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2.7.21

La cara B de Moreno: vídeos de sus invitados, una sala acorazada y el amante-testaferro... los albanokosovares que entraron en su casa en 2007 y le dieron una paliza no iban buscando dinero, sino esas imágenes

 "Los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional que registraron este martes la mansión de José Luis Moreno en Boadilla del Monte se encontraron en el sótano una habitación acorazada. No era una caja fuerte. Al lado de un gimnasio, una piscina climatizada y una sauna había una puerta de seguridad que se abría con un código numérico y que daba acceso a una estancia blindada, con doble hoja de entrada, por la que era posible caminar sin agacharse. Ahí guardaba Moreno dinero, documentos y otros secretos, aseguran a El Confidencial fuentes de su entorno.

El productor había contado a su círculo de confianza que en esa habitación del sótano escondía decenas de grabaciones de las fiestas privadas que había organizado durante décadas. Cenas y bailes en el interior del número 15 de la calle de Retama que se prolongaban hasta altas horas de la madrugada y que a veces terminaban en la piscina climatizada. Fuera, en el jardín, tenía otra con forma de lágrima. “Decía continuamente que tenía acceso a gente muy poderosa, y que tenía grabaciones de gente muy importante que había pasado por su casa en las que se les veía en situaciones comprometidas”, asegura a este diario una persona que estuvo vinculada a sus negocios. “Uno de los que hablaba continuamente era Silvio Berlusconi, con el que afirmaba tener una estrecha amistad de su época en la televisión italiana”.

Este testigo, que estuvo varias veces en su mansión, explica que Moreno siempre recibía en chándal y que en las distancias cortas era una persona que contagiaba su ilusión por los proyectos que tenía entre manos. “Tenía una enorme capacidad de trabajo, pero su faceta artística parecía solo una excusa para conseguir más y más dinero. Estaba obsesionado con el dinero y con mantener su altísimo tren de vida. Luego, tras esas primeras conversaciones, descubrías que era en realidad un déspota sin escrúpulos. No tenía ningún problema en dejar de pagarte. Te pagaba hasta que ya no le eras útil”, cuenta esta fuente. 

 La propia mansión de Boadilla, valorada en unos cuatro millones de euros, era una metáfora de la doble vida del 'showman'. El terreno ocupa una superficie de 11.114 metros cuadrados. La zona de vivienda se divide en dos áreas que suman 1.150 metros construidos. Además de las piscinas climatizada y exterior, en la zona de atrás de la finca hay una pista de tenis de tierra batida. A Moreno le encantaba practicar ese deporte. En la planta principal había un piano, dos despachos y una sala de audición de películas. Pero todo era fachada. La vivienda tenía pendiente una hipoteca que el presunto cerebro de la operación Titella llevaba tiempo sin pagar. Y Hacienda había embargado la propiedad.

 Incluso cuando sus empresas acumulaban deudas con Hacienda superiores a los cinco millones de euros, Moreno siguió viajando por todo el mundo en aviones privados, se iba de vacaciones a destinos de lujo y tenía en su casa mayordomo, chófer, cocinera y personal de limpieza. Llegó a deberles varias nóminas, pero no se marcharon porque confiaban en que algún día les pagaría los atrasos. Decenas de actores, presentadores y profesionales del mundo audiovisual se encontraban atrapados en esa misma rueda.

Uno de los más fieles escuderos del ventrílocuo era Martin Czehmester, un modelo checo que vivía con Moreno aunque tenía su propio apartamento dentro de la mansión. Era su pareja, su escolta, su actor fetiche (aparece en decenas de producciones de Moreno, desde ‘Noche de fiesta’ a ‘Escenas de matrimonio’, pasando por ‘Planta 25’y ‘Sábado sensacional’) y también uno de sus principales testaferros, según explican a este diario fuentes próximas a la investigación. Czehmester aparece como apoderado y administrador en varias de las mercantiles presuntamente utilizadas por el empresario para estafar dinero a inversores a los que seducía con la promesa de salir en los créditos y participar en los beneficios de series y programas de televisión que alcanzarían prestigio internacional.

 El nombre de Czehmester figura tras uno de sus últimos proyectos, Dreamlight International Productions SL, una productora creada en el verano de 2018 tras asociarse con el industrial argentino Alejandro Roemmers, hijo de una de las mayores fortunas de ese país. Los presentó el periodista Luis María Ansón, con quien Moreno hablaba a diario. Aunque tenía la vida resuelta, Roemmers soñaba con convertirse en un escritor y poeta de éxito, y Ansón le convenció de que Moreno podía ayudarle a ganar hasta el Premio Nobel de Literatura.

Roemmers cayó seducido por esa idea y el resto de proyectos de Moreno. Al inversor argentino le fascinaba la figura de Francisco de Asís, así que el productor de TV montó un musical en Bilbao centrado en la vida del santo católico que llamó 'Franciscus'. Fue su gran tarjeta de presentación ante el nuevo inversor. Para terminar de convencerle, Moreno montó una rueda de prensa falsa para su nuevo socio. El ahora detenido fletó un autobús y trasladó a 54 trabajadores de sus empresas hasta la capital vizcaína para que se hicieran pasar por periodistas. Abarrotó la sala de prensa con falsos redactores e invitó a decenas de conocidos para que llenaran las primeras sesiones del musical en el teatro Euskalduna. El inversor volvió a Argentina decidido a apostar por Moreno aunque, poco después del estreno, la asistencia empezó a caer y la obra ya no viajó a otras ciudades. 

 Para empezar, Roemmers puso 12 millones de euros en Dreamlight. Debían servir para costear la primera serie que tenía Moreno entre manos. Se llamaba 'Resplandor y tinieblas' ('Glow and Darkness') e iba a rodarse plenamente en inglés. El creador de personajes como Rockefeller, Monchito y Macario anunció la producción por todo lo alto en enero de 2020. Dijo que contaría con un presupuesto de 270 millones de euros, seis por capítulo, más que 'Juego de tronos' en su primera temporada.

Moreno empezó a grabar. Cuando se terminaba el dinero pedía más. El inversor argentino entregaba otra remesa y volvía a sonar la claqueta. Hasta que volvía a acabarse el presupuesto y Moreno pedía más. La dinámica siguió hasta que Roemmers soltó casi 50 millones de euros. La relación marchaba bien por entonces. Eran íntimos amigos. La participación del industrial en Dreamlight aumentó hasta el 70% de las acciones. Compartían proyectos e incluso se iban juntos de viaje a las Maldivas con otros acompañantes. Pero la situación empezó a torcerse el pasado diciembre.

 Fuentes próximas a Roemmers explican a El Confidencial que Moreno se comprometió a entregar en esa fecha los 10 primeros capítulos de 'Resplandor y tinieblas'. Después, dijo que tendría listos tres. Luego, que uno. Y finalmente, llegó diciembre y no facilitó ni un solo episodio. En ese momento, el industrial latinoamericano empezó a sospechar y estableció un control más estricto de su dinero. La serie debía haberse estrenado en marzo, pero en estos momentos no hay ni un solo minuto listo para su emisión. Tampoco hay ningún acuerdo firmado con cadenas o plataformas para su venta. Entre los detenidos en la operación Titella se encuentran dos sobrinos de Moreno que le representaban en Dreamlight, además del propio Czehmester.

 No era la primera vez que Moreno recurría a personas de su confianza para iniciar nuevos proyectos. En 2017 empezó a grabar una serie para TVE. Se llamaba ‘Aquí mando yo… y punto com’. Montó un enorme escenario en sus naves de grabación de Moraleja de Enmedio (Madrid), también embargadas por Hacienda. Pero el ventrílocuo no podía trabajar directamente para el ente público por sus problemas con el fisco. “Afirmaba que tenía un contacto en RTVE con el que había pactado la serie, pero que le exigía producirla a través de otra empresa para evitar un escándalo”, relata el contacto que conocía sus negocios. Lo cierto es que, en 2016, la corporación pública ya había provocado una polémica por contratar con Moreno la emisión de la serie 'Reinas' a pesar de que no estaba al corriente con la Agencia Tributaria.

