Tres grandes fortunas vascas de la lista Forbes controlan la compañía propietaria de la fábrica de papel instalada en la ría de Pontevedra. Presionaron para aplicar el modus operandi, basado en conexiones políticas y puertas giratorias, utilizado por el Gobierno Vasco en el desarrollo de la filial de Repsol en la marisma de Muskiz

"Cuenta la prensa local que el recién investido como presidente de la Xunta en 2009, Alberto Núñez Feijoó, acudió en ese mismo momento a la plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela, “donde había muchos empresarios”. “Dos buscaron de manera especial” al ahora líder del PP, indica el Faro de Vigo. Uno era Ignacio Sánchez Galán, recién nombrado presidente de la energética vasca Iberdrola. El otro era un empresario vasco, Juan Luis Arregui Ciarsolo, vicepresidente de la compañía eléctrica y presidente de Energía y Celulosa SA (ENCE). Ambos habían hablado antes con Alfonso Rueda, actual presidente de la Xunta, y después con Mariano Rajoy. El objetivo: convencerles de replicar el modelo vasco de desarrollo de los combustibles fósiles de Petronor en la marisma de Muskiz, pero en Lourizán.

El mallabitarra había alcanzado la presidencia de ENCE en 2006, cuando era vicepresidente de Iberdrola, de la que también fue el máximo accionista individual, con un 2% de las acciones. Durante algunos años, el grupo se mantuvo bajo el control de la entidad pública Instituto Nacional de Industria (INI), pero como tantas otras empresa públicas terminó completamente privatizada en 2001.

Tras comenzar su internacionalización en Argentina y Uruguay pasó a convertirse en líder europeo en fabricación de celulosa de eucalipto gracias a sus fábricas de Pontevedra (Galicia) y Navia (Asturias). En la actualidad es el principal gestor forestal privado del Estado español y cuenta en la Península con plantas de energía renovable con biomasa agroforestal y energía solar térmica.

Para defender la permanencia de su fábrica en el municipio gallego de Lourizán, ENCE puso siempre como ejemplo a Petronor en Euskadi, “que ha conseguido garantizar la permanencia futura de su planta de Muskiz gracias a la implicación directa de las Administraciones, a pesar de estar afectada igualmente por la Ley de Costas” y esperaba “el máximo apoyo político para solucionar su permanencia”. El Correo Gallego apoyó la idea con una editorial en 2011 donde afirmaba que el “precedente” de Muskiz “se podría aplicar” en Lourizán, ya que Petronor “se mantuvo en su ubicación gracias a la implicación de las administraciones“. Añadía que “sería bueno que la Xunta se mirara en el ejemplo del Gobierno vasco, que supo conjugar intereses empresariales y medioambientales”.

Puertas giratorias del PNV replicadas por el PP

La fórmula empleada por el millonario vasco que preside ENCE para tratar de garantizar la permanencia de la planta en Lourizán consistió en mantener las puertas giratorias bien engrasadas, es decir, ir incorporando a la compañía de cargos públicos del PP, al igual que el modelo del PNV con la planta de Petronor en Muskiz. En este caso, el expresidente del PNV, Josu Jon Imaz, exconsejero de Industria del Gobierno Vasco alcanzó la presidencia de Petronor en 2008 para consolidar la estrategia fósil vasca.

Tambien fue el caso de José Ignacio Zudaire, Director de servicios generales en la Consejería de Industria que encabezaba Josu Jon Imaz, y ahora Director de relaciones institucionales de Petronor, filial de Repsol, o José Ignacio Arrieta Heras, exconsejero de Industria, después consejero de Repsol y Petronor. El mismo Gualber Atxurra, exalcalde del PNV en Muskiz, donde opera el gigante fósil, se convirtió en Técnico de relaciones institucionales de Petronor.

Exactamente de igual modo pasó en Galicia con Juan Luis Arregui, cuyas relaciones se intensificaron rápidamente con el PP, llegando incluso a incorporarse como patrono en la Fundación Fraga en 2007. Ya desde 2009, con Arregui en la presidencia de ENCE, en el consejo de la compañía comenzó a participar un antiguo cargo del Gobierno de Manuel Fraga, José Carlos Del Álamo, consejero de Medio Ambiente en la Xunta desde 1997 hasta 2003. Del Álamo renovó en 2018 su cargo de consejero de ENCE hasta 2001.

Con el tiempo, las puertas giratorias se fueron afianzando. En 2013, Arregui fichó como consejera de ENCE a Isabel Tocino, ministra de Medio Ambiente del Gobierno del PP entre 1996 y 2000, cuando comenzó la privatización de la compañía papelera. Tocino fue reelegida como consejera de ENCE en 2016, una fecha clave para la permanencia de la compañía en Lourizán.

Por último, entre los fichajes de Arregui cabe destacar a un consejero de ENCE Biogas, el exmiembro del PP vasco Marcelino Oreja, exconsejero del Ente Vasco de la Energía (EVE) del Gobierno Vasco. E incluso Antonio Casal, quien fuera director de la planta pontevedresa de ENCE y en la actualidad ejerce de director territorial de ENCE en Galicia, está casado con María José Echevarría, Directora General de Calidad Ambiental en la Xunta.

La portavoz de la formación gallega BNG, Ana Pontón, llegó a denunciar en 2017 que las puertas giratorias entre Ence y el PP ponían la política forestal “al servicio” de la compañía papelera, “hipotecando” el futuro de Galicia al “imponer” el monocultivo del eucalipto. Frente al modelo denunciado, el apoyo político y las puertas giratorias copiado por ENCE para buscar influencia en el PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo quiso mostrarse contundente en el reportaje “La casa del papel”, emitido en el programa Salvados en 2021, al afirmar que “no hay ningún miembro del PP de la Xunta relacionado” con la empresa. Y matizó, no obstante, que “si lo hubiera, no sería incompatible”.

Millonarios vascos al frente de ENCE

Considerado por el diario jeltzale Deia como un “búho” por su vista para los negocios, trás recibir apoyo en su etapa de fundador de Gamesa con millonarias ayudas públicas concedidas al su firma por los consejeros de Industria Jon Azua y Josu Jon Imaz, el presidente de honor de ENCE se ha convertido en el segundo vasco más rico de la lista Forbes. Juan Luis Arregui, también galardonado por el Gobierno Vasco y la Cámara de Comercio de Araba, ejerce de accionista mayoritario en ENCE, así como de Presidente de Honor, manteniendo una participación activa en la compañía desde el Consejo, y también participa en la Comisión Ejecutiva y en la Comisión de Sostenibilidad. En el consejo de la compañía figuran tres hijos de Arregui: Gorka, Oscar y Javier. Pero además, la familia cuenta con apoyos en el consejo por parte de dos millonarios vascos de la lista Forbes.

El quinto vasco más rico de la lista Forbes, Víctor de Urrutia, es a su vez consejero de ENCE, segundo mayor accionista con el 8,9% del capital. Es el exvicepresidente de Iberdrola, de ascendencia vasca pero nacido en Madrid, y durante muchos años la conexión de ENCE con el grupo de comunicación vasco El Correo y la fábrica embotelladora de Coca Cola en Galdakao. El tercer mayor accionista de ENCE, con el 6,3% del capital, es José Ignacio Comenge, a su vez el tercer vasco más rico de la lista Forbes. Conocido como “el águila” por su relación empresarial con la conocida marca de cerveza, es de origen vasco pero reside en Valencia."            (Ahoztar Zelaieta , El Salto, 05/10/24)

Los hijos terribles del PNV... todo indica que nada cambiará en estas redes clientelares, y mucho menos en materia de contratación pública. A la hora de invitar a empresas privadas a participar en licitaciones de servicios públicos privatizados, la consigna de Itxaso Atutxa ha sido clara: “Deben ser tres empresas de confianza del partido". Seguirán siéndolo... militantes más jóvenes se están convirtiendo en cargos públicos, el dopaje a las asociaciones juveniles jeltzales a través de subvenciones y contratos públicos −proceso que está fuera de la lupa del Tribunal de Cuentas−... el diputado de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales, Ager Izagirre, defendió que “la ideología también cuenta” en la contratación de cargos. Deben ser “de confianza”

"El nuevo portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, opinaba el otro día que el lehendakari, Imanol Pradales “ha conformado un gobierno de mujeres y hombres con mucha experiencia, respetados en sectores profesionales y comprometidos con Euskadi”.

Pocos medios atisbaron a señalar que repetía un eslogan del año 2015, cuando el presidente del partido, Andoni Ortuzar, afirmó que las puertas giratorias jelkides “funcionan en la dirección correcta”. Decía, “en primer lugar”, que “la gente tiene un perfil con una competencia contrastada” y, sobre la meritocracia jeltzale, “que tras demostrar su valía en tareas profesionales muchas de estas personas quieren asumir compromisos públicos e institucionales”.

La estrategia de Ortuzar comenzó en las elecciones municipales de 2013, cuando el partido intentaba renovar a los cuadros que llevaban a cabo las tareas de gestión municipal, y que lo hacían gracias al grupo conocido como “Jóvenes Burukides Bizkainos” (JoBuBi), que habían arrinconado sin miramientos a las anteriores generaciones lideradas por Arzalluz e Ibarretxe.

Los “JaBuGo” y “Michelines”, tal y como se distinguía a los miembros del partido, llevaban demasiados años vinculados a la administración pública y estaban asociados con los mecanismos clientelares del PNV. Se quiso vender entonces la imagen de que eran nuevos gestores, con labradas carreras en la empresa privada. La realidad era que la mayoría eran simplemente contratistas de la administración pública.

