16.4.24

La familia de Zaplana impulsa el mayor pelotazo urbanístico de Benidorm

 "Más de medio millón de metros cuadrados y una veintena de hoteles. Es el pelotazo urbanístico que impulsa la familia de Eduardo Zaplana, el expresidente valenciano que se sienta estas semanas en el banquillo de los acusados en el juicio del 'caso Erial' junto con su sucesor en el Palau de la Generalitat, José Luis Olivas. El pleno del Ayuntamiento de Benidorm, gobernado por el popular Toni Pérez, aprobó el pasado 27 de marzo, con los votos del PP en solitario, el último trámite del Plan Parcial Ensanche Levante, el gran sector pendiente de urbanizar de la ciudad turística y uno de los más grandes de la Comunitat Valenciana, con 575.371 metros cuadrados de suelo y la previsión de construir más de 3.000 pisos —la mitad, viviendas turísticas— y 20 hoteles. 

 En la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) que impulsa el proyecto figura la familia del expresidente de la Generalitat Valenciana, conocidos empresarios en Benidorm. La AIU tiene su domicilio social en el Hotel Les Dunes de la localidad, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es. Se trata de la joya de la corona de los suegros de Zaplana, empresarios hoteleros de Benidorm.

El mítico hotel de cuatro estrellas pasó a manos de María Dolores Martorell Llorca, viuda del empresario Miguel Barceló, tras el fallecimiento de éste ultimo en 2018. El empresario hotelero, padre de Rosa Barceló, fue senador del PP por la provincia de Alicante entre 1986 y 2008 y se erigió en uno de los principales impulsores de la carrera política de su yerno, Eduardo Zaplana. También apadrinó la trayectoria política de su sobrino, Francisco Murcia Barceló, diputado en el Congreso durante cinco legislaturas, y de su nieto, Agustín Almodóbar Barceló, sucesor en el escaño del empresario del Senado.

Promociones Les Dunes SL, la sociedad que controla el icónico hotel situado en primera línea de playa, amplió hace un cuarto de siglo su objeto social para incluir la tenencia y adquisición de toda clase de solares y terrenos, la ejecución de toda clase de obras de edificación, agrupación, segregación y compraventa de solares, de viviendas y de locales comerciales, según los datos que constan en el Registro Mercantil.

La expansión de Benidorm

El sector Ensanche Levante arrastra una compleja tramitación y cuenta con suelo urbanizable programado desde 1990. Su “vocación” es “construir la expansión de Benidorm durante las décadas de 2020 y 2030”, según indica la documentación del proyecto aportada al consistorio. Varios constructores de primera línea de la costa alicantina, como el empresario Enrique Ortiz (condenado por financiar ilegalmente al PP) o el promotor Andrés Ballester, poseen suelo en la zona.

La versión final del Plan Parcial ‘Ensanche Levante’ fue aprobada por el PP en solitario, con la abstención de Vox y el voto en contra de los ediles del PSPV-PSOE. El portavoz adjunto socialista, Sergi Castillo, aportó un informe jurídico que señala deficiencias del proyecto. Castillo lamentó que, con el cambio de uso respecto al Plan General de 1990, en lugar de ser un sector “residencial-hotelero” pasa ser “terciario-hotelero”, con una “abrumadora presencia de viviendas turísticas y hoteles”. 

Por otro lado, el autor del proyecto es el ingeniero José Ramón García Pastor, hijo del exconseller 'zaplanista' José Ramón García Antón y de la expresidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor Lillo.

José Ramón García Pastor, al frente de la empresa Cainur, además de otros trabajos en Alicante para empresas públicas, ha aterrizado en Benidorm desde que Toni Pérez es alcalde. El ingeniero firmó un informe por el que se solicitaba un modificado en las obras de construcción de una rotonda, que ascendían a 2,5 millones de euros más respecto a lo previsto inicialmente. 

Además, Cainur también es la responsable de algunos de los proyectos que desarrolla la promotora TM en la zona de Poniente, otro de los grandes frentes urbanísticos de Benidorm."         ( Lucas Marco, eldiario.es, 14/04/24)

14.4.24

Zapatero: "Rato renunció al FMI para velar por la autoridad del cargo y me comprometí a no informarlo públicamente... Se ha hablado de sus inversiones en tres sociedades…Y que la auditora del FMI le preguntó por ello. Hubo una razón. Punto... ¿Fue una razón poderosa? Suficiente para la responsabilidad que tenía"

 "El 27 de junio de 2007 el Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un comunicado en el que anunciaba que “Rodrigo Rato, director gerente del FMI informó hoy al Comité Ejecutivo que no podrá completar su mandato y que su intención es dejar el cargo en octubre”. También daba cuenta de que Rato había presentado una declaración sobre su decisión. Allí decía: “He tomado esta decisión por razones personales. Mis circunstancias y responsabilidades familiares, particularmente con respecto a la educación de mis hijos, son la razón por la cual dejaré mis funciones en el FMI antes de lo previsto”.

 Rato, con el apoyo del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, obtuvo el respaldo de la Comisión Europea y del presidente del Ecofin, el consejo de ministros de Finanzas, el irlandés Charlie McCreevy, quien, además, aconsejó al entonces secretario de Estado de Economía español, Luis de Guindos, que José María Aznar hablase con el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, para asegurarse la elección para el importante cargo.

 En efecto, Aznar solicitó al presidente Bush el apoyo para esa candidatura, dado el papel que España había asumido en la coalición de los voluntarios para impulsar la guerra de Irak en febrero y marzo de 2003.

 El FMI nombró a Rato el 5 de mayo de 2004 director gerente del FMI, uno de los puestos más codiciados del mundo para un economista, por un periodo de cinco años, con categoría equivalente a jefe de estado, con derecho a uso de avión privado para el ejercicio de sus funciones. Su sueldo anual era de 391.440 dólares anuales actualizado cada mes de julio por el índice de precios, y 70.070 dólares en gastos de representación, más un fondo de pensiones y una pensión vitalicia de 80.000 dólares. Todo libre de impuestos. Al renunciar, le correspondía una indemnización por una parte de su salario. Sus billetes de avión y los de su familia eran de primera clase.

Pero en el ecuador de su mandato de cinco años, sorpresa, sorpresa. Rato se marcha.

Una fuente dijo en aquellos días que José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno español, apuntó al producirse la dimisión: “Hay solo tres personas públicas que aparte de Rato conocen el motivo por el cual Rato renunció al FMI: son el primer ministro Gordon Brown, el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy y yo” .

En la entrevista con Rodríguez Zapatero del pasado jueves 4 de abril EL PERIÓDICO preguntó por la salida de Rodrigo Rato como director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2007.  Solo tres de quienes apoyaron a Rato conocen el verdadero motivo de su renuncia en 2007. Usted eres uno de ellos.

Me comprometí a no desvelar la razón públicamente y mantendré esa palabra.

Pero hubo una razón por la que dimitió. 

Hubo una razón, sí; sin duda.

Y no fue de naturaleza…. Se ha hablado de sus inversiones en tres sociedades…Y que la auditora del FMI le preguntó por ello.

Hubo una razón. Punto.

¿Fue una razón poderosa?

Suficiente para la responsabilidad que tenía. Hoy nos parecería menor. Hoy. Porque hemos conocido muchas cosas. Pero suficiente, por velar por la autoridad del cargo.

Y usted lo supo enseguida en 2007 cuando anunció que se quería dedicar a la educación de sus hijos.

Sí, claro.

Y ellos lo supieron porque respaldaron el nombramiento de Rato en 2004.

Bueno, además Gordon Brown tenía con el FMI una relación…

Fue presidente del Comité Monetario y Financiero del FMI desde 1999 hasta julio de 2007, unos días después del anuncio de dimisión de Rato.

Así es, completamente. Bueno, a mí me lo dicen porque es español, obviamente. Yo era presidente en 2004 y le había apoyado. 

