El cuñado de Rita Barberá utilizó su empresa para 'lavar' 600.000 euros en mordidas

 "El cuñado de Rita Barberá, José María Corbín, utilizó su despacho de abogados para canalizar y 'lavar' las presuntas mordidas del caso Azuz. Según consta en el sumario al que ha accedido ElPlural.com, “a través de la mercantil Corbín Abogados S.L. obtuvo la cantidad de 602.156,48 euros por facturaciones ficticias”. Además, dicen los investigadores que también cobró “cantidades en efectivo que constan en las distintas operativas”. Es más, el 70 por ciento del trabajo que entraba en su despacho era ficticio y para dar apariencia de legalidad a las supuestas mordidas.

Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han descubierto que, al menos siete empresas vinculadas al grupo Axis, efectuaron una serie de pagos a la mercantil Corbín Abogados SL en una relación comercial que se prolongó desde el año 2007 hasta el 2013, ascendiendo el montante de los pagos a 602.156 euros.

Según la magistrada instructora del caso, la realidad de los pagos realizados a Corbín “provenían de comisiones de naturaleza ilícita, pero se les revistió de un marco contractual totalmente ficticio para que se les dotara de una apariencia de legalidad, de ahí que José María Corbín habría llevado a cabo la instrumentalización de la mercantil Corbín Abogados con la finalidad de obtener comisiones de naturaleza ilícita”.

Se esa presunta instrumentalización, matiza la juez que la denomina así por cuanto que “aprovechando el objeto social de la mercantil” (despacho de abogados), y que José María Corbín era abogado de profesión, “se establecieron relaciones contractuales justificadas en servicios de asesoría jurídica que no se prestaron, por lo que el objeto de los contratos jamás se cumplió ni se prestó el servicio a la mercantil contratante”.

Alfonso Grau

José María Corbín entró en contacto con el empresario corruptor del caso, Jaime Febrer, a través de Alfonso Grau, entonces vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia. Además, según expone el sumario, también aprovechó “por su condición de estar casado con María Asunción Barberá Nolla, hermana y jefe de Gabinete de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, lo que le permitía conseguir o facilitar los intereses económicos que el Grupo Axis tenía con el Ayuntamiento de Valencia”.

Sobre los pagos recibidos de las empresas de Febrer, el sumario especifica que se efectúan desde siete mercantiles distintas del citado grupo, así: de CVC. S.L. percibió 287.880 euros, del Grupo CVC Axis S.L, 43.110 euros, de L`Illa de Hydra S.L, 27.840 euros, de Actuaciones Urbanísticas Valencianas al Mar S.L. 97.166 euros, de Actuaciones Rústicas S.L. 24.360 euros, de Mediterránea de Actuaciones Integradas S.L. 87.000 euros y, por último, de Nou Biourbanisme S.A., 34.800 euros.

En marzo de 2007, Corbín y Febrer se reunieron para “ultimar” los detalles de su relación ‘comercial’. En la reunión se expuso la relación de asuntos en los que Corbín debía participar nombrándolos como “Colegios”, “Acinelav Inversiones 2006 S.L.-CLH” y “Biourbanisme VPO”, estableciéndose los objetivos, cuantías y el marco temporal de los asuntos.

Ello dio lugar a la confección de tres contratos en los que se antedató la fecha al 1 de febrero de 2007 con diferentes empresas del grupo Axis. Así aparece firmado a esa fecha los contratos entre Corbín Abogados SL con Construcciones Valencia Constitución SL, con Actuaciones Rústicas SL y con y L´Illa de Hydra SL,

Los tres contratos tienen un objeto genérico de asesoramiento y representación, pero “aparece debidamente especificado a mano, en cada uno de ellos  el verdadero asunto por el cual se iban a efectuar los pagos estipulados”, a saber y correlativamente “NPR-4 Grao”, “Colegios” y “ Valencia VPO”, es decir las operaciones urbanísticas bajo investigación judicial."             (Loreto ochando, El Plural, 27/04/22)

Las élites acuden a la facturación fraudulenta internacional para blanquear capitales y evadir impuestos

 "La facturación fraudulenta es un método para mover dinero ilícitamente a través de fronteras que implica la falsificación deliberada del valor, volumen y el tipo de producto en una transacción comercial internacional de bienes o servicios por al menos una de las partes de la transacción. 

