sin chantaje.

En una rueda de prensa la semana pasada, el propio Milone corroboró las acusaciones. Sin embargo, se negó a proporcionar documentación adicional o a ir más allá de lo que informó el periodista de The Pillar, Ed Condon.

“Tengo un documento que dice que pueden modificar las transacciones —pueden cambiar el nombre— en cualquier momento”, dijo Milone en respuesta a una pregunta de POLITICO. También insinuó que tenía más pruebas perjudiciales de mala praxis en la ciudad-estado, pero de nuevo se negó a decir cuáles, insistiendo en que no quería llamar la atención sobre sí mismo. "No estoy intentando chantajear a nadie", dijo a los periodistas.

Milone dijo que supo de la herramienta por primera vez cuando el cardenal George Pell, un clérigo australiano nombrado en el marco de la misma iniciativa de transparencia, le pidió que la investigara. Pell se vio obligado a regresar a su país natal en 2017 para enfrentar acusaciones de abuso infantil, de las que posteriormente fue absuelto. Falleció en 2023.

En una carta dirigida a Milone y fechada en 2016, cuya copia The Pillar compartió con POLITICO, Pell dijo que había sido "alertado" de una solicitud de APSA, la agencia de nóminas del Vaticano, "para modificar los controles en el sistema SWIFT", una acción que describió como "potencialmente... ilegal".

La oficina de Milone investigó las afirmaciones de Pell, y el auditor las comunicó a altos funcionarios, entre ellos el Papa Francisco y el Secretario de Estado Pietro Parolin, así como al jefe de justicia del Vaticano y al organismo de control interno del Vaticano, la ASIF. Pero no recibió respuesta de estos dos últimos, que, según él, tenían el deber de investigar, lo que formaba parte de un patrón más amplio de resistencia institucional al esfuerzo de reforma de Francisco, en el que, según dijo, el difunto pontífice era rutinariamente superado en astucia.
"Completamente infundado"

El Vaticano ha negado vehementemente las acusaciones. En un comunicado compartido con POLITICO, el portavoz Matteo Bruni afirmó que las acusaciones eran "completamente infundadas" y que APSA no había prestado servicios a clientes privados en 2016, cuando se envió la carta.

Es cierto que APSA cerró sus cuentas personales para evitar la supervisión del organismo antilavado de dinero del Consejo de Europa, Moneyval, en 2015, pero es posible que las herramientas financieras se hubieran utilizado antes de esa fecha, o bien para ocultar transacciones que involucraran a clientes privados realizadas después de esa fecha, argumentó Condon en una publicación de blog.

Bruni también negó cualquier mala praxis continua, señalando las auditorías de APSA realizadas por el organismo de control ASIF y PricewaterhouseCoopers entre 2020 y 2024 que no encontraron "anomalías".
Libero Milone dijo que no sabía exactamente cómo las herramientas habrían eludido estas restricciones, pero que vio evidencia de que las transacciones fueron modificadas. | Fabio Frustaci/Agencia Europea de Prensa (EPA)

Una persona familiarizada con el funcionamiento de SWIFT, que habló con POLITICO bajo condición de anonimato, insistió en que "no es posible alterar el contenido de un mensaje de pago una vez que ha sido enviado", debido al uso de firmas digitales verificables y un cifrado de alto nivel que también se aplica a los clientes de SWIFT.

Milone dijo que no sabía exactamente cómo las herramientas habrían eludido estas restricciones, pero que vio evidencia de que las transacciones fueron modificadas.
El banquero de Dios

Antes del cónclave de mayo que eligió a León, los cardenales se quejaron de un déficit presupuestario que, según se dice, se ha ampliado considerablemente en los últimos años, debido a una disminución de las donaciones que se aceleró bajo el pontificado de Francisco. Según informaron fuentes internas a POLITICO a principios de este año, el nuevo pontífice fue elegido en parte porque se le consideraba alguien capaz de restablecer la credibilidad entre los donantes poderosos, especialmente en Estados Unidos.

Los acontecimientos recientes ya han restablecido cierta confianza. Después de que el Instituto para las Obras de Religión (IOR), el vehículo de inversión del Vaticano que durante mucho tiempo ha tenido problemas, informara de ganancias récord a principios de este año, la APSA registró recientemente un beneficio de 62,2 millones de euros para 2024, frente a los 45,9 millones de euros anteriores.

