Mostrando entradas con la etiqueta b. C. Urbanística. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta b. C. Urbanística. Mostrar todas las entradas

16.4.24

La familia de Zaplana impulsa el mayor pelotazo urbanístico de Benidorm

 "Más de medio millón de metros cuadrados y una veintena de hoteles. Es el pelotazo urbanístico que impulsa la familia de Eduardo Zaplana, el expresidente valenciano que se sienta estas semanas en el banquillo de los acusados en el juicio del 'caso Erial' junto con su sucesor en el Palau de la Generalitat, José Luis Olivas. El pleno del Ayuntamiento de Benidorm, gobernado por el popular Toni Pérez, aprobó el pasado 27 de marzo, con los votos del PP en solitario, el último trámite del Plan Parcial Ensanche Levante, el gran sector pendiente de urbanizar de la ciudad turística y uno de los más grandes de la Comunitat Valenciana, con 575.371 metros cuadrados de suelo y la previsión de construir más de 3.000 pisos —la mitad, viviendas turísticas— y 20 hoteles. 

 En la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) que impulsa el proyecto figura la familia del expresidente de la Generalitat Valenciana, conocidos empresarios en Benidorm. La AIU tiene su domicilio social en el Hotel Les Dunes de la localidad, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es. Se trata de la joya de la corona de los suegros de Zaplana, empresarios hoteleros de Benidorm.

El mítico hotel de cuatro estrellas pasó a manos de María Dolores Martorell Llorca, viuda del empresario Miguel Barceló, tras el fallecimiento de éste ultimo en 2018. El empresario hotelero, padre de Rosa Barceló, fue senador del PP por la provincia de Alicante entre 1986 y 2008 y se erigió en uno de los principales impulsores de la carrera política de su yerno, Eduardo Zaplana. También apadrinó la trayectoria política de su sobrino, Francisco Murcia Barceló, diputado en el Congreso durante cinco legislaturas, y de su nieto, Agustín Almodóbar Barceló, sucesor en el escaño del empresario del Senado.

Promociones Les Dunes SL, la sociedad que controla el icónico hotel situado en primera línea de playa, amplió hace un cuarto de siglo su objeto social para incluir la tenencia y adquisición de toda clase de solares y terrenos, la ejecución de toda clase de obras de edificación, agrupación, segregación y compraventa de solares, de viviendas y de locales comerciales, según los datos que constan en el Registro Mercantil.

La expansión de Benidorm

El sector Ensanche Levante arrastra una compleja tramitación y cuenta con suelo urbanizable programado desde 1990. Su “vocación” es “construir la expansión de Benidorm durante las décadas de 2020 y 2030”, según indica la documentación del proyecto aportada al consistorio. Varios constructores de primera línea de la costa alicantina, como el empresario Enrique Ortiz (condenado por financiar ilegalmente al PP) o el promotor Andrés Ballester, poseen suelo en la zona.

La versión final del Plan Parcial ‘Ensanche Levante’ fue aprobada por el PP en solitario, con la abstención de Vox y el voto en contra de los ediles del PSPV-PSOE. El portavoz adjunto socialista, Sergi Castillo, aportó un informe jurídico que señala deficiencias del proyecto. Castillo lamentó que, con el cambio de uso respecto al Plan General de 1990, en lugar de ser un sector “residencial-hotelero” pasa ser “terciario-hotelero”, con una “abrumadora presencia de viviendas turísticas y hoteles”. 

Por otro lado, el autor del proyecto es el ingeniero José Ramón García Pastor, hijo del exconseller 'zaplanista' José Ramón García Antón y de la expresidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor Lillo.

José Ramón García Pastor, al frente de la empresa Cainur, además de otros trabajos en Alicante para empresas públicas, ha aterrizado en Benidorm desde que Toni Pérez es alcalde. El ingeniero firmó un informe por el que se solicitaba un modificado en las obras de construcción de una rotonda, que ascendían a 2,5 millones de euros más respecto a lo previsto inicialmente. 

Además, Cainur también es la responsable de algunos de los proyectos que desarrolla la promotora TM en la zona de Poniente, otro de los grandes frentes urbanísticos de Benidorm."         ( Lucas Marco, eldiario.es, 14/04/24)

6.11.23

Pelotazo urbanístico en un batzoki: Algorta construirá 14 viviendas en la sede del PNV

"En la fachada del batzoki de Algorta (Getxo), la gran “casa”, bar y restaurante de los simpatizantes del Partido Nacionalista Vasco (PNV) de este barrio, siempre ha colgado un cartel que recogía el título de un poema de Gabriel Aresti en euskera: “Nire aitaren etxea defendatuko dut” (Defenderé la casa de mi padre). Alguien, hace unos años, añadió, a modo de grafiti, una apostilla que rezaba: “Más te vale, al precio que están”. En ese mismo suelo se construirán 14 viviendas libres —que pueden ser negociadas en el mercado al no ser objeto de ningún régimen de protección oficial o pública—. La operación urbanística, comandada por el Equipo del Gobierno de Getxo (formado por el PNV y el PSE-EE), ha sido calificada por EH Bildu como posible “pelotazo urbanístico”.

El patio del batzoki de Algorta es particular. Hasta ahora, el PNV se lo ha cedido a los alrededor de 100 alumnos de primaria del colegio Juan Bautista Zabala para que jueguen, pues su zona de recreo es muy pequeña. La Asociación de Madres y Padres ha solicitado en varias ocasiones mejoras en la condiciones de sus pequeños, pero el Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha ido dilatando la gestión. Parece que, aunque es particular, cuando llueve se moja, como los demás.

El plan urbanístico

Con la dilatación en la toma de decisiones, el Ayuntamiento del municipio ha llegado a una solución que no agrada al vecindario, tampoco a las madres y los padres de los alumnos del colegio Juan Bautista Zabala. También levanta suspicacias y es cuestionada por la oposición política. Esa solución se da a través del Plan General de Ordenación Urbana de Getxo (PGOU), que permitiría construir viviendas residenciales en el solar del propio batzoki de Algorta. Su aprobación se dio con los votos de los jeltzales y los socialistas, contó con la abstención del PP y la negativa de EH Bildu y Elkarrekin Podemos.

El nuevo PGOU permitirá edificar en el amplio espacio que incluye un edificio de tres alturas, donde hubo aulas, además de otra casita con más espacio en la parte trasera y el patio donde corren los alumnos habitualmente. En general, la aprobación del nuevo plan urbano hace posible el plan de construcción de 4.601 nuevas viviendas. Aunque la mayoría serán “protegidas” —3.089—, las 14 que se levantarán en suelo del batzoki no lo estarán.

La Asociación de Madres y Padres piensan que tras acometer el PGOU será más reducido aún el patio de recreo de sus hijas e hijos. Temen también que si habilitan aulas en el patio, “se quede así para siempre”, tal y como sucedió en el Colegio Público Zipiriñe de Sopela, donde aún hay pabellones provisionales habilitados como aulas desde hace dos años.

La operación urbanística en torno al patio del batzoki contempla un acceso para vehículos a planta sótano. Este parking subterráneo tampoco convence a los vecinos, quienes recuerdan que el parking de San Nicolás no ha calado desde su inauguración en 2013 y continúa con solo una veintena de plazas adjudicadas de un total de 103.
Batzokis: sospechosos habituales

En los batzokis de Bizkaia sirven cafés, pintxos de tortilla, menús del día y se lee el Deia. Allí se reúnen a jugar la partida viejos amigos unidos por un hilo rojo, verde y blanco: los colores del Partido, en paralelo a los de la ikurriña. Nadie pide el carné ni comprueba los apellidos, pero todo el mundo sabe que allí, concretamente en el de la calle Correo de Bilbao, se alzó por primera vez la bandera que luego sería de todos los vascos, y nació el Partido Nacionalista Vasco de la mano de Sabino Arana. Ahora en esos lugares de encuentro (de batu, 'reunir' y toki, 'lugar', batzoki) son investigados por el Tribunal de Cuentas y vuelan cheques.

