Un desfalco y 22 años de investigación: a juicio el fraude en la patronal gallega en los años 90

 "Si la dudosa gestión económica de la patronal gallega en los 90 se prolongó en el tiempo, su recorrido judicial ha batido récords. Nada menos que 22 años han pasado desde que aflorara un agujero de 6,3 millones de euros en la Confederación de Empresarios de Galicia, a la que se acusa de cometer desfalco con cursos de formación y convertir la organización en lo que la Fiscalía describe como un estercolero económico. La instrucción y el juicio se retrasaron de forma incomprensible hasta esta misma semana, cuando dio comienzo en la Sección Sexta de la Audiencia provincial de A Coruña, con sede en Santiago. El hombre que presidía entonces la CEG, Antonio Ramilo, falleció hace 16 años, algunos de los procesados arrastran problemas de salud que les impiden comparecer y el principal acusado reclama la prescripción de los presuntos delitos.

Este es Rafael Sánchez Sostre y fue secretario de la patronal y mano derecha de Ramilo durante largos años. En concreto, hasta que una auditoría comenzó a destapar en 1999 el descontrol financiero: facturas incobrables, sobrevaloración de la sede e incluso fondos desaparecidos de las cuentas de la entidad sin explicación alguna. Acorralado, el presidente entregó la cabeza de su hombre fuerte, quien declaró que había avisado a Ramilo tres años antes, sin que la advertencia surtiera más efectos que un incremento en el descontrol del gasto. En su comparecencia ante el tribunal, Sostre se acogió a su derecho a no declarar.

La Fiscalía pide para Sostre cuatro años de prisión y una multa de dos millones de euros por un delito de fraude de subvenciones. Los otros ocho acusados se enfrentan a peticiones de dos años de cárcel y sanciones que oscilan entre los 50.000 y los 500.000 euros. Entre ellos hay socios, gestores y representantes de empresas organizadoras de cursos de formación por supuestamente apropiarse de fondos públicos destinados a tal efecto.

Si el retraso de la instrucción del sumario y la impunidad que rodeó la gestión de la CEG son llamativos, también sorprendió el aplazamiento de un juicio que estaba señalado para septiembre de 2019, pero que no pudo celebrarse por “traspapelarse” miles de folios. Las defensas alegaron indefensión al no poder acceder a 21 tomos de la causa: entre 6.000 y 9.000 folios, según distintos recuentos. Reclamaron una suspensión a la que accedió el tribunal. Para ilustrar la situación, el abogado del principal acusado comentó con sorna que se inició en la causa con 40 años y que por entonces contaba ya con 59. “Me voy a jubilar antes de que se termine”, bromeó.

Durante los años que son objeto de investigación, la Confederación de Empresarios se manejaba con absoluta ostentación de músculo económico, pero disparaba con pólvora del rey. O más bien de la Xunta, entonces presidida por Manuel Fraga, amigo personal de Ramilo, con quien colaboró en la formación de Alianza Popular de Galicia. Su generosidad con la CEG había quedado clara en 1992, cuando contribuyó con 160 millones de pesetas a fondo perdido (el 40% del total) a la compra y acondicionamiento de la sede de la entidad, un edificio noble de cuatro plantas del casco histórico de Santiago. Adicionalmente, la patronal se benefició de 20 millones de euros de fondos europeos que el Gobierno autonómico y la Fundación para la Formación Continua (Forcem) le entregaron entre 1996 y 2000 para cursos de formación, su principal fuente de financiación.

Según la Fiscalía, la mayoría de esos cursos nunca llegaron a impartirse, mientras se inflaban facturas de todo tipo para justificarlos, incluidos unos desmesurados gastos de representación. El Ministerio Público sostiene que ese dinero permitió a los imputados obtener una ganancia personal con cargo a dinero público. Todos ellos, “con la finalidad de conseguir un beneficio patrimonial”, se apropiaron de fondos públicos justificados a través de cursos no realizados, facturas dobladas y la imputación excesiva de coste de profesorado, aulas y manuales didácticos, además de “otros excesos contables”, describe el fiscal. A Sostre se le considera el máximo responsable de la trama y de ser el “encargado de tramitar y dar cumplida cuenta” entre 1997 y 1999 de subvenciones por varios millones de euros y procedentes de fondos europeos.

Los interrogatorios a los acusados se suspendieron este viernes hasta el 3 de febrero debido a la enfermedad de uno de los procesados, pero el juicio se reanuda el miércoles con la toma de declaración como testigos a trabajadores de la patronal. Mientras los abogados de las defensas han informado de la renuncia a diferentes testificales, el abogado del Estado anunció que se retira de la causa al no mantener el interés en ella porque el servicio público de empleo “ha cobrado todos los perjuicios derivados de la misma”, según informó el presidente de la Sección Sexta de la Audiencia, Ángel Pantín.

Pantín fue tajante en las cuestiones previas del juicio al rechazar decidir en ese momento procesal sobre la prescripción de los delitos, como reclamaban las defensas. El juicio —previsto inicialmente para 12 días— se inició con el rechazo de Sostre a declarar, aunque otros de los acusados sí lo hicieron. Por ejemplo, el administrador de una sociedad de formación y consultoría ya extinta, que sostuvo que solo mantenía una "relación institucional" con Sostre, mientras que de las gestiones prácticas se encargaba un comercial. Según indicó, tenía un contrato “firmado con Antonio Ramilo” por valor de 11 millones de pesetas que recogía las especificaciones técnicas de lo que “no fue un curso”, dijo, sino “un proyecto específico de formación”, en el que los contenidos corrían a cargo de profesores universitarios.

Otro administrador de una empresa de formación aseguró que los cursos se impartieron, pero admitió como práctica habitual que hubiese un contrato previo en el que se estipulaba que un 50% de la retribución iba para la empresa, en calidad de diseño de curso, y el otro 50% para el formador.

La impunidad con la que se comportaba la patronal gallega en los años 90 llamó la atención en 2001 del entonces fiscal de Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, que en un acto público puso el caso de Galicia como ejemplo de ausencia de control por parte de la Administración. Ramilo y Sostre ya habían dimitido, pero Villarejo se quejó: “No hemos recibido ni una denuncia de nadie”. El fiscal confirmaba la apertura de diligencias informativas, y ese mismo año la Unión Europea reclamaba al Gobierno central la apertura de una investigación. La Xunta salió al paso para defender a la CEG, después de “comprobar” que todos los cursillos encargados se habían realizado y los profesores cobraron sus salarios. Para el Ejecutivo de Fraga, todo se reducía a “posibles irregularidades” en gastos de funcionamiento de algunos cursos, que afectarían “solo a algún proveedor en concreto”.

Pese a las palabras de Jiménez Villarejo, no fue hasta 2011 cuando la Fiscalía actuó de oficio, en una causa a la que se incorporó la propia CEG durante la presidencia de Antonio Fontenla, aunque para entonces buena parte de la contabilidad había sido destruida. Las diligencias se eternizaron, ante el elevado número de implicados, las numerosas empresas que participaban en los supuestos cursos y la complejidad del entramado de facturas y de programas financiados con fondos de la UE. Además del fallecimiento de Ramilo en 2006, en ese tiempo se deterioró considerablemente el estado físico del principal testigo, el entonces tesorero Juan Casas. Dos décadas largas después de que el caso estallase, y con el juicio ya en marcha, los acusados depositan sus esperanzas en la probable prescripción de los delitos."                  (Pablo López, El Confidencial, 22/01/22)

Bárcenas detalló dos de los presuntos mecanismos de financiación irregular del PP de Madrid, que dirigía Esperanza Aguirre

 "El extesorero del PP Luis Bárcenas se plantó el pasado 24 de febrero ante el juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, y detalló durante más de dos horas dos de los presuntos mecanismos de financiación irregular del PP de Madrid que dirigía Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad y exlíder de la formación regional.