Hizo llamar al Fondo a nuestro director ejecutivo a través de Pedro Solbes…

No solo eso. Recuerdo mi primera conversación en el Palacio del Elíseo con Jacques Chirac [presidente de Francia] cuando le pedí el apoyo para Rato [en el FMI] y no le gustaba nada. No le gustaba Rato. Recuerdo que Chirac tenía identificado que Rodrigo Rato era un hombre, me dijo, muy soberbio. Esto es la primera vez que lo cuento. Y yo le dije, presidente te pido, se trata de un español, y yo tengo que mojarme y hacer todo lo posible para que salga, aunque sea del PP. Esas son las reglas. `Bueno, vale, apoyaremos´dijo, pero Chirac no quería apoyar a Rato. (...)"              (Ernesto Ekaizar, El Periódico, 14/04/24)

10.4.24

El informe de la Guardia Civil sobre el caso Koldo, aporta más detalles sobre las conexiones de la trama corrupta con el Partido Popular: "Koldo dijo que tenía una reunión a las 10.15 horas en Génova [sede del Partido Popular en Madrid], se colige que el mismo se podría reunir con miembros del PP para tratar del referido asunto”... tratar sobre la reclamación de la Administración de Baleares contra Soluciones de Gestión, la empresa tapadera que canalizaba las mordidas

 "El informe de la Guardia Civil sobre el caso Koldo, al que ha tenido acceso Diario16, aporta más detalles sobre las conexiones de la trama corrupta, no solo con el Gobierno del PSOE, sino con el Partido Popular. Según el atestado, del análisis del extracto anterior se observa que, según Juan Carlos Cueto (uno de los empresarios implicados en el cobro de comisiones por la compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia), Koldo García (asesor del exministro José Luis Ábalos) se reuniría con terceras personas “en la sede del partido tal” para, supuestamente, tratar sobre la reclamación de la Administración de Baleares contra Soluciones de Gestión, la empresa tapadera que canalizaba las mordidas.

“Esta afirmación, unida a que Koldo dijo que tenía una reunión a las 10.15 horas en Génova [sede del Partido Popular en Madrid], se colige que el mismo se podría reunir con miembros del PP para tratar del referido asunto”, aseguran los agentes, cuyas pesquisas obran en poder del sumario del magistrado Ismael Moreno. No obstante, ambos interlocutores “no muestran mucha esperanza en que este asunto se solucione, afirmando Cueto: Estamos ya de los nervios no, lo siguiente”, de lo que se vuelve a evidenciar la preocupación del presunto comisionista por el problema de la mercantil Soluciones de Gestión.

“Al hilo de lo anterior, se informa de que por parte de esta Unidad se realizó un control de actividades sobre Koldo ese día, exponiéndose a continuación los hechos de interés en relación a los indicios desarrollados en el presente epígrafe”, asegura el informe policial. “Adicionalmente, cabe mencionar que, a instancias de esta Unidad, el día 9 de enero de 2024 el magistrado autorizó captación y grabación de las comunicaciones orales directas mediante un sistema de grabación de sonido ambiente digital en las reuniones que mantuviesen Cueto, Koldo, Aldama y Rodríguez García, entre ellos y/o con terceras personas que se produjesen desde el día 9 de enero de 2024 hasta el 15 de enero de 2024”. Con estas pesquisas se trataba de determinar si entre esos terceros había más políticos implicados.

Así las cosas, a las 08.35 horas del día 10 de enero de 2024, la Guardia Civil observó la llegada de Koldo a la estación de tren de Chamartín de Madrid. Una vez allí, el empresario Ignacio Arjona Morell le recogió en un vehículo Audi Q8”.

Posteriormente, ambos mantuvieron una reunión en la cafetería Gallofa&CO ubicada en Paseo de la Habana de Madrid, donde permanecieron reunidos desde las 09.10 hasta las 09.43 horas. Arjona ha trabajado para compañías como Sacyr y Ferrovial, que ha tenido a su cargo proyectos como la ampliación de los aeropuertos de Barajas y El Prat o la construcción de los túneles del AVE en Guadarrama o Pajares. Desde su nuevo cargo en Grupo Avintia, ha dirigido la división de Construcción e Industrial, reforzando el área e impulsando nuevas áreas de negocio como la obra civil, proyectos de infraestructuras y energía.

Además, de los audios interceptados se desprende que “son claras las advertencias de Rodríguez García a Koldo sobre no confiar en Cueto. Además, bajo este contexto, Rodríguez García afirma que Cueto ha ganado ‘20 kilos’, a juicio policial, en referencia a las ganancias obtenidas con los contratos investigados”, añade el sumario.

“Continuando con el control de actividades realizado sobre Koldo el día 10 de enero de 2024, a las 16.32 horas, el asesor de Ábalos abandonó el establecimiento La Chalana para dirigirse en la motocicleta Suzuki hasta la calle Conde de Xiquena de Madrid, y entrar junto a Pombo [Jacobo Pombo] al número 10 de la citada calle”, añade el sumario. La instrucción de la causa sitúa a Pombo –que hace años participó en actos de FAES (el laboratorio de ideas del PP) y de Nuevas Generaciones (los cachorros del partido)– como uno de los contactos de la trama Koldo. Además, el empresario cántabro preside hoy el lobby Global Youth Leadership Forum (GYLF Forum), por donde pasan personajes muy relevantes de la vida política de este país para charlas y conferencias.

Según la Guardia Civil, “cabe mencionar que, analizados los actos notariales en los que Pombo ha participado, aparece vinculado al domicilio calle Conde de Xiquena número 10 de Madrid a través de la asociación Centro de Estudios Políticos Globalización y Relaciones Internacionales (CEPGRI)”. Es decir, que los agentes han investigado a fondo a esta persona íntimamente relacionada con Génova 13. “En relación a esta asociación, en el informe sobre el análisis de la información laboral, tributaria y financiera de Koldo y su entorno se detalló que en el año 2021 se ingresaron en cuentas vinculadas al investigado la cuantía de 438,85 euros procedentes del CEPGRI”, según el sumario. Una relación cuanto menos comercial que los investigadores de la UCO de la Guardia Civil están analizando a fondo."               (Marcos López, Diario16, 10/04/24)

9.4.24

El sector financiero «deja escapar» el 99% de las operaciones con dinero ilícito

 "Los flujos de dinero ilícito son notoriamente difíciles de rastrear. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se detecta menos del 1 por ciento de los beneficios de actividades delictivas que se blanquean a través del sistema financiero. En un esfuerzo por superar esto, las autoridades han tratado de mejorar los requisitos de diligencia debida del cliente, aumentar la transparencia en torno a los vehículos legales y participar en el intercambio automático de información de cuentas bancarias para prevenir el blanqueo de capitales.  

Sin embargo, los mecanismos existentes todavía tienen muchas lagunas y no son suficientes para mapear y contrarrestar de manera efectiva los flujos ilícitos de dinero que, además, son uno de los negocios más rentables para la banca. 

La información de cuentas financieras que se intercambia de acuerdo con la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras de Estados Unidos o el Estándar Común de Información de la OCDE solo se puede usar con fines fiscales y puede no ser útil para detectar otros delitos financieros. Además, el intercambio automático de información solo cubre datos sobre ingresos anuales y saldos de cuentas, que pueden manipularse fácilmente y no permiten investigaciones de transacciones individuales.  

La lucha contra el blanqueo de capitales requiere que los organismos encargados de hacer cumplir la ley «sigan el dinero» y los datos de las transacciones financieras podrían cambiar las reglas del juego. En este punto es fundamental el potencial, las deficiencias, las opciones de reforma y la prevalencia del uso de los datos de mensajería financiera SWIFT para contrarrestar los flujos financieros ilícitos entre las fuerzas del orden europeas. agencias 

SWIFT y la lucha contra los delitos financieros 

La Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT, por sus siglas en inglés) es una asociación que, entre otras cosas, es responsable de proporcionar un sistema de mensajería global de información financiera. En 2021, más de 11.000 instituciones participaron en la red SWIFT y se enviaron más de 10.000 millones de mensajes relacionados con transacciones financieras a través de este sistema.  

El interés por acceder a los datos SWIFT para detectar y combatir los riesgos de flujos financieros ilícitos no es nuevo. Desde la década de 1990, diferentes organizaciones han pretendido acceder a esos datos, pero SWIFT se resistió. 

