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21.5.25

Es el Watergate francés... La oficina de Macron se ve inmersa en un grave escándalo relacionado con el agua mineral Perrier... Un informe del Senado alega que Nestlé Waters presionó al gobierno francés para posibilitar la venta de agua mineral de esa marca que eludía las estrictas normas francesas que pretenden garantizar que el agua mineral natural se mantenga pura e inalterada... la empresa reconoció haber utilizado métodos de tratamiento del agua del grifo en su agua mineral... «La presidencia sabía, al menos desde 2022, que Nestlé llevaba años haciendo trampas»

 "PARÍS - Es el Watergate francés.

La emblemática marca francesa de agua mineral Perrier está en el centro de un nuevo escándalo que amenaza con desbordarse y llegar a las más altas esferas del Gobierno.

Nestlé Waters presionó al gobierno de Francia, incluidas personas cercanas al presidente francés Emmanuel Macron, para hacer posible la venta de agua mineral de marca que eludía las estrictas regulaciones francesas, engañando efectivamente a los consumidores, según un informe condenatorio del Senado publicado el lunes.

En el centro de las acusaciones se encuentra el uso supuestamente no autorizado por parte de Nestlé Waters de filtros de carbono y luz ultravioleta -métodos utilizados normalmente en el agua del grifo- para tratar el agua mineral de varias de sus marcas, incluida su emblemática agua con gas Perrier. Pero la estricta normativa francesa pretende garantizar que el agua mineral natural se mantenga pura e inalterada, justificando el elevado precio que pagan los consumidores.

La ira por el escándalo de los presuntos grupos de presión amenaza con perjudicar aún más a un Macron ya asediado, que lucha contra el estancamiento político y los bajos índices de aprobación. Preguntado sobre el papel del Elíseo en el caso Nestlé Waters en febrero, Macron dijo que «no estaba al tanto de esas cosas» y que no había habido «acuerdo» o «colusión».

 A principios de 2024, anticipándose a la publicación de un reportaje de investigación de los medios franceses Le Monde y Radio France, la empresa de propiedad suiza emitió un comunicado en el que reconocía haber utilizado en el pasado métodos de tratamiento del agua del grifo en su agua mineral y afirmaba que había adaptado sus procesos a la normativa francesa sobre el agua mineral a partir de 2023.

«Confirmamos que la seguridad alimentaria y la calidad de nuestras aguas minerales naturales siempre han estado garantizadas», escribió Nestlé Waters en un comunicado en ese momento.

El uso de los métodos de tratamiento fue necesario debido a «contaminaciones bacterianas o químicas esporádicas» causadas por «contaminaciones fecales» en el suministro de agua mineral, según el informe de prensa, que citaba «una nota confidencial» de la administración francesa.

Nestlé Waters France informó al gobierno francés de sus prácticas de tratamiento del agua a partir de 2021, dijo la compañía en su declaración original.

Nestlé adoptó un enfoque «transaccional», según el informe del Senado del lunes. Compartió sus irregularidades con el gobierno francés y, a cambio de poner fin a los tratamientos con filtros de carbono, ofreció en su lugar utilizar la microfiltración a 0,2 micras.

Hasta ese momento, las autoridades sanitarias francesas habían establecido que cualquier filtración por debajo de un umbral de 0,8 micras entrañaba el riesgo de alterar la composición del agua. Pero en 2023, el gobierno francés permitió a las autoridades locales flexibilizar el marco normativo mediante una acción ejecutiva para permitir el método de microfiltración más fino.

 El informe del lunes es el resultado de una investigación parlamentaria del senador socialista Alexandre Ouizille sobre las prácticas de la industria francesa del agua. La investigación de Ouizille, que siguió a la publicación de los informes de prensa el año pasado, también trató de establecer hasta qué punto la oficina de Macron puede haber estado al tanto de las prácticas de Nestlé Waters.

Ouizille y la comisión investigadora citaron a declarar al exjefe de gabinete de Macron, Alexis Kohler -que ocupó ese cargo desde 2017 hasta el mes pasado y fue descrito a menudo como «el segundo cerebro del presidente»-, pero Kohler se negó a comparecer alegando la separación entre los poderes ejecutivo y legislativo.

No obstante, la oficina del presidente francés compartió con la comisión investigadora 74 páginas de documentos en los que figuran conversaciones entre miembros del personal del presidente y Nestlé y sus grupos de presión.

«Fue al más alto nivel del Gobierno donde se tomó la decisión de autorizar la microfiltración por debajo del umbral de 0,8 micras», dice el informe publicado el lunes. «La presidencia sabía, al menos desde 2022, que Nestlé llevaba años haciendo trampas».

Durante una rueda de prensa el lunes, Ouizille insistió en que Kohler se había reunido «en varias ocasiones» con grupos de presión de Nestlé y que «como mínimo, el Elíseo estaba al corriente de lo que ocurría.»"

( Victor Goury-Laffont  , POLITICO, 19/05/25, traducción DEEPL, enlaces en el original)

31.1.24

Una investigación transnacional revela que uno de cada cuatro eurodiputados tiene delitos o escándalos en su historial... 163 miembros del Parlamento Europeo han protagonizado escándalos o casos de conducta indebida, con los eurodiputados de extrema derecha a la cabeza

 "Se puede ser eurodiputado desde la cárcel. El neonazi griego Ioannis Lagos es un ejemplo. Lagos obtuvo su acta de eurodiputado por el partido de ultraderecha Amanecer Dorado en las elecciones de 2019. Un año después, él y otros líderes de la formación fueron declarados culpables de dirigir una organización criminal y de posesión ilícita de armas. Así, tras la decisión de la Justicia griega, Amanecer Dorado dejó de ser un partido legal.

Ioannis Lagos fue condenado a 13 años de cárcel por esos cargos. Se quedó en Bruselas y consiguió posponer su entrada en prisión hasta 2021, cuando el Parlamento Europeo finalmente le retiró la inmunidad. A pesar de ello, mantuvo su acta. Sigue siendo eurodiputado, ejerce como tal —incluso participando en comités y votaciones— y recibe su salario en su celda en Grecia. Es uno de los casos más graves de conducta indebida por parte de un miembro actual de la Eurocámara, pero no es el único.

'MEP Misconduct Investigation', una investigación transnacional capitaneada por 'Follow the Money' (FTM) de la que forman parte Público y otros 23 medios de comunicación europeos, revela que prácticamente una cuarta parte de los actuales miembros del Parlamento Europeo se han visto envueltos en algún escándalo o han infringido abiertamente la ley a lo largo de su carrera política o ya lo habían hecho antes de asumir responsabilidades públicas.

La investigación ha recopilado episodios de conducta indebida y escándalos de varios tipos en 163 de los actuales eurodiputados: el 23,15% de los 704 representantes de la ciudadanía de la Unión Europea (UE) que cuentan actualmente con escaño en la cámara.

Más allá del 'Qatargate'

Uno de los escándalos más recientes, con repercusión en todo el mundo, ha sido el Qatargate. Estalló el 9 de diciembre de 2022 cuando la Policía belga detuvo a la entonces vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili (del partido socialista griego PASOK), y a otras cuatro personas. Se sospechaba que habían recibido sobornos de Qatar y Marruecos.

En más de una docena de registros, la Policía encontró casi 900.000 euros en efectivo. 720.000 aparecieron en una maleta que tenía el padre de Kaili. En el interior había billetes de 50 euros junto a biberones y pañales que supuestamente eran para la hija de Kaili, que entonces tenía 21 meses. Más de un año después, la investigación sigue su curso.

Aunque todos los acusados y los países extranjeros presuntamente implicados en esta causa niegan haber cometido delito alguno, el caso no pinta bien. De hecho, si la Justicia acaba por confirmar que terceros países han comprado a políticos europeos para influir en la UE, las preguntas son claras: ¿Cómo pudo producirse un caso de corrupción tan grande en el Parlamento Europeo? ¿Los mecanismos de prevención han fallado? ¿Es un asunto aislado o solo la punta del iceberg?

Para encontrar respuestas, 37 periodistas de 22 Estados miembros de la UE emprendieron de forma conjunta esta investigación liderada por FTM. El equipo de 'MEP Misconduct Investigation' ha revisado el historial y la trayectoria de los 704 eurodiputados para comprobar el nivel de integridad de los miembros de la Eurocámara.

Uno de cada 30 eurodiputados, condenado por la Justicia

Las conclusiones de esta investigación demuestran que prácticamente un cuarto de los eurodiputados ha estado involucrado en algún tipo de escándalo. Además, hay casos sumamente graves como el ya mencionado Qatargate, que aún está bajo investigación, pero también distintos hechos que han llevado a que 23 eurodiputados hayan sido declarados culpables en distintos procedimientos ante la Justicia.

La proporción es de uno por cada 30 de los actuales parlamentarios. Entre esos casos está el del griego Lagos, que ya se encuentra entre rejas, pero hay muchos más, como el de Lara Comi, otra eurodiputada de derechas.

Comi es miembro del Parlamento Europeo por el partido Forza Italia, la formación fundada por Silvio Berlusconi y liderada en la actualidad por Antonio Tajani, actual vicepresidente del Gobierno de Giorgia Meloni.

Lara Comi fue condenada el pasado octubre a más de cuatro años de cárcel en un proceso que comenzó con la acusación de haber desviado casi 500.000 euros de dinero público. Sin embargo, la eurodiputada ha recurrido la sentencia y por ahora se mantiene en su escaño.

Otro que aún tiene juicios pendientes —aunque en su caso aún no ha sido condenado— es Ryszard Czarnecki. El Parlamento Europeo pidió al diputado, del partido de extrema derecha Ley y Justicia —que hasta diciembre de 2023 gobernaba Polonia—, que devolviera 100.000 euros en concepto de gastos de viaje. Esto sucedió después de que se descubriera que, cada vez que viajaba en coche de Bruselas a su país de origen, inflaba los datos de kilometraje para pasar facturas más abultadas.

Aún no se ha juzgado a Czarnecki, lo que algunos achacan a la influencia política de su partido, que gobernaba Polonia hasta hace poco

Pero no solo eso. También decía conducir coches que no eran suyos. Uno de ellos, además, había sido desguazado 11 años antes de que afirmara usarlo, según descubrió la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF, por sus siglas en inglés). La causa penal contra Czarnecki sigue pendiente después de cuatro años y medio, lo que algunos críticos consideran una influencia política de su partido sobre la fiscalía polaca.