Concretamente, las operaciones urbanísticas en torno a algunos batzokis han sido objeto de investigación y reproche del Tribunal de Cuentas. En septiembre del 2013, el PNV celebró la reapertura del batzoki de Barakaldo. Cinco años antes, la sede del partido ubicada en el paseo de Los Fueros fue edificada gracias a un acuerdo entre el PNV y la constructora Constxus Promociones. La empresa construyó pisos de lujo en el inmueble histórico, conservando la fachada de 1932, para su explotación, mientras los jeltzales obtuvieron los bajos para uso político.

En este caso, el Tribunal de Cuentas advirtió que “el PNV no registró (ni declaró) en su contabilidad unos ingresos de 4,9 millones derivados de una extraña y lucrativa permuta sobre una extensa finca”. Los nacionalistas vascos respondieron que no habían “cometido ningún delito de financiación ilegal ni de ninguna otra naturaleza”. Y todo se quedó ahí.

Ese mismo año, en 2013, el diario El Mundo desveló que la constructora Sacyr entregó 13.000 euros en 19 cheques a una sociedad mercantil propiedad del PNV: Landaburu Etxea, controlada por el propio partido con poco nivel de transparencia, según se hicieron eco publicaciones especializadas. Estos ingresos contravienen la Ley de Financiación de Partidos Políticos, que entre otros aspectos prohíbe a las formaciones recibir donaciones de empresas adjudicataria de contratos públicos, como es el caso de la constructora, y desde luego, no permite que esos ingresos se canalicen por medio de sociedades interpuestas.

Los movimientos bancarios formaban parte de un acuerdo alcanzado entre Sacyr y Landaburu Etxea en el marco de la compra de una parcela en propiedad del PNV en Llodio. La operación estaba impulsada, de nuevo, por el plan de reordenación urbanística del Consistorio que incluía la demolición de varios inmuebles, entre ellos el batzoki, con el objetivo de urbanizar la zona y levantar una promoción de viviendas. El nuevo plan fue la excusa perfecta.

Dos años después, en 2015, el diputado vizcaíno de Promoción Económica, Imanol Pradales, se desprendió de sus acciones en Sacyr, momento en que la Diputación penalizó a la constructora por abandonar unas obras públicas. Por otra parte, Landaburu Etxea estuvo administrada por Alfredo De Miguel, condenado en 2019 por el caso de comisiones ilegales del denominado caso De Miguel. El propio Alfredo De Miguel utilizó Landaburu Etxea para acometer la compra y reforma del edificio que alberga la sede del PNV en Gasteiz mientras era el partido quien figuraba como titular de la empresa.

Para más inri, el Tribunal de Cuentas ya había puesto bajo su lupa otras operaciones inmobiliarias del Consejo del Bizkai Buru Batzar del PNV en 2011 negociadas con un promotor en las localidades de Arrigorriaga, Elorrio y Dima. El PNV llegó a incumplir la normativa sobre donaciones anónimas en el marco de su campaña de financiación de las obras de Sabin Etxea, sede central del partido. Entre el 12 al 20 de enero de 1993, ingresó en una cuenta 54 aportaciones en efectivo por un total de 150 millones de pesetas en las que no se identificó a ninguno de los impositores.

Gran parte de las anotaciones de ingreso en la cuenta Donativos Sabin Etxea correspondían a cantidades inferiores o próximas a 500.000 pesetas así como 78 ingresos por importes iguales o superiores a un millón de pesetas, casi la mitad del saldo de la cuenta de donativos para el PNV durante aquel ejercicio. El saldo de la cuenta del total de donativos y aportaciones ingresados en la sede central del PNV, por entonces en la calle Elcano de Bilbao, ascendía a 343.861.127 pesetas (algo más de dos millones de euros). La construcción de Sabin Etxea costó más de 10 millones de euros. Un estudio atribuye a la sede del PNV un valor residencial algo superior a los 12 millones de euros, la segunda sede de mayor valor detrás de la del PP en Génova (Madrid).
Actividades mercantiles de los batzokis

Las actividades mercantiles desarrolladas en los batzokis han estado en el punto de mira del Tribunal de Cuentas por no ajustarse a la normativa de financiación de partidos y por la falta de transparencia sobre este tipo de contabilidad. En concreto, el Tribunal se refiere a “los ingresos que la formación obtiene de la explotación de su patrimonio inmobiliario mediante la realización por terceros de actividades de restauración en locales de su propiedad”, “así como los ingresos procedentes de las máquinas recreativas que se ubican en dichos locales”. Esto es, lo que ocurre en Getxo no es ninguna novedad, sino una norma establecida desde hace décadas.

Los lugares de encuentro de militantes del PNV están gestionados por Batzokia S.L., la empresa mercantil que impone las condiciones de arrendamiento de los mismos. Como proveedor de una buena parte de las sedes del PNV (más de 30) ejerce la sociedad Baibatzokia, creada en su día por Aitor Elizegi, expresidente del Athletic Club de Bilbao. Y el negocio es bastante rentable. Solo las máquinas recreativas (conocidas como tragaperras) instaladas en la mayor parte de los 200 batzokis contribuyeron con casi 5 millones de euros a las cuentas del PNV en 2013.

No es baladí. Fuera del alcance del Tribunal de Cuentas se encuentran las operaciones en torno a los batzokis del Ipar Buru Batzar (el gobierno del partido en Iparralde). Niko Mendizabal ejerce de administrador de estos batzokis y a su vez, como tesorero del partido. Su difunto hermano estuvo ligado al caso Tragaperras, la supuesta trama de financiación ilegal del PNV a través de la venta de licencias de máquinas de juego, fue asociado con un testaferro del magnate Silvio Berlusconi: el testaferro tenía una empresa en el mismo lugar que Mikel Mendizabal, según desvelaron los Papeles de Panamá.

También protagonizó un affaire en otro municipio, Bakio, junto a un exalcalde condenado por corrupción en 2017. Ese mismo exalcalde y los consejeros de una constructora, mimada por el consistorio y en la que trabajaba un exsecretario del Euzkadi Buru Batzar, crearon una sociedad para hacer una operación de compra-venta con un local que después albergó la sede del nuevo batzoki de Bakio.

Las cuentas de las organizaciones locales del PNV siempre han estado fuera del alcance del organismo fiscalizador. Pese a ello, el Tribunal de Cuentas detectó en 2012 que el PNV había ocultado de sus balances oficiales 357 cuentas corrientes de batzokis y Juntas Municipales, depósitos y fondos de inversión por importe de 3,1 millones de euros.

Que se despreocupe Aresti. La casa del padre está muy bien defendida: todo son sombras sobre las fachadas de los batzokis. "                       (Ahoztar Zelaieta , Luis Miguel Barcenilla , El Salto, 16/11/22)

17.7.23

El exdelegado de urbanismo de Madrid ficha por una promotora inmobiliaria a la que cedió cinco parcelas municipales... La adjudicación se formalizó apenas una semana antes de que Mariano Fuentes dejara de ser oficialmente titular del área de urbanismo en la localidad

 "Mariano Fuentes, exdelegado de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, ha fichado por una promotora inmobiliaria —Vía Ágora— a la que cedió cinco parcelas municipales. La adjudicación de las parcelas se produjo en el mes de marzo, aunque se formalizó el pasado 9 de junio. Apenas días después, el que fuera uno de los hombres de confianza de la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, abandonaba el Consistorio tras la constitución del nuevo Ayuntamiento. 

 La cesión formalizada desde el área de Desarrollo Urbano, de la que Fuentes era titular, cedió cinco parcelas de un total de 25 que el Consistorio sacó a concurso para la construcción y explotación de viviendas de alquiler a precio asequible durante 45 años. Vía Ágora, nuevo destino laboral del que fuera delegado de urbanismo, fue una de las ganadoras del concurso público. En concreto, la promotora inmobiliaria se hizo con el lote número tres, por un valor de nueve millones de euros. La empresa ha anunciado este miércoles el fichaje del antiguo delegado municipal, del que destaca "ha conseguido situar a la capital como referente en materia de urbanismo".

