Los empresarios acusados de abuso sexual a menores en Murcia se libran de la cárcel por el retraso del proceso judicial... De los 24 a 56 años de pena máxima a los que se enfrentaban finalmente serán condenados a entre cinco meses y dos años por cada uno de los delitos

 "Los empresarios acusados de estar implicados en una red de prostitución con menores de edad no irán a la cárcel. De los 24 a 56 años de pena máxima a los que se enfrentaban finalmente serán condenados a entre cinco meses y dos años por cada uno de los delitos. Respecto a las indemnizaciones, los acusados deberán pagar por víctima de 500 a 2.000 euros. A esto se añaden las multas, que oscilan entre los 450 y 720 euros.

Los acusados han llegado a un acuerdo de conformidad con el fin de rebajar las penas de prisión y eludir la celebración del juicio, a cambio han reconocido los hechos. Entre los argumentos para reducir la condena está el atenuante de dilaciones indebidas: en otras palabras, la demora del proceso judicial, que ha tardado 10 años en celebrarse.

Aquellos con penas de 5 meses de prisión para cada una de las víctimas tienen garantizado no entrar a prisión. Queda por confirmar la situación de los investigados con penas de 2 años: “Es lo que pretendemos [la suspensión de penas], pero es algo que tiene que considerar la Sala”, ha explicado Paola Marcela Suarez, una de las letradas de la defensa.

Todos los investigados eran conscientes de que las víctimas, que por aquel entonces tenían entre 14 y 17 años, no habían alcanzado la mayoría de edad, según el escrito de acusación. La trama se destapó en 2014, y las víctimas han tenido que esperar una década para que comience el juicio.

Entre los clientes procesados por hacer uso de esta red de menores se encuentran empresarios de renombre en la Región, como J. C., promotor de viviendas y exvicepresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena, que abandonó el cargo en 2014 cuando se destapó la trama. También están implicados los miembros de un bufete de abogados, que pedían que les trajeran niñas al despacho.

Los acusados eran conscientes de que estaban contratando a niñas, pidiéndolas a propósito. La Fiscalía menciona cómo uno de los acusados, apodado 'El Petrolero', pedía siempre “chicas jóvenes y nuevas para tener relaciones sexuales con ellas”. El Ministerio Fiscal relata como a una de las víctimas se le obligaba a mentir con su edad: “Decir que era menor aún de lo que era, es decir, manifestar que tenía 15 ó 16 años, ya que a los clientes esto le daba más morbo”.

Las captaban en discotecas y colegios

Los proxenetas crearon toda una red de explotación donde exigían a las menores imágenes suyas en ciertas poses, que luego incluían en un catálogo. En total, llegó a haber fotos de más de 400 personas, entre las que se encontraban las imágenes de las doce niñas liberadas. “Captaban a chicas en las puertas de discotecas de menores e incluso de colegios, procedentes de familias desestructuradas algunas y otras en situación de necesidad y vulnerabilidad”, detalla el escrito de acusación de la Fiscalía.

El documento explica cómo los organizadores de esta red engañaban a las jóvenes prometiéndoles “mucho dinero” a cambio de trabajos de masajista, siempre con ánimo de introducirlas en su negocio de ofrecimiento sexual a personas mayores. De la cantidad que recibían los proxenetas, las víctimas solo percibían poco más de la tercera parte.

“La había conocido en una discoteca donde había muchas chicas menores, en horario vespertino de cinco a diez de la noche, a fin de embaucarla para que ejerciera la prostitución para ella, sin que esta antes se hubiera en ningún momento planteado esa posibilidad”, relata el Ministerio Fiscal sobre una de las captaciones.

Además de los implicados que captaban a las niñas, la red también contaban con un hostal que cedía las habitaciones donde se ejercía esta explotación infantil a cambio de parte de la recaudación. Cuatro taxistas furtivos, que también fueron detenidos, las movían por la capital del Segura entre pisos particulares y pensiones."               (Elisa S. Almagro, eldiario.es, 11/09/24)

Amigos de Feijóo utilizan las amenazas y la extorsión para facturar millones de euros... El despacho de abogados Medina Cuadros, fundado por Manuel Medina, realiza recobros para, entre otros, Banco Santander, con un método de captar deudas en los que se utilizan argumentos basados en la manipulación, la falsedad, la coacción e, incluso, la extorsión

 "Alberto Núñez Feijóo ya ha tenido polémicas con sus amistades en el pasado. No hay más que recordar las famosas fotos en el barco del narcotraficante Marcial Dorado. Sin embargo, las amistades del candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno siguen siendo «peligrosas» y pueden traer consecuencias gravísimas para la ciudadanía si Feijóo llegara a la Moncloa.

Manuel Medina es un abogado jienense, fundador del bufete Medina Cuadros. Además, escribe libros, y en las presentaciones de éstos se rodea de importantes personajes como Margarita Robles, Florentino Pérez, Baltasar Garzón, Dolores Delgado, Fernando Andreu, Santiago Juan Pedraz, Ángel Corcóstegui, Juan Manuel Cendoya (Banco Santander), Enrique López, Enrique Cerezo, José Luis Martínez Almeida, José Luis Ábalos o Cándido Méndez, entre muchos otros.

El último libro, titulado Pasión por vivir, fue prologado y presentado por Margarita Robles, junto a Alberto Núñez Feijóo. Medina es un muy prolífico a la hora de escribir libros en los que, en ocasiones, pondera las bondades (aunque no las tengan) de sus amigos, sus benefactores o sus posibles clientes. Hay que recordar que, incluso, llegó a publicar un ejemplar en el que justificaba la resolución del Banco Popular.

En prácticamente todas las presentaciones de Manuel Medina está Alberto Núñez Feijóo e, incluso, en el libro El éxito de la humildad, tiene un capítulo dedicado en exclusiva al actual líder del PP. En él, Medina dice cosas como que «según nos conocemos cada vez más me recuerda a él [por Adolfo Suárez]; sus gestos, sus expresiones, sus ideas y sus afanes son iguales o muy parecidos a los de Adolfo. Él es Alberto Núñez Feijóo, un hombre sencillo, humilde, inteligente y amigo de sus amigos».

En este capítulo hagiográfico del actual líder del PP, el abogado Medina afirma que «nunca ha hecho comentarios que puedan dañar a alguien. Es el prototipo de gallego por excelencia, de los que no se sabe si va o vuelve, pero con él se está seguro de su cercanía y su afecto. […] Alberto Núñez Feijóo es uno más de esos soñadores que nos perdemos por la provincia de Jaén y junto a un olivo valoramos la velocidad del nublo, la afluencia de la lluvia, los cuartos menguantes y crecientes de la luna y la humedad relativa del aire. Somos observadores de lo simple y soñadores de lo grande». Y así todo el capítulo…

Manolo Medina y Villarejo

El bufete Medina Cuadros pasó del anonimato cuando se supo que en sus instalaciones se celebraron reuniones y comidas con las que estuvo presente el comisario Villarejo, como la que se celebró con Pablo Casado en el año 2015.

En uno de los registros policiales realizados en el domicilio del excomisario, se encontraron unas notas en una libreta en las que aparecía el nombre del abogado Manuel Medina.

Según publicó InfoLibre, las reuniones y comidas organizadas en las instalaciones del bufete Medina Cuadros y la presencia de Villarejo provocaron que un alto cargo del Tribunal Supremo se quejara al propio Medina de que el excomisario participara de estos eventos.

Por otro lado, distintas fuentes de demostrada solvencia consultadas por Diario16 han señalado que en reuniones profesionales organizadas por Medina en las instalaciones de su bufete, los móviles quedaban inutilizados y no se reactivaban hasta que volvían a salir de las oficinas.  

Recobro de deudas: extorsión, coacción, amenazas y mentiras

En España hay cientos de despachos de abogados que se dedican a luchar contra las cláusulas abusivas de los bancos, enfrentándose en desigualdad de condiciones contra un sistema judicial diseñado, precisamente, para proteger a los fuertes y dejar desamparados a los débiles.

El bufete Medina Cuadros, fundado por Manuel Medina, el amigo de Feijóo, hace lo contrario y lucha para que los humildes paguen hasta la última gota de sangre a las grandes compañías. Y lo hacen aprovechándose del analfabetismo judicial de la mayoría de los ciudadanos, a través de la extorsión, la coacción, las mentiras y la manipulación.