Pese a los nefastos resultados del PNV en las últimas elecciones, donde no lograron llegar a lo esperado ni disfrazando de feminismo a las últimas candidaturas, el partido ha seguido recurriendo al habitual enchufismo de jóvenes promesas vinculadas a un entramado de fundaciones radicadas en la sede de la Fundación Sabino Arana, así como la colocación de la hija influencer de Andoni Ortuzar en Iberdrola y la del responsable de organización Joseba Aurrekoetxea en el Puerto de Bilbao.

Muchos jeltzales ya están hartos de la falta de autocrítica del líder del grupo JoBuBi, Andoni Ortuzar, cuyo liderazgo está en el aire tras el anuncio de la renovación de la ejecutiva nacional del partido a finales de marzo del 2025, y del apoltronamiento del clan de Arratia, encabezado por Aitor Esteban e Itxaso Atutxa y muy contestado por amiguismo desde las propias bases. Desde las bases del PNV también reprochan la reubicación de algunos de los últimos JaBuGo del partido, como Josu Erkoreka, que cobrará 73.771,51 euros como “asesor general“ de la Diputación de Bizkaia, e Iñigo Iturrate, reubicado a sus 61 años como director general del Euskalduna. Incluso el propio Iñigo Urkullu presidirá una fundación atlantista.

De momento, la colocación de los expolíticos “Michelines del partido” solo ha dado lugar a posicionamientos como el del diputado de Administraciones Públicas y Relaciones Institucionales, Ager Izagirre, quien defendió que “la ideología también cuenta” en la contratación de cargos. Deben ser “de confianza”, dijo.

Ante la incapacidad de hacer autocrítica, la escisión del PNV, Eusko Alkartasuna, ha puesto el foco en el dopaje a las asociaciones juveniles jeltzales a través de subvenciones y contratos públicos −proceso que está fuera de la lupa del Tribunal de Cuentas− y la forma en que sus militantes más jóvenes se están convirtiendo en cargos públicos. Ello está evidenciando la profunda crisis de legitimidad interna del partido y la batalla entre sus facciones.

Y todo indica que nada cambiará en estas redes clientelares, y mucho menos en materia de contratación pública. A la hora de invitar a empresas privadas a participar en licitaciones de servicios públicos privatizados, la consigna de Itxaso Atutxa ha sido clara: “Deben ser tres empresas de confianza del partido". Seguirán siéndolo."                            (Ahoztar Zelaieta , El Salto, 02/08/24)

“Los poderes mediático, económico, judicial y político están rendidos a Florentino y sus negocios”

 "Fonsi Loaiza (Cádiz, 1990) sabe bien lo que es acabar en los tribunales por atreverse a cuestionar el statu quo. Doctor en Medios de Comunicación y Cultura, Loaiza ha diseccionado el poder de los medios de comunicación y la incidencia que estos tienen en la sociedad. Pero, además, maneja a la perfección las redes sociales, desde donde denuncia lo que para él son “injusticias palmarias”. La lucha contra las desigualdades y por el deporte popular son las dos grandes pasiones que le han llevado a escribir Florentino Pérez, El poder del palco (Akal, 2022). 

Un libro que cuenta cómo un político mediocre, Florentino Pérez, se convirtió en un magnate de los negocios y llegó a presidir uno de los clubes más grandes del mundo: el Real Madrid. Más allá del mito, conversamos sobre uno de los personajes más poderosos e influyentes de España. Uno de esos que, si bien no están en el gobierno, sí ejercen el poder desde el palco del Santiago Bernabéu. Un lugar donde, como recuerda Loaiza, “el fútbol es lo de menos”. ¡Es el mercado, amigos!

Decía Manuel Azaña que, en España, la mejor forma de guardar un secreto es escribir un libro. ¿Por qué decidió escribir uno para contar los negocios oscuros de Florentino Pérez con todo el impacto que tiene en las redes?

Veía necesario retomar los libros y su alma revolucionaria. Como en los medios tradicionales no me iban a dejar hablar de Florentino, quería usar el arma que todavía tenemos, la libertad de expresión, en algunas editoriales y medios. A partir de ahí, comencé una investigación para contar la historia de Florentino y descubrir algunos de sus secretos. En un país donde Florentino Pérez te llama para que cambies un pie de foto que no le gusta, escribir un libro con la libertad que me han dado en Akal me pareció la mejor forma de contar esta historia. 

¿Cómo fue el proceso para escribirlo? ¿Ha recibido presiones?

Tengo la gran suerte de ser un paria, no me pueden echar de ningún lugar. Recuerdo al periodista José María García, que se atrevió a criticar a Florentino Pérez y a Aznar. Se unieron y consiguieron cargárselo; ahora bien, él era una figura periodística que llegó a ganar más que Zidane en su momento. Tenía mucho que perder. Yo, en cambio, sólo tengo mi palabra. Y Florentino Pérez no me la puede quitar, ni a mí ni a nadie. Esa es nuestra gran suerte y esperanza.

Muchos no lo saben, pero la carrera de Florentino Pérez comienza en Catalunya, de la mano del clan de los Pujol.

Sí, de hecho no se puede entender la figura del 3% de Jordi Pujol sin entender la figura de Florentino Pérez. La justicia señala que la empresa de Pérez, ACS, era una de las que estaba detrás de la trama de corrupción de Convergència. En una comparecencia pública en el Parlament, Florentino Pérez llegó a admitir que, hasta el año 2000, que se convierte en presidente del Real Madrid, acude a todos los mítines de Convergència. ¿Qué hacía en los mítines de Convergència? ¿Es que le gustaban Artur Mas o Jordi Pujol? ¿O es que lo que le gustaba eran las adjudicaciones que se llevaba y que se sigue llevando? Se vio a Pérez en la boda del conseller Marc Giró junto al president Pere Aragonés. La burguesía catalana y la oligarquía española no tienen problemas en aliarse para llevarse los contratazos.

Dice en el libro que seremos el único país donde una persona compra una constructora a precio de saldo y al mismo tiempo se mete en política, como hizo el presidente del Real Madrid. ¿Qué problema tiene España con sus élites?

¿Qué está buscando un empresario con ansias de poder cuando se mete en política? Claro y raso: sacar beneficios para su empresa. El problema que tiene España y su Transición es que las familias que mandaban durante el franquismo son las que siguen mandando actualmente. Por ejemplo, la familia March llega a financiar el golpe de Estado de Franco y Florentino Pérez es uno de los empleados de esta familia a través de sus empresas. Él se da cuenta muy pronto de cómo funciona ese clan de familias que actúa en la sombra. Pérez llega al Ayuntamiento de Madrid antes de las primeras elecciones democráticas, designado por el alcalde franquista Juan de Arespacochaga, quien sería expulsado del PP años más tarde por apoyar públicamente la dictadura de Pinochet en Chile. Arespacochaga colocó al joven Pérez en un puesto al calor de la aristocracia franquista, y pronto lo convirtió en uno de sus discípulos más destacados. Durante la Transición, Pérez se convierte en concejal de Saneamiento y Medioambiente de Madrid por la UCD, y ocupa puestos en los ministerios de Transportes y Agricultura, y ahí se codea con algunas de las familias más poderosas de España.

Vivimos en una democracia liberal, pero, por lo que plantea en el libro, parece que se hace más política en el palco del Bernabéu que en el Congreso. 

Cuando empieza todo, Pérez cree que el poder está en los parlamentos y en las instituciones, y ello lo lleva a intentar crear un partido centrista en España: el Partido Reformista Democrático (PRD). Lo hace de la mano del padre de la Constitución Miquel Roca y del abogado Antonio Garrigues Walker. Si bien a nivel electoral la Operación Roca fue un fracaso, para él es todo un éxito, ya que esta aventura política le permite conocer de cerca a las familias más poderosas de España. 

 Es en este momento en el que Pérez se da cuenta de que no necesita presentarse a unas elecciones, sino ganarse la confianza de estas familias y dar el salto al Real Madrid: para tener el poder no hacía falta estar en el gobierno.

¿Es imposible resistirse a los encantos de Florentino Pérez y sus amigos?

Dentro de la democracia burguesa actual van a seguir mandando los oligarcas como Pérez. Me hace gracia que, a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, los medios españoles hablen de oligarcas por primera vez, porque son rusos. ¿Por qué no hablan de los oligarcas españoles como Florentino Pérez? Porque sus tentáculos están por todas partes. Él financia a la Fundación FAES de José María Aznar, pero no tiene ningún escrúpulo en financiar también a la Fundación Pablo Iglesias del PSOE. Es curioso que empresarios del IBEX puedan ir financiando a partidos políticos y a sus fundaciones. ¿Qué buscan las grandes empresas financiando a los partidos y a sus fundaciones? Yo creo que está claro. Desde el 15M, han cambiado todos los rostros visibles de la política, incluso el del Jefe de Estado, pero de facto mandan los mismos. ¿Acaso es casual que, al día siguiente de que el PP defenestrara a Pablo Casado, Florentino Pérez engalanara a Ayuso con la camiseta del Real Madrid?

Si hablamos de Florentino Pérez no podemos dejar pasar la figura de Antonio García Ferreras. O, como lo conoce Pérez, su ‘Ferri’.

