"Las notas policiales que recibía Fernández Díaz en su despacho para montar campañas contra el independentismo.
La investigación conjunta de elDiario.es y La Vanguardia revela
este lunes las primeras cuatro notas policiales que distintas unidades
remitían al despacho de Jorge Fernández Díaz. Según fuentes involucradas
en el caso, algunas de ellas se reenviaron en sobre cerrado, sin
remitente ni destinatario al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a
través de los escoltas.
La primera de las notas, con fecha de 18 de octubre de 2012, la
remitió el comisario Villarejo y atribuyó falsamente al entonces
presidente de la Generalitat Artur Mas una cuenta en un paraíso fiscal.
Acabó publicada en el diario El Mundo en vísperas de la campaña
electoral y su contenido se reveló falso.
Nota informativa nº 18 de 18 de Octubre de 2012
La segunda nota relevante atribuía cuentas en Andorra a la familia
Pujol. No tiene firma pero la unidad policial que la envío a Jorge
Fernández Díaz admite que un banco de Andorra entregó los datos bajo la
amenaza de retirada de la licencia para operar en España. Se publicó en
la portada de El Mundo y motivó la confesión del expresident de la
Generalitat.
Pujol Dinero Offshore
Un tercer atestado apócrifo señaló que los Pujol estaban en la lista
Falciani que recopilaba 130.000 cuentas corrientes de presuntos
defraudadores fiscales. La información se publicó en diferentes medios
de comunicación pero no era cierta.
Falciani Secreto
Esa mafia policial remitió también a Fernández Díaz un pseudoinforme en
el que un supuesto empresario atribuía mordidas a Artur Mas en el caso
Palau. Fue difundido por diferentes medios de comunicación. La
información nunca se probó.
Denuncia anónima de un supuesto empresario" (José Precedo, eldiario.es, 15/01/24)
"El Gobierno de Rajoy investigó al margen de la ley a partidos independentistas durante al menos cinco años.
No fue solo Villarejo. El Gobierno de Mariano Rajoy investigó al
margen de la ley y orquestó campañas contra los partidos
independentistas durante al menos cinco años, entre 2012 y 2016, a
través de diferentes cuerpos policiales, sirviéndose de los dosieres con
acusaciones falsas que elaboraba un grupo de mandos policiales
corruptos, pero también con información confidencial que suministraban
otros ministerios, entre ellos el de Hacienda. Todo ese material acababa
en las portadas de determinados periódicos madrileños como paso previo a
que algunos fiscales o incluso denunciantes anónimos lo presentasen en
los juzgados para alimentar seriales mediáticos contra los adversarios
del PP.
La guerra sucia se inauguró pocos meses después de instalarse
Mariano Rajoy en la Moncloa y se dirigió contra políticos y partidos
nacionalistas catalanes tras la primera Diada multitudinaria, en 2012,
cinco años antes del referéndum convocado por Carles Puigdemont.
Todas aquellas prácticas han dejado huellas en el Ministerio del
Interior y algunos testigos. Una investigación conjunta de elDiario.es y
La Vanguardia revela a partir de documentos que llegaron al despacho de Jorge Fernández Díaz
y testimonios inéditos la forma de actuar de un Gobierno que dilapidó
recursos públicos para hacer frente a los adversarios del PP: medios
humanos, materiales e incluso dinero de los fondos reservados para pagar
a confidentes por informaciones muchas veces contaminadas o
directamente falsas con las que intentar destruir a sus rivales, a
través de campañas que se intensificaban a las puertas de los procesos
electorales. Todo con el objetivo de manipular a la opinión pública.
En esta primera entrega, elDiario.es y La Vanguardia revelan
documentos que elaboraron diferentes unidades policiales y que llegaron a
la cúpula del Ministerio del Interior, cuando lo dirigía Jorge
Fernández Díaz, pese a que este negó airadamente en el Congreso haber
tenido acceso a esa documentación. Según fuentes involucradas en el
caso, algunas de esas notas informativas que elaboraron diferentes
unidades policiales habrían acabado en el despacho de Mariano Rajoy.