A pesar de esto, las autoridades gubernamentales de todo el mundo han obtenido cierto acceso a los datos de SWIFT. Estados Unidos usó datos SWIFT en su Programa de Seguimiento de Financiación del Terrorismo para mapear redes terroristas. También, EE. UU., la UE y el Reino Unido expulsaron a algunos bancos rusos de la red SWIFT en 2022 para imponer sanciones económicas contra Rusia. Los investigadores también han utilizado datos SWIFT para estimar el capital que huye de Ecuador y para estudiar el impacto de la regulación contra el blanqueo de dinero en los flujos de pago. 

Los datos SWIFT pueden ser útiles en las investigaciones financieras y la supervisión de dos maneras. En primer lugar, los organismos encargados de hacer cumplir la ley podrían acceder a lotes de transacciones SWIFT para casos específicos que están investigando, para rastrear transacciones específicas. 

En segundo término, el amplio acceso a los datos de SWIFT podría permitir análisis avanzados para identificar patrones de transacciones sospechosas, desarrollar algoritmos de riesgo y guiar los análisis de políticas. Esto podría hacerse a través de las unidades de inteligencia financiera o los organismos de supervisión contra el blanqueo de dinero en el sector financiero. 

Sin embargo, los datos SWIFT actualmente no son, o muy rara vez, utilizados directamente por las fuerzas del orden y las unidades de inteligencia financiera en la Unión Europea, debido a obstáculos como la baja calidad de los datos, la compatibilidad de los datos, la necesidad de experiencia para analizar los datos, y la incompletitud de los mismos. A pesar de esto, las autoridades encontrarían útil el acceso a los datos SWIFT tanto para análisis preventivos como para investigaciones. 

Las preocupaciones relacionadas con la incompletitud y la calidad de los datos, especialmente en relación con la capacidad de relacionar transacciones financieras con personas específicas, llaman la atención sobre la necesidad de fortalecer los estándares de mensajería y los marcos institucionales que rigen las transferencias de dinero, tanto a nivel regional como internacional."                  (José Antonio Gómez , Diario16, 07/04/24)

3.4.24

En dos años y medio, el viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía hasta hace tres meses, Miguel Ángel Guzmán, adjudicó a dedo contratos por valor de 43,6 millones de euros a 11 hospitales y clínicas privadas del Grupo Asisa en Andalucía, empresa por la que acaba de fichar como director médico en esta comunidad

 "En dos años y medio, el viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía hasta hace tres meses, Miguel Ángel Guzmán, adjudicó a dedo contratos por valor de 43,6 millones de euros a 11 hospitales y clínicas privadas del Grupo Asisa en Andalucía, empresa por la que acaba de fichar como director médico en esta comunidad.

Las adjudicaciones de emergencia para sanear las listas de espera enviando pacientes a la privada –sin publicidad ni concurrencia competitiva ni fiscalización previa– se realizaron entre enero de 2021 y junio de 2023, con la finalidad declarada de aliviar la “sobrecarga en la red propia derivada de la pandemia covid-19”, según el propio título de los expedientes. El expediente de emergencia inicial lleva la firma de Guzmán, entonces gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La última prórroga de gasto expiró siete meses antes de su cese como número dos de la consejería (el 27 de diciembre) y diez antes de fichar por Asisa.

Entre enero de 2021 y junio de 2023, la Consejería de Salud del Gobierno andaluz adjudicó a dedo 242,7 millones de euros a clínicas privadas para derivar pacientes, operaciones y pruebas diagnósticas, acogiéndose al procedimiento de emergencia de contratación habilitado por el Gobierno central para agilizar la respuesta sanitaria ante la pandemia. En total, la aseguradora que acaba de fichar a Guzmán acaparó el 17,9% de ese montante, y fue la primera o la segunda entidad que más fondos recibió en cinco de las ocho provincias andaluzas frente a otras empresas adjudicatarias.

El origen de estos contratos de emergencia, que se suscribieron con un total de 79 hospitales y clínicas privadas de Andalucía, está en el Expediente 110/2021, un Acuerdo de Emergencia de 20 de enero de 2021 firmado por el entonces director gerente del SAS (y luego viceconsejero), Miguel Ángel Guzmán. Esos contratos a dedo del SAS se prorrogaron hasta el verano del año pasado acogiéndose a un Real Decreto ley derogado dos años antes, y el Gobierno de Juan Manuel Moreno anunció su paralización en marzo de 2023, 24 horas después de que lo desvelase elDiario.es en Andalucía.

El presupuesto inicial de aquel expediente para contrataciones a dedo era de 70 millones de euros, pero fue ampliándose durante dos años y medio con prórrogas y adendas de gasto hasta alcanzar los 242,7 millones, de los cuales 43,67 millones fueron a parar a 11 hospitales privados y centros clínicos propiedad del Grupo HLA Asisa, del que hoy forma parte Guzmán como director médico responsable para toda Andalucía.

Asisa, primera y segunda adjudicataria de contratos de emergencia en cinco provincias

El desglose de adjudicaciones, según aparece en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía, es el siguiente: el hospital Santa Isabel de Sevilla, del grupo Asisa, fue la primera beneficiada de 17 empresas adjudicatarias en la provincia: recibió del SAS más de ocho millones de euros de los 42,7 millones repartidos a dedo en esta provincia entre enero de 2021 y mayo de 2023; el Hospital HLA El Ángel, de Málaga, obtuvo 8,8 millones de los 50,6 millones que se repartieron entre las empresas del sector (fue la segunda más beneficiada de 19); también en Málaga el centro Doctor Mario Gallegos recibió 142.000 euros.

En Huelva, la Clínica Los Naranjos obtuvo 10,7 millones, de los 23 millones repartidos en esta provincia (la que más ingresó de cinco empresas); al Sanatorio Cristo Rey, en Jaén, se le adjudicaron 5,75 millones de los 10,7 millones para clínicas privadas de la provincia (la primera beneficiada de dos adjudicatarias); el hospital HLA Inmaculada, de Granada, logró 1,15 millones de euros de los 21,5 millones para el sector privado en la provincia (la cuarta de ocho empresas).

El Hospital Mediterráneo, de Almería, recibió 4,2 millones a dedo, de los 14,8 millones adjudicados; la Policlínica del Poniente S.L obtuvo 20.000 euros, y la Policlínica del Levante, otros 20.000 euros. Asisa fue la segunda adjudicataria beneficiada de cuatro empresas. En la provincia de Cádiz, el Hospital Jerez Puerta del Sur, del grupo HLA en Jerez de la Frontera, recibió tres millones de los 48,3 millones repartidos en la provincia, y las Plataformas Sanitarias del Sur, del hospital La Salud, de Cádiz, 1,7 millones. Juntas son la tercera empresa por volumen de adjudicación.

La incorporación de Guzmán a la aseguradora de Asisa está prevista para los próximos días, aunque aún no es efectiva, según fuentes de la compañía, que explican a elDiario.es que han valorado su “carrera profesional en el sector sanitario, con amplia experiencia en entidades públicas y privadas”. Según una portavoz, Guzmán habría iniciado ya los trámites previstos por la Ley de Incompatibilidades. “Confiamos en que no va a haber problema alguno”, subrayan, matizando que los contratos con la administración autonómica son con la rama sanitaria del grupo: “Como grupo hospitalario lógicamente hemos tenido contratos con la Junta de Andalucía y otras administraciones”.

Incompatibilidad por ley

Su salto de la cúpula de la gestión sanitaria pública andaluza a una de las mayores aseguradoras privadas de España –con una decena de hospitales y centros clínicos en Andalucía– ha levantado una polvareda de críticas de la oposición, que acusa a Guzmán de incumplir la Ley de Incompatibilidades por haber ignorado el periodo mínimo de dos años que exige la norma para poder entrar en una empresa del sector en el que ha tenido competencias directas.

Guzmán niega que su paso de la alta dirección de la sanidad pública andaluza a una aseguradora privada, en sólo tres meses, incurra en ningún supuesto de incompatibilidad o de puertas giratorias porque Asisa no tiene en este momento ningún vínculo contractual con el Gobierno andaluz.