García Ferreras es una de las figuras clave para entender el poder de Florentino en la sombra. Entre sus grandes gestas está la de vetar en la Cadena SER a Matilde Fernández (exministra de Asuntos Sociales y exconcejala del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid) porque se opuso al gran pelotazo de la ciudad deportiva del Madrid, en los viejos y buenos tiempos de Aznar. Como premio, ‘Ferri’ ficha como jefe de comunicación del Real Madrid. Y, si a alguien le suena extraño esto que estoy diciendo, que se pregunte por qué La Sexta no informa sobre ninguna de las tropelías en las que está involucrado Florentino. Que se planteen los porqués de ese silencio absoluto. Había una cuenta en Twitter que se dedicaba a contar los días que pasaban sin que La Sexta hablase del desastre del Caso Castor... 

¿Cómo llega Pérez a convertirse en el hombre más poderoso del Real Madrid?

Lo primero que hace es comprar un medio de comunicación llamado la Guía del Ocio. La primera vez pierde las elecciones contra el gran populista Ramón Mendoza. Y pierde porque se ve abocado a un debate, y él no se desenvuelve bien en ese terreno. Entonces se da cuenta de que necesitaba un revulsivo para ganar sin debatir, y decide quitarle a Luis Figo al Barcelona. Y consigue hacer esto gracias al banquero Miguel Blesa, entonces presidente de Bankia, que está detrás de operaciones de financiación del Madrid como la de Figo o la de Cristiano Ronaldo. Al final acabamos todos pagando los fichajes del Real Madrid con los rescates a la banca. De hecho, cuando Blesa fue defenestrado decía que lo que más le dolió fue que lo expulsaran del palco del Bernabéu.

¿Por qué es tan importante ese palco?

Es poder puro y duro. Lo voy a explicar con un ejemplo. Allí van directores y periodistas de grandes medios, y su presencia es la forma que tiene Pérez de advertirles de que su equipo no se puede tocar en sus medios. Es una forma de comprarlos. Y lo mismo ocurre con gente del mundo de la política o la Justicia, como jueces importantes o incluso la entonces abogada general del Estado, que bajaba a pedir autógrafos a Cristiano Ronaldo. La imagen es escalofriante: el poder mediático, el poder económico, el poder judicial y el poder político acaban rendidos a Florentino y sus negocios en el palco del Bernabéu. 

Más allá del papel de los medios generalistas está el papel de los medios deportivos. Usted los acusa de crear “trajes a medida” para espectacularizar el fútbol. ¿Qué hay detrás?

Tienes razón. Programas como Punto Pelota o El Chiringuito banalizan el deporte, y Florentino Pérez está encantado con ellos. Su función es sencilla: fomentar el hooliganismo y esconder las tropelías que hacen quienes están en los palcos. De hecho, el propio Pérez llegó a presentar la Superliga en Atresmedia de la mano de Josep Pedrerol. Eduardo Inda es otra de las figuras que ocupan un papel importante. Además, Pérez mandó a Javier Iglesias crear un medio de comunicación falso llamado Diario Bernabéu. Como premio, se convirtió en tertuliano de El Chiringuito y después fichó por OK Diario, de Inda. Un medio (OK Diario) financiado por Florentino Pérez a través de publireportajes de sus empresas.

En el libro dice que hay tres grandes fracasos en la carrera de Pérez: la Operación Roca, la fusión de Iberdrola y la Superliga. ¿Cómo ayudan PP y PSOE a Florentino Pérez a conservar y expandir su poder?

Llegaron a crearle una “enmienda Florentino” ad hoc para que se hiciera con Iberdrola. Hay una cuestión paradójica, y es que, cuando está el PSOE en el gobierno, Florentino aumenta más si cabe sus beneficios. Comprender bien esto es muy importante para entender la lentitud del PSOE a la hora de revertir las privatizaciones del Partido Popular, o a la hora de plantear un proyecto alternativo de futuro. El problema reside en que cada vez los tentáculos de Pérez se hacen más grandes, y resulta mucho más difícil para el poder político o incluso para el judicial escapar de ellos. Me viene a la memoria cuando un juez preguntó a Florentino Pérez si había financiado al PP y, al más puro estilo de la mafia, él le respondió que le molestaba la pregunta y que si lo conociese no se atrevería a hacerle esa pregunta.

Para no acabar con un sabor amargo, pongamos el foco en los medios que se toman en serio esto del periodismo. ¿Cómo podemos construir una prensa valiente frente a los poderosos?

Los periodistas han perdido muchas de sus libertades porque los medios convencionales están secuestrados. Algo insólito que estoy viviendo es que mi libro ha salido en portada en Francia, en Le Journal de Dimanche y, en cambio, no ha habido ni una reseña de El poder del palco en la prensa tradicional española. Parece que estamos volviendo a los tiempos del franquismo, donde había que leer prensa internacional para enterarte de lo que ocurría en tu propio país. No olvidemos tampoco que la última aparición pública de Juan Carlos I fue en el palco del Bernabéu, de la mano de Florentino Pérez…"                 (Entrevista a Fonsi Loaiza, Jordi Sarrión i Carbonell , CTXT, 21/04/2022)

Premio para candidatos maltratadores, agresores y que se saltaron la cola de las vacunas covid ... ¿Está el listón moral de la ciudadanía mucho más bajo de lo que estamos dispuestos a reconocer?

 "Gonzalo Pérez Jácome, edil de Democracia Ourensana se vio atacado en campaña por la filtración de unos audios que muestran su presunta corrupción. A la vista de los resultado, es evidente que el público ha interpretado que Jácome ha sido víctima de lo que él tilda de mafia orquestada por el Partido Popular, la prensa local y algunas constructoras. El veredicto es claro y Jácome tiene la sartén por el mango para decidir el gobierno provincial y el local, con tres actas más en el Ayuntamiento y una más en la Diputación.

Tampoco Manuel Baltar se ha visto excesivamente castigado por las noticias de sus reiterados excesos de velocidad al volante. Bien es cierto que el presidente de la Diputación de Ourense no es cabeza de cartel en estos comicios, sino que su elección como líder provincial es indirecta, a través de los concejales que a su vez escogerán diputados provinciales.

Con todo, casi ningún orensano que votase al PP puede alegar que no sabe que su sufragio puede servir para perpetuar al baltarismo y mantener como líder a una persona que se salta reiteradamente los límites de velocidad a bordo de coches públicos, al menos una vez cometiendo un presunto delito contra la seguridad vial por el que será juzgado esta semana.

Aun así, el PP de la Provincia de Ourense ha sido el partido más votado con más del 40% de los apoyos. Ahora bien, todos los analistas preveían que Baltar lograse la mayoría absoluta y no lo ha conseguido, repitiendo resultados y quedándose a un acta de la victoria directa. Por lo tanto se puede decir que Baltar sí puede que haya recibido alguna penalización por parte del electorado, aunque de ser así, sería de carácter leve.

EL PP DIJO QUE NO CONOCÍA LAS CONDENAS DE SUS CANDIDATOS

Otro político conservador salpicado por el escándalo fue el candidato del Partido Popular en A Illa de Arousa, Matías González Cañón. Esta persona fue condenada hace varios años por pegarle a la que entonces era su compañera, rompiéndole un diente. Incluso el PP, al saltar la noticia, indicó -tras alegar ignorancia de la condena- que le había pedido su renuncia.

Cañón se negó a prometer que no recogería su acta, arropado por sus compañeros del partido conservador local. El agresor se defendió argumentando que lo sucedido había pasado hace muchos años y había sido de carácter leve, saldado con una pequeña multa y unos días de trabajos socios. Además el político dijo que su pueblo era pequeño y que todos se conocían por lo que confiaba en que los vecinos tendrían claro que él era una persona digna de ostentar un cargo público.

El tiempo le dio la razón pues su candidatura ganó los comicios, con bastante ventaja además. Su lista consiguió casi 1.500 votos, que son unos 500 más de los que lograron las listas de socialistas y de nacionalistas gallegos. Gracias a estas cifras, el Partido Popular de Illa de Arousa crece de cuatro a cinco concejales. Sin embargo es una victoria pírrica para González -que no milita en el PP- pues entre PSOE y Bloque suman seis diputados y, salvo gran sorpresa, el PP continuará en la oposición insular. 

Este caso no fue el único de un condenado por lo penal que ocupó un lugar destacado en la lista de un municipio bajo las siglas del Partido Popular de Galicia. José Manuel Barreiro Jardón es el número 3 en la candidatura conservadora en el pequeño municipio de Os Blancos en Ourense. Su partido le concedió este puesto, cuando era público y notorio que hace unos años fue condenado por pegarle a su padre discapacitado.  El político golpeó a su progenitor quien dijo ante el juez que pensaba que su hijo lo iba a matar.  Fue condenado por maltrato en el ámbito familiar.

La pena contra Barreino no fue menor, como se puede alegar en el caso de Illa de Arousa. Rozó los dos años de prisión, aunque finalmente el condenado no ingresó en la cárcel por carecer de antecedentes. Al confirmarse la sentencia, hace unos años, su partido lo apartó del grupo de gobierno pero este año lo repescó como número 3, alegando que el delincuente ya había cumplido su pena. Algo que no era cierto del todo, porque sobre Barreiro aún pesa una orden de alejamiento de su padre. 