 El antiguo responsable de las cuentas nacionales del partido, que declaraba por primera vez en esta investigación de la Audiencia Nacional, aseguró que este sistema ilegal se prolongó, al menos, durante toda la década pasada. E insistió en que parte de la documentación que confirma sus palabras, relativa a los años 2003 y 2004, ya ha sido publicada, aunque le sustrajeron otra sobre ejercicios posteriores.

Fundescam. Bárcenas afirmó ante el juez que el PP de Madrid decidió crear la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid (Fundescam) como instrumento de recepción de donativos en negro de empresarios. Según su declaración, a la que tuvo acceso EL PAÍS, ese sistema se ideó cuando Ricardo Romero de Tejada ocupaba la secretaría general del partido regional; y Pío García-Escudero, la presidencia. Y se prolongó posteriormente, cuando Aguirre se hizo con el control en 2004.

 El extesorero contó que cada organización territorial se encargaba de buscar sus propios donantes, pero que él conoció los detalles del sistema de financiación del PP de Madrid porque el propio Romero de Tejada le pidió que le ayudara en la “captación de fondos” para las elecciones de 2003. “[A mí y a Álvaro Lapuerta, antecesor en el cargo], nos dice que seamos los interlocutores con la CEOE de cara a captar donativos para financiar la campaña”, explicó Bárcenas a preguntas de la Fiscalía. En este caso, al tratarse de una organización de empresarios de ámbito nacional, el partido en Madrid quería que fuese el PP nacional quien abriese esa puerta.

 “Se me encarga entrevistarme con el director financiero de la CEOE para instrumentar la forma en que se podían entregar los donativos. Los empresarios que aportaron donativos a la Fundescam preferían utilizar una fundación porque tenían un recibo que poder contabilizar en sus empresas y por el tratamiento fiscal favorable que tenían las donaciones a los partidos”, prosigue el extesorero.

Bárcenas especificó que, durante su declaración del pasado 24 de febrero, se refería explícitamente a la campaña electoral de 2003, porque es la que tiene “documentada”. Pero añadió que ese mecanismo de financiación ilegal se mantuvo mientras la fundación “siguió viva”. Incluido, con Aguirre ya en la presidencia. EL PAÍS ya publicó en 2013 un certificado firmado por Gerardo Díaz Ferrán, condenado por el saqueo del grupo Marsans y que asumió en 2007 la presidencia de la CEOE, donde se reflejaba una entrega de 72.000 euros a Fundescam en 2003 a nombre de la empresa Mercurio, una de las firmas salpicadas en el caso.

El fiscal le pidió, por su parte, si tenía papeles que acreditasen lo mismo en años siguientes. Pero el extesorero admitió que no tiene documentación sobre campañas posteriores, como las de 2007 y 2011, puestas bajo sospecha. Los hechos de 2003 ya habrían prescrito.

Donativos en efectivo. Bárcenas explicó al juez que, además del dinero que recibía el PP de Madrid a través de Fundescam, existía una segunda vía de financiación irregular: entregas de dinero en efectivo de empresarios. Según su relato, cada organización territorial se encargaba de conseguir sus propios donantes: “Había alcaldes que se quejaban de que tenían que captar fondos para financiar sus propias campañas”. El extesorero afirmó que, en el caso del partido liderado por Aguirre, existía una contabilidad paralela llevada por el gerente, Beltrán Gutiérrez, similar a la que Bárcenas llevaba a escala nacional.

 “Era habitual en campaña que recibiesen donativos en efectivo, no a través de Fundescam, y que los entregasen a la sede central del partido. La sede central se quedaba con esos donativos y le hacía una transferencia desde los fondos oficiales de la sede central a la regional. [Se hacía así] porque no podían pagar determinados conceptos en efectivo y querían que el dinero se reflejase en las cuentas bancarias y contables de la sede regional del partido”, explicó Bárcenas. “Podemos estar hablando en una campaña electoral de carácter autonómico de unos 300.000 o 400.000 euros en efectivo”.

“En todas las elecciones, no solo de Madrid, los límites electorales se superaban”, apostilló el extesorero. EL PAÍS también publicó en 2013 varios cheques al portador firmados en 2004 por un gran empresario por cantidades inferiores a 3.000 euros que acababan en las cuentas de la organización territorial del partido. También, los investigadores de la Guardia Civil dieron como acreditado, por ejemplo, que el PP de Madrid gastó en las elecciones de 2011 un total de 6,2 millones de euros, casi el doble de lo legalmente establecido —de los cuales, 1,35 se justificaron con facturas falsas—.

 Sobres con dinero. Bárcenas fue más allá. Y apuntó directamente a Aguirre como conocedora e incluso receptora del dinero negro que entregaban los empresarios. Según relató, presenció cómo Luis Gálvez, presidente de la constructora Ploder, entregó a Álvaro Lapuerta un sobre con 60.000 euros en una reunión. “Nos dijo que quería que se emplease en la campaña electoral de Aguirre. Así que, una vez le despedimos, bajamos juntos al despacho de la primera planta y, en presencia de Francisco Granados y Beltrán Gutiérrez, Lapuerta le hizo entrega a Aguirre de un sobre con 60.000 euros. Le dijo quién era el donante, la cantidad y que, por favor, le llamase para darle las gracias”. Sin embargo, la expresidenta de la Comunidad de Madrid y Granados lo niegan.

Bárcenas insistió en que los empresarios, con la entrega de esos importes, buscaban “una interlocución con personas que les podían abrir puertas”. “En algún determinado momento, si se habían presentado a un determinado concurso, llamaban a Lapuerta y pedían que se le hiciese una gestión en concreto para que se le atendiese y se le recibiese. Ese tipo de gestiones se hacían”, añadió. “El donante no es un donante altruista”. “Lo que quieren es que las más altas instancias del partido sepan que están donando”.

 La reforma de la sede del PP regional. El extesorero popular también afirmó que el PP de Madrid reformó su sede con dinero negro. “Sé que la regional de Madrid quiso en su momento que la sede central asumiese el coste [de la obra]. La presidenta Aguirre habló con el tesorero nacional, Lapuerta. Yo estaba presente en la conversación. La presidenta le dijo que, ya que se quería hacer la remodelación del edificio [entero de la calle Génova], se asumiese el coste de la planta primera que teníamos cedida al PP de Madrid. Álvaro dice que eso tiene que financiarse por parte de la sede regional. Y asumen ellos el coste de la reforma”, explicó Bárcenas.

El fiscal le pregunta entonces cómo sabe que se usó dinero extracontable. “Lo que a nosotros nos costaba [en otras plantas] un millón cien euros, a ellos les costó una cantidad infinitamente menor. Yo creo que ellos pagaron no más de 200.000 euros”, apuntó el extesorero, que arguye que no sabe quién aportó esas cantidades, pero que la reforma les costó más. “No cuadran los números”, añade: “En aquella época, OHL nos financiaba. Y tenía una relación directísima con Granados. Podría ser OHL una de las empresas que echó una mano”. El PP nacional, por ejemplo, destinó de su caja b presuntamente más de 1,5 millones de euros a la obra de Génova que no quedan reflejados en las facturas oficiales."                 (J. J. Gálvez, El País, 05/03/21)

Reparto por sorteo, falsa competición y subcontratas: así funcionaba el cartel de las obras del AVE

"Es verano de 2015 y Adif ha sacado a concurso el mantenimiento de los túneles Ourense-Santiago. 

Es una extensión de un contrato previo. Dos empresas, Indra y Alstom, se coordinan para llevarse la licitación, según cree la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha sancionado a ambas y a otras 13 por repartirse el mercado de las obras ferroviarias. Un directivo de Indra escribe un correo electrónico a otro de Alstom el 28 de julio: “Tenemos que determinar el precio a poner”. 