Diario16 ha tenido acceso a una carta remitida por el despacho fundado por el amigo de Alberto Núñez Feijóo en el que se reclama una microdeuda inferior a 400 euros.

«Habiendo recibido un informe de solvencia positivo a su nombre, si en un plazo no superior a SIETE DÍAS desde la recepción de este escrito usted no procede al pago de […] euros, sin más tardanza procederemos sin ningún aviso más por nuestra parte a reclamar judicialmente este importe con los perjuicios que esto le ocasionará con el consiguiente embargo y subasta de sus bienes para saldar la deuda con mi cliente. Igualmente le anexamos borrador de la demanda que ya tenemos preparada para su presentación en caso de que incumpla este último plazo», señala la carta.

En este caso, según indican nuestras fuentes, es absolutamente imposible que hayan tenido acceso a ningún informe de solvencia de la persona a la que el bufete fundado por el amigo de Alberto Núñez Feijóo le reclama la deuda.

La carta aplica métodos de extorsión al afirmar que se iniciarán acciones judiciales que determinarán el embargo y la subasta de los bienes de la persona a la que el bufete fundado por el amigo de Feijóo reclama una cantidad ridícula inferior a los 400 euros. Esto es falso y lo que pretende es meter el miedo a la gente aprovechándose de que no conocen cómo funciona la reclamación legal de deudas.

Al ser una cantidad tan pequeña, tras la resolución de un proceso monitorio, la persona a la que se le reclama la deuda puede oponerse a la misma, lo que derivará en el archivo del mismo y en la apertura de un juicio verbal. Ahí las partes darán sus argumentos ante el juez quien dictará sentencia. En un caso como este, el embargo no sería de bienes, sino económico, es decir, de ingresos (salario o pensión) hasta cubrir la totalidad de la deuda, embargo que se aplicaría sólo a partir de lo que la persona perciba por encima del salario mínimo interprofesional. Es decir, por esa cantidad no le iban a embargar la casa o el coche.

Por otro lado, el juez tendrá que verificar si la deuda está prescrita o no, si es lícita o no, si es real o no antes de dictar una sentencia favorable a quien reclama.

Además, en la carta se indica un número de cuenta de Banco Santander para ingresar el dinero de la supuesta deuda. Sin embargo, la cuenta no pertenece al cliente de Medina Cuadros, sino que es del propio bufete.

Este despacho de abogados factura millones de euros recobrando esas pequeñas cantidades a personas que se asustan al recibir este tipo de cartas y que rebuscan bajo las piedras para pagar, incluso, deudas que no existen o que ya están prescritas."           (J. A. Gómez, Diario16, 09/06/23)

La Justicia condena al marido de Ana Rosa Quintana a prisión por el 'caso Villarejo'

 "El controvertido excomisario José Manuel Villarejo ha recibido uno de sus primeros reveses en los tribunales. Conocido por poner los recursos del Estado a merced de sus intereses particulares, la Audiencia Nacional le ha condenado a un total de 19 años de cárcel. En este sentido, muchos son los nombres que aparecen en una sentencia que alcanza la friolera de 350 páginas tras un juicio que quedó visto para sentencia el pasado septiembre de 2022. En el fallo, además, se condena al marido de Ana Rosa Quintana a tres meses de cárcel después de que éste haya reconocido su implicación en el caso. 

La sentencia del mencionado tribunal aborda supuestos encargos privados de espionaje que recibió el excomisario Villarejo por parte de distintos particulares o empresas, los cuales han sido divididos en tres piezas: Iron, pieza centrada en la contratación por parte del excomisario del bufete Herrero & Asociados para espiar a un despacho rival; Land, que aborda las pesquisas de la guerra de los herederos de Luis García-Cereceda; y Pintor, que es la pieza separada donde el marido de Ana Rosa Quintana, el empresario Juan Muñoz Tamara, es protagonista al contratar presuntamente a Villarejo para que sonsacase de forma fraudulenta datos de un exsocio. 

En la mencionada resolución se especifica que todos los clientes de estos encargos han admitido haber contado con los servicios de Villarejo y, tras la conclusión de las investigaciones, han sido condenados. Hablamos de los directivos de Herrero: Francisco Carpintero, Mario Carpintero, Álvaro Martínez Muñoz y María Ángeles Moreno. La Justicia los condena a un total de siete meses de cárcel para cada uno de ellos, pero no son los únicos: Susana García-Cereceda y sus dos colaboradores (Francisco Lorenzo Peñalver y David Fernández) afrontan una pena inferior a un año de encierro.

No obstante, las penas de prisión son sustancialmente menores en el caso de Juan Muñoz Tamara y su hermano Fernando, quienes llegaron en el pasado a un pacto con la Fiscalía tras asumir sus responsabilidades en la Pieza Pintor y abonar la cantidad de 10.000 euros por las responsabilidades civiles que pudiesen derivarse. En este caso, la sentencia conlleva una condena de tres meses de cárcel únicamente. El marido de Ana Rosa Quintana se enfrenta a esta pena por un delito de descubrimiento.

El Código Penal español establece las bases relativas al delito de descubrimiento y revelación de secretos en su artículo 199, que hace referencia tanto a la difusión como a la filtración de información o material de uno mismo que no se desea que trascienda a la esfera pública. La intimidad individual de una persona se ve vulnerada cuando una persona se adentra en este sentido sin autorización o derecho en esa área.

Pago de 20.000 euros a Villarejo para extorsionar a un exjuez

El empresario hizo un pacto con la Fiscalía para reducir su pena y evitar entrar en prisión; de hecho, Juan Muñoz Tamara admitió haber pagado la friolera de 20.000 euros a José Manuel Villarejo para extorsionar al abogado y exjuez Francisco Urquía. En este sentido, es necesario mantener que el hermano del marido de Ana Rosa Quintana mantenía un contencioso relativo a un procedimiento por fraude fiscal. 

Según la declaración, le entregó la cantidad económica antes mencionada a Villarejo en su despacho ubicado en la Torre Picasso de Madrid. El material en cuestión consistía en un vídeo donde Urquía aparecía consumiendo drogas en compañía de prostitutas. El objetivo principal de esta operación era lograr debilitar la posición del letrado, quien logró que su cliente se declarase insolvente. De haber sido así, Mateo Martín Navarro no tendría que haber pagado la multa por fraude fiscal. 

De este modo, esta sanción por fraude fiscal que debía abonar de forma solidaria con el cuñado de Ana Rosa Quintana solo la abonaría Muñoz Tamara. Pese a reconocer los hechos con el único objetivo de evitar la cárcel, la sentencia de la Audiencia Nacional determina que sí deberán ingresar en prisión durante tres meses.

La condena a Villarejo

José Manuel Villarejo, el excomisario más mediático del panorama patrio, ha sido condenado por la Audiencia Nacional a 19 años de cárcel. El policía, que fue detenido en noviembre de 2017, se enfrentaba a un largo proceso tras, presuntamente, haber comerciado con datos reservados "bajo la cobertura de la defensa del Estado" durante algunas décadas. En este sentido, el mencionado tribunal le atribuye distintos delitos de revelación de secretos y falsedad documental, pero le absuelve de cohecho y extorsión."                    (Sergio Soriano, El Plural, 25/07/23)

El Colegio de Abogados de Madrid archiva el procedimiento del juego sucio del Santander el mismo día de la reunión del decano con el abogado de Ana Patricia Botín

 "Otro escándalo asola al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y todo porque se ha convertido en cómplice del juego sucio judicial de Banco Santander. Cualquiera que conozca un poco el funcionamiento del ICAM sabrá que está sometido a la voluntad y los intereses de los grandes despachos y, en consecuencia, de las grandes empresas y de los privilegiados.

Hay una frase muy manida por todos los decanos: «Pondremos al colegiado en el centro». Eso es mentira porque, al final, el ICAM acaba sometiéndose a los grandes despachos y convirtiéndose en esclavo de los intereses de sus privilegiados clientes. Ese trabajo, evidentemente, no es gratuito.

Tal y como publicamos en exclusiva en Diario16, el presidente del despacho de abogados Uría y Menéndez, el ilustre Jesús Remón Peñalver, protagonizó un escándalo de juego sucio contra otro abogado para frenar un proceso judicial en el que Banco Santander se juega la anulación de los acuerdos alcanzados en varias juntas de accionistas.

