"Volvió a formarse una cola para entrar a la Audiencia
Nacional. Comenzaba la fase final del proceso, y todos los acusados
deben presenciarlo. En el vestíbulo se reencontraban más que como niños
tras el verano, como reclutas después de un permiso.
La cortesía ofrece
un refugio: esas preguntas por los hijos, la familia, los qué tal todo sirven
para encender el piloto automático, sonreír un poco y no pensar en que
está cerca el final del enorme limbo que ha supuesto este macrojuicio.
Entrar a la sala lo cambió todo: a partir de ese día (23 de octubre) los
procesados fueron vislumbrando los contornos de un futuro aciago.
La fiscal Concepción Sabadell inició su informe dando por
confirmadas las sospechas del escrito de acusación. Incidió desde el
principio en la idea de que, gracias a las pruebas, los testigos y los
peritos, había quedado acreditada la existencia de una organización, “un
sistema”, creado premeditadamente para delinquir. Se refirió a los
hechos como “modo de vida” y negó que fueran actuaciones puntuales.
“Es
una actividad duradera de una organización con un mecanismo para obtener
fondos públicos a cambio de sobornos”, afirmó. “Un enriquecimiento que
se consiguió con el abuso de las funciones públicas de los acusados” que
“viciaron los procedimientos de contratación”.
Desestimó las peticiones
de rebaja de penas de gran parte de los procesados, aunque reservó un
gesto hacia Francisco Correa que, quizás, le reste alguno de los 125
años de prisión solicitados. Sabadell no aceptó atenuantes, pero sugirió
al tribunal que, a la hora de dictar sentencia, considerara la actitud
del cabecilla al confesar y aportar información relevante para el caso.
Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, en su condición de
presos, entraron los últimos y por una puerta lateral más cercana a la
primera línea del banquillo. Crespo, el número dos, había perdido
rectitud. Álvaro Pérez el Bigotes, más encanecido y flaco,
parecía enfermo. Correa se sentó, clavó los codos en las rodillas y
hundió tanto la cabeza que, visto desde atrás, a veces, adquiría la
forma de un torso decapitado.
El objetivo de la fase de informes finales es cerrar el
relato, precisar sus puntos de solidez y encarar el cuento de la
Fiscalía con el cuento de las defensas. Al final, un juicio no es más
que una disputa entre relatos que pretenden instituirse como verdad
sentenciada; y en el caso concreto de las acusaciones, una forma de
dotar al daño cometido de una suerte de certificación oficial para
justificar el daño (la condena) que se administrará después. Los
acusados acuden y escuchan cómo es el Estado el que se hace cargo de su
historia. El primer derecho que pierde un reo es el de la posesión de
una narrativa propia.
Por eso, mientras Concepción Sabadell reconstruía las
irregularidades de la trama y mencionaba nombres, los aludidos empezaban
a negar ostensiblemente desde sus asientos. Según los nombraban, se
iban activando como si fueran una tribu de muñecos con cabeza basculante
de esos que uno pone en el salpicadero para alegrarse el viaje. En el
suelo, bajo las sillas, se veían bolsos de piel y una cartera de
apariencia ministerial de Alberto López Viejo: un sueño roto resumido en
un maletín con cierres dorados.
Las pruebas remaban a favor de la fiscal. Sobre la
impugnación de las grabaciones y las peticiones de nulidad (a las que se
adhirió el PP), Sabadell indicó que la validez de las mismas se había
confirmado a lo largo del procedimiento y criticó la actitud goebbeliana que
han mantenido algunas defensas: “Por mucho que se insista y se reitere,
una alegación no se convierte en verdad”.
Para ello, se apoyó también
en las decisiones del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, que negó las supuestas irregularidades en las grabaciones,
los registros y la cadena de custodia de las pruebas.
El ministerio público explicó, parte por parte, la
composición de la trama. Sobre las empresas del grupo Correa, dijo que
“la estructura la creó Luis de Miguel para ocultar la identidad del
verdadero responsable”.
Todas las firmas constituían un solo cuerpo.
“Las hojas de coste, los cambios de trabajadores de una sociedad a otra,
el cálculo total de los beneficios acreditan que todas pertenecían a la
misma voluntad de acción. La finalidad era obtener contratos públicos
de forma opaca”, apuntó. Se construyeron “para poder fraccionar
contratos de modo oculto sin que pareciera que se trataba del mismo
servicio”. La organización funcionaba de manera jerarquizada como una
mafia.
En Majadahonda se podía comprobar en toda su magnitud la
naturaleza perversa de este sistema. “Es el ejemplo paradigmático de
cómo una asociación parasita un ayuntamiento, controla la gestión,
elimina los órganos de control que existan y todo aquello contrario a la
intención de lucrarse”.
Las propias empresas de Correa elaboraban los
pliegos de condiciones de los concursos públicos que luego ganaban. En
el caso de la creación de la Oficina de Atención al Ciudadano (por la
que Correa repartió 240.000 euros en comisiones), las empresas de la
trama ya estaban preparando el trabajo antes de que se efectuara la
adjudicación. Según Sabadell, las ofertas de Correa eran las más
baratas, pero porque ya habían pactado sobrecostes. “Se ponía un
sobreprecio del que ni siquiera se beneficiaba el ayuntamiento, sino los
propios acusados y el PP”.
Dentro de la vertiente política de la organización, cada
miembro desempeñaba una tarea específica destinada al saqueo. José Luis
Peñas, autor de las grabaciones, tampoco quedó exonerado en el relato de
la fiscal: tanto él como Juan José Moreno ponían al servicio de la
trama sus facultades en el consistorio. Ambos fueron fundamentales para
la marcha del caso, sin embargo, según el escrito de acusación, también
recibieron regalos y contraprestaciones por sus cargos y por la
adjudicación de contratos.
El ministerio público contará con dos días más para desgranar sus
conclusiones. Después será el turno de las defensas. El día 10 de
noviembre quedará visto para sentencia. Hasta entonces volverán a
montarse colas para entrar en la Audiencia, pero serán solo colas de
abogados y acusados. Apenas se vio media docena de periodistas el día
23. El 26 de julio, cuando compareció Rajoy hubo 312 reporteros y 21
medios extranjeros.
Uno de los mayores casos de corrupción de la
historia va a revelar su rostro definitivo mientras el partido que lo
avaló y lo sostuvo irrumpe en una autonomía y se erige en garante del
orden y la legalidad. Aquí, lejos de todo, en la calle Límite, en una
esquina de un polígono industrial de San Fernando de Henares, se
desmonta esa presunción; aquí el PP no es constitucionalista ni un
partido de Estado, aquí el fango que hay detrás de esas siglas se
explica con pruebas, cifras y rostros, pero casi nadie está mirando." (
Esteban Ordóñez , C
TXT, 23/10/17)