Esas mismas fuentes explicaron que el procedimiento para entregar
documentación delicada al presidente del Gobierno de entonces pasaba por
enviar un sobre blanco cerrado, sin asunto ni remitente ni destinatario
que llegaba a Moncloa a través de los escoltas.
Esta investigación pone a disposición de los lectores los documentos íntegros con la información en bruto que llegaba al despacho del ministro del Interior y que después acababa publicada en distintos medios de comunicación.
Esas “notas informativas” arrancaron en 2012 y se alargaron
durante varios años a través de distintos equipos policiales que
remitían de forma periódica al ministro Jorge Fernández Díaz con los
avances de sus investigaciones prospectivas, realizadas al margen de la
ley, sin que existiese un control judicial y sin que figurasen en los
planes de trabajo de las diferentes unidades operativas de la Policía.
A pesar de que varios testigos, entre ellos dos ministros
relevantes de su gabinete, el propio Fernández Díaz y María Dolores de
Cospedal admitieron en conversaciones privadas (sin saber que estaban
siendo grabados) que Mariano Rajoy estaba al tanto de estas prácticas,
el expresidente nunca fue llamado a declarar en ninguna de las
investigaciones abiertas en los tribunales españoles sobre la policía
política. Tampoco por las gestiones que realizó su entonces jefe de gabinete,
Jorge Moragas, para poner en contacto a su amiga Victoria Álvarez,
antigua amante de un hijo de Pujol, y que acabó siendo clave para la
elaboración de dosieres contra la familia del expresident tras cobrar
decenas de miles de euros de los fondos reservados. Esas informaciones, a
veces ciertas con datos confidenciales que se lograban al margen del
control de los jueces, y a veces directamente falsas, acabaron
publicadas en las portadas de varios medios de comunicación.
Los únicos cargos políticos camino del banquillo (y solo en el
caso de la destrucción de pruebas sobre la corrupción del PP) son su
ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y quien fue primero su jefe
de gabinete y a partir de 2013 secretario de Estado de Seguridad,
Francisco Martínez. Para cada uno de ellos la Fiscalía Anticorrupción
pide 15 años de cárcel en la Operación Kitchen, que indaga
sobre las maniobras de aquel gobierno para tratar de borrar las pruebas
de la financiación irregular del PP y de los pagos de empresarios al
partido a cambio de adjudicaciones en el Gobierno de Aznar. Ambos han
remitido escritos a la Audiencia Nacional para que se juzgue también al
PP, principal beneficiario de las maniobras para ocultar su corrupción.
Por la publicación de noticias falsas sobre supuestas cuentas en
paraísos fiscales, hipotéticos fraudes a Hacienda o mordidas
millonarias que algunas unidades policiales atribuyeron en informes
trampa a dirigentes como Artur Mas, al exalcalde de Barcelona Xavier
Trias y a otros políticos nacionalistas, nadie ha sido imputado. Ni
siquiera ha habido dimisiones relacionadas con estos escándalos pese a
las evidencias que apuntan a que de esas prácticas tenía conocimiento,
cuando no las auspiciaba directamente, el ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, amigo íntimo del entonces presidente, Mariano Rajoy.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, pese a
situarse en el epicentro de muchas de esas maniobras con sus continuos
encargos a Villarejo contra el independentismo y para hacer desaparecer
pruebas contra el PP también ha salido ilesa. Manuel
García Castellón, un controvertido magistrado de la Audiencia Nacional
que debe a gobiernos del PP sus años de juez de enlace en París y Roma,
dos de las plazas más codiciadas y con mejores sueldos en la
judicatura, decidió exonerarla de cualquier responsabilidad, pese a las
grabaciones que ha escuchado todo el país en las que Cospedal pedía al
comisario hacer desaparecer “la libretita” de Luis Bárcenas donde el
tesorero fue registrando a mano durante años la contabilidad en negro
del partido. Cuando esas grabaciones se hicieron públicas a través de El País, la fiscalía anticorrupción reprochó al juez en el recurso donde pedía investigar a Cospedal, que hubiese establecido “una ”infranqueable línea roja“ para proteger a la dirección del partido.