Fuentes, fuera del Ayuntamiento tras el descalabro de Ciudadanos

El exdelegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid abandonó el Consistorio después de que su partido, Ciudadanos, no consiguiera representación tras las elecciones municipales. El partido naranja, liderado por Villacís, pasó de ser una de las fuerzas políticas más votadas en la capital a desaparecer del plano político, algo que sucedió previamente en la Comunidad de Madrid; cuando Isabel Díaz Ayuso adelantó las elecciones autonómicas en 2021 y su por aquel entonces socio de Gobierno, Ignacio Aguado, acabó fuera de la Asamblea de Madrid después de que la formación naranja no obtuviera ni un solo representante en el Parlamento de la Comunidad de Madrid."                (Adrián Prado, SER, 05/07/23)

16.8.21

Almeida está siendo investigado por una presunta estafa vinculada a la Iglesia. Se trata de una trama inmobiliaria relacionada con la venta de dos fundaciones ligadas a la archidiócesis de Madrid

 "La presunta trama inmobiliaria que ha salpicado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida estaría relacionada con la venta de dos fundaciones ligadas a la Iglesia: Fusara y Santísima Virgen y San Celedonio.

Almeida se vería salpicado por partida doble: por una parte, por el puesto de patronato que ocupa en la primera fundación y, por otra parte, por la solicitud de un plan parcial que abriría la puerta a un pelotazo urbanístico en unos terrenos situados a pocos metros del estadio Santiago Bernabéu.

En el caso de Fusara, la magistrada Carmen Rodríguez-Mendel ha detectado elementos suficientes para abrir diligencias por un presunto delito de estafa. Tal y como señalaba El País, se sospecha que el patronato de la fundación está deficientemente constituido y que el adjudicatorio de la compra no ostentaría un poder válido para tal operación, por lo que la compraventa ha quedado suspendida en el Registro de Propiedad.

En este caso la compraventa estaría relacionada con unos edificios residenciales en el centro de Madrid y adjudicados a fondos buitre. Sin previo aviso se avisó a los vecinos mediante una carta de que podían ser desahuciados.

Almeida aparece como miembro del patronato de la fundación, quien afirmó no haber aceptado el cargo de patrono, y este fue uno de los motivos que impidió registrar la operación.

Sin embargo, en la página web de Fusara aparece el nombre del alcalde de Madrid como uno de los miembros del patronato.

En relación a la Fundación de la Santísima Virgen y San Celedonio, hace dos años llegó a un acuerdo con una sociedad ligada a la Universidad Antonio de Nebrija para vender los terrenos situados cerca del Santiago Bernabéu, donde se encuentra la parroquia de San Jorge, un asilo de ancianos y unos jardines.

Anticorrupción ha remitido una querella a la Fiscalía de Madrid, tal y como adelantó El Confidencialal comprobar que existían consultas previas para la aprobación de un plan por el Ayuntamiento de Madrid que permitiera recalificar el suelo y casi triplicar su edificabilidad.

Según ha confirmado el citado medio, la gran beneficiada sería Residencias Nebrija SL. El presidente de la fundación Nebrija y su familia aparecen como los compradores de los terrenos de San Jorge.

Los propios feligreses de esta parroquia, que pertenece a los terrenos vendidos, afirman que se reunieron con el vicario episcopal Juan Carlos Vera a quien le preguntaron sobre el tema y que les respondió que no podía contestar a esas preguntas porque son cláusulas confidenciales, por lo que sospechan que la venta está condicionada a lograr esa aprobación.

Fuentes del entorno del Arzobispado niegan que la venta esté condicionada a conseguir la luz verde del equipo de Almeida aunque reconocen que se quiere llevar a cabo el plan especial.

La Iglesia estaría dispuesta a revertir las operaciones si no se respeta el carácter fundacional de Fusara y FSVSC dirigido a cuidar de niños y ancianos."                 (Spanish Revolucion, 18/011/20)

4.8.21

La huella eterna del ‘caso Malaya’ en Marbella. Los desmanes urbanísticos de Jesús Gil dejaron 16.500 casas fuera de la ley, que dos décadas después siguen en pie y sin una solución

 "A finales de los años noventa Marbella era el salvaje oeste. Su alcalde, Jesús Gil, promovió la construcción de miles de viviendas por puro interés especulativo. Se levantaron bloques y urbanizaciones en suelos destinados a escuelas, centros de salud, una estación de autobuses o numerosas zonas verdes. 

El urbanismo desenfrenado tenía como base un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sin redactar, que terminó aprobándose en un pleno celebrado de madrugada en 1998 y fue anulado años más tarde por los tribunales. A Gil le siguieron Julián Muñoz, Marisol Yagüe y Tomás Reñones en la alcaldía, quienes mantuvieron la frenética actividad que acabó con todos en la cárcel y el Ayuntamiento disuelto tras la Operación Malaya. En el macroproceso judicial hubo cientos de piezas separadas que fueron anulando, una a una, todas aquellas licencias urbanísticas.

 La ciudad se topó entonces con unas 18.000 viviendas irregulares que unos creen deben derribarse y, otros, mantener en pie. Solo un puñado han caído en dos décadas. El resto, ahí sigue.

 Carmen Suárez tiene 87 años y es una de las víctimas de aquellos años. Gil promovió una torre de 12 plantas frente a su casita familiar con huertas y vistas al mar. El edificio fue declarado ilegal, pero Carmen sigue sufriendo las consecuencias. Hoy ya ni se atreve a tender la ropa en la azotea, harta de colillas, botellas y toda la basura que le lanzan desde las alturas.

“Ganamos todos los juicios, pero no sirve de nada”, dice. Su abogada, Inmaculada Gálvez, lleva batallando junto a ella 23 años, sin éxito, en el denominado caso Belmonsa. “La situación es vergonzosa y desesperante. Las sentencias de desahucio se ejecutan con rapidez y estas, que conllevan demolición, quedan olvidadas”, asegura la letrada, que libra la que es ya una lucha personal contra el sistema. Cree que hay “desobediencia” clara por parte del Ayuntamiento marbellí, dirigido por Ángeles Muñoz (PP). “Jamás han querido solucionar el problema, tampoco la Junta de Andalucía, que no asume la ejecución subsidiaria”.

La Ley dice que un acto administrativo que es consecuencia de un delito es nulo y, por tanto, centenares de licencias fueron declaradas irregulares. La Administración andaluza —que publicó en otoño de 2019 un decreto que podría regularizar más de 327.000 viviendas en toda la comunidad— asegura que ha requerido “sistemáticamente” al Ayuntamiento de Marbella “la debida ejecución de sentencias”. Sin embargo, recuerdan que en 2010 el municipio aprobó sus nuevas normas urbanísticas que servían para legalizar la inmensa mayoría de estas viviendas. El texto sustituía las demoliciones por compensaciones por parte de propietarios y promotoras, una idea rechazada por el Supremo, que en 2015 tumbó el documento porque entendió que un plan general no podía usarse para regularizar actuaciones ilegales previas. El urbanismo marbellí sigue desde entonces regido por el plan urbanístico de 1986. Las viviendas irregulares continúan ahí.

Al fiscal delegado de Medio Ambiente de la fiscalía provincial de Málaga, Fernando Benítez, le conocen como Demolition Man porque la mitad de su trabajo lo dedica a que se ejecuten las sentencias de demolición. Es obstinado y pertinaz, pero la mayoría de ayuntamientos se niegan: solo han derribado dos viviendas en tres años en toda Málaga. Con suerte, Benítez consigue su objetivo tras 10 o 15 años de insistencia. El fiscal explica que en Marbella probablemente nada acabe en el suelo porque la mayoría de condenas urbanísticas son por prevaricación y están dictadas según artículo 320 del Código Penal, que contempla prisión, multa e inhabilitación, no el derribo de lo construido. “Por razón de estricta legalidad, no se pueden tirar esas viviendas”, dice. “Pero hay más”, añade. “Sería un disparate demoler todas esas urbanizaciones donde viven cientos de personas sin que sea el propio Ayuntamiento el que considere qué se puede sostener, cambiar o tirar desde el punto de vista puramente urbanístico”, afirma Benítez, que opina que derribarlas causaría más perjuicio que de mantenerlas en pie. “Quien debe gestionar el urbanismo es el Ayuntamiento de Marbella, no el juzgado”, añade el responsable de Medio Ambiente, que cree que todo seguirá en su sitio salvo que la vía contenciosa o el consistorio lo decidan.

