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16.5.18

Dentro de la corrupción valenciana: prostitución, corruptos y políticos

"Como se ha podido observar a lo largo de la serie de reportajes de El Plural dedicados a la corrupción en la Comunitat Valenciana, existen ciertos aspectos que son comunes a todos los casos de corrupción como por ejemplo el robo de dinero público, primeros espadas políticos como protagonistas y un largo etcétera de datos tristemente comunes en estos casos.

 Pero hay un detalle que pocas veces se menciona pero que parece ser una constante en los asuntos de corrupción valencianos, la unión de corruptos y prostitución. Es decir, a la sustracción de dinero público se une uno de los actos más machistas que existe, el consumo de prostitución.

AIDO

Esta semana se hacía público que, el informe independiente encargado en la APCE por presunta corrupción, acusaba al senador del Partido Popular, Pedro Agramunt, de recibir sobornos por parte de Azerbayán que consistían en recibir a prostitutas de tres en tres en hoteles de lujo, sobres con billetes de 500 euros, transferencias digitales de 15.000 euros, regalos de Hermès y, sobre todo, caviar. Pero el caso de Agramunt no es, ni mucho menos, aislado.

En otro caso que se encuentra en instrucción, el que investiga el presunto fraude de subvenciones de la empresa AIDO en Valencia la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional investiga si los responsable de AIDO pagaron servicios sexuales camuflados como facturas de restaurantes

Los investigadores comprobaron que las facturas por supuestas cenas y comidas de los directivos realmente se celebraban en clubes de alterne. Una práctica deplorable pero, por desgracia, para nada aislada.

Emarsa

Dentro del caso Emarsa, en el que supuestamente se desfalcó la depuradora de Pinedo en Valencia y que está a falta de sentencia, se hicieron tristemente famosas las ‘traductoras’ rumanas. Cuando el caso se encontraba todavía en instrucción, el ex gerente de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales de Valencia S.A. (Emarsa), Esteban Cuesta, declaró ante el titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia que Emarsa pagó varias noches de hotel a una mujer procedente de Rumanía para traducir documentos y proyectos.

Pero la sorpresa se produjo cuando se investigó más profundamente esta declaración y se comprobó que la mujer tenía como domicilio un prostíbulo. Es más, con dinero público de esta entidad se pagaron varios viajes a Rumanía en los que, además de trabajo, se gastó el dinero de erario en sexo con prostitutas. Parece una lamentable constante que en los casos de corrupción aparezca siempre algún eslabón de la cadena que tenga que ver con este tipo de servicios que, no solo se costean con dinero público, sino que denigran sobremanera a la mujer.

Brugal

El caso más mediático y llamativo es el relacionado con el empresario alicantino Enrique Órtiz que está imputado dentro del caso Brugal junto a los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luís Díaz Alperi. Tal y como informó El Plural, en las conversaciones grabadas por la Policía en el marco del caso Brugal, se revela que Ortiz y el exdirector general de Bancaja Aurelio Izquierdo disfrutaban de esparcido ocio en el yate del constructor.

En esas grabaciones Ortiz e Izquierdo hablan de manera abierta sobre sus juergas sexuales con prostitutas. En una de ellas, Ortiz propone un viaje en barco por el Mediterráneo junto a dos “paquetes”. El trato que se da a las mujeres es ofensivo y machista.

“Oye, ¿y tu paquete es español o qué?”, pregunta Izquierdo, a lo que Ortiz responde: “Es portugués”. “Qué bueno, oye, qué rico, y es jovencita”, pregunta el entonces directivo de Bancaja. El empresario responde afirmativamente. 
La relación entre Ortiz e Izquierdo era íntima, como desvelan las grabaciones, en las que pueden escucharse frases como: “Venga niño, no te pajees mucho” o “yo lo que quiero es follármela”. Y los favores eran mutuos. El exdirector general de la caja se puso en contacto con el constructor para que intentara “colocar” a una amiga, a "la chiquita esa, de lo que sea... Pero no hace falta ni que le paguen... aunque sea el salario mínimo...".

Gürtel

Y como siempre, no podía faltar el perejil de todas las salsas, el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, a quien el garganta profunda del caso, José Luis Peñas, le grabó una conversación hablando de una fiesta en casa del alcalde de La Nucia (Alicante). Correa tenía como táctica habitual hacer orgías con prostitutas para cerrar tratos y, sus visitas a la Comunitat Valenciana no iban a ser diferentes.

En las grabaciones se escucha a Correa contarle a Peñas sobre su participación en una fiesta organizada en el chalé de Bernabé Cano, alcalde de La Nucia, y más conocido como 'El Choco' con “cinco tías impresionantes”. En los audios se oye a Correa decir: "Bernabé nos dijo que nos iba a montar una de puta madre con tías en su pueblo. Fuimos a cenar y cuando me quise dar cuenta había cinco tías impresionantes".