Para evitar un nuevo problema, Moreno ideó otro sistema. RTVE adjudicó la emisión de ‘Aquí mando yo… y punto com’ a Amiguetes Entertainment SL, una empresa del director Santiago Segura, que había colaborado con el productor en varias entregas de 'Torrente'. Posteriormente, Amiguetes Entertainment SL cedió los derechos de emisión a una sociedad pantalla de Moreno, Integral Mundox Producciones SL, que se encargó de ejecutar el rodaje. El nombre del 'showman' no aparecía por ninguna parte, “aunque tenía tanto ego que no pudo aguantarse las ganas de anunciar que era un proyecto suyo”, cuenta a El Confidencial la fuente de su entorno.

 Como en otras ocasiones, Moreno pedía anticipos a RTVE para elaborar capítulos. Cuando se terminaba el dinero, reclamaba más y empezaba a grabar de nuevo. Así sucesivamente. Sin embargo, su plan se vino abajo con la moción de censura de Pedro Sánchez. Los responsables del ente público de la etapa de Mariano Rajoy fueron destituidos y el productor se quedó sin el contacto con el que había acordado la serie. Nunca se emitió ningún episodio.

Roemmers fue la siguiente tabla que encontró en pleno naufragio. Las escuchas telefónicas efectuadas por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional revelan que seguía manteniendo un elevado nivel de interlocución con directivos del mundo audiovisual, periodistas, empresarios y políticos. Los investigadores tendrán que reconstruir ahora todas esas operaciones. La existencia de posibles grabaciones furtivas de los asistentes a sus fiestas llevaría el caso a otra dimensión. En su entorno, están convencidos de que los albanokosovares que entraron en su casa en 2007 y le dieron una paliza no iban buscando dinero, sino esas supuestas imágenes."                  (José María Olmo ,Beatriz Parera , El Confidencial, 01/07/21)

17.1.19

El laboratorio Aspen Pharmacare ha multiplicado los ingresos obtenidos por cinco medicamentos contra el cáncer tras retirarlos en 2014 del mercado español y obligar así a los hospitales a adquirirlos en terceros países donde la compañía ha logrado imponer precios hasta 30 veces más elevados

"El laboratorio Aspen Pharmacare ha multiplicado los ingresos obtenidos por cinco medicamentos contra el cáncer tras retirarlos en 2014 del mercado español y obligar así a los hospitales a adquirirlos en terceros países donde la compañía ha logrado imponer precios hasta 30 veces más elevados, según documentos a los que ha accedido EL PAÍS.





Estos fármacos no tienen otros alternativos y Aspen mantiene desde hace un lustro un pulso con el Ministerio de Sanidad para incrementar sus precios hasta en un 4.000%. En su estrategia, la empresa llegó a plantearse “destruir” lotes enteros de medicinas tras meses de desabastecimiento, según desveló una investigación del diario británico The Times. Sanidad se ha negado hasta ahora a acceder a estas pretensiones —la última vez la semana pasada— pero los elevados precios internacionales acaban beneficiando igualmente a la farmacéutica.

Según los datos obtenidos por este diario, los hospitales españoles pagan hoy 104 euros por cada caja de clorambucilo —para el tratamiento de la leucemia linfática crónica—, 30 veces más que los 3,37 euros que costaba en 2014. El busulfano —utilizado para otros tipos de leucemia— se paga hoy a 244,4 euros, 20 veces más que entonces. El melfalán, útil contra varios tumores, ha multiplicado su precio 19 veces. La tioguanina y la mercaptopurina, también indicadas contra la leucemia, son hoy seis y siete veces más caras, respectivamente. Con la última molécula, sin embargo, a la empresa le salió en 2016 un competidor que la vende algo más barata.

Aspen Pharmacare no ha contestado a las peticiones de información de este diario. Con sede en Sudáfrica, la compañía adquirió en 2009 su lote de fármacos a GlaxoSmithkline. Poco después empezó a exigir a varios gobiernos grandes aumentos de precio. En una entrevista hecha en 2015, el máximo responsable de la compañía en América Latina, Carlos Abelleyra, resumía así la filosofía de la compañía: “Aspen no investiga, lo que ha logrado que nuestro crecimiento sea tan fuerte es que determinamos de manera muy inteligente las necesidades de ciertos mercados”.



2009. Aspen Pharmacare compra a GlaxoSmithKline cinco fármacos contra varios tipos de cáncer hematológico.

2012. Correos internos de la empresa revelan que esta pretende aumentar los ingresos obtenidos de los sistemas sanitarios públicos europeos.

2013. Aspen pide al gobierno italiano un incremento del 2.100% y al español, del 4.000%. Varios países sufren desabastecimientos.

Abril de 2014. Aspen retira sus productos de España ante la negativa del Ministerio de Sanidad a atender sus peticiones.

Octubre de 2016. Italia multa a Aspen con 5 millones de euros.

Febrero de 2017. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) española abre una investigación por “practicas abusivas”.

Mayo de 2017. La Comisión Europea abre otra investigación contra Aspen por “subir injustificadamente” los precios.

Noviembre de 2018. La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos del Gobierno español rechaza de nuevo las demandas de Aspen.

En 2013, Aspen tuvo un primer enfrentamiento con el Gobierno italiano, que se negó a multiplicar el precio de los cinco fármacos. Durante la pugna, el laboratorio incurrió en prácticas irregulares que le acarrearon una multa en 2016 con cinco millones de euros por las autoridades de la competencia del país.

En España, los momentos de mayor tensión se produjeron a finales de 2013, cuando Aspen llegó a pedir incrementos que multiplicaban por 40 los precios iniciales, según fuentes sanitarias. Ante la negativa de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), la compañía dejó de vender sus productos en el país a finales de abril. A partir de ese momento, los fármacos dejaron de venderse en las farmacias y pasaron a ser dispensados por los servicios de hematología de los hospitales.

 

Proceso abierto


A principios de 2017, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) también puso el foco en Aspen por “prácticas abusivas”. El proceso quedó en suspenso cuatro meses más tarde, cuando la Comisión Europea anunció su propia investigación al detectar prácticas irregulares en varios Estados miembros. La Comisión afirma que el proceso sigue abierto y que no informará de él hasta su conclusión.

La situación de bloqueo entre Aspen y el Gobierno español fue tratada el pasado viernes por la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos, que estudió la última propuesta de la farmacéutica. Esta sigue solicitando un aumento que va de ocho a 40 veces más sobre los precios de referencia de 2014, algo que el Gobierno, de nuevo, rechazó. El proceso, sin embargo, sigue su curso y queda abierto un plazo de alegaciones en el que la compañía podría presentar precios más bajos. Sanidad asegura que está culminando un expediente que remitirá a la Comisión Europea para que sea incorporado a su investigación.

Todas las fuentes consultadas admiten que el de Aspen es “un caso extremo” en el sector. “Lo primero que hacen es quedarse con los llamados fármacos huérfanos. Son moléculas sin competencia porque son baratas y no interesan a los grandes laboratorios ni a los fabricantes de genéricos”, explica un directivo del sector. “Una vez logrado el monopolio de facto, echan un pulso a las autoridades sanitarias. Casi siempre lo ganan porque consiguen subir los precios o se retiran de ese mercado para desviar las compras hacia otros donde sí los han subido”, añade esta fuente.

Francesc Bosch, jefe de Hematología del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, explica que “aunque ahora existen tratamientos más modernos, eficaces y caros, el clorambucilo y el resto de fármacos de Aspen siguen siendo imprescindibles”. “Sirven para aquellos pacientes en los que se busca más frenar el avance de la enfermedad que curarla, ya que no está indicado someterlos a los tratamientos más agresivos”, añade. Bosch se muestra muy crítico con estas prácticas: “Hay que dedicar el dinero a la investigación y la práctica clínica. Todo esto no hace más que crear problemas a médicos y pacientes”.