La facturación fraudulenta se ha convertido en el componente más importante de las salidas financieras ilícitas utilizadas por organizaciones criminales, multinacionales y grandes fortunas para blanquear capitales, evadir impuestos o reclamar beneficios fiscales a los países. 

Al manipular de manera fraudulenta el precio, la cantidad o la calidad de un bien o servicio en una factura enviada a la aduana, las élites y las organizaciones criminales pueden transferir de manera fácil y rápida sumas sustanciales de dinero a través de las fronteras internacionales.

 La facturación fraudulenta puede estar relacionada con el blanqueo de capitales basado en el comercio (TBML, por sus siglas en inglés), pero no se corresponde exactamente con él. Por el contrario, la facturación fraudulenta es un mecanismo que se puede utilizar para participar en TBML, que ha sido definido por el Grupo Asia/Pacífico de lucha contra el blanqueo de capitales como «el proceso de disfrazar el producto del delito y mover el valor mediante el uso de transacciones comerciales en un intento de legitimar sus orígenes».

 ¿Por qué se utiliza la facturación fraudulenta comercial?

Existen cuatro razones principales para que tanto las élites como las organizaciones criminales facturen de manera fraudulenta:

• Blanqueo de dinero: los delincuentes, los agentes financieros de las élites o los funcionarios públicos pueden intentar blanquear el producto del delito o la corrupción.
• Evasión directa de impuestos y derechos de aduana: al declarar de forma insuficiente el valor de las mercancías, los importadores pueden evadir inmediatamente importantes derechos de aduana u otros impuestos.
• Reclamación de incentivos fiscales: muchos países ofrecen generosos incentivos fiscales a los exportadores nacionales que venden sus bienes y servicios en el extranjero. Los grupos criminales y las élites pueden intentar abusar de estos incentivos fiscales informando en exceso sus exportaciones.
• Esquivar los controles de capital: muchos países en desarrollo tienen restricciones sobre la cantidad de capital que una persona o empresa puede traer dentro o fuera de sus economías. Los inversores que intentan romper estos controles de capital a menudo facturan de manera fraudulenta las transacciones comerciales como una alternativa ilegal a la entrada o salida de dinero del país.

Tanto las élites como las organizaciones criminales se aprovechan de que muchos países intentan procesar rápidamente las transacciones aduaneras, en un esfuerzo por promover el comercio e impulsar el crecimiento económico. Por tanto, la facturación fraudulenta se ha convertido en una actividad de bajo riesgo para estos grupos, especialmente aquellos que solo facturan erróneamente sus transacciones de manera moderada, por ejemplo, entre el 5 y el 10 por ciento.

 La elusión fiscal de las multinacionales

Debido a que a menudo ambos implican precios incorrectos, muchos esquemas agresivos de evasión fiscal por parte de corporaciones multinacionales pueden confundirse fácilmente con facturación fraudulenta. Sin embargo, deben considerarse como problemas de política separados con soluciones separadas.

Dicho esto, las corporaciones multinacionales pueden participar en la facturación comercial errónea y lo hacen. Esta actividad, sin embargo, implica la declaración errónea deliberada del valor, volumen o tipo de mercancía en una transacción aduanera y, por lo tanto, es una evasión fiscal ilegal, no una elusión fiscal legal."                     (José Antonio Gómez, Diario16, 11/05/21)

Alemania investiga una red por fraude fiscal millonario que afecta a España... una red financiera con conexiones por todo el mundo aprovechó un agujero legal para reclamar la devolución de miles de millones de euros en impuestos nunca pagados en distintas jurisdicciones como Alemania y Dinamarca, pero también en España, Austria, Bélgica, Noruega o Suiza

"CumEx-Files es una investigación periodística europea coordinada por el medio alemán Correctiv.