Y explica que, en aquella orgía estuvo una chica de "25 añitos, muy discreta, educada, calladita", al parecer de Europa del Este. En la misma ‘fiesta’, el ahora condenado dice que otro de los imputados en el caso, Jacobo Gordón, "se llevó una tía guapísima a la habitación. Todos los demás estaban allí en pelotas, cada uno con una tía".

Además de la constante del uso de prostitutas en este tipo de casos, hay otra cosa habitual, y es el lenguaje despectivo a la hora de hablar sobre el sexo que realizan con estas mujeres a la que, casi todos ellos, consideran meros objetos de placer."                  (Loreta Ochando, El Plural, 29/05/18)

17.5.16

El empresario Enrique Ortiz confiesa que financió ilegalmente al PP de Valencia

"El empresario y presidente del Grupo Cívica -antes Grupo Ortiz e Hijos- ha confesado. Enrique Ortiz ha reconocido ante el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que financió de manera ilegal las campañas electorales del Partido Popular de Valencia en 2007 y 2008 según ha publicado este viernes la Cadena Ser. Podría haber financiado con hasta 350.000 euros a la formación en Valencia a través de facturas falsas. 

Condenado a cuatro años de cárcel dentro de la trama Gürtel, Ortiz es el primer empresario que reconoce este delito poniendo así entre las cuerdas al PP ya que sus declaración ante el juez confirma los delitos que implican a los 'populares' en prácticas corruptas siete años después de que comenzaran las investigaciones relacionadas con este caso.

 Pocas horas después de conocerse esta noticia también ha salido a la luz que la mano derecha de Ortiz, José Francisco Beviá, también reconoce que participó en la financiación ilegal al PPV.

En el escrito de defensa, al que ha tenido acceso la SER, Ortiz reconoce de manera íntegra los hechos y presenta los 40.133 euros que le pidió el juez en el auto de apertura del juicio oral. 

De esta manera el empresario solicita que la pena de prisión sea sustituida por el pago de una multa argumentando "confesión tardía de los hechos". Si finalmente esta solicitud es rechaza, su defensa "suplica" que se suspenda "las penas privativas de libertad". José Francisco Bevía ha presentado un escrito idéntico. 

Fue el pasado 26 de febrero cuando De la Mata abrió juicio oral contra 20 personas acusadas de financiar de forma ilegal el Partido Popular de la Comunidad Valenciana en las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008. Entre ellas, además de Enrique Ortiz se encontraban el presunto líder de la trama Gürtel, Francisco Correa; su 'número dos', Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, 'El Bigotes'.

El empresario alicantino también se enfrenta a cuatro años y medio de cárcel y una multa de seis millones de euros por un delito contra la Hacienda Pública y otro de falsificación en documento mercantil en un caso relacionado con nueve fincas rústicas ubicadas en el PAU 4 de Alicante, en la Playa de San Juan, relativas al ejercicio fiscal de 2005. 

Ortiz también está investigado en los casos Rabasa y Brugal. En este último el fiscal pide 17 años para el empresario por presunto un amaño de la adjudicación del servicio de recogida de basuras en el plan Zonal de la comarca de la Vega Baja.

Esta no es la primera ocasión en la que Enrique Ortiz reconoce su implicación en varios casos de corrupción. En noviembre de 2014 el también constructor admitió haber hecho regalos de Navidad a la que fuera alcaldesa de Alicante desde 2008 a 2014 Sonia Castedo así como a varios concejales y empresarios argumentando que tenía una "buena" relación con ellos. Entre los obsequios se encontraba un jamón, botellas de champán y un bolso de Carolina Herrera. "             (El Confidencial, 01/03/16)

4.7.14

Llena “mis residencias” y anula las “ayudas a los cuidadores familiares”

 "El todopoderoso empresario, promotor y constructor de Alicante, Enrique Ortiz, amigo de la alcaldesa que lleva dos años imputada y que se niega a dimitir por hacer un plan de urbanismo acorde con los intereses de Ortiz, aparece esta vez como socio de la familia Cotino, cuyo representante más famoso es Juan Cotino, actual presidente de las Cortes valenciana y ex director general de la Policía con Aznar. Los negocios y la fortuna de la familia Cotino dan para mucho.

Dentro de la Operación Brugal la policía grabó una serie de conversaciones que ahora han sido desveladas y que revelan un nuevo negocio que se traían entre manos: conseguir que la Generalitat dejara de pagar a las familias con dependientes para llenar las residencias propiedad de la familia Cotino y de Ortiz.

Se da la circunstancia de que Juan Cotino también fue conseller del Gobierno valenciano, nada más y nada menos que de Bienestar Social. Impensable que este dirigente del PP crea que la Dependencia es un derecho y un servicio público cuando su familia participa en un negocio de residencias.