El Partido Popular alegó que desconocía que aún estaba vigente esta orden de alejamiento y al saltar el escándalo pidió a Barreiro que renunciase a su acta, en el caso de ser elegido. Además los conservadores prometieron que no integrarán a Barreiro en su grupo de gobierno. En breve tendrán la oportunidad de cumplir esta promesa, pues han vuelto a ganar las elecciones locales en Os  Blancos. Sus vecinos no han castigado la polémica selección del candidato, más bien al contrario, han castigado al partido que denunció públicamente la circunstancia. Así el PSOE ha perdido uno de los dos concejales que conquistó en 2019. Esa acta ha ido a parar precisamente al Partido Popular, que amplía su mayoría de 5 a 6 concejales.

El escándalo en Boimorto no llegó en campaña sino durante la pandemia y fue sonado. La alcaldesa del Partido Popular María Jesús Novo tuvo que renunciar a la militancia en el PP cuando se supo que había recibido la vacuna contra el coronavirus en la primera ronda. Por entonces sólo estaba autorizada para personal sanitario y de residencias. La mandataria alegó que visitaba a diario la residencia pública del municipio para atender las necesidades del centro durante la crisis, por lo que entendía que sí tenía derecho a recibir aquella dosis. Su argumento convenció al Partido Popular sólo a medias medias. Preocupada por la pésima imagen que transmitía Novo en un momento que morían docenas de gallegos cada día sin haber podido vacunarse, el PP forzó su salida de la formación, pero no tomó ninguna medida para desalojarla de la alcaldía. Siguió gobernando como independiente, con el apoyo de los concejales conservadores.

Dos años después, el PP la repescaba como cabeza de cartel y el electorado acaba de recompensar la jugada.  Novo continuará al frente del consistorio de la comarca de Arzúa,  al conseguir seis ediles, por los tres del PSOE y los dos del BNG. El Partido Popular mantiene el mismo número de concejales y la oposición retrocede en actas y porcentaje. Por el contrario, Novo, la que se vacunó de las primeras pese a no ser sanitaria ni personal sociosanitario, conquista más proporción de votos. Hace cuatro años logró el 53% y ayer casi el 65%, unos 100 más aproximadamente. El veredicto popular, en este caso, también está claro."                      (Manuel Vilas López  , Galicia Press, martes, 30 de mayo de 2023)

El PP niega acceso a sus ordenadores de Génova al perito judicial que investiga el amaño de sus primarias en León... El informático designado por el juez para establecer si la dirección de Casado y García Egea inscribió irregularmente a 800 afiliados para que ganara su candidato afín denuncia al juez que los actuales rectores del partido le niegan acceso a los ordenadores para investigar los hechos

 "El perito designado por la Justicia para investigar si el PP de Pablo Casado y Teodoro García Egeacoló de rondón a 800 afiliados para adulterar y amañar las primarias en León y que ganara su candidato ha denunciado, mediante escrito al juzgado, que el partido se niega a colaborar y no le facilita acceso a sus ordenadores de la sede central, en la calle Génova de Madrid.

"No se presta colaboración por la parte demandada, ni se ha facilitado documentación alguna, ni se atiende a este perito judicial", señala el perito Carlos Martínez Castellanos, que solicita "auxilio judicial" para conseguir "acceso a los terminales informáticos" y a la "documentación necesaria".

En su "súplica" al juzgado, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, el perito pide también que se le amplíe el plazo para realizar su informe, dada la "falta de colaboración" hasta el momento del Partido Popular.

Primera Instancia 2 de León investiga desde hace meses si la anterior dirección del PP, capitaneada por García Egea en la gestión interna del partido, favoreció al candidato apadrinado por este, el actual presidente, Javier Santiago Vélez, e impidió irregularmente una batalla limpia con el otro contendiente, el alcalde de Villaquilambre, Manuel García Martínez.

Para conseguir ese objetivo, la dirección habría permitido que se diera de alta como afiliados a unas 800 personas de forma irregular, sin siquiera sus DNI. El perito necesita acceder a los ordenadores de Génova precisamente para comprobar que, como reza la demanda presentada por los perdedores en aquellas primarias, muchas de estas personas no formaban parte siquiera de las circunscripciones requeridas para poder formar parte de la votación.

Numerosos audios publicados por el portal 'Leonoticias.com' evidencian que esos manejos se produjeron. García Martínez, no obstante, mantuvo en 'stand by' la querella para no interferir en el proceso de formación de Gobierno de Castilla y León, pero la reactivó posteriormente. En las primarias de León se reprodujeron quejas contra García Egea similares a las de Andalucía, donde se le acusó de bloquear el pago de cuotas por parte de afiliados que querían ponerse al día para poder votar en las primarias.

La dirección de entonces del PP cayó posteriormente tras su enfrentamiento con Isabel Díaz Ayuso por el control del partido en Madrid. Y ahora, la actual dirección, liderada por Alberto Núñez Feijoo, niega a por el momento al perito designado por Primera Instancia 2 de León el acceso a sus ordenadores, de nuevo en el ojo del huracán.

"Queremos contribuir a la limpieza de los partidos políticos y estas actitudes obstruccionistas obedecen más a tiempos pasados que a la actualidad", explicó a este diario Antonio Estella, abogado de García Martínez."                    (Quico Alsedo, El Mundo, 11/10/22)

La denunciante de Gürtel logra que condenen a OkDiario y a su expareja por atentar a su honor

 "Ana Garrido, una de las denunciantes del caso Gürtel, ha logrado que el juez condene a OkDiario, a un periodista y a su expareja por haberla difamado. El juzgado de Plaza de Castilla de Madrid ha desestimado los recursos de apelación y ha ratificado la sentencia de julio de 2021 en la que falló que Miguel Ángel Pérez Rodríguez, periodista de dicho medio, y Juan Carlos Díaz Muñoz, expareja de Garrido, incurrieron en un delito de intromisión ilegítima en el derecho al honor de la demandante.

Los hechos ocurrieron en el año 2015, cuando Muñoz dio unas entrevistas en el medio Libertad Digital, propiedad de Federico Jiménez Losantos y en el que también trabajaba Pérez. En ellas, el que fuera pareja de la denunciante aseguró que esta manipuló grabaciones y robó documentación del Ayuntamiento de Boadilla, donde trabajaba, para reforzar sus acusaciones contra la trama Gürtel, entonces protagonizada por Francisco Correa y que ella denunció.

En concreto, la sentencia hace referencia a unos titulares y citas explícitas de la conversación. "Manipuló las grabaciones de Gürtel con la ayuda de una policía municipal de Madrid”, “retocó las grabaciones con programas informáticos”, “se benefició de la trama Gurtel”; “excorrupta” y “arrepentida de la Gurtel”, en los días 3 y 4 de noviembre de ese año en libertaddigital.com; y “Una testigo de Gürtel presentó pruebas “manipuladas‟ para denunciar al Ayuntamiento de Boadilla” y “La testigo del fiscal en Gürtel, investigada por dar dinero público a una amiga y destruir pruebas” los días 16 de marzo y 5 de junio de 2016, respectivamente, en OkDiario.

Unas declaraciones y afirmaciones reflejados en sendos artículos publicados por Pérez Rodríguez que -según la sentencia de 2021- "no tienen el carácter de reportaje neutral y que el contenido del artículo publicado no cumple en lo más mínimo el requisito de veracidad". Por esto, el juzgado resolvió condenar a Dos Mil Palabras SL, editora de OkDiario, al periodista y al exnovio a indemnizar a Garrido con un total de 12.000 euros por intromisión en su derecho al honor (5.000 euros a Díaz, 2.000 euros a Pérez y 5.000 más a la editora). La empresa, además, fue condenada "a publicar, a su costa, el encabezamiento y fallo de esta sentencia en lo que a ella afecta en el diario digital". En cuanto a Libertad Digital, el juez decidió absolverla al entender que solo reprodujo las palabras de Muñoz frente a lo que sí se hizo en el periódico dirigido por Eduardo Inda.

Así, ahora hemos conocido que, tras analizar los recursos de apelación presentados por los demandados, el juez ha decidido desestimarlos y se ha reafirmado en la resolución del pasado año con un nuevo fallo fechado el 28 de abril de 2022."                   (Sara Álvarez, elPlural, 12/05/22)

Un país de comisionistas... Algunas estimaciones han cifrado estos últimos años en cerca de 100.000 millones de euros anuales el coste de la corrupción. Por eso resulta tan extremadamente dolorosa la falta de voluntad de las instituciones públicas en la lucha contra esta lacra que no cesa. La mayoría de los casos no se investigan a fondo

 "Una de las mayores lacras de la España democrática es la corrupción. Se trata de un vicio unido intrínsecamente a nuestro sistema político y social, que viene de muy atrás.

 A diferencia de otros países europeos que a finales del siglo XIX o principios del siglo XX hicieron reformas institucionales para escapar de la corrupción, en España no se ha roto una tradición que alcanzó su forma más perfeccionada en el periodo de la Restauración (caciquismo). El amiguismo e intercambio de favores ha sido una de las principales vías de medrar. Una buena parte de las grandes fortunas españolas ha surgido de la corrupción y del abuso de lo público para enriquecimiento privado.

Los escándalos económicos que continuamente salen a la luz estos días son un ejemplo evidente de este modelo en el que quienes más defienden el liberalismo construyen sus fortunas saqueando al Estado. Y la figura que mejor describe a este sistema corrupto es la del comisionista, un pícaro sin escrúpulos y con contactos, que estadísticamente suele estar ligado al Partido Popular y es endémico en Valencia y en Madrid.

