La Mafia se lucró de la compra que Gas Natural hizo del grupo italiano Brancato

"La Mafia italiana se benefició en 2004 de la compra que Gas Natural hizo del grupo Brancato.

La compañía española, entonces presidida por Antonio Brufau (hoy presidente de Repsol) acordó a principios de ese año la adquisición de la empresa italiana, primer operador de gas privado de Sicilia, en una operación valorada en 115 millones 

. De esa cantidad, 46 millones fueron a parar a la viuda y las hijas de Ezio Ruggero Maria Brancato, a quien la policía de Palermo vincula con Cosa Nostra.

La policía de Palermo comunicó la pasada semana que había intervenido bienes de la viuda y las hijas del empresario gasístico (fallecido en el año 2000) situados en Italia, España y Andorra, en una operación contra la Mafia en la que también participaron fuerzas policiales españolas y andorranas.

Ezio Ruggero Maria Brancato era accionista de seis sociedades pertenecientes al llamado Grupo del Gas, con sede en Palermo. Este grupo, según las investigaciones policiales, estaba en realidad bajo el control de conocidas figuras mafiosas, Vito Ciancimino y Bernardo Provenzano.

Ciancimino fue un político, alcalde de Palermo, muerto en 2002, vinculado a clanes mafiosos. Provenzano, fallecido en 2016, conocido como El Tractor, llegó a liderar los Corleoneses, la familia más temida de Cosa Nostra, y pasó 43 de sus 86 años de vida en paradero desconocido; se le vincula con los asesinatos de los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, en 1992, entre otros muchos.

"Las numerosas convergencias sobre las compañías involucradas muestran la relación entre Ezio Ruggero Maria Brancato y sus herederos con Cosa Nostra, a través de las inversiones en Grupo del Gas", dice el comunicado de la policía de Palermo.

La investigación policial italiana destaca que la viuda de Brancato, Maria D’Anna, y sus hijas, Monia y Antonella, vendieron sus acciones en el Grupo Gas por 46 millones de euros a la multinacional española Gas Natural en 2004. La compañía en su conjunto tenía un valor de 115 millones de euros.

"Con los ingresos de la venta, la familia Brancato compró propiedades caras, incluidos inmuebles históricos en Palermo, Cerdeña y España", informa la policía de Palermo.

Entre los bienes confiscados por la policía de la familia Brancato, por valor cercano a los 40 millones de euros, se encuentran sociedades con sede en Italia y España; 59 propiedades inmobiliarias, algunas de ellas situadas en Cataluña; y varios automóviles, entre otros activos.

La aventura italiana de Gas Natural

"La empresa estaba regulada por el Gobierno italiano, cuando hicimos la due diligence para cerrar la adquisición todo estaba limpio", señalan fuentes de Gas Natural (hoy Naturgy). "Otra cosas es que, después, se hayan descubierto vínculos de sus antiguos accionistas con la Mafia", lamentan.

Gas Natural comunicó la compra de Brancato en enero de 2004, iniciando así una ofensiva sobre el mercado del gas italiano.

 Brufau ya había expresado su deseo de expandir el negocio del grupo español en el extranjero, y en particular en la zona mediterránea. En 2003, el Gobierno italiano finalizó la liberalización total del sector del gas.

Brancato estaba presente en 73 municipios de Sicilia con 93.000 clientes. Gas Natural creó Gas Natural Distribuzione Italia para agrupar las sociedades de distribución adquiridas al Grupo Brancato, por 115 millones de euros.

En agosto de ese mismo año, Gas Natural compró otra empresa de gas siciliana, Smedigas, por cerca de 70 millones. La empresa italiana distribuía gas en más de 20 municipios.

Adquisición de Nettis

Un mes después, en septiembre de 2004, la multinacional española se hizo con otra compañía gasística, Nettis, por 140 millones de euros, que contaba con 91.000 clientes, presente en 24 municipios de las regiones de La Puglia, Calabria y Sicilia.

Con estas adquisiciones, a finales de 2004 Gas Natural se acercaba a su objetivo de alcanzar los 300.000 clientes en Italia. Tres años después, la compañía española, presidida entonces por Salvador Gabarró, se hizo con el grupo gasista Italmeco por 32,2 millones de euros, que operaba en cuatro regiones del centro y sur de Italia.