En las conversaciones, cuyo contenido desveló El Mundo, se escucha a tres personas: Vicente Cotino, Enrique Ortiz y Arturo Alario, director de las residencias Savia-Gerocentros. Vicente Cotino es sobrino del actual presidente de las Cortes Valencianas y uno de los hombres más poderosos del PP valenciano.

Está grabada una conversación entre el empresario Enrique Ortiz y Vicente Cotino el 12 de febrero de 2009. El ‘sobrinísimo’ estaba en el Caribe y en esa conversación Ortiz le dice que hay que “presionar” a Joaquín Martínez, número dos de la consejería de Bienestar Social. Ortiz explica que “el conseller tiene todo el interés del mundo en llenar nuestras residencias, pero Joaquín Martínez se está tocando los cojones y le da lo mismo llenar nuestras residencias que las del tío de la boina”. 

Cotino le responde que verá a Martínez y se lo dirá, pero Ortiz no se conforma y recomienda a Vicente Cotino que le llama “alguien relevante” “otro conseller” y que le diga “que se tome en serio lo de esta empresa”. Es decir, que entre el sobrino de Cotino y el constructor Ortiz tienen la influencia suficiente para mover a varios consejeros autonómicos.

Ese mismo día, Ortiz habla por teléfono con el gerente de las residencias, Arturo Alario. El director gerente le explica que han pedido un informe jurídico con el que se demostraría que pagar ayudas a familiares cuidadores es ilegal.

Y además que ese informe lo ha pagado la patronal: “Vamos a hacerle un escrito al conseller, el conjunto de empresas de accesibilidad, diciendo ya que qué coño pasa, que se están dando ayudas a cuidadores familiares a mansalva y hemos pedido un informe jurídico a Uría Menénez (un prestigioso bufete, por cierto), además a iniciativa mía, que no lo vamos a pagar nosotros, lo va a pagar la patronal de las residencias éstas, contra los cuidadores informales familiares”. (...)"            (Público, 03/07/2014)


"Enrique Ortiz, empresario sospechoso donde los haya, íntimo amigo de los líderes del Partido Popular de Alicante, de los que supuestamente obtenía pingües beneficios, como lo prueba su imputación en los casos Brugal y Gürtel (está en todos los fregados mafiosos), se le ha ido la mano, la decencia y la dignidad en el penúltimo episodio de su escalada deshonesta. 

Ahora sabemos por grabaciones policiales que este individuo pedía a sus amigos del PP, entre los que se encuentra la alcaldesa de Alicante (aún sin dimitir), diputados, consejeros y altos cargos del Gobierno Valenciano, que retiraran la ayuda a los cuidadores personales y profesionales “para poder llenar nuestras residencias”, reconoce en la cinta que obra en poder del juez, como si las personas con necesidad motoras y fisiológicas fueran una pura “y puta mercancia”, reconoce a ELPLURAL.COM uno de los afectados.

Como ya ha informado nuestro periódico, Ortiz ha pataleado todas las líneas rojas; se ha pasado un millón de pueblos…y el portavoz de la Coordinadora Estatal de las Plataformas en Denfensa de la Ley de Dependencia del Estado Español, José Luis Gómez-Ocaña, no duda en catalogar en declaraciones a este periódico de “flagrante comportamiento mafioso la conversación mantenida entre el constructor Enrique Ortiz y el director de Savia Gerocentros, Arturo Alario”, repartiédose el negocio de la Dependencia. “Lo que se manifesta en esa conversación es de extrema gravedad, lo que nos produce la más absoluta repulsa y desprecio”, concreta.

Gómez-Ocaña recuerda a estos corruptos que las “personas en situación de dependencia no son trozos de carne ni material de almacén con la que llenar los bolsillos de nadie”, al mismo tiempo que recuerda que la conversación grabada por la policía entre estos dos individuos, “no hace sino confirmar lo que venimos denunciando desde hace tiempo que es entregar el pastel del negocio de la dependencia a la empresa privada”. 

El portavoz dice también que una vez que se ha terminado el “negocio del ladrillo” se está intentando “trasladar el chiringuito” hacia las necesidades de las personas dependientes como se demuestra la implicación del constructor Ortíz .

José Luis Gómez-Ocaña tiene claro que la demonización de los cuidadores en el entorno familiar no tiene otro fín que acabar con esta figura y entregar la dependencia al “negocio privado”. La situación extrema a la que se está llevando a las personas en situación de dependencia no sería posible sin la “complicidad del Ejecutivo de Rajoy y de los Gobiernos Autonómicos de su mismo color político, entre los que se encuentra a la cabeza la señora Cospedal, al abrir los caminos legislativos que hacen posible situaciones como las que se ponen de manifiesto en las aberrantes grabaciones que han salido a la luz”.