Las acusaciones de Milone socavarían ese progreso y resucitarían los malos recuerdos de escándalos financieros pasados que se remontan a la época de Pablo VI y Juan Pablo II. En las décadas de 1980 y 1990, los magistrados italianos investigaron las acusaciones de que el IOR había sido utilizado para blanquear ganancias de la Cosa Nostra con el fin de financiar movimientos anticomunistas en América Latina y Europa del Este.

Las investigaciones se iniciaron después de que el banquero milanés Roberto Calvi, vinculado al Vaticano y apodado "el banquero de Dios", fuera encontrado ahorcado bajo el puente de Blackfriars en Londres en 1982. Se alegó que Calvi había ayudado en el plan en connivencia con una serie de intereses internacionales que abarcaban no solo el IOR, sino también figuras políticas y empresariales de extrema derecha, la masonería italiana y los servicios de inteligencia estadounidenses.

El Vaticano nunca reconoció ninguna irregularidad, pero sí admitió su "implicación moral" en el colapso del banco de Calvi, el Banco Ambrosiano. Más recientemente, en 2023, el cardenal Becciu, otrora poderoso cardenal de la Secretaría de Estado del Vaticano, fue condenado tras ser hallado culpable de desviar fondos del Vaticano a una organización benéfica sarda vinculada a su familia. Becciu también fue condenado por su participación en un fallido acuerdo inmobiliario en Londres que le costó al Vaticano más de 100 millones de euros." 

( Ben Munster  , POLITICO, 11/08/25, traducción DEEPL) 

Acciona, Ferrovial, Sacyr: sobre la corrupción estructural y la doble traición del PSOE La corrupción no es una excepción, es una estructura. Empresas como Acciona, Ferrovial o Sacyr moldean la administración pública con cómplices políticos... la UCO está revelando una arquitectura empresarial e institucional diseñada para condicionar concursos públicos y canalizar comisiones en beneficio de intermediarios políticos... El caso de corrupción en las filas del PSOE recuerda que la corrupción no es una anomalía, sino el tejido mismo del sistema... Varias de estas empresas ya habían sido señaladas en escándalos de corrupción o favoritismo en otros proyectos públicos. Un ejemplo paradigmático es el caso Palau de la Música, donde grandes empresas financiaban a partidos políticos a cambio de contratos y favores. Sin embargo, esta dinámica no es exclusiva del PSOE ni de Convergència. Casos como Gürtel, que implicó al PP en una red de financiación ilegal y adjudicaciones irregulares a empresas afines, demuestran que estas prácticas atraviesan todo el espectro político... las grandes empresas ejercen un control indirecto, pero potente, sobre decisiones públicas, moldeando proyectos y adjudicaciones a su favor... Las grandes corporaciones no solo aspiran a contratos: moldean la administración pública a su medida, con la ayuda de cargos colaboracionistas y operativas institucionales (Guillem Pujol )

 "La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según documentos judiciales publicados en distintos medios de comunicación, está revelando una arquitectura empresarial e institucional diseñada para condicionar concursos públicos y canalizar comisiones en beneficio de intermediarios políticos. Según la UCO, Acciona habría abonado hasta 620.000 € en comisiones vinculadas a cinco proyectos cofinanciados con fondos europeos entre 2018 y 2021, coincidiendo con la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. De esas cantidades, al menos 450.000 € seguían pendientes de pago, y Acciona figuraba como adjudicataria en el 75% de las obras afectadas. Esto es solo una pequeña parte de lo que ya se ha publicado y, probablemente, también de lo que aún está por salir a la luz.

La corrupción estructural: una trama normalizada

El caso de corrupción en las filas del PSOE recuerda que la corrupción no es una anomalía, sino el tejido mismo del sistema. Empresas como Acciona, Ferrovial o Sacyr no solo participan en la administración pública, sino que la moldean, con la complicidad de cargos políticos que, en el caso del PSOE, traicionan no solo la confianza pública, sino los principios fundacionales de un partido que se proclama defensor de los trabajadores y trabajadoras. Esta doble traición, política e ideológica, revela una crisis profunda. Un partido de izquierdas que, lejos de combatir el poder económico, se somete a él, convirtiéndose en un instrumento de los intereses privados a los que dice oponerse.

Como decía Antonio Gramsci, “la hegemonía se construye cuando los dominados aceptan los valores de los dominantes como propios”. En el caso del PSOE, esa aceptación no es solo pasiva, sino activa, y el caso Cerdán–Ábalos–Koldo es una prueba descarnada.