Remón Peñalver es el abogado estrella tanto del Santander como de Ana Patricia Botín y fue el defensor durante el procedimiento en el que Eduardo Martín-Duarte, abogado y accionista del banco, acusaba tanto a la entidad como a su presidenta de manipulación de juntas de accionistas.

Tras una sentencia muy cuestionable, puesto que no se tuvo en cuenta ninguna de las pruebas aportadas en el procedimiento, dictada por el controvertido juez Andrés Sánchez Magro, Martín-Duarte presentó un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid. A partir de ahí, se inició el juego sucio del Santander para evitar que el proceso judicial continuara y se acudió al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).

Después de que Diario16 destapara el escándalo protagonizado por el ICAM para favorecer a Banco Santander, a Ana Patricia Botín, a Uría Menéndez y al ilustre Jesús Remón Peñalver, presidente del despacho, este medio publicó en exclusiva cómo el nuevo decano, Eugenio Ribón, se iba a reunir con Remón. No hace falta decir que el número uno de los abogados de Madrid ha tardado muy pocos meses en sucumbir a las tentaciones.

Una de las funciones más importantes de la Junta de Gobierno del Colegio de Madrid es la de ejercer un control deontológico de la profesión y la sanción de los comportamientos que se salgan de los códigos de buenas prácticas de la Abogacía.

Por esa razón, según fuentes cercanas al ICAM consultadas por Diario16, no era descartable que Ribón incluyera en el orden del día de la reunión este asunto, sobre todo porque para ser elegido dio una pretendida imagen de transparencia y de cambiar las cosas que, como veremos, es más falsa que un billete de 4 euros. Nada ha cambiado en el ICAM respecto a la gestión de Jesús Alonso, y no era difícil mejorar las cosas.

Ribón hubiera estado obligado a comunicar una sanción durísima contra Remón Peñalver. La documentación de lo sucedido la tiene el ICAM y, en consecuencia, debía actuar en base a las obligaciones de la Junta de Gobierno. Nada más lejos de la realidad porque ese mismo día, tras esa reunión, el Colegio de Abogados archivó el procedimiento.

Diario16 ha accedido en exclusiva a la resolución del procedimiento. El ICAM ha actuado poniéndose del lado del despacho y del ilustre abogado del Santander y de Ana Patricia Botín, a pesar del claro juego sucio que han perpetrado para evitar que un procedimiento que pone contra las cuerdas tanto a la entidad como a su presidenta continúe su trayectoria procesal.

Impunidad del Santander y Uría Menéndez

La resolución judicial de Sánchez Magro se produjo a pesar de la presentación de pruebas documentales en las que, por ejemplo, más de 4.000 millones de delegaciones de acciones depositadas en Deutsche Bank, BNP, CITIBANK o Société Générale. habrían sido también confeccionadas por el Santander, dando el propio banco las instrucciones de voto, limitándose los bancos custodios a firmar y sellar el documento que les remite el Santander, lo que contraviene la normativa española y norteamericana sobre las delegaciones de voto.

Martín-Duarte recurrió esta sentencia para que la Audiencia Provincial de Madrid pueda determinar si efectivamente las maniobras denunciadas, utilizadas presuntamente por el Santander para captar las delegaciones a favor de Ana Patricia Botín y ser ellos los que directamente dan las instrucciones de voto a los bancos custodios, conllevan la manipulación de las juntas del banco cántabro.

Y es aquí cuando entra en acción el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). El 24 de octubre de 2022, a solicitud de Uría y Menéndez, despacho que defiende a Banco Santander y a Ana Patricia Botín, se emite una certificación que es utilizada para intentar que el recurso de apelación del accionista no sea admitido a trámite.

Según el demandante y abogado, dicha certificación habría sido emitida de manera espuria y torticera por el director de los servicios jurídicos del ICAM, Pedro Lescure Ceñal.

Martín-Duarte denuncia que Lescure habría hecho un uso indebido de la firma del secretario del ICAM, José Ignacio Monedero Montero de Espinosa, que desconocía por completo el asunto y no había ordenado, ni emitido, ni firmado el certificado en cuestión.

Según la información recibida por Martín-Duarte de miembros de la Secretaría del ICAM, la certificación aportada por el abogado de Uría Menéndez al Juzgado para tratar de que el recurso de apelación no fuese admitido no es la que habitualmente emite el ICAM al no llevar numeración, llevar el logotipo en lugar diferente y certificar diferentes aspectos que el ICAM no podría certificar, al ser competencia del Consejo General de la Abogacía.

En definitiva, le manifestaron que aquella certificación no habría sido emitida por la Secretaría del ICAM, que tampoco habría sido firmada por el secretario del Colegio y que no debería obrar en manos de los abogados del Santander y de Ana Patricia Botín.

El secretario del ICAM, según indica Martín-Duarte, ha reconocido que no firmó el certificado ni conocía de su existencia, resultando que habría sido Lescure el que presuntamente emitió la certificación. Sin embargo, en vez de encabezarla y firmarla él como director de los servicios jurídicos, emitió un documento suplantando al secretario. El propio Lescure, según ha podido saber Diario16, habría reconocido ser el autor y emisor de la certificación.

En dicha certificación se comunicaba que Eduardo Martín-Duarte, supuestamente acordado por el ICAM, había sido dado de baja del Colegio de Abogados, lo que le incapacitaba para firmar el recurso contra la sentencia de Sánchez Magro. Sin embargo, no había existido ninguna comunicación preliminar a Martín-Duarte quien desconocía completamente la iniciación del proceso de baja y la resolución que la habría acordado, lo que según éste provocaría su nulidad.

Resolución Remón-Botín

La resolución del ICAM, a la que Diario16 ha tenido acceso, es de una obscenidad que podría rozar lo delictivo. En primer lugar, el Colegio se declara incompetente para resolver contra Lescure porque los hechos denunciados por Martín-Duarte se circunscriben a su condición de secretario general del ICAM y no de abogado, por lo que quedaría «fuera de la competencia disciplinaria que el Colegio ejerce como corporación de derecho público».

En segundo término, en referencia a los documentos obtenidos de aquella manera por Uría Menéndez, el ICAM se quiere lavar las manos del asunto principal y acusa a Martín-Duarte de realizar afirmaciones rechazables. Por otro lado, afirma que el documento presuntamente falsificado es «verdadero en cuanto a su contenido», es decir, que reconoce que no se utilizó el formato oficial.

Por otro lado, el ICAM, en su defensa de los abogados de Uría Menéndez, señala en su resolución que «por lo que respecta a la actuación supuestamente urdida por los letrados denunciados con la intención de perjudicar al denunciante, nos encontramos ante una denuncia infundada». Sin embargo, las pruebas están ahí.  

La resolución del ICAM, además, justifica su decisión en la presunción de inocencia. «El principio in dubio pro reo, vigente en el ámbito administrativo -art. 53.2.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas- y constitucionalizado por la vía del derecho a la presunción de inocencia establecido -art. 24 de la Constitución Española- impone la regla de tratamiento del material probatorio obrante en el expediente en la interpretación siempre más favorable al denunciado, lo que conduce al archivo de la denuncia, considerando la absoluta inexistencia de una mínima prueba de cargo de los hechos imputados a los letrados».

Pero no se quedan ahí, sino que abundan en la justificación del juego sucio tanto del Santander como de sus abogados en la libertad y la independencia de la profesión de la abogacía. Hay que tener valor.

«El derecho a la independencia constituye la facultad que asiste a todo letrado de determinar, con absoluta libertad, sin ningún tipo de injerencia y con arreglo a su leal saber y entender jurídico, el modo de defender el asunto que se le ha encomendado para darle la mejor solución posible. Lo que el denunciante exige de esta Corporación, pretendiendo que se someta a investigación la actuación del letrado -y sus compañeros de despacho- sin una grave motivación que lo respalde, constituiría una injerencia en el derecho de defensa que no puede admitirse», afirma el escrito."                   (José Antonio Gómez . Director de Diario16, Diario16, 27/05/23)

La «Edad de Oro» de la evasión fiscal de los ricos: tienen secuestrados 30 billones de dólares gracias a la inoperancia de los políticos

 "Tal y como publicamos en Diario16, existen una serie de sectores que facilitan que los millonarios y las grandes empresas evadan impuestos. Estas profesiones, entre las que se encuentran los grandes despachos de abogados, actúan con total impunidad porque ningún político o gobierno ha querido aplicarles una supervisión como la del sector financiero.