Ramón García Sanz, presidente electo de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, comparte esta visión, pero también apunta a “los bajos precios de referencia existentes en España”. “Algo estamos haciendo mal cuando a nadie le interesa fabricar un medicamento que sigue siendo necesario. Esto crea las condiciones para que algunas empresas lleven a cabo este tipo de prácticas”, concluye.




La empresa farmacéutica Aspen Pharmacare mantuvo a partir de 2013 una intensa pugna con el Ministerio de Sanidad español. La empresa empezó pidiendo un aumento de los precios cercano al 4.000% y acabó retirándolos del mercado español, en abril de 2014, al no ver atendidas sus pretensiones. El motivo alegado por Aspen era que no podía seguir vendiendo en España porque a los precios fijados por Sanidad le resultaba insostenible.

Sin embargo, una investigación del diario británico The Times, que tuvo acceso a correos internos de la compañía, desveló hace un año su agresiva estrategia. Un mensaje, fechado en octubre de 2014, evidencia que, pese a lo afirmado por la empresa, Aspen Pharmacare seguía teniendo importantes stocks de fármacos en España que no sacaba a la venta. Un empleado preguntó qué hacer con ellos y la respuesta de un alto ejecutivo fue que “la única alternativa es destruirlos o donarlos”.

Los mensajes revelan que, a partir de 2012, Aspen se fijó como objetivo grandes incrementos de precios que los gobiernos pagaban por sus fármacos. En los meses siguientes, Alemania, España, Italia, Bélgica y Grecia, entre otros países, sufrieron problemas de abastecimiento."               (Oriol Güell, El País, 07/12/18)

9.10.18

Dimite Ángel Viñas como concejal del PP tras chantajear a la alcaldesa de Torrelodones

"El concejal del PP de Torrelodones Ángel Viñas, que fue grabado esta semana chantajeando a la alcaldesa del municipio, Elena Biurrun, ha presentado este viernes su dimisión.

El PP de Madrid abrió ayer jueves un expediente informativo al edil popular tras salir a la luz en unas grabaciones difundidas por la Cadena Ser un intento de chantaje a la alcaldesa para que su partido no se presente a las elecciones municipales a cambio de "parar" una denuncia por un presunto desvío de dinero en las obras del túnel de la carretera de La Coruña.

 La alcaldesa, por su parte, señaló ayer que estaba estudiando acciones legales contra el ya exedil del PP. "En el común de los lenguajes es un chantaje en toda regla. No es nada que me sorprenda. No es nada nuevo. Ya son casi 12 años de los que he tenido todo tipo de artimañas. Esta es otra de tantas. Es así de triste, pero no me sorprende nada", indicó. (...)"              (Público, 29/09/18)

19.7.18

El pulso al Estado de un comisario en apuros. El policía Villarejo maniobra desde prisión para lograr su libertad con las grabaciones que durante 25 años registró en secreto a políticos, jueces y empresarios. “Villarejo quiere convertir la Operación Tándem en el caso Corinna”

"Los investigadores de la Operación Tándem, que el pasado noviembre envió a prisión preventiva al comisario por cobrar por "servicios de inteligencia", se desayunaron esta semana con la bomba. Los agentes desconocen si la grabación a Corinna es un “proyecto personal” de Villarejo.

 O el encargo de alguno de los adinerados clientes que durante décadas tocaron a su despacho de la novena planta de la Torre Picasso de Madrid para contratar sus servicios de “gestión de crisis en el ámbito judicial y policial”. Un eufemismo para describir un chiringuito especializado en la búsqueda de trapos sucios a golpe de talonario, según fuentes policiales.

Si Villarejo grabó por voluntad propia a Corinna fue para acopiarse de munición para forzar su libertad. El policía estaría aplicando la misma hoja de ruta que ofrecía a sus clientes. Pero ahora para salvarse él, según fuentes próximas al caso. 

“Villarejo quiere convertir la Operación Tándem en el caso Corinna”, apuntan fuentes próximas al caso en referencia a una supuesta treta para “intimidar al Estado y las instituciones”.

Los agentes conocen la larga sombra del investigado. Un hombre que ha hecho del fisgoneo a empresarios, jueces, periodistas, políticos de PP y PSOE, altos funcionarios y agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) un suculento negocio. Por sus “proyectos” de “gestión de crisis” llegó a pedir hasta 30 millones a ocho clientes entre 2013 y 2017, según fuentes judiciales. Y su entramado ingresó 20,4 millones solo entre 1992 y 2010. El desafiante policía siempre defendió que el Ministerio del Interior conocía sus negocios y autorizó su compatibilidad.



José Manuel Villarejo Pérez es un hombre con dos caras. Una pública, la del comisario comprometido con los asuntos calientes del Estado. Y otra privada y vidriosa, que se extienda como una hidra por una compleja madeja de negocios. La historia de este agente desconfiado comienza a escribirse en los Ochenta. El policía trabajaba entonces para la agencia de detectives Kroll International, conducía un Porsche y tenía una oficina a las afueras de Madrid. 

En 1993 Villarejo se reenganchó al Cuerpo Nacional de Policía. Y despuntó entonces como un funcionario que no se arrugaba con los expedientes más putrefactos ni al descender a asuntos sensibles como la lucha antiterrorista. Un trabajo que prestó para los Gobiernos de PP y PSOE.

Durante el último Ejecutivo de Mariano Rajoy, el policía ejecutó encargos inconfesables sobre la deriva independentista en Cataluña y su nombre se conectó con la denominada “policía patriótica”.

La nómina de personalidades en apuros que recurrieron a sus servicios es amplia. E incluye a ejecutivos del IBEX 35, empresarios como Javier López Madrid y Adrián de la Joya, el bufete Herrero & Asociados y un presunto blanqueador conectado con el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue.

Todos ellos se beneficiaron de una de las señas de identidad del policía: la confidencialidad. Villarejo no firmaba contratos. Suscribía una hoja de servicios. E imponía una “comisión de éxito”. El premio por conseguir sus objetivos alcanzaba el 100 % de la cifra pactada en los casos más complejos.

 Por uno de sus vidriosos “proyectos”, que es como denominaba cada trabajo, llegó a pedir seis millones de euros. Las 174 llamadas que cruzó en 60 días en 2014 con su cliente Adrián de la Joya para resolverle los problemas con una finca demuestran la implicación del comisario con sus negocios. 

Unos manejos denunciados por el CNI, el servicio secreto con el que el policía estaba enfrentado a cara de perro.
La investigación acredita que el primer contacto entre Villarejo y el cliente –que quedaba registrado con el micro espía- servía para desplegar la cartera de servicios ilegales. Los trabajos incluían desde presuntas campañas de intoxicación y desinformación hasta el acopio de datos fiscales, cuentas bancarias, tráfico de llamadas, sumarios bajo secreto…

Villarejo disponía de una telaraña de colaboradores. Tenía a su cargo a una decena de comisarios jubilados. También a funcionarios de la Agencia Tributaria y empleados de bancos y compañías de telecomunicaciones. “Era muy generoso, pagaba muy bien a los suyos con dinero y regalos”, explica una fuente judicial.

 Los archivos secretos de este hombre que se definía a sí mismo como “agente encubierto” son una metáfora de los agujeros del stablishment. Incluyen “imágenes escatológicas” y salpican a decenas personalidades de los últimos 25 años, según fuentes judiciales, que advierten: “La Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción aguantarán las presiones”.

Y es que el comisario siempre intentó desplegar sus redes sobre la judicatura. Durante años organizó con el empresario Adrián de la Joya comidas mensuales “muy divertidas” en Madrid donde las fotos estaban prohibidas. A los encuentros asistían supuestamente magistrados de la Audiencia Nacional y dirigentes de PSOE y PP, según un informe policial. 