Lo cierto es que, siempre según Gómez-Ocaña, si tanto interés tiene Rajoy y Cospedal en “profesionalizar” los servicios a las persona dependientes, de sangrar hasta el último familiar, les ”sugerimos que insten a las empresas de servicios profesionales a la dependencia a ofrecer a los grandes dependientes prestaciones similares en intensidad y coste a las que están prestando los cuidadores en el entorno familiar, es decir, tarifas de 380 euros al mes por un servicio de 24 horas al día, todos los días del año, sin alta en seguridad social, sin vacaciones ni derecho a bajas por enfermedad y sin la seguridad de cobro de forma puntual”, como es el caso de la presidenta de Castilla-La Mancha, tal vez la gran morosa en el pago a la dependencia de toda España."            (Público, 03/07/2014)

15.3.13

El exalcalde de Alicante Alperi denunciado ahora por fraude: ocultó al fisco 2 millones de euros ‘ganados’ en tres años

"La Agencia Tributaria estima que el dirigente del PP ocultó dos millones de euros en ingresos durante tres ejercicios fiscales, de los que tendría que haber abonado unos 650.000 euros en concepto de IRPF.

Luis Díaz Alperi dimitió como alcalde en septiembre de 2008 y fue sustituido por Sonia Castedo. Los dos están imputados en el caso Brugal por el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante en beneficio del empresario Enrique Ortiz. 

Con un sueldo de unos 70.000 euros cuando era alcalde y de 61.500 actualmente como diputado autonómico, tiene por delante una tarea harto complicada, la de explicar cómo ha podido acumular un patrimonio que difícilmente se puede adquirir mediante un sueldo público como el suyo.

Según la investigación llevada a cabo por la Agencia Tributaria, Luis Díaz Alperi habría dejado de ingresar al fisco unos 400.000 euros en 2007, alrededor de 140.000 en 2008 y 130.0000 en 2010, cantidades que corresponderían a la cuota exigible por el IRPF.

 En esos tres años, el ex alcalde de Alicante habría ocultado a Hacienda casi un millón de euros en 2007, 325.000 en 2008 y 300.000 en 2010, así como otras cantidades aún por determinar hasta alcanzar los dos millones de euros. (...)

Dentro de la causa Brugal, la Fiscalía Anticorrupción investiga la entrega de tres adosados por la trama corrupta a los tres hijos del diputado autonómico popular, de los que uno estaría a nombre de Elisa Díaz, la mayor de los descendientes del ex alcalde y también diputada autonómica desde diciembre pasado.

 Según informes policiales, el empresario Enrique Ortiz constituyó con otros constructores varias sociedades ficticias para ocultar la entrega de los tres “bungalows”, uno de los cuales habría ido a parar a manos de la nueva diputada.

 Elisa Díaz sustituyó en el escaño al ex alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, que tuvó que dimitir después de que el TSJCV lo condenara a tres años de prisión y nueve de inhabilitación por los delitos de falsedad documental y prevaricación en la adjudicación en 2004 del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de su localidad.

El aún diputado autonómico del PP tiene una trayectoria política casi tan larga como la relación de asuntos polémicos que ha tenido que ir afrontando y de los que ha ido saliendo indemne. Nacido en Oviedo en 1945, fue alcalde de Alicante durante más de trece años, concretamente entre 1995 y 2008. 

Cuando recibió la vara de mando, un juez acababa de archivar por prescripción un proceso por antiguas relaciones inmobiliarias, debía 25 millones de pesetas a bancos y a la Seguridad Social tras quebrar la empresa Alivacsa de su propiedad, dedicada a precocinados. Con una orden de embargo, se declaró insolvente.

El caso de los aparcamientos

En 2005 fue imputado por la fiscalía anticorrupción por el desfalco de la empresa pública Mercalicante y exculpado por el juez tras una instrucción que recurrió el fiscal. Poco después, fue acusado de prevarivación, tráfico de influencias, falsedad, malversación de caudales públicos y apropiación indebida en el caso de la construcción de unos aparcamientos públicos que construyó Enrique Ortíz. Con Díaz Alperi fueron también inculpados la entonces concejala de Urbanismo y actual alcaldesa, Sonia Castedo y el empresario Ortiz.

 Los tres vértices del mismo triángulo protagonista del caso Brugal. En las elecciones autonómicas de 2007, Díaz Alperi fue elegido diputado en les Corts Valencianes, por lo que el sumario del caso de los aparcamientos pasó al TSJCV, que en menos de cinco días archivó la causa con la oposición del ministerio fiscal."      (El Plural, 14/03/2013)

21.9.11

El plan urbano de Alicante se arreglaba en el bufete del hermano de la alcaldesa

"La creación y actividad del despacho Salvetti Abogados, de José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y el exconcejal socialista Javier Gutiérrez, sí están "estrechamente" relacionadas con la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.