Gran parte de lo que sabemos sobre el sistema mundial de riqueza oculta proviene, precisamente, de filtraciones dentro de la industria de defensa de la riqueza. Los grandes despachos de abogados fiscales facilitan el acto de desaparición de la riqueza para sus clientes multimillonarios. Esta clase habilitadora ha ayudado a secuestrar billones de dólares en fideicomisos, empresas ficticias anónimas y paraísos fiscales extraterritoriales.

Los Papeles de Panamá de 2016 y los Papeles de Pandora de 2021 fueron el resultado de filtraciones masivas de datos desde el interior de las empresas de gestión de patrimonio, despachos de abogados o grandes consultoras. Ahora, una nueva investigación publicada por The New Yorker rastrea la decisión «una administradora de riqueza descontenta», para exponer cómo los descendientes del magnate petrolero J. Paul Getty usan los fideicomisos de Nevada para evadir los impuestos de California.

La divulgación de Getty se deriva de una demanda por despido improcedente. La asesora patrimonial, Marlena Sonn, trabajó para varios miembros de la familia Getty durante ocho años, aconsejándolos sobre estrategias socialmente responsables para sus inversiones. Pero estaba preocupada por el uso por parte de la familia Getty de fideicomisos con sede en Nevada y una oficina familiar con sede en Reno, para mantener la ficción de que los miembros de la familia no vivían en California, donde los impuestos son más altos. Cuando sugirió que pagaran sus obligaciones tributarias de California, la despidieron. 

Ahora estamos viviendo la «edad de oro de la evasión fiscal», gracias tanto a la creciente concentración de la riqueza como a la expansión de la industria de defensa de la riqueza, una clase que se centra en la evasión fiscal agresiva y la sucesión dinástica de la riqueza. Las personas más ricas del planeta tienen secuestrados más de 30 billones en todo el mundo, dinero que las sociedades podrían estar gravando e invirtiendo para ampliar las oportunidades para todos los demás.

Estados Unidos se ha convertido en un paraíso fiscal de primer nivel gracias en parte a la manipulación de la ley de fideicomisos estadounidense. Estos productos son un eje en el aparato de ocultación de riqueza. Son un sistema de propiedad anticuado que los habilitadores profesionales han transformado y manipulado para satisfacer las necesidades de sus clientes millonarios.

La industria de defensa de la riqueza ha presionado para que se cambien las leyes de fideicomiso. Estos abogados fiscales y asesores patrimoniales proclaman que están ayudando a sus clientes a obedecer la ley. Pero están redactando activamente nuevas leyes y presionando para que se instalen.

Los gobiernos estatales de Nevada y Dakota del Sur, destino global para los fideicomisos de la casta multimillonaria, están trabajando juntos para convertirse en el «Delaware del Oeste», atrayendo la formación de corporaciones y no cobrando impuestos corporativos o sobre la renta. 

Nevada también extendió su legislación estatal contra las perpetuidades para que los fideicomisos puedan existir por 375 años y sin la obligación de informar de los beneficiarios. El estado está trabajando para mantener sellada la información sobre los fideicomisos, aprobando una ley en 2009 para eximir a los documentos de las empresas fiduciarias de la divulgación pública. 

Es posible que sean el único estado que no coopera con el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Agencia Tributaria de los Estados Unidos, para compartir datos, un vestigio del secretismo del estado en torno a la industria del juego. Mientras tanto, California es todo lo contrario, con impuestos corporativos y sobre la renta progresivos y sin manipulaciones exóticas de la ley de fideicomisos.

Hay más de una docena de estados que cambian activamente la ley estatal para competir por negocios de fideicomisos globales. Y estos sistemas de confianza son intencionalmente complicados. La complejidad es el pan y la mantequilla de la industria de defensa de la riqueza, que a menudo superpone múltiples sistemas de propiedad para ocultar las transacciones. "                 (Martha Golfín, Diario16, 18/01/23)

La familia de Juango Ospina, candidato a presidir el Colegio de Abogados de Madrid, vinculada al Cartel de Medellín

 "Juan Gonzalo Ospina lidera la candidatura de ‘Ahora Abogacía’, iniciativa impulsada por una treintena de abogados madrileños que aspiran, según sus propias declaraciones “…a movilizar a una amplia base de profesionales para formular propuestas de modernización y cambio en la abogacía madrileña.”

 A Ospina, que compartió despacho con la abogada Virginia López Negrete, hecho que oculta en su curriculum, le avalan en esta aventura dos organizaciones que copian la estrategia de los ultras de “Manos Limpias” seleccionando casos “muy particulares” en los que personarse como acusación.

El “movimiento24DOS”, célebre por presentar junto a Vox una querella por prevaricación y usurpación de funciones ante los tribunales españoles contra el juez belga al que correspondió la demanda contra Pablo Llarena, que incluía al abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, y también a la traductora que intervino en la redacción de la demanda.

Querella contra Fernando Simón

A esta organización pertenecen Nicolás González Cuellar candidato del PP al Tribunal Constitucional o Carolina Mata de la Torre, presidenta de la Asociación de Juristas Europeos Prolege, protagonista durante la pandemia de una querella contra Fernando Simón, bajo la cobertura de una supuesta asociación de víctimas (Adavic 19) que fue rechazada.

El objetivo es encontrar a todas las personas que “por acción y omisión” han sido responsables de las muertes y daños físicos de las personas que han sufrido la enfermedad. “No queremos que esto quede en el olvido” afirmaba Mata con ocasión de la presentación de la querella, naturalmente nunca cuestionó los protocolos de Ayuso.

La Asociación de Juristas Europeos PROLEGE, por su parte, se ha personado como acusación particular en el caso “Pegasus” (el supuesto espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska) y recientemente presento en los Juzgados de Plaza de Castilla,  una denuncia por calumnias contra el ex vicepresidente Pablo Iglesias por cuestionar la labor del titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 6, García Castellón, en el Caso Dina, donde también están personados como acusación particular.

 Sin olvidar ‘Kitchen‘, caso en el que también fueron admitidos por García Castellón, a pesar de que Cuellar y Carolina Mata habían compartido una candidatura anterior al Colegio de Abogados madrileños (2017) con Fco. Javier Iglesias Redondo, abogado vinculado a Maria Dolores de Cospedal, defensor de Álvaro Lapuerta en el caso Bárcenas y a quien los audios de Villarejo señalan como el enlace de las cloacas policiales con el ex presidente Mariano Rajoy.

 Una de las últimas incorporaciones a la candidatura de Ospina, ha resultado ser la de Juan Ramón Montero Estévez, abogado de los Martínez-Bordiú, que realizaba estos comentarios a El País ante el rechazo del Juzgado de Primera Instancia número 43 de Madrid, de prohibir la difusión del reportaje de Mediaset sobre el patrimonio de los Franco: Juan Ramón Montero Estévez, también aseguró que el juicio mostraba los fallos del sistema: desde su punto de vista, la petición de la fiscal de desestimar la demanda fue una intromisión poco habitual en un proceso civil, y debida a su “afinidad” con el Gobierno. “Depende de una fiscal general [Dolores Delgado] que fue Ministra de Justicia durante la exhumación de Franco”.

 El candidato Ospina, joven promesa de la abogacía madrileña, mimado por el Partido Popular, pertenece a una familia colombiana de rancio abolengo, dedicada al negocio del café y supuestamente vinculada con el tráfico de cocaína.

 Los hermanos Ospina Baraya: Javier, Rodolfo y Mariano, padre y tíos del candidato, aparecen vinculados por fuentes muy diversas al cartel de Medellín, que otorgan a Rodolfo Ospina Baraya `El Chapulín´ un papel destacado en la operación que acabo con la vida de Pablo Escobar.

Dediqué a este tema varios hilos donde pueden ampliar su información.

El primero recoge testimonio de diferentes personajes, autores y periodistas que relatan capítulos de la historia colombiana del narcotráfico, donde de una u otra manera aparece la familia Ospina.