España forma parte de una lista de países europeos potencialmente afectados por la operativa de una trama global bajo investigación en Alemania y Dinamarca.

Según los procesos judiciales en marcha, una red financiera con conexiones por todo el mundo aprovechó un agujero legal para reclamar la devolución de miles de millones de euros en impuestos nunca pagados en distintas jurisdicciones como Alemania y Dinamarca, pero también en España, Austria, Bélgica, Noruega o Suiza.

Varios estados tienen abiertas causas judiciales contra los cabecillas de esta trama. Sin embargo, sus esfuerzos se están viendo ralentizados por el hecho de que los implicados están repartidos por todo el mundo. En nuestro país, no hay ningún proceso en marcha, pero la Fiscalía de Colonia tiene en su punto de mira a filiales de entidades bancarias españolas, porque sospecha que facilitaron parte de la operativa de la trama.

Por su parte, la Agencia Tributaria fue advertida del fraude en 2016 por funcionarios del fisco de Dinamarca, uno de los países más perjudicados por el presunto desfalco. Sin embargo, fuentes oficiales del organismo público aseguran que se llevaron a cabo pesquisas a raíz de aquellos contactos, pero que se llegó a la conclusión de que los sistemas de recogida de información en vigor en nuestro país eran más robustos que los de otros países y descartaban la existencia de fraude.

En cuanto a Alemania, el caso arrancó en 2011, cuando llegó a la Oficina Federal Central de Tributos una reclamación de varios reembolsos fiscales que resultó sospechosa por varias razones. Primero, porque eran inusualmente altos: en dos meses, el fondo de pensiones estadounidense que reclamaba el dinero había comprado 6.400 millones de euros en acciones alemanas para venderlas poco después, y ahora exigía al Estado alemán casi 54 millones de euros.

Por otro lado, el fondo tenía un único beneficiario: Gregory Summers, uno de los implicados de este entramado global que suma ya más de un centenar de investigados. Summers aparece vinculado a dos de los fondos de pensiones radicados en EEUU que se usaron para llevar a cabo el presunto fraude: Acorn Capital Employee (ACC) y Acorn Capital Strategies (ACS). La Fiscalía de Colonia detalla que ambos solicitaron a la agencia tributaria alemana reembolsos de impuestos por 108 millones solo en 2011.

Existe un tercer fondo, Sander Gerber Pension Plan (SGPP), que también está en el punto de mira de la Fiscalía. Dos de sus beneficiarios eran la persona que dan nombre al plan, Sander Gerber —también encausado por la Fiscalía alemana— y su mujer Tracy. El tercer beneficiario del fondo de pensiones SGPP era una entidad, Aipac Tomorrow Campaign. Todos esperaban beneficiarse de la solicitud para que la Hacienda alemana les devolviera 42,7 millones de euros en 2011.

Un negocio solo para iniciados

Según otro de los implicados, perseguido en Dinamarca por haber saqueado presuntamente más de 1.000 millones de euros al fisco de ese país, la operativa que permitía el fraude era el reducto de una élite de banqueros muy especializados.

 Los negocios cum/ex, que así se llaman en el argot financiero, solo estaban al alcance de unos pocos, que compraban y vendían millones de acciones en apenas unos días, con el único fin de obtener certificados fiscales que les permitían después reclamar devoluciones de impuestos que nadie había pagado, a juicio de la Fiscalía de Colonia y la Oficina Federal Central de Tributos alemana.

En eso precisamente consistían estas operaciones, que están en el fondo del supuesto saqueo a las arcas públicas de media Europa. De un modo muy resumido, se trata de compraventas de acciones que involucran a bancos, brókeres, fondos de inversión y dueños de patrimonios millonarios, y que se producían en torno a la fecha en que compañías cotizadas abonaban sus dividendos. Estas operaciones estaban perfectamente coordinadas y generaban reembolsos fiscales a los que los solicitantes no tenían derecho, a juicio de quienes ahora las investigan. Las cantidades podían alcanzar las decenas de millones de euros por demandante en un solo año.