Además, su instituto de práctica jurídica Schola Iuris pagó a algunos jueces y fiscales por impartir clases. Y la Asociación Transparencia y Justicia, donde figuró como secretario el hombre de confianza del comisario, el abogado Rafael Redondo, actuó como caballo de Troya para introducirse como acusación popular en sumarios calientes como el caso del pequeño Nicolás.

El microemperio de Villarejo engordó con los años. Y se extendió a empresas de investigación, despachos, webs y agencias de “gestión de crisis”, su especialidad. Una de las piezas de su entramado, la sociedad Servicios de Investigación y Detección, presumía de “estar dirigida y coordinada por miembros de la Seguridad del Estado” y ofrecía un laboratorio de audio, según un informe policial.

Un equipo de ocho agentes de asuntos internos trabaja a destajo para desencriptar varios terabytes incautados a la red del comisario. Los funcionarios barajan la hipótesis de que el policía guardó copias de su dinamita informativa en la nube. Y también que confió el material a sus colaboradores que supuestamente filtraron la grabación de Corinna. Un hecho que el abogado del policía niega en un comunicado.

Los agentes escuchan con sus cascos decenas de horas de material inflamable. Y emiten informes a la Fiscalía Anticorrupción y al juez de instructor de la Audiencia Nacional Diego de Egea cuando encuentran indicios delictivos. Los audios que afectan a la Seguridad del Estado -confidentes, pago de fondos reservados, operaciones judicializadas en los que no se aprecian irregularidades- quedarán protegidos por la Ley de Secretos Oficiales, según fuentes próximas a la causa."              (  , , El País, 16/07/18)

26.6.18

Las cloacas de Interior. El BBVA contrató a la empresa de Villarejo en 2014 para hacer frente al chantaje de Ausbanc

"Sin empresas con necesidades de gestión de crisis, el Club Exclusivo de Negocios y Transacciones (CENYT) del comisario ahora jubilado y en prisión, José Manuel Villarejo, no tendría quién le contratara. Sin empresas con información comprometida, el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, no podría haber chantajeado al BBVA, según consta en el sumario de la Operación Nelson por la que fue enviado a la cárcel de Estremera junto con el presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad. 

Las relaciones entre el BBVA, Ausbanc y Manos Limpias eran de guerra abierta. En la junta de accionistas de 2013, la abogada al servicio del sindicato ultra, Virginia López Negrete, había tomado la palabra porque, según contó ella misma en un escrito:

"Puesto que soy accionista del BBVA, desde hace más de 20 años, y con títulos propios suficientes como para poder acudir a la Junta General de Accionistas, el Secretario General del Sindicato Manos Limpias me pidió que asistiera a la misma con el objeto de solicitar al BBVA que aclarara en concepto de qué se abonó dicha cuantía [cerca de medio millón de euros] al Instituto Nóos". Y en la junta de 2014 se iba a producir un espectáculo similar.

La Dirección de Seguridad de la entidad bancaria, que ostentaba el excomisario Julio Corrochano, contrató de nuevo al comisario Villarejo para que mediara en ese acoso. Había dos motivos fundamentales para hacerle a él encargo y que él aceptase: Villarejo y sus empleados tenían estrechas relaciones con Manos Limpias y Ausbanc, y allí se movía información importante sobre la Casa Real a la que el comisario también pretendía extorsionar.

Sin duda, el comisario de las cloacas de Interior estimó que meterse en esa crisis, de la que él tenía información privilegiada por sus propias gestiones al margen de la Policía sobre el rey emérito Juan Carlos I, era un negocio prometedor. Así que no lo rechazó aunque supusiese un delito de cohecho, como se investiga actualmente en la Operación Tándem, en la que fue detenido el multimillonario policía en 2017. 

El ahijado de Manuel Cerdán, periodista 'espía' y amigo de Virginia López Negrete

La entrada en Ausbanc y Manos Limpias era sumamente fácil. El periodista "infiltrado" del comisario desde hace 30 años –Manuel Cerdán, en la actualidad empleado de Eduardo Inda– tiene un ahijado con el que comparte profesión y que tenía estrechas relaciones profesionales con la abogada encargada de atizar públicamente y en los tribunales al BBVA: Virginia López Negrete. 

"Fue este conocido periodista y tertuliano, ahijado de Cerdán, quien con cámara oculta entraba a las oficinas y ruedas de prensa que se organizaban en Ausbanc y mantenía un contacto fluido y directo con la letrada. Sus informaciones pensábamos que nos servían para presiones, pero en realidad estaba haciendo un doble juego muy bien pagado", aseguran a Público diversas fuentes de Ausbanc y de Manos Limpias. Cerdán y su ahijado siguen manteniendo relación con esos miembros de ambos sindicatos incluso después de la Operación Nelson, en la que fueron imputados. 

En diferentes sumarios y procedimientos aparece acreditada esta relación entre la abogada que ejecutaba la campaña contra el BBVA por orden de Luis Pineda y Miguel Bernad, según su propia declaración, y el ahijado de Manuel Cerdán, debido a que un cliente llegó incluso a denunciarla por suministrarle al periodista toda la información sobre la causa laboral que tenía con su empresa y que López Negrete debía proteger dentro de la confidencialidad entre abogado y cliente.

Público se ha puesto en contacto con portavoces oficiales del BBVA, quienes han precisado que el excomisario Julio Corrochano abandonó recientemente su puesto de jefe de Seguridad de la entidad bancaria, al jubilarse por razones de edad en este mismo trimestre. En cuanto a los contratos con la empresa CENYT del comisario Villarejo citados en esta información, uno de esos portavoces subrayó:

"El BBVA tiene relaciones contractuales con sociedades legalmente establecidas y con cláusulas muy específicas sobre la prestación del servicio dentro de la más estricta legalidad".

Pero, por supuesto, Villarejo no sólo trabajó –a través de su trama empresarial– para esa entidad bancaria mientras estaba en activo en la Policía, sino que lo hizo para muchas otras grandes empresas, como ha ido revelando Público en sucesivas exclusivas.

Y hay otras muchas pruebas de la existencia de esa policía paralela para multimillonarios y grandes empresas que sacaremos a la luz próximamente."          (Patricia López, Carlos Enrique Bayo, Público, 27/05/18)

13.12.17

Ausbanc recaudó 40 millones de euros con su extorsión a los bancos durante una década. El 30% de estos pagos procedían del Santander

"El negocio de Luis Pineda con la extorsión a los principales bancos del país le reportó ingresos de casi 40 millones de euros en una década. Esta es la conclusión a la que llegan los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y que está incorporada al sumario de la investigación en la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso eldiario.es.

 Los policías concluyen que Ausbanc Empresas recaudó de las entidades bancarias 37,03 millones de euros entre 2005 y 2014 y que Ausbanc Consumo obtuvo, por la misma vía, 1,93 millones.

El 13 de noviembre de 2015, el fiscal Daniel Campos dirigió un escrito al juez Santiago Pedraz por el que solicitaba la intervención del teléfono del presidente de Ausbanc y adjuntaba la cifra de la recaudación por extorsión. Para entonces, la UDEF había entregado varios informes sobre "las exigencias de pago de publicidad a las entidades financieras, bajo amenaza de iniciar una campaña de desprestigio contra ellas", a través de sus propias publicaciones o con querellas en los juzgados.


Los bancos pagaron casi 4 millones anuales a Ausbanc entre 2005 y 2014


El fiscal Campos alude al comienzo del caso con una denuncia anónima recibida el mes de febrero anterior y las investigaciones posteriores que motivó, entre ellas los testimonios de responsables del BBVA, Credit Services, Caja Madrid y Novagalicia Banco, entidades que en algún momento dejaron de ceder al chantaje de Pineda.

Fuentes de la investigación aseguran que el primero en romper el silencio fue el BBVA y que, a partir de ahí, Fiscalía y Policía buscaron testimonios en otras entidades. En el caso de Caja Madrid buscaron a directivos de la época de Miguel Blesa, aunque evitando a éste por los casos judiciales en los que se encuentra imputado.