También muestra la estrecha relación del abogado con el Partido Popular. (...)"                (Ramón Cuesta, Crónica Libre, 16/10/22)

Polvorín en la Abogacía del Estado: el plante de un subordinado acaba con su jefa imputada... La jurista Dolores Ripoll, que participó en el ‘caso Nóos’, está siendo investigada por las concesiones sospechosas en los Puertos de Baleares

 "Dolores Ripoll, abogada del Estado, tuvo en 2016 su minuto de fama cuando intervino en el caso Nóos y defendió a la infanta Cristina de la acusación de Manos Limpias: “El lema ‘Hacienda somos todos’ se limita al ámbito de la publicidad”, señaló en referencia a que solo la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, podía acusar en nombre de la Agencia Tributaria. Ripoll se encuentra hoy investigada por las concesiones sospechosas en los Puertos de Baleares, un caso que ha levantado un polvorín en su departamento, ya que fue un subordinado de esta abogada del Estado quien primero se plantó, en 2018, contra una de esas decisiones.

La Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción Número 3 de Palma reventaron en agosto de 2020 el negocio de las concesiones portuarias en Baleares cuando estas empezaban a caducar, y cuando el intento de la competencia por gestionar clubes náuticos se topó con la oposición de las islas. Había consenso político para prorrogar a favor del mismo adjudicatario el Club Náutico de Ibiza (CNI), cuya primera concesión se remonta a 1927, o la del Club Náutico de Palma. Son entidades arraigadas en la sociedad balear y los partidos quieren que todo siga igual con el argumento de que tienen un fin social. Las empresas que aspiraban a obtener esa concesión de Ibiza recurrieron y ganaron en la vía contenciosa, pero al seguir encontrando obstáculos para hacerla efectiva, entró la Fiscalía a investigar en la jurisdicción penal.

La semana pasada, la jueza Martina Mora levantó parte del secreto de sumario de la adjudicación de Ibiza: “No fue el resultado de la aplicación de los principios de transparencia, concurrencia, objetividad y legalidad que han de presidir la contratación pública, sino que se trató de una decisión arbitraria, injusta y apartada de la legalidad”.

La jueza investiga a Juan Gual de Torella, expresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, que dimitió por este caso y es considerado próximo a la presidenta Francina Armengol (PSOE). Pero también incluye a la abogada del Estado Dolores Ripoll, asesora jurídica del consejo de administración de la Autoridad Portuaria cuando se otorgaron las concesiones. Aunque no decidió nada, sí redactó los informes jurídicos en los que se basó la adjudicación. La jueza señala que los cargos investigados contaron con “el respaldo imprescindible y concertado de Ripoll y los responsables del Club Náutico de Ibiza (además de otros miembros del consejo de administración y autoridades políticas) para que fuera este club y no otro quien siguiera explotando la dársena”. Este diario intentó, sin éxito, obtener la versión de Ripoll.

Los criterios para adjudicar la concesión primaban el arraigo, de una manera que la adjudicación solo podía recaer en el Club Náutico de Ibiza (CNI). Los pliegos valoraban este mérito con el doble de puntos que la suma de todos los demás. La justicia falló que la inclusión de dicho criterio suponía una “adjudicación directa encubierta”, y que se vulneraba el principio de igualdad.

La jueza señala que la abogada del Estado fue la ideóloga de esas cláusulas y de repetir la adjudicación cuando ya había sentencias en contra: “La actuación de Ripoll fue determinante para que los consejeros, ajenos a la sentencia y confiando en las explicaciones jurídicas que ofrecía la que, a sus ojos, era la mayor autoridad jurídica de dicho consejo, votaran a favor de la propuesta del presidente”.

En mayo de 2018, tras la primera sentencia contra la adjudicación de la dársena al CNI, el entonces presidente de la Autoridad Portuaria, Gual de Torrella, llevó a un consejo de administración un nuevo informe favorable “en un intento de que se aprobara la nueva adjudicación a favor” del CNI, pero no salió adelante “dada la oposición de los consejeros Enrique Braquehais [abogado del Estado] y Jesús Gesé [ingeniero de Puertos del Estado]… tras un tenso debate”, según la jueza.

Braqueais era entonces el número tres de la Abogacía del Estado en Baleares y dependía de Ripoll. Él se sentaba en el consejo (una forma de cobrar dietas que tienen muchos abogados del Estado y asesores del Gobierno) y ella era la asesora jurídica. Braqueais votaba y Ripoll, no.

Con su negativa, Braquehais había prendido una mecha que, dos años después, le estalló a Ripoll. Braqueais dimitió días después de la Autoridad Portuaria y más adelante fue trasladado a la Agencia Tributaria en Baleares. El consejero propuesto por Puertos, el ingeniero Gesé, también dimitió un mes después “tras recibir de sus superiores, a través de Begoña Ballano, entonces directora de Puertos del Estado, la instrucción de votar a favor de la adjudicación al CNI o bien de no asistir al Consejo. No constan razones objetivas y fundadas en derecho para dicha instrucción, desprendiéndose indicios de arbitrariedad en la misma” según el relato judicial.

La Autoridad Portuaria de Baleares y Puertos del Estado, de acuerdo con los poderes públicos, hicieron todo lo posible por prorrogar la concesión al CNI, según la investigación judicial. En la Abogacía del Estado defienden a Ripoll. Consideran que, si acaso, contribuyó a dar forma jurídica a una pretensión legítima, que el club náutico de Ibiza, entidad sin ánimo de lucro, tuviera ventaja ante las marinas privadas y que así lo pidieron los partidos en Baleares.

La jefa del Departamento Penal de la Abogacía del Estado, Rosa Seoane, ha asumido la defensa de Ripoll, según fuentes jurídicas. En casos en los que la abogacía se persona como acusación no puede defender a funcionarios, pero sí lo hace cuando, tras un primer análisis, considera que no hay delito. Aunque la Fiscalía y la Abogacía suelen ir juntas como acusación en casos de corrupción, en este asunto están enfrentados. “Para la Abogacía del Estado ha sido una agresión en toda regla”, señala un miembro del cuerpo. Otro añade: “Con este criterio, cualquier abogado del Estado puede acabar en el banquillo por hacer un informe consultivo”.

La jueza investiga también si el presidente de la APB ofreció al Club Deportivo 12 millas, competidor del CNI, “dádivas, recompensas, favores o retribuciones de cualquier clase” si cesaban en sus reclamaciones o si fue esa empresa quien pidió favores a cambio de no entorpecer la adjudicación."        (Rafael Méndez, El País, 05/06/22)

Los paraísos fiscales sufren un duro varapalo con las sanciones a los oligarcas rusos... Estados Unidos, junto a los Emiratos Árabes, se han convertido en los destinos preferidos de los oligarcas rusos cercanos a Vladimir Putin para esconder su dinero por la tibieza de las normativas norteamericanas (en Delaware, el estado de Biden, en Dakota del Sur)... Estados Unidos se ha convertido en el eslabón débil en la lucha contra la corrupción mundial

 "Una parte muy importante de las sanciones por la invasión rusa de Ucrania, Estados Unidos, el Reino Unido y los estados miembros de la Unión Europea están tomando medidas enérgicas contra los oligarcas rusos, congelando activos y rastreando yates, aviones privados y propiedades inmobiliarias de lujo de estos multimillonarios, muchos de ellos cercanos al presidente de Rusia e, incluso, posibles testaferros de Vladimir Putin.

Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, afirmó, en el discurso del Estado de la Nación, que «les digo a los oligarcas rusos y a los líderes corruptos que estafaron miles de millones de dólares a este régimen violento: no más. Vamos a por su riqueza mal lograda».

Apuntar a las élites de Rusia, que han robado billones de dólares a su propia gente, es una estrategia importante para presionar a Vladimir Putin, quien podría estar entre las personas más ricas del planeta.

Sin embargo, Estados Unidos se enfrenta a un gran obstáculo en este esfuerzo. El país norteamericano se ha convertido en un importante paraíso fiscal de destino para la riqueza criminal y oligárquica de todo el mundo, no solo de los rusos.

Mientras que la Unión Europea ha aumentado la transparencia y tomado medidas enérgicas contra el capital cleptocrático, Estados Unidos se han quedado rezagado. Según reveló la investigación de los Papeles de Pandora, Estados Unidos se ha convertido en el eslabón débil en la lucha contra la corrupción mundial. 