Esta es una de las conclusiones a las que llega la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Judicial (UDEF), tras la investigación que ha llevado a cabo, en un nuevo informe del caso Brugal incluido en el sumario sobre la tramitación del PGOU de Alicante. (...)

Este bufete desplegó una intensa actividad gracias a las alegaciones que los afectados solicitaban, hasta el extremo de que el 90% de sus ingresos entre 2008 y 2009 se deben "a distintos trabajos efectuados y cobrados" relacionados con la elaboración del planeamiento urbano. La UDEF calcula que los ingresos que presuntamente habrían obtenido Castedo y Gutiérrez ascienden a más de tres millones de euros, y alerta de que "no solo habría que tener en cuenta los ingresos percibidos, sino las posibilidades de cobro futuro materializadas en contratos de prestación de servicios a distintas mercantiles, que aumentan la potencialidad de ingresar varios millones de euros" más.

Y otro dato relevante para la investigación ha sido que todas las alegaciones presentadas por Salvetti fueron "estimadas total o parcialmente" por otra sociedad llamada G&M, de la que era administrador Gutiérrez, que fue subcontratada por la empresa Laboratorios y Proyectos, adjudicataria de la redacción del PGOU, para la contestación de las alegaciones.

El informe policial establece "indicios racionales suficientes" de que Gutiérrez y Castedo, "además de contestar las alegaciones a través de la sociedad G&M, redactaban para particulares y empresas su alegación, que luego presentaban en el Ayuntamiento de Alicante, siendo remunerados por dichos servicios".                  (El País, ed. Galicia, 20/09/2011, p. 16) 

5.6.11

"Es un disparate, estamos hablando de 20.000 millones"... dice Enrique Ortiz al valorar el negocio que le reportaría el PGOU de Alicante

"Es un disparate, porque estamos hablando de 20.000 en el peor de los casos. Nos estamos jugando 20.000 millones de pesetas [120 millones de euros]". La aseveración pertenece al promotor Enrique Ortiz a la hora de valorar la expectativa de negocio que le reportaría el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. El empresario efectúa este cálculo en una de las múltiples conversaciones grabadas recogidas en el caso Brugal, que investiga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento al promotor en el trámite del planeamiento urbano de la ciudad. Un sumario que destapa la connivencia entre Ortiz y dos políticos del PP, el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi y la actual regidora, Sonia Castedo, entonces edil de Urbanismo. (...)

Un eslabón destacado del entramado del Ortiz fue la sociedad Salvetti Abogados y Consultores, SLP, cuyos administradores solidarios son los abogados urbanistas José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa, y Javier Gutiérrez, ex portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante. Este despacho comenzó a funcionar en 2008 y, según la policía, medió por imposición directa del exregidor Alperi en el grueso de las operaciones inmobiliarias de Ortiz vinculadas al nuevo planeamiento urbano.

Uno de los mecanismos mediante los cuales el empresario pretendía materializar el pelotazo urbanístico consistía en la compra de suelo en áreas de la ciudad que iban a ser declaradas parque natural, para luego trasvasar los aprovechamientos urbanísticos a zonas urbanizables. La segunda pata de la operación de Ortiz pasaba por la recalificación del estadio Rico Pérez, que un año antes había adquirido al Consistorio por 7,2 millones.

En las conversaciones también se revela el pacto entre la alcaldesa y el promotor para buscar material que pudiera implicar en alguna irregularidad al portavoz del PSPV en las Cortes, Ángel Luna, alcalde de Alicante de 1991 a 1995 y principal azote del PP por el caso Gürtel la pasada legislatura. De hecho, el PP denunció en septiembre de 2010 que Ortiz le pagó unas obras para reformar su casa en 1997, por lo que pidió su dimisión y presentó una querella, que fue archivada. Este es un extracto de la charla:

Sonia Castedo. ¿Tú hiciste una obra a Ángel Luna en su apartamento de la Chicharra?

Ortiz. No.

S. C. ¡La pagaste tú!

O. A ver, a ver, yo no, yo no.

S. C. Me van a dar la factura.

O. No, no tiene factura nuestra, no.

S. C. No es vuestra.

O. (...) Pero yo creo que no, que a lo mejor usara subcontratistas de la empresa pagándoles él directamente, puede ser, pero no."

4.4.11

Ripoll obtuvo 1,3 millones de euros sin justificar tras adjudicar las basuras

"El líder provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y su familia -mujer y tres hijos- se embarcaron en un vértigo de consumo privado (viajes a lugares paradisíacos y compras compulsivas en tiendas de lujo) abonado a tocateja, apenas coronada la adjudicación de la multimillonaria contrata de la basura del Plan Zonal de La Vega Baja (sur de Alicante).