Uno de esos iniciados, de acuerdo con el sumario de la causa al que ha tenido acceso El Confidencial, era Salim Mohamed. Este corredor de maratones aficionado —un tipo muy inteligente, con mucha sangre fría y despiadado, según quienes le conocen— llevaba toda su vida trabajando en la banca de inversión y, más concretamente, en productos relacionados con el denominado arbitraje de dividendos, una práctica que consiste en buscar el modo de reducir al mínimo los impuestos que se pagan por la remuneración al accionista. Mohamed se había especializado en las operaciones cum/ex, una versión sofisticada y muy rentable de este tipo de transacciones.

En medio de la crisis financiera, Mohamed había decidido independizarse y montar su propio negocio: en 2009, puso en marcha EQI Asset Management, una empresa dedicada a la gestión de activos financieros. En realidad, lo que pretendía era empezar a embolsarse directamente las ganancias que hasta entonces se habían llevado sus jefes. Para poner en marcha sus ideas necesitaba dinero, de modo que buscó un fondo de inversión con capacidad de captar el capital necesario. Así encontró a Günter Graw, un exempleado de Deutsche Bank que, tras abandonar la entidad con una jugosa indemnización, decidió crear el fondo luxemburgués Sheridan Sicav-FIS.

Graw necesitaba una estrategia de inversión y Mohamed, dinero para llevar la suya a cabo. Así, embarcaron en el proyecto a otro de los actores de este drama: el banco suizo Sarasin. Esta 'boutique' financiera con sede en Basilea vendió a sus adinerados clientes un producto que aseguraba rentabilidades de entre el 10 y el 12% anual en plena crisis económica y con los tipos de interés por los suelos. Demasiado tentador para resistirse. Algunos de los clientes de Sarasin, ahora personados en la causa como perjudicados, llegaron a pedir créditos de hasta 25 millones de euros para invertir en un producto tan goloso.

En 2010, Sheridan Sicav-FIS creó una estructura empresarial en Malta. “La idea del producto ya existía en 2009, en colaboración con EQI [Asset Management], un gestor de activos de Londres”, cuenta Günter Graw ante la policía de Luxemburgo, que le tomó declaración por petición de la Fiscalía de Colonia. “Se trataba de una estrategia de arbitraje [de dividendos] con acciones españolas”. España era el objetivo principal, dice Graw, por el “beneficioso” acuerdo de doble imposición entre nuestro país y Malta, que les permitía reclamar a la Agencia Tributaria reembolsos fiscales de hasta el 95% del dividendo bruto.

Según una de las presentaciones que EQI Asset Management que obra en la causa, la sociedad de Salim Mohamed preparó en marzo de 2011 la estructura que él y Graw montaron en Malta, con la que pretendía reclamar a la Hacienda española más de cuatro millones de euros solo ese año. La idea de España como objetivo de la trama se ve reforzada por el acta de una reunión del consejo de administración de una de las empresas para las que trabajaba EQI y que se incluye en el sumario del caso. En ella se explica cómo, durante el último trimestre de 2010, se llevaron a cabo “con éxito” una serie de operaciones en mercados europeos “con el objetivo de beneficiarse de oportunidades de arbitraje [de dividendos] (...). Estas operaciones se centraron principalmente en valores españoles”. El acta de otra reunión en junio de 2012 vuelve a mencionar España entre los países donde se han realizado transacciones.

Para el trámite burocrático, EQI Asset Management, o lo que es lo mismo, Salim Mohamed, contrató a la compañía Global Equities. “Nosotros ya hacíamos las solicitudes [de reembolso] para Duet [el fondo de inversión donde trabajaba Mohamed antes de establecerse por su cuenta]”, explicaba Silke Ohle, la responsable de Global Equities, ante la policía alemana. Su trabajo era gestionar las reclamaciones de devolución ante la Hacienda española, entre otros países. “En Alemania y Austria, los funcionarios tenían que certificar la residencia de la compañía [que pedía el reembolso] cada vez. En España, solo necesitabas hacerlo una vez al año”, detallaba Ohle, demostrando hasta qué punto estaba familiarizada con el proceso administrativo necesario para obtener los reintegros en nuestro país.