'MEP Misconduct Investigation' no contabiliza únicamente los eurodiputados que han tenido problemas con la Justicia. También se han computado otro tipo de escándalos, infracciones, sanciones o incluso conductas indebidas o no éticas por parte de los eurodiputados aunque no hayan acarreado consecuencias para los mismos. Estas conductas, eso sí, han tenido que demostrarse públicamente o haber sido reveladas por medios de comunicación.

Sucede, por ejemplo, con los casos de acoso laboral. Cuando se demuestran, en muchas ocasiones el Parlamento Europeo los cierra únicamente con sanciones que implican la suspensión temporal de la actividad de los afectados. 'MEP Misconduct Investigation' ha recopilado escándalos relacionados con acoso laboral o sexual que involucran a 37 diputados.

La investigación, y en lo que coinciden los expertos consultados, también muestra que existe una falta de regulación clara y aplicable sobre ciertas conductas indebidas. Hay un gran número de escándalos que no han llegado a ser registrados en la base de datos de la investigación porque no se infringieron normas claras o no llegaron a ser investigados hasta el final, pero que, al menos, podrían considerarse poco éticos.

La doble moral de la extrema derecha

Los casos de Ioannis Lagos y Ryszard Czarnecki son solo una muestra de cómo los eurodiputados de la extrema derecha son los que han estado salpicados por más escándalos, otra de las principales conclusiones de la investigación transnacional de la que forma parte Público. Solo les superan los eurodiputados no adscritos a ningún grupo parlamentario. Algo lógico, ya que muchos de ellos tienen esa condición de no adscritos precisamente por haber sido expulsados de sus partidos tras algún tipo de polémica.

Las encuestas para las próximas elecciones europeas del mes de junio pronostican un aumento de los eurodiputados de extrema derecha. Estos partidos, los más euroescépticos, llevan años haciendo campaña contra la Unión Europea y acusando a las instituciones comunitarias de posibles escándalos. A pesar de ello, los datos revelados por 'MEP Misconduct Investigation' muestran que son precisamente sus eurodiputados los que acumulan más casos de conducta indebida.

"Tienen visiones que a menudo chocan con los valores democráticos europeos"

"Los partidos de extrema derecha, especialmente los de Identidad y Democracia [el grupo europeo liderado por Marine Le Pen y Matteo Salvini], han adoptado el mensaje euroescéptico y tienen visiones que a menudo chocan con los valores democráticos europeos. No les interesan las cuestiones de transparencia y rendición de cuentas", explica Nuria Font, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona y experta en rendición de cuentas de la Unión Europea.

Aún así, el resto de grupos no se libran de estas polémicas. Katjana Gattermann, profesora asociada de Comunicación Política en la Universidad de Ámsterdam, explica que, aunque la confianza de los votantes en las instituciones de la UE no se vería mermada por una sola polémica, estas tienen un impacto y dejan un poso negativo en la forma en que la gente entiende la política europea.

En su opinión, los escándalos desvían la atención de los medios de lo que realmente está haciendo el Parlamento y pueden distanciar aún más a los votantes. "Europa está lejos, y para los votantes es muy difícil seguirla a diario. Los votantes tienen menos información sobre los asuntos europeos que sobre los nacionales", dijo Gattermann.

Coincide con ella Nuria Font, que, además, explica que los ciudadanos apenas castigan la corrupción en las elecciones, algo que sucede aún de forma más clara a escala europea. "El caso europeo no es una excepción. Es importante tener en cuenta que las elecciones europeas han sido tradicionalmente consideradas de segundo orden y la corrupción apenas se penaliza. Es decir, los ciudadanos tienen poco interés en estas elecciones y poca información sobre qué hace la UE. La débil conexión entre los ciudadanos y el Parlamento Europeo dificulta aún más la penalización de la corrupción".

METODOLOGÍA

Para determinar de manera justa y equitativa qué eurodiputados debían ser incluidos en la base de datos de la investigación 'MEP Misconduct Investigation', Follow the Money y los medios colaboradores han aplicado una metodología desarrollada en los Países Bajos por dos científicos sociales y un periodista de investigación. Según este método, un escándalo o caso judicial debía ser incluido en tanto hubiese tenido repercusión mediática y/o ciertas consecuencias, como una sanción, una investigación por corrupción o una reprimenda.

Los criterios formales son los siguientes:

La investigación ha revisado e investigado los escándalos de integridad relacionados con cada eurodiputado. Estos escándalos hacen referencia a violaciones o presuntas violaciones de los valores morales, normas y reglas. Se considera un caso o escándalo cuando hay una implicación o posible implicación en una violación de la integridad por parte de un eurodiputado. No se han incluido otros tipos de casos, como los excesos presupuestarios o el incumplimiento de promesas electorales, ya que no reflejan necesariamente la integridad de una persona y, por tanto, no forman parte de la tipología de posibles violaciones de la integridad.

Los tipos de escándalos que se han tenido en cuenta en esta investigación han sido, concretamente:

- Corrupción (tanto casos de soborno como de nepotismo)
- Fraude y robo de recursos
- Conflictos de intereses (privados y públicos) a través de "regalos" o actividades paralelas
- Abuso de autoridad
- Uso indebido y manipulación de la información
- Despilfarro y abuso de recursos
- Comportamiento inadecuado, acoso o trato indecente (relacionado con el trabajo)
- Escándalos ocurridos en la esfera privada

Se ha valorado si la violación de la integridad por parte del político ha recibido atención mediática, ya que esto demuestra en parte que el hecho haya podido ocurrir. También se han tenido en cuenta las sanciones formales o informales, que demuestran en mayor medida la violación (por ejemplo, una admisión de culpabilidad, unas disculpas, un reembolso de recursos robados o malgastados o una dimisión).

Asimismo, se han contabilizado aquellos casos en los que los políticos han negado todas las acusaciones recibidas, siempre que hayan surgido indicios o pruebas de que el hecho realmente sí ha ocurrido y/o serias dudas sobre la integridad del político en cuestión en la opinión pública o en los medios de comunicación, por parte de fuentes creíbles y en relación con una conducta indebida grave.

Sobre los casos en los que un político ha sido acusado de una violación de la integridad y el asunto se judicializó: si el eurodiputado ha acabado siendo declarado inocente por la Justicia, se han excluido de la base de datos. A no ser que a raíz del proceso judicial hayan quedado dudas razonables o conductas indebidas demostradas aunque estas no hayan acarreado consecuencias judiciales.

Se ha limitado la investigación a los 704 miembros del Parlamento Europeo a fecha de 18 de enero de 2024. De esta manera, han quedado excluidos los europarlamentarios que abandonaron la cámara entre 2019 y esa fecha, aunque hayan podido estar involucrados en algún caso de conducta indebida. Tampoco han quedado registrados posibles casos posteriores al 18 de enero.

La investigación 'MEP Misconduct Investigation' ha sido capitaneada por la organización de periodismo de investigación holandesa Follow The Money junto a periodistas de investigación de medios de más de 20 Estados miembros: De Tijd (Bélgica), Apache (Bélgica), BIRD (Bulgaria), DEO (Dinamarca), Welt (Alemania), Delfi (Estonia), Iltahlehti (Finlandia), Le Monde (Francia), Reporters United (Grecia), Atlatszo (Hungría), Noteworth / The Journal (Irlanda), IRPImedia (Italia), Ostro Croatia (Croacia), Luxemburger Wort (Luxemburgo), Der Standard (Austria), OKO.Press (Polonia), Público (Portugal), Context (Rumanía), PRESShub (Rumanía), Ostro Slovenia (Eslovenia), ICJK (Eslovaquia), Denik Referendum (República Checa) y Público (España)."                      

(Sergio Sangiao / Emilia G. Morales / José Bautista / Nacho Calle / Follow the Money , Público, 31/01/24)

24.11.23

Vínculos entre las grandes empresas de la agroindustria y la derecha europea... Cómo la agroindustria ha usado excursiones, fiestas y alquileres gratuitos para ganarse el corazón de los conservadores europeos. Así, esta semana el Parlamento Europeo ha rechazado reducir en un 50% el uso de pesticidas químicos en 2030

 "Excursiones alpinas, fiestas selectas o prestar despachos sin cargo alguno son solo algunos de los métodos que usan las grandes empresas agrícolas para conquistar a influyentes legisladores de la Unión Europea en relación a las importantes reformas ecológicas que se están llevando a cabo en los últimos años.

Estas actividades han contribuido a forjar una poderosa alianza en Bruselas entre políticos selectos del Partido Popular Europeo (PPE) y los que tienen intereses comerciales en frenar el avance hacia una agricultura más respetuosa con la naturaleza: los fabricantes de pesticidas y los sindicatos agrícolas vinculados a la industria.

Una importante investigación publicada a principios de octubre por DeSmog y Politico ha descubierto el elevado volumen de reuniones mantenidas por seis importantes parlamentarios del PPE. También ha revelado que la industria agrícola mantenía desde 2020 un promedio de dos reuniones semanales con estos políticos mientras la UE negociaba reformas emblemáticas para proteger la naturaleza y el clima.

DeSmog ha profundizado aún más y ha elaborado un mapa de los extensos vínculos personales y profesionales que existen entre estos seis eurodiputados conservadores y grupos vinculados a la industria agrícola.

Hemos decidido destacar las conexiones de los parlamentarios con los actores más poderosos de la UE que son hostiles a los planes para reducir el uso de pesticidas, un grupo que incluye a los principales sindicatos agrícolas. También hemos incluido a los grupos agrícolas con los que los eurodiputados tenían vínculos personales.

La naturaleza de los vínculos que aparecen en el mapa abarca desde el contacto directo en reuniones, encuentros sociales y excursiones hasta la pertenencia a organizaciones y comisiones relacionadas con el sector. 

La agresiva campaña de los grupos de presión que muestra el mapa parece haber dado resultados. Durante los tres años transcurridos desde que se anunció por primera vez la iniciativa De la granja a la mesa (Farm to Fork), un ambicioso plan para revisar las prácticas agrícolas en el marco del Pacto Verde, los legisladores del conservador PPE se han opuesto sistemáticamente a los planes de transformación de la agricultura.