Un informe policial, realizado a instancias del juez del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo) concluye que entre enero de 2008 y junio de 2010 la familia Ripoll tuvo un incremento patrimonial sin justificar de 1.292.658 euros.

El documento, elaborado por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía, revela que el grueso de esos ingresos sin justificar corresponde a dos pisos, situados en el ensanche de la ciudad de Alicante, o a su equivalente en metálico (un millón de euros), y el resto a consumo privado de la familia Ripoll, abonado en metálico.

El rastreo de la policía (en las distintas cuentas bancarias y firmas comerciales de las que son clientes) ha aflorado una montaña de compras, muchas de lujo, y casi siempre ordenadas por la esposa de Ripoll, Margarita de la Vega.

José Joaquín Ripoll, también presidente de la Diputación de Alicante, cerró la adjudicación de la contrata de la basura del Plan Zonal de La Vega Baja a primeros de enero de 2008. El contrato lo ganó el promotor local Enrique Ortiz, en una UTE con la firma Cespa.

Pero incluía una cláusula: la planta tenía que levantarse en una finca previamente comprada por el empresario Ángel Fenoll, industrial hegemónico en el negocio de la basura en Alicante." (El País, 02/04/2011, p. 22)

20.1.11

Enrique Ortiz es el gran empresario de Alicante. Monopoliza contratas y suelo. Dueño del Hércules. La Operación Brugal destapa sus favores

"Más del 80% de sus ingresos netos en el año 2003 procedían de actividades en el sector privado; en 2006 ese porcentaje bajó al 25%. Desde entonces no se ofrece ese dato, pero a la vista está que sus empresas trabajan casi en exclusiva para el sector público.

Pocos servicios escapan a su control: limpieza de calles, recogida de basuras, concesión de autopistas, gestión de residencias de la tercera edad, tratamiento de residuos urbanos, explotación de aparcamientos y de estaciones de autobuses, concesión de líneas de tranvías, construcción de hospitales y de líneas de metro, incluso la gestión del cementerio.

Solo en la ciudad de Alicante, Ortiz participa en contratas públicas por valor de 42,1 millones de euros, cifra que representa el 16% del presupuesto del consistorio alicantino en 2010: su actividad está en la recogida de basuras, limpieza de la ciudad, de las dependencias municipales y de los colegios, arreglo de aceras, aparcamientos y gestión del cementerio.

Todo ello sin contabilizar su presencia en los principales planes de actuación urbanística, donde también suelen aparecer las empresas de Ortiz en solitario o formando parte de UTEs (uniones temporales de empresas) con otras compañías de carácter nacional e incluso bancos.

La principal actuación urbanística se concentra en Alicante en el llamado Plan Rabassa, que prevé la construcción de 13.505 viviendas en la periferia norte de la ciudad, de ellas más de 8.000 de protección oficial, y que es la mayor operación de este tipo activa en la Comunidad valenciana.

Son poderosas razones para concluir que prácticamente no hay sitio en Alicante para una empresa en la que no esté Ortiz. (...)

"El culpable de lo que está pasando no es Ortiz", afirma un contratista. "Es el sistema. Somos víctimas desde el punto de vista del empresario. Yo tengo una buena relación personal con él. Debería cambiarse el sistema para que propicie que las concesiones y las contratas se hagan con más transparencia".

"Ortiz no dejaba de ser un contratista de tamaño medio hasta que en 1996 descubre el mundo del suelo gracias a la ley que impulsa Zaplana [presidente de la Generalitat valenciana] y a la figura del agente urbanizador", reconoce un político socialista que no autoriza la divulgación de su nombre. (...)

Es curioso. Hay 24 políticos implicados en la Operación Brugal: 22 son del PP y 2 del PSOE, estos últimos, como algunos de sus colegas del Partido Popular, por haber pedido favores personales a Ortiz. Los del PSOE han dimitido de sus cargos. Dentro del PP no se ha producido todavía ninguna renuncia. (...)

De todas formas, todas las fuentes consultadas coinciden en afirmar que el crecimiento de sus empresas tiene mucha relación con la llegada a la alcaldía de Alicante del popular Luis Díaz Alperi y su aproximación a Zaplana. Desde ese momento sus empresas crecen exponencialmente, siempre relacionadas con obras públicas y contratas. (...)

Es un hombre abierto que no se esconde a la hora de hacer favores. Los informes policiales de la Operación Brugal revelan cómo Enrique Ortiz ha sido muy generoso a la hora de emplear a familiares de altos cargos o de beneficiarles en sus negocios, caso de la empresa de uno de los hijos de la actual alcaldesa de Alicante, a quien ayudó con 30.000 euros en la constitución de la sociedad y ha destinado contratos de sus empresas. El marido de Sonia Castedo trabajó para Ortiz. (...)