Indemnizaciones

Esa decisión conllevaría una responsabilidad patrimonial para el municipio, que debería indemnizar a los perjudicados, según varios juristas consultados. “Sería la ruina total para Marbella”, afirma un letrado. Enrique Sánchez, jefe de la asesoría jurídica de la ciudad durante ocho años, cree que mucho de estos edificios quedarán como asimilados fuera de ordenación: “No se tiran, pero tampoco son legales”, asegura. Por su parte, Inmaculada Gálvez sigue defendiendo que “la consecuencia inherente a la nulidad de la licencia es la demolición”. Por eso, cada mes, escribe a los tribunales para que den el paso. “¿Respuesta? Cómo el que oye llover”, dice. Marbella defiende que trabaja en la solución. En 2019 comenzó a redactar su nuevo Plan General, que buscará “encajar” las viviendas irregulares en “el nuevo modelo de ciudad”, según dijo su director general de Urbanismo, José María Morente, que en 2019 hizo un paréntesis en su trabajo municipal para dirigir durante unos meses las riendas urbanísticas de Andalucía para, más tarde, volver al Ayuntamiento. El municipio confía en que la aprobación inicial del documento —cuyo avance fue refrendado esta misma semana— se produzca a lo largo de 2021 bajo el paraguas de la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), donde aseguran que agilizará y simplificará la tramitación urbanística. Expertos jurídicos, por el contrario, creen que su casi segura aprobación tras el verano servirá para ponerse al servicio del mercado inmobiliario.

Fuentes de Ecologistas en Acción recuerdan además que Marbella se rige por un plan de hace 35 años y, sin embargo, “jamás ha parado de construir a pesar de las carencias en infraestructuras públicas”. El consistorio, de hecho, anuncia regularmente la concesión de licencias millonarias para nuevas construcciones —esta semana días confirmaron dos por 13 millones de euros— sigue apostando por las recalificaciones de suelos no urbanizables. “El urbanismo salvaje continúa. No hemos aprendido a hacer un ejercicio de sostenibilidad, solo a retorcer las normas para terminar haciendo legal lo ilegal. Hacer borrón y cuenta nueva con otro PGOU es muy peligroso”, concluyen las mismas fuentes conscientes de que la palabra demolición, en Marbella, no existe."                 (Nacho Sánchez, El País, 02/08/21)

4.5.21

Condenada la secretaria del Ayuntamiento de Barreiros por aceptar un soborno de 100.000 euros de un constructor

 "La Audiencia de Lugo ha condenado por un delito de cohecho cometido en 2007 a la secretaria-interventora del Ayuntamiento de Barreiros a pagar una multa de 75.000 euros y a la suspensión de empleo o cargo público durante cuatro meses y medio.

 El tribunal, que ha tenido en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas en la causa, ha considerado acreditado que la acusada cobró 100.000 euros a un promotor de varios edificios de la zona “como contraprestación por determinados favores que ella, en el ejercicio de su cargo, le realizaba”.

La sentencia también le impone al constructor el pago de una multa de 35.000 euros, así como sesenta días de suspensión de empleo o cargo público, por cometer un delito de cohecho. En este caso, el tribunal optó por la tipificación más beneficiosa para él porque no se ha podido acreditar si el pago de 100.000 lo hizo por solicitud de la secretaria o lo ofreció el acusado.

Los jueces subrayan en la sentencia, contra la que cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que el ingreso de los 100.000 euros es “un dato objetivo e irrefutable” y destacan que los investigados no dieron una explicación razonable que justificase ese pago. Además, indican que en una grabación que consta en la causa, el constructor “no negó en absoluto el pago de dinero a la secretaria, sino que lo que pretendía era el determinar cómo disimular ese pago”.

También el tribunal ha condenado por un delito de falsedad en documento público a la persona que por aquel entonces ejercía como auxiliar administrativa en el Ayuntamiento de Barreiros. La sentencia da por acreditado que la acusada intervino en la aprobación de un expediente promovido para la construcción de 51 viviendas, para lo cual realizó una anotación favorable para el promotor. No obstante, los magistrados hacen constar en el fallo que se desconoce quién le indicó a la entonces secretaria “la conveniencia” de añadir la citada anotación, por lo que se han inclinado por absolverla del delito de falsedad en documento público que le imputaban. La auxiliar administrativa ha sido condenada a 18 meses de prisión, al pago de una multa de 540 euros y a la inhabilitación para el desempeño de trabajo en cualquier administración pública durante un año.

El fiscal solicitaba para la principal acusada una pena de 6 años de prisión y 12 de inhabilitación especial, así como una multa de 300.000 euros, mientras que para la auxiliar administrativa la condena solicitada era de 3 años de prisión y otros tantos de inhabilitación especial y multa de 720 euros. Para el promotor de las obras, la fiscalía pidió 12 años de cárcel y multa de 300.000 euros."              (Elisa Liis, El País, 29/04/21)

9.3.21

Coalición Canaria pagó un millón de euros a la empresa que dio uso comercial a la finca de Ana Oramas usando el Plan de Protección de La Laguna

 "El 27% del pago se transfirió durante la alcaldía de la actual diputada en el Congreso. El resto del dinero fue recibido por Arquitectura, Urbanismo y Cooperación S. L. durante el mandato del expresidente canario Fernando Clavijo 

 — La diputada Ana Oramas utilizó el Plan Especial de Protección de La Laguna para dar uso comercial a su finca familiar

 La necesidad de crear un Plan Especial de Protección (PEP) que protegiera el casco histórico de La Laguna se planteó durante la etapa de Ana Oramas como alcaldesa. El documento, elaborado por la empresa Arquitectura, Urbanismo y Cooperación S.L., recalificó una finca familiar de la actual diputada de Coalición Canaria en el Congreso para darle uso comercial, a pesar de que no fuera el propósito final del Plan. Esta entidad recibió, según unos documentos a los que ha tenido acceso este periódico, casi un millón de euros entre 2006 y 2010 por la ''gestión técnica del PEP del casco histórico". El 27% del dinero se transfirió durante la alcaldía de Oramas. El resto, con el expresidente canario Fernando Clavijo al frente del Ayuntamiento. 

De los 17 pagos registrados en esos cuatro años, nueve son por una cantidad de 22.800 euros. El resto de ingresos oscila entre los 7.000 y los 500.000 euros. El pago más alto fue autorizado en 2010 por el entonces alcalde Fernando Clavijo, cuando AUC S.L. recibió 547.200 euros de una sola vez.

La elaboración del Plan Especial de Protección fue encargada en 2005 a esta sociedad limitada, de la que forma parte María Luisa Cerrillos, también directora de la Oficina de Gestión del Plan Especial de Protección de San Cristóbal de La Laguna. De esta manera, la elaboración y la ejecución del documento se concentraron en la misma persona.

 El PEP, elaborado para proteger el casco histórico después de que la UNESCO lo declarara Patrimonio de la Humanidad en 1999, incluyó como espacios protegidos determinadas zonas de la ciudad que sobrepasan el ámbito declarado Bien de Interés Cultural. Entre ellas, la finca de uso residencial de los Oramas ubicada en la calle Marqués de Celada y la Avenida Lucas Vega, que durante un tiempo funcionó como cochera de guaguas de la empresa Transportes de Tenerife S.L., a quien el abuelo de la alcaldesa, Leoncio Oramas, cedió el terreno. 

 Cuando el borrador fue sometido a información pública, los consejeros delegados de Transportes de Tenerife S.L., Lorenzo Hernández y José Luis Hernández-Francés, presentaron una serie de alegaciones el 26 de febrero de 2004. Entre ellas, la propuesta de asignar a la parcela el uso comercial, "admitiendo como usos complementarios el residencial, hotelero, cultural y de ocio". Finalizado el plazo de información pública, el 16 de septiembre de 2004 los propietarios de la sociedad limitada presentaron un escrito a la alcaldesa Ana Oramas. En él, reconocían que habían mantenido varias reuniones con la directora y el equipo redactor del PEP en las que habían alcanzado un principio de acuerdo para formalizar las alegaciones planteadas.