En el otro lado, las entidades que más favorecieron la caja del presidente de Ausbanc. Según aparece en el citado sumario, de esos casi 38.972.496 millones de euros de ingresos en una década, 11.566.493 procedieron del Banco de Santander, un 29,7%.

El 30% de los pagos de los bancos procedían del Santander


Con la investigación ya en su fase final, la Policía hace una referencia a este banco en un informe de febrero de 2016. Los teléfonos de los investigados ya han sido intervenidos con autorización judicial. Entre ellos, el del adjunto a la Presidencia de Ausbanc, Ángel Garay, y el delegado de la organización de usuarios de banca en Sevilla, Pepe Marín.

 Ambos están “muy enfadados” porque ha salido en prensa la información de que su propia organización ha ganado un caso a Caja Rural del Sur, a pesar de que ésta colabora con Ausbanc.

Es el 19 de enero pasado y Garay le dice a su interlocutor que va a llamar a Madrid para decir: "No me jodáis con Caja Rural del Sur. Esto es como el Banco del Santander". Según los investigadores de la UDEF, de esto "se desprende que la entidad Banco de Santander es, en cierto modo, intocable en Ausbanc, siendo además una de las entidades que tiene acuerdos de colaboración y patrocinio" con la organización dirigida por Pineda.

El presidente de Ausbanc fue alertado por un responsable de Unicaja, una de las entidades que colaboraba activamente con su organización, de una investigación de la UDEF y la Audiencia Nacional en su contra, aunque no logró concretarle en qué se centran las pesquisas. En otra conversación, ya en marzo, Garay y Marín hablan de ello en otro pinchazo telefónico. El adjunto a la Presidencia de Ausbanc se extraña de que la información no haya llegado por el Santander.

A esto, Marín contesta: "También comentó algo (Pineda), que él ahora con el Santander está la cosa un poco más floja, o no sé qué dio a entender". Y añade más adelante: "Ana Patricia Botín no le soporta”. Por su parte, Garay aporta: "Claro, porque antes Emilio Botín le cuidaba, y Ana Patricia Botín, vamos…".

Angel Garay: "Ana Patricia Botín no le quiere ni ver. Lo que pasa es que la ventaja es que, como hay, ha habido mucha, mucha, mucha relación, pues ella tampoco creo que corte así”
Pepe Marín: "De buenas a primeras…".

La estrategia de Pineda lograba pelotazos casi instantáneos. Unicaja, por ejemplo, pasó de contratar publicidad con Ausbanc por 126.082 euros en 2013, o los 171.518 de 2014, a 517.974 en 2015. Como asegura en sus autos el propio juez Pedraz, el incremento “puede estar vinculado” a que en mayo de 2014 se produjo la imputación del presidente de la entidad, Braulio Medel, en el caso de los ERE, donde Manos Limpias ejercía la acusación popular. 

Según consta en la causa, la maniobra para facilitar el archivo le costó a Unicaja un millón de euros en dos pagos a Ausbanc.

El juez Pedraz envió a Pineda el pasado 18 de abril a la cárcel acusado de estafa, extorsión, amenazas, administración desleal, fraude de las subvenciones y pertenencia a organización criminal."                  (Pedro Águeda / Raúl Sánchez  , eldiario.es, 25/05/16

17.11.17

Un testigo asegura que el vicepresidente de Castilla y León le obligó a ceder sus parques a un empresario

"El consejero de Economía de la Junta de Castilla y León (también vicepresidente), Tomás Villanueva, me obligó a ceder los parques eólicos que tenía proyectados en la zona de Montes Torozos (al sur de Valladolid) a un empresario que fabricaba piensos para truchas, Rafael González-Vallinas”. 

La declaración como testigo en la instrucción de la Trama Eólica del ya expresidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), José María Vélez González, apunta una vez más a la participación del Gobierno Regional en el caso o al menos de uno de sus consejeros, ya fallecido.



Vélez aseguró que tuvo que renunciar a un proyecto compuesto por varios parques que sumaban 150 megavatios y que equivalían a 15 millones, y que lo hizo “por cero euros” ya que temía que de no hacerlo, se malograse otro proyecto que tenía en Sahagún (León) y que finalmente llevó a término.

Vélez explicó que la petición se materializó en una reunión del Ente Regional de Energía (EREN) presidido por Villanueva y en el que él era consejero. “Me dijo que tenía que ceder los parques a un tercero, que había que transmitirlos a González Vallinas”, afirmó.

Este empresario relató también a la juez y al fiscal de Anticorrupción que unas declaraciones realizadas en 2015 a El País en el mismo sentido, le costaron una demanda de González Vallinas, y que fue condenado por vulnerar su honor. A pesar de todo, se reafirmó y aportará en los próximos días los documentos privados de cesión que firmó  en su favor. Recordó además que El País contactó primero con su socio, el extesorero del PP, Ángel Sanchis, y que éste fue quien le remitió al periodista puesto que había abandonado el negocio.

A preguntas de uno de los abogados, Vélez contestó que la empresa eólica de González Vallinas, Vapat, es la mayor productora de energía de Castilla y León, “posiblemente incluso por encima de Iberdrola”. González Vallinas es cuñado de un hombre que fue jefe de prensa de Villanueva cuando era consejero de Educación, y trabajó para él en distintas consejerías. En 2006 Villanueva creó la Fundación de la Lengua Española, a cuyo frente colocó a su amigo. El proyecto acabó con un agujero de 4 millones de euros y con la amistad que mantenían hasta entonces.

También declaró la jefa del Servicio Territorial de Industria que se incorporó en enero de 2012, María Araceli Conde Lázaro, que desveló como hace dos meses, mientras recopilaba documentación requerida por el fiscal, la jefa de Negociado encontró en un cajón el documento “semáforo”, una lista de parques con los colores rojo, amarillo y verde que clasificaba los parques en función de si se gestionaban rápido, despacio o se paralizaban. Aunque no sabía si ese documento se había conservado, acordó remitirlo si lo encontraba.

El jefe de Desarrollo de Red Eléctrica Española, Luis Imaz Monforte, el hombre que firmaba los permisos de conexión de los parques. Imaz precisó que todo su contacto con la Junta de Castilla y León se limitaba a reuniones cada seis meses con el director del EREN, Ricardo González Mantero, con quien acordaba los nudos de evacuación, si bien en una ocasión le presentó al secretario general de Economía imputado en el caso Rafael Delgado. También recordó que Red Eléctrica amplió los nudos en la estación de La Mudarra (donde se conectaban los parques de González Vallinas) porque hasta ese momento no había capacidad suficiente."               (eldiario.es, 08/11/17)

14.11.17

La Audiencia Nacional juzgará a Manos Limpias y Ausbanc por organización criminal

"El presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, la abogada Virginia López Negrete y otros responsables de Ausbanc, serán juzgados por los delitos de estafa, extorsión, amenazas, administración desleal, fraude en las subvenciones y pertenencia a organización criminal. 

El juez Santiago Pedraz ha acordado dirigir el procedimiento contra la directiva de las dos organizaciones en la Audiencia Nacional. En el auto, el juez da un plazo de En el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado el magistrado da un plazo de diez días a la Fiscalía y acusaciones personadas para que soliciten la apertura de juicio oral o en su caso pidan el sobreseimiento de la causa.

En su resolución, Pedraz estima que ha quedado acreditada la existencia de una organización criminal dirigida por Luis Pineda a través de la supuesta asociación sin ánimo de lucro Ausbanc, cuya finalidad última era “la obtención de un beneficio económico ilícito de sus miembros”, bajo la cobertura de una “defensa de los consumidores”. El juez describe conductas de presión a entidades contra las cuales, por la naturaleza de la asociación, debería luchar para lograr una protección efectiva de los consumidores.