Las operaciones de las cloacas del Estado se intensificaron a
partir de una reunión celebrada el 12 de septiembre de 2012 en el
Ministerio del Interior y desvelada hace unos meses por La Vanguardia
en la que Jorge Fernández Díaz, con las portadas de la marcha
multitudinaria del día anterior todavía frescas, manifiesta su
preocupación por la situación en Catalunya y da a entender que combatir
al independentismo debe ser una prioridad también para la policía.
Es ahí donde emerge el comisario Villarejo, un tenebroso e
hiperactivo agente que llevaba años mezclando su actividad profesional y
sus contactos fruto de varias décadas en el cuerpo para construir un
lucrativo negocio de venta de información y encargos mafiosos que le
realizaban empresarios en dificultades. Por ellos el pasado julio ha
recibido una primera condena de 19 años de cárcel. Villarejo fue siempre
un policía oscuro, acostumbrado a manejarse en los márgenes de la ley o
directamente fuera de ella, entre supuestas operaciones especiales. A
comienzos de 2012 había empezado a tejer relación con la cúpula del
Ministerio del Interior en la primera época de Rajoy. Lo introdujo Juan
Cotino, exdirector de la policía en el Gobierno de José María Aznar, un
dirigente fallecido en 2020 que en aquellos años era todavía influyente
en el PP. Fue Cotino quien le recomendó a Fernández Díaz tener de mano
al comisario como informador, al margen de la cadena de mando.
Informes sin firma ni sello contra los independentistas
El ministro encargó a su entonces jefe de gabinete, Francisco
Martínez, hacer de enlace con Villarejo para recopilar esa información, y
Martínez dio entonces la orden de que cualquier dato relevante se
entregase por escrito. Esa fue la vía de entrada de Villarejo con los
mandos más altos de Interior y el modo en que nacieron las “notas
informativas”, una especie de informes de inteligencia sin firma ni
sello, en los que Villarejo fue mezclando rumores, información averiada y
recortes de sumarios que investigaban algunos juzgados, todo camuflado
como revelaciones que le hacían llegar supuestos agentes infiltrados
durante años en el independentismo.
A lo largo de esta investigación se ha tenido acceso a más de
una docena de notas que recibió Fernández Díaz en su despacho y que hoy
elDiario.es y La Vanguardia publican en exclusiva. Son escritos con un
lenguaje muy coloquial procedentes de distintas unidades policiales en
las que Villarejo llegó a colar también maledicencias sobre otros
personajes sin ninguna relación con la causa separatista a los que
involucraba en supuestas ilegalidades para cumplir con los encargos que
recibía de terceros que pagaban elevadas sumas de dinero a Villarejo
para destruir la reputación de sus enemigos.
Para acceder a los despachos más altos del PP el comisario
dispuso de otro atajo: el empresario Ignacio López del Hierro, viejo
conocido suyo, y marido de la número dos del partido, María Dolores de
Cospedal.
La primera nota de la que hay constancia
que llegase al despacho de Fernández Díaz la hizo llegar Villarejo a
través de la secretaria del Director Adjunto Operativo de la Policía,
Eugenio Pino, otro miembro destacado de la brigada política también
imputado por las mismas prácticas. Bebía de apuntes anteriores
realizados por agentes de la UDEF y está fechada el 18 de octubre de
2012, un mes y una semana después de la diada que desbordó las calles de
Catalunya y tres semanas más tarde de que Artur Mas convocase
elecciones en Catalunya, tras rechazar Rajoy su propuesta de pacto
fiscal. Se dirigía contra el propio Mas y estaba escrita para dinamitar
su campaña electoral. La elaboración de la nota informativa, la
publicación de sus conclusiones en la portada de El Mundo a unas horas
de las elecciones catalanas y la forma en que todos los participantes se
lavaron las manos cuando semejantes conjeturas se desmoronaron revelan a
la perfección la forma de operar del entramado político-policial.