El sumario de la causa apunta a que España habría sido una de las víctimas de la trama, aunque no se han podido poner cifras al fraude global

España siempre fue uno de los países sobre los que los miembros de esta “banda organizada”, como la denominan los investigadores, habían puesto sus ojos. Hanno Berger, un exinspector de Hacienda alemana que se pasó al lado oscuro y al que la Fiscalía de Colonia coloca en el centro del entramado como muñidor del presunto fraude, ya se interesó por la posibilidad de hacer negocios cum/ex con acciones de compañías españolas poco antes de estallar la crisis financiera.

 Uno de los 'e-mails' contenidos en la causa, fechado en agosto de 2007 y dirigido a Berger, le informa de que “la estructura se está llevando a cabo actualmente en España”, pero advierte de que “la administración tributaria no debe descubrir que los participantes actúan de común acuerdo (…). Hasta ahora, la administración tributaria en España todavía no ha descubierto este tipo de estructuras”.

Según el sumario, Berger tenía en su poder dos informes de la sucursal madrileña del bufete de abogados Freshfields, emitidos en 2007 y 2009, que acreditaban que la estructura “funcionaba” en nuestro país. Los dictámenes fueron elaborados, conforme al relato de Berger, por el entonces responsable de la oficina en Madrid de Freshfields, Miguel Klingenberg, que ahora es director general de asuntos legales en la petrolera Repsol.

Además, otra socia del bufete, Silvia Paternain, firmó un nuevo documento para EQI Asset Management, la empresa de Salim Mohamed, en marzo de 2012. Miembros de la trama califican este informe de “hoja de ruta” para cometer el presunto fraude en nuestro país. Tanto Klingenberg como Freshfields han declinado hacer declaraciones al respecto.

El aviso danés a la Agencia Tributaria

El sumario de la causa apunta a que España habría sido una de las víctimas de la trama, aunque los investigadores alemanes no han podido ponerle cifras al fraude global. En aquel país, donde las operaciones cum/ex se han desarrollado durante más tiempo, las estimaciones más conservadoras hablan de más de 7.000 millones de euros sustraídos a las arcas públicas. SKAT, la agencia tributaria danesa, calcula que el presunto desfalco en su caso ronda los 1.700 millones.

En España, la Agencia Tributaria asegura que esta práctica es de difícil traslación a nuestro país, porque los sistemas de captación de datos son más refinados que los de países como Dinamarca. Añaden, eso sí, que este tipo de fraude no es técnicamente imposible cuando fallan los sistemas de suministro de información o en el caso de que exista algún tipo de colusión entre los participantes. Es decir, si actúan de forma concertada. Tal y como la Fiscalía de Colonia y los implicados describen la operativa cum/ex, esa era precisamente la piedra de toque de toda la estructura: los implicados se ponían de acuerdo, pero lo ocultaban al fisco para poder obtener los reembolsos.

Desde la administración tributaria, admiten que se abonaron reembolsos a compañías que llevaban a cabo estas prácticas, pero alegan que, suponiendo que las devoluciones hubieran sido indebidas, el asunto ya habría prescrito. Aseguran además que las cantidades abonadas no son ni de lejos las que se manejan en otros países afectados y que apenas alcanzarían unas decenas de miles de euros anuales durante un periodo de cinco años.

Estas afirmaciones contrastan con lo que declara uno de los testigos clave de la Fiscalía de Colonia en este caso. “Alemania era con seguridad el mercado más grande en Europa. Otros que he visto eran países grandes como Francia, España e Italia, pero también otros más pequeños, como Austria, Bélgica o Dinamarca, han sido populares para este tipo de transacciones.

En cada uno de ellos había diferencias en la regulación, así que las operaciones, la estructura, se adaptaban un poco, pero en el fondo las consecuencias las pagaba siempre el contribuyente de cada país”, dice este arrepentido en una entrevista exclusiva con los medios alemanes 'ARD Panorama', Correctiv, 'Zeit' y 'Zeit Online'.