Al llegar a la alcaldía, Alperi estaba a punto de ser embargado por las deudas que acosaban a su empresa. Tras dejar la alcaldía, su patrimonio se había incrementado hasta el punto de que, como consecuencia de la Operación Gürtel, se descubrió que le había regalado un reloj valorado en 24.000 euros a Ricardo Costa, mano derecha del presidente Francisco Camps y secretario general del PP en Valencia.

A Díaz Alperi le llaman en la ciudad Luis XV desde hace algún tiempo. Por cierto, según el sumario de la Operación Brugal, sus hijos viven alquilados en pisos de las empresas de Enrique Ortiz.

Todos ellos, Castedo, Díaz Alperi y Juan José Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, han disfrutado durante varios veranos del yate Elena, propiedad de Enrique Ortiz. Viajan a las Baleares juntos en compañía de sus cónyuges. En alguna ocasión, incluso, utilizan el yate en ausencia de Ortiz. Confraternizan también en la Feria de Sevilla. La familiaridad entre todos ellos es descarada. (...)

Hacia 1999, no dejaba de ser un empresario medio cuando le proponen que se haga cargo del Hércules, un equipo endeudado (9 millones de euros) al borde de la desaparición y que militaba a duras penas en el pozo de la Segunda B. Y Ortiz acepta. Hace el favor. "Entonces", dice un empresario, "adquiere visibilidad y empieza a ser conocido. Conoce el poder que otorga esa popularidad. Y le gusta".

Entre unas cosas y otras, entre celebraciones y favores, las empresas de Ortiz suman contratas y obtienen la aprobación de planes urbanísticos de forma imparable. En Alicante y fuera de Alicante. Se lo dice Ortiz a un subordinado en las grabaciones policiales: "Tenemos que presentarnos, de las consejerías, a toda la comunidad, a las diputaciones igual. A lo de la comunidad, tenemos que presentarnos a todo. ¿No ves que tenemos reparto? Y aquí nos toca. ¡Madre mía, madre mía!". (El País, Domingo, 14/11/2010, p. 5/7)

5.11.10

La policía detiene a 15 personas por blanqueo de dinero, entre ellas dos de los cabecillas de la trama Brugal

"La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido este jueves al empresario Rafael Gregori, uno de los principales imputados en la trama Brugal, y a otras 14 personas más por un caso de blanqueo de dinero y alzamiento de bienes. La investigación, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, no está vinculada directamente al caso Brugal, aunque algunos de los arrestados están implicados en las dos causas.

También fue detenido el empresario Ángel Fenoll, al que la investigación del caso Brugal coloca en el centro de la trama del negocio de la basura en el sur de Alicante. Fenoll, no obstante, acudió a comisaría en su propio vehículo tras exigir su comparencia la policía para interrogarle en calidad de detenido." (El País, 04/11/2010)

29.10.10

"Tenemos que presentarnos a todo. Aquí nos toca. ¡Madre mía!"

"Las conversaciones grabadas por la policía a Enrique Ortiz, todopoderoso empresario y promotor inmobiliario en la Comunidad Valenciana implicado en los casos de corrupción Gürtel y Brugal, han destapado nuevos indicios delictivos en la adjudicación de contratos por parte de varias consejerías del Gobierno de Francisco Camps y por el Ayuntamiento de Alicante bajo el mandato del anterior alcalde, Luis Díaz Alperi, ambos del Partido Popular. (...)

El hermano del consejero le dice que Lubasa está en Villareal y ambos quedan para comer y Ortiz le dice: "Voy a dar la orden a partir de ahora de que nos presentemos a todo lo que salga". El hermano del consejero le contesta: "Perfecto". Tras esta conversación, Ortiz habla con un subordinado de su empresa y le reprocha que no se hayan presentado al concurso de Paterna con la siguiente advertencia: "Tenemos que presentarnos, de las consejerías, a toda la Comunidad, a las diputaciones igual. A lo de la Comunidad tenemos que presentarnos a todo. ¿No ves que tenemos reparto? Y aquí nos toca. ¡Madre mía, madre mía!". (...)

- Concurso eólico. (...) "Olvídate". Ortiz le insiste: "¿Eso no se puede amañar, o qué?". Y Cotino le informa de que está "todo el pescado vendido", que el concurso está adjudicado de antemano porque se "ha comprometido el presidente", y aunque se presentarán diversas empresas, como Endesa o Acciona, se adjudicará a Iberdrola, que irá con Bancaja. (...)