Los intermediarios tienen mala fama. Se les achaca que obtienen beneficio económico sin necesidad de trabajo, creatividad, riesgo o esfuerzo personal. En realidad hay comisionistas honestos y transparentes cuyo trabajo es encontrar compradores para el producto que alguien ofrece. Pueden incluso ser imprescindibles en algunos negocios. Pero los comisionistas de los que hablamos estos días no son de esos.

La vinculación entre comisionista y corrupción nace de esos tipos que venden esencialmente su capacidad de influencia. Se ofrecen para intervenir en procesos de decisión, normalmente públicos, consiguiendo que beneficien a unos empresarios en vez de a otros. Aunque cobrar una comisión por ayudar a alguien a cerrar un trato no es delito, intervenir para que el Estado contrate a alguien sí suele serlo: puede haber un funcionario que se deje influir para no optar por la oferta más solvente o más beneficiosa sino por la del comisionista, en cuyo caso entramos en el terreno de los sobornos y las prevaricaciones. 

También puede haber engaños y estafas, porque se presente una oferta falsa que, una vez firmada, no se pueda cumplir o porque se mienta en las condiciones… En general nadie regala dinero. Y quien paga cantidades desorbitadas a un comisionista, o a un testaferro, lo hace porque sin él no lo conseguiría.

En los casos que estamos conociendo no es casual que se trate de aristócratas que aparecen cada día en las revistas del corazón, de hermanos o de primos de políticos relevantes, de jugadores de fútbol conocidos mundialmente… Todos ellos usan sus contactos con las élites y en la administración pública para enriquecerse.

 Conocen a alguien que va a tomar una decisión y usan su ascendencia sobre ellos para influir en el resultado. Son la esencia misma de la corrupción. Los millones que cobran salen en última instancia del presupuesto público y entran en sus cuentas corrientes para premiar un intercambio de favores.

Este modelo de negocio es por su propia naturaleza opuesto a la idea de democracia, al estado del bienestar y al imperio de la ley. Algunas estimaciones han cifrado estos últimos años en cerca de 100.000 millones de euros anuales el coste de la corrupción. Por eso resulta tan extremadamente dolorosa la falta de voluntad de las instituciones públicas en la lucha contra esta lacra que no cesa. La mayoría de los casos no se investigan a fondo.

 Las denuncias de la fiscalía son escasas y, en muchos casos, las condenas puramente testimoniales. La emergencia sanitaria durante la pandemia se ha convertido en el mejor caldo de cultivo para estas prácticas. A una legislación ya laxa se le ha añadido la excusa perfecta para hacer concursos rápidos, sin competencia ni supervisión. Aún no sabemos cuántos comisionistas se han enriquecido a base de conseguir que las comunidades autónomas y los ayuntamientos contraten a sus amigotes para suministrar materiales, construir hospitales o limpiar edificios a precios abusivos. 

Mientras la ciudadanía enfermaba o moría asustada, algunos comisionistas robaban a manos llenas y lo festejaban diciendo “pa’ la saca”. En la sociedad se extiende la sospecha de que solo está saliendo a la luz la punta del iceberg, y la inacción de los organismos de control resulta difícil de entender.

Lo más triste de todo esto es que no es de extrañar. En España, el jefe del Estado durante décadas, el rey Juan Carlos, ha actuado como comisionista en jefe y se ha enriquecido con prácticas corruptas que la Justicia ha preferido no perseguir o ha dejado prescribir. 

Ahora, el abogado que defiende que sus actos queden impunes es nada menos que el antiguo fiscal anticorrupción. Con estos mimbres, todavía no tenemos pruebas de que estos comisionistas y los políticos que les contrataron hayan cometido estafas u otros delitos. Pero tampoco tenemos dudas. De nuestra ejemplar transición quedan sólo las sombras. Los historiadores del futuro hablarán de la II Restauración corrupta."              (CTXT, 21/04/22)

El capitalismo de 'amiguetes' de Aznar y Pedro Isla... y no el de un Amancio Ortega que —con sombras también, especialmente fiscales—, al menos es un empresario que cimentó un imperio textil desde la nada, trabajando desde los 14 años en una tienda de ropa en A Coruña... una descripción

 "Hemos leído en la última semana muchas crónicas sobre la noticia-bomba del año en el mundo empresarial, el cambio en la presidencia de Inditex, el imperio textil de Amancio Ortega y la mayor compañía del Ibex-35, valorada en casi 90.000 millones de euros. Causó sorpresa y hasta conmoción el anuncio de la próxima salida de Pablo Isla para dejar el trono a Marta Ortega, hija del fundador. 

Pero más allá de cierto tufo machista en no pocos análisis y reacciones, lo curioso (o no tanto) es que el relato mediático casi unánime del asunto y, sobre todo, el perfil dibujado de Isla como megacrack de la sabiduría empresarial española olvidan alguna clave fundamental de su biografía: Pablo Isla fue, desde la Dirección General de Patrimonio, uno de los arquitectos y ejecutores de la ola de privatizaciones del Gobierno Aznar-Rato, origen del modelo de capitalismo extractivo o de amiguetes instalado en la economía nacional. De aquellos polvos vienen los lodos de las prácticas oligopólicas y de no pocos grandes asuntos de corrupción.

Para evitar una imagen distorsionada, conviene recordar que el nombramiento de Isla como consejero delegado de Inditex en 2005 (más tarde ascendido a presidente ejecutivo) fue su primer (y único) destino ajeno al entramado surgido de aquel llamado milagro económico español capitaneado por Rodrigo Rato y del que formaron parte amigos personales del entonces vicepresidente económico o compañeros de pupitre del propio presidente José María Aznar tan significados y afines al PP como Manuel Pizarro, Francisco González, César Alierta, Rodolfo Martín Villa, Antonio Vázquez, Miguel Blesa, Juan Villalonga o Javier Monzón. 

El mismo Rato presumía a principios de 2004 (ver aquí) de ese empujón definitivo a la privatización de sectores clave de la economía, que cifró en 52 empresas públicas entregadas al negocio particular durante su mandato, con una valoración que los propios órganos reguladores consideraron discutible para los intereses del Estado (ver aquí).

Lo que resulta indiscutible es la relación de la fulgurante carrera de Pablo Isla con esa red de intereses catapultada al poder de las grandes empresas desde la primera legislatura de Aznar-Rato. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, ejerció fugazmente como abogado del Estado (número uno en las oposiciones de su promoción), para luego escalar (en dos etapas) las más altas cumbres del Banco Popular, del que llegó a ser secretario general cuando ascender en ese banco sin ser miembro del Opus Dei era más difícil que subir el Everest con unas muletas. 

Y desde el año 2000 (a mitad del ciclo del aznarato), Isla empezó a cosechar lo sembrado como Director General de Patrimonio ejecutor del plan de privatizaciones: sucedió a Alierta al frente de Altadis (antigua Tabacalera) y de Logista cuando Alierta pasó a Telefónica en sustitución de Villalonga tras el escándalo de las stock options.

En las numerosas hagiografías de Isla publicadas esta semana no se citan las investigaciones llevadas a cabo por la Agencia Tributaria, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) o la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la actividad de Cor Comunicación, sociedad montada en 1997 por el entonces vicepresidente económico Rodrigo Rato y sus hermanos con el objetivo prioritario de hacer negocio personal y familiar a base precisamente de contratos con las empresas públicas que él y Pablo Isla (quien formalmente representaba al ministerio en esas compañías participadas por el Estado) iban privatizando. 

Por ejemplo, Juan Rizo, ex consejero delegado de Logista, filial de Tabacalera, declaró a la UCO que «Cor Comunicación llega por Pablo Isla». Rizo aseguró que Isla le pidió que atendiese a esta sociedad y a otras de la familia Rato. «Inician su facturación cuando Rodrigo Rato ostenta un alto cargo en el Gobierno y dejan de facturar cuando Pablo Isla abandona la compañía» (ver aquí). Curioso (como mínimo) más allá del alcance judicial de esas investigaciones sobre Rato (ver aquí). 

 El relato instalado sobre Pablo Isla y su trayectoria dice tanto sobre el funcionamiento de ese capitalismo extractivo que tan pingües beneficios ha dado a sus promotores como de la dependencia del mismo que caracteriza a buena parte del ecosistema mediático español, una de las distorsiones más preocupantes de nuestra democracia. Si se cambia al líder de un partido político o al entrenador de un gran club de fútbol, el balance suele reflejar luces y sombras, y a menudo destacan más las últimas. 

No ocurre lo mismo con un alto ejecutivo de una gran empresa, y desde luego no ocurre con Pablo Isla, que por cierto saldrá de Inditex con una verdadera fortuna en acciones, fondo de pensiones e indemnización que garantiza un futuro confortable a tres o cuatro generaciones de los Isla.

 En esta faceta se han distinguido también los protagonistas de aquella milagrosa ola de privatizaciones. Manuel Pizarro, a quien se le ha escuchado más de una vez decir "Isla es mi criatura", ya cobró en el año 2007 más de 18 millones de euros al salir de Endesa tras una gestión marcada por preferir una opción alemana para Gas Natural con tal de torpedear una OPA catalana y por dejar la eléctrica española privatizada en manos de ENEL, compañía cuyo principal accionista es el Estado italiano.

Si acierta o no la familia Ortega en el cambio de Isla se verá con el tiempo a través de los resultados de Inditex. Las crónicas de las primeras reacciones apuntaban a una caída bursátil adjudicada a esa decisión, pese a que el comportamiento del valor accionarial probablemente ha tenido más que ver con las incertidumbres sobre el covid que han afectado estos días a otros muchos valores. Algún día quizás se confirme si la sustitución de Isla tiene más relación con su arriesgada apuesta por la apertura de tiendas en todo el mundo en lugar de priorizar la venta online, especialmente en tiempos de pandemia. 