Según ha destapado la investigación del juzgado, el dinero que recaudaba Ausbanc se obtenía, en gran medida, de entidades financieras con las que se firmaban acuerdos publicitarios. Un dinero que no redundaba en el beneficio de la asociación sino que gran parte del mismo, explica Pedraz en su escrito, “se distraía entre las sociedades creadas al efecto por los dirigentes de Ausbanc, con la finalidad última de beneficiarse personalmente”.

El juez también ha detallado que la organización realizó coacciones a algunas entidades financieras enmascarados en esos acuerdos publicitarios y que llegó a utilizar el sindicato Manos Limipas como instrumento para ejercer y reforzar dichas coacciones. 

Según Pedraz, Ausbanc financiaba al sindicato para ejercer la acusación popular en distintos procedimientos judiciales, valiéndose para actuar de tal manera “de los recursos propios del sindicato, contando con el apoyo y beneplácito del Secretario General de Manos Limpias, Miguel Bernad, a quien Luis Pineda, en cierto modo, controlaba y manejaba”.

Ambos contaban, añade el juez, con el apoyo de la letrada Virginia López Negrete. Esa connivencia entre Ausbanc y Manos Limpias destaca en al menos ocho procesos judiciales que recoge en su escrito, como los llamados “caso Sevilla”, “caso Palma”, “caso Sabadell”, “caso Facua”, “caso Volkswagen” o “caso Banco Santander”, entre otros.

El caso en el que está implicada la Infanta Cristina de Borbón, el “caso Noos”, en el que Manos Limpias ejercía la acusación popular, el juez indica que Luis Pineda “utilizaría la estrategia de intentar negociar la retirada de la acusación contra la Infanta a cambio de un acuerdo que les beneficie económicamente, en concreto entre 2 y 3 millones de euros”.              (El Salto, 30/10/17)

18.9.17

Un concejal del PSOE en La Laguna: “Yo, a follar con empleadas que enchufo en el Ayuntamiento”

"Yo a follar / jejejejeje / con empleadas que pongo yo y enchufo en el ayuntamiento / y después a hacer campaña por frikis”. Estos cuatro mensajes consecutivos fueron publicados por error por el concejal socialista de La Laguna Zebenzuí González de León en un chat compuesto por militantes del Partido Socialista de la zona Nordeste de la isla de Tenerife. 

Ocurrió en la primera semana de agosto pasado y acto seguido el grupo fue cerrado a instancias de la primera teniente de alcalde de la ciudad, Mónica Martín, presidenta de la gestora local del PSOE.

Cuando el autor de esas frases descubrió que las había publicado en el grupo equivocado escribió a continuación "perdón, me he equivocado de grupo". La apostilla que sigue al comentario machista ("y después [a] hacer campaña por [las] frikis"), está dedicada a sus dos compañeras del PSOE en el grupo de gobierno, conocidas por ese sobrenombre.

 Este periódico no ha podido verificar en qué otro grupo de WhatsApp pretendía González publicar esos comentarios, ni por lo tanto el contexto en el que pretendía que encajaran.  (...)

El concejal es quinto teniente de alcalde y responsable de las áreas de Sanidad, Mercados y Cementerios y tiene a su cargo a varias mujeres contratadas por el grupo municipal socialista como cargos de confianza. En el chat ya clausurado se encontraban muchos militantes del PSOE de los barrios laguneros de Tejina, Valle Guerra, Bajamar y La Punta del Hidalgo.

Los mensajes de Zebenzuí González estuvieron ocultos algo menos de un mes hasta que una de las personas del grupo de WhatsApp que los había capturado con su teléfono móvil los hizo llegar a altos responsables del Partido Socialista en Canarias, que aún no han tomado una decisión al respecto.

El PSOE se encuentra estos días ultimando los preparativos de su congreso regional, que tendrá lugar este próximo fin de semana en la isla de Gran Canaria, y no parece que haya intención alguna de abordar antes de ese cónclave este espinoso asunto que corre de boca en boca entre la militancia de la isla de Tenerife.  (...)

Zebenzuí González es abogado de profesión pero en estos momentos se dedica en exclusiva a su trabajo como concejal del grupo de gobierno de La Laguna. Como profesional del Derecho ha tenido una trayectoria muy accidentada: en el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife consta una decena de expedientes por mala praxis profesional. Este periódico sólo ha podido confirmar que al menos uno de ellos culminó con una sanción disciplinaria de suspensión.

Desde este martes este periódico ha intentado conocer la versión de Zebenzuí González y de Mónica Martín, pero ninguno de ellos ha contestado a las llamadas, mensajes y recados de voz en sus respectivos teléfonos móviles, ni a la petición de información a través del gabinete de prensa del Ayuntamiento de La Laguna ni a correos electrónicos con un cuestionario a cada uno de ellos enviados a sus cuentas oficiales."                     (eldiario.es, 13/09/17)

18.7.17

Jaume Roures, en las cloacas

"El empresario Jaume Roures, factótum del grupo Mediapro, ha hecho un paréntesis en la gestión de los 70 cargos que ocupa en las sociedades de este conglomerado audiovisual para ponerse detrás la cámara y asumir la dirección del documental Las cloacas de Interior, presentado el pasado 28 de junio en el cine Aribau, junto a Jordi Évole. 

El eje argumental de este reportaje son los artículos que han publicado, en los últimos meses, los periodistas Patricia López y Carlos Enrique Bayo en el diario www.publico.es, editado por la sociedad Display Connectors SL, de la cual Jaume Roures es apoderado.

En la "guerra de comisarios" que se desató en la cúpula policial durante el mandato del ministro Jorge Fernández Díaz, el diario www. publico.es se ha posicionado junto al comisario Marcelino Martín Blas, mientras que su archienemigo, el comisario José Manuel Villarejo, cuenta con el apoyo de El Mundo y de OK Diario

 En vigilias de las elecciones generales del 26 de junio del año pasado, y con el objetivo obvio de intentar influir en su resultado, el diario www.publico.es difundió unos audios grabados en su despacho entre el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director de la Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso.

Estas grabaciones constituyen uno de los platos fuertes del documental Las cloacas de Interior, que cuenta, entre los testigos que hacen declaraciones, con la participación del comisario, actualmente jubilado, Marcelino Martín Blas, que ha sido señalado como el inductor de la filtración de estas conversas al diario www.publico.es.

El reportaje firmado por Jaume Roures se inserta en una estrategia mucho más amplia que busca la exculpación judicial del clan Pujol a partir de situarlos como víctimas de una operación de guerra sucia orquestada desde las cloacas del Estado español. 

Pero al avispado empresario multimedia -que fue trabajador de TV3, como su socio Tatxo Benet- se le escapa un detalle muy grande: el comisario Marcelino Martín Blas fue quién, con supuestas amenazas y chantajes a los hermanos Cierco, consiguió la prueba documental de las cuentas que tenía una parte de la familia Pujol en la Banca Privada de Andorra (BPA).

La difusión de esta prueba documental por el diario El Mundo, el 7 de julio del 2014, provocó que, pocos días después, Jordi Pujol confesara la existencia de un tesoro escondido en paraísos fiscales y enterrara, de este modo, su prestigio y el de toda su familia. Al estreno del documental Las cloacas de Interior asistieron, entre otros, Carme Forcadell, Artur Mas, Xavier Trias, Gabriel Rufián y Lluís Llach."                  (J. Reixach , El Triangle, 09-07-2017)

20.4.17

Pinchazos telefónicos revelan graves coacciones de Marhuenda y el presidente de La Razón a Cifuentes (llamándola 'zorra')

"(...)  Según fuentes cercanas al caso, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrieron durante las escuchas que Marhuenda y Casals reconocían a Rodríguez Sobrino que estaban presionando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para que no llevara ante la Justicia las presuntas irregularidades que encontró en el Canal de Isabel II cuando llegó al Gobierno autonómico en junio de 2015. (...)