Las peticiones se concedieron, y el PEP incluyó el solar como parcela con ordenanza especial para conseguir "equipamiento público y superficie comercial en una zona necesidad de este uso, así como amplios aparcamientos". La Memoria de Ordenación justifica que la ampliación de la zona protegida al espacio donde está la antigua cochera de guaguas está respaldada por la"necesidad de proteger un determinado sector de manzanas del camino de San Benito", por ser uno de los accesos históricos tradicionales más importantes y consolidados

El papel de Clavijo

Para tratar de cumplir con este objetivo de "conseguir equipamiento público" con el que se dio uso comercial a la finca de la familia Oramas, Fernando Clavijo -entonces concejal de Urbanismo de La Laguna- acordó la cesión al Ayuntamiento de 18 plazas de garaje en esta parcela.

El pacto fue suscrito en julio de 2008 entre Clavijo y Antonio Curbelo Robayna, de Urbanización Tacoronte Naranjeros S.L. Esta empresa fue fundada en Lanzarote en 2004 y su administrador único era Bodegas Stratvs - propiedad del influyente empresario de Lanzarote Juan Francisco Rosa-. En 2007, la entidad pasó a tener el pleno dominio de la parcela.

 La finca de los Oramas

La finca recalificada de la familia Oramas ahora alberga las obras para la construcción de un nuevo Mercadona. Pero antes de ser propiedad de esta cadena de supermercados cambió de manos hasta en tres ocasiones. En 1977, Leoncio Oramas, abuelo de la diputada de Coalición Canaria, aportó la finca a Transportes Tenerife S.L. En abril de 2007, cuando el PEP ya estaba aprobado, la compañía se disolvió en favor de siete empresas diferentes. El 65% de la finca pasó a ser de Juan Francisco Rosa a través de las sociedades Construcciones y Urbanizaciones Insulares S.A. y Meridian Lanzarote S.L. El 10% pasó a Canarias Rent & Investment S.L., administrada por el promotor Rafael Lasso, investigado en 2011 por la concesión masiva de licencias ilegales en el municipio de Yaiza (Lanzarote).

 Otro 5% pasó a Velanza S.A., que tiene como administrador único al arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana, acusado en el caso Stratvs junto a Rosa por la edificación de una bodega industrial en un Espacio Natural Protegido. Otro 10% se dividió entre Investment Las Coloradas S.A. y Promociones Inmobiliarias de Lanzarote S.A. El 5% quedó en manos de Eugenio González y Carmen Martínez Socias, la misma notaria que validó la disolución y división de Transportes Tenerife en las mencionadas empresas. Dos meses después, todas las sociedades pasaron sus porcentajes a la entidad mercantil Urbanización Tacoronte Naranjeros S.L.

Las obras de Mercadona

Las excavaciones para construir el nuevo Mercadona han provocado una grieta en la carretera, anexa a la red de saneamiento. Como medida cautelar, el pasado 19 de febrero la Gerencia de Urbanismo ordenó la desviación del tráfico en ese tramo de la Avenida Lucas Vega, de modo que los vehículos circulen por el margen derecho de la calzada. Para ello, ha sido necesario eliminar la banda de aparcamientos en ese lado de la vía "hasta la finalización de los trabajos ordenados''. El plazo para la realización de los trabajos ordenados, "debido a la complejidad de su ejecución", será de un máximo de dos meses."          (Natalia C. Vargas, eldiario.es, 23/02/21)

5.3.21

"Florentino Pérez se puso agresivo". Historia oculta del pelotazo de las torres galácticas.Tras varios intentos fallidos, el Real Madrid recalificó su ciudad deportiva en 2001, hace ya veinte años. Florentino tocó todos los resortes del poder para lograrlo y el club entró en órbita gracias al ladrillo

 "Tras varios intentos fallidos, el Real Madrid recalificó su ciudad deportiva en 2001, hace ya veinte años. Florentino tocó todos los resortes del poder para lograrlo y el club entró en órbita gracias al ladrillo

 En los reservados madrileños se sellan grandes negocios, pero también grandes dramas, como les pasó a Florentino Pérez y Matilde Fernández, cuando el nuevo presidente del Real Madrid trataba de engrasar la recalificación de la ciudad deportiva. Florentino estaba a punto de conseguir un milagro empresarial, activar por consenso una operación inmobiliaria que llevaba cuarenta años vetada, pero se topó con un molesto contratiempo: la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. 

 Tres veces se reunieron Florentino y Matilde. Tres veces recibió Florentino un no por respuesta. Pasó hace veinte años.

Estamos en 2001, Florentino apretaba para conseguir la recalificación y los mentideros echaban humo. José María García era entonces uno de los periodistas deportivos más poderosos y perejil de todas las salsas. Preguntamos a García por la operación urbanística. No ha perdido su don para el martillazo periodístico...

PREGUNTA. Recalificación de la ciudad deportiva del Real Madrid para construir cuatro rascacielos en la Castellana. ¿A qué le suena a usted?

RESPUESTA. Es el mayor escándalo deportivo de la democracia. Así se lo dije al presidente Aznar.

Según el periodista, en 2001 mantuvo la siguiente conversación con Aznar:

García: No podéis regalarle cientos de millones a Florentino.

Aznar: Hay que ayudar al Madrid.

García: Aunque tú seas del Real Madrid, eres presidente del Gobierno; no tienes que ayudar al Madrid, tienes que ayudar a todos.

P. Cuando la recalificación se estaba cociendo, habló usted con el alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano. ¿Qué le contó?

 R. Le dije en una comida que la recalificación me parecía una vergüenza. Todos los presidentes del Real Madrid lo habían intentado antes, y a todos les dijeron no, no y no; menos a Florentino. Lorenzo Sanz lo intentó de todas las maneras, pero solo logró pequeñas limosnas por una esquinita de la ciudad deportiva, el chocolate del loro. ¿A qué venía ahora tanto privilegio? Álvarez del Manzano me dijo que la operación era absolutamente ilegal y solo se haría por encima de su cadáver.

P. Siga…

R. Cuando se aprobó la recalificación, llamé al alcalde de Madrid y le dije: “José María, ¿qué hacemos ahora con tu cadáver?”.

P. ¿Qué le respondió?

R. Su explicación fue graciosa. “Cuando te llama el presidente del Gobierno y te dice ‘firma eso’, ¿qué haces?”.

P. Florentino Pérez se manejó bien esos días...

R. La pobre Matilde Fernández se quedó más sola que la una.

En pleno revival del Madrid de los galácticos por una serie documental (‘Galácticos’) de la cadena estadounidense ESPN, toca preguntarse quién pagó la fiesta, por qué y si quedó algún cadáver por el camino. ¿El mayor escándalo deportivo de la democracia o una gran operación urbanística para el Madrid y la ciudad de Madrid?

Vuelva usted mañana

A finales de los cincuenta, el franquismo expropió 14 hectáreas en la Castellana y se las traspasó al Real Madrid para “la construcción de sus instalaciones”, de "uso deportivo" y “sin propósito lucrativo”. Los intentos del club de dar un pelotazo con estos terrenos (y con los del estadio Santiago Bernabéu) comenzaron pronto, pero chocaron siempre con las autoridades. “Ramón Mendoza me propuso tirar el Bernabéu, levantar varias torres y construir el nuevo estadio donde están ahora los cuatro rascacielos. Le dije: ‘¿Cómo te voy a autorizar una operación que Arias Navarro [alcalde entre 1965 y 1973] le negó al Real Madrid en tiempos de Franco?’ Ni lo permitía el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ni era conveniente para la ciudad. Me negué rotundamente”, cuenta Juan Barranco, alcalde socialista de Madrid entre 1986 y 1989. 

 Lo intentó Raimundo Saporta (vicepresidente del club) con Francisco Franco, lo intentó Ramón Mendoza con Juan Barranco y lo intentó Lorenzo Sanz con Álvarez del Manzano. Pero lo que no logró nadie en cuarenta años... lo iba a lograr Florentino Pérez en unos meses.