De momento lo que sorprende (o no tanto) es que se imponga el relato que más favorece a Isla, constructor y beneficiario del capitalismo de amiguetes, y no el de un Amancio Ortega que —con sombras también, especialmente fiscales (ver aquí)—, al menos es un empresario que cimentó un imperio textil desde la nada, trabajando desde los 14 años en una tienda de ropa en A Coruña."                         (Jesús Maraña , Info Libre, 06/12/21)

A propósito de la impunidad. Ni uno solo de los grandes empresarios que aparecen en los papeles de Bárcenas ha sido investigado o procesado... De la Gürtel los únicos condenados fueron dos figuras menores: el bigotes y Correa

Pablo Iglesias @PabloIglesias

Señora del Barco, es un placer debatir con usted. Abro HILO:

1. A propósito de la impunidad. Ni uno solo de los grandes empresarios que aparecen en los papeles de Bárcenas ha sido investigado o procesado

Chus del Barco @BarcoChus

Urdangarín, Rato, Chaves, Griñán, los q su gobierno de coalición indultó... todos condenados a prisión. Ud sabe de sobra q la Justicia de este país es independiente y q es el dique q protege el Estado de Derecho. Los jueces molestamos a los q no creen en el imperio de la Ley.

7:05 p. m. · 20 nov. 2021
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2. Los únicos empresarios procesados y condenados por los papeles de Bárcenas fueron los de la empresa que hizo las reformas cobrando en negro

3. De la Gürtel los únicos condenados fueron dos figuras menores: el bigotes y Correa.

4. Ya ve usted, señoría, que en España los que no creen en el imperio de la ley tienen grandes apellidos y gozan de impunidad. A veces tienen hasta amigos en las altas magistraturas. La gente corriente, por contra, solo cuenta con el la ley y el Derecho para defenderse

5. Menciona usted a Urdangarin. Bien sabe usted que la profesionalidad y el valor del juez Castro no han sido la norma cuando se trata de la Casa Real. Y bien conoce usted las presiones de que fue objeto. No convirtamos la excepción en regla

6. Dice usted que “insinuo”. Ha habido decenas de investigaciones a Podemos. Generaron horas de tertulias y portadas. Fueron archivadas ante clamorosos silencios mediáticos. Hay quien habla de investigaciones prospectivas. Lo que digo no son insinuaciones sino hechos constatables

7. El corporativismo y la arrogancia no son buenos consejeros. Es evidente el sesgo conservador en las élites judiciales españolas y es evidente que la derecha política opera con la judicial. Esto es un problema de nuestra democracia y afecta a la separación de poderes

8. Negar este problema evidente que afecta a la calidad democrática de España no solo es deshonesto, sino que toma a la gente por idiota. Un saludo

 8:23 p. m. · 20 nov. 2021
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Una sociedad pública del Gobierno vasco y la ingeniería Sener podrían haber amañado una licitación de 1,2 millones... en la pestaña de las condiciones técnicas para licitación figuraban las palabras “contrato Sener” cuatro meses antes de que se resolviera el concurso

"Al menos hasta esta mañana, cuando pinchabas en la pestaña para leer las condiciones técnicas para la licitación de un contrato de Euskal Trenbide Sarea para la realización de un estudio sobre la red ferroviaria vasca, se podía leer “contrato Sener”. Al concurso se presentaron seis empresas de ingeniería y, aunque los “criterios objetivos” le dieron la quinta puntuación, Sener logró el contrato gracias a los “criterios subjetivos” —gracias a la memoria que presentaron sobre cómo cambiar y adecuar la red ferroviaria en un futuro—. 

Los parlamentarios de EH Bildu Josu Estarrona y Unai Fernández de Betoño han denunciado en rueda de prensa el presunto amaño, para el que han adjuntado una curiosa documentación, como la utilizada en la denuncia del fraude de las oposiciones de Osakidetza: el 21 de febrero acudieron a un notario para dar fe de los metadatos y su sospecha de que Sener ganaría el concurso el 18 de junio, tal como ha ocurrido.

El presupuesto para la licitación ascendía a un millón y medio de euros, por lo que era “un contrato importante”, como define Fernández de Betoño, quien explica que “solemos estar atentos a este tipo de concursos”. Tras llamarles la atención de que aparecía explícitamente la empresa Sener en los metadatos de internet, “seguramente por un descuido”, los parlamentarios decidieron acudir a una notaría para que certificara que así sucedía, un peritaje importante de cara a un posible juicio.

También sospechan de que hasta la propia empresa adjudicataria haya podido redactar el pliegue de condiciones o parte de ellas. Por todo ello, exigen explicaciones al consejero del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, de quien depende la sociedad pública Euskal Trenbide Sarea. El presupuesto final otorgado a la licitación fue de 1,2 millones de euros.

Aunque este caso no se enmarca dentro de lo que se ha denominado “cartel vasco” —las 22 consultoras sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia—, dado que se trata de un concurso en el que participan ingenierías, no consultorías, este presunto amaño podría sugerir que “se trata de una práctica arraigada en nuestras administraciones”.

“Creemos que, a veces, las administraciones tienen decidido por adelantado a qué empresa van a contratar, vulnerando así los principios de igualdad, transparencia y libre concurrencia que deben regir siempre en los concursos y licitaciones públicas. Nos atrevemos a decir que en esas prácticas irregulares existe cierto grado de connivencia entre la Administración y algunas empresas”, han concluido Fernández de Betoño y Estarrona."                 (Gessamí Forner  , El Salto, 8 jul 2021)

La Policía desgrana el sistema urdido en el PP para pagar “en negro” la reforma de la sede de Génova 13

 "El juicio sobre la caja b del PP ha dejado este jueves otra jornada negra para los intereses del partido liderado por Pablo Casado.

 Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía han regresado esta mañana a la Audiencia Nacional para relatar al detalle el presunto sistema urdido entre el partido conservador y la empresa Unifica para pagar en negro parte de la reforma de la sede de Génova 13. Los investigadores han desgranado de forma minuciosa, al igual que hicieron el miércoles al describir la contabilidad paralela del PP, una ingente cantidad de pruebas recabadas durante la instrucción: “facturas ficticias”, “abonos extracontables” e emails interceptados a los implicados, entre otras.

A lo largo de cinco horas y media, liderados por el inspector Manuel Morocho, los policías han perfilado el plan ideado supuestamente por los acusados para infringir la ley. Según ha subrayado el agente, crearon “una realidad paralela”. De forma que el PP abonaba unas cantidades oficiales a la empresa Unifica, pero pagaba en b otra parte de la reforma. Según la Fiscalía Anticorrupción, los populares desviaron 1,5 millones de euros de dinero de su contabilidad paralela para afrontar estas obras. Luis Bárcenas, que llevaba de su puño y letra esa caja irregular, así lo confesó también durante su declaración.

Para todo ello, según los miembros de la UDEF, se “duplicaron” certificados o se hicieron pagos por vías “ajenas al circuito económico” legal. También se “crearon” documentos a posteriori para que un analista externo observase una “concordancia” y no detectara irregularidades.

Los testimonios de los agentes, así como sus informes, desbaratan la defensa desplegada por el PP, que ha tratado en todo momento de distanciarse de Bárcenas. Morocho, que ya señaló el miércoles que la caja b formaba parte de la estructura de la organización política, ha añadido este jueves que Unifica identificaba al extesorero con el partido. Es decir, para ellos eran lo mismo.

 En ese sentido, los papeles de Bárcenas desvelan varias salidas de fondos de la caja b de la formación hacia la empresa de reformas, encabezada por los arquitectos Gonzalo Urquijo y Belén García. Según los documentos, en fechas coincidentes con las obras, el extesorero apuntó entregas de dinero por cientos de miles de euros a nombre de “Arquitecto Gonzalo Urquijo”, “Gonz. Urquijo” o “Gonzalo (arquitecto)”. “En este contexto no hay otra persona que él”, ha apostillado el inspector jefe, que también ha contado cómo los socios de la compañía abrieron cajas de seguridad en bancos y cómo acudieron a ellas justo los días que Bárcenas anotaba en su contabilidad.

De esta forma, el 13 de marzo de 2008, acuden por primera vez a una de esas cajas que habían activado 10 meses antes. Y justo ese día, Bárcenas apunta en sus papeles que les entrega 258.000 euros. Dos meses antes se produce otra sincronía similar: el 28 de enero de 2008, Belén García se traslada a otra de las cajas y el extesorero escribe que esa jornada les da 195.000 euros. Son pagos de “fondos ajenos al sistema económico”, concluyen los agentes: ”Dinero b generado a través de facturación ficticia, a través de cantidades ejecutadas no facturadas que el PP les entregaba para financiar la reforma”. “Y esos fondos había que depositarlos en algún lugar porque no se puede tener en cualquier sitio. Es mucho dinero y es necesario disponer de dispositivos que ofrezcan seguridad y garantías”, ha afirmado Morocho.

Coincidencias con el relato de Bárcenas

La declaración de los agentes coincide con el relato de Bárcenas. Según detalló, “se negoció con Unifica” las condiciones de la reforma y “se acordó pagar parte de la ejecución de estas obras con dinero procedente de la caja b, con la finalidad de dar salida a dichos fondos y obtener al mismo tiempo un descuento de entorno a un 10%”. Todo ello se acordó, según declaró el extesorero, durante una reunión con uno de los socios de la compañía, el arquitecto Urquijo: “La operativa consistía en realizar otro certificado final de obra, que no correspondía a realidad por un importe considerablemente inferior, de manera que la diferencia se abonaba por el PP en cantidades entregadas en efectivo, que se sacaban de la caja fuerte”.