En noviembre de 2012 se sucedían días frenéticos en la política
catalana, con el nacionalismo más movilizado que nunca en las calles y
los puentes de CiU y el Gobierno central completamente rotos. Mientras
Catalunya se preparaba para una nueva campaña electoral, en Madrid un
grupo de políticos y mandos de las fuerzas del orden diseñaban una
estrategia parapolicial con el objetivo de desactivar al nacionalismo
catalán. Un plan al margen de la ley orquestado en las entrañas del
Ministerio del Interior pero que ha dejado mucho rastro.
Se sabe, porque así lo escribió Villarejo en sus agendas, que el
10 de octubre de 2012 Eugenio Pino, al frente de la Dirección Adjunta
Operativa de la policía, había encargado al comisario investigar asuntos
turbios de Convergència para filtrarlos a la prensa. Y que ese mismo
lunes, el jefe de gabinete del ministro, Francisco Martínez, habla también con Villarejo, según figura en las agendas de este, acerca del mismo tema.
Ocho días después, el 18 de octubre de 2012, llega la primera información por escrito de Villarejo a la cúpula del Ministerio del Interior:
un documento de dos folios y medio, sin sello ni firma, muy alejado del
estilo y el lenguaje de los atestados policiales, donde el comisario se
escuda en “fuentes de toda solvencia con las que se mantienen
relaciones desde hace más de 15 años”, para lanzar una serie de
acusaciones sobre corrupción de Convergència y supuestas cuentas en
Liechtensetein de Artur Mas, entonces presidente de la Generalitat, de
su propio padre, y de Pujol. La “nota informativa” relacionaba con
supuestas mordidas del 4% para Convergencia en la adjudicación de obras
del Palau de la Música. La publicación del atestado en El Mundo acabó
resultando una bomba en la precampaña pero meses después se volvió
contra el propio Ministerio del Interior.
En su introducción Villarejo señalaba “la dificultad extrema”
para investigar en Catalunya, “toda vez que casi todo el mundo se
resiste a colaborar y actúan con un código de silencio, similar al que
puede imperar en sociedades de complicidad mafiosa como Sicilia” (sic).
Y en el último apartado el comisario se dedicaba a señalar
supuestos temores que habría detectado en Convergència: “Todo el staff
de CDC teme un ataque en pleno proceso electoral en medios de
comunicación donde se hagan públicas las graves corrupciones que afectan
a sus dirigentes. Ahora han conseguido usar la mordaza en los medios
locales aunque no pueden garantizar lo mismo a los medios nacionales”.
Once días después, el 29 de octubre, los fiscales que
investigaban el caso Palau, sobre las adjudicaciones irregulares de
obras, reciben una visita insólita en Barcelona. El comisario de Asuntos
Internos de la Policía, Marcelino Martín Blas, y el director del Centro
de Inteligencia contra el Crimen Organizado, José Luis Olivera, se
presentan en sus despachos para reclamar un registro de la sede de
Convergència Democràtica de Catalunya. Lo hacen pese a no tener ninguna
jurisdicción sobre el caso, sin mandato judicial, y apelando a supuestas
revelaciones de confidentes anónimos que apuntaban a la financiación
irregular del partido y el desvío de fondos a algunos dirigentes.
Comparecen sin aportar más pruebas que unos cuantos corta-pega de
sumarios judiciales. Los fiscales consideraron la visita una injerencia y
no solo descartaron la entrada y registro en la sede del partido, sino
que comunicaron esa intromisión al juez del caso.
El 14 de noviembre, la Unidad Contra la Delincuencia Fiscal y Económica de la Policía tramita un informe con otra denuncia anónima de un supuesto empresario retirado
que sin ofrecer ninguna pista concreta afirmaba haber hecho donaciones a
la fundación que se investigaba y que en realidad eran mordidas para
lograr contratos del Palau. El escrito volvía a vincular a Artur Mas con sobornos y comisiones ilegales. Y elevaba el porcentaje de las comisiones al doble de lo que decía la nota de Villarejo.