Y lo hacen, a juzgar por un segundo email, este interno entre dos trabajadores de Alstom, que relata cómo va a funcionar el amaño: Indra hará una oferta que rebaja en 50 euros el presupuesto base, pero será Alstom la adjudicataria, porque su proposición económica será un poco más barata, 100 euros menos.

Las comunicaciones que voluntariamente entregó Alstom a la CNMC y los correos electrónicos que se encontraron en los registros del resto de empresas han permitido descubrir las distintas estrategias de los carteles. A una la llamaban “el ranking”. Las empresas hacían un sorteo con el que fijaban un orden de adjudicación. Este acuerdo se usó en el cartel que durante 14 años se repartió los contratos para la electrificación del tren convencional. 

El primer sorteo se hizo en 2002 y fue revisándose en reuniones informales —llamadas “mesas”, se celebraban en las oficinas de las empresas— que se prolongaron hasta 2016. Para cerrar otros acuerdos, como los de la electrificación de la alta velocidad, se reunían en un hotel de la Castellana, en Madrid.

Alguno de estos acuerdos aparece firmado al pie por los directivos presentes en la reunión, como si se tratara de un contrato más. Estaba todo previsto, incluso la forma de compensar a las empresas que no fueran adjudicatarias de los contratos porque según el ranking no les tocara: se aseguraba un porcentaje del 6% sobre la cifra de contratación a repartir a partes iguales. 

De ello queda constancia en una anotación manuscrita encontrada en la inspección de Electrén. También lo confirma un correo de un directivo a otro: “Y si mal no recuerdo el pacto fue de facturar el 6% del total entre los que no fuimos adjudicatarios”.

El control de estos acuerdos era exhaustivo, hasta el punto de que las empresas se intercambiaban tablas de Excel que resumían el estado de las licitaciones, con qué baja iba la oferta de la empresa que tenía que ganar, si había alguna empresa no invitada y corría el turno a la siguiente... Incluso con el total de los importes adjudicados acumulado desde 2002 para que vieran que a todas les iba tocando más o menos lo mismo.

 También existía la figura del coordinador, que se encargaba de enviar el cuadrante actualizado al resto, según muestran varios correos que los investigadores recuperaron en la inspección de Elecnor. En otra, la de Electrén (grupo ACS), apareció otro documento revelador: “Para el caso de presentación de ofertas en UTE de tres empresas se presentarán dos empresas y la tercera irá oculta”.

Acuerdos "micro-macro"

Entre las estrategias de reparto destaca también una que las empresas llamaban “acuerdos micro-macro”: si por ejemplo tenían que participar cuatro de ellas, se creaba una UTE (unión temporal de empresas) para repartirse dos de ellas a partes iguales el 50% del precio del contrato. 

Las otras dos presentaban ofertas para simular que había concurrencia y participaban después a través de la subcontratación. Es el caso, según recoge el expediente de la CNMC, de Cobra, Elecnor, Semi y Electrén, que se repartieron así cinco licitaciones en 2008 de trabajos de electrificación en varias líneas de alta velocidad. 

Lo pusieron por escrito en un documento: Electrén y Elecnor se llevarían el contrato y subcontratarían a las otras dos. Al final todas recibían el mismo dinero, con precisión de céntimo. Siemens llegó a reconocer que su presencia en una de las UTE no era imprescindible, “en la medida en que solo podía ofrecer a la UTE dos máquinas, y una no cumplía con todos los requisitos del pliego”, asegura la resolución de la CNMC.

Para conseguir las licitaciones, las empresas acordaban el precio con el que iban a presentarse. Por ejemplo: una hacía la baja ganadora, del 5%, y las otras presentaban “ofertas de cobertura” del 1%. En otro casi, si eran tres, dos presentaban bajas temerarias no justificadas para asegurarse que quedaban excluidas, ganaba la tercera y se repartían la adjudicación al 33,33%.

La “cautela” de los acuerdos secretos

La CNMC considera probado que las empresas formaban parte de “un plan orquestado” y que actuaron con “cautela” para no ser descubiertas. En el caso del cartel de los sistemas de electrificación del tren convencional, hay un correo en el que una empresa recrimina a otra que hable de acuerdos secretos a través del correo electrónico: “Perdona, he cometido un error, efectivamente NO debería haber ido en la red...”                   (Elena G. Sevillano, El País, 28/03/19)

El presidente de Renault y Nissan, detenido en Japón por fraude fiscal... cousas veredes, las de la codicia

"El presidente de Nissan y consejero delegado de Renault, Carlos Ghosn, ha sido detenido este lunes en Tokio por evasión fiscal, tras haber ocultado al fisco parte de sus millonarios ingresos durante años. 

El directivo, de 64 años, que también dirige la firma Mitshubishi, ha sido interrogado por la Fiscalía japonesa después de una denuncia de la propia empresa y ha sido arrestado. El caso, que salpica también a otro alto cargo de la empresa, Greg Kelly, también detenido, es fruto de una investigación interna realizada a raíz de testimonios de empleados, según ha informado Nissan en un comunicado. Las acciones de Renault en la Bolsa de París se desploman más de un 13%.

“En base a declaraciones de informantes, Nissan ha llevado a cabo una investigación interna durante los últimos meses, relativa a irregularidades cometidas por el presidente Carlos Ghosn y el ejecutivo Greg Kelly”, dice la empresa en una nota. Dicha investigación mostró que “durante muchos años” Ghosn y Kelly han estado informando a las autoridades bursátiles de Tokio de cantidades inferiores a las realmente recibidas. 

La televisión pública japonesa NHK afirma que el fraude presuntamente cometido por Ghosn asciende a 5.000 millones de yenes (unos 38,5 millones de euros). Nissan informa también de que Ghosn usó en su beneficio otros “activos de la empresa” y cometió, al igual que Kelly, otras irregularidades. Ha sido la propia Nissan la que ha informado a la Fiscalía japonesa, afirma la empresa.

Ante los presuntos actos delictivos cometidos, el consejero delegado de Nissan, Hiroto Saikawa, propondrá al consejo de administración la destitución de Ghosn y Kelly. El año pasado, Ghosn cobró 9 millones de dólares (7,9 millones de euros) solo en calidad de consejero delegado de Renault. La paga fue objeto de controversia y de rechazo por parte de los accionistas.

Salvador de Nissan

Ghosn, brasileño de nacimiento, de ascendencia libanesa y ciudadano francés, comenzó su carrera en Michelin, desde donde pasó a Renault. En 1999 se unió a Nissan después de que Renault comprase una participación de control en la firma japonesa, de la que se convirtió en consejero delegado en 2001. 

Se le considera artífice de la resurrección de Nissan tras rozar la bancarrota y también la persona que consiguió reflotar Renault, cuyo mayor accionista es el Estado francés, en los 90. Su figura como mandatario es considerada crucial para ambas empresas, en un momento en que la industria del automóvil se enfrenta a desafíos sin precedentes, como la emergencia del coche eléctrico, el autónomo e incluso el declive de la propiedad de los vehículos con los servicios de coche compartido, en unas ciudades que intentan reducir su contaminación y la presencia de coches en sus calles.

Fue también uno de los primeros directivos que apostó por la globalización en el sector del automóvil, con la firma de una alianza estratégica entre Renault y Nissan, a la que se unió Mitsubishi en 2016. 