Delaware, el estado al que el presidente Biden representó en el Senado estadounidense durante 36 años, es el lugar principal para las sociedades anónimas de responsabilidad limitada que no tienen que revelar quiénes son los verdaderos beneficiarios, ni siquiera a las fuerzas del orden.

Por otro lado, tal y como publicó Diario16, Dakota del Sur es el hogar de multimillonarios que crean fideicomisos de dinastías donde pueden dejar su riqueza fuera del alcance de las autoridades fiscales durante generaciones.

De igual modo, las organizaciones sin ánimo de lucro estadounidenses han recibido miles de millones de oligarcas rusos, lo que ayuda a limpiar su reputación personal, empresarial e, incluso, la del propio Vladimir Putin.

La riqueza global está inundando Estados Unidos, especialmente en activos inmobiliarios de lujo. El New York Post publicó recientemente un completo reportaje, mapas incluidos, sobre las propiedades inmobiliarias de lujo de los oligarcas rusos en la Gran Manzana. Sin embargo, se están utilizando otras clases de activos para mantener oculta la riqueza oligárquica, incluido el arte, las criptomonedas y las joyas.

Este complejo y vasto sistema de ocultación de la riqueza no sería posible sin la existencia de una enorme clase habilitadora de abogados, contables, bancos y administradores de riqueza.

Esta «industria de defensa de la riqueza» son los agentes de élite de la desigualdad, los facilitadores del acto de que billones de dólares desaparezcan de la circulación. Además, esta clase de profesionales utiliza su considerable influencia política para bloquear las reformas que vayan contra los intereses de las grandes fortunas nacidas de la corrupción y el crimen organizado."           (José A. Gómez, Diario16, 19/03/22)

Un juez dicta orden de detención para unas hermanas denunciantes de corrupción en Tarragona... Judith y Nathalia Martínez Velasco alegan que el juez, al que recusaron, demuestra una "manifiesta enemistad" por haber denunciado ellas una presunta trama de corrupción relacionada con embargos y subastas irregulares.

 "Sobre las hermanas Nathalia y Judith Martínez Velasco, pediatra y economista respectivamente, pesa en estos momentos una orden de búsqueda y detención dictada por el juez Eduardo Moreno Bolumar, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de El Vendrell (Tarragona). Estas hermanas catalanas no salen de su asombro y achacan la grave medida en su contra a "represalias" por su condición de denunciantes de una supuesta trama de corrupción instalada precisamente en el entorno de los juzgados de esa localidad catalana. 

El origen de la causa por la que las hermanas son requeridas en el juzgado de El Vendrell se enmarca en la guerra judicial que la familia emprendió en 2009 cuando, en el proceso de divorcio de Nathalia, la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) de Catalunya retiró a la madre la custodia de la hija en común, de ocho años. Fueron muchos años los que esta pediatra estuvo sin poder ver a su hija, culpabilizada por los Servicios Sociales, en un principio, de influir en el retraso en el habla de la pequeña. Es un caso paradigmático de los muchos expedientes de desamparo que dictan injustamente-- y sin necesidad de requerir orden judicial-- los Servicios Sociales en todo el Estado y que acaban destrozando a menores y a sus madres principalmente.

Un año después del expediente de desamparo que provocó la retirada de la custodia y la entrega de la niña al padre, la DGAIA tuvo que retractarse de su informe, al constatar que la pequeña continuaba con sus problemas en el desarrollo del habla sin haber tenido contacto con la madre, pero, en vez de enmendar la situación, continuaron sin permitir las visitas maternas. Un despropósito que no corrigieron los juzgados de Tarragona hasta mucho tiempo después. Nathalia estuvo cuatro años y medio sin ver a su hija y después pudo hacerlo en un punto de encuentro durante dos años hasta que recuperó la patria potestad y la custodia compartida con el padre. 

Más complicaciones: la casa no se vende

La lucha judicial se complicó porque el exmarido de Nathalia perdió el uso exclusivo de la casa donde vivía con la niña, y que era propiedad también de la madre, al establecerse la custodia compartida. Una sentencia obligaba a vender la casa pero el exmarido pretendía que saliera a subasta con el fin de poder adquirirla él a bajo precio a través de la interposición de un testaferro, según denuncian Nathalia y su hermana. 

Es a partir de ahí cuando estas hermanas en sus acciones judiciales para que se ejecutara la sentencia que obliga a vender la casa --que a día de hoy aún no se ha vendido--, se toparon a partir de 2018 con una presunta trama formada por letrados de la Administración de Justicia en El Vendrell y un bufete de abogados que acabaría realizando "estafas procesales", según consta en varias demandas interpuestas por Nathalia y Judith Martínez que han llegado hasta la Audiencia Nacional, con el objetivo de ganar dinero a costa de subastas y embargos presuntamente irregulares. 

Mientras todo este asunto se cocía en los juzgados, la madre de Judith y de Nathalia presentó una denuncia por presunta agresión contra el exmarido de esta última. En las diligencias constan como testigos las dos hermanas, aunque nunca llegaron a declarar, porque la causa se archivó ante el informe de la forense por no percibir lesiones.

El exmarido presentó entonces una denuncia por denuncia falsa contra las dos hermanas y su madre, pero Nathalia y Judith no fueron denunciantes, sino testigos por lo que no habrían podido cometer un delito de denuncia falsa. Pese a ello, el juez admitió la denuncia. Se trata del juez Eduardo Moreno Bolumar, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de El Vendrell, donde recayó la denuncia que ha derivado en la orden de detención contra estas hermanas catalanas. 

El juez, recusado

En las diligencias abiertas por el juez Moreno Bolumar, Judith y Nathalia figuran como investigadas por un presunto delito de denuncia falsa. "Nosotras en un recurso de reforma le dijimos al juez que revisara el procedimiento inicial y se daría cuenta de que figuramos en calidad de testigos. Pero el juez respondió que nada tiene que ver ni importa el procedimiento previo [diligencias previas 43/17]; lo cual es una presunta prevaricación porque pretende imputar un delito sin estar tipificado", explica a Público Judith Martínez Velasco. 

Las hermanas presentaron una querella contra el juez y le recusaron por "enemistad manifiesta y un claro interés directo en el pleito".  "Pero el juzgado no tramitó la recusación porque dijo que había un defecto por no estar firmada la recusación por mi hermana --explica Judith --. Se aportó recurso demostrando que sí estaba firmada. El juzgado nunca ha resuelto este recurso".

Las hermanas han presentado hasta en tres ocasiones la recusación contra el juez, pero este ha seguido dictando autos y providencias en relación con la causa, haciendo caso omiso a su recusación, según denuncian ellas. El artículo  60 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal indica que cuando el juez recusado "no se inhibiere por no considerarse comprendido en la causa alegada para la recusación, se mandará formar pieza separada. Esta contendrá el escrito original de recusación y el auto denegatorio de la inhibición. Durante la sustanciación de la pieza separada no podrá intervenir el recusado en la causa ni en el incidente de recusación y será sustituido por aquel a quien corresponda con arreglo a la Ley". 

Según los recursos de estas hermanas, a los que ha tenido acceso este medio, nada de lo que dice el anterior artículo se ha cumplido en este caso. "La Ley también dice que si el juez recusado es un juez de instrucción puede practicar, bajo su responsabilidad, aquellas diligencias urgentes que no puedan dilatarse hasta que su sucesor se encargue de continuar la instrucción --dice Judith-- pero hace nueve meses que le recusamos, ha tenido tiempo de trasladar la causa a  un sustituto y no lo ha hecho". 

Citación para declarar

El juez indica en su auto de orden de búsqueda y detención, de fecha de 16 de diciembre pasado, contra Judith y Nathalia Martínez Velasco que estas no han comparecido al llamamiento judicial efectuado en cuatro ocasiones, desde el 26 de octubre hasta el 30 de noviembre pasado. Sin embargo, las hermanas tienen otra versión. "Nosotras no vivimos en Catalunya, mi hermana vive en Ávila y yo en Francia. El 5 de octubre y el 20 de noviembre ya le dijimos, mediante recursos presentados en el juzgado, dónde tenía que enviar los exhortos para que los juzgados de nuestras ciudades nos citasen. O sea, que antes de la orden de detención ya tenía nuestros domicilios, pero ha hecho caso omiso para acabar dictando orden de detención", dice Judith

Esta economista cree que el juez está tratando de evitar a la Audiencia Nacional, competente en cuanto a euroórdenes. "Pretende, instruyendo y ejecutando una orden de detención ilegal, eludir la competencia de la Audiencia Nacional, y no enviar la euroorden fundamentada a ese organismo para que ningún otro órgano judicial conozca lo que está pasando en su juzgado con nuestro caso". Al vivir ella en Francia, el exhorto para declarar debe dirigirse a los tribunales franceses a través del Ministerio de Justicia, y la orden de detención debe ser una euroorden.