En 1995, Florentino se presentó a las elecciones del Real Madrid; perdió contra Ramón Mendoza. Uno de sus eslóganes de campaña fue: “Las deudas no se pagan con la ciudad deportiva”. El constructor estaba aún en contra de recalificar y vender los terrenos.

En 1997, el Madrid vendió tres hectáreas de la ciudad deportiva al ayuntamiento y a la CAM por 27 millones de euros para aliviar su deuda. El PGOU de ese año dio por “concluido el proceso de ocupación del espacio”: “Se ha agotado el aprovechamiento urbanístico”. Pero tres años después, Florentino no iba a hacer prisioneros en su segundo asalto a la presidencia...

Bilbainada electoral

Tras ganar el Madrid la Champions en 2000, Lorenzo Sanz adelantó las elecciones; lo veía fácil, pero iba a ser arrasado por el huracán Florentino Pérez, presidente empoderado de un gigante de la construcción en expansión: ACS.

Las promesas electorales de Florentino sonaron a bilbainada: fichaje de Figo (gran estrella del Barcelona) y recalificación de la ciudad deportiva. Bien el candidato Florentino iba muy sobrado, bien sabía cosas que los demás desconocían, pues no pudo hablar más claro a los socios: “Les pido que confíen en mi capacidad de negociación. En mis buenas relaciones con el alcalde de Madrid y con el concejal de Urbanismo. Mi capacidad de persuasión es infinitamente mayor que la de la junta saliente. Son unos terrenos excepcionales y he hablado tanto con el alcalde como con el concejal al respecto. Son terrenos urbanizables. ¿Cómo puede pensar alguien que hago una propuesta sin haber tratado el tema antes?”.

Florentino iba sin frenos y con las cartas boca arriba: la recalificación se lograría fontaneando sin cuartel a la autoridad competente. Nadie podrá acusarle de no haber ido de frente. Para pasmo de los escépticos, Florentino iba a cumplir a rajatabla sus promesas electorales: Figo y recalificación. “Estaba en marcha el rescate financiero más importante de la historia del fútbol español”, resumió Juan Carlos Escudier en su biografía (no autorizada) sobre Florentino Pérez.

 Al club le iba mucho en juego. Poco después del triunfo electoral de Florentino, la UEFA sugirió que el Madrid podría quedarse fuera de la Champions por su elevada deuda (277 millones de euros). Pero en uno de los giros empresariales más asombrosos del deporte mundial, el Madrid de Florentino acabó reventando el mercado los siguientes años con los fichajes de cuatro galácticos: Zidane (2001), Ronaldo (2003), Beckham (2004), y el ya mencionado Figo, pagado un parte con un préstamo del Banco Zaragozano (controlado por los Albertos, socios de Florentino en ACS). Del Madrid de la deuda asfixiante se pasó al Madrid de los galácticos. Del veto político a la recalificación por ser "absolutamente ilegal", a los políticos diciendo que era un gran proyecto para la ciudad de Madrid. 

 ¿Cómo logró lo imposible Florentino Pérez? Tesón, persuasión, contactos de alto nivel, intercambios de favores, presiones a políticos y comidas en reservados. Muy vieja escuela. El lobby basado en relaciones personales e intereses cruzados. Tocando todas las palancas del poder desde una posición de fuerza: la punta de la pirámide del ladrillo. Un curso acelerado de influencia sobre todo el espectro ideológico en plena fiebre del oro urbanístico.

La entrevista

El PP controlaba el ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, pero como la recalificación podía parecer un favor al Real Madrid, con el desgaste político consiguiente, se pidió a Florentino que obtuviera el mayor consenso político posible. El presidente del Madrid lograría hasta el apoyo de Izquierda Unida, pero hubo una grieta en el consenso total...

Matilde Fernández, 71 años, pasará a la historia junto a Rosa Conde como la primera ministra de un gobierno de Felipe González, pero bien podría hacerlo también como la política que le dijo tres veces no a Florentino Pérez. Hablamos con ella.

PREGUNTA. ¿Cómo fueron sus tres reuniones con el presidente del Real Madrid? ¿Qué Florentino Pérez se encontró?

RESPUESTA. Florentino Pérez intentó primero que empatizara con él; típica maniobra de un empresario para acercarte a sus posiciones y acabar votando a su favor. Pero tras mis resistencias iniciales, en la segunda reunión ya vino diciendo: “He convencido a todos menos a ti”. Y en la tercera se puso agresivo: “A ti ya no te apoyan ni los tuyos”. Había pasado de la amabilidad a la agresividad.

P. ¿Qué argumentos utilizó para convencerla?

R. Que lo que era bueno para el Real Madrid era bueno para la ciudad de Madrid. Para mí era un argumento irracional e incomprensible, porque eran dos planos totalmente distintos, lo que es bueno para el Real Madrid será bueno para sus socios y forofos, pero ¿lo es necesariamente para toda la ciudad?

También trató de convencerme apelando a mi perfil social, o mejor dicho, a lo que él entendía por eso. Me dijo: “A ti que te gusta tanto África, ¿sabes lo primero que piden siempre los niños africanos? Una camiseta del Real Madrid”. Vale, bien, hay niños africanos a los que les gustan las camisetas del Madrid y del Barcelona, pero ¿qué tenía eso que ver con la recalificación?

P. Lo de los niños africanos es una argumentación un poco… primitiva, ¿no?

R. Le valía todo para argumentar, pongo esto como ejemplo porque se me quedó grabado. Me decía: “¿Sabes que los niños africanos quieren mucho al Real Madrid?”.

P. Ya… ¿Qué le respondió usted?

R. Que el Madrid estaba en un suelo que también era público, cuyo cambio de uso afectaba a la ciudad. Si se recalificaba y vendía, las plusvalías tenían que ir a todos los madrileños, no a un club, o a unas personas vinculadas al presidente de un club.

P. ¿Lo dice porque ACS acabó construyendo parte de las torres?

 R. Lo digo porque algunas de las empresas que se quedaron las torres habían tenido negocios antes con Florentino Pérez. Ese círculo demostraba que no prevalecía el interés general, sino el particular, con un suelo cedido al señor Santiago Bernabéu por el Ayuntamiento de Madrid.

P. ¿Propuso usted alternativas al Real Madrid?

R. Si la ciudad quería ayudar a un club, había otras alternativas. ¿Ceder suelo para actividades deportivas? Eso se estudia. Pero las fórmulas alternativas no le valían a Florentino, iba a la mayor y con su verdad absoluta por delante.

P. ¿Su oposición a la recalificación se discutió en el grupo municipal socialista?

R. Sí, tras hablar con los expertos en urbanismo, expuse mi posición. Les dije a mis compañeros que íbamos a sufrir presiones, pero que la operación no era aceptable. Todos se mostraron de acuerdo, pero un compañero alegó: “Esto va a ser muy duro. Analicemos si compensa. No lo va a entender todo el mundo”. No es que estuviera en contra; le preocupaban las presiones y el desgaste.

P. ¿Sufrieron mucho?

R. A nivel personal no fue para tanto, aunque sí nos angustió el cambio de posición de Izquierda Unida. Su portavoz [Ángel Pérez] me dijo primero que estaba en contra de la recalificación, y luego que votarían a favor, entre otras cosas, por las presiones de Comisiones Obreras. Entonces te planteas si te estás obcecando, pero el tema era claro: el Madrid quería recalificar para obtener unas plusvalías porque sí. Plusvalías que, como ya planteamos entonces, adelantaban el desarrollo de la Operación Chamartín.

El ayuntamiento se gastó mucho dinero en la obra de la ciudad deportiva y permitió una edificabilidad nunca vista al servicio de unos pocos. Un suelo de los madrileños tenía que revertir en los madrileños, pero apenas aportó a la ciudadanía.