La citada ley, de 2005, prohíbe “el desempeño por sí o por persona interpuesta de cargos de todo orden, funciones de dirección o de representación, así como de asesoramiento y mediación de empresas o sociedades concesionarias, empresas inmobiliarias, contratistas de obras, servicios o suministros, o con participación o ayudas del sector público cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas”.

Casi 24 horas después de que saltara la noticia, el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, explicó a preguntas de los periodistas que no le constaba “el nuevo desempeño del ex viceconsejero de Salud”, más allá de “lo aparecido en prensa”, aunque el mismo Guzmán ha confirmado su contratación como directivo de Asisa.

No nos consta que se haya incumplido ninguna norma. Vamos a recabar todo lo concerniente a esta situación y a analizarlo para adoptar las medidas que hubiera que adoptar. Totalmente en contra de cualquier tipo de puertas giratorias, por supuesto que sí, pero también en contra de que el paso por la política acabe perjudicando a aquellas personas que deciden dar el salto a la privada”, ha subrayado el portavoz de la Junta.

La Consejería de Justicia y Administración Pública es la competente para dirimir si existe incompatibilidad legal en el salto de la pública al sector privado del segundo responsable de la gestión sanitaria en Andalucía. Hasta este martes por la mañana, este departamento no había recibido consulta de Guzmán sobre si su nuevo cargo en Asisa representa un posible conflicto de intereses, aseguran desde Justicia. La consejería que dirige José Antonio Nieto va a estudiar el caso y si finalmente detecta una infracción, emitirá un dictamen desfavorable.

Tres prórrogas y el triple de presupuesto

Los contratos de emergencia iniciales que firmó Guzmán como gerente del SAS, con un periodo de ejecución de febrero a diciembre de 2021, se prorrogaron tres veces: la primera en diciembre de 2021 hasta los 125,7 millones de euros; la segunda el 21 de junio de 2022, ajustando “la nueva necesidad real de gasto” hasta los 226,7 millones; y la tercera en diciembre de 2022, ampliando el sobregasto hasta los 242,7 millones. Esta última ampliación no apareció en el perfil del contratante hasta que eldiario.es publicó las primeras informaciones sobre estos contratos, en marzo de 2023. Finalmente, la Junta acabó triplicando holgadamente el presupuesto inicial de adjudicaciones a dedo a clínicas privadas: de 70 millones iniciales a 243.

Las prórrogas fueron en paralelo a sucesivas adendas con ampliación presupuestaria hasta junio de 2023, ensanchando los beneficios de casi todas las clínicas privadas que firmaron el contrato inicial. Todas las del Grupo Asisa se beneficiaron de alguna prórroga y ampliación de presupuesto, y sus hospitales ingresaron casi 44 millones de euros por atender a los pacientes derivados de la sanidad pública.

El periodo en el que se autorizan las adendas y las prórrogas coincide con el segundo estado de alarma de la pandemia. El acuerdo de contratación inicial permitió a Salud firmar los 79 contratos con empresas sanitarias, pero el presupuesto estimado se demostró “insuficiente” a los pocos meses de aprobarse. Entre junio de 2021 y diciembre de 2022, el SAS firmó 124 adendas (98 a lo largo de 2021 y 26 más en 2022) que modificaron los contratos con las empresas adjudicatarias, elevando el montante global para ese mismo periodo hasta los 109,7 millones de euros (39 millones más que el precio establecido en la resolución de contratación: un 56,7% más de lo inicialmente previsto), según consta en la relación de contratos y adendas publicada en el Portal de Transparencia de la Junta.

De la privada al Gobierno de Rajoy

Miguel Ángel Guzmán es especialista en Medicina del Trabajo y Medicina de Familia, pero apenas ejerció como médico de familia en el SAS durante cuatro años, de 1988 a 1992. En realidad, su trayectoria se desarrolla principalmente en la medicina privada, hasta el punto de que llegó a ser miembro de la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y Vocal de sus Comisiones de Salud, Prevención y Relaciones Laborales. 

Ha sido director médico del Hospital Vithas Parque San Antonio de Málaga, director médico y gerente adjunto del Complejo Hospitalario Integral Privado–Hospital Chip de Málaga y director de Inteligencia de Mercado e Innovación en Mutua Universal, compañía en la que ocupó distintos puestos de responsabilidad.

Aparcó su trayectoria en la sanidad privada para ejercer varios cargos públicos para el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno. Así, el consejero Jesús Aguirre lo nombró gerente de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir en abril de 2019, y siete meses después lo promocionó director gerente del SAS. En el segundo Gobierno de Moreno fue nombrado viceconsejero de Salud. Antes, había sido vocal en el Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde septiembre de 2012 a febrero de 2018, coincidiendo con el Gobierno de Mariano Rajoy."                    (Daniel Cela / Néstor Cenizo , eldiario.es, 02/04/24) 

Radiografía de la corrupción en España: de los 15 años de 'Gürtel' a los pelotazos de las mascarillas

 "La gran marca de la corrupción política en España es Gürtel, la red corrupta que anidó en varias comunidades gobernadas por el PP y en el propio seno del partido, condenado dos veces por lucrarse de la trama. Pero un nuevo fenómeno corrupto podría desplazar de la memoria colectiva esta marca como el paradigma de la corrupción pública. 

Los contratos de emergencia durante la pandemia para adquirir mascarillas y otros productos de protección irrumpen en los juzgados, tres años después de ejecutarse, con sospechas de corruptelas relacionadas con tráfico de influencias y comisiones desmesuradas

El 15 aniversario del inicio del caso Gürtel, en febrero pasado, ha quedado ninguneado por la eclosión de un nuevo caso de corrupción, el llamado caso Koldo, sobre los contratos de mascarillas adquiridos por varias administraciones públicas por 54 millones de euros vinculados a un exasesor del que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el Gobierno de Pedro Sánchez.

El 9 de febrero de 2009, el entonces juez Baltasar Garzón inició la investigación del caso Gürtel , que se ha saldado por el momento con cerca de 70 condenados, y aún hoy quedan juicios pendientes. Uno de ellos es el derivado de la pieza Arganda, sobre las adjudicaciones irregulares en la localidad del sureste de Madrid, fijado para el 24 de junio próximo.

La foto que dejó para la posteridad la plana mayor del Partido Popular, el 11 de febrero de 2009, arropando al presidente del partido, Mariano Rajoy, tras la rueda de prensa por las primeras detenciones ordenadas por Garzón, cobra hoy un valor especial. No solo porque algunos de aquellos dirigentes resultaron luego condenados en diversas piezas separadas del caso Gürtel, como Ana Mato, exministra de Sanidad, sino también porque demuestra que la estrategia defensiva del PP ante sus casos de corrupción se transmite a las nuevas generaciones.

Victimismo como defensa

Si entonces Rajoy acusaba a los jueces y fiscales de emprender una persecución contra el PP, 15 años después otra dirigente del partido, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, hace exactamente lo mismo cuando trata de defenderse de la acusación de lucrarse de los fraudes fiscales cometidos por su pareja.

Cuando la Fiscalía presentó una denuncia contra Alberto González Amador, pareja de Ayuso, por defraudar 350.000 euros procedente de comisiones por actuar como intermediario en la compra-venta de mascarillas, la presidenta de Madrid no dudó en culpar al mismísimo presidente del Gobierno de emprender una "cacería" contra ella y su familia. 

El juez Joaquim Bosch, autor de uno de los ensayos más certeros sobre la corrupción en España, La patria en la cartera: Pasado y presente de la corrupción en España, publicado por Ariel, cree que los últimos casos de corrupción sobre la compra de mascarillas en la pandemia  "eran previsibles, porque es sabido que cuando disminuyen los controles, aumentan las prácticas corruptas".

Para Bosch, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Moncada (València), "el gran problema de España es la corrupción estrictamente política y ahí estamos en los niveles más altos de Europa. En casi todos los territorios tenemos como procesados a concejales, alcaldes, presidentes autonómicos o presidentes de diputación. La corrupción que llega a los juzgados es solo la punta del iceberg".