 Renault posee un 43% de la firma nipona, mientras que esta tiene una participación del 15% del grupo francés, merced al acuerdo alcanzado hace cerca de 20 años en la que también se incluye la firma Mitshubishi. Hace unos meses, incluso se anunció que ambas empresas estudiaban una fusión, que Ghosn estaba pilotando. Entre ambas marcas, vendieron algo más de 10 millones de coches en 2017."                         (El País, 19/11/18)

La patronal gallega, condenada a devolver a la Xunta medio millón de gastos injustificados de sus 'embajadas'

"La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) tendrá que devolver a la Xunta alrededor de medio millón de euros gastados sin justificación a través de la red de embajadas económicas de Galicia que el Gobierno gallego le encargó gestionar poniendo a su disposición sólo entre 2010 y 2013 hasta 18 millones de euros de las arcas públicas. 

Así lo acaba de establecer el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santiago al desestimar parte del recurso interpuesto por la patronal contra una resolución previa de la Xunta exigiéndole el reintegro de 647.000 euros. 

 La sentencia,  avanzada por Faro de Vigo y a la que ha tenido acceso Praza.gal, sólo admite parte del recurso de los empresarios frente a otros varios gastos que considera injustificados. 

El primer Gobierno de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta puso en marcha, a través del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), dependiente de la Consellería de Economía, la denominada red de Plataformas Empresariales en el Exterior de Galicia (Pexga), que en la práctica supuso dejar la internacionalización de la economía gallega en las manos de los propios empresarios, presididos entonces y hasta 2013 por Antonio Fontenla. 

Sólo entre 2010 y 2013 la Xunta dispuso de 18 millones de euros para que la patronal gallega abriera oficinas en Colombia, México, Argentina, Brasil, Francia, Reino Unido, Rusia, China, Alemania, Estados Unidos, Marruecos y Turquía.

  El Gobierno gallego se negó a detallar cuántos de esos 18 millones se gastaron realmente. En un balance del trabajo de esa red hecho en 2013 en una respuesta a una pregunta parlamentaria del BNG la Xunta aseguraba que esas oficinas en el exterior estaban trabajando con "criterios de máxima eficiencia para procurar facilitar los servicios y apoyos en destino previstos con los menores costes posibles". Pero no fue así. 

Al tiempo que la patronal gallega ahondaba en los últimos años en su propia crisis económica e institucional, la red Pexga y las relaciones de la Confederación de Empresarios con la Xunta fueron deteriorándose, y el Gobierno gallego fue rebajando progresivamente su aportación económica anual hasta el punto de que en marzo de 2016 la Xunta exigió el reintegro de diversos gastos que consideraba injustificados. 

Los empresarios recurrieron en la vía administrativa y en noviembre de ese año la Xunta estableció finalmente en 647.000 euros el importe que les reclamaba. La CEG tampoco estuvo de acuerdo y recurrió a la Justicia ordinaria por considerar que 241.000 euros de esa cantidad que les exigía la Xunta sí estaban justificados. 

Y ahora la Justicia resuelve y, en la citada sentencia, valida unos gastos y rechaza otros, de manera que, a falta de que en la ejecución de la sentencia se concreten las cuantías, los empresarios tendrán que devolver a la Xunta alrededor de medio millón de euros.

En la sentencia ahora emitida, con fecha de 15 de mayo, el juez considera que algunos gastos fueron “decisión unilateral de la entidad recurrente [la CEG], no habiendo en este caso fundamentado debidamente que la circunstancia que afirma justificase la necesidad de tal gasto”.

 El juez también rechaza el argumento de la patronal de que la Xunta no tenía un criterio establecido para autorizar los gastos porque dice que los empresarios no fueron capaces de probar esa supuesta falta de criterio. La sentencia también dice, sobre el gasto en “obsequios” por parte de la patronal a través de la red Pexga, que “pese al esfuerzo realizado, no se justifica que fuesen precisos ni necesarios para la consecución de los objetivos y finalidad del convenio” entre la Xunta y la CEG que puso en marcha esas oficinas internacionales.

La sentencia llega en plena nueva crisis institucional de la CEG, después de la dimisión del que fue su último presidente, el ourensano Antón Arias, tras maniobras de sus críticos al frente de las patronales provinciales, que son las que ahora controlan la gallega hasta que se celebren nuevas elecciones.

 Arias llegó al cargo con un discurso renovador tras varios años de inestabilidad desde que en 2013 dejó el puesto el coruñés Antonio Fontenla, que llevaba más de una década en él, período en el que impulsó la red Pexga. Sucesores y críticos de Fontenla censuraron el aumento de los gastos en la CEG durante su mandato, que la llevaron a tener que implantar un plan de viabilidad económica para reducir sus deudas. 

 

A pesar de esos antecedentes, Fontenla es hoy portavoz de la denominada Junta de Vicepresidentes de la CEG, lo que en la práctica hace que siga ejerciendo como máximo responsable de la organización. Este jueves Fontenla, en una entrevista en la Radio Galega, además de ponerle deberes al nuevo Gobierno central socialista, también se pronunció sobre la situación de la patronal gallega. 

Segundo dijo, “hay varios nombres” para asumir la dirección de la CEG y “de momento están consensuados entre tres confederaciones provinciales, falta convencer para que se adhiera a otra”. En la entrevista Fontenla también se pronunció sobre su propio papel: “Todo el mundo me dice 'Antonio, esto tienes que arreglarlo tú', pero yo no puedo hacer milagros, sólo puedo hacer lo que me dejan los demás y, además, sería malo que fuera yo lo que pusiera un presidente”.             (David Reinero, 17/06/18)

De la patronal al banquillo de los acusados

"Las organizaciones empresariales han recibido un nuevo golpe con la decisión del juez de instrucción número 33 de Madrid de sentar en el banquillo a los dos anteriores presidentes de Cepyme. Jesús Bárcenas y Jesús Terciado se suman a la lista de dirigentes de la patronal que han tenido que responder ante los tribunales por hechos ocurridos mientras desempeñaban sus cargos.

El de mayor notoriedad es, sin duda, Gerardo Díaz Ferrán, que fue presidente de la CEOE; pero entre ellos hay también antiguos responsables de organizaciones territoriales tan poderosas como CEIM (Madrid) y la CEA (Andalucía), además de la propia Cepyme. Sus problemas judiciales, en la mayor parte de los casos, acabaron constándoles los puestos que desempeñaban.

Gerardo Díaz Ferrán. Ocupó la Presidencia de la CEOE hasta la quiebra en 2010 del Grupo Marsans, del que era propietario. Año y medio después, en junio de 2012, fue detenido e ingresó en la prisión de Soto del Real, donde aún permanece. Está condenado por fraude fiscal, vaciamiento patrimonial, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, entre otros delitos, en diversas causas.

Arturo Fernández. Cuñado de Díaz Ferrán, fue presidente de CEIM hasta 2014. Bajo su mandato, el Tribunal de Cuentas detectó un supuesto uso irregular de los fondos públicos recibidos para formación. Como antiguo miembro del consejo de administración de Bankia, está involucrado en el caso que se sigue por su salida a Bolsa y por el uso de las tarjetas black de Caja Madrid.

Santiago Herrero. Presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) hasta principios de 2014. Fue imputado, junto con otros dirigentes de la organización, por un presunto delito de estafa en una promoción de viviendas de protección oficial en Sevilla que no se llegó a acabar y en la que cada comprador había adelantado 20.000 euros.

Jesús Terciado. Presidente de Cepyme entre 2010 y 2014. Sus compañeros le forzaron a dimitir después de que se supiera que durante dos años había facturado a la organización, a través de dos empresas suyas, más de 400.000 euros para compensar su “gran dedicación” a un cargo que entonces no estaba remunerado. El juez de instrucción número 33 de Madrid instó hace unos días la apertura de juicio oral contra él.