Según ha podido confirmar El Confidencial, dos funcionarios del organismo español recibieron en 2016 un correo electrónico de sus homólogos daneses advirtiéndoles del posible desfalco que ellos habían detectado en su país y que sospechaban que podría estar ocurriendo en otros estados europeos.

Es más, adjuntaban un dosier en el que se detallaba en qué consistía la operativa y se ofrecían a ayudarles. La Agencia Tributaria confirma haber recibido la comunicación danesa, que describen como una circular remitida a una larga nómina de países, y aseguran que varios departamentos del organismo iniciaron pesquisas, aunque se llegó a la conclusión de que los sistemas estaban suficientemente protegidos y de que aquí no existían las debilidades que habían permitido en otros países las prácticas ahora sospechosas.

El hecho de que en España no haya ninguna investigación por parte de la Justicia hace muy difícil estimar el importe del presunto fraude, puesto que todos los procesos que están abiertos en otros estados europeos se centran en acotar el daño sufrido dentro de sus propias fronteras. En palabras del arrepentido, “Francia y España están descubriendo ahora que han sido víctimas del fraude. Todavía están tratando de armar el puzle”.                     (Olaya Argüeso, El Confidencial, 18/10/18)

Granados da al juez facturas falsas para probar la caja B del PP de Madrid

"El exconsejero madrileño Francisco Granados, supuesto cabecilla de la trama Púnica de corrupción, sigue confesando con cuentagotas y con sumo cuidado de no agravar su situación procesal. Este jueves, Granados ha aportado al juez Manuel García-Castellón facturas con conceptos supuestamente falsos que encubren la financiación ilegal del PP de Madrid. 

En la tercera sesión de declaraciones, tras las celebradas el 12 y el 27 de febrero, Granados, según fuentes presentes en el interrogatorio ha seguido apuntando a la expresidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre y a la actual presidenta, Cristina Cifuentes, que ya se ha querellado contra él por calumnias.

En su declaración de hoy, Granados ha abierto una posible nueva línea de investigación que salpica a Telemadrid. Según ha manifestado, el expresidente de la televisión autonómica Álvaro Renedo y el fallecido periodista Germán Yanke firmaron facturas con conceptos falsos y que las cantidades sirvieron para encubrir gastos de comunicación del PP en la campaña electoral de 2007. 

Según su declaración, las facturas de los directivos de Telemadrid derivan de un convenio suscrito con la Consejería de Justicia en la época en que estuvo dirigida por Alfredo Prada, al que luego él sucedió.

El convenio se realizó con la Asociación para la Gestión de la Integración Social, que gestiona centros de menores y que se dedica la prevención de la delincuencia juvenil. Según las facturas que ha aportado Granados, los directivos de Telemadrid realizaron estudios comparativos sobre violencia y menores entre la Unión Europea y la Comunidad de Madrid.

Las mismas fuentes jurídicas señalan que Granados ha dicho que ha hallado las facturas en su casa mientras revisaba papeles. El domicilio del expolítico fue registrado en octubre de 2014, cuando estalló la Operación Punica, por la que estuvo dos años y medio en prisión provisional. En sus declaraciones anteriores, el expolítico manifestó que no se llevó ninguna documentación de su paso por la Comunidad de Madrid.

A la salida de la comparecencia, Granados, acompañado de su abogado, Javier Vasallo, ha rechazado dar detalles sobre el contenido de la facturas que ha aportado y ha dicho que sigue en su "línea de colaboración" y "dispuesto a aclarar hasta las últimas consecuencias". El exconsejero volverá a prestar declaración en una fecha todavía por confirmar después de Semana Santa.

En su primera cita con el juez, el 12 de febrero, Granados implicó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y a la expresidenta Esperanza Aguirre en la presunta caja b del PP regional. Granados manifestó entonces que en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011 el partido realizó para Aguirre una “campaña paralela y de refuerzo” que no se pagaba con fondos oficiales, y sitúo a Cifuentes en el “núcleo de poder” de esta campaña hasta que acabó una supuesta “relación sentimental” con Ignacio González. Cifuentes interpuso una querella contra Granados por lo que tacha de “cúmulo de falsedades”.