Las reformas incluyen medidas para reducir a la mitad el uso de pesticidas en todo el bloque, propuestas que han alarmado a una industria que tan solo en Europa mueve 12.000 millones de euros al año. Los científicos afirman que la serie de medidas ecológicas destinadas a atajar la espiral de degradación climática y el colapso de la biodiversidad son esenciales para el futuro suministro alimentario de Europa.

Sin embargo, este miércoles 22 de noviembre, el pleno del Parlamento Europeo rechazó la propuesta de la Comisión Europea de julio de 2022 de reducir en un 50% el uso de todos los pesticidas químicos en 2030. La votación se ha saldado con 299 votos en contra, 207 a favor y 121 absenciones.

«Estas revelaciones se suman a la evidencia creciente de que poderosos intereses de la industria están comprando influencias en nombre de sus márgenes de beneficio, lo que tendrá un coste catastrófico para las personas y el planeta», ha declarado Célia Nyssens-James de la Oficina Europea del Medio Ambiente, la mayor red de grupos ecologistas sin ánimo de lucro de la UE. «Es evidente que demasiados eurodiputados de esta Comisión no tienen en cuenta los intereses de los ciudadanos europeos».

Clara Bourgin, de Amigos de la Tierra, afirma: «Estos vínculos son espantosos, pero lamentablemente tampoco sorprenden a nadie. Cuando ciertos eurodiputados se oponen enérgicamente a la legislación de la UE sobre pesticidas, a objetivos vinculantes de reducción de emisiones y de forma generalizada a los compromisos medioambientales europeos, es evidente que detrás hay una campaña intensiva de los grupos de presión de la industria».

Franc Bogovič, uno de los seis eurodiputados de este análisis, negó que los responsables políticos estuvieran sometidos a la influencia de la industria. «Soy agricultor e ingeniero agrónomo y tengo mi propia opinión —declaró a Politico Europe—. No me hace falta la suya (de la industria). Tengo unas ideas muy claras sobre lo que es posible y lo que no en la agricultura».

Parlamentarios conservadores antiverdes

Entre la densa red de grupos de presión que se muestra en el mapa aparecen seis legisladores que han intentado sistemáticamente debilitar las reformas agrícolas verdes de la UE en proceso de convertirse en ley.

Los eurodiputados Alexander Bernhuber, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Christine Schneider, Franc Bogovič y Anne Sander forman parte del Partido Popular Europeo, la mayor formación política del Parlamento Europeo y que ha recibido críticas por tratar repetidamente de diluir estrategias como De la granja a la mesa y la Estrategia de biodiversidad 2030.

Estos eurodiputados ocupan altos cargos que les permiten ejercer una influencia significativa en el ámbito de las políticas verdes. Por ejemplo, Norbert Lins, presidente de la comisión de Agricultura, exigió en diciembre una importante reevaluación del expediente de reducción de pesticidas en nombre de la comisión, una medida polémica que llevó a los activistas a acusarle de intentar retrasar la legislación.

Otro de los seis, Alexander Bernhuber, principal negociador del PPE sobre el SUR (reglamento para la reducción de pesticidas), había solicitado previamente que la iniciativa se retirase por completo.

El PPE ha sido acusado de utilizar el chantaje y la difusión de noticias falsas para oponerse a los planes de restaurar el 20% de los ecosistemas dañados de la UE mediante la Ley de Restauración de la Naturaleza, acusaciones que niega el líder del partido, Manfred Weber.

El partido también fue objeto de críticas en julio, cuando sustituyó a más de un tercio de sus miembros habituales en la Comisión de Medio Ambiente para tratar de impedir una votación crucial sobre la ley. Entre los representantes del PPE incluidos se encontraban Herbert Dorfmann, Anne Sander y Franc Bogovič, los otros tres eurodiputados que aparecen en la muestra de DeSmog

Se descubrió que los seis eurodiputados analizados por DeSmog se habían reunido colectivamente con grupos vinculados a la industria ocho veces más que con grupos no gubernamentales que representaban intereses públicos.

Vínculos personales con sindicatos agrícolas afines a la industria

Los seis parlamentarios del PPE tienen amplios vínculos con los principales sindicatos agrícolas de la UE, que aparecen en la parte derecha del mapa. 

El análisis de DeSmog descubrió que los eurodiputados se habían reunido cuarenta veces con el sindicato Copa-Cogeca —y con sus influyentes miembros francés y alemán, la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FNSEA) y el Deutscher Bauernverband— entre enero de 2020 y julio de 2023. También constató que más del 75% de las reuniones sobre la iniciativa De la granja a la mesa, la Ley de Restauración de la Naturaleza y el Reglamento para el Uso Sostenible de Pesticidas se habían celebrado con el Copa-Cogeca, sus miembros nacionales o sus secciones regionales.

El Copa-Cogeca es el mayor sindicato de agricultores y cooperativas agrarias del bloque. Lleva mucho tiempo en el centro de las políticas agrícolas de la UE, y The New York Times lo ha descrito como poseedor de «un acceso especial que ya querrían otros». Sin embargo, se trata de un grupo controvertido entre los agricultores. En una reciente investigación de Lighthouse Reports y Politico, admitió haber hinchado el número de miembros y se le acusó de promover los intereses de la agricultura industrial frente a los de las explotaciones más pequeñas y los jóvenes agricultores.

El sindicato se ha opuesto frontalmente a la iniciativa De la granja a la mesa, que ha tachado de «excesivamente ambiciosa e irresponsables» para la agricultura de la UE y que, en su opinión, provocará importantes caídas de la producción comunitaria y riesgos para la seguridad alimentaria. Científicos y activistas rebaten estas afirmaciones. 

Las últimas investigaciones de DeSmog revelan que los miembros nacionales del Copa-Cogeca también mantienen amplios vínculos personales con los seis eurodiputados.

Entre estos se incluyen los lazos familiares. Por ejemplo, la eurodiputada francesa Anne Sander —que fue una de las principales negociadoras de las recientes reformas de las subvenciones agrícolas de la UE y de los planes para restaurar los ecosistemas degradados en el bloque— es hermana de Franck Sander, vicepresidente de la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FNSEA). El sindicato de agricultores franceses domina la política agrícola francesa y se opone frontalmente a la iniciativa De la granja a la mesa, que ha calificado de «estrategia de decrecimiento». 

Desde el lanzamiento en 2020 de De la granja a la mesa, Anne Sander ha mantenido al menos doce reuniones con la FNSEA o sus ramas regionales, la mitad de las cuales no declaró en la web parlamentaria. Una cuarta parte de todas las reuniones oficiales de Sander sobre las reformas de las subvenciones agrícolas de la PAC se produjeron con el sindicato o sus filiales. En cambio, Sander no celebró ni una sola reunión registrada sobre el tema con organizaciones sin ánimo de lucro. 

En Austria, el sindicato agrícola Österreichischer Bauernbund (ÖBB) tiene un vínculo directo con el PPE, ya que forma parte del partido político local de los conservadores europeos, el Österreichische Volkspartei.

Los documentos muestran que el sindicato ÖBB también paga el despacho del parlamentario austriaco del PPE que aparece en el mapa de DeSmog, Alexander Bernhuber, diputado de Österreichische Volkspartei.

Bernhuber es miembro del comité ejecutivo de una de las nueve ramas del ÖBB, Niederösterreichischer Bauernbund, donde también estuvo empleado como consultor remunerado entre 2017 y 2019 (con una remuneración de entre 1.000 y 5.000 euros al mes).

El sindicato ÖBB es también la organización dominante del miembro nacional del Copa-Cogeca Landwirtschaftskammer Österreich (LKÖ), que representa tanto a las empresas agrícolas como a los agricultores.

Todos los veranos, el ÖBB, la LKÖ y otras poderosas asociaciones agrícolas se reúnen con el eurodiputado italiano Herbert Dorfmann (que aparece en el mapa) y otros políticos influyentes para ir de excursión a los Alpes. El recorrido ofrece a los grupos la oportunidad de charlar sobre la política de la UE, y el año pasado el representante del Deutscher Bauernverband, el miembro alemán del Copa-Cogeca, aprovechó la oportunidad para decir a los excursionistas: «Tenemos que reconsiderar este plan [de reducción de pesticidas]».

«Es evidente que numerosos eurodiputados conservadores del PPE se encuentran históricamente muy próximos al Copa-Cogeca, el grupo de presión agrícola que defiende, sobre todo, los intereses de las grandes explotaciones y de los propietarios de tierras, y no los del sector agrario en su conjunto», declaró la investigadora del Corporate Europe Observatory Nina Holland, que añadió: «Con sus constantes intentos de retrasar y hacer descarrilar la ley de reducción de pesticidas, este tenaz grupo de eurodiputados finge estar del lado de los agricultores, pero en realidad les están haciendo un flaco favor».

Deutsche Bauernverband —sindicato agrario alemán miembro del Copa Cogeca que aparece en el mapa— declaró a DeSmog que el grupo cuenta con la participación de eurodiputados de todos los partidos democráticos. Añadió que apoyan la iniciativa De la granja a la mesa y «ofrecen críticas constructivas y recomendaciones sobre las estrategias reguladoras para implementar objetivos políticos». 

Acceso «exclusivo» para las empresas de pesticidas

El análisis de DeSmog muestra que las empresas de pesticidas también disfrutan de un acceso privilegiado al Partido Popular Europeo. 

Esta industria, un lobby con una fuerza formidable en Bruselas, dispone de diversas vías para llegar a los responsables políticos mediante el patrocinio y el apoyo a redes influyentes, foros de debate y grupos de reflexión. Desde que en 2020 se anunciaron por primera vez los planes para reducir a la mitad el uso de pesticidas, los registros muestran que ha invertido treinta y cinco millones de euros en actividades de presión en la UE.

Las cuatro empresas principales de pesticidas —Bayer, Syngenta, BASF y Corteva—, junto con su poderosa asociación comercial CropLife Europe, han celebrado un total de 29 reuniones oficiales con los seis eurodiputados seleccionados desde 2020.

CropLife Europe declaró a DeSmog que «hace suyas las ambiciones del Pacto Verde de la UE y de la estrategia De la granja a la mesa». Anteriormente la organización había tildado los objetivos para reducir el uso de pesticidas como «no basados en datos» y «políticos», además de solicitar su reevaluación. 