Por si fuera poco, los audios interceptados, filtrados en el marco de la investigación judicial, aportan detalles explosivos. En una conversación, Koldo García afirma: “Que yo tenga contabilizado en mi registro, creo que son 47 empresas, 47. A Sacyr, a Ferrovial, ¿eh? Es decir, que me han venido a contarme un problema y yo lo he resuelto, ¿vale? Todos esos problemas son problemas técnicos, que son reuniones, ¿vale? Son reuniones con el director de Carreteras, con AENA”. En otro fragmento, se escucha a Koldo García explicar a Santos Cerdán haber recibido tres sobres por valor de 450.000 €, ante la preocupación de este último, que le suelta —intentando prevenir lo que no supo frenar—: “Que no quiero que hables, de esto no se habla”.

Nombramientos estratégicos y empresas pantalla

En una reunión celebrada en junio de 2018, solo tres días después de que Ábalos asumiera el ministerio, Santos Cerdán, Koldo García y el directivo de Acciona Fernando Merino se reunieron, según indica la UCO, con el objetivo de asegurar nombramientos estratégicos —como los de Javier Herrero o Rosario Cornejo— en los organismos adjudicadores. Bajo la consigna: “como no podamos meter a alguno, nada será posible sin esto”, se escucha decir a Santos Cerdán.

La trama incluye también empresas pantalla como Noran SC y Servinabar 2000 SL, utilizadas para camuflar adjudicaciones a Acciona en proyectos en Navarra —como la mina Muga o el Navarra Arena—, canalizando así capital a través del PSOE. Además, se han documentado pagos encubiertos: 88.000 € para un piso en Plaza España de Madrid y 526.000 € para un chalet en La Línea (Cádiz), satisfechos a través de testaferros como recompensa por influencia política.

Varias de estas empresas ya habían sido señaladas en escándalos de corrupción o favoritismo en otros proyectos públicos. Un ejemplo paradigmático es el caso Palau de la Música, donde grandes empresas financiaban a partidos políticos a cambio de contratos y favores. Sin embargo, esta dinámica no es exclusiva del PSOE ni de Convergència. Casos como Gürtel, que implicó al PP en una red de financiación ilegal y adjudicaciones irregulares a empresas afines, demuestran que estas prácticas atraviesan todo el espectro político.

Tanto el PP como el PSOE han sido señalados en escándalos que revelan una misma lógica: el intercambio de favores entre el poder económico y el político, con empresas como Acciona, Ferrovial o Sacyr como beneficiarias recurrentes. Todo ello apunta a un problema sistémico, donde los partidos mayoritarios, pese a sus diferencias ideológicas, convergen a menudo en la subordinación a los intereses privados.

El control empresarial sobre las decisiones públicas

Las relaciones entre grandes empresas y partidos políticos no son nunca neutrales ni puntuales. Configuran una trama profunda de poder que trasciende la simple colaboración institucional. Cuando se analizan estas conexiones, se constata cómo las grandes empresas ejercen un control indirecto, pero potente, sobre decisiones públicas, moldeando proyectos y adjudicaciones a su favor.

Este mosaico de evidencias —comisiones masivas, audios comprometidos, nombramientos dirigidos, empresas pantalla, pagos encubiertos y adjudicaciones opacas— constituye un modelo de corrupción estructural. Un modelo que trasciende lo individual para formar parte de la lógica empresarial-política.

Las grandes corporaciones no solo aspiran a contratos: moldean la administración pública a su medida, con la ayuda de cargos colaboracionistas y operativas institucionales. Como señalaba Pierre Bourdieu, “el capital político se transforma a menudo en un instrumento al servicio del capital económico, cuando las élites políticas se convierten en agentes de los intereses dominantes”.

La gravedad del caso Santos Cerdán, Ábalos y Koldo no reside únicamente en la presunta trama de sobornos. Está en cómo expone la hipocresía de un partido que se presenta como baluarte de la justicia social mientras facilita el enriquecimiento de élites económicas. Esta contradicción ideológica resulta especialmente dolorosa porque el PSOE, históricamente, ha reclamado el apoyo de las clases trabajadoras con promesas de redistribución y equidad.

Sin embargo, su implicación en tramas como esta sugiere que, en lugar de desafiar la hegemonía del capital, el partido se ha integrado en ella. Actúa como gestor de los intereses de las grandes corporaciones. Y, de paso, le ha servido en bandeja a la extrema derecha el acceso a las máximas instituciones del Estado. Casi nada." 

(Guillem Pujol , La Marea, 18/06/25)