El 16 de noviembre de 2012, cuando faltaba poco más de una
semana para las elecciones catalanas, el contenido de aquella primera
nota informativa de Villarejo redactada apenas un mes antes, llega a la
prensa nacional. El diario El Mundo titula en portada: La policía
vincula cuentas en Suiza de Pujol y Mas con la corrupción de CiU. La
exclusiva se trataba de sustentar en un hipotético informe de la Unidad
contra la Delincuencia Fiscal y Financiera, pero el documento pese a
llevar un sello de la UDEF, no tenía firma. Mas compareció ese mismo día
para denunciar que había sido víctima de un montaje.
Durante unos días se especuló con que se podía haber publicado
“un borrador”. Cuando la información se reveló falsa, el responsable de
la UDEF testificó en un juzgado de Barcelona que no era un trabajo de su
equipo. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, salió a la
palestra para anunciar una investigación interna destinada a “evitar que
se produzcan este tipo de filtraciones”. Meses más tarde ese expediente
interno se cerró en falso. Cuando el entonces portavoz de CiU Jordi
Jané preguntó en marzo de 2013 a Fernández Díaz si conoció la existencia
del informe falso antes de su publicación en El Mundo, el ministro
contestó airado en el Congreso: “Eso me ofende, me ofende la pregunta.
Es como decir que consentí o propicié su publicación y eso es una
ofensa. Le ruego que lo retire”.
“Hay que informar solo al número 1”
Los apuntes en las agendas de Villarejo de aquella época y los
testimonios recabados a lo largo de esta investigación evidencian sin
embargo que la estrategia de buscar basura de los contrincantes del PP
para embarrar la campaña venía de muy arriba. Durante aquellas semanas,
apunta en sus diarios el comisario, el DAO de la Policía, Eugenio Pino
le pidió buscar cuentas en el extranjero para filtrar a la prensa (el 22
de octubre). El comisario escribe: “Hay que informar de los hallazgos
solo al número 1”. Se refiere al ministro Jorge Fernández Díaz.
Otro apunte del día siguiente (23 de octubre de 2012) refleja
una conversación con Francisco Martínez donde el comisario le dice que
el marido de Cospedal hará de intermediario para una cita con la 'número
dos' del PP. Debajo Villarejo escribe: “campaña a muerte contra C”.
Alude a Convergència.
¿Qué hacía la secretaria general del partido dando instrucciones
a un comisario para perseguir a rivales políticos? Es una pregunta que
ningún juez se ha atrevido a hacer a quien era la 'número dos' del PP.
En cualquier caso, el plan es seguido a rajatabla en las semanas
posteriores. El 26 de octubre se produce la reunión de Villarejo con
Cospedal, donde se prepara el primer encuentro del comisario con Alicia
Sánchez Camacho, donde la entonces líder del PP catalán da una lista al
comisario de los dirigentes que debía investigar y donde incluye junto a
los Pujol, a la familia Sumarroca, al exjefe de policía de Catalunya, o
al entonces directivo de La Caixa, Jaume Giró, que años más tarde
acabaría como conseller de Economía por Junts en el Govern de Pere
Aragonès. En esa mesa se habla ya de Victoria Álvarez, la ex amante de
Jordi Pujol Ferrusola, una amiga de Jorge Moragas, entonces jefe de
gabinete de Rajoy, que pasaría a cobrar dinero de los fondos reservados a
cambio de delatar al hijo del expresident, a quien acusó de viajar a
Andorra cargado de sacas de dinero para blanquearlo. Hoy Jordi Pujol
junior se encuentra a la espera de juicio: la fiscalía le acusa de
asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento
mercantil y delito contra la Hacienda Pública.
Solo unas semanas más tarde de la cita con Victoria Álvarez,
Villarejo apunta en su diario que Cospedal le hizo un primer pago de
100.000 euros para premiar la declaración de otro personaje
controvertido, el empresario Javier De la Rosa, a cambio de que este
acuse a Pujol de manejar cuentas en el extranjero, cosa que hizo.