El mapa de DeSmog muestra que CropLife Europe es también un «socio estratégico» de la EU40, una red de jóvenes políticos de la UE entre cuyos miembros actuales se encuentra Alexander Bernhuber y más de cincuenta políticos de la UE en activo. El grupo también cuenta con más de doscientos antiguos miembros, entre los que figuran los eurodiputados Norbert Lins y Herbert Dorfmann.

Aunque la EU40 —entre cuyos socios también se encuentran la empresa de semillas KWS y diversas empresas farmacéuticas y tecnológicas— se describe como neutral y niega «representar intereses comerciales», sus socios estratégicos tienen acceso especial a los miembros políticos en actos como su «exclusiva» fiesta anual de verano, calificada como la «más emblemática» de la organización. 

La EU40 describió la fiesta de 2023, celebrada en septiembre con cócteles, barra libre y baile en la terraza del hotel de cinco estrellas Sofitel de Bruselas, como «una oportunidad para relacionarse con la flor y nata de Bruselas» y «un punto de encuentro» para eurodiputados, sus asistentes parlamentarios acreditados, jóvenes funcionarios de la Comisión Europea y el Consejo Europeo y representantes permanentes ante la UE.

Iniciativas y grupos de reflexión financiados por la industria de los pesticidas

La EU40 no es la única vía de influencia para la industria. El mapa de DeSmog revela una red más amplia de iniciativas y grupos de reflexión, que facilitan que los intereses de los pesticidas tengan acceso a los eurodiputados y otros políticos. 

Un ejemplo es el Foro Europeo de la Alimentación, una plataforma «independiente, política y no partidista» centrada en la alimentación y la agricultura, «dirigida y gobernada» por eurodiputados, entre ellos Christine Schneider, que aparece en el mapa de DeSmog y que con frecuencia presenta sus actos. 

Entre sus miembros empresariales figuran Croplife, la asociación de la industria química Cefic (que representa a BASF, Bayer y otros gigantes agroquímicos)  y la mayor empresa de fertilizantes de Europa, Yara.  

La organización confirmó que sus miembros aportaron fondos al grupo. En declaraciones a DeSmog: «Somos una plataforma que reúne a partes interesadas de todos los bandos, con opiniones a menudo divergentes», y añade que su objetivo es favorecer un debate no partidista, «transparente e integrador».  

La industria también está vinculada a grupos de reflexión y defensa. Según los registros de la UE, Bayer, la mayor empresa de pesticidas del mundo, «apoya» a Farm Europe, un grupo de reflexión centrado en cuestiones rurales y agrícolas que ha calificado los planes para reducir a la mitad el uso de pesticidas como un «tiro a ciegas a la agricultura de la UE». Desde 2020 el grupo se ha reunido en dos ocasiones con Anne Sander.

El eurodiputado italiano Herbert Dorfmann es miembro de un grupo multipartidista de eurodiputados dirigido por el Consumer Choice Center, un grupo de defensa neoliberal que se ha opuesto a los objetivos de reducir el uso de pesticidas y fertilizantes y ha recibido financiación de la industria química y petrolera. 

Bayer declaró a DeSmog que, como «empresa líder en tecnología agrícola, tenemos un interés directo en luchar contra el cambio climático y revertir la pérdida de biodiversidad». Añadió que «acoge con satisfacción los objetivos del Pacto Verde europeo y apoya la ambición de acelerar la transición a un sistema alimentario más sostenible y resistente, y hacia una mayor biodiversidad».

Sobre la cuestión de los grupos de presión, que defendió como «una parte esencial del proceso democrático», dijo: «Bayer participa, por supuesto, en una serie de temas diferentes, en múltiples países, y con una variedad de partes interesadas y organizaciones».

Un portavoz de la empresa de pesticidas Syngenta ha afirmado: «Syngenta estudia las tendencias normativas y ofrece apoyo a los legisladores y  actores políticos para que entiendan mejor el valor de la industria y los productos y servicios que proporciona a los agricultores europeos. Todas las actividades relacionadas con asuntos públicos de Syngenta aparecen en el Registro de Transparencia de acuerdo con la legislación de la UE».

Según Croplife Europe: «Apoyamos las ambiciones del Pacto Verde de la UE y la estrategia De la granja a la mesa, y creemos que los agricultores europeos deben tener acceso a una caja de herramientas completa de soluciones innovadoras para la  protección de cultivos que les permita mantener su producción durante la transición a un sistema agrícola más resistente y sostenible».

En un momento en el que las encuestas muestran la preocupación generalizada de la ciudadanía europea por el impacto del uso de pesticidas en el medio ambiente (hasta el 80%, según una encuesta de agosto), y en que el número de aves y polinizadores cae en picado en Europa, las ONG afirman que las estrechas relaciones expuestas en los mapas de DeSmog son motivo de preocupación.

Célia Nyssens-James, de la Oficina Europea del Medio Ambiente, afirma que «es urgente aumentar la transparencia de los grupos de presión en el Parlamento Europeo» y pide que se aborden los conflictos de intereses de los eurodiputados y «el dominio de la Comisión de Agricultura en la toma de decisiones relacionadas con los expedientes agroalimentarios»."                 (Claire Carlile (DeSmog) , Climática, 24/11/23)

19.9.23

Aznar pagó con dinero público a un "lobby" de Washington para conseguir la medalla del Congreso de EEUU... El contrato era de dos millones de dólares, 275 millones de las antiguas pesetas, para lograr las firmas necesarias que requiere la concesión de la medalla de oro del Congreso... El pago inicial se hizo a través de la Embajada de España en Washington... Y qué casualidad! Aznar fichó después como asesor por el lobby al que el Gobierno que él presidía pagó dos millones de dólares. Dinero público al servicio de causas personales

ℂ𝕣𝕚𝕤𝕥𝕚𝕟𝕒 ℙ. 𝕄𝕒𝕣𝕔𝕠𝕥𝕖 @crispmarcote

Aznar pagó con dinero público a un "lobby" de Washington para conseguir la medalla del Congreso de EEUU El contrato era de dos millones de dólares, 275 millones de las antiguas pesetas. Síganme en esta maravillosa historia de este personaje con complejo de Napoleón.

El Gobierno de José María Aznar contrató por dos millones de dólares a una conocida empresa de abogados de Washington para promover la imagen del ex presidente del Gobierno español en EEUU y para lograr las firmas necesarias que requiere la concesión de la medalla de oro del Congreso.

Fue en diciembre de 2003, tres meses antes de las elecciones generales de marzo de ese año, los servicios del despacho de abogados Piper Rudnick, que trabaja como lobby en Washington, para difundir la imagen de Aznar en Estados Unidos y lograr las firmas necesarias de parlamentarios de aquel país para la concesión de la medalla de oro del Congreso norteamericano.

El contrato establecía un pago inicial de 700.000 dólares, correspondientes a los siete primeros meses, y mensualidades de 100.000 en los meses posteriores. El pago inicial se hizo a través de la Embajada de España en Washington.

Javier Rupérez, ex embajador, fue quien actuó como representante del Gobierno español para la firma de un contrato que no tenía cláusula alguna para el caso de que el PP perdiera las elecciones generales de marzo, como así pasó. Este lobby se habría encargado primero de recabar apoyos para que congresistas y senadores dieran su firma para la concesión de la medalla a Aznar.

El bufete de abogados incluso redactó una carta para los congresistas en nombre del embajador Rupérez "para describir los logros del presidente Aznar durante sus ocho años de Presidencia". Piper Rudnick realizó una facturación detallada, en la que se incluyen los tiempos que llevaba realizar cada uno de los trabajos encargados. Así, uno de sus abogados, J. Boggs, cobró 805 dólares por una reunión rápida en la Embajada de España para discutir el borrador de esa carta.

Otro abogado, D. Marshall, cobró 1.110 dólares por valorar ese borrador. J. Pickup facturó 1.087 dólares por revisar esa hoja y un cuarto abogado, I. Sánchez, facturó 672 dólares más por una nueva revisión de la carta a la que apenas dedicó media hora. Los abogados también contactaron con los despachos de los miembros del Congreso para "rogar asistencia", aunque sin mucho éxito como se comprobó entonces, a la sesión en la que Aznar se dirigió a la Cámara, el 4 de febrero.

Apenas cinco días antes, los abogados intensificaron su campaña con el envío de unas 40 cartas y varias llamadas a congresistas. Este esfuerzo final costó 3.420 dólares. Y por si faltara poco, los abogados contratados por el Gobierno Aznar también cobraron por asistir a los actos que el ex presidente protagonizó en Washington durante su viaje.

Uno de los abogados facturó 1.536 dólares por estar presente en la comida que se celebró en la Cámara de Comercio. El Gobierno español insistió en estas gestiones para conseguir firmas en que se destacara que Aznar fue "un aliado firme e incondicional de Estados Unidos" que dio apoyo a la guerra contra el terrorismo. El Congreso norteamericano comenzó a valorar la concesión de su medalla de oro a Aznar en mayo de 2003, aunque la recogida del galardón se retrasó hasta febrero de 2004

El motivo por el que se concedió fue por el apoyo "incondicional" de Aznar a esta lucha contra el terrorismo y, curiosamente, se supo apenas una semana después de que se concediera el mismo galardón al primer ministro británico, Tony Blair, el otro gran impulsor de la guerra contra Iraq. La intervención de Aznar ante el Congreso norteamericano fue la primera de un presidente español y el único precedente era el del Rey Juan Carlos, que habló en la Cámara en junio de 1976.

Y qué casualidad! Aznar fichó después como asesor por el lobby al que el Gobierno que él presidía pagó dos millones de dólares para que hiciera gestiones para que le fuera concedida la medalla del Congreso de Estados Unidos. Dinero público al servicio de causas personales.

8:59 p. m. · 17 sept. 2023 207,4 mil Reproducciones 

31.5.23

Premio para candidatos maltratadores, agresores y que se saltaron la cola de las vacunas covid ... ¿Está el listón moral de la ciudadanía mucho más bajo de lo que estamos dispuestos a reconocer?