Radiografía actual en los juzgados

La corrupción pública, es decir, aquella que protagonizan funcionarios, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos y que afecta esencialmente al dinero público, se saldó el año pasado en España con 38 sentencias condenatorias, de un total de 54. Los tribunales concluyeron 32 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral contra 185 personas y 71 sociedades mercantiles, según informa el CGPJ. 

Dos de esos procesados son Alberto Luceño y Luis Medina, los comisionistas que se hicieron de oro en plena pandemia, al ingresar casi siete millones de euros por hacer de intermediarios en la compra de material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid.

El juez Adolfo Carretero dictó auto de apertura de juicio oral contra los dos comisionistas en octubre de 2023 y la Fiscalía pide un total de 24 años de prisión para ambos por los delitos de estafa y falsedad documental. Indica el juez que Luceño y Medina inflaron el precio de las mascarillas un 60%; un 81% en el caso de los guantes; y un 71% en el de los test; sobrecostes que fueron a parar a sus propios bolsillos en forma de comisiones. Luceño obtuvo 5,1 millones de dólares y el aristócrata Luis Medina, un millón.

Sin embargo, desde los primeros momentos de la investigación, el juez  Carretero y la Fiscalía no quisieron profundizar en la posible responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid, que abonó casi 12 millones de dólares a una empresa de Malasia, Leno, por la compra del material sanitario, con la que jamás cruzó una palabra o un mail si no fue a través del comisionista Luceño. Él y Medina pudieron llegar hasta el consistorio gracias a un primo del alcalde Almeida

Nueve delitos detrás de la corrupción

La corrupción política y la administrativa engloban los siguientes delitos: prevaricación urbanística; prevaricación de funcionarios públicos; malversación; cohecho; infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos; tráfico de influencias; fraudes y exacciones ilegales; negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función; y receptación y blanqueo de capitales

En el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora anualmente la organización Transparencia Internacional (TI), España figura en el puesto 36 de 180 países, con una puntuación de 60 sobre 100 --en la que cuanto mayor es la puntuación menor es la presencia de corrupción--."España debe emprender un esfuerzo importante para mejorar su posición. Aún hay muchas reformas legislativas contra la corrupción pendientes. El cumplimiento de los objetivos fijados en el IV Plan de Gobierno Abierto van lentos", dice a este diario Silvina Bacigalupo, presidenta de Transparencia Internacional España, que además subraya: "Una economía como la española tendría que aspirar a tener mejor puntuación en el ranking mundial, pero sobre en comparación con los Estados miembros de la UE ".

España se sitúa en el mapa global de Transparencia Internacional junto a Letonia y San Vicente y las Granadinas; en un puesto por encima de Botsuana, y dos por encima de Catar. Dentro de los Estados miembros de la UE, España se sitúa en el puesto 14 de los 27, por debajo de Portugal y por encima de Italia. 

25.000 contratos bajo sospecha

En 2012, el Estado español obtuvo la mejor puntuación de la historia, con 65 puntos, tras lo cual llegó el batacazo con la corrupción de los gobiernos del PP, alcanzando en 2017 la peor puntuación, 57 puntos. Tras la moción de censura que desbancó a Mariano Rajoy de la presidencia del Gobierno, España fue ganando puntos hasta lograr 62 en 2020. 

Silvina Bacigalupo, que es Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, explica que los avances o los retrocesos en la lucha contra la corrupción tienen reflejo directo en el Índice de Percepción de la Corrupción. Su organización recomienda a España para mejorar en el Índice, entre otras cosas, no demorar más la renovación del CGPJ; suprimir el programa de visados dorados, sobre la adquisición del permiso de residencia o la nacionalidad española para extranjeros que inviertan en España; el impulso en la regulación del registro de grupos de interés; y la mejora de la transparencia parlamentaria.

"Los casos de presunta corrupción que están aflorando ahora sobre la compra de material sanitario en la pandemia se reflejarán en el Índice del año que viene o del siguiente --indica la presidenta de Transparencia Internacional España--. Uno de los indicadores importantes que mide el Índice es precisamente el enjuiciamiento de los casos de corrupción, si esos casos se investigan judicialmente, si hay condenas o si quedan impunes". 

Comisiones de investigación

Durante la pandemia por la covid se produjeron en toda España unos 25.000 contratos de emergencia por parte de las administraciones públicas para dotarse de material sanitario. "No significa que se tenga que hacer una auditoría general, pero sí de aquellos donde afloren irregularidades", considera Bacigalupo. 

El Congreso de los Diputados ha aprobado la creación de una comisión de investigación sobre la compra de mascarillas durante la pandemia por parte de todas las administraciones públicas, que se centrará especialmente en el caso Koldo, el caso del novio de Ayuso, el caso de las mascarillas adulteradas que compró el Ayuntamiento de Madrid, además del caso Luceño y Medina. El Senado desarrollará otra comisión similar.

"Las comisiones de investigación parlamentarias me parecen bien siempre que no se conviertan en un disparador del adversario político. Ojalá esta vez sirvan para generar políticas preventivas de la corrupción", dice el juez Joaquim Bosch."              (Ana María Pascual, Público, 29/03/24)

30.3.24

El presidente del Constitucional (2013) defendió su militancia en el PP, ya de magistrado

 "El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, ha admitido ante los miembros del pleno, que mantuvo su militancia en el PP cuando ya era magistrado del tribunal. Sin embargo, ha añadido que a día de hoy ya no paga las cuotas de afiliado. Pérez de los Cobos había convocado, con carácter extraordinario, a los miembros del plenario con el fin de explicar su adscripción política entre, al menos, 2008 y 2011, tal como ha publicado hoy EL PAÍS.

El presidente, que en ningún momento ha planteado la posibilidad de dimitir, ha defendido la legalidad de su afiliación apelando a la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que limita la incompatibilidad de la condición de magistrado con el desempeño de funciones directivas en partidos políticos. Se ha acogido a esta interpretación literal sin entrar en la exigencia de la propia Constitución de que los sistemas de incompatibilidades deben garantizar la independencia.

Pérez de los Cobos tiene previsto acogerse a la literalidad del artículo 159 de la Constitución que dice que la condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible “con el desempeño de funciones directivas en un partido político” y alegar que ha sido únicamente militante de base. Ese mismo artículo señala que “los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes”.

El Constitucional ha remitido una nota de presnsa en la que concluye que "la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por consiguiente, no establecen para los Magistrados del Tribunal Constitucional incompatibilidad alguna con el hecho de pertenecer o haber pertenecido a partidos políticos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales".

El presidente del Tribunal Constitucional figura en la lista de donantes y afiliados al PP que se desgravaron sus cuotas y aportaciones entre los años 2008 y 2011. Cobos pagó 37,14 euros anuales que corresponden a la cuota mínima de militancia en la ciudad de Barcelona.

La Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíben a jueces y magistrados pertenecer a partidos políticos. Los magistrados del Constitucional no se consideran miembros de la carrera judicial y se rigen por una ley específica que, en cualquier caso, exige independencia a sus magistrados."                (María Fabra, El País, 18/07/2013)

27.3.24

¿Los países más ricos realmente son menos corruptos que los más pobres? En los países más pobres, la corrupción adopta formas claramente ilegales y escandalosas, como robar fondos públicos y aceptar sobornos. En los países ricos muchos creen que el problema ha desaparecido... pero, como reveló un informe despiadado de 2020 publicado por el New York Times, la mitad de los contratos gubernamentales del Reino Unido para suministros médicos durante la pandemia del COVID-19 fueron hechos con “empresas dirigidas por amigos y socios de políticos” a través de un “canal VIP” especial... ¿Cómo puede ser, entonces, que el IPC calificara al Reino Unido como el vigésimo país menos corrupto? El lavado de dinero, para el cual Londres es un nodo bien conocido, puede implicar la transferencia fluida de fondos a través de las fronteras mediante instituciones financieras sumamente respetadas... es la “corrupción moderna”, como las redes transaccionales de finanzas ilícitas (Yuen Yuen Ang, Johns Hopkins University)

 "En una sociedad cada vez más orientada hacia el desempeño, las métricas son importantes. Lo que medimos afecta lo que hacemos”, sostenía el informe de 2008 de la Comisión sobre la Medición del Desempeño Económico. “Con las métricas equivocadas, estaremos luchando por las cosas equivocadas”.