"Gas Natural se expandió por el sur de Italia comprando entre 15 y 20 empresas municipales de gas", recuerdan las fuentes cercanas al grupo español consultadas por este diario. "Brancato fue una de ellas, la empresa estaba limpia, pero ahora se ha sabido que sus accionistas no lo estaban", señalan.

El pasado año, a principios del mes de octubre, Gas Natural vendió su negocio en Italia. La compañía, presidida por Isidro Fainé, acordó la venta a Edison y 2i Rete Gas, por 1.020 millones de euros. Gas Natural logró 190 millones de euros de plusvalías."                  (Alberto Ortín, Vox Populi, 28/12/18)

El Castor o la vergüenza del régimen

"La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la indemnización que recibió ACS por la hibernación del almacén subterráneo pone de manifiesto cómo se toman las decisiones en un Estado como el español.

 Este proyecto tenía como objeto el almacenamiento de gas y se situaba frente a las costas de Tarragona y Castellón y fue inicialmente aprobado por el gobierno de Zapatero en un alarde visión de futuro. Todo formaba parte de una estrategia de garantía de suministro de gas en caso de desabastecimiento externo que se ha demostrado como errónea y muy cara, como siempre, para los consumidores. 

Las veleidades de los grandes grupos energéticos alrededor del poder, independientemente  de quien gobierne, casi siempre recaen sobre el eslabón más débil de la cadena, es decir los súbditos que conformamos el Estado moderno.

 Tres de esos proyectos se han paralizado en los últimos dos años: Castor (en el Golfo de Valencia), Marismas (en Huelva) y la ampliación de Gaviota (frente a la costa de Bizkaia).

 La planificación vigente preveía que el volumen operativo en almacenamientos subterráneos aumentara un 238% en 2016, un objetivo que no se ha cumplido y demuestra la falta de pericia y conocimiento de quienes pensaron en esta fórmula tan dolosa para los consumidores y tan golosa para las grandes corporaciones, que siempre pagan muy bien este tipo de experimentos con las cobayas nacionales.

 El fiasco más notable ha sido el de Castor. La secuencia de seísmos, primero ignorados y luego minimizados por los responsables políticos, provocaron la paralización de los trabajos por parte de Escal UGS, controlada por ACS, quien era la concesionaria de la explotación.

 El Gobierno de Zapatero introdujo una cláusula de salvaguardia de la inversión para que estas pobres empresas no sufrieran ningún quebranto y no incurrieran en pérdidas, importando muy poco si la salud peligraba o si el coste final para el consumidor era tan elevado, como así ha sido finalmente. 

Esta cláusula se fijó, ahora parece que de forma arbitraria según el Constitucional, en 1.350 millones. Del mantenimiento de las instalaciones, que permanecen en estado de hibernación, se encarga ahora Enagás. La Fiscalía de Castellón, tras analizar el caso, ha decidido denunciar a la cúpula de Escal UGS y a los responsables de la tramitación ambiental del proyecto de los ministerios de Medio Ambiente e Industria, aunque todavía no hay sentencia sobre ello.   

Pero lo más grave fue que el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) validó en 2007 los estudios técnicos que presentó al Ministerio de Industria la concesionaria de Castor. Dos años antes el Observatorio del Ebro, un instituto de investigación, había alertado de la actividad sísmica que podía generar un proyecto de la magnitud del Castor, el mayor almacenamiento subterráneo de gas de España.  

 Como suele hacerse en estos casos, el proyecto se financió con una emisión de deuda (bonos) de 1.400 millones respaldada Banco Europeo de Inversiones (BEI) con una línea de tesorería de 200 millones de euros. Gracias a ese apoyo el proyecto consiguió una calificación crediticia más atractiva para los inversores, lo cual dice mucho de la influencia que tiene montar una estructura de este tipo con el apoyo de un Estado miembro, aunque las dudas sobre su viabilidad técnica y sus riesgos sobre la población sean ignorados por políticos y empresarios, cuya única hoja de ruta es la cuenta de resultados.