 "Gonzalo Pérez Jácome, edil de Democracia Ourensana se vio atacado en campaña por la filtración de unos audios que muestran su presunta corrupción. A la vista de los resultado, es evidente que el público ha interpretado que Jácome ha sido víctima de lo que él tilda de mafia orquestada por el Partido Popular, la prensa local y algunas constructoras. El veredicto es claro y Jácome tiene la sartén por el mango para decidir el gobierno provincial y el local, con tres actas más en el Ayuntamiento y una más en la Diputación.

Tampoco Manuel Baltar se ha visto excesivamente castigado por las noticias de sus reiterados excesos de velocidad al volante. Bien es cierto que el presidente de la Diputación de Ourense no es cabeza de cartel en estos comicios, sino que su elección como líder provincial es indirecta, a través de los concejales que a su vez escogerán diputados provinciales.

Con todo, casi ningún orensano que votase al PP puede alegar que no sabe que su sufragio puede servir para perpetuar al baltarismo y mantener como líder a una persona que se salta reiteradamente los límites de velocidad a bordo de coches públicos, al menos una vez cometiendo un presunto delito contra la seguridad vial por el que será juzgado esta semana.

Aun así, el PP de la Provincia de Ourense ha sido el partido más votado con más del 40% de los apoyos. Ahora bien, todos los analistas preveían que Baltar lograse la mayoría absoluta y no lo ha conseguido, repitiendo resultados y quedándose a un acta de la victoria directa. Por lo tanto se puede decir que Baltar sí puede que haya recibido alguna penalización por parte del electorado, aunque de ser así, sería de carácter leve.

EL PP DIJO QUE NO CONOCÍA LAS CONDENAS DE SUS CANDIDATOS

Otro político conservador salpicado por el escándalo fue el candidato del Partido Popular en A Illa de Arousa, Matías González Cañón. Esta persona fue condenada hace varios años por pegarle a la que entonces era su compañera, rompiéndole un diente. Incluso el PP, al saltar la noticia, indicó -tras alegar ignorancia de la condena- que le había pedido su renuncia.

Cañón se negó a prometer que no recogería su acta, arropado por sus compañeros del partido conservador local. El agresor se defendió argumentando que lo sucedido había pasado hace muchos años y había sido de carácter leve, saldado con una pequeña multa y unos días de trabajos socios. Además el político dijo que su pueblo era pequeño y que todos se conocían por lo que confiaba en que los vecinos tendrían claro que él era una persona digna de ostentar un cargo público.

El tiempo le dio la razón pues su candidatura ganó los comicios, con bastante ventaja además. Su lista consiguió casi 1.500 votos, que son unos 500 más de los que lograron las listas de socialistas y de nacionalistas gallegos. Gracias a estas cifras, el Partido Popular de Illa de Arousa crece de cuatro a cinco concejales. Sin embargo es una victoria pírrica para González -que no milita en el PP- pues entre PSOE y Bloque suman seis diputados y, salvo gran sorpresa, el PP continuará en la oposición insular. 

Este caso no fue el único de un condenado por lo penal que ocupó un lugar destacado en la lista de un municipio bajo las siglas del Partido Popular de Galicia. José Manuel Barreiro Jardón es el número 3 en la candidatura conservadora en el pequeño municipio de Os Blancos en Ourense. Su partido le concedió este puesto, cuando era público y notorio que hace unos años fue condenado por pegarle a su padre discapacitado.  El político golpeó a su progenitor quien dijo ante el juez que pensaba que su hijo lo iba a matar.  Fue condenado por maltrato en el ámbito familiar.

La pena contra Barreino no fue menor, como se puede alegar en el caso de Illa de Arousa. Rozó los dos años de prisión, aunque finalmente el condenado no ingresó en la cárcel por carecer de antecedentes. Al confirmarse la sentencia, hace unos años, su partido lo apartó del grupo de gobierno pero este año lo repescó como número 3, alegando que el delincuente ya había cumplido su pena. Algo que no era cierto del todo, porque sobre Barreiro aún pesa una orden de alejamiento de su padre. 

El Partido Popular alegó que desconocía que aún estaba vigente esta orden de alejamiento y al saltar el escándalo pidió a Barreiro que renunciase a su acta, en el caso de ser elegido. Además los conservadores prometieron que no integrarán a Barreiro en su grupo de gobierno. En breve tendrán la oportunidad de cumplir esta promesa, pues han vuelto a ganar las elecciones locales en Os  Blancos. Sus vecinos no han castigado la polémica selección del candidato, más bien al contrario, han castigado al partido que denunció públicamente la circunstancia. Así el PSOE ha perdido uno de los dos concejales que conquistó en 2019. Esa acta ha ido a parar precisamente al Partido Popular, que amplía su mayoría de 5 a 6 concejales.

El escándalo en Boimorto no llegó en campaña sino durante la pandemia y fue sonado. La alcaldesa del Partido Popular María Jesús Novo tuvo que renunciar a la militancia en el PP cuando se supo que había recibido la vacuna contra el coronavirus en la primera ronda. Por entonces sólo estaba autorizada para personal sanitario y de residencias. La mandataria alegó que visitaba a diario la residencia pública del municipio para atender las necesidades del centro durante la crisis, por lo que entendía que sí tenía derecho a recibir aquella dosis. Su argumento convenció al Partido Popular sólo a medias medias. Preocupada por la pésima imagen que transmitía Novo en un momento que morían docenas de gallegos cada día sin haber podido vacunarse, el PP forzó su salida de la formación, pero no tomó ninguna medida para desalojarla de la alcaldía. Siguió gobernando como independiente, con el apoyo de los concejales conservadores.

Dos años después, el PP la repescaba como cabeza de cartel y el electorado acaba de recompensar la jugada.  Novo continuará al frente del consistorio de la comarca de Arzúa,  al conseguir seis ediles, por los tres del PSOE y los dos del BNG. El Partido Popular mantiene el mismo número de concejales y la oposición retrocede en actas y porcentaje. Por el contrario, Novo, la que se vacunó de las primeras pese a no ser sanitaria ni personal sociosanitario, conquista más proporción de votos. Hace cuatro años logró el 53% y ayer casi el 65%, unos 100 más aproximadamente. El veredicto popular, en este caso, también está claro."                      (  , Galicia Press, martes, 30 de mayo de 2023)

24.5.23

Políticos y jueces, máximos responsables del blanqueo de capitales y la evasión fiscal... Mientras las leyes antiblanqueo que se aplican a los bancos y los vehículos financieros se van endureciendo, los facilitadores siguen actuando con total impunidad

 "Los gobernantes democráticos y los jueces se han convertido en una parte fundamental para que las grandes corporaciones y las grandes fortunas continúen evadiendo o eludiendo el pago de sus impuestos y para el lavado de dinero.

 uando se habla de blanqueo de capitales o de evasión de impuestos se suele pensar en complicadas operaciones a través de entidades financieras o de paraísos fiscales. Sin embargo, tanto los bancos como los vehículos financieros de inversión tienen una regulación cada vez más severa por parte de las autoridades económicas de los diferentes países.

Es cierto que las entidades bancarias realizan operaciones de blanqueo de capitales. No hay más que recordar casos como JP Morgan, HSBC, Banco Santander o BNP. Cuando los bancos son pillados, tienen que pagar multas nada ejemplarizantes pero de varios miles de millones de dólares.

Sin embargo, en los procesos de blanqueo o de evasión fiscal que realizan los millonarios o las grandes corporaciones, hay otros actores que no tienen supervisión. Son los llamados facilitadores, un sector que está formado, principalmente, por grandes despachos de abogados de todo el mundo, consultores, tratantes de arte o agentes financieros que no tienen ningún tipo de supervisión.

En este punto es donde la clase política de las principales democracias se coloca en una situación de complicidad necesaria para que el lavado de dinero o la evasión se sigan produciendo. Mientras las leyes antiblanqueo que se aplican a los bancos y los vehículos financieros se van endureciendo, sobre todo en Reino Unido, Japón, Estados Unidos o la Unión Europea, los facilitadores siguen actuando con total impunidad.

Los políticos están evitando que sus respectivos países o unión de estados legislen para la supervisión de los grandes despachos de abogados, las consultoras o los agentes financieros. Para mantener su impunidad, este sector ejerce una dura estrategia de lobby en las instituciones legislativas y en los gobiernos. Invierten decenas de miles de millones de dólares, libras o euros para que a nadie se le ocurra abrir una puerta que ni a las grandes corporaciones ni a los multimillonarios les interesa que se abra.

Por otro lado, los jueces y los fiscales, cuando se encuentran con operaciones en la que los facilitadores se encuentran en una situación en la que deben decidir si mantener la impunidad o dar pasos valientes para generar jurisprudencia utilizando las regulaciones antiblanqueo que sí se aplican a los bancos. No obstante, los jueces se colocan normalmente en la aplicación estricta de la ley, en vez de retorcerla para generar doctrinas como sí hacen cuando es necesario proteger a los poderosos. Este es otro tipo de complicidad.

El último ejemplo de ello se tuvo a finales de 2022 en Estados Unidos. El Senado bloqueó un proyecto de ley crítico para frenar el crimen financiero y la corrupción, un revés para la reforma más significativa de las leyes contra el blanqueo de dinero en 20 años.

La Ley de facilitadores exigía por primera vez que las empresas fiduciarias, los abogados, los comerciantes de arte y otros investiguen a los clientes, así como la fuente del dinero y otros activos que se mueven al sistema financiero estadounidense.

Sin embargo, los republicanos la bloquearon por lo que los facilitadores podrán continuar ofreciendo sus servicios para que las grandes corporaciones y los multimillonarios utilicen sus servicios para evadir impuestos y blanquear capitales."                    (J. A. Gómez, Diario16, 05/01/23)

22.5.23

Nicolas Sarkozy condenado en apelación a tres años de cárcel, uno de ellos en prisión... en el marco del asunto de las escuchas telefónicas, vinculado a la financiación de su victoriosa campaña para las elecciones presidenciales de 2007

 "Dos años después de una condena sin precedentes en primera instancia, el Tribunal de Apelación de París ha condenado al ex Presidente francés Nicolas Sarkozy a tres años de cárcel, uno de ellos de prisión, en el marco del asunto de las escuchas telefónicas, vinculado a la financiación de su victoriosa campaña para las elecciones presidenciales de 2007.