P. ¿Recibió usted presiones del partido?

Florentino agitó a todos los forofos socialistas del Real Madrid, pero no recibí presiones del partido, como insinuó el presidente del Madrid. Alguna ironía sí dejaron caer compañeros como Rubalcaba y Lissavetzky, que eran grandes forofos del Madrid, y bromeaban sobre mi oposición a los planes de Florentino. Pero no me presionaron. Sí recibí presiones de otras ramas del poder de Florentino…

P. ¿Cuáles?

R. El director de informativos de la SER me negó la posibilidad de explicarme. Ese señor que lleva ‘Al rojo vivo’...

P. ¿Ferreras?

 R. Ese. Que luego pasó a ser director de comunicación del Real Madrid. Cuando Juan Barranco y Alfonso Guerra pasaron por la SER, se quejaron: “Estáis poniendo a parir a Matilde y no la dejáis defenderse”. Fui vetada. Confirmadísimo por altos cargos de la SER.

P. Volvamos al principio para acabar. ¿El salto del Florentino engatusador al Florentino intimidador cómo lo vivió? El presidente del Real Madrid suele cuidar las formas...

R. Es el ramalazo del poder que no se ha democratizado del todo. Florentino había sido antes político, eso le empoderó, pero de un modo incorrecto. A todo el mundo le ofrecía cosas, también a los sindicatos. Yo era de la UGT y del sindicalismo de clase, pero los sindicalistas vinculados a las cooperativas de vivienda fueron engatusados por Florentino por la vía del "te cedo esta parcela para la cooperativa, me encargo de la construcción y luego tú me apoyas en esto otro". Es una forma de funcionar predemocrática e inaceptable.

Yo estaba acostumbrada a sentarme en la mesa con empresarios para buscar acuerdos. Era mi educación sindical. Pero Florentino se sentía fuerte, cubierto de poder, estaba acostumbrado a ganar esos órdagos.

Marxismo/ladrillismo

¿Por qué Izquierda Unida pegó un volantazo con la ciudad deportiva? De amagar con ir a la fiscalía anticorrupción al SÍ SEÑOR. Eran los años en los que la izquierda alternativa decía que la ideología de IU en Madrid era el marxismo/ladrillismo.

Florentino salvó de la quiebra la construcción de dos cooperativas de vivienda vinculadas a Ángel Campos, secretario de Comunicación de CCOO y miembro del consejo federal de IU esos años. Cuando Florentino llegó a la presidencia del Real Madrid, prohombres de la IU castiza como Ángel Pérez, Miguel Reneses y Justo Calcerrada, concejal responsable de Urbanismo, comieron varias veces con él en los reservados del restaurante Señorío de Alcócer. ACS era propietaria de grandes extensiones de suelo en los PAU de los nuevos barrios del norte de Madrid —Las Tablas, Montecarmelo— donde varias cooperativas de vivienda del marxismo/ladrillismo “obtuvieron parcelas”, según el libro de Escudier. Ángel Campos, que llegó a formar un comité en CCOO para recolectar apoyos electorales a Florentino, acabó trabajando en la Fundación del Real Madrid.

"Desde dentro se les veía muy cercanos a todos a Florentino Pérez. Este y otros asuntos urbanísticos generaron una crisis de legitimidad en la IU madrileña, el principio del fin, se abrió la puerta a la formación de una alternativa política al partido", cuenta un miembro de IU Madrid esos años.

El reparto

La mezcla de relaciones personales y negocios, en definitiva, jugó un papel clave. El constructor llevaba dos décadas participando en una comida/tertulia en Casa Ciriaco con Álvarez del Manzano y antiguos cargos de UCD.

  A principios de los ochenta, Florentino fue concejal del Ayuntamiento de Madrid por UCD, donde compartió bancada con Luis Eduardo Cortés, concejal de urbanismo de la CAM durante la recalificación de 2001.

Sobre los terrenos de la antigua ciudad deportiva del Madrid acabaron brotando cuatro rascacielos. La edificabilidad en el barrio era de 0,3 metros de pisos por metro cuadrado de suelo. Las autoridades lo multiplicaron casi por seis para el Real Madrid: 1,7 metros cuadrados.

El reparto de los rascacielos quedó así: al Real Madrid le correspondieron dos torres enteras, compartió otra con la Comunidad de Madrid (un 63,4% para el club y un 35,7% para la CAM) y la cuarta fue para el ayuntamiento.

 El Real Madrid obtuvo un beneficio extraordinario por la operación de 501 millones de euros.

Caja Madrid compró uno de los terrenos al Madrid, pero luego se lo vendió a Repsol, y la petrolera adjudicó la construcción del rascacielos a FCC y, ejem, ACS. La obra de otra de las torres, la de Mutua Madrileña, fue a parar a una filial de ACS. ¿Contrató directamente el Real Madrid a la constructora de su presidente? No. ¿Sacó tajada ACS de la recalificación de la ciudad deportiva? Sí. Caja Madrid no solo compró un terreno por 188 millones, también le prestó 78 millones al club por derechos de explotación del 'merchandising'. Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid, fue nombrado luego consejero de ACS. “Blesa dio dinero al Madrid porque le salió de los cojones... y porque también le llamó Aznar”, cuenta José María García.

Los 501 millones obtenidos por el Madrid llegaron en fases y fueron gastados en partidas diferentes, también para cubrir la deuda, pero por poner la cifra en contexto: todos los fichajes de la primera etapa presidencial de Florentino, 17 jugadores en cinco años y siete meses, costaron (88 millones) menos. Entre 2000 y 2006, Florentino se gastó 413 millones de euros en traspasos, 219,5 de ellos en los galácticos Zidane, Figo, Ronaldo y Beckham. Resumiendo: 501 millones de euros del año 2001 era una tonelada de dinero para un club de fútbol.

Tormenta de oficinas

En mayo de 2003, el grupo municipal socialista recurrió el convenio entre el ayuntamiento y el Real Madrid para la nueva ciudad deportiva en Valdebebas. Todo ello en plena tensión política: las elecciones del mes siguiente dieron el triunfo al PSOE en la CAM; resultado corregido luego por el tamayazo. “Cuando el PSOE presentó el recurso, Florentino se puso furioso y pidió la cabeza del concejal socialista Félix Arias”, según fuentes conocedoras de la situación.

Arquitecto y urbanista de prestigio, Félix Arias fue director general de Urbanismo de la CAM en los ochenta y director general de Suelo y Políticas Urbanas del Gobierno la pasada década. Hablamos con él.

PREGUNTA. ¿La recalificación de la ciudad deportiva era un buen proyecto para Madrid?

RESPUESTA. Vamos a ver, es que se lo inventó Florentino, nunca fue un proyecto de la ciudad, que es cuando un organismo público decide mejorar una zona, pero esto se hizo al revés. El ayuntamiento no tenía plan para estos terrenos deportivos privados, pero con una parte pública, más allá de que siguieran siendo deportivos, pero se sumó al plan de Florentino.

La idea fuerza de la campaña de Florentino a la presidencia del Madrid fue activar este mecanismo financiero/deportivo. Antes de que el ayuntamiento dijera o hiciera nada, Florentino vendió la recalificación a los socios del club.

P. ¿Cómo convenció Florentino al ayuntamiento y a la comunidad?

R. Lo que yo creo que pasó, aunque no lo puedo demostrar, es que Florentino les dijo que necesitaba una calificación de suelo de unos 130.000 metros cuadrados, el equivalente a dos torres y media, y el resto se lo podían repartir entre la comunidad y el ayuntamiento, que también era propietario de ese suelo. Repartieron una torre para el ayuntamiento, algo más de dos torres y media para el Madrid, y el resto para la Comunidad de Madrid… regalado por su buen comportamiento, dar el visto bueno y tramitar rapidito. Es decir: todo partió de Florentino, sin estudios públicos previos, informes, o papel alguno favorable a hacer tal cosa. Florentino arrastró a la comunidad y al ayuntamiento al incluirles en el negocio del reparto de torres. El Real Madrid quería dos torres y media, pero donde cabían dos y media, cabían cuatro.

 P. ¿El proyecto urbanístico tenía sentido?

"Dicen que las cuatro torres crean empleo, pero no es cierto, simplemente consiguen traslados de oficinas desde otros lugares de Madrid"

R. Desde mi punto de vista, no, porque aumentaba los desequilibrios entre el norte y el sur. El eje de oficinas de la ciudad crecía demasiado por el norte.