En esos encuentros con el comisario, la líder del PP catalán
incluye en la lista por su cuenta otro objetivo al que investigar:
Sandro Rosell, presidente del Barça, al que se culpaba de haberse
posicionado del lado del nacionalismo.
Rosell atribuye todo lo que le vino después a esa instrucción y
denunció en un juzgado de Madrid a los mismos cargos policiales que le
endosaron en un informe económico bienes ocultos, cuentas y sumarios en
el extranjero que no existían. Asegura haber sufrido más de 70
inspecciones de Hacienda, y visitas de los inspectores a la cárcel de
Soto del Real, donde pasó dos años en prisión preventiva, tras una
controvertida instrucción de la jueza Carmen Lamela. El pasado
septiembre la Audiencia de Barcelona ratificó la absolución en su juicio
por delito fiscal. Es la quinta causa judicial de la que sale indemne.
Información de Hacienda en manos de Villarejo
Pero además de confidentes de reputación dudosa y de examantes
con sed de venganza, las notas informativas de ese cuerpo parapolicial
que trataba de combatir el independentismo bebían en otro tipo de
fuentes, como revela otro documento registrado en Interior, que lleva en
el encabezamiento la fecha de 30 de octubre de 2012 y que se titula
“Josep Pujol Ferrola. Europraxis”. Se trata de otra nota informativa que
especula sobre la venta de la consultora Europraxis fundada por el hijo
del expresident a Indra, y donde supuestamente se embolsó seis millones
de euros. En el segundo folio de ese dosier, Villarejo escribe: “En
noviembre 2012 JOSEP ha regularizado su cuenta suiza”. Fuentes
involucradas en aquellas maniobras atribuyen el baile en la fecha que
encabeza la hoja informativa a que el informe pudo iniciarse ese día y
concluirse varias semanas después. Pero la pregunta clave es cómo podía
saber Villarejo que Josep Pujol Ferrusola se acogió a la amnistía fiscal
del Gobierno de Rajoy si esa información solo la tenía el Ministerio de
Hacienda y la unidad de antiblanqueo. Solo año y pico después la
conoció la opinión pública, cuando la publicó el diario El Mundo, tras
otra filtración, y afectaba a otro de los hijos del expresident:
Oleguer.
Las fuentes consultadas señalan que durante aquella época el
departamento de Cristóbal Montoro se mostró “muy activo” en todo lo que
tenía que ver con la investigación a dirigentes nacionalistas y apuntan
que algunas de las publicaciones de información confidencial sobre
contribuyentes catalanes salieron de la cúpula de su ministerio.
Según la documentación recabada en esta investigación conjunta
de elDiario.es y La Vanguardia, al despacho de Jorge Fernández Díaz
siguieron llegando esas notas informativas cuando ya había pruebas de
que varias de ellas eran falsas e incluso después de que el ministro se
mostrase indignado en el Congreso cuando se le preguntó si conocía esos
informes apócrifos. Fuentes involucradas en aquellas maniobras han
explicado cómo funcionaba el tráfico de dosieres entre los implicados en
la llamada Operación Cataluña.
Esos informes apócrifos los facilitaba la Dirección Adjunta
Operativa de la Policía, con el hiperactivo Eugenio Pino al frente, pero
también llegaban directamente al ministro a través de su jefe de
gabinete, Francisco Martínez. Fueron decenas las “notas informativas”
elaboradas entre 2012 y 2016. En su elaboración participaron además de
Villarejo y su red, unidades policiales como la UDEF, que persigue la
delincuencia Fiscal y Financiera, la Comisaría General de Información,
el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado y
la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía, que entonces dirigía
Enrique García Castaño, colaborador, amigo de Villarejo y también
imputado en Kitchen para el que la Fiscalía pide 12 años de prisión. Sus
causas están en suspenso tras sufrir un ictus. La Brigada Provincial de
Información de Barcelona era la última pata del operativo que reportaba
ese tipo de informaciones al DAO y que acababan sobre la mesa de
Fernández Díaz. También hay informadores como el que fue director de la
Agencia Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, que se ofrece a
surtir de material a la cúpula de Interior para atacar a políticos de
Convergencia y de ERC. Muchos de sus datos se revelaron falsos.