 Su histórico abogado, Thierry Herzog, y el ex alto magistrado Gilbert Azibert fueron condenados a las mismas penas. El tribunal de apelación también impuso al Sr. Sarkozy una inhabilitación de tres años para ejercer sus derechos cívicos, lo que le impide presentarse a las elecciones, y al Sr. Herzog una inhabilitación de tres años para ejercer su profesión.

Tras conocerse el veredicto, el ex presidente, de 68 años, abandonó la sala sin hacer declaraciones. Anunció que recurriría ante el Tribunal de Casación, a través de su abogada, Jacqueline Laffont, que calificó la decisión del tribunal de "asombrosa". "Nicolas Sarkozy es inocente de los hechos de los que se le acusa", declaró, y añadió: "Llegaremos hasta el final de la vía judicial".
Sanción sin precedentes

Nicolas Sarkozy es el primer ex Presidente de la República condenado a prisión. Su antiguo mentor y ex jefe de Estado, Jacques Chirac, fue condenado a dos años de prisión con suspensión de pena en el caso de los empleos ficticios en la ciudad de París, tras un juicio histórico celebrado en diciembre de 2011.

El 1 de marzo de 2021, Sarkozy fue condenado en primera instancia a tres años de cárcel, uno de ellos en prisión, por corrupción y tráfico de influencias. Esta pena sin precedentes levantó las iras de su bando, que había puesto el grito en el cielo contra la Fiscalía Nacional Financiera (PNF), defendiéndose esta última de "jugar a la política". El ex presidente, que nunca ha dejado de reivindicar su inocencia, apeló inmediatamente: el primer día de este nuevo juicio, el 5 de diciembre de 2022, dijo que había venido a "defender su honor despreciado", asegurando que "nunca había corrompido a nadie".

 Al término de los debates, contrariamente a la sentencia de primera instancia, la fiscalía no había solicitado pena de prisión contra él. Al hablar de un caso "de una gravedad sin precedentes en la V República", el fiscal pidió tres años de cárcel con suspensión condicional de la pena para los tres acusados. La fiscalía también solicitó la inhabilitación para el ejercicio de los derechos cívicos durante cinco años para el Sr. Sarkozy y el Sr. Azibert, de 76 años, y la inhabilitación para el ejercicio de la abogacía durante el mismo periodo para el Sr. Herzog, de 67 años.

 Los otros casos judiciales

La decisión es esperada, ya que el antiguo hombre fuerte de la derecha volverá a ser juzgado durante el otoño en el caso Bygmalion, y se encuentra bajo la amenaza de un tercer juicio sonado: el PNF requirió el jueves su remisión a correccional en el caso de las sospechas de financiación libia de su campaña presidencial en 2007.

Este complejo caso no incluye pruebas indiscutibles de financiación oculta, sino un cúmulo de "indicios graves o concordantes" (documentos, testimonios, elementos financieros), que llevaron a la justicia a poner a Nicolas Sarkozy bajo examen por "corrupción pasiva", "financiación ilegal de campaña electoral", "manejo de fondos públicos libios" y "asociación delictiva". Varios de sus allegados, como Claude Guéant y Brice Hortefeux, también están implicados. Esta causa judicial, que implica también a tres antiguos ministros de Nicolas Sarkozy, está indirectamente en el origen del asunto de las escuchas telefónicas."          (Le Monde, 17/05/23; traducción DEEPL)

16.12.22

El ‘Qatargate’ sacude a la casta de vividores de Bruselas... Continúa la redada policial contra los altos cargos de la Unión Europea por los supuestos sobornos en la organización del Mundial... La rubísima, pijísima y fría socialdemócrata Kaili trincando unos vergonzosos maletines cataríes no es más que una estupenda alegoría de lo que está ocurriendo en esta vieja Europa corrupta, enferma, miedosa y carcomida de codicia. Un sueño que pudo ser y no fue

 "Avanza la redada policial contra altos cargos de la Unión Europea acusados de cobrar comisiones a cambio de hablar bien del Mundial de Catar. De momento ha sido detenida la vicepresidenta del Parlamento, Eva Kaili, pero por Bruselas corre el intenso rumor de que en los próximos días pueden caer más burócratas enfangados en el mayor caso de corrupción de la historia de la UE

A más de uno no le llega la camisa al cuello y hay quien ya se está curando en salud en las redes sociales ante lo que pueda estar por venir. Así, el eurodiputado José Ramón Bauzá, expresidente de Baleares, expolítico del PP y hoy eurodiputado por Ciudadanos (encuadrado en el grupo parlamentario Renovar Europa), ha tenido que salir al paso en Twitter tras haber sido señalado como uno de los que en su día hicieron buena propaganda de un emirato infecto que no respeta los derechos humanos. “He defendido en el Parlamento Europeo que los avances de Catar son una buena noticia para Oriente Medio. Lo creía y lo creo. Ahora bien: si se demuestra que han pagado a algún diputado o asesor para influir en ellos a su favor, hay que ser absolutamente contundente contra todos”, ha escrito el expresident balear en la red del pajarito azul.

Bauzá es uno de los eurodiputados que se han situado en el ojo del huracán como presidente del Grupo de Amistad UE-Catar, un organismo que por lo visto tenía la función de estrechar lazos fraternales y favorecer las relaciones bilaterales y el clima de colaboración y entendimiento entre el emirato y la Unión Europea. Nada más estallar el escándalo, Bauzá se apresuró a clausurar el equipo de trabajo con otro elocuente mensaje: “Ante los gravísimos acontecimientos de los últimos días y hasta que lleguemos al fondo del asunto, anuncio la suspensión del Grupo de Amistad UE-Qatar”, escribió. Contundente y elocuente.

Mientras un gélido viento invernal recorre los pasillos del Parlamento Europeo, helando la sangre a más de un político bon vivant que hasta hoy medraba confortablemente en el balnerario de la acogedora Bruselas, la Interpol continúa con sus investigaciones y no se descartan nuevas detenciones.

 El Qatargate va camino de superar a la mejor novela nórdica, uno de esos relatos negros de Henning Mankell o Stieg Larsson donde las clases pudientes y civilizadas de la Europa rica del norte pierden los papeles, se dejan llevar por la neurosis de la codicia, la ambición y el vicio y se ven arrastradas a una espiral de corrupción y crímenes. Lo de Eva Kaili se veía venir desde aquel día en que la señora (da el perfil exacto de femme fatale) se subió al estrado para soltar que Catar estaba “a la vanguardia en lo que a derechos de los trabajadores de refiere”. 

En ese momento ya se sabía, por los informes de Amnistía Internacional, que más de 6.000 obreros reducidos a la categoría de nuevos esclavos habían perdido la vida en los múltiples accidentes laborales registrados durante la construcción de los estadios del fútbol para el Mundial de la infamia. ¿A nadie en el hemiciclo se le ocurrió que la eurodiputada podía estar untada por los jeques? ¿A nadie le sonó raro que se comportara en público como un peón más del poderoso lobby catarí? Pues por lo visto no. 

Sus señorías hicieron la vista gorda, todos siguieron con sus tediosas y aburridas comisiones sobre cuotas lácteas, agrícolas y pesqueras que tan lejos le quedan al ciudadano medio desafecto desde hace décadas con el proyecto de construcción europea. Nadie removió nada. Nadie reclamó papeles para saber de qué demonios iba todo ese chiringuito o tinglado que algunos se tenían montado con los amos de los petrodólares. Nadie pidió la apertura de una investigación en profundidad para llegar hasta el fondo del pasteleo con la familia Al Thani

Algo falló en la que se supone debería ser la institución democrática más avanzada, rigurosa y seria del mundo. Que eso pase en el Congreso de los Diputados, que es la Casa de Tócame Roque, o en la Asamblea de Madrid, donde cada asunto de comisionistas se cierra pertinentemente, vale, pero que ocurra en la sede que encarna el modelo ideal de Estado de derecho es como para hacerle perder la fe al más optimista y creyente de los demócratas.

A veces nos preguntamos por qué la UE es tan odiaba por los propios europeos. No llegamos a entender cómo un invento creado tras el final de la Segunda Guerra Mundial que ha traído décadas de paz y prosperidad al viejo continente puede ser tan aborrecido entre buena parte de la ciudadanía con independencia de la nacionalidad, edad y clase social. El euroescepticismo se ha extendido de forma alarmante por todos los rincones de la geografía, entre los jóvenes y los ancianos, entre el proletariado y las clases medias y altas, desde Alemania y Francia (padres fundadores de aquella utópica Comunidad Europea del Carbón y del Acero de 1951) hasta Rumanía y Croacia, últimos socios en adherirse al selecto el club de los 27. Pocos recuerdan ya aquel célebre discurso que Winston Churchill dio en la Universidad de Zúrich allá por 1946, cuando llamó a los países desangrados tras la contienda mundial a integrarse en un proyecto común de construcción de unos estados europeos.

Bruselas queda demasiado lejos, sobre todo para esa familia marroquí del gueto de Marsella que estos días se emociona más con los triunfos de su selección de fútbol que con la última directiva europea contra el racismo. La Europa del euro, de la banca, de los recortes y la austeridad, de las grandes corporaciones, de las familias nobiliarias y de la corrupción a calzón quitado hace tiempo que deja indiferente a la mayoría de los ciudadanos desencantados con la inflación, con los bajos salarios, con la especulación de las élites y con las políticas ultraliberales, tal como demuestran los elevados datos de abstencionismo electoral y el auge de la extrema derecha en todas partes. 

La rubísima, pijísima y fría socialdemócrata Kaili trincando unos vergonzosos maletines cataríes no es más que una estupenda alegoría de lo que está ocurriendo en esta vieja Europa corrupta, enferma, miedosa y carcomida de codicia. Un sueño que pudo ser y no fue."                      (José Antequera, Diario16, 14/12/22)

14.12.22

Escándalo de Qatar: ¿Qué acaba de pasar en el Parlamento Europeo? POLÍTICO responde a todas tus preguntas sobre el escándalo de influencias que sacude Bruselas

 "Los organismos de control afirman que podría tratarse del escándalo de corrupción "más grave", "más escandaloso" y "más atroz" que ha sacudido Bruselas en años.