Jesús Bárcenas. Presidente de Cepyme hasta 2010. Se encuentra en la misma situación procesal que Terciado. Percibía 65.000 euros fijos al año en concepto de gastos de representación y Cepyme le costeaba el alquiler de un coche de alta gama, por otros 64.000 euros anuales. Según el juez, ninguno de esos pagos contaba con el conocimiento y aprobación de los órganos directivos de la patronal."        (Público, 07/06/16)

Díaz Ferrán, expresidente de la patronal, vaciador, apandador, socio de una organización criminal, empezó sus fechorías hace muchos años

"(...) Gerardo Díaz Ferrán, expresidente, vaciador, apandador, socio de una organización criminal (lo dice una sentencia judicial), que el jueves pasado dijo que se confesaba culpable, para cambiar quince años de cárcel por cinco y medio, ofreciendo su cabeza y el paradero de veinte millones de euros desaparecidos de la empresa Marsans.

 

Díaz Ferrán empezó sus fechorías hace muchos años. Era uno de los dueños de la empresa Trapsa. Todavía le recuerdan con especial cariño gente que trabajó para él, como Joaquín Navarro, “el andaluz de las pecas”. 

Un día Navarro estaba lavando el coche al acabar su servicio y pasaba por allí Vicente García Ribes, armado como siempre con una pistola, que solían llevar los presidentes de los sindicatos verticales, acompañado por Díaz Ferrán. Tras un diálogo intrascendente, Ribes preguntó a nuestro héroe por el otro, y cuando él le contó que era un revolucionario, le ordenó: “Despídele ahora mismo”. Y eso hizo Díaz Ferrán.

 “El andaluz de las pecas” era el hombre al que buscaban los asesinos de Atocha cuando mataron a los abogados. No hay nada que relacione a Díaz Ferrán con aquellos asesinatos. Pero sí con la huelga que los precedió, y con los García Ribes y García Carrés, unos pistoleros fascistas que actuaban como tales.

El jueves, Díaz Ferrán compuso un gesto muy raro para admitir su culpabilidad. Mientras decía que sí con la voz, decía que regular con la cabeza.

Cuando todavía no le habían pillado por los cientos de millones de su última fechoría se permitió el lujo de decir a los trabajadores: “Hay que cobrar menos y trabajar más”.

La patronal no ha hecho todavía un verdadero ejercicio de limpieza histórica. Díaz Ferrán les ha dado un buen argumento para seguir. Bienvenido su gesto democrático. "          (Jorge M. Reverte  , El País,  6 JUL 2015)

Multa de 171 millones a 21 marcas de coches por actuar como un cártel. SEAT se chivó a cambio de 'clemencia'

"La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto la mayor multa de su historia al sancionar con 171 millones de euros a 21 empresas fabricantes, distribuidoras, comercializadoras y prestadoras de servicios de postventa de vehículos en todo el territorio español.

La sanción, que afecta también a dos consultoras, se ha impuesto por realizar prácticas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia. Según la CNMC estas empresas han actuado directamente como un cártel.

El organismo da por probada una infracción "única y continuada" consistente en el "intercambio sistemático de información confidencial comercialmente sensible, tanto actual como futura y altamente desagregada, que cubría la práctica totalidad de las actividades realizadas".

La cuota de mercado conjunta de las marcas participantes en las conductas analizadas en este expediente sancionador alcanza en torno al 91% de la distribución de automóviles en España, incluyendo la casi totalidad de marcas denominadas generalistas y alguna de las denominadas 'premium'.

 Competencia asegura que ha quedado acreditado que las empresas desarrollaron dichos intercambios de información "con manifiesta ocultación y secretismo", valiéndose de específicos mecanismos que facilitaban dicho intercambio de información, mediante la participación a tal efecto de dos consultoras, Urban Science y Snap-On Business Solutions.

La organización explica que el intercambio de información se estructuraba en el ámbito de la gestión empresarial, con datos relativos a la distribución y la venta de vehículos en España por las marcas participantes en el llamado "Club de las marcas". También se compartió información sobre servicios y actividades de posventa, para lo que se creó un programa de colaboración a partir de 2010 de la consultora Urban Science y se convocaron diferentes foros.

Igualmente, algunas de las marcas envueltas en este expediente también intercambiaron información confidencial en el campo del marketing, con reuniones denominadas 'Jornadas de Constructores', en las que participaron responsables de marketing de posventa.

 Competencia apunta que en las inspecciones realizadas en las sedes de las empresas a finales de julio de 2013 y junto con la documentación facilitada por Seat "en su solicitud de exención de pago de multa" se comprueba que estas acciones han ocasionado efectos perniciosos sobre la competencia efectiva en el mercado.

La CNMC ha decidido eximir de la multa a Seat, Volkswagen Audi España y Porsche Ibérica por su condición de solicitantes de clemencia. "Esto se debe a que aportaron elementos de pruebas suficientes para ordenar las inspecciones realizadas, así como posteriormente durante la instrucción de este expediente, que han posibilitado a la CNMC la detección y acreditación de este cártel", añadió, al tiempo que señaló que éstas han quedado eximidas de una multa de 39,44 millones de euros.

Además, considera que el papel de Urban Science y de Snap-On "es determinante", ya que actuaron como facilitadores activos del cártel y como instrumentos fundamentales en el intercambio de información y en el mantenimiento en el tiempo de dicha conducta.

 Entre las empresas con mayores sanciones dentro del expediente figuran Citröen (14,7 millones), BMW (8 millones), Ford (20,2 millones), General Motors (22,827 millones), Peugeot (15,7 millones) o Renault España Comercial (18,2 millones).

Además, también se ha multado a B&M Automóviles España con 776.012 euros; a Chevrolet España, con 138.580 euros; a Chyrsler España, con 264,5 euros; a Fiat Group Automobiles Spain, con 6,9 millones de euros; a Honda, con 609.325 euros; a Hyundai, con 4,41 millones de euros; a Kia, con 2,07 millones de euros; a Mazda, con 2,37 millones de euros; a Mercedes-Benz España; 2,37 millones de euros; a Nissan Iberia, con 3,15 millones de euros; a Snap-On, con 52.785 euros; a Toyota España, con 8,65 millones de euros; a Urban Science, con 70.039 euros, y a Volvo Car España, con 1,7 millones de euros.

Competencia procede al archivo de las actuaciones contra Peugeot Citroën Automóviles España, Renault España y Orio Spain "por no haber quedado acreditada la comisión de infracción" y recuerda que no existe recurso alguna en vía administrativa contra estas resoluciones."                 (Público, 28/07/2015)

“Investiguen, por favor. Hay mucha basura”... en los cursos de formación. La gran estafa española... de la patronal, básicamente

Fuente: elaboración propia a partir de presupuestos de SEPE 2013 y normativa de Formación para el Empleo. / EL PAÍS

"Investiguen, por favor. Hay mucha basura”. El mensaje, al final de una larga carta manuscrita, llegó a la redacción de EL PAÍS el pasado 13 de marzo, dos días después de que la policía detuviera en Córdoba y Madrid a una docena de personas vinculadas a la trama de los cursos de formación falsos, el llamado caso Aneri.

El fraude, que implica a cargos de la patronal madrileña CEIM, había hecho desaparecer unos 17 millones de euros de subvenciones estatales y regionales con el sistema de asignar alumnos falsos a cursos online no impartidos.

Pero la frase (investiguen, por favor, hay mucha basura), al final de la citada carta, no se refería exclusivamente al caso del empresario cordobés. Su autor utilizaba el escándalo que estaba asaltando los titulares de los periódicos para remontarse a los orígenes de un sistema corrupto que dilapida año tras año millones de euros de fondos de la Seguridad Social y europeos. 

El hombre se identificaba con nombre y apellidos y relataba cómo las subvenciones de los cursos de formación servían para financiar a la patronal madrileña. El último párrafo daba detalles sobre cómo conocía todas esas irregularidades. La Cámara de Comercio le contrató en el año 1991 para crear el departamento de Formación. Fue su primer director y se propuso cortar los abusos en la utilización de las subvenciones públicas. 

