"Poco a poco desaparece el miedo que existía a
denunciar la supuesta trama de cobro de comisiones a empresarios que
querían ser adjudicatarios de obras que licitaba la Generalitat de
Cataluña.
En este caso, ha sido un industrial de origen francés, que
suele trabajar en España, el que se ha decidido a acudir a las Fuerzas
de Seguridad para contar, con todo lujo de detalles, lo que le ocurrió
cuando participó en el concurso para unas obras en el Puerto de
Barcelona.
La investigación sobre este asunto, que ya está
judicializado en la Audiencia Nacional, no ha hecho nada más que empezar
(la denuncia fue presentada a finales del pasado enero) y se ha
decretado el secreto de las actuaciones. Se desarrollan a gran velocidad
gracias a la colaboración franca y directa del empresario galo, que se
ha mostrado dispuesto en todo momento a declarar.
Además, en este caso, al intento de cobro de comisiones, se une un capítulo, de carácter auténticamente «mafioso», ya que cuando el empresario se negó a pagar el 5 por 100 que se le exigía para que la obra le fuera adjudicada, recibió la visita de una persona vinculada a la agencia de detectives Método 3, que le amenazó por el cobro de una deuda que el industrial no tenía. Más parecía un aviso para que mantuviera la boca cerrada que una equivocación sobre una deuda inexistente.
Según han informado a LA RAZÓN fuentes cercanas a la investigación, el empresario francés mostró su interés por realizar la citada obra del Puerto de Barcelona. No pasaron muchas fechas sin que se pusiera en contacto con él Felip Puig Godes, que ocupó en su momento la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat y, en la actualidad, es consejero de Empresa y Ocupación.
Al menos así lo ha manifestado el empresario galo, cuyo nombre consta en las actuaciones judiciales, y que ha asegurado que se le exigió una comisión del 5 por 100. El industrial se negó en rotundo a pagar y, por supuesto, no pudo llevar a cabo la obra.
Éste podría ser el final de una de las decenas de asuntos que investiga la Comisaría General de Policía Judicial de la Policía Nacional, a través de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), pero faltaba un capítulo añadido, que también tratan de comprobar los agentes, con el fin de formalizar los atestados.
Según cuenta el empresario, una vez comunicada su negativa a pagar el 5 por 100, recibió la visita de una persona vinculada a la famosa agencia de detectives Método 3, para exigirle, en tono imperativo y amenazante, el pago de una deuda inexistente. Se trataba, según interpretan las fuentes consultadas por este periódico, de una advertencia para que mantuviera la boca callada, ya que el malestar del empresario era patente por todo lo que había ocurrido.
Tras destaparse el «caso Pujol» y otros asuntos de presunta corrupción que afectarían a la Administración autonómica catalana, ha crecido el número de personas que acude directamente a la Justicia , o a las Fuerzas de Seguridad, para denunciar el chantaje, consumado o no, de que fueron objeto para poder licitar, y ganar en su caso, concursos de obras convocados por la Generalitat.
En este caso, la UDEF realiza un informe que será presentado en las próximas semanas ante el Juzgado Central de Instrucción número 5, que dirige el magistrado Pablo Ruz, para que, en su caso, adopte las medidas que estime oportunas, entre ellas la toma de declaración a las personas involucradas.
Según reveló LA RAZÓN el pasado agosto, la UDEF había elaborado un informe, entregado en la Audiencia Nacional, en el que se afirmaba que «las millonarias comisiones que consideramos no justificadas percibidas por Jordi Pujol Ferrusola tienen su génesis en un negocio mayormente involucrado con el área pública de la Administración».
Se referían al caso concreto de la reforma de la Gran Vía de Hospitalet de Llobregat, por la nada despreciable cifra de 90 millones de euros, que fue inicialmente concedido –según se publicó entonces– por quien en esos momentos era consejero de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat y actual consejero de Empresa y Ocupación, Felip Puig Godes, cuyo hermano Jordi «participa junto a Jordi Pujol Ferrusola en variopintos negocios, que dejaron pingües beneficios a ambos», señalaba la UDEF.