Una serie de al menos 16 registros efectuados por la policía federal belga el viernes permitió descubrir a cinco personas que, según ellos, habían cometido "presuntos delitos de organización criminal, corrupción y blanqueo de capitales". En los registros efectuados por la mañana se encontraron 600.000 euros en efectivo, además de teléfonos y ordenadores.

En principio, los culpables no eran grandes nombres para los estándares de Bruselas: Un ex miembro del Parlamento Europeo, algunos asistentes parlamentarios y un jefe sindical, todos presuntamente a sueldo del anfitrión de la Copa del Mundo, Qatar. Pero, ¿con qué fin? Algunos se preguntan si, de ser ciertas las acusaciones, Doha ha hecho realmente una inversión inteligente.
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Por la noche, sin embargo, quedó claro que no se trataba sólo de la historia de unos cuantos aspirantes a la gloria que se llenaban los bolsillos. Eva Kaili, vicepresidenta del Parlamento Europeo y firme defensora de Doha, fue detenida por la policía, según informó la policía federal belga. El caso se centra también en una ONG que, hasta hace poco, contaba entre sus miembros con algunas de las mayores luminarias de la política de izquierdas. 

"El Estado de Qatar rechaza categóricamente cualquier intento de asociarlo con acusaciones de mala conducta", declaró un funcionario qatarí en un comunicado enviado por correo electrónico el domingo por la mañana.

Mientras este escándalo potencialmente superlativo sigue su curso, POLÍTICO responde a todas sus preguntas sobre la polémica que sacude a la capital de la UE.

P: ¿Quién es Eva Kaili?

Como una de los 14 vicepresidentes del Parlamento Europeo, Kaili es una de las figuras más poderosas de la institución y, como antigua presentadora de informativos con estatus de celebridad en su Grecia natal, una de las figuras más glamurosas de Bruselas.

Pero Kaili también se ha convertido en una de las más firmes defensoras de Qatar. Recientemente calificó al país de "puntero en derechos laborales" tras reunirse con su Ministro de Trabajo, a pesar de la profunda preocupación internacional por las condiciones de los trabajadores de la construcción del estadio. Miembro del partido de centro-izquierda Socialista y Demócrata (S&D), su cartera incluye responsabilidades especiales relacionadas con Oriente Medio.

Francesco Giorgi, pareja y progenitor de Kaili, también ha sido detenido, según la policía y personas con conocimiento directo. Es asesor sobre la región de Oriente Medio y el Norte de África en el Parlamento Europeo, y fundador de una ONG llamada Fight Impunity, cuyo objetivo es promover "la rendición de cuentas como pilar central de la arquitectura de la justicia internacional".

El presidente de Fight Impunity es Pier Antonio Panzeri, uno de los principales implicados en el caso.

P: ¿Quién más está implicado?

Panzeri, ex eurodiputado italiano también del S&D, fue uno de los detenidos el viernes por la mañana. Por la tarde, su mujer y su hija también fueron detenidas por la policía italiana. Una orden de arresto, vista por POLITICO, acusaba a Panzeri de "intervenir políticamente con miembros que trabajan en el Parlamento Europeo en beneficio de Qatar y Marruecos".
41 Rue Ducale en Bruselas, donde tienen oficinas tanto No Peace Without Justice como Fight Impunity | Eddy Wax

Los antiguos ayudantes parlamentarios, especialmente los vinculados a Lucha contra la Impunidad, también están siendo objeto de escrutinio. Además de detener a Giorgi, la policía ha precintado el despacho de otro asistente parlamentario que trabajaba para Lucha contra la Impunidad, y que actualmente es asesor de la eurodiputada belga del S&D Marie Arena.

Arena, que heredó de Panzeri la presidencia de la subcomisión de Derechos Humanos y colabora estrechamente con Lucha contra la Impunidad, confirmó que el despacho de su ayudante estaba precintado. Arena dijo que ella misma no ha sido interrogada por la policía.

Según el noticiario italiano Ansa, Niccolò Figà-Talamanca también ha sido detenido. Es el director general de otra ONG, No Peace Without Justice. Centrada en la justicia penal internacional, los derechos humanos y la promoción de la democracia en Oriente Medio y el Norte de África, la organización tiene su sede oficial en Nueva York y Roma. Sin embargo, tiene la misma dirección en Bruselas que Fight Impunity, en el número 41 de la Rue Ducale.

Emma Bonino, ex eurodiputada liberal y ministra de Asuntos Exteriores de Italia, fundó No Peace Without Justice. Figura como miembro honorario de la junta directiva de Fight Impunity. Ella y Figà-Talamanca no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios a través de Paz Sin Justicia.

Como muestra de las conexiones de Panzeri, el ex primer ministro francés Bernard Cazeneuve, el ex comisario europeo de Migración Dimitris Avramopoulos, la ex responsable de Política Exterior de la UE Federica Mogherini y la ex eurodiputada Cecilia Wikström también figuran como miembros honorarios de la junta directiva.

Mogherini dimitió del consejo el sábado por la mañana, según un portavoz del Colegio de Europa, donde Mogherini es ahora rectora. Avramopoulos dijo en un correo electrónico el domingo por la mañana que él, Cazeneuve y Wikström también habían dimitido "inmediatamente cuando se nos informó el viernes".

Al parecer, la lista del personal de Lucha contra la Impunidad ha sido borrada; sin embargo, los archivos de la web muestran a Giorgi y a otros asistentes parlamentarios actuales desempeñando funciones clave en enero.

P: ¿Se limita esto al Parlamento Europeo?

No. También está detenido Luca Visentini, que el mes pasado fue nombrado Secretario General de la Confederación Sindical Internacional (CSI). Antes de eso, fue durante mucho tiempo jefe de la Confederación Europea de Sindicatos. (No ha tenido que cambiar de puesto: Tanto la organización mundial como la europea tienen su sede en la misma dirección de Bruselas, en la calle Alberto II).

Los sindicatos de la construcción han sido algunos de los que más han criticado la actuación de Qatar en materia de derechos de los trabajadores en el periodo previo a la Copa del Mundo. Pero incluso antes de que Visentini asumiera el cargo, la CSI era una notable excepción. Sharan Burrow, el anterior jefe de la CSI, instó a los críticos externos de la legislación laboral del país a "ir y echar un vistazo al cambio" en un vídeo publicado por el Ministerio de Trabajo qatarí en junio.

P: ¿Por qué querría Qatar ejercer presión?

El emirato del Golfo es el anfitrión de la Copa del Mundo, pero más que un éxito de relaciones públicas, el torneo ha resultado ser un foco de atención negativo para el país. Las acusaciones de soborno en el proceso de licitación y las condiciones de esclavitud de los trabajadores extranjeros pusieron en duda la elección, y los críticos liberales aprovecharon el momento para atacar la postura del país musulmán conservador sobre los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQ+.

Mantener una buena reputación es crucial, ya que Qatar trabaja para cerrar acuerdos con países de la UE para su gas natural. También avanza en el Parlamento una propuesta para eximir a los qataríes de visado en el espacio Schengen de la UE.

P: ¿Cómo ha defendido Kaili a Qatar?

Podría decirse que Kaili ha sido el decano del (considerable grupo de) defensores de Doha dentro del S&D.

El 24 de noviembre, por ejemplo, mientras el pleno aprobaba una resolución "deplorando la muerte de miles de trabajadores inmigrantes", Kaili tomó la palabra para elogiar la "transformación histórica" de Qatar provocada por la Copa del Mundo. Asimismo, hace 10 días, se presentó a votar a favor de la liberalización de visados para Qatar y Kuwait en la comisión de Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, a pesar de no ser miembro de la misma.

Kaili también alienó a los eurodiputados de un panel dedicado a Oriente Medio cuando viajó por su cuenta después de que Doha cancelara la visita del grupo. La Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con la Península Arábiga (DARP) tenía previsto viajar a Qatar justo antes de la Copa del Mundo, en noviembre, para visitar las instalaciones del torneo y observar los cambios en la legislación laboral.

Sin embargo, con apenas un mes de antelación, la asamblea consultiva de Qatar, conocida como Consejo de la Shura, pidió aplazarlo. En lugar de ello, Kaili viajó a Qatar la semana en que se suponía que debía estar allí la delegación al completo, y elogió sin reservas las reformas laborales del emirato. Según la prensa local, dijo que estaba allí en representación de 500 millones de ciudadanos europeos que consideran que los avances del país representan valores comunes.

"De alguna manera iba a mis espaldas", dijo la eurodiputada Hannah Neumann, de los Verdes alemanes, al frente del DARP. Doha estaba "desinvitando al grupo que habría tenido una posición equilibrada" y "en su lugar la invitó a ella, sabiendo que sus declaraciones serían menos críticas".

Las repetidas llamadas al teléfono móvil de Kaili el viernes y el sábado no obtuvieron respuesta.

 P: ¿Qué importancia tiene esto?

Los grupos de control coinciden en los superlativos. El escándalo de Qatar podría ser "el caso más atroz" de presunta corrupción que el Parlamento haya visto en años, dijo el jefe de Transparencia Internacional, Michiel van Hulten. Alberto Alemanno, profesor de Derecho en HEC París, lo calificó como el "escándalo de integridad más escandaloso de la historia de la UE".

El eurodiputado alemán de Los Verdes Daniel Freund, copresidente del intergrupo anticorrupción del Parlamento, lo calificó como uno de los "escándalos de corrupción más graves de las últimas décadas en Bruselas".

Van Hulten dijo que el Parlamento ha creado una "cultura de la impunidad... con una combinación de normas y controles financieros laxos y una falta total de supervisión ética independiente (o de hecho ninguna)". Alemmano también predijo que esto no sería más que "la punta del iceberg", con la esperanza de que una acumulación de escándalos creara el impulso político necesario para un sistema de ética independiente.

Q. ¿Qué se puede hacer al respecto?

La Comisión tiene previsto proponer un organismo independiente de ética que se aplicaría a todas las instituciones de la UE, pero es casi seguro que no tendrá competencias de investigación o ejecución.

Freund sostiene que los países que no forman parte de la UE deberían tener que seguir las "relativamente buenas normas sobre grupos de presión ya vigentes" en Bruselas. Por el momento, los países no tienen que inscribirse en el registro de transparencia de grupos de interés de la UE, por ejemplo, y los eurodiputados no necesitan informar de esos contactos. "La UE debe mejorar esto inmediatamente", dijo Freund.