Pero recibió presiones: “Me machacaron a muerte. Recibí amenazas por todas partes. Cuando me negué a firmar pagos de salarios extraños, me echaron sin compasión alguna. Entré en tratamiento psiquiátrico. Hoy vivo lejos de Madrid, sin recuperarme de las secuelas”.

La historia del exdirectivo ha sido confirmada por fuentes no oficiales de la Cámara de Comercio. El testimonio no aporta pruebas documentales pero confirma una sospecha que desde hace décadas está instalada en los círculos que gestionan la formación: que ese fondo común ha servido para financiar a las patronales y a algún sindicato, y que la Administración no ha establecido mecanismos eficaces para evitarlo.

21.000 millones en 10 años

El mundo de la formación mueve miles de millones de euros cada año. Desde 2005 hasta ahora se han destinado en total de 21.000 millones de euros, según datos del Ministerio de Empleo. Todo ese dinero sale fundamentalmente de las cuotas que trabajadores y empresas destinan a la Seguridad Social, un 0,7% de la masa salarial. El resto lo hace de la administración central y de los fondos europeos.  (...9

El dinero lo gestionan las Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que sacan todos los años convocatorias para subvencionar cursos de formación. Estas se conceden según un sistema de puntos que trata, supuestamente, de atender las demandas laborales. 

Sindicatos, patronales y asociaciones empresariales piden la mayor parte de esas ayudas, pero no suelen impartir directamente los cursos. Estos son subcontratados a academias y consultoras. Es en este punto cuando se reparte el pastel y empiezan los problemas.

ALUMNOS FALSOS

La estafa

Con pequeñas diferencias a lo largo de los años, el modus operandi de las academias y consultoras que defraudan es siempre el mismo, según señalan los policías que llevan años investigando este tipo de estafas. Cuantos más alumnos tenga un determinado curso, más dinero se puede recibir. 

¿Cómo los consiguen? Falsificando firmas de alumnos o recurriendo a bases de datos de personas reales para que consten como participantes. Esa es la forma de justificar luego ante las administraciones el gasto del dinero. La experiencia de los policías es que en la mayoría de los casos solo se impartía una pequeña parte de los cursos para dar una apariencia de legalidad. El resto eran falsos.

¿Cómo se consigue que nadie se percate de que la mayoría de los alumnos son falsos? Es ahí donde entran en juego los cómplices y la colaboración de un sistema lleno de irregularidades. Para empezar, las consultoras devuelven parte del dinero a las entidades que han recibido las subvenciones de la administración.

 La ley permite que se devuelva a una patronal, por ejemplo, un 10% de la subvención en forma de gastos asociados a los cursos (la contratación de una telefonista que llama a los alumnos o los gastos de un aula si el curso se da en la sede propia). Bajo cuerda, las consultoras pueden retornar mucho más dinero con facturas falsas. La patronal en este caso encuentra así una forma de financiación a través de las ayudas públicas.

Un ejemplo de todo esto es el caso Aneri. Según la investigación de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional, la trama de los cursos de Madrid desmantelada en marzo repartía así la subvención. Imaginemos que era de 100 euros.

 De ellos, 20 se destinaban a mordidas para algunas asociaciones empresariales. Otra porción (10 euros) se destinaba a pagar el coste de la infraestructura: empleados, oficinas, plataformas, publicidad... El resto (70 euros) era ganancia neta para la consultora, aunque Aneri repartía también algo en fajos de billetes a los intermediarios de algunas asociaciones, según la investigación.

“HOY VIENE EL INSPECTOR”

Colaboración administrativa

La otra pata que ha de funcionar para cerrar el círculo es que la administración no se dé cuenta de lo que ocurre. En algunos casos, la policía ha descubierto sobornos a funcionarios, inspectores de Trabajo y políticos. Pero en la mayoría de las ocasiones no hace falta tal grado de implicación. 

Es suficiente con que la Administración mire para otro lado. Funcionarios públicos han denunciado a este diario la falta de controles sobre los cursos. “Cuando los inspectores van a un curso para ver si se está realizando, no cogen a nadie por sorpresa. Las academias saben siempre cuando van a llegar”, señala una de esas fuentes, que pide anonimato como la mayoría de las personas consultadas para esta información.

Trabajadores de una organización empresarial madrileña implicada en el caso Aneri han corroborado este último punto a EL PAÍS: “Hoy viene el inspector de la Comunidad, nos decían, y sabíamos que iba a estar todo preparado para que ese día hubiera gente en los cursos”.

Hay otro problema añadido. La vida de las ayudas públicas es de tres años. Una subvención para cursos que se convoca, por ejemplo en 2010, no se ejecuta hasta el año siguiente, es decir, los cursos se tienen que impartir en 2011.

 El momento de justificar y entregar todos los papeles que acrediten la veracidad del curso no llega hasta el año siguiente, 2012. Si la administración no detecta irregularidades, solo cabe que sean los tribunales de cuentas los que evalúen la gestión. Si lo hacen, suelen tardar algunos años más en revisarlo todo. (...)

Para gestionar ese dinero y todo lo relacionado con la formación se creó en 1993 la Forcem (Fundación para la formación continua), un ente en el que estaban los sindicatos y las patronales. Además de administrar las subvenciones estatales, la Forcem también recibía fondos europeos. El sistema empezó a dar problemas desde el principio. (...)

Los casos de corrupción empezaron a sucederse. En Madrid, saltó el caso del Imefe en 1998, en el que redes empresariales del PP con escasa o nula plantilla docente se habían hecho desde 1996 con 8,41 millones. En 1999, dos profesores de las academias de Fidel Pallerols denunciaron una estafa con el uso de fondos comunitarios para formación de parados en Cataluña. 

Pallerols recibía fondos europeos a cambio de desviar dinero que iba a la financiación irregular de Unió Democràtica de Catalunya. En Galicia, el presidente de la patronal gallega, Antonio Ramilo, tuvo que dimitir en 2000 tras detectarse el desvío de 1.000 millones de pesetas (seis millones de euros) de subvenciones para sufragar gastos corrientes de la organización que presidía.

Esas investigaciones fueron la antesala del caso Forcem (2002), el más famoso de la época y el que más recuerdan los investigadores. La Policía Judicial confirmó un fraude a la Unión Europea de unos 100 millones de euros en miles de cursos. La Audiencia Nacional llamó como imputados a empresarios de academias y sindicalistas de UGT. El caso acabó prescribiendo. El escándalo se repitió: “Después de la Forcem, pensé que nunca más vería un caso igual. Y ya ves”, dice un policía experto en este tipo de fraudes.

Los alumnos perfectos

El sistema se cambió, la Forcem se sustituyó por la Fundación Tripartita, en la que además de los sindicatos y patronales estaba también el Estado. Pero los fraudes han seguido ocurriendo. En Andalucía, existen sospechas de que el sindicato UGT ha defraudado parte de los fondos públicos recibidos, unos siete millones de euros. En total se investigan 19 expedientes de 2008 a 2012.  (...)

En Madrid, la policía destapó las irregularidades que había cometido Aneri en los cursos que hacía para varias organizaciones regionales y nacionales. La estafa en este caso era más sofisticada. Los cursos se hacen ahora en plataformas de Internet. Y ahí el descontrol es aún mayor. 

Cada vez que los técnicos se metían en las plataformas de Aneri, detectaban claves de alumnos que supuestamente hacían los cursos. Pero detrás no había nadie. En realidad era un programa informático el que multiplicaba los alumnos. El problema es que estos eran demasiado perfectos, poco humanos. Los alumnos reales suelen ajustarse al porcentaje de ejercicios exigidos para aprobar el curso, un 75%. Pero los alumnos imaginarios de Aneri los hacían todos.  (...)