Las hermanas consideran que son víctimas de represalias porque "somos denunciantes de corrupción institucional y pese a haber una ley europea que nos protege en el feudo de El Vendrell nada de eso se cumple"."                  (Ana M. Pascual, Público, 27/12/21)

Un abogado que era modelo de pasarela, un candidato de Plataforma per Catalunya que se convirtió en asesino, abogados, un notario corrupto y oficiales de la notaría, se unieron con un objetivo común: estafar a ancianos y quedarse con sus propiedades

 "Un abogado que era modelo de pasarela, un candidato de Plataforma per Catalunya que se convirtió en asesino y un notario corrupto se unieron con un objetivo común: estafar a ancianos y quedarse con sus propiedades. Esa es la conclusión a la que ha llegado el juez de instrucción 32 de Barcelona después de siete años de una costosa y laboriosa investigación que acumula más de 100 tomos y que ha dejado sin vivienda a 128 familias catalanas en la que se ha convertido en la mayor estafa inmobiliaria de España.

 En el auto al que ha tenido acceso La Vanguardia , el juez deja a un paso del juicio a 17 personas –hay dos más en paradero desconocido y dos fallecidos en este tiempo– como presuntos responsables de la gran estafa. No la cuantifica, pero el montante del engaño es de varios millones de euros. Como líderes de una organización criminal, el juez sitúa al abogado y modelo de pasarela, Francisco Comitre; al notario –suspendido de funciones– Enrique Peña, y a Artur Segarra, un estafador que, huyendo de la justicia por esta causa, se refugió en Tailandia, donde asesinó y descuartizó a David Bernat, un empresario de Lleida al que intentó sin éxito robarle su patrimonio. Segarra es uno de los acusados que, según el juez, se encuentran en paradero desconocido, pero es sabido que cumple condena por aquel asesinato en un correccional de Bangkok donde en un primer momento fue sentenciado a la pena capital que luego le fue conmutada por cadena perpetua.

 La trama, liderada por estas tres personas, se apropiaba de viviendas de personas mayores, aprovechándose de sus necesidades económicas y de su incapacidad para entender el papeleo jurídico. Les hicieron firmar documentos notariales y de compraventa que resultaron ser engañosos para quedarse con sus propiedades. En el auto, el juez sostiene que los acusados realizaron “distintas operaciones financieras” “aprovechándose de la situación económica acuciante en la que se encontraban las víctimas y de su escasa formación”.

 La estafa empezó con un anuncio en la prensa publicado a toda página en enero del 2013. “Rentas vitalicias para superar la crisis”, decía el eslogan. “Si tiene más de 65 años y un piso de propiedad consiga otra pensión”. Aquella publicidad ofrecía la posibilidad a personas mayores de hacer una hipoteca inversa o un usufructo vitalicio, por el cual los propietarios cedían la propiedad pero seguían ostentando el disfrute de la vivienda–el usufructo– hasta que murieran a cambio de percibir una renta mensual. En aquella época en la que todavía se notaban las consecuencias de la crisis económica del 2008, hubo personas mayores que querían saldar sus deudas y otras que quisieron complementar su jubilación a cuenta de sus propiedades y que se vieron atraídas por aquella oferta.

 Cuando estalló el caso en el 2014, la junta del Col·legi de Notaris de Catalunya decidió personarse en la causa para ejercer la acusación particular contra los responsables de la trama que estafaba a ancianos porque uno de los supuestos líderes era el notario, Enrique Peña. El colegio, en una decisión sin precedentes, solicitó al Ministerio de Justicia la suspensión cautelar que finalmente fue aceptada en febrero del 2016. Desde entonces, este notario no puede ejercer. El colegio reafirma su compromiso con las víctimas y asegura que seguirá hasta el final para que se aclaren los hechos que son objeto de la investigación a fin de defender a los afectados y reafirmar la respetabilidad de su profesión.

Los estafadores se anunciaban con el nombre de Gestió Vitalícia, aunque después fueron creando hasta 42 nuevas sociedades con otros nombres pero que ofrecían productos similares. Cuando los ancianos llamaban a la empresa quienes les visitaban eran Comitre, abogado con buena presencia, y Segarra, comercial de buena labia y verborrea. Cuando debían elevar la escritura pública, los clientes eran siempre derivados al mismo notario, Enrique Peña, que tenía un despacho en la Diagonal de Barcelona, lo que a ojos de todo el mundo era sinónimo de respetabilidad. A los ancianos les hacían firmar un poder para cancelar las cargas– un trámite que siempre hace el banco–, y luego los estafadores utilizaban ese poder para vender la propiedad a una tercera persona, que era un testaferro de su misma trama.

 Los ancianos “terminaban por firmar, sin conocimiento y sin ser debidamente informados de ello, las ventas de sus propiedades por un precio muy inferior al real valor de los inmueble”, establece el juez. Así, por medio de esta ingeniería jurídica, los abogados, notarios y demás miembros de la trama, entre los que también había abogados y oficiales de la notaría, lograban apoderarse de las viviendas de los ancianos, que en muchas ocasiones fueron obligados a abandonar sus casas. Y, por si fuera poco, por medio de los testaferros solicitaban una hipoteca para comprar la vivienda que después dejaban impagada

. En otras ocasiones, simplemente los clientes pedían un préstamo poniendo sus casas como garantía, pero en realidad firmaban la venta de sus domicilios. Estas eran las fórmulas del engaño que utilizaron en 128 ocasiones, aunque se sospecha que puede haber muchas más que no han podido demostrarse. Las viviendas estaban situadas en Catalu-nya, en la zona alta de Barcelona, Teià, Santa Coloma de Gramanet, Viladecans, Terrassa, Calella, Arenys de Munt, Vielha...

La causa estalló en el 2014, se denominó operación Cocoon y desde entonces las víctimas no han podido recuperar sus viviendas. Se encuentran paralizadas en el registro de la propiedad con órdenes de prohibición de disponer, lo que significa que nadie puede tocar la titularidad a expensas de lo que determine el proceso judicial, pero que en este caso sigue a nombre de los estafadores.

 Este diario ha intentado contactar con algunas de las víctimas, pero la mayoría son personas de avanzada edad que no se encuentran capacitadas para hablar de lo que les ocurrió. Otras tantas han muerto, con lo que son sus herederos los que empujan para que los estafadores de sus familiares acaben condenados. A pesar de que hay más de un centenar de afectados, solo veinte familias han querido o podido personarse. “Es indignante lo que han tenido que vivir estas personas”, cuenta un abogado que prefiere mantener el anonimato.

 “Las victimas son todas personas muy mayores, que no pueden entender cómo un proceso judicial pueda durar tantos años y que no puedan recuperar sus propiedades cuando ya se ha descubierto que fueron víctimas de una estafa. Están desesperadas, tristes y algunas con graves problemas económicos derivados de los hechos”, relata otra abogada que destaca la impotencia que sintieron las víctimas. “Nadie les creía, cada afectado denunció por su cuenta la estafa y jueces y fiscales archivaban sus denuncias porque confiaban más en la palabra de un notario que en la de una persona mayor humilde. No fue hasta que se destapó el caso que se pudio unir a todas las víctimas y comprobar que, efectivamente, todas habían sido victimas de gravísimas estafas perpetradas en una notaría de la Diagonal”.

Comitre pasó varios meses en prisión preventiva y ahora sigue ejerciendo como abogado en el turno de oficio. El notario Enrique Peña, que fue encarcelado, fue suspendido a petición del Col·legi de Notaris de Catalunya."                     (Toni Muñoz, La Vanguardia, 05/12/21)

Bertín Osborne fijó su residencia en Luxemburgo y facturó a través de Panamá... Mucho indignarse con Bertín y poco se dice de la hipocresía de la UE que mantiene ese país como otro más dentro de la Unión y ni siquiera lo considera paraíso fiscal.