Las mismas fuentes aseguran que, en varias conversaciones, Marhuenda se refiere a Cifuentes llamándola “zorra” y que también utiliza la misma palabra y el término “puta” para hablar de la directora de Comunicación de la dirigente, Marisa González. En otras conversaciones, Casals tranquiliza a Rodríguez Sobrino y, además de mostrarle su apoyo, le asegura que ha hablado con Marhuenda para recordarle que su continuidad como director de 'La Razón' depende de las presiones que sea capaz de ejercer sobre Cifuentes. (...)

En otra llamada de la veintena de grabaciones que maneja el juez, Marhuenda asegura a Rodríguez Sobrino que ha hablado directamente con la jefa del Gobierno madrileño para que no lo toque porque es otro “soldado” de 'La Razón'.

Según fuentes cercanas a la investigación, el instructor de la causa, el juez Eloy Velasco, dispone de más de una veintena de conversaciones que probarían las coacciones a la presidenta madrileña para tratar de obstruir el avance del procedimiento. Este miércoles, el juez citó a la propia Cifuentes y a Marisa González para que testificaran sobre el contenido de las llamadas. Y este jueves están citados a las 12:00 en calidad de imputados Marhuenda y Casals. (...)

Por su parte, el director de 'La Razón' enviaba anoche un comunicado a David del Cura, director de 'La brújula' de Onda Cero, emisora del Grupo AtresMedia en donde el propio Marhuenda es colaborador, y aclaraba que "no hará declaraciones hasta que comparezca ante el juez, donde demostrará que en ningún momento se ha orquestado una campaña de intimidación y acoso contra Cristina Cifuentes o su entorno.

 Aportará documentación [en la cita ante el juez Eloy Velasco] en la que se demuestra que las informaciones de 'La Razón' han sido siempre veraces y ajustadas a los hechos. La relación de Francisco Marhuenda con Cifuentes siempre ha sido cordial y respetuosa, ya que se conocen desde hace varios años".             (El Confidencial, 20/04/17)

"La operación Lezo que investiga una trama de corrupción en el Canal de Isabel II durante la etapa del expresidente de la Comunidad Ignacio González se ha cobrado víctimas colaterales más allá de los 12 arrestados, incluido el propio González, su hermano Pablo y su mano derecha en la empresa pública, Edmundo Rodríguez, que este miércoles pasan la noche en la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos.

Todos, incluido el que fuera todopoderoso presidente de Madrid, están acusados de integrar una "organización criminal" y de los delitos de prevaricacion, organizacion criminal, malversacion, cohecho, blanqueo, fraude, falsificacion documental y corrupcion en los negocios.

Pero además de esas graves acusaciones, el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha imputado en la misma causa al director de La Razón, Francisco Marhuenda, y al presidente de su diario, Mauricio Casals, a los que investiga por coacciones sobre Cristina Cifuentes y parte de su gabinete. 

Fuentes de la investigación apuntan a que ambos directivos del periódico conservador trataron de extorsionar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, al portavoz de su Gobierno, Ángel Garrido, y a su jefa de gabinete, Marisa González, para evitar que prosperase su denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción sobre presuntas prácticas fraudulentas en el Canal de Isabel II durante el mandato de González.

Según consta en el sumario, Edmundo Rodríguez, a quien jueces y fiscales sitúan en el epicentro de la trama, mantuvo frecuentes charlas telefónicas con sus compañeros de consejo en La Razón en las que mostraba su preocupación por las informaciones que empezaban a asomar en los medios sobre su implicación en onerosas operaciones del Canal. 

El objetivo de Marhuenda y el presidente de su periódico era eximir de responsabilidades a Edmundo Rodríguez, el hombre del Canal en Latinoamérica, y protagonista de una ruinosa compra de una empresa brasileña a través de una maraña de sociedades en Panamá y cuyo dinero acabó en Suiza. 

Durante esas charlas tanto Casals como Marhuenda se jactaban de publicar ataques a Cifuentes y su equipo para tratar de que la Comunidad dejase de colaborar en las pesquisas de Anticorrupción. Ambos directivos de La Razón intercambian confidencias con el ahora detenido, Edmundo Rodríguez, en las que todos profieren gravísimos insultos tanto contra la presidenta de Madrid como contra su equipo. 

En esos diálogos los responsables del periódico admiten que están publicando ataques a Cifuentes y su Gobierno para condicionar a la Comunidad y que esta deje de aportar documentación del Canal de Isabel II a Anticorrupción.

Algunas de esas grabaciones se reprodujeron ayer ante los cargos políticos interrogados en calidad de testigos por Velasco: la propia Cifuentes, el portavoz de su Gobierno, Ángel Garrido, y su jefa de gabinete Marisa González.

En el sumario que continúa secreto, abundan los indicios sobre continuas presiones de Marhuenda y Casals a la cúpula de la Comunidad de Madrid y que, según las fuentes consultadas, incluyeron amenazas sobre nuevas campañas de desprestigio si el Gobierno de Cifuentes no relajaba su presión sobre la gestión de sus predecesores en la principal empresa pública de la Comunidad.

Tras escuchar las declaraciones de los altos cargos del Gobierno regional, Velasco y los fiscales interrogarán este jueves a Marhuenda y Casals para que respondan por esas conversaciones incorporadas en el sumario. Ninguno de los dos directivos del diario han querido realizar manifestaciones, a la espera de su comparecencia en la Audiencia Nacional."            (eldiario.es, 19/04/17)

22.2.17

‘Dieselgate’ y el lobby del coche Los grupos de presión ponen toda la carne en el asador para impedir que los gobiernos acorralen al diésel. El escándalo de la manipulación de los tests de emisión ha confirmado la situación

"Los grandes ejecutivos, a veces, tienen aficiones bastante extravagantes. A Martin Winterkorn, expresidente de Volkswagen (VW), le gustan los koi, unos peces muy sensibles a los cambios de temperatura. 

Entre otras prebendas, la automovilística alemana pagaba a su jefe 60.000 euros anuales para regular el calor de un estanque en el jardín de su casa, en el norte del país, en el que vivían varias de estas exóticas carpas, informó la revista Der Spiegel

Hoy Winterkorn se enfrenta a la Justicia en el llamado caso Dieselgate, la manipulación de las emisiones de los coches de VW, una práctica que le costará miles de millones de euros a la empresa y que a él le costó el cargo. Aunque el ejecutivo niega haber sabido de la trampa, su afición por los koi muestra, al menos, una escasa sensibilidad por el medio ambiente.

El escándalo de la manipulación de los tests de emisión de los coches diésel ha confirmado las sospechas de que buena parte de la industria automovilística no contribuye demasiado a lograr el objetivo de reducir los altos niveles de contaminación. 

Las investigaciones del Dieselgate, además, han puesto en evidencia al enorme poder del lobby de la industria en los países productores y en las instituciones comunitarias en Bruselas. Significativamente, fueron las autoridades de EEUU, y no las europeas, las que en septiembre de 2015 destaparon que Volkswagen había instalado un programa en sus coches diésel para manipular el valor de las emisiones en los controles de laboratorio. La contaminación real, en carretera, superaba varias veces los niveles medidos en las inspecciones.

Winterkorn dimitió, otro directivo de VW fue detenido en EEUU y la compañía alemana aceptó pagar una multa de más de 4.000 millones de euros. Sin embargo, no es la única oveja negra. También se están investigando posibles manipulaciones de Renault, Fiat Chrysler y Audi.

En Europa, la mayor parte de la flota automovilística es diésel. Son modelos muy populares y económicos por su bajo consumo de gasoleo. Además, emiten menos dióxido de carbono (CO2) que los de gasolina, lo cual es menos dañino para el cambio climático. Sin embargo, los diésel crean altos niveles de dióxido de nitrógeno (NO2), un gas que provoca graves problemas para la salud. 

La Comisión Europea y los gobiernos son conscientes de este asunto desde hace años, pero el lobby industrial consiguió frenar los intentos de aprobar límites de emisiones cada vez más estrictos. “La industria automovilística lleva décadas debilitando cualquier normativa o intento de regular mejor las emisiones de los coches”, afirma la eurodiputada socialista Miriam Dalli.