En palabras del propio Bárcenas, para ello, se elaboraron certificados de obra, facturas y proyectos, donde “se omitieron e hicieron constar datos que no correspondían a la realidad, al fin de pagar con el metálico procedente de la caja b parte de la ejecución de estas obras. Estos pagos, en consecuencia, no se contabilizaron, ni se declararon a Hacienda por parte del PP”.

Los dos socios de Unifica negaron, en cambio, este sistema. Según Urquijo, nunca se produjo ese encuentro del que habla el extesorero y nunca se operó en negro. Una versión que rechazan las acusaciones. De hecho, la Fiscalía ha mostrado en el juicio varios emails interceptados a la compañía con referencias a pagar a trabajadores en “dinero efectivo tipo b” o de “hacer 60.000 en b y quitarse 11.000 euros de IVA”. Según mantiene el ministerio público, la empresa de arquitectura solía funcionar de esta forma y así lo han ratificado este jueves los agentes de la UDEF, que han descrito cómo recurrían a proveedores que les fabricaban “facturas ficticias” que no recogían el coste real y que les generaban “parte del dinero en b”. Los dos dueños de la empresa, además, tenían oculta una fortuna millonaria en el extranjero que regularizaron en 2012 y de la que, a preguntas de las acusaciones, se negaron a explicar su origen."                  (J. J. gálvez, El País, 15/04/21)

La ONU investiga a España por posible vulneración de la libertad de expresión en el caso de Rajoy y su sustituto en el Registro de la Propiedad

 "El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha iniciado la investigación a instancias del recurso del abogado José Luis Mazón, condenado por sugerir en dos entrevistas que el expresidente y su sustituto en el Registro de la Propiedad de Santa Pola (Alicante), Francisco Riquelme, podrían haber llegado a un pacto para repartirse las ganancias mientras Rajoy se dedicaba a la política.

 El Comité de Derechos Humanos de la ONU acaba de comunicar al abogado español José Luis Mazón que inicia una investigación sobre su condena por la Justicia española por intromisión en el honor del registrador de la propiedad Francisco Riquelme, amigo íntimo de Mariano Rajoy, que le sustituyó en el Registro de la Propiedad de Santa Pola (Alicante) mientras el exlíder del PP se dedicaba a la política, entre 1990 y 2018. Mazón resultó condenado por sugerir en dos periódicos que se investigara si ambos podrían haberse repartido las ganancias del registro alicantino. 

Este letrado, experto en Derechos Humanos, alegó en su defensa su derecho a la libertad de expresión. El 12 de enero de 2012, en una entrevista con el diario La Opinión de Murcia, y hablando de la denuncia que él mismo había interpuesto ante la Oficina de Conflictos de Intereses por este asunto, Mazón dijo: "Rajoy y Riquelme, unidos por una amistad, pudieron llegar a un acuerdo para que el abanillero conste como registrador de Santa Pola además de serlo en Elche para que el presidente del Gobierno siga percibiendo parte de su sueldo".

 Días después, el 20 de enero de 2012, en la revista asturiana Atlántica XXII, se publicó otra entrevista con Mazón relativa a la misma denuncia en la que manifestó lo siguiente: "Yo creo que ha hecho algún apaño con Riquelme. ¿Rajoy le ha regalado a su amigo toda la fortuna que le correspondía durante todos estos años?"

 Francisco Riquelme, murciano como José Luis Mazón, interpuso una demanda civil por vulneración del honor y la titular del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Murcia, Carmen Mérida Abril, condenó al abogado a pagar una indemnización de 30.000 euros al amigo de Rajoy. La Audiencia Provincial confirmó la condena, aunque rebajó la pena a 18.000 euros. El Tribunal Constitucional no amparó a Mazón por vulneración de su derecho a la libertad de expresión. La jueza Carmen Mérida manifestó en su sentencia que si el letrado sólo se hubiese referido a Rajoy no le hubiese pasado nada, ya que la libertad de expresión es más amplia al dirigirse contra políticos u otros personajes públicos. 

Ahora, el Comité de Derechos Humanos de la ONU estudiará si la Justicia española coartó la libertad de expresión de Mazón por sugerir esas irregularidades en la trayectoria paralela de Rajoy como político y presidente del Gobierno y como "registrador accidental permanente" del registro de Santa Pola. "Creo que es esencial que se llegue hasta el final en el caso de mi condena injustificada; se vulneró mi derecho fundamental a expresarme libremente. Voy a pedir cuentas hasta el final caiga quien caiga", dice Mazón a Público. Este comité al que ha recurrido y que ha admitido su recurso es el órgano de Naciones Unidas que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entre sus Estados miembros.  

28 años con un sustituto en su plaza

Tras abandonar la presidencia del Gobierno por la moción de censura, en junio de 2018, Mariano Rajoy dejó su acta de diputado y regresó al Registro de la Propiedad de Santa Pola, de cuya plaza era titular, desde hacía 28 años. No había pedido excedencia, por eso su plaza no salió a concurso, sino que optó por la vía de servicios especiales al pasarse a la política en 1990. Y desde entonces, ocupaba en interinidad esa plaza su amigo, el registrador Riquelme.

"¿Considera el Gobierno que un funcionario que desde 1990 gestiona de forma ininterrumpida un registro de la propiedad sin ser titular del mismo, entra dentro de la definición de "registrador accidental permanente" según el cuadro legal de sustituciones de la Dirección General de Registros y del Notariado?" Esta pregunta al Gobierno la formuló, no sin cierta ironía, el entonces diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares, en 2014. 

La cuestión que planteaba Mazón y por lo que fue condenado no ha sido nunca investigada. La legislación fue modificada para que en las sustituciones de un registro, todos los ingresos fueran a parar al sustituto. Antes, la mitad de los ingresos del registro iba al Colegio de Registradores de España. Las comisiones de servicios, como la que ha disfrutado Rajoy, suelen ser concedidas para cubrir una plaza de un registrador durante un tiempo limitado, aunque en su caso duró  28 años. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid archivó un recurso contencioso-administrativo planteado por la Asociación Transparencia-Registro de Santa Pola, presidida por Mazón, para exigir la devolución de los honorarios por los dos puestos presuntamente incompatibles de Francisco Riquelme, en el registro de Santa Pola y en la Oficina Liquidadora de la misma localidad."                     (Ana María Pascual, Público, 04/03/21)

Daneil Bernabé: García-Castellón, con la instrucción del Caso Dina, no sólo se centra en acusar a quienes fueron víctimas, sino que opaca toda la trama de las cloacas que se desarrolló bajo el Gobierno de Rajoy

 Daniel Bernabé @diasasaigonados

 Un apunte sobre la petición de García-Castellón al Supremo para que investigue a Iglesias: lo que era uno de los más graves casos de utilización de las fuerzas policiales contra un partido, ha sido transformado por una pieza menor en una causa contra el sg de ese mismo partido. "García Castaño dice que un comisario exasesor de Cospedal elaboró el informe PISA contra Podemos" (Público, 08/10/19)

Lo que García-Castellón nos cuenta con su elevación al Supremo es que desde Podemos se inventaron un robo para tener material para la campaña electoral de abril'19. ¿Quién necesita fabricar un caso y enemigos cuando realmente los tenían, cuando el caso existía?

Cuando viendo Kitchen sabemos que el Gobierno Rajoy, al menos su ministro de Interior, al menos su Secretaria General, fueron capaces de trazar una trama con altos mandos policiales para robar información sensible de la Gürtel a Bárcenas.

Parecería de una torpeza inaudita que Podemos jugara a magnificar una realidad, la de las cloacas, que de por sí era gravísima y tangible. Material tenían de sobra para sus mítines.

Por otro lado García-Castellón se pasa por el arco el informe policial de finales de agosto que negaba la responsabilidad de Iglesias en el daño informático. "Un informe policial aleja un posible delito de daño informático de Iglesias en el caso Dina." (La Vanguardia, 26/08/20)

La revelación de secretos y el agravante de género parecen la guinda a una instrucción como poco tendenciosa. Lo primero porque conversaciones privadas de Iglesias salieron a la luz desde esa tarjeta, lo segundo porque la propia Bousselham no ha denunciado en ese sentido.

Resumiendo: García-Castellón, con la instrucción del Caso Dina, no sólo se centra en acusar a quienes fueron víctimas, sino que opaca, con una parte menor, toda la trama de las cloacas que se desarrolló bajo el Gobierno de Rajoy.

Y a mi juicio, porque los ciudadanos también tenemos derecho a emitir juicios sobre el análisis, o se demuestra claramente que Podemos se inventó el robo de la tarjeta o la instrucción de García Castellón no es sólo errónea.