La Comisión estaba desafiando la primacía del PIB como la métrica del desarrollo. Pero la misma observación se aplica a la corrupción, que se mide convencionalmente -y engañosamente- como un problema unidimensional.

Los índices de corrupción global, entre ellos el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional y el Índice de Control de la Corrupción del Banco Mundial, les asignan una calificación única a los países. Estas métricas demuestran consistentemente que los países ricos están “muy limpios”, mientras que los países pobres son “altamente corruptos”. Por ejemplo, el IPC de 2023 ubica al Reino Unido (puesto 71) como el vigésimo país menos corrupto del mundo, mucho más limpio que China (42) y Brasil (36). La mayoría de los usuarios del IPC, entre ellos medios, empresas y analistas, interpretan estos números como un hecho.

Ahora bien, ¿los países más ricos realmente son menos corruptos que los más pobres? Las métricas unidimensionales como el IPC eclipsan el hecho de que las variedades cualitativamente diferentes de corrupción no se pueden reducir a una calificación única. Estas métricas también sub-miden sistemáticamente lo que yo llamo “corrupción de los ricos” -que tiende a ser legalizada, institucionalizada y ambiguamente poco ética- por contraposición a la “corrupción de los pobres”.

En los países más pobres, la corrupción adopta formas claramente ilegales y escandalosas, como robar fondos públicos y aceptar sobornos. En los países ricos, en cambio, muchos creen que el problema ha desaparecido. En The Quest for Good Governance  (La búsqueda de una buena gobernanza), Alina Mungui-Pippidi llega a concluir que las economías avanzadas han alcanzado un estado final de “universalismo ético”, donde “el mismo trato se aplica a todos”. Gran Bretaña es “el ejemplo histórico clásico” en este sentido, a lo que agrega que “el imperio británico se fragmenta habitado principalmente por poblaciones de ascendencia europea”. En resumidas cuentas, el Occidente rico está limpio.

Pero dado el actual ascenso del populismo en las democracias de altos ingresos, lo que en gran medida es una reacción contra las ventajas desmesuradas de las que gozan los ricos y los individuos con conexiones políticas, el “universalismo ético” parece más ilusorio que real. Como reveló un informe despiadado de 2020 publicado por el New York Times, la mitad de los contratos gubernamentales del Reino Unido para suministros médicos durante la pandemia del COVID-19 fueron hechos con “empresas dirigidas por amigos y socios de políticos” a través de un “canal VIP” especial.

¿Cómo puede ser, entonces, que el IPC calificara al Reino Unido como el vigésimo país menos corrupto? La calificación no se basa en encuestas realizadas internamente por Transparencia Internacional, sino en una combinación de diversas encuestas de terceros. Casi todas ellas provienen de organizaciones occidentales como la Unidad de Inteligencia de The Economist, y tienden a depender considerablemente de respuestas de ejecutivos de empresas occidentales.

Por otra parte, las palabras que se emplean en estas encuestas suelen ser vagas. Por ejemplo, el Anuario de Competitividad Mundial, una de las fuentes del IPC, les presenta a los ejecutivos de empresas una opción binaria burda: “Sobornos y corrupción: existen o no existen”. No sorprende que el IPC muestre, año tras año, que los países ricos están “muy limpios”, aún si sus ciudadanos comunes no están de acuerdo.

Consciente de que no había otras alternativas para estas métricas convencionales, a pesar de varias críticas (inclusive del propio creador del IPC), dirigí el Índice de Corrupción Desglosada. Al igual que el IPC, el ICD es una métrica de corrupción basada en percepciones que depende de encuestas de expertos. Sin embargo, desglosa la corrupción en cuatro variedades distintas: robo pequeño (extorsión por parte de funcionarios de poca monta), robo grande (malversación de fondos por parte de los políticos), dinero para acelerar trámites (pequeños sobornos para superar obstáculos burocráticos o asedio) y dinero de acceso (grandes pagos a cambio de privilegios exclusivos y lucrativos como contratos y rescates).

Mientras que las tres primeras variedades de corrupción -endémicas en los países pobres- son abiertamente ilegales y directamente nocivas, el dinero de acceso podría ser ilegal (como en el caso del soborno) o permisible (como en las finanzas de campaña). Los métodos sofisticados de compra de privilegios pueden involucrar a instituciones enteras donde ningún individuo es corrupto. Por ejemplo, el lavado de dinero, para el cual Londres es un nodo bien conocido, puede implicar la transferencia fluida de fondos a través de las fronteras mediante instituciones financieras sumamente respetadas. En Estados Unidos, los bancos colectivamente gastaron miles de millones de dólares en hacer lobby a favor de regulaciones laxas, lo que condujo a la crisis financiera de 2008 y, sin embargo, solo un banquero fue imputado.

El ICD usa una encuesta de expertos original para calificar los cuatro tipos de corrupción. A fin de mejorar la calidad de la medición, empleo viñetas estilizadas en las que se les pide a los participantes que califiquen la prevalencia de escenarios representativos específicos en lugar de niveles de corrupción general. Más abajo se puede visualizar mi prototipo, que abarca 15 países. El resultado total del ICD de cada país aparece en la parte superior y se desglosa en las cuatro categorías de corrupción. Cada cuadro coloreado representa el tipo más dominante. Ahora podemos comparar no solo los niveles agregados de corrupción percibida, sino también el tipo y configuración de la corrupción en los diferentes países.

Una comparación reveladora se produce entre Estados Unidos y China. Estados Unidos, en general, es menos corrupto que China, pero la brecha se achica al máximo en la categoría de dinero de acceso, el tipo dominante de corrupción en ambos países. En particular, la calificación de dinero de acceso de Estados Unidos es más alta que la de países de ingresos más bajos como Tailandia y Ghana. Si nos basáramos exclusivamente en calificaciones generales, llegaríamos a la conclusión de que Estados Unidos está limpio. Pero cuando se desagregan las calificaciones, podemos explicar el atractivo de las promesas populistas de “drenar el pantano”.

Aún más interesante es el hecho de que, en Estados Unidos y China, prevalecen diferentes formas de dinero de acceso. En una comparación basada en una viñeta sobre aceptación de sobornos a través de las redes personales de los políticos, China domina claramente. Sin embargo, cuando pasamos a prácticas de “puerta giratoria” y captura regulatoria a través del lobby, Estados Unidos pasa a ocupar la delantera.

En resumen, el dinero de acceso en Estados Unidos es principalmente institucional, mientras que el problema en China sigue enredado en relaciones personales que involucran sobornos y pilas de dinero escondido. China no necesariamente es más corrupta que Estados Unidos, pero su corrupción ciertamente tiene una calidad diferente.

Una mala medición de la corrupción no es un simple tecnicismo. Esencialmente, refuerza el mensaje ilusorio, hipócrita y muchas veces eurocéntrico de que los países de altos ingresos han alcanzado un estado duradero de pureza ética. En realidad, la corrupción no necesariamente desapareció cuando los países se volvieron más ricos -más bien, evolucionó, volviéndose más sofisticada e imperceptible.

Debemos seguir combatiendo la “corrupción de los pobres”. Pero, al desagregar la corrupción, las democracias capitalistas también pueden dirigir la atención necesaria, de manera urgente, hacia algunos de sus problemas más apremiantes, entre ellos la creciente desigualdad, la caída de la confianza pública en el gobierno y lo que la administradora de USAID, Samantha Power, llama “corrupción moderna” (como las redes transaccionales de finanzas ilícitas). Superar estos desafíos exige medirlos con precisión, y no hacer de cuenta que no existen."

(Yuen Yuen Ang, Professor of Political Economy at Johns Hopkins University. Revista de prensa, 26/03/24. Este artículo se publicó originalmente en Project Syndicate.)