La utilidad de los cursos

Un vistazo rápido a algunos de los cursos que se ofrecen desde plataformas online demuestra que, aún sin fraudes, el sistema no cumple su cometido de formar a los trabajadores. La Confederación del Taxi de España, que firmó acuerdos con Aneri por los que cobraba mordidas del 20% de la subvención, organizaba cursos a distancia con los que se pretendía enseñar a los taxistas mecánica para conductores o el uso del GPS. 

Pero también se ofrecían cursos online para auxiliar de herrador de caballos. “Lo de la teleformación es una mentira. Lo sabe todo el mundo”, dice David M., un empresario de formación de Sevilla. “Lo primero que hacen las empresas informáticas cuando vienen a venderte una plataforma digital para dar cursos es decirte que la suya es fácilmente manipulable para falsear alumnos”, asegura el empresario. (...)"          ( Álvaro de Cózar / Pilar Álvarez , El País, Madrid 15 JUN 2014 )

La patronal madrileña desvió fondos de la formación para pagar a sus directivos

"La patronal madrileña CEIM, la organización empresarial que preside Arturo Fernández, ha estado desviando el dinero de los cursos de formación para financiar los sueldos de sus dirigentes. 

Dos informes de la Cámara de Cuentas referentes a los años 2008 y 2009 señalan que los salarios recibidos por algunos de los directivos de la organización de empresarios procedían hasta en un 90% de fondos públicos destinados a la formación de trabajadores. Los sueldos se situaban esos años en una horquilla de entre 100.000 y los 220.000 euros. (...)

Las ayudas que patronal y sindicatos reciben se emplean fundamentalmente en formación; es decir, gastos docentes, profesorado, material y diseño de los cursos. Estos últimos se suelen subcontratar con empresas externas, como las de los empresarios José Luis Aneri o Alfonso Tezanos, detenidos por formar parte supuestamente de una trama de cursos falsos.

 La policía, de momento, ha arrestado a 14 personas. El agujero económico asciende a 15 millones de euros, procedentes de las arcas regionales y estatales. Madrid recibe cada año unos 115 millones de euros del Estado para cursos de formación.

Pero otra parte de las subvenciones va a los llamados “gastos de apoyo”; es decir, de personal no docente pero que interviene en la gestión de los cursos. Por ejemplo, una telefonista contratada para dar información a los alumnos. Hasta agosto de 2012 ese gasto no podía ser mayor del 20% de la subvención. A partir de esta fecha, se redujo al 10%.

Es en esa parte de la subvención donde la Cámara detectó las irregularidades reflejadas en ambos informes. En 2009, la Cámara señala que la normativa regional (Orden 2816/2008, de 2 de octubre) “no prevé como subvencionables los salarios del personal directivo”.

 Esto significa que del dinero de los cursos no se pueden pagar las nóminas de los dirigentes de la CEIM ni de los sindicatos. “Sin embargo, se justificaron de nuevo costes salariales de directivos [de la CEIM]”, prosigue el informe, “que además perciben unos salarios elevados, superiores a 100.000 euros, por un total de 405.000”.

La auditoría pública termina diciendo en ese apartado que “se han financiado con fondos públicos el 35% de los costes salariales del secretario general; el 54% en el caso de la directora del departamento de Asuntos Laborales; el 50% de los costes en el caso del director financiero, de la directora de Asuntos Económicos y del director de Comunicación; y en el 90% de la directora de Formación”. (...)

La Cámara da otros datos sobre el dinero público destinado a gastos de personal de apoyo. De los 89 trabajadores de personal de la CEIM, en 2008 se financiaron con fondos de la Comunidad y fondos europeos el 54% de los costes salariales de 34 trabajadores. En 2009 se financiaron el 53% de los sueldos de 32 trabajadores de los 114 de personal propio. (...)"                (El País, 12/03/2014)

Patronal roba a parado

"Dimitió ayer Alfonso Tezanos. Iba acosado por (su) presunta participación en la estafa de 15 millones a la Comunidad de Madrid y al Gobierno cometida al organizar cursos inexistentes o inflados de Formación Profesional para parados o reciclantes.

Tezanos presidía la patronal comercial Cecoma, asociada a la CEIM, que preside Arturo Fernández. También dimitió como presidente de la Comisión de Formación de la Cámara de Comercio local, que encabeza... el mismo Fernández.

El presidente madrileño, Ignacio González, ha suspendido las subvenciones a las asociaciones quizá corruptas dos largos meses después de estallar el escándalo. Igual su esposa, Lourdes Cavero, podría haberle animado a acelerar, como conocedora de la CEIM, pues Fernández la nombró su número dos, su “adjunta”... antes de ser imputada por presunto delito de blanqueo de capitales por su ático en Marbella. 

Y antes de que al propio Arturo (bueno, a su empresa Cantoblanco Colectividades, SL) Hacienda le embargase 1,4 millones de euros, vaya, a la Asamblea de Madrid, por deudora de Fernández (El País, 11 de diciembre). Pagos sospechosos de realizarse en negro y otras cochambres, aparte.

Pero la CEIM sacó un comunicado asegurando que “no tiene nada que ver” con el caso: será que porque este solo afecta a una treintena de asociaciones patronales.

Enriquecerse apropiándose el dinero destinado a formar a la gente para sacarles del paro o sortearlo (en 2013 se distribuyeron 951 millones) es demasiado repugnante. Lo haga un partido democristiano (caso Pallerols), un sindicato andaluz (la trama de los ERE) o la patronal.

Pero no se trata solo de algo moralmente vomitivo, sino políticamente peligroso. El presidente Rajoy prometió en el debate de la nación que, por fin, elaborará una “Estrategia de Activación para el Empleo”, las medidas que Zapatero puso en marcha y él paralizó: colaboración con las agencias privadas, portal único de empleo, reforma de la FP y dotar de “un papel esencial” a “la Formación Profesional para el empleo”.

Si cumple, lo habrá hecho con dos años, más/menos de retraso, desde que el 30 de mayo de 2012 la Comisión, y el 22 de junio el Ecofin, recomendaron a España “tomar medidas adicionales” para “aumentar la eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo”. ¿Qué medidas? Mejorar “la selección” de sus destinatarios; “aumentar la utilización de los servicios de formación”; cruzar mejor “las ofertas y las demandas”; y “reforzar la coordinación” de los servicios públicos de empleo” central y autonómicos (COM (2012) 310 final).

Ocurre además que buena parte de los recursos financieros para la formación provienen de la Unión Europea. Será imposible disimular los latrocinios. Mejor: ojalá venga la troika a registrar alguna sede patronal. Y de paso aprovecharíamos para pactar cómo se aplica el plan de empleo para jóvenes dotado por los Veintiocho (6.000 millones), aún por estrenar. Pero alguno quizá rumie: ¿no será mejor que les pudra el paro, y encima, robarles?"                   ( Xavier Vidal-Folch , El País, 27 FEB 2014 )

La patronal gallega pagará el agujero dejado por su ex-presidente, Antonio Ramilo, hasta 2015

"Cada año de la última década, la Confederación de Empresarios de Galicia ha estado pagando las deudas heredadas de la pésima gestión de Antonio Ramilo Fernández-Areal, que presidió el organismo entre 1991 y 2000.

El histórico dirigente empresarial fallecido en 2006, -antes procurador en Cortes y alcalde de Vigo durante la dictadura-, dimitió el 28 de noviembre de 2000 entre acusaciones de despilfarro y manejos contables que nunca se llevaron a los tribunales. "Lo hago por lo que he defendido siempre: el servicio a la organización", dijo entonces.