 Una vez el proyecto se suspendió, la concesionaria, tendrá que devolver la suma de la indemnización a los bonistas que financiaron el proyecto. ACS ya aseguraba en su informe de gestión de 2013, depositado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que Escal tiene derecho a devolver la concesión en cualquier momento” y que por tanto el valor de la inversión es totalmente recuperable. 

Esta clausula, que fue recurrida por el Abogado del Estado por ser lesiva para el interés general, fue avalada por el Tribunal Supremo, para respiro del gobierno de Zapatero.  Por suerte, en la nueva Ley de Evaluación Ambiental, se incluye el riesgo sísmico como variable a tener en cuenta para la concesión de permisos y licencias de este  tipo.

 Después de toda esta chapuza legislativa, con gran dolo para el Estado que tanto quieren y protegen los diputados mal llamados constitucionalistas, ahora el alto Tribunal en la sentencia dictada cuestiona el mecanismo de pago, el cálculo de la cuantía y la urgencia del desembolso. 

No hay que olvidar que el dinero que el Estado pagó de forma inmediata a la concesionaria, 1350 mill€, fue a parar a los bonistas (entre ellos el BEI), como bien apuntaba ya la empresa de Florentino en 2013. Siempre hay que preservar los derechos de accionistas y bonistas porque si no, no hay flujos de capital hacia este tipo de inversiones.

 La fórmula legislativa elegida no parece que fuera la correcta, como tampoco lo fue la urgencia (35 días), ni por supuesto la cuantía fijada, pero eso ahora ya no importa, porque el daño ya está hecho, y todos los españoles hemos sufragado el pago a los pobres bonistas que recibieron su inversión. 

Ahora comenzará un proceso larguísimo de litigios entre las partes,  sin que exista ninguna garantía que algún día los consumidores españoles puedan recuperar una cantidad muy respetable que se han embolsado los inversores y la empresa concesionaria, gracias a una cláusula que alguien del entorno de Zapatero introdujo y que un tribunal ha avalado, obviando el dolo para el interés general.

 En suma, ya tenemos el círculo vicioso perfecto. Empresas del régimen oligopolístico proponen un negocio al gobierno de turno, asegurándose de que se hace la vista gorda con los riesgos para su explotación, como así fue en el caso del Castor.

 Para llevarlo a cabo, se incluyen cláusulas de salvaguardia por si los resultados son negativos o generan una alarma social, como ocurrió con los seísmos en la zona. Una vez se suspende el proceso, cobran de forma inmediata para no espantar a los inversores futuros y la broma la acaban pagando los tontos de los consumidores.

 El círculo se cierra votando a los mismos que nos han sacado de la cartera los 1350 mill€. Y por supuesto, siempre hay jueces que son cooperadores necesarios para evitar que prime el interés general, frente a las grandes multinacionales. 

Y ahora el Constitucional, para disimular, apela a un defecto de forma (como la amnistía fiscal, por ejemplo) y recuerda al ejecutivo que hay que cuidar las formas y no pagar tan rápido. Pero de devolver el dinero nada, que si no Florentino Pérez se enfada y entonces dejará de regar con palcos y catering a los que supuestamente defienden a los trabajadores y la oposición política de la villa y corte. "         (Alejandro Inurrieta, Vox Populi, 25/12/17)    

La UE multa con 1.106 millones a E.ON y GDF Suez por monopolio

"La Comisión ha impuesto hoy multas por un valor total de 1.106 millones de euros a la empresa energética alemana E.ON y a su filial E.ON Ruhrgas y a la compañía francesa GDF Suez por haber llegado a un acuerdo para repartirse los mercados francés y alemán del gas, lo que vulnera la normativa comunitaria que prohíbe las prácticas comerciales restrictivas. Cada una de las empresas -E.ON/E.ON Rhurgas por una parte y GDF Suez por la otra- deberá pagar 553 millones.

El Ejecutivo comunitario cree que el acuerdo "permitió a E.ON y a GDF conservar posiciones sólidas en los mercados alemán y francés del gas en el momento de su liberalización". Las empresas privaron así deliberadamente a los consumidores de gas franceses y alemanes de las ventajas aportadas por la directiva europea de 1998, es decir, más competencia en cuanto a precios y más posibilidades para elegir proveedor." (El País, ed. Galicia, Economía, 08/07/2009)