El informe fue entregado al juez Ruz, que investiga por delito fiscal y blanqueo al primogénito del ex presidente de la Generalitat.
De esta forma, añade la UDEF, «los beneficiados con la adjudicación, las sociedades FCC y Grupo Copisa, de forma indirecta han derivado millonarios caudales al patrimonio personal de Jordi Pujol Ferrusola en los últimos años, merced a diversas operaciones» relacionadas con el sector inmobiliario." (La Razón, 16/02/2015)
Además, en este caso, al intento de cobro de comisiones, se une un capítulo, de carácter auténticamente «mafioso», ya que cuando el empresario se negó a pagar el 5 por 100 que se le exigía para que la obra le fuera adjudicada, recibió la visita de una persona vinculada a la agencia de detectives Método 3, que le amenazó por el cobro de una deuda que el industrial no tenía. Más parecía un aviso para que mantuviera la boca cerrada que una equivocación sobre una deuda inexistente.
Según han informado a LA RAZÓN fuentes cercanas a la investigación, el empresario francés mostró su interés por realizar la citada obra del Puerto de Barcelona. No pasaron muchas fechas sin que se pusiera en contacto con él Felip Puig Godes, que ocupó en su momento la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat y, en la actualidad, es consejero de Empresa y Ocupación.
Al menos así lo ha manifestado el empresario galo, cuyo nombre consta en las actuaciones judiciales, y que ha asegurado que se le exigió una comisión del 5 por 100. El industrial se negó en rotundo a pagar y, por supuesto, no pudo llevar a cabo la obra.
Éste podría ser el final de una de las decenas de asuntos que investiga la Comisaría General de Policía Judicial de la Policía Nacional, a través de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), pero faltaba un capítulo añadido, que también tratan de comprobar los agentes, con el fin de formalizar los atestados.
Según cuenta el empresario, una vez comunicada su negativa a pagar el 5 por 100, recibió la visita de una persona vinculada a la famosa agencia de detectives Método 3, para exigirle, en tono imperativo y amenazante, el pago de una deuda inexistente. Se trataba, según interpretan las fuentes consultadas por este periódico, de una advertencia para que mantuviera la boca callada, ya que el malestar del empresario era patente por todo lo que había ocurrido.
Tras destaparse el «caso Pujol» y otros asuntos de presunta corrupción que afectarían a la Administración autonómica catalana, ha crecido el número de personas que acude directamente a la Justicia , o a las Fuerzas de Seguridad, para denunciar el chantaje, consumado o no, de que fueron objeto para poder licitar, y ganar en su caso, concursos de obras convocados por la Generalitat.
En este caso, la UDEF realiza un informe que será presentado en las próximas semanas ante el Juzgado Central de Instrucción número 5, que dirige el magistrado Pablo Ruz, para que, en su caso, adopte las medidas que estime oportunas, entre ellas la toma de declaración a las personas involucradas.
Según reveló LA RAZÓN el pasado agosto, la UDEF había elaborado un informe, entregado en la Audiencia Nacional, en el que se afirmaba que «las millonarias comisiones que consideramos no justificadas percibidas por Jordi Pujol Ferrusola tienen su génesis en un negocio mayormente involucrado con el área pública de la Administración».
Se referían al caso concreto de la reforma de la Gran Vía de Hospitalet de Llobregat, por la nada despreciable cifra de 90 millones de euros, que fue inicialmente concedido –según se publicó entonces– por quien en esos momentos era consejero de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat y actual consejero de Empresa y Ocupación, Felip Puig Godes, cuyo hermano Jordi «participa junto a Jordi Pujol Ferrusola en variopintos negocios, que dejaron pingües beneficios a ambos», señalaba la UDEF.
El informe fue entregado al juez Ruz, que investiga por delito fiscal y blanqueo al primogénito del ex presidente de la Generalitat.
De esta forma, añade la UDEF, «los beneficiados con la adjudicación, las sociedades FCC y Grupo Copisa, de forma indirecta han derivado millonarios caudales al patrimonio personal de Jordi Pujol Ferrusola en los últimos años, merced a diversas operaciones» relacionadas con el sector inmobiliario." (La Razón, 16/02/2015)