En esta ocasión, Granados se ha referido también a la actual presidenta, aunque de manera mucho menos comprometedora. Según él, le pusieron como secretario general del PP como forma de apartarle del poder en el partido, que, dijo residía en Esperanza Aguirre e Ignacio González. De Cifuentes ha dicho que se encargaba de coordinar a los alcaldes y candidatos en la Comunidad de Madrid antes de ocupar la presidencia.

“Todo pasaba por Esperanza Aguirre e Ignacio González”

El ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid siguió este jueves en su línea de derivar todas las responsabilidades sobre las finanzas del PP regional a la expresidenta autonómica Esperanza Aguirre y su sucesor inmediato, Ignacio González. 

Según su declaración, la Comunidad era un “sistema de poder” en el que “todo estaba controlado” por los dos dirigentes. “En el partido y en la Comunidad no se hace un pago o se contrata a nadie sin que lo autoricen Esperanza Aguirre o Ignacio González”, manifestó Granados, según fuentes presentes en el interrogatorio.

El expolítico desvinculó, como ya han hecho otros exdirigentes autonómicos del PP imputados en causas de financiación ilegal, las actuaciones del PP madrileño del partido a nivel nacional. Según él, la mala relación existente entre Esperanza Aguirre y el presidente del Gobierno y del PP nacional, Mariano Rajoy, hacía que las dos organizaciones funcionaran de manera estanca pese a compartir la sede nacional de la calle Génova 13 de Madrid.

En el interrogatorio de ayer hubo espacio para que la Fiscalía Anticorrupción —que todavía no ha terminado su cuestionario— pusiera sobre la mesa el mitin final de la campaña de las elecciones autonómicas de 2007. Granados negó que diera indicaciones al entonces gerente del partido, Beltrán Gutiérrez, de abonar 20.000 euros en metálico a la empresa organizadora del acto, Waiter Music, como sostuvo ante el juez el administrador de la compañía, José Luis Huerta."                  (Fernando J. Pérez, El País, 15/03/18)

FCC falseó datos de la basura para defraudar 800.000 euros a Barcelona

"La delegación en Barcelona de FCC Servicios Ciudadanos ha manipulado en los últimos años datos de la gestión del servicio de limpieza viaria y retirada de residuos urbanos con el objetivo, presuntamente, de hinchar irregularmente sus ingresos a costa del Ayuntamiento de Barcelona. 

Así lo revela una investigación de EL PAÍS, que evidencia la facturación de servicios no realizados y la mezcla de residuos —envases para reciclar con basura normal, por ejemplo— a espaldas del Consistorio. La cantidad supuestamente defraudada en 2014 ascendería a unos 800.000 euros.

El Ayuntamiento de Barcelona ha tenido una reacción contundente tras tener conocimiento de los hechos a través de las preguntas que le hizo este diario hace unos días.Tras una rápida investigación, que confirmó las evidencias, la Oficina de Transparencia del Consistorio ha puesto el asunto en manos de la Fiscalía al apreciar indicios de delito. El asunto será discutido hoy en la Comisión de Gobierno de la ciudad.

FCC, por su parte, defiende su gestión en Barcelona en los últimos años: “Es un servicio muy complejo en el que hemos mostrado una gran calidad desde hace décadas”. Directivos de la compañía niegan que esta haya tenido un sistema de gestión paralelo con el objetivo de aumentar sus ingresos irregularmente.

 Tras ver algunos documentos mostrados por este diario, sin embargo, afirmaron que es “urgente” aclararlos y anunciaron la “apertura inmediata de una investigación interna”. “Nos vamos a poner en contacto y a plena disposición del Ayuntamiento”, añadieron.

De las cuatro adjudicatarias que se reparten la limpieza viaria y la gestión de residuos de Barcelona, FCC es la que se encarga de la mayor porción. Gestiona los distritos de Ciutat Vella, Eixample y Gràcia, cerca del 40% de la factura municipal. La contrata vigente fue adjudicada en 2009 y expