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10.12.18

Una carta oficial de Cañete vincula a su familia con la red 'offshore' de Deutsche Bank

"El Deutsche Bank, al centro de una macrooperación antiblanqueo en Alemania, ayudó a la familia política del actual comisario europeo Miguel Arias Cañete en la creación de la sociedad 'offshore' con la cual controló una cuenta en Suiza. Como desveló este diario, Micaela Domecq tenía acceso a una cuenta en el país centroeuropeo.

 Pues bien, es ahora el mismo Cañete quien implica al banco alemán en la constitución de todo el entramado. Lo hace en una carta de 2016 destinada al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, que no se había hecho pública y en la que afirma que Deutsche Bank "ayudó" en la creación de la empresa junto a Mossack Fonseca. El gabinete de Arias Cañete no ha contestado al correo de este diario pidiendo su versión.

La misiva se pudo desvelar gracias a una petición realizada por el eurodiputado de Podemos Xabier Benito, que considera que "esta situación es incompatible con que siga en el cargo". En octubre de este año, Benito solicitó la documentación que el comisario de Energía y Acción por el Clima remitió a Jean-Claude Junker, presidente de la Comisión, tras la publicación de los papeles de Panamá.

En esa investigación periodística, El Confidencial y La Sexta desvelaron que su esposa, Micaela Domecq, estuvo autorizada para gestionar una cuenta bancaria en una filial suiza del banco alemán hasta marzo de 2011. Al año siguiente, regularizó su patrimonio gracias a la aministía fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy, con su marido como ministro.

La carta, a la que ha tenido acceso este periódico, tiene fecha del 4 de abril de 2016, el día siguiente a las primeras revelaciones sobre el despacho de abogados panameño. Cañete firma de su puño y letra dos páginas en las que detalla: "La familia de mi mujer me ha confirmado que la filial suiza del Deutsche Bank y la compañía Gestrust SA ayudaron ['helped', en el original en inglés] a crear Rinconada Investments Group SA en 2005, con la colaboración del bufete Mossack Fonseca".

La participación del cuarto banco europeo por valor de activos en la creación de estructuras 'offshore' es lo que ha llevado, en la mañana de este jueves, a que 170 policías alemanes se presentaran en varios centros de la entidad, incluida su sede central en Fráncfort.

 En la macrooperación, confirmada por el mismo Deutsche Bank, las autoridades alemanas buscan pruebas de su posible participación en una trama de blanqueo de capitales relacionada con los papeles de Panamá. Según las autoridades alemanas, el banco habría podido ayudar a unos 900 clientes a crear compañías en paraísos fiscales para "mover dinero relacionado con actividades delictivas".

La estimación de los fiscales del caso es que, a través de estos entramados, se habrían podido blanquear hasta 311 millones de euros utilizando una subsidiaria del banco en Islas Vírgenes Británicas.

Un truco para puentear las normas europeas

El objetivo de la carta del comisario de Energía y Acción por el Clima era convencer a Junker de que él no recaía en ningún conflicto de intereses por el caso de la sociedad de su mujer: "Desde 2011, la compañía ha cesado todo tipo de actividad financiera o comercial (...) por lo cual, desde mucho antes de que yo asumiera el cargo, mi mujer ya no constaba como firma autorizada en alguna cuenta relacionada con Rinconada Investment o con el Deutsche Bank".

La sociedad panameña había sido creada en 2005, año en el que se aprobaba la Directiva Europea del Ahorro, a la que Suiza decidió adherirse un año después. Esta norma implicaba que los bancos del país helvético debían informar de todas las cuentas de sus clientes extranjeros (lo que se conoce como ‘full disclosure’) o practicarles una retención sobre sus ganancias, en función de unos tramos, que podía llegar al 35%.

Benito (Podemos): "Esto es incompatible con que siga en el cargo, esto daña la credibilidad de la UE y es incomprensible que Juncker lo defienda"

Esta medida de transparencia provocó una oleada de pánico entre los altos patrimonios que tenían dinero escondido en Suiza. Pero el Gobierno del país encontró una vía de escape: al negociar su adhesión a la citada directiva, exigió que solo se aplicara a las personas físicas, lo que dejaba a las jurídicas (sociedades) fuera de esta obligación. Es decir, podían crear una sociedad pantalla tras la que ocultar su identidad y así evitaban tener que dar información al fisco.

En la respuesta ante la Comisión, Cañete añade que la cuenta fue cancelada en 2013 —la amnistía fiscal es de finales de 2012— y que, desde 2010, la sociedad ya había cesado cualquier operación. El año siguiente, Domecq deja de ser una firma autorizada. Ese año, Panamá y España firmaban un acuerdo para evitar la doble imposición y el país caribeño dejaba de ser un paraíso fiscal para España.

En 2012, tal y como desveló El Confidencial, Domecq se aprovechó de la amnistía fiscal de Cristobal Montoro —luego declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional— para traer a España su patrimonio no declarado en el extranjero. Tras la publciación de los papeles de Panamá, los Domecq intentaron, sin éxito, que Mossack Fonseca desligara a Micaela Domecq de la empresa.

Xabier Benito, el eurodiputado de Podemos que logró la carta con su insistencia, se mostró crítico con Cañete: "Es cada vez más evidente que las excusas de Cañete son falsas, que se intenta salir por el intersticio".

Benito critica además que hay una confusión de fechas sobre la actividad de la sociedad con la cuenta en Suiza que ha dado Cañete: "Con la repercusión que tuvieron los papeles de Panamá, no se puede entender que un cargo tan importante como un comisario dé dos fechas diferentes sobre las cuentas de su esposa en respuestas oficiales y por escrito".

Y concluye: "Esta situación es incompatible con que siga en el cargo, esto daña la credibilidad de la UE y es incomprensible que Juncker, lejos de pedirle responsabilidades, lo defienda".                ( , , El Confidencial,  30/11/18)

21.10.16

Rato, Abel Matutes, Ruiz Gallardón, Federico Trillo, Mayor Oreja, Ana Mato, Soria, Arias Cañete, Fernández Díaz... e a corrupción do PP

"Con esta selección de ministras e ministros que aparecen neste serial de tres artigos ao que agora pomos o ramo queda claro que o PP é un partido que se financia ilegalmente. (...)


Rodrigo Rato. Ministro de Economía e Facenda (1996-2000), ministro de Economía e Competitividade (2000-2004), Vicepresidente do Goberno, Director Xerente do Fondo Monetario Internacional (2004-2007), Presidente de Caja Madrid-Bankia (2010-2012).


Rato tivo durante moitos anos sociedades opacas en paraísos fiscais, tamén cando ocupaba responsabilidade políticas e de goberno. Segundo os papeis de Panamá, utilizou o bufete panameño Mossack Fonseca para liquidar dúas desas sociedades onde tiña gardados 3.672.410 euros. Está acusado dunha fraude fiscal de 5,3 millóns de euros, branqueo de capitais, administración desleal, alzamento de bens e corrupción entre particulares.


Utilizou os seus cargos para beneficiar as súas empresas. Así, concedeu un crédito de 350 millóns de euros ao Valencia Club de Fútbol, cando presidía Bankia, que aproveitou para introducir unha empresa da súa trama familiar na construción do novo estadio. 

Tamén concedeu un crédito de 2,2 millóns de dólares a Lazard, ocultando os seus intereses neste banco de investimentos. Por outra parte, facturaba traballo de asesoría para Telefónica a través da empresa Kradonara 2001 SL, que controlaba, para aforrar no pago de impostos.

Está investigado polo cobro dunha suposta comisión de 850.000 euros, a través de Kradonara, a cambio da adxudicación dun contrato de publicidade de Bankia, que presidía, a Publicis Comunicaciones e Zenith Media por importe de 46 millóns de euros. Rato ocultou a Facenda que tiña negocios en publicidade a través de COR Comunicación SL, que ten como clientes a importantes medios de comunicación.


Realizou moitos favores como ministro, que despois aproveitou para recolocarse cando abandona Bankia. Rato designaba a César Alierta en 1996 como presidente de Tabacalera (empresa que privatizara), e cando Alierta presidía Telefóncia, ficha a Rato por 200.000 anuais en xaneiro de 2013 como conselleiro asesor das súas filiais en Europa e Latinoamérica. 

Tamén Emilio Botín fichaba Rato para o consello asesor do Banco Santander en setembro de 2013, recibindo outros 200.000 euros anuais. Francisco González, que presidía Argentaria (banco privatizado por Rato), perdoaba 312.000 euros a unha empresa da familia Rato en 1999 e catro meses despois González acababa de copresidente do BBVA, resultado da fusión do Banco Bilbao Vizcaya con Argentaria.


Rato é un dos principais implicados na escándalo das tarxeta black ou opacas, cando presidía Bankia. Cargou a esa tarxeta 99.041 euros como gastos de roupa, copas, mariscadas, xoias, perfumes, vacacións, etc.


Segundo a contabilidade oficial do PP, Rodrigo Rato tería recibido 36.247 euros de sobresoldos entre 1990 e 2011 e segundo os papeis de Bárcenas (contabilidade B) cobrou 216.711 euros de sobresoldos en 11 pagamentos entre 1997 e 2004. É unha persoa rica, participa en 27 empresas, segundo a Axencia Tributaria, e controla un patrimonio de 24 millóns de euros. 


Abel Matutes. Alcalde de Ibiza en 1970 durante a ditadura franquista, senador, deputado, eurodeputado, ministro de Asuntos Exteriores con Aznar (1996-2000).


Utilizou a política para os seus negocios particulares. Así, en 1998 facía coincidir una viaxe oficial a Cabo Verde coa visita a ese país de responsábeis do grupo Doliga (na delegación estaban dúas das súas fillas), empresa de Matutes relacionada co turismo.

Unha das súas fillas, Estrella Matutes, foi conselleira de Urbanismo do Consello Insular de Ibiza (2003-2007) e foi acusada pola Fiscalía dos delitos de prevaricación, negociacións prohibidas a funcionarios, uso de información privilexiada e tráfico de influencias por votar un plan urbanístico de Ibiza adaptado a un contrato privado de venda de terreos que, segundo a Fiscalía “beneficia directamente sociedades en que ela e os seus familiares teñen interese económico directo”.


Abel Matutes ten unha grande fortuna que supera os 400 millóns de euros: presidente do Grupo Matutes e propietario da multinacional Palladium Hotel Group, accionista da navieira Balearia e conselleiro de Globalia, propietaria de Air Europa.


Alberto Ruiz Gallardón. Presidente da Comunidade de Madrid (1995-2003), alcalde de Madrid (2003-2011), ministro de Xustiza (2011-2013).


Recibía 2.275.000 pesetas da caixa B do PP en sobresoldos (era tamén senador), só no ano 1994 e, como moitos dirixentes do partido, recibía doce mensualidades e dúas pagas. Recibiu un reloxo de 300.000 pesetas de Special Events, o mesmo que Ángel Acebes e Pío García Escudero, con motivo do XIII Congreso Nacional do PP.


Tamén recibiron sobresoldos outros ministros e ministras, segundo recollía a contabilidade B dos papeis de Bárcenas: 296.263 euros, Cristobal Montoro (entre 1993 e 2011); 6.000 euros, Ana Palacio, en 2004; 9.000 euros, Pilar del Castillo en 2004; 42.238 euros, Elvira Rodríguez (entre 2006 e 2007); 7.813 euros, Juan Carlos Aparicio, así como 60.000 euros María Dolores de Cospedal (entre 2008 e 2010), secretaria xeral. Ademais, Cospedal cobrou 963.331 euros polos cargos públicos que desempeñou e como secretaria xeral entre 2006 e 2011, segundo recolle a contabilidade oficial do PP. 


Gallardón, que era alcalde de Madrid, coñecía os pagos por un total de 138.000 euros que entre 2007 e 2009 pagou Fundación Madrid16 –creada para promocionar a candidatura olímpica da capital– a Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), controlada por Iñaki Urdangarín, por uns servizos sen documentar, contribuíndo así a unha situación ilegal e corrupta.


Federico Trillo. Presidente do Congreso dos Deputados (1996-2000), ministro de Defensa (2000-2004), embaixador en Londres desde 2012.


Xuntamente con Vicente Martínez Pujalte, deputado do PP, foi denunciado pola Axencia Tributaria pola realización de actividades incompatíbeis cos seus cargos. Cobraron 429.000 euros por traballos de asesoría ao Grupo Collazo, empresa dedicada a obra civil e que foi beneficiada polos parques eólicos de Castela-León. Trillo ingresou 354.560 euros en tres anos e Pujalte 75.000 euros en 2008 por “asesoramento verbal”, tomando café cada quince días.


O PP pagou con diñeiro negro da caixa B a minuta dos avogados que defenderon Trillo no xuízo do accidente do Yak 42, o 26 de maio de 2003, no que morreron 62 militares do exército español, 12 tripulantes ucraínos e un cidadán de orixe bielorrusa que regresaba de Afganistán.

Trillo foi encargado por Rajoy para frear o caso Gürtel nos tribunais e cualificou de “montaxe política” as denuncias sobre a corrupción no PP: “Este asunto foi unha montaxe política durante tres anos da UDEF e a Fiscalía Anticorrupción dependentes do Gobierno e especialmente de Rubalcaba”.

 Fixo tamén unha entusiasta defensa de Luis Bárcenas: “Tense intentado imputar unha persoa que resultou ser inocente e através dela o Partido Popular”.

Recibiu 185.256 euros de sobresoldos en 11 pagamentos entre 2001 e 2006, segundo a contabilidade B, e outros 187.650 euros entre 1990 e 2011, segundo a contabilidade oficial do PP.


Jaime Mayor Oreja. Presidente do PP do País Vasco (1989-1996) e ministro de Interior (1996-2001).


O dirixente do PNV Xavier Arzallus relacionaba en 2002 a negativa do goberno do PP de aumentar en 200 os membros da Ertzaintza, policía autónoma vasca, cos intereses da familia Mayor Oreja en empresas privadas de seguridade. Despois da denuncia de Jaime Mayor Oreja contra Arzallus por “calumnias”, a Audiencia Provincial de Álava e o Tribunal Supremos certificaban a participación de Jaime Mayor Oreja en Eulen, empresa que xestiona compañías de seguridade, e dos seus irmáns José e Carlos en Seguritec, Prosegur e Protección y Custodia. Por outra parte, a Unión de Gardas Civís sinalaba a relación de Jaime Mayor Oreja con Ombuds, empresa de seguridade, concesionaria de vixilancia en prisións e centros militares sanitarios.

Jaime Mayor Oreja negouse repetidamente a condenar o franquismo, xustificando a súa actitude en que “representa un sector amplo de españois”, “Moitas familias vivírono con naturalidade e normalidade”, e describía a situación no País Vasco durante a ditadura como “extraordinaria pracidez”. Cualificaba o aborto como “algo propio dos bolcheviques”.


O PP pagaba a Jaime Mayor Oreja en 2001 os 2.710 euros mensuais do aluguer da súa casa en Madrid. Ademais, entre 1997 e 2008  recibiu 181.440 euros en sobresoldos da caixa B, repartidos en 16 entregas.


Ana Mato. Ministra de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade (2011-2014), Vicesecretaria Xeral do PP (2008-2012).


Mato foi partícipe a título lucrativo nos delitos cometidos polo seu marido Jesús Sepúlveda, ex–alcalde de Pozuelo de Alarcón, segundo o xuíz da Gürtel. Esta trama corrupta pagaba dúas comuñóns e dous aniversarios dos seus fillos, viaxes a Disneyland Paris, Dublín. Entre 2001 e 2003 a Gürtel tería regalado 71 viaxes á familia de Ana Mato por importe de 29.911 euros a través de Pasadena Viajes.


Recibiu da caixa B do PP 136.364 euros en sobresoldos. Ademais, cobraba do partido, segundo a contabilidade oficial, 103.712 euros en 2009, 107.450 euros en 2010 e 122.225 euros en 2011.


José Manuel Soria. Alcalde de As Palmas(1995-2003), presidente do Cabildo Insular de Gran Canaria (2003-2007), ministro de Industria, Enerxía e Turismo (2011-2015) e Presidente do PP de Canarias (1999-2016)


Implicado en varias sociedades en paraísos fiscais nos anos 90 e até, polo menos, 2002, segundo os chamados papeis de Panamá. Soria declaraba, inicialmente, que a súa familia non tiña empresas en paraísos fiscais, pero despois admitía que a sociedade Mechanical Trading Limited foi creada en 1993 na illa de Xersei e que UK Lines LTD estaba rexistrada no Reino Unido. 

Con esas contradicións nas explicacións foi obrigado a demitir como ministro. Posteriormente, foi proposto polo PP como Director Executivo do Banco Muncial, idea que abandonou polo rexeitamento social e político.


Miguel Ángel Arias Cañete. Ministro de Agricultura e Pesca (2000-2004), ministro de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente (2011-2014), Comisario Europeo de Enerxía e Clima desde 2014.

Aprobaba como ministro a amnistía fiscal de 2012 da que se beneficiou a súa esposa como apoderada dunha empresa rexistrada nun paraíso fiscal a través do despacho de avogados Mossack Fonseca. 

A esposa de Cañete e outros doce membros da familia Domecq figuran desde 2005 como autorizados de Rinconada Investments Group SA, con sede en Panamá. Tamén foi investigado polos seus intereses nas compañías Petrolífera Dúcar e Petrologis, cando era ministro.

Cañete despediu o director financeiro da sociedade estatal Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas) porque enviou varios informes denunciando adxudicacións irregulares de contratos, pagos por obras inexistentes e incremento ficticio do custo das obras; unha fraude de centos de millóns de euros no que están implicadas dez das principais empresas construtoras de España e onde hai numerosos acusados por prevaricación, fraude e falsidade.


Jorge Fernández Díaz. Presidente do PP de Cataluña (1989-1991), Secretario de Estado de Relacións coas Cortes (2000-2004) e ministro de Interior (2011-2015).


En novembro de 2012, Fernández Díaz daba absoluta credibilidade a uns informes sobre unha suposta relación de Artur Mas e Xavier Trias con contas en Suíza, que eran falsos. Por outra parte, utilizou o seu ministerio e a Policía para atacar a forzas políticas nacionalistas de Cataluña.

 Así, en outubro de 2014 tiña unha conversa no seu despacho co director da Oficina Antifraude de Cataluña, que foi gravada, para inventarse irregularidades fiscais contra dirixentes de ERC e CDC. O ministro afirmaba nesa conversa que “o Presidente do Gobierno [Mariano Rajoy] o sabe”.                   

15.5.14

Cañete compró a un testigo en un caso de blanqueo de 2.000 millone de pesetas de un grupo de abogados amiguetes


"La historia la publicó por primera vez la revista Interviú en julio de 2001. Una historia complicada con todos los ingredientes típicos y necesarios en un caso de corrupción. Y en ella Miguel Arias Cañete, según la sentencia, jugó un papel de importancia…, y nada irrelevante. Ahora, por primera vez, la página colaboradora de ELPLURAL.COM, LosGenoveses.net, ha hecho pública esa sentencia con los nombres verdaderos de los implicados.

Resumir la historia, por sus características, resulta complejo. Como en su momento hizo el periodista Miguel Rico para Interviú, el primer punto básico resulta establecer el círculo de relaciones de amistad entre un grupo de abogados amigos, en el que se encuentran el propio Miguel Arias Cañete, su socio Antonio Morenés, y un tercero, José Luis Coveñas Tamayo, conocido como Pepón, que era concejal de Alianza Popular en Jerez.

 Arias Cañete, aunque ya entonces era eurodiputado, y Morenés, agente en bolsa además de abogado, colaboraban con una empresa, de nombre Sogdal. Una empresa que se vio envuelta en el blanqueo de 2.000 millones de pesetas de un industrial catalán, Bertrán de Caralt, suegro de un hermano de Morenés.., también amigo de Arias Cañete.

Inversiones a nombre de personas que ni siquiera sabían lo que hacían con sus datos
El sistema que se utilizaba para realizar ese trabajo de ocultación de capitales a Hacienda consistía en realizar inversiones en Letras del Tesoro a nombre de personas que desconocían las operaciones. Para ello se utilizaban sus datos, uso de DNI’s incluidos.

Una de las personas que, sin su conocimiento, se ve envuelto en la historia es un pescador de Cartaya, Huelva, de nombre Manuel Díaz Pérez. A esta persona, humilde, un día le llegó una notificación del Banc Catalá de Crédit por el rendimiento de su supuesta inversión de 30 millones de pesetas en Letras del Tesoro. El pescador acudió al banco a pedir lógicas explicaciones.

Ante el ‘error’ del Banc Catalá, desde Sogdal se intentó una estrategia que consistió en dos cosas: una hablar de error; otra, ofrecer al pescador una ‘compensación económica’. Quien fue encargado de esta gestión por parte de Sogdal, la de ‘tapar’ el agujero con una ‘compensación económica’, fue Miguel Arias Cañete.

Con posterioridad a la gestión de Arias Cañete, sin embargo, volvieron a llegar al pescador nuevas notificaciones bancarias. Manuel Díaz se asustó y decidió acudir entonces a Hacienda. Lo que provocó que se abriera una instrucción a la que se le dio de nombre “caso de los DNI falsos”.

Como se puede ver en la reproducción de este párrafo de la sentencia, el papel jugado por Miguel Arias Cañete intentando silenciar con dinero al testigo quedó, a opinión de los jueces, probado.
 
Una gestión que no parece que se pueda considerar además circunstancial. Porque cuando sus responsables decidieron poner a la empresa Sogdal en disolución, a quien nombraron como administrador fue a Miguel Arias Cañete, un eurodiputado con intereses diversos.

Como estrambote a la historia, conviene añadir que a pesar de que quedó demostrado, como se ve, la participación del actual número uno de las listas del PP al Parlamento Europeo, la fiscalía no pidió que se le condenara, y los magistrados no actuaron contra él.

 A quien sí se condenó fue al millonario Bertrán de Caralt, al que se le sentenció a dos años de prisión y 246.630.086 pesetas por cada uno de los dos delitos fiscales que se encontraron contra él. Pero bueno, el gobierno de José María Aznar, aunque en él no figuraba aún el eurodiputado Arias Cañete, tuvo a bien amnistiarle. Es evidente que nunca fue lo planeado por aquellos abogados amigos de Sogdal, pero del mal.., el menos."                    (El Plural, 13/05/2014)

6.5.14

Al ‘lobbysta’ Arias Cañete le sustituye la ‘lobbysta’ García Tejerina... el clan de Villar Mir

"(...) García Tejerina, como el ministro, una mujer que se maneja de maravilla en ‘la puerta giratoria’ que coloca a determinados personajes en continuo trajín de ida y vuelta entre la empresa privada y los cargos públicos. Tanto que a veces pudiera parecer que no distinguen intereses. (...)

"En diciembre de 2012 les dábamos a conocer en ELPLURAL.COM  un informe de Green Peace en el que se denunciaban los intereses privados detrás de la reforma de la Ley de Costas, titulado Amnistía de la Destrucción. En ese informe, (que se puede leer en su totalidad pinchando aquí) en su página 17, los ecologistas mostraban un esclarecedor recuadro (el que acompaña esta información) mostrando los ‘contactos’ de intereses de Arias Cañete. Como se ve, entre ‘los satélites’ del ‘mundo Cañete’ ocupa un lugar preferente Isabel García Tejerina, ahora su sustituta en el minsiterio.


Vallisoletana, ingeniera agrónoma, García Tejerina se ha movido siempre en este campo, se hizo con ‘su cartera’ de intereses ocupando durante años el cargo de asesora de los respectivos ministros de Agricultura que fue nombrando José María Aznar. Así, trabajó como mujer de confianza, que fue pasando de mano en mano y todos se quedaron, Loyola de Palacio, Jesús Posada y, claro, Miguel Arias Cañete.

Y cuando en 2004 el PP perdió las elecciones, sin solución de continuidad, García Tejerina se metió en ‘la puerta giratoria’ y salió al otro lado sentada en la dirección de una de las empresas para las que había estado legislando: Fertiberia. Una empresa que por su nombre podría parecer que sólo tiene intereses en los fertilizantes, pero que simplemente visitando su página web se ve que es mucho más.

 Como mucho más lo es quien en ese momento se convirtió en el ‘jefe y dueño’ de la ahora ministra: Juan Miguel Villar Mir. El mismo Villar Mir que en su versión de propietario de la constructora OHL aparece imputado por el juez Ruz por sus ‘donaciones’ al PP y sus ‘concesiones’ de las administraciones donde manda el PP.

… de mano de Cañete, a mano de Villar Mir…

Como se recoge en el informe de Green Peace al que hemos hecho referencia, en la época en la que García Tejerina trabajaba para los intereses de Fertiberia el Tribunal Supremo condenó a la empresa por su responsabilidad en construir depósitos y decantar vertidos de fosfoyesos en las marismas de la margen derecha del río Tinto que las habían convertido en zonas profundamente dañadas. Los jueces condenaron a la empresa a devolver la zona a su estado original, aunque se considera irrecuperable ecológicamente el área.

El papel de García Tejerina, moviéndose entre sus dos ‘patronos’, Cañete y Villar Mir, lo subraya Green Peace en varios párrafos de su documento, en el que denuncia “los intereses privados detrás de la Ley de Costas”. 

Así, señala el informe cómo “el dueño de Fertiberia es Villar Mir. La Secretaria General de Agricultura y Alimentación, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a las órdenes de Arias Cañete, es Isabel García Tejerina, exdierectora de Planificación en Fertiberia. De Fertiberia al Ministerio”.

… y vuelta con Cañete…

Igual que no se hubiera ganado prácticamente nada de dinero con su nombramiento de ministra, tampoco nadie se sorprendió con su regreso al ministerio tras la victoria electoral del PP en 2011. Es verdad que perdía seguramente mucho dinero en su nómina mensual al dejar a Villar Mir y pasar a la administración.

 Pero también que su influencia en la legislación del sector, mucho más a partir de ahora, claro, se ha revitalizado así. De hecho, aseguraban en el ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente cuando regresó, que lo hacía en gran medida impulsada por su ‘patrono’. Y en este caso nos referimos a Villar Mir.

Esta es la nueva ministra y estos sus intereses, que sustituye a Miguel Arias Cañete, al que siguen pidiendo en el Congreso de los Diputados que explique las relaciones entre las empresas de las que ha sido accionista y concesiones de las administraciones públicas. Un círculo de intereses del que Mariano Rajoy ha decidido no salir."           (El Plural, 26/04/2014)