Por cierto, la ONG de Panzeri, Lucha contra la Impunidad, no figura en el registro de transparencia. Se trata de una aparente violación de las normas vigentes para los grupos con sede en la UE que quieren exponer sus argumentos en el Parlamento. Según las últimas directrices del registro de transparencia, las ONG deben incluir información detallada sobre su financiación.

 Arena, actual presidenta de la subcomisión de derechos humanos, ha colaborado estrechamente con Panzeri y Lucha contra la Impunidad, incluyendo a la ONG en conferencias de prensa y viajando con Panzeri para debates sobre libertades civiles.

Aunque defendió su propia independencia, Arena predijo que saldrían a la luz más revelaciones. "Si Qatar lo está haciendo, sé que otros están haciendo exactamente lo mismo", afirmó Arena. "Y por eso tenemos que impedir realmente este tipo de capacidad de influencia".

P: ¿Cómo le va ahora a Qatar?

Las repercusiones de estas acusaciones ya están llegando.

El S&D ha pedido que se suspenda la propuesta de liberalización de visados, y el ponente de los Verdes dijo que votaría en contra de la medida si se somete a votación la próxima semana.

Por otra parte, la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento tenía previsto viajar a Arabia Saudí y Qatar en las próximas semanas. Ahora esta última parte ha sido cancelada, lo que significa que un importante rival de Doha se lleva toda la atención. 

"Cualquier asociación del gobierno qatarí con las afirmaciones denunciadas carece de fundamento y está gravemente desinformada", afirma el comunicado oficial qatarí emitido el domingo. "El Estado de Qatar trabaja mediante el compromiso de institución a institución y opera en pleno cumplimiento de las leyes y reglamentos internacionales".

P: ¿Qué sigue en el Parlamento?

A última hora del sábado, la Presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, suspendió todos los "poderes, deberes y tareas" de Kaili relacionados con su cargo de Vicepresidente. Para revocar completamente el título sería necesaria una decisión de la Conferencia de Presidentes del Parlamento, y después una votación en el pleno.

Cuando el pleno se reúna en Estrasburgo esta semana, es probable que los eurodiputados revoquen la inmunidad parlamentaria de Kaili. La Izquierda ya ha pedido formalmente que se incluya en el orden del día un debate sobre el incidente, cuya votación está prevista para el lunes por la tarde.

Kaili también ha sido suspendida del grupo S&D y de su partido nacional en Grecia, Pasok."             (
Sarah Wheaton  , POLITICO, 11/12/22; traducción DEEPL) 

 

"Una eurodiputada de alto nivel ha sido suspendida de su partido después de que la policía iniciara una investigación sobre presuntas actividades ilícitas de lobby por parte de Qatar, en lo que amenaza con estallar en una grave crisis en el corazón de la Unión Europea.

La policía belga registró 16 domicilios y detuvo al menos a cuatro personas en Bruselas y sus alrededores el viernes, en el marco de una investigación sobre lo que los fiscales denominaron "organización criminal, corrupción y blanqueo de dinero", según informaron primero los medios belgas y confirmó a POLÍTICO la policía federal belga.

Entre los detenidos figura la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, del partido socialista griego Pasok. Fue suspendida del grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento "con efecto inmediato, en respuesta a las investigaciones en curso", según tuiteó el grupo a nivel de la UE a última hora del viernes. Kaili también fue expulsada del partido de centro-izquierda Pasok de Grecia.

Las redadas provocaron un escándalo en el Parlamento y en el grupo de los Socialistas y Demócratas en particular, que ha sido criticado por su postura blanda hacia Qatar en vísperas del Mundial de fútbol. 

Los registros se llevaron a cabo en el marco de una investigación más amplia, dirigida principalmente contra asistentes parlamentarios, según informó la fiscalía federal belga en un comunicado. Los medios belgas Le Soir y Knack informaron de que entre los detenidos junto a Kaili se encontraban Luca Visentini, secretario general de la Confederación Sindical Internacional, y Pier Antonio Panzeri, ex eurodiputado italiano del S&D que presidió la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento.

Kaili, una de los 14 vicepresidentes del Parlamento, calificó recientemente a Qatar de "pionero en derechos laborales" tras reunirse con el ministro de Trabajo del país, a pesar de la profunda preocupación internacional por las condiciones de los trabajadores de la construcción de estadios. No respondió inmediatamente a las peticiones de comentarios del viernes por la tarde. POLÍTICO intentó en repetidas ocasiones ponerse en contacto con Kaili a través de su teléfono móvil, pero estaba apagado.

El país del Golfo ha sido objeto de controversia recientemente como anfitrión de la Copa del Mundo de 2022, durante la cual ha sido criticado por sus políticas regresivas hacia los derechos LGBTQ+ y los trabajadores migrantes.

"Desde hace varios meses, los investigadores de la Policía Judicial Federal sospechan que un país del Golfo influye en las decisiones económicas y políticas del Parlamento Europeo (PE)", añade el comunicado de la Fiscalía.

Qatar está acusado de dirigirse a funcionarios "con una posición política y/o estratégica significativa" en el Parlamento, enviándoles "importantes cantidades de dinero" e "importantes regalos", según el comunicado de la fiscalía.

"Se trata del escándalo de integridad más escandaloso de la historia de la UE", declaró Alberto Alemanno, profesor de Derecho en HEC París y activista declarado en materia de transparencia. "Desvela la insuficiencia del sistema ético de la UE aplicable a sus elegidos, así como la ausencia de cualquier intento de gobernar los grupos de presión extranjeros".

Qatar es un gran productor de gas natural licuado y los políticos occidentales han estado tratando de mantener al país dulce mientras tratan de encontrar fuentes alternativas de energía en medio de la guerra de Rusia contra Ucrania.

Los investigadores belgas están estudiando si Qatar trató de influir en las posiciones del Parlamento de formas que "van más allá del clásico lobby", según Knack. La policía se incautó de "unos 600.000 euros en efectivo", teléfonos móviles y material informático en las redadas.

En un comunicado, el Grupo S&D dijo que estaba "consternado por las acusaciones de corrupción en las instituciones europeas" y que "cooperaría plenamente con todas las autoridades investigadoras".

The statement added, “Given the seriousness of the allegations, until the competent authorities provide relevant information and clarification, we are requesting the suspension of work on any files and plenary votes regarding the Gulf States, particularly visa liberalisation and planned visits.”

The office of an assistant to Belgian S&D MEP Marie Arena was also sealed off. Arena, who succeeded Panzeri as chair of the Parliament’s subcommittee on human rights, said that she herself has not been questioned by the police.

Reached by phone late Friday, Arena said the aide facing scrutiny used to work for an NGO called Fight Impunity, which Panzeri founded after leaving Parliament. “I understand nothing about the situation,” said Arena. “If Qatar is doing so, I know that others are doing exactly the same,” Arena said. “And so we have to really prevent this kind of capacity to influence.”

On Saturday, European Parliament President Roberta Metsola said her institution was cooperating “fully with all relevant law enforcement & judicial authorities.”

“We’ll do all we can to assist the course of justice,” she said in a Tweet.

The Qatari government did not respond to a request for comment when contacted by POLITICO."         (Sarah Wheaton and Nicolas Camut , POLITICO, 09/12/22)

13.10.22

El PP niega acceso a sus ordenadores de Génova al perito judicial que investiga el amaño de sus primarias en León... El informático designado por el juez para establecer si la dirección de Casado y García Egea inscribió irregularmente a 800 afiliados para que ganara su candidato afín denuncia al juez que los actuales rectores del partido le niegan acceso a los ordenadores para investigar los hechos

 "El perito designado por la Justicia para investigar si el PP de Pablo Casado y Teodoro García Egeacoló de rondón a 800 afiliados para adulterar y amañar las primarias en León y que ganara su candidato ha denunciado, mediante escrito al juzgado, que el partido se niega a colaborar y no le facilita acceso a sus ordenadores de la sede central, en la calle Génova de Madrid.

"No se presta colaboración por la parte demandada, ni se ha facilitado documentación alguna, ni se atiende a este perito judicial", señala el perito Carlos Martínez Castellanos, que solicita "auxilio judicial" para conseguir "acceso a los terminales informáticos" y a la "documentación necesaria".

En su "súplica" al juzgado, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, el perito pide también que se le amplíe el plazo para realizar su informe, dada la "falta de colaboración" hasta el momento del Partido Popular.

Primera Instancia 2 de León investiga desde hace meses si la anterior dirección del PP, capitaneada por García Egea en la gestión interna del partido, favoreció al candidato apadrinado por este, el actual presidente, Javier Santiago Vélez, e impidió irregularmente una batalla limpia con el otro contendiente, el alcalde de Villaquilambre, Manuel García Martínez.

Para conseguir ese objetivo, la dirección habría permitido que se diera de alta como afiliados a unas 800 personas de forma irregular, sin siquiera sus DNI. El perito necesita acceder a los ordenadores de Génova precisamente para comprobar que, como reza la demanda presentada por los perdedores en aquellas primarias, muchas de estas personas no formaban parte siquiera de las circunscripciones requeridas para poder formar parte de la votación.

Numerosos audios publicados por el portal 'Leonoticias.com' evidencian que esos manejos se produjeron. García Martínez, no obstante, mantuvo en 'stand by' la querella para no interferir en el proceso de formación de Gobierno de Castilla y León, pero la reactivó posteriormente. En las primarias de León se reprodujeron quejas contra García Egea similares a las de Andalucía, donde se le acusó de bloquear el pago de cuotas por parte de afiliados que querían ponerse al día para poder votar en las primarias.

La dirección de entonces del PP cayó posteriormente tras su enfrentamiento con Isabel Díaz Ayuso por el control del partido en Madrid. Y ahora, la actual dirección, liderada por Alberto Núñez Feijoo, niega a por el momento al perito designado por Primera Instancia 2 de León el acceso a sus ordenadores, de nuevo en el ojo del huracán.

"Queremos contribuir a la limpieza de los partidos políticos y estas actitudes obstruccionistas obedecen más a tiempos pasados que a la actualidad", explicó a este diario Antonio Estella, abogado de García Martínez."                    (Quico Alsedo, El Mundo, 11/10/22)