26.3.24

El contrato de los 44 millones para la Federación y para Piqué por la Supercopa en Arabia que hay tras la operación de la Guardia Civil

 "Los agentes de la Guardia Civil y la Europol que entraron este miércoles en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en Las Rozas buscaban, entre otros papeles, los documentos relacionados con el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí. Esa operación es el principal objetivo de la querella presentada por Miguel Ángel Galán el 30 de mayo de 2022 contra el entonces presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y contra Gerard Piqué, que todavía era jugador del Barcelona. Galán puso en marcha este proceso un mes después de que El Confidencial desvelara audios y documentos de las negociaciones entre ambos.

Rubiales y Piqué emprendieron a finales de 2018 la puesta en marcha de un nuevo formato para la competición, con cuatro equipos en lugar de dos, que se disputan el trofeo en dos semifinales y una final. Terminaron firmando con Arabia Saudí un contrato que entró en vigor el 15 de septiembre de 2019, y que el presidente de la Federación celebró con este audio al futbolista: “Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites. Bueno, menos para algunas cosillas que casi mejor no me necesites. Venga, un abrazo enorme. Cuídate mucho, amigo”. El acuerdo llevaba inicialmente allí tres ediciones del torneo a cambio de 40 millones de euros anuales para la Federación y cuatro millones anuales de comisión para Kosmos, la empresa del todavía entonces futbolista del Barça, uno de los participantes en la primera edición disputada en Yeda, en 2020.

Cuando se conocieron los entresijos de las negociaciones del presidente y el futbolista, Piqué compareció en una rueda de prensa en la que defendió su comisión: “Estamos hablando de una cosa que es totalmente legal. La gente puede dudar de si es moralmente correcto o si hay un conflicto de intereses”, dijo sobre un dinero que había acordado con Rubiales que le pagarían directamente los saudíes, y no la federación, tal como se desprende de los audios filtrados. “La comisión de un 10% es de mercado. Es relativamente bajo, porque se mueve en torno a un 15% o 20%. Era acorde a lo que cobran todas las agencias por hacer este tipo de gestiones”.

Rubiales también defendió su participación en el negocio en una comparecencia en la sede de la federación registrada este miércoles: “La gestión es impoluta y no tengo nada de que avergonzarme. El contrato es ejemplar”, aseguró. Para entonces, se habían disputado dos ediciones en Arabia Saudí, la de 2020 y la de 2022. La de 2021 se quedó en España por la pandemia. Además, el contrato se había ampliado tres años más, hasta 2026. Más tarde, se extendió un trienio más, hasta 2029, que es el acuerdo vigente actualmente.

Los contratos entre la federación de Rubiales y Piqué no son el único aspecto que ha estado en entredicho en el traslado de la Supercopa a Arabia. Varios clubes se han quejado del reparto de las compensaciones, mayores para el Real Madrid y el Barcelona, tal como planearon juntos y quedó claro en un audio enviado al presidente por el futbolista: “A ver, Rubi. Si es un tema de dinero, si ellos [Real Madrid] por ocho irían, hostia, tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça... A los otros se les paga dos y uno... son 19, y os quedáis la federación seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos... Le decimos que si no el Madrid no va... y le sacamos un palo más o dos palos más...”. Las cifras terminaron siendo distintas. En la primera edición, el Madrid y el Barcelona cobraron 6,8 millones cada uno, mientras que el Valencia se quejó por recibir solo 2,5. En 2023, el que se quejó fue el Betis, al que correspondían 750.000 euros por los 1,7 millones del Valencia y 2,8 del Madrid y el Barça."                (Dávid Álvarez, El País, 20/03/24)

25.3.24

El concejal y la funcionaria que negaron la licencia de obra a la pareja de Ayuso fueron relegados de sus puestos

 "El Ayuntamiento de Madrid denegó el permiso para hacer obras en el piso que Alberto González Amador compró en la capital, en el que vive actualmente junto a su pareja, la presidenta de la Comunidad de Madrid. La única petición para ejecutar los trabajos, que fue presentada a través de una declaración responsable, fue rechazada a finales del año 2022 por la Junta de Chamberí debido a la ausencia de la documentación necesaria.

El concejal que presidía en ese momento la Junta era Javier Ramírez, quien no renovó su acta de edil en Cibeles y actualmente se encuentra lejos del distrito. Su nombre también fue desplazado de los puestos de salida en la lista electoral del Ayuntamiento para las últimas elecciones municipales y quedó relegado al número 33, sin posibilidad de reelección. La responsabilidad última para la confección de la listas en la región corresponde a Isabel Díaz Ayuso como presidenta del PP de Madrid.

Fuentes internas del PP contactadas por este periódico achacan la salida de Ramírez a una “represalia” por haber negado las obras en el piso en el que actualmente reside la presidenta de Madrid. Y aseguran que recibió “presión” del partido para permitirlas. Contactado por elDiario.es, Javier Ramírez asegura desconocer el expediente sobre las obras que fueron denegadas y dice estar satisfecho con su actual ocupación al frente de Madrid Calle 30, la empresa mixta que gestiona esta carretera de circunvalación. El alcalde Almeida lo colocó allí en julio del año pasado, después de las elecciones, pese a no contar con ninguna experiencia en el campo de la movilidad ni las infraestructuras.

Con la caída de Javier Ramírez también fue cesada María Cristina Goncer, la coordinadora general de Chamberí. Ella fue la funcionaria que firmó la resolución en la que denegaba las obras para Alberto González y su nombre apareció entre los 13 primeros ceses que ejecutó el Gobierno de Almeida después de su reelección como alcalde. Fuentes del Ayuntamiento aseguran que el cese fue voluntario porque la coordinadora quiso volver a su plaza. Goncer, que es funcionaria de carrera con nivel 30, fue colocada recientemente por el área de Urbanismo como subdirectora de la Oficina del Nuevo Plan General Ordenación Urbana Madrid.

Obligación de revertir las obras

La pareja de Ayuso pidió al Ayuntamiento de Madrid hacer obras en agosto de 2022, un mes después de consumarse la compra de la vivienda. La reforma en su piso de 208 metros cuadrados era integral: según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico, incluía demoler tabiques, suelos, falsos techos, alicatados y todo el mobiliario de la cocina. También incluía la renovación completa de la electricidad, la fontanería y el saneamiento de la propiedad.

Pero ninguno de estos trabajos fue permitido por el Ayuntamiento de Madrid. La respuesta negativa del consistorio a ejecutar las obras se produjo a principios de noviembre de ese mismo año: en ella los técnicos del distrito de Chamberí ordenaban la “paralización y/o el cese inmediato de la actuación”, así como “la obligación de restituir la situación física y jurídica al momento previo a la realización de la actuación”, en el caso de que ya hubiera comenzado los trabajos.

El motivo del rechazo era que la pareja de Isabel Díaz Ayuso no había concretado ni las fases constructivas de su obra ni había aportado los documentos técnicos necesarios, y tenía intención de “ampliar” su declaración responsable con estos y otros detalles, algo que el Ayuntamiento le tuvo que recordar que no era posible en un trámite de este tipo.

La Junta de Chamberí advirtió también a González Amador que para las obras que había comunicado era necesario un plan para gestionar los residuos que iban a generar, además de aportar una fianza que asegurara su correcto traslado. Y pese a que no consiguió el permiso municipal que diera luz verde a su reforma, le impuso el pago de 287,70 euros como tasa por la prestación de los servicios urbanísticos que había generado.

La presentación de una declaración responsable es algo habitual a la hora de iniciar actividades económicas u obras en Madrid. Se trata de una figura legal por la que la persona que la presenta asegura contar con todos los permisos para ejercer la actividad. La entidad responsable de la supervisión -en este caso la Junta de Chamberí- ha de revisar con posterioridad los documentos y, en el caso de que sean correctos, otorga su visto bueno a la operación.

En casos como el de la declaración responsable presentada por Alberto González, con resolución negativa, la persona responsable tiene que esperar al menos tres meses para presentar una nueva declaración responsable que le habilite para hacer los trabajos y, en cualquier caso, tiene vetado avanzar en la obra hasta obtener la luz verde del Ayuntamiento. De hacerlo se expone a una multa del consistorio.