Sustentado en suposiciones personales del juez, rumores de terceros, pruebas periciales en contra, e incluso, contra el propio criterio de la Sala de lo Penal de la AN. Es todo un disparate gravísimo por lo que representa para la imagen de la Justicia

3:06 p. m. · 7 oct. 2020
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Circulen, solo es otro caso de puertas giratorias... De todos los integrantes del último Gobierno de Rajoy, apenas dos años después de la moción de censura que lo expulsó de La Moncloa, no falta nadie por colocar

"La exministra de Agricultura y Medio Ambiente acaba de fichar por Iberdrola. La exministra de Empleo y Seguridad Social, que desde hace meses ya estaba a sueldo de la CEOE, también. Antes, el exministro de Justicia fue contratado por Codere; la ex vicepresidenta, por Cuatrecasas; el exministro de Economía, por EY y Llorente & Cuenca; el exministro de Fomento, por la misma agencia de cazatalentos que fichó a Esperanza Aguirre cuando dejó de ser presidenta de la Comunidad de Madrid.

De todos los integrantes del último Gobierno de Rajoy, apenas dos años después de la moción de censura que lo expulsó de La Moncloa, no falta nadie por colocar. Unos regresaron a sus puestos como altos funcionarios del Estado, otras obtuvieron acomodo en las instituciones europeas o en organismos internacionales; los demás tardaron muy poco en conseguir un buen puesto en las grandes empresas del país.

Tampoco se trata de fingir sorpresa por ver cómo funcionan las puertas giratorias. En las últimas décadas hemos conocido cientos de casos de miembros del ejecutivo y altos cargos empresariales que fueron ido intercambiando sus posiciones entre el sector público y el privado. De la misma manera que los presidentes del gobierno que privatizaron las eléctricas acabaron en sus consejos de administración, ahora la ministra que impulsó la reforma laboral ha pasado a trabajar para la patronal y el ministro que aprobó la ley mordaza dirige los servicios jurídicos de una multinacional de las apuestas. Bienvenidas a la “nueva normalidad”.
 

Movimiento de sillas

A principios de 2012, unos meses después de salir del gobierno, la ex vicepresidenta del gobierno Elena Salgado fichó por Endesa. El truco que utilizó entonces esa eléctrica es el mismo que ahora ha empleado Iberdrola para incorporar a las exministras Fátima Báñez e Isabel García Tejerina: hacerlo a través de sus filiales latinoamericanas, para burlar la regulación sobre incompatibilidades y posibles conflictos de intereses. Aunque, en realidad, la legislación española es tan laxa que ni siquiera podría aplicarse en estos dos últimos casos: se supone que no hay conflicto de intereses si han transcurrido dos años entre el cese de cargos públicos y las actividades en empresas privadas “relacionadas con el cargo desempeñado”.

“Es inaceptable privar a la política de los conocimientos y la experiencia de buenos profesionales. Que haya movimiento de sillas parece razonable, bastante más que la supresión pura y simple de esa posibilidad”. A finales de 2016, el diario El País se veía obligado a fijar su posición con este editorial que justificaba la necesidad de que existan puertas giratorias. Y es que, en los momentos de mayor fuerza social del ciclo 15M-Podemos, la crítica a la devolución de favores prestados entre políticos y empresarios llegó a hacerse viral. Cómo olvidar el tiempo en que Telefónica tuvo en nómina a personajes como Urdangarin, Rato y Zaplana.

En ese mismo año, cuando saltó a los medios la noticia de que la exministra Trinidad Jiménez también había fichado por Telefónica, Pedro Sánchez llegó a prometer que modificaría la legislación para incluir “un supuesto especial de incompatibilidad al cese de altos cargos destinado a evitar el fenómeno de puertas giratorias, fijando un periodo de incompatibilidad de cinco años para quienes pretendan incorporarse a empresas del sector sobre el que no tenían experiencia profesional previa y sobre el que hayan tenido responsabilidades de regulación o gestión”. En esa línea, el grupo parlamentario confederal de Unidas Podemos en el Congreso presentó en 2019 una proposición de ley para endurecer la normativa sobre conflictos de intereses.

Todas esas iniciativas quedaron aparcadas tras la formación del “Gobierno de progreso”. De hecho, en mayo de este año, los exministros del PSOE José Montilla y José Blanco fueron nombrados consejeros de Enagás, la empresa gasista participada por el Estado. Blanco, además, es consejero delegado de la consultora Acento, creada recientemente por él junto al exportavoz parlamentario del PSOE Antonio Hernando para ofrecer a las empresas “una interlocución permanente con los poderes públicos sobre la regulación y su influencia en las inversiones de la compañía”. Esta agencia de lobby ha fichado también a Alfonso Alonso, exministro de Sanidad en el primer gobierno de Rajoy.

Una gran alianza público-privada

La evolución del poder económico, político, jurídico y cultural de las empresas transnacionales no podría entenderse sin la alianza estratégica con los aparatos estatales de sus países de origen y la connivencia —aceptada o impuesta— de los Estados de destino. Frente a la extendida percepción de que los intereses de las grandes corporaciones se oponen a los de los Estados-nación, la realidad es que el proceso de expansión global de las transnacionales no habría sido posible sin el apoyo de los Estados centrales. Estos han jugado un papel decisivo a la hora de reforzar, a través de las instituciones públicas, la lex mercatoria que protege los negocios privados de la clase político-empresarial.

Desde la producción normativa, reforzando su capacidad de legislar en favor de estas corporaciones, hasta la financiación de sus actividades vía exención de impuestos, ventajas fiscales, bonificaciones laborales, créditos blandos o subvenciones a fondo perdido. Desde la difusión del discurso hegemónico sobre las virtudes de la gran empresa hasta la ampliación de los dispositivos de represión y control social, pasando por la construcción de infraestructuras de comunicación y transporte. Como han escrito Tombs y Whyte en su libro La empresa criminal (Icaria, 2016), “forma corporativa y Estado quedan así tan estrechamente conectados que, en el capitalismo contemporáneo, cada uno es la condición de posibilidad del otro”.

La ecuación vendría a quedar del siguiente modo: los gobiernos apoyan la expansión de las transnacionales con sede en su territorio como la mejor forma de beneficiar a la clase político-empresarial de la que ellos mismos forman parte. La justificación oficial pasa por el “efecto goteo”, con el que se supone que, junto a los grandes propietarios y directivos de estas empresas que van a seguir engrosando sus fortunas, la riqueza irá filtrándose poco a poco a las capas más bajas de la pirámide económica. Este es el discurso que han utilizado los sucesivos gobiernos españoles y las principales compañías del país con sus diferentes actualizaciones de la Marca España, ese proyecto de gran alianza público-privada con el que ha tratado de fortalecerse la percepción social de que aumentar la internacionalización empresarial y atraer inversiones extranjeras es la única forma de salir de la crisis.

El mecanismo de las puertas giratorias, al fin y al cabo, sirve para engrasar toda esta maquinaria. El hecho de que los exgobernantes se busquen una jubilación millonaria como asesores o consejeros de las grandes compañías no es sino la parte más visible de la maraña de relaciones político-jurídico-económico-mediático-familiares que preside el capitalismo. Un entramado que tiene ramificaciones que alcanzan lo más variado de las altas instituciones del Estado, desde la casa real hasta los servicios secretos. Un saqueo organizado y sistemático de lo público en el que, tal y como vemos a medida que se van conociendo nuevos casos de corrupción, están implicados prácticamente todos los que son o han sido algo dentro de las élites del país.

Antes de incorporar a su directorio a las exministras Báñez y Tejerina, Iberdrola fichó como asesor a Félix Sanz Roldán, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia y enemigo declarado del comisario Villarejo. Se da la circunstancia de que, durante más de una década, la compañía tuvo en nómina a Villarejo para realizar tareas de espionaje a políticos y empresarios rivales. “Me sale más barato matarle, macho”, llegó a decirle el responsable de seguridad de Iberdrola al policía cuando estaban planeando una campaña de desprestigio contra Florentino Pérez. Este caso, al igual que el del BBVA, está siendo investigado por la Audiencia Nacional y ya hay decenas de directivos imputados por cohecho, revelación de secretos y corrupción. Pronto veremos nuevos capítulos.

Pero qué “reconstrucción”

Al principio de la pandemia, temiendo que su reputación pudiera verse dañada, las grandes empresas publicitaron que este año iban a reducir los sueldos de sus máximos directivos y que se suspendía el pago de dividendos. En verano, la CEOE renovó su imagen y se presentó como la gran aglutinadora de los intereses de “nuestras empresas”, para así blindar sus privilegios fiscales y asegurar la centralidad de las grandes corporaciones en el modelo socioeconómico. Y hoy, muchas compañías ya anuncian que van a volver a repartir beneficios en 2021 y que la “reconstrucción” pasa por aplicar el enésimo plan de ajuste estructural.

Ni V, ni U, ni W, ni el logo de Nike: ahora se pronostica que la “recuperación” será en forma de K y que eso hará que se amplíen las desigualdades entre la mayoría de la población y los dirigentes del capitalismo español. Mientras está en marcha la penúltima aplicación de la doctrina del shock, el malestar social originado por el desmantelamiento de lo público y la gigantesca crisis económica que viene dejan en segundo plano la indignación por esas puertas de la “colaboración público-privada” que no paran de girar.

Que haya gobernantes que nada más dejar el ejecutivo son contratados por las grandes corporaciones sigue siendo percibido negativamente por buena parte de la opinión pública. A veces, como ocurre con el rosario de escándalos empresariales, parece que hemos perdido la cuenta de cuántas vueltas han dado los líderes de la clase político-empresarial que nos gobierna. Pero, según ha quedado reflejado en la última encuesta del CIS, la corrupción y el mal comportamiento de los políticos siguen situándose entre las principales preocupaciones de la ciudadanía. Continuará."

(Pedro Ramiro , Erika González , Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad, El Salto, 26 sep 2020)