La afirmación no es un eufemismo. Las empresas, con la Asociación Europea de Fabricantes de Automóvil (ACEA, en sus siglas en francés) a la cabeza, lograron ya en 1996 que la estrategia europea para reducir en un 35% las emisiones de dióxido de carbono de los nuevos vehículos para 2010 fuera voluntaria.

 “La industria del automóvil está ejerciendo una presión considerable sobre la Comisión y los Estados miembros para posponer una solución del problema”, reza un informe interno de la Dirección General de Medio Ambiente de Bruselas de 2012, citada por Der Spiegel.

Merkel con Schwarzenegger

El sector del automóvil gastó en 2014 más de 18 millones de euros en actividades de lobby en Bruselas, según datos del Registro de Transparencia de la Unión Europea recogidos por la organización Corporate Europe Obsevatory. 

Dos nombres sobresalen por encima del resto: la citada ACEA y la Asociación de la Industria Automotriz Alemana (VDA, en sus siglas en alemán). La mitad de todos los lobistas de la industria que se mueven por los pasillos de las instituciones comunitarias provienen de ACEA y sus miembros.

En Bruselas se estaba preparando una nueva regulación cuando estalló el escándalo de Volkswagen en 2015. La Comisión proponía obligar a realizar tests de emisiones en condiciones reales, es decir probando los coches en carretera en vez de en laboratorios.

 A cambio, ofrecía elevar los niveles de emisión un 20% para que la industria pudiera adaptarse a la nueva situación. Ello no fue suficiente para los fabricantes, que pusieron en marcha la maquinaria de presión sobre los políticos, especialmente en Berlín y Bruselas.

Alemania es el principal fabricante de automóviles de Europa. Los modelos de VW, Audi, Daimler o BMW se venden en todo el mundo y la canciller Angela Merkel es la principal defensora de las empresas germanas, como muestra un encuentro hace unos años con Arnold Schwarzenegger.

 El entonces gobernador de California acudió al Hotel Four Seasons de Beverly Hills acompañado por Mary Nichols, jefa de la Junta de Recursos del Aire de este Estado para hablar del cambio climático. Merkel fue al grano.

 “California, con sus estrictos límites de óxido de nitrógeno, perjudica a los fabricantes de automóviles alemanes”, dijo a Schwarzenegger, según contó más tarde Nichols al semanal económico WirtschaftsWoche.

“Me sorprendió descubrir que la canciller estuviera al tanto de los problemas de los fabricantes alemanes con las emisiones”, comentó Nichols. “Nunca antes ni después he visto semejante intervencionismo de un político contra nuestras leyes medioambientales”, añadió.

Para evitar que Merkel pudiera ceder ante la presión social por el Dieselgate y que aceptara normas mucho más estrictas a nivel europeo, la industria empleó todas sus armas de influencia en la cancillería tras el estallido del Dieselgate. Unos correos electrónicos filtrados en 2015 a las televisiones públicas WDR y NDR y al diario Süddeutsche Zeitung mostraron el alcance de la presión. 

El fabricante estadounidense Ford, que tiene plantas en Alemania, advirtió contra la pérdida de miles de puestos de trabajo. Horst Seehofer, el presidente de Baviera –sede de BMW y Audi–, comunicó a Berlín que el sector no estaba “en condiciones” de adaptarse a las normas que se estaban preparando en Bruselas. 

Y el lobista jefe de Daimler, Eckart von Klaeden, dijo al gobierno que el liderazgo alemán en la tecnología diésel corría un gran peligro. Anteriormente, Von Klaeden había sido un alto cargo en la cancillería de Merkel, hasta que en 2013 se marchó a Daimler, lo cual causó una gran polémica en el país. Y es que las puertas giratorias no son ni mucho menos un fenómeno español.

España toma la delantera

A partir de ese momento, en Bruselas se libró una batalla entre los principales países fabricantes de coches –Alemania, Francia, España e Italia– y aquellos otros que exigían normas mucho más estrictas para proteger la salud de su ciudadanía. 

El gobierno alemán, marcado por el escándalo de VW, adoptó un perfil más discreto y dejó que otros, especialmente el ejecutivo español, tomaran la iniciativa al pedir una flexibilización mayor de los límites de emisión, según informó el diario El País

El pasado diciembre, el Comité Técnico de Vehículos de Motor, un organismo de la Comisión, dio luz verde a los nuevos tests de emisiones. El objetivo es que se realicen en condiciones reales, pero permiten a los coches superar los niveles de contaminación en un 50%. Ahora le toca al Parlamento Europeo y a los gobiernos de los países miembros aprobar o modificar este compromiso.

Mientras los avances a nivel comunitario van lentos, varias administraciones han tomado la iniciativa para acabar con los coches contaminantes en un futuro próximo. Noruega, paradójicamente un gran productor de petróleo, prohibirá la venta de vehículos tanto de gasóleo como de gasolina a partir de 2025. 

En diciembre pasado, los ayuntamientos de París, México y Atenas decidieron prohibir la circulación de coches diésel en sus ciudades también en 2025, un acuerdo del que se descolgó Madrid. Esta decisión fue contestada inmediadamente por los grupos de presión. 

“Va contra las preferencias populares del consumidor, pudiendo además empeorar la calidad del aire y probablemente alejando más los objetivos relacionados con el cambio climático”, escribió Allen Schaeffer, director ejecutivo del Diesel Technology Forum, un lobby de EEUU que defiende que el gasóleo es una fuente de energía limpia si se aplica la tecnología adecuada. Schaeffer también mandó una carta al nuevo presidente, Donald Trump, que quiere relajar las regulaciones medioambientales y recuperar puestos de trabajo en la industria del automóvil, recordándole la importancia de la industria del diésel para el empleo.

Los puestos de trabajo son el principal instrumento de presión, como sabe la alcaldesa de París. “El lobby de esta industria es potente”, dijo Anne Hidalgo en una entrevista a varios medios europeos: “Lo sé porque han venido aquí a este despacho a explicarme que luchando contra el diésel seré responsable de la destrucción de empleo en el sector del automóvil”.

 La alcaldesa de origen español cree que si más ciudades como París, Atenas o Copenhague se unieran para prohibir estos vehículos se crearía un mercado con una demanda suficiente para que el sector acelerase el desarrollo de otras tecnologías como los coches eléctricos.En España, segundo fabricante de coches de Europa, la industria, al parecer, ejerce su influencia de forma más sutil.

 “No hay tanta presión directa”, afirma Giuseppe Grezzi, concejal de Movilidad Sostenible de Valencia, donde se intenta limitar el tráfico en el centro urbano, “pero ahí está la publicidad en los medios de comunicación que nos atacan permanentemente diciendo que hemos declarado la guerra al coche privado”.

El Estado ayuda a la industria a través del Plan PIVE de subvenciones a la renovación de vehículos y con una fiscalidad relativamente baja. Los impuestos sobre la gasolina y el gasóleo son inferiores a la media europea y varios organismos han criticado que España no avance más en materia de tributos verdes. 

El argumento es que el precio final del combustible aquí es elevado por el alto coste de importar y refinar petróleo. Aun así, en noviembre todo el mundo esperaba que el gobierno del PP acordara con el PSOE una subida del impuesto de gasolina para cumplir los objetivos de reducción del déficit público. Pero al final, ambas formaciones desistieron y se limitaron a aumentar las tasas sobre el tabaco, alcohol y las bebidas azucaradas, entre otras cosas.

Mientras el lobby echa toda la carne en el asador para salvar al diésel, algunos parecen tirar la toalla. Renault prevé que dejará de desarrollar este tipo de motores, informó la agencia Reuters, porque la tecnología para lograr emisiones más bajas y menos nocivas es demasiado cara para poder vender coches a precios competitivos."                   (La Marea, 21/02/17)