González Amador adquirió el piso que comparte con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en julio del año 2022. En julio de 2023, justo un año después, la sociedad Babia Capital compró el ático situado justo encima del primer inmueble. El administrador de esta empresa es es Javier Luis Gómez Fidalgo, abogado de González Amador. Ayuso y su pareja disfrutan también de esta segunda propiedad.

En octubre de 2023 la revista Vanitatis publicó que Díaz Ayuso se mudaba a esta propiedad de Chamberí. En el artículo, un vecino de la zona aseguraba que se acababan de vender dos pisos, debido al fallecimiento de “propietarios de toda la vida” en una manzana de marcado carácter residencial. “Es necesario hacer obras y actualizarlos porque el edificio es de los años 50”, añadía a esta publicación.

No consta otra petición de obras ni inspecciones

El sistema de licencias del Ayuntamiento no cuenta con ninguna petición de obras en esta finca desde que le fuera denegada a finales de 2022 la presentada por González Amador. El actual concejal de distrito, que sustituyó a Javier Ramírez, es Jaime González Taboada, que entró en las listas electorales después de cuatro años sin cargos públicos, coincidiendo con la aparición de su nombre en la Púnica, que no derivó en ninguna imputación.

Taboada es el presidente del PP de Chamberí, agrupación de la que es afiliada Isabel Díaz Ayuso. Ambos se conocen desde hace más de una década. Su candidatura apareció por sorpresa en la lista del PP para el Ayuntamiento de Madrid y, después de las elecciones, Almeida le asignó la gestión de su distrito de residencia.

Los técnicos de la Junta de Chamberí son los encargados de comprobar si Alberto González Amador cumplió las órdenes municipales o ejecutó obras sin licencia, en el caso de que el equipo de Taboada decidiera enviar una inspección a la finca. Este periódico ha preguntado al Ayuntamiento de Madrid si ha girado alguna visita para comprobar si las obras solicitadas se habían llevado a cabo, pero desde Cibeles evitan responder a la pregunta porque el consistorio “no ofrece información sobre expedientes de particulares”.

En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información."                 (José Precedo / Diego Casado , eldiario.es, 18 de marzo de 2024)

23.3.24

Los familiares de Ayuso

 "A la presidenta de la Comunidad de MadridIsabel Díaz Ayuso, le crecen los enanos. Aunque la líder regional trata de mantener esa imagen de fortaleza ante los escándalos por la que siempre se ha caracterizado, el caso de su novio, Alberto González Amador, parece la gota que rebosa el vaso. Pero a la noticia que ha ocupado la actualidad -y a la que ElPlural.com ha dedicado varias exclusivas- le acompañan otras informaciones aportadas por este medio respecto de los padres de la presidenta, su hermano, Tomás Díaz Ayuso, o la cuñada, Alejandra T.B., que cada vez comprometen más a la responsable de Sol.

La vivienda nuda propiedad de Ayuso, fruto de una polémica donación

Ayuso es la única propietaria de una vivienda -a pesar de que ella asegura no disfrutar de ningún inmueble-, aunque está en nuda propiedad, es decir, que la posee, pero no puede hacer uso de ella.

Este inmueble, localizado en Chamberí -misma zona en la que vive con su pareja- es a su vez la sede de una sociedad denominada ‘Ayuso Lahoz S.L’, cuyo objeto social es el “comercio interior y exterior, explotación, distribución de aparatos y material fungible y consumibles de equipo médico”, tal y como informó en exclusiva este periódico.

La casa, de 90 metros cuadrados, es fruto de una donación polémica de los padres de la presidenta, ya que el traspaso se produjo cuando una de las compañías familiares de los Díaz Ayuso, MC Infortécnica S.L, comenzó a no poder afrontar las deudas contraídas con la empresa semipública Avalmadrid. En otras palabras, el objetivo de la donación era que los acreedores embargaran el inmueble.

Los progenitores de la política consiguieron su objetivo ya que, en la actualidad, Ayuso sigue siendo propietaria del inmueble y los acreedores del mismo siguen sin cobrar, mientras que sus padres se quedaron el derecho del usufructo de una propiedad cuyo valor catastral está cifrado en 140.547 euros, aunque el valor de mercado es muy superior.

El ‘nuevo’ inmueble de Tomás Díaz Ayuso

ElPlural.com también ha podido saber en la última semana que el hermano de la presidenta dispone de una vivienda en régimen de alquiler en la que vive con Alejandra.T.B. El inmueble se encuentra en el municipio madrileño de Villanueva de la Cañada, localidad que se puede considerar feudo del PP, ya que los populares tienen 16 de los 21 concejales existentes (Vox es segunda fuerza con 3 y el PSOE tercera con 2).

La vivienda -cuya dirección este medio no ha publicado para respetar la privacidad- tiene un valor estimado de alquiler de 2.000 euros y de 424.000 de compra, según el portal de compra y venta de vivienda Idealista, aunque los inmuebles de la zona rondan e incluso superan el medio millón.

El edificio de la presidenta disfruta de tres plantas, cuatro habitaciones y tres baños, así como jardín, trastero, garaje y 256 metros cuadrados de parcela, mientras que a la ubicación tampoco le falta lujo de detalle, pues le amparan complejos deportivos, áreas verdes, zona universitaria, el parque acuático Aquopolis o un campo de golf. Hay que destacar que Tomás Díaz Ayuso disfruta asimismo de un chalé de 700 metros cuadrados que tiene en la localidad de Sotillo de la Adrada (Ávila). Además, posee el 50% de una propiedad en Ugena (Toledo).

El entramado empresarial del hermano de la presidenta

El despliegue empresarial del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid no es para nada escaso, tal y como ha recordado este medio a colación de los hechos que se han ido destapando a lo largo de las últimas semanas.

El familiar de la líder regional se embolsó 1,5 millones de euros de beneficio por la operación de venta de 250.000 mascarillas de la Comunidad de Madrid que a él le costaron poco más de medio millón de euros. Según contaba en exclusiva ElPlural.com, Tomás Díaz Ayuso facturó solo en estos años 1.249.169 euros de manera ‘íntegra’ para él habida cuenta de que no tiene ningún empleado a su cargo.

En 2020 su volumen de negocio fue de 372.884 euros, una cifra que ascendió hasta los 420.580 euros un año después. Y el montante fue todavía superior en 2022, cuando el coronavirus daba sus últimos coletazos -pero todavía causaba estragos-, ya que al final de este curso el volumen de negocio del mayor de los Ayuso fue de 455.705 euros.

La compañía que medió en la compra de mascarillas es de sobra conocida -Priviet Sportive S.L-, aunque este medio ha publicado varias informaciones interesantes sobre ella como que recibió hasta siete subvenciones por dedicarse a la agricultura y la ganadería o 360.000 euros de dinero público procedentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital entre 2020 y 2021.

Dejando a un lado el imponente volumen de negocio y los beneficios derivados de la comisión por la venta de mascarillas, el entorno de la líder regional ha logrado beneficiarse de, al menos, 23 contratos de la Comunidad.

Polémica plaza de funcionaria de la cuñada de Ayuso

Más leña al fuego. La cuñada de Ayuso logró un puesto de funcionaria mediante un proceso de selección que comenzó el 16 de agosto de 2023, con la inmensa mayoría de gente de vacaciones, y terminó tan solo ocho días después. El resultado es simple: ella fue la única que se presentó y, por lo tanto, logró la plaza.

En plena época estival, el Ayuntamiento precisamente de Villanueva de la Cañada publicó el día mencionado las bases para la “provisión de plaza de técnico medio de gestión, de administración general, mediante un nombramiento en comisión de servicios por motivos de urgente e inaplazable necesidad”.

El novio de la líder madrileña, imputado

Después de las mentiras y la defensa de Ayuso sobre su pareja, el pasado viernes González Amador fue imputado por dos presuntos delitos de defraudación tributaria y un tercer presunto delito de falsedad en documento mercantil. Así lo remitía la magistrada titular del Juzgado de Instrucción Número 19 de Madrid, que abrió diligencias por estos hechos. De esta manera, deberá declarar como investigado con el resto de personas denunciadas: Maximiliano Eduardo N. G., David H. L., Agustín C. S. y José Miguel C. S."                 (Rubén Rozas, El Plural, 23/03/24)