Pajín sí quiso dejar claro que como diputada y destacada dirigente socialista de Alicante ha tenido durante años muchos encuentros y contactos con el alcalde popular, sobre muchos temas, especialmente en su época de secretaria de Estado de Cooperación. Pero negó tajantemente que jamás haya hecho ninguna gestión a favor del regidor, ni mucho menos del empresario Enrique Ortiz, y matizó que siempre ha sido contraria al denominado Plan Rabassa.
Sobre la mención en las conversaciones entre Ortiz y Díaz Alperi a su padre, la ministra comentó que en esa época su progenitor era asesor de la Subdelegación del Gobierno.
Previamente a esas conversaciones sobre la familia Pajín, Ortiz también habló con sus colaboradores sobre la manera de premiar a un cargo de la Dirección Provincial de Carreteras, dependiente de Fomento, para que ayudase en las autorizaciones necesarias para sacar adelante el Plan Rabassa. (El País, 27/10/2010, p. 10/11)

26.10.10

El fiscal implica en el 'caso Brugal' a un ex presidente y un directivo de la CAM, y a dos cargos de Bancaja

"La trama relacionada con los supuestos tratos de favor al promotor Enrique Ortiz en el plan general de Alicante afecta a 21 personas, entre ellas la alcaldesa y su antecesor.

La Fiscalía Anticorrupción implica también al ex presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, a otro alto directivo de la entidad y a dos directores generales adjuntos de Bancaja en la supuesta trama corrupta del caso Brugal, que en una parte de la investigación judicial afecta a la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. Esta trama, según la investigación, está supuestamente liderada por el promotor y máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, y afecta a Sonia Castedo, alcaldesa de la ciudad, del PP, y a su antecesor en el cargo y ahora diputado autonómico, Luis Díaz Alperi.

Además, el fiscal Anticorrupción en Alicante, Felipe Briones, acusa al ex presidente de la CAM Vicente Sala de al menos el delito de aprovechamiento de información privilegiada. Según el escrito inicial del fiscal, este delito estaría vinculado a operaciones para obtener con la compra de suelo en parajes protegidos para luego trasladar los aprovechamientos urbanísticos a otras zonas de la ciudad. En este apartado cita una operación de compra de suelo en el humedal de Agua Amarga para canjear en la zona urbanizable de La Condomina.

El segundo directivo de la CAM al que implica el fiscal es Daniel Gil, director de inversiones inmobiliarias de la CAM. El fiscal le atribuye el mismo delito que a Sala por operaciones urbanísticas similares.

El ministerio público también imputa a José Cortina y Juan Zurita, directores generales adjuntos de Bancaja. Al primero por la compra de terreno en el humedal de Agua Amarga con una empresa propiedad de Ortiz, y participada por Bancaja Habitat, cuyo consejero delegado es Cortina, y al segundo por otra operación de compra de suelo en la Condomina. Ambos están acusados de aprovechamiento de información privilegiada.

La lista de implicados en el caso del PGOU de Alicante incluye a un total de 21 personas. Aparte de los dos alcaldes, los directivos de las cajas y el presunto cabecilla de la trama, Ortiz, destacan la mujer del dueño de Hércules, María Manuel Carratalá, por supuesto cohecho; el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, por tráfico de influencias e información privilegiada, y Javier Gutiérrez, ex concejal del PSOE y socio del hermano de Castedo, por los mismos delitos.

Las supuestas ilegalidades durante la tramitación del nuevo PGOU de Alicante salieron a la palestra en el curso de las escuchas telefónicas del denominado caso Brugal, cuya investigación dirige desde mayo de 2007 el Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela." (El País, 26/10/2010)

25.10.10

El fiscal acusa a la alcaldesa de Alicante de trato de favor a Ortiz a cambio de regalos

" El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, acusa a la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, del PP, de haber aceptado regalos -viajes y un turismo para una persona de su confianza, entre otros- del empresario Enrique Ortiz a cambio de supuestos favores en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aún pendiente de la ratificación definitiva. El ministerio público, en el escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela que instruye el caso Brugal, centrado en una trama corrupta vinculada al negocio de la basura, imputa a la regidora los supuestos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho. (...)

El escrito del ministerio público concluye con la relación de dádivas que Castedo habría recibido presuntamente por parte de Ortiz para garantizar esos favores urbanísticos. La lista de regalos, que incluye su primera etapa ya como alcaldesa, es la siguiente: Alojamiento y transporte a Andorra en las vacaciones invernales durante al menos los años 2008 y 2009; viaje y transporte a Ibiza con familia y amigos en las vacaciones veraniegas de 2009; regalo de un turismo de la marca Mini modelo Cooper para una persona de confianza de Sonia Castedo, a petición de esta última; solicitud a Enrique Ortiz, directa o a través de personas de confianza de Castedo, de la contratación de personal en sociedades de su órbita." (El País, 25/10/2010)