Las oficinas de las cuatro torres se fueron ocupando poco a poco, no porque hicieran falta más oficinas en Madrid, sino porque fueron chupando oficinistas de otros sitios, por ejemplo, de Azca, desde donde se trasladaron oficinas a las cuatro torres. Dicen que las cuatro torres crean empleo, pero no es cierto, simplemente consiguen traslados de oficinas desde otros lugares. En Madrid ya hemos visto muchas veces como edificios de oficinas (Gran Vía, Plaza de España, Canalejas) acaban vaciándose y no quiebran porque los ocupan las administraciones públicas. Las torres de Azca se remodelaron luego para competir con las cuatro torres, y demostraron que podían competir muy bien.

En definitiva, Madrid no necesitaba en absoluto cuatro nuevos rascacielos de oficinas. Es evidente que las torres no han tenido éxito: han estado muchos años con el 15 o el 20% del espacio sin alquilar. De ahí también la incongruencia de Madrid Nuevo Norte (Operación Chamartín) con más y más oficinas.

P. ¿Qué pasó con la nueva ciudad deportiva construida en Valdebebas?

R. Los terrenos se los sacó Florentino a precios irrisorios a la junta de compensación de Valdebebas. ¿Cómo? Sospecho que prometiendo acelerar el plan parcial de Valdebebas vía contactos en el ayuntamiento. Curiosamente todos los PAU de esa época quedaron atascados menos el de Valdebebas, que arrancó en cuanto se firmó el convenio con el Real Madrid. Algunos PAU siguen esperando 20 años después, semi urbanizados y parados. Algo debió hacer Florentino.

El cielo está enladrillado

Para hacer más digerible la recalificación, las autoridades municipales lanzaron un señuelo: además de los cuatro rascacielos, se construiría el futuro pabellón olímpico. Nunca se construyó, aunque es relevante: Madrid protagonizó esos años tres intentos olímpicos fallidos pero de gran frenesí inmobiliario. En efecto, la recalificación de la ciudad deportiva no se debió solo a la habilidad negociadora/presionadora de Florentino, el contexto histórico jugó a su favor. Fueron los años locos de la construcción, el momento álgido, cuando todos los sueños que el ladrillo podía comprar se hacían realidad.

Aunque la operación se vendió como un gran negocio para la ciudad, el inconsciente colectivo bautizó los cuatro rascacielos como Figo, Zidane, Beckham y Ronaldo. Resumiendo: que no hubiera una masiva resistencia social no significa que la gente no entendiera de qué iba aquello: de todos los galácticos que el ladrillo podía comprar.

 El Madrid de los galácticos cambió la historia del fútbol mundial. El modelo Florentino de fichajes millonarios y mediáticos que atraían títulos y nuevos ingresos, fue imitado hasta alcanzar dimensiones monstruosas con la llegada de los petrodólares al fútbol europeo. Hasta un enemigo absoluto de Florentino como Ramón Calderón, que le sustituyó en la presidencia en 2006, admite la jugada maestra de la recalificación. “Aquella operación me pareció muy buena para el Madrid. El club tenía una deuda de 300 millones de euros que nos estaba ahogando y Florentino consiguió pagarla y además construir una ciudad deportiva que es fantástica. Pocos podrían haberlo conseguido, porque hacía falta mover mucho dinero y disponer de buenos contactos”, contó Calderón en 2019 a este periódico.

En definitiva, una gran idea para el Real Madrid. ¿Y para los demás?

“Las operaciones urbanísticas deben responder a una pregunta: ¿Qué gana la ciudad? Yo apoyé la decisión de Matilde Fernández, porque era especulación urbanística para el beneficio de determinadas empresas. Manuela Carmena también firmó convenios con Florentino Pérez. En los últimos treinta años de gobiernos en Madrid no ha habido ninguna confrontación o diferencia en temas urbanísticos entre la derecha y la izquierda: todos se han declarado amigos de Florentino Pérez. ¿Florentino es un buen presidente para el club? Seguro, pero bueno para el Madrid no significa bueno para la ciudad de Madrid”, zanja Juan Barranco."                       (Carlos Prieto, El Confidencial, 01/03·21)

11.1.21

Las fincas de quien fue la mano derecha de Carlos Fabra: las vendía por cinco veces su precio de compra tras recalificarlas en dos días

 "Francisco Martínez, antigua mano derecha de Carlos Fabra, fue vicepresidente de la Diputación de Castelló y alcalde de la Vall d'Alba durante 24 años. En su declaración ante el juez aseguró que desconocía que los terrenos que adquirió su socio fueran susceptibles de recalificarse para actuaciones urbanísticas porque ese no era su negociado. 

Sin embargo, la instrucción del caso ha detectado que el exalcalde y su socio adquirieron varias fincas que fueron rectificadas apenas dos días después. En algunos casos, los terrenos fueron vendidos posteriormente por un precio cinco veces superior a la promotora Lubasa, encargada del Plan de Actuación Integrada (PAI). El juez Jacobo Pin también detectó que Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castelló, posee terrenos colindantes a los de su entonces número dos.

El auto del juez al que ha tenido acceso elDiario.es desglosa las fincas que Martínez y su socio adquirían por precios muy competitivos y que, poco después, eran recalificadas para planes urbanísticos en la localidad castellonense. El promotor Raul Babiloni aportó dos fincas a la mercantil Gestintur SL el 26 de diciembre del 2005. Dos días después se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el PAI Mas de Lluna en el que estaban incluidas. Un año después la firma vendió los terrenos a la promotora del PAI por un precio cinco veces superior a su coste de adquisición: 148.194 euros (originalmente costaron 27.766 euros).  

 Otra de las fincas adquiridas estaba afectada por el Plan Parcial Residencial Pla de l'Arc, que el Ayuntamiento de Vall d'Alba solicitó retirar después de que se incoaran diligencias tras las denuncias de la oposición en sede judicial por las sospechosas adquisiciones (Martínez declaró que la retirada fue por decisión de los técnicos). Una finca afectada por el PAI de ampliación del casco urbano de la localidad fue adquirida por 285.733,78 euros apenas cuatro meses antes de que se sometiera a información pública el programa de actuación y de su publicación oficial.

La firma promotora del Plan Parcial Residencial Pla de l'Arc y del PAI Mas de Lluna era una mercantil de la constructora Lubasa, con la que Martínez intervino en "numerosas compraventas", como alcalde y también como particular, algunas de ellas sobre fincas incluidas en las actuaciones urbanísticas y en fechas próximas a su publicación, señala el auto del juez. Otra finca, comprada por los padres de Martínez por 3.606 euros, se revendió a la filial de Lubasa por 251.854 euros. El exalcalde explicó al juez que sus padres le habían donado esa finca, mientras tramitaban su herencia en vida, y justificó el pelotazo en que había un proyecto turístico, sin actuación urbanística, y la posición de la finca era privilegiada al ser la "más alta" y tener "muchas vistas".

El expolítico del PP negó en su declaración ante el juez que se aprovechara de su condición de alcalde para adquirir las fincas a bajo precio y lucrarse con su venta tras la recalificación y adujo que todas las actuaciones urbanísticas responden a "trámites técnicos públicos que duran años". En la misma línea de defensa, el empresario Raul Babiloni declaró que la sociedad Gestintur SL, la supuesta empresa pantalla con la que se adquirieron las fincas, se creó para darle un "futuro laboral" a la hija del alcalde popular, que trabajaba para él y estaba "indecisa en su vida laboral". Babiloni sostiene que compraron los terrenos "no porque tuviesen información, sino porque podían tener futuro en Vall d'Alba, asumiendo un riesgo".

El magistrado Jacobo Pin ha dictado un auto que acuerda transformar las actuaciones a un procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado, tal como ha informado este diario. Pin, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Castelló, también investiga el presunto "enmascaramiento" del patrimonio familiar de Carlos Fabra en una causa en la que también está imputado Luis Enrique Batalla Reigada, hijo del fundador de Lubasa y administrador de Becsa SAU. Durante la investigación secreta al expresidente de la Diputación de Castelló, el juez halló terrenos propiedad de Carlos Fabra y de su exmujer colindantes con los de Francisco Martínez, su antigua mano derecha."               (Lucas Marco, eldiario.es, 08/01/21)