Los presidentes de las cuatro patronales provinciales lo habían forzado a cesar. Días antes había admitido "un desfase" contable de 1.000 millones de pesetas (seis millones de euros), pero responsabilizó de todo al exsecretario, Rafael Sánchez Sostre, y a la adquisición, en 1992, del edificio en el casco antiguo de Santiago que alberga la sede.

El inmueble había costado 400 millones de pesetas, de los que la Xunta presidida por Manuel Fraga subvencionó el 40%. Otras versiones apuntan a que realmente pagó por él 250 millones y lo anotó en la contabilidad con un valor de 600.

Eso y las "múltiples actividades desarrolladas en su etapa", según los argumentos de Ramilo en aquél momento, provocaron el descalabro financiero de la Confederación.

Las cuentas de la CEG siguen mostrando aquellas heridas. La patronal tiene fondos propios negativos por valor de un millón de euros y dos embargos a favor del Estado y de Hacienda, unas garantías acordadas con la Administración central que permiten a la Confederación fraccionar las devoluciones.

Por aquellos "1.000 millones de pesetas", tendrán que pagar préstamos hasta el año 2015 por importe total de 10 millones de euros.
 
Las sospechas de que algo iba mal se desataron en 1999, cuando la patronal de Pontevedra (CEP) reclamó a la Xunta unas ayudas de formación. El Gobierno autónomo respondió que las había transferido a la Confederación gallega, lo que provocó que se ordenase una auditoría. Al empezar a conocerse los datos, Ramilo destituyó a Sánchez Sostre, a quien achacó la mala gestión.

"Yo no tenía firma para hacer ninguna operación bancaria sin autorización del presidente o del comité ejecutivo", declaró aquellos días el exsecretario a este diario. Sostre sostuvo entonces que tres años antes había informado a Ramilo sobre los desequilibrios de tesorería y que propuso un plan de viabilidad. "Él se opuso y ni siquiera aceptó reducir algunos gastos excesivos", dijo.

Las subvenciones para formación que concedían la UE y el Ministerio de Trabajo eran la principal fuente de financiación de la patronal, que cada año presentaba a sus miembros unas cuentas saneadas y con beneficios. La realidad estaba bastante lejos. El examen a la gestión afloró 1,2 millones de euros en facturas incobrables y una sobrevaloración de la sede en otros 2,7 millones.

El resto, casi dos millones de euros, simplemente se habían volatilizado. Comenzaron a hacerse públicos suntuarios gastos de representación del presidente y otros detalles, como alquileres de locales para hacer cursillos a precios exorbitantes. La patronal CEOE, de quien Ramilo era un miembro destacado, rehusó valorar la crisis y los partidos de la oposición (PSdeG y BNG) reaccionaron reclamando los datos de las cuantiosas ayudas que la Xunta había facilitado a la Confederación durante casi una década.

El propio Ramilo fue un incondicional de la política de Manuel Fraga, al que apoyaba entusiásticamente en cada campaña electoral. Pero el día que dimitió poco quiso saber del Gobierno gallego cuando los periodistas le preguntaron si estaría dispuesto a someterse a una investigación parlamentaria.

El empresario contestó de forma rotunda: "Yo al Parlamento no voy. Como dijo López Bravo, un gran ministro de Franco, yo ya no soy noticia".                           (El País, ed. Galicia, Galicia, 06/09/2011, p. 3)

"Cuando supe lo que había hecho Yves Díaz de Villegas no me cupo la menor duda de encontrarme ante un... comportamiento heroico"

"Cuando supe lo que había hecho Yves Díaz de Villegas no me cupo la menor duda de encontrarme ante un gesto tan insólito, tan audaz, tan temerario, que podía escribir con seguridad: he ahí un comportamiento heroico. (...)

Es decir, que el principio de la autenticidad de una denuncia podría reducirse a algo tan sencillo y tan arriesgado como atreverse a decir que no, y que nadie, salvo los propios denunciados, se enteren.

Eso es exactamente lo que hizo Yves Díaz de Villegas en Santander hace apenas un mes, para pasmo de nadie, puesto que los que nos enteramos ha sido por casualidad.

A los 36 años, Yves Díaz de Villegas, hijo de un catedrático de caminos de la Universidad de Cantabria, ingeniero él mismo, había conseguido una de esas canonjías para toda la vida que acaban, por poco talento que se tenga y con la ayuda de hacer la vista gorda, aportando una fortunita.

Los empresarios de Cantabria, respetuosos con las formas después de muchos avatares habían encargado a una sociedad independiente que les buscara un secretario general para la CEOE-Cepyme de la región. Y así apareció Yves Díaz de Villegas. Un currículo impecable.

Pero hete aquí que después de tres años contemplando lo que cualquier ciudadano español sufre cada vez que abre el periódico, y en verdad os digo que entre la realidad y lo que trascriben media un abismo, un día, exactamente el 22 de febrero, hizo llegar a los miembros de la junta directiva de la CEOE-Cepyme de Cantabria una carta en la que se denuncia los amaños, colusiones, trampas y desfalcos variados que lleva perpetrando con absoluta impunidad el representante de los empresarios, por buen nombre Miguel Mirones, hostelero y constructor, con amplio historial, incluida quiebra fraudulenta.

No deja de ser llamativa la tendencia que tienen los empresarios españoles por darse representantes gremiales que bordean la delincuencia, al mismo tiempo que se muestran intransigentes hacia cualquier comparación entre ellos y la clase política.

Deberían hacérselo mirar y pensárselo un poco antes de sacar pecho. Cuando las sociedades son corruptas, no se libran ni las monjas de clausura, y si no que se lo pregunten a las hermanitas del convento zaragozano de Santa Lucía.

Lo más expresivo, desde el punto de vista teatral y literario, es la reacción de la junta directiva ante la carta de denuncia -12 folios implacables-. “¡Eso, joven ingeniero, no se puede afirmar sin pruebas!”. Momento en el que, me aseguran, el tal Díaz de Villegas pidió permiso para ausentarse, que le fue concedido, y volvió arrastrando una maleta con ruedas y dijo: “Aquí están las pruebas”.

Como en una comedia de Molière, todos saltaron y gritaron: “no se le ocurra abrirla. Vaya compromiso. Que se haga cargo una auditoría interna”.

Y la auditoría, por más interna que fuera, no pudo menos que encontrarse con tal cantidad de irregularidades que aún hoy siguen sorprendiendo a los escasos interesados en el tema. Tratándose de personas de notoriedad cabría pensar que los diarios, los partidos y, cómo no, los sindicatos, pusieran el grito en el cielo.

Quizá en el cielo sí, pero en la tierra no. Un silencio espeso, lleno de incidentes dignos de Berlanga y Dashiell Hammet, ha cubierto el caso. Apenas un escandalillo provinciano, hasta que lo entierren los tribunales. Muchos jueces españoles deberían ser nombrados presidentes honorarios de Pompas Fúnebres. ¡Nadie como ellos entierra los delitos con tal riqueza retórica! (...)

Si un ingeniero de Santander es capaz de asumir su responsabilidad como profesional, y como ciudadano, para denunciar a unos empresarios corruptos, y en solitario, estamos ante un callejón.

Todos esos instrumentos de los que aseguran se ha dotado la sociedad para defenderla de los abusos, llámense partidos, sindicatos, medios de comunicación… no valen un carajo si no es para asegurar el condumio de los suyos. (...)

Siento respeto, pero también piedad, por Yves Díez de Villegas, como lo sentí hace ya algún tiempo por aquel ingeniero asturiano, Francisco Redondo, que dijo no a una contratación irregular en la administración y pagó por ello.

Esos son los héroes contemporáneos de una sociedad que se empeña en considerar heroico el trabajo magníficamente pagado de cualquier cantamañanas. La autocensura me impide poner nombres." (Sin Permiso, 10/04/2011, 'El héroe contemporáneo', de Gregorio Morán)