“El Estado español está en guerra”
El 21 de noviembre de 2012 esa factoría de informes contra los
rivales políticos del PP invocó el hombre de Hervé Falciani, el empleado
del banco HSBC que hizo pública una lista de más de 130.000 cuentas
bancarias secretas de defraudadores fiscales, para dar credibilidad a
sus atestados. La nota informativa encabezada con el sello de “secreto”
concluía que Pujol figuraba en la lista Falciani, que había llegado a
las autoridades españolas gracias a Francia. El dato se publicó en la
prensa pero también era falso.
En el Ministerio del Interior también quedaron huellas de la
utilización de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, que entonces
dirigía Marcelino Martín Blas para perseguir a políticos y partidos
nacionalistas catalanes. Martín Blas, que acabó muy enfrentado a
Villarejo por rencillas entre comisarios, fue el mismo mando policial
que advirtió en una cita celebrada en junio de 2014 en el hotel Villa
Magna de Madrid al consejero delegado de la Banca Privada de Andorra,
Joan Pau Miquel: “El Estado español está en guerra y le requiere
información bancaria relativa al nacionalismo catalán”.
Se trata de uno de los episodios más escandalosos de la Operación Cataluña. El 1 de julio de 2014 una nueva nota informativa
llega al despacho del ministro del Interior. No es un documento más,
como demuestra el encabezamiento: DINERO OFFSHORE FAMILIA PUJOL. El
documento establece que la fiabilidad de la información es muy alta y
contiene “datos recogidos de fuentes fiables y solventes”. El escrito no
lleva esta vez las iniciales F/V con las que firma Villarejo ni acaba
con el clásico “fin de la cita” con el que acostumbraba a cerrar el
comisario sus informes. Son seis páginas, sin membrete ni firma, en las
que figuran pantallazos sobre supuestos movimientos de cientos de miles
de euros de la pareja del expresident Jordi Pujol, Marta Ferrusola, y
sus hijos Marta, Mireia, Pere y Oleguer, a quienes se presenta como
titulares de cuentas en la entidad andorrana en la que figuraban
ingresos por valor de 3,4 millones de euros.
La nota informativa señala que la familia del expresident podría
estar blanqueando “ingentes cantidades de dinero en efectivo
procedentes de todo tipo de acciones presumiblemente delictivas”. Pero
añade algo más. Admite que “parte de estas informaciones” las habrían
facilitado los propios responsables de la Banca Privada de Andorra, “de
manera forzada y obligados por los las circunstancias ante el temor de
poder perder la licencia de banca para ejercer en España como banca
privada, a través de la marca Banca Madrid”. El escrito policial
concluye que los responsables del banco “han optado por aceptar prestar
colaboración con las autoridades judiciales y/o fiscales españolas”.
Solo seis días más tarde de que ese documento se reciba en el
despacho del ministro del Interior, el diario El Mundo publica los
mismos pantallazos con los movimientos de cuenta de la familia Pujol. El
25 de julio el expresident realiza una histórica confesión en la que admitió haber ocultado patrimonio que atribuyó a una herencia de su padre
fallecido en 1980, el mismo año que asumió la presidencia de la
Generalitat, que ostentaría hasta 2003. El escándalo sacude la política
catalana y la de todo el país. El matrimonio que gobernó la autonomía
durante más de dos décadas todavía está a la espera de juicio.
Pero la relevancia de esa nota informativa del 1 de julio de
2014 trasciende a la trayectoria del político más importante de
Catalunya en las últimas décadas. Porque deja por escrito indicios de
que autoridades españolas amenazaron a los responsables del banco
andorrano si no facilitaban información confidencial sobre los Pujol.
Esa denuncia es la que instruye la juez de Andorra Stephanie
García, quien ya ha comunicado al presidente Mariano Rajoy su condición
de investigado, junto al entonces secretario de Estado de Seguridad,
Francisco Martínez y a quien fue director de la Policía Ignacio Cosidó.
