"La trama empezó a destaparse en junio de 2014 a raíz de la denuncia
de Montserrat Gassull, entonces concejala de ERC en Torredembarra
(Tarragona).
Esta edil puso en conocimiento de la dirección de su
partido las graves irregularidades detectadas en este consistorio pero
su partido hizo caso omiso de sus denuncias lo cual provocó que
abandonara esta formación y decidiera denunciar los hechos supuestamente
delictivos ante la administración de justicia.
Para ERC este caso
resultaba terriblemente incómodo en un momento en que se estaba
fraguando la coalición Junts pel Sí con CDC y prefirió mirar para otro
lado para salvaguardar el proceso soberanista.
Las denuncias de Gassull, tramitadas en el juzgado de instrucción n.1 de El Vendrell, motivaron la llamada Operación Petrum, desarrollada en varias fases, en el marco de lo que la prensa denominó caso 3%.
El citado juzgado investigó el pago de comisiones ilegales a la
constructora Teyco, propiedad de la familia Sumarroca, fundadores de CDC
y del entorno íntimo de Jordi Pujol, que implicó a diversos
ayuntamientos gobernados por Convergència.
Las investigaciones motivaron
la detención de Andreu Viloca, tesorero del partido y administrador de
la fundación convergente CatDem y el registro de la sede de CDC. Viloca
que permaneció mes y medio en prisión preventiva fue liberado tras
abonar su partido la fianza de 250.000 euros y, a diferencia de
Bárcenas, continuó en el cargo.
La actual Operación Termyca resulta una derivada de este
caso que ahora se ha centrado en las actividades de la consultoría Efial
que operaba en 80 municipios, la mitad de los cuales en Catalunya y
gobernados por Convergència. Una empresa que, por así decirlo, rizaba el
rizo en las prácticas privatizadoras y externalizadoras de las
administraciones locales.
Por ejemplo, se encargaba de la gestión de las
concesiones y contratos municipales en el núcleo duro competencial de
los ayuntamientos. Un foco de corrupción que, al parecer, acababa en
cuentas corrientes del Principado de Andorra. La investigación tiene una
inquietante derivada política, pues se ha hecho público que el
Ayuntamiento de Girona, en la época en la que era alcalde Carles
Puigdemont, adjudicó a dedo seis contratos a Efial por valor de 113.000
euros, relacionados con un bien público como el agua.
Conspiraciones y complicidades
El hecho de que las investigaciones del juzgado de instrucción n. 1
de El Vendrell contaran con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción y la
Oficina Antifraude de Catalunya, ahora bajo sospecha tras la revelación
de las conversaciones entre su director Daniel de Alfonso y el ministro
en funciones del Interior, Jorge Fernández Díaz, sirvió de pretexto para
que el ejecutivo catalán atribuyera estas investigaciones a una
conspiración españolista orquestada por el ministro.
Neus Munté, vicepresidenta de la Generalitat, compareció ante los
medios para acusar a Fernández Díaz de ser el “autor intelectual” del
operativo y vincularlo al congreso de refundación de su partido que se
inicia este viernes 8 de julio.
Una argumentación calcada a la que Jordi
Pujol utilizó con éxito en el caso Banca Catalana y que sirvió de pauta
para exculparse de los múltiples casos de corrupción que acompañaron su
largo mandato, hasta su autoinculpación que provocó un terremoto en el
partido que está en el origen de la refundación.
Las manifestaciones de
Munté están en abierta contradicción con el hecho que la iniciativa de
las investigaciones corresponda a un juzgado y un juez catalán, Jordi
Bosch. Además resulta incongruente que, si la operación ha sido
impulsada por Fernández Díaz, estén siendo investigados numerosos
ayuntamientos del PP en Madrid y el resto de España. Tampoco dio una
explicación satisfactoria a la circunstancia que Daniel de Alonso
accediera al cargo a propuesta de Convergència.
El escándalo ha motivado el espeso silencio de ERC, visiblemente
incómodo por un turbio asunto que vuelve a empañar su pacto con CDC en
un tema de especial sensibilidad política y del que ERC había hecho
bandera política. También llama la atención la postura del PSC.
Su
secretario general, Miquel Iceta, tras consultar con la sección de su
partido en Girona, donde gobiernan juntos CDC y PSC, manifestó que ésta
le había asegurado que no existía ninguna irregularidad y que, por
tanto, no apoyaría una comparecencia parlamentaria de Puigdemont para
dar explicaciones sobre el caso. Incidentalmente, hemos de apuntar a la
“transversalidad” de los socialistas catalanes que gobiernan en
Barcelona con Ada Colau, con Convergència en Girona, con Ciutadans en
Lleida y con PP y Unió en Tarragona. Una transversalidad que muchos
atribuyen no a su centralidad política, sino a su interés por ocupar
cargos.
Ahora bien, el dato que resulta más relevador es comprobar cómo entre
amplios sectores del electorado independentista han funcionado a la
perfección las explicaciones de Munté, quien precisamente ha sido
propuesta por Artur Mas, para codirigir la refundada Convergència.
La refundación del partido del catalanismo conservador, recientemente
reconvertido al independentismo, no parece que vaya asumir la más
mínima responsabilidad por la corrupción estructural que le rodea y que
cuenta con la complicidad de importantes sectores de la clase política y
la sociedad catalana.
Como la senyera, con Pujol, la estelada está
sirviendo para tapar la podredumbre que emana de demasiadas
instituciones catalanas. En este tema existen bien pocas diferencias
entre el comportamiento de la sociedad catalana y española, donde la
unidad nacional en un caso y la independencia en el otro están siendo
utilizadas eficazmente para tapar la corrupción." (Antonio Santamaría, El Viejo Topo, 10-07-16)