Pascual Serrano @pascual_serrano

 Mucho indignarse con que Bertín Osborne fije su residencia fiscal en Luxemburgo, y poco se dice de la hipocresía de la UE que mantiene ese país como otro más dentro de la Unión y ni siquiera lo considera paraíso fiscal.

1:25 p. m. · 29 nov. 2021
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 "El presunto cerebro de la trama del PSOE que desvió 14 millones de euros de subvenciones públicas para reindustrializar Cádiz, el gestor Joaquín Arespacochaga Llópiz, también ayudó a Bertín Osborne a crear una estructura societaria con ramificaciones en paraísos fiscales para tratar de eludir el pago de impuestos y deudas pendientes de la Agencia Tributaria. 

El presentador de televisión llegó a fijar su residencia en Luxemburgo y cedió sus derechos de contratación a una sociedad instrumental panameña para esquivar a Hacienda, según consta en los documentos a los que ha tenido acceso El Confidencial.

La información sobre Bertín Osborne fue localizada por la Policía Nacional en 2013 en el despacho de Arespacochaga, en el número 17 de la calle Menéndez Pidal de Madrid. Los archivos fueron incorporados en un primer momento al sumario del llamado caso Bahía Competitiva, en el que Arespacochaga y otros 28 colaboradores han sido enviados al banquillo por utilizar compañías ficticias para apropiarse, en connivencia con altos cargos de los gobiernos de la Junta de Andalucía de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, de fondos que estaban destinados a la creación de tejido industrial en la provincia de Cádiz.

Sin embargo, el tribunal que instruía el procedimiento sobre esta presunta estafa, el Juzgado número 4 de Cádiz, ha remitido la información relacionada con Bertín Osborne y el resto de clientes de Arespacochaga al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional para que la incluya en el procedimiento que este último órgano mantiene abierto desde 2016 sobre una trama de gestores fiscales que habría facilitado estructuras opacas a grandes fortunas y corporaciones privadas para ocultar dinero en bancos de Suiza y Andorra e impedir la acción inspectora de la Agencia Tributaria. 

 La mayoría de los archivos que afectan a Bertín Osborne tienen fecha del periodo 2000-2006, por lo que los hechos que reflejan ya habrían prescrito, aunque están siendo analizados por peritos de la Agencia Tributaria y no se descarta el hallazgo de nuevas irregularidades. Se espera que remitan su informe de conclusiones al juez Santiago Pedraz en las próximas semanas.

 El presentador admite en una conversación con este diario que fue cliente de Arespacochaga y asegura que ya afrontó las consecuencias. "Ese fue el mayor error de mi vida, hace más de 20 años: fiarme de un asesor fiscal [Arespacochaga] mientras yo vivía en Estados Unidos. Ya pagué por aquel error más de cinco millones de euros y fue juzgado por ello. Espero no tener que pasar por un segundo juicio 20 años después", lamenta Osborne.

Por lo pronto, de los documentos que han llegado a la Audiencia Nacional se desprende que Hacienda comenzó a reclamarle, en los primeros años del siglo, el pago de importes correspondientes a su declaración de la renta. La deuda correspondía a varios ejercicios y tenía su origen en la presunta derivación de parte de sus ingresos profesionales a mercantiles de su entorno que actuaban como pantalla. Arespacochaga se encargó supuestamente de recurrir las resoluciones de la Agencia Tributaria y ofreció al cantante alternativas para dificultar el embargo de sus bienes.

 El expediente de Osborne llegó a los juzgados de lo contencioso de la Audiencia Nacional. En una de las alegaciones presentadas en el año 2000 por Arespacochaga en nombre del artista, el gestor aseguró que su cliente no podía aportar “garantías patrimoniales” para el pago de su deuda con la Agencia Tributaria porque no disponía “de bienes que aportar para prestar en garantía”. Pero archivos posteriores del año 2002 revelan que la inspección acabó encontrando al menos una finca en la localidad de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y un yate de la marca Fithiotti-Viudes que eran de su propiedad.

Tras el hallazgo, el gestor de Osborne remitió a la Oficina Nacional de Recaudación de Hacienda la información de esos activos para ponerlos a su disposición, aunque siguió oponiéndose a la ejecución de los bienes con el argumento de que las reclamaciones de la cantidad no habían justificado correctamente el supuesto incumplimiento de sus obligaciones fiscales.

 

Los documentos que tiene ahora en su poder el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional también indican que Bertín Osborne adquirió en 1998 el 100% de las acciones de una sociedad panameña, Canterbury Operations SA, por un importe de 250.000 dólares. Hasta ese momento, la mercantil había pertenecido al supuesto testaferro Miguel Sierralta Meza. Osborne tomó el control de la empresa, pero Sierralta siguió ejerciendo como representante de Canterbury durante los siguientes ejercicios.

La operación también fue presuntamente diseñada por el cerebro de la trama de las subvenciones de Cádiz. Cuando Hacienda comenzó a embargarle en 2002 los salarios que percibía de Antena 3 por presentar en aquella época los programas ‘Trato hecho’ (1999-2003) y ‘Mujer 10’ (2001-2002), Osborne cedió a Canterbury Operations SA sus derechos de “representación artística” para que todos sus ingresos profesionales pasaran por esa sociedad instrumental panameña.

Según el sumario, el presentador firmó ese contrato de cesión de derechos en calidad de residente en Luxemburgo. Su supuesta residencia se encontraba en un edificio de apartamentos del número 125 de la calle Bonnevoie del ducado, a solo unos metros de la estación de tren central del país. Esa fue su dirección oficial al menos entre 1998 y 2002, un dato que tampoco había trascendido hasta ahora.

Osborne obtuvo incluso un pasaporte de ese Estado, el número 328.429, tal y como reflejan los documentos que está investigando el juez Pedraz. El ducado ha contado tradicionalmente con un impuesto de la renta más bajo que el de España y ofrece innumerables deducciones en el cobro de dividendos de sociedades 'offshore' de otras demarcaciones que pueden gestionarse desde su territorio.

El cantante enmarca su traslado a Luxemburgo en la estrategia que desplegó su asesor. "Me quedé muchas noches a dormir en esa casa [de la calle Bonnevoie], pero a estas alturas ha sido el episodio más negro de mi historia y ya pagué por ello después de arruinarme la vida la mala praxis profesional [de Arespacochaga]", cuenta Osborne a El Confidencial. "Ya me juzgaron, condenaron y cobraron todo".

 El contrato de cesión de derechos entre Bertín Osborne y Canterbury estipuló que la sociedad cobraría el 20% de todas las cantidades que facturara por la teórica labor de representación del presentador, pero, en realidad, esa sociedad era propiedad del propio Osborne desde 1998. La Audiencia Provincial de Madrid terminó declarando nulo ese acuerdo el 30 de diciembre de 2002, al concluir que su único objetivo era desplazar a la mercantil panameña los impuestos que correspondía pagar al 'showman' en su declaración de la renta por su actividad profesional.

Otro documento revela que, en 2006, en plena ofensiva de Hacienda para cobrar las cuantías que el artista tenía pendientes, Osborne supuestamente realizó una operación para traspasar propiedades inmobiliarias mediante un movimiento total de 7,2 millones de euros. Para ello, utilizó otra sociedad panameña llamada Artistic Trading SA que fue constituida igualmente por Arespacochaga en colaboración con el despacho Mossack Fonseca, epicentro del escándalo de los llamados papeles de Panamá, una investigación periodística en la que participó este diario.

Los documentos de Mossack Fonseca desvelaron en 2016 que Osborne había reactivado Artistic Trading SA un año antes, coincidiendo con el inicio del exitoso programa en TVE ‘En tu casa o en la mía’ y que luego pasaría a emitir en Telecinco. El cantante declaró entonces a El Confidencial que había puesto de nuevo en marcha la sociedad para poder afrontar los últimos pagos pendientes que tenía con Hacienda y que cuantificó en 1,6 millones de euros. "La sociedad Artistic Trading no ha tenido actividad en muchos años y tiene como único activo una parcela", declaró Osborne. La parcela, ubicada justo en la localidad de Alcalá de Guadaíra, habría sido utilizada por la estrella de TV como aval para solicitar un préstamo con el que ponerse al día con Hacienda."                     (José María Olmo, El Confidencial, 29/11/21)