El DAO de aquella época Eugenio Pino y el inspector Bonifacio Díez
también también fueron citados por la juez andorrana pero no se
presentaron. En esa causa los responsables del Banco de Andorra acusan
al Gobierno de Rajoy de extorsionarlos para lograr información
comprometedora de los Pujol, de remitir información falsa a la oficina
de control de delitos financieros de Estados Unidos hasta lograr la
clausura del banco y de “intimidar” al Gobierno andorrano y a sus
ministros durante una visita presidencial al Principado en 2015 para
precipitar el cierre del banco.
La de Andorra es la única causa en la que un juez ha asociado el
nombre de Mariano Rajoy a la Operación Cataluña, algo que no ha
sucedido en ningún tribunal español. El futuro de esa investigación es
incierto." (José Precedo, eldario.es, 15/01/24)
"Silencio.
Es la estrategia que se ha instalado en la sede
nacional del PP después de que elDiario.es y La Vanguardia haya
publicado los informes que confirman la existencia de la llamada Operación Catalunya,
el uso de recursos del Estado por parte del Gobierno de Mariano Rajoy
para atacar, incluso con pruebas falsas, al independentismo catalán.
El
líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha dado hoy opción a que le
pregunten por el tema. Y su departamento de prensa tampoco ha querido
responder sobre un escándalo que salpica a uno de los “referentes”
políticos.
Feijóo ha participado esta mañana en un acto informativo (Nueva
Economía Fórum) en el que ha criticado la subida del SMI y la forma en
la que el Gobierno aprobó sus reales decretos ley la semana pasada,
gracias a un acuerdo 'in extremis' con Junts. También sobre la crisis de
los pellets en Galicia. Pero ninguna pregunta sobre las prácticas del
Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz.
Después, Feijóo ha participado en un coloquio sobre la reforma
del artículo 49 de la Constitución organizado por la fundación Prodis
sin presencia de medios.
El líder del PP ha evitado así responder sobre los tejemanejes de un Gobierno de su partido en la elaboración de pruebas falsas para atacar a rivales
políticos, en este caso partidos o referentes independentistas. No fue
solo el excomisario José Manuel Villarejo. El Ejecutivo de Rajoy
investigó al margen de la ley y orquestó campañas contra los partidos
independentistas durante al menos cinco años, entre 2012 y 2016, a
través de diferentes cuerpos policiales, sirviéndose de los dosieres con
acusaciones falsas que elaboraba un grupo de mandos policiales
corruptos, pero también con información confidencial que suministraban
otros ministerios, entre ellos el de Hacienda.
Mutismo en Génova, 13
Pero no solo Feijóo. Todo el PP nacional ha optado por enmudecer
ante las revelaciones. El partido no ha convocado la habitual rueda de
prensa de los lunes posterior a la reunión del Comité de Dirección.
Solo el presidente murciano, Fernando López Miras, ha tenido que
responder a preguntas de los periodistas, precisamente en el acto
informativo con el que Feijóo ha inaugurado la semana. “Lo primero que
hay que hacer es preguntarle a Rajoy si es verdad o no”, dijo López
Miras. “Si alguien que puesto todo el Gobierno, el poder del Estado y la
competencia que le daba la Constitución para poder frenar un golpe de
Estado, un golpe en Catalunya, ha sido Rajoy”, aseguró. “Utilizó y yo
creo que además de manera eficiente y de manera audaz, la autoridad que
le daba el artículo 155 de la Constitución española y además con el
apoyo también del PSOE y de Ciudadanos, y puso toda la maquinaria del
Estado al servicio de la defensa de la unidad de España”, concluyó.
elDiario.es ha intentado recabar la reacción del PP a través de
los canales habituales que el partido pone a disposición de los
periodistas hasta en dos ocasiones. Ambas han recibido el silencio como
única respuesta." (Aitor Riveiro, eldiario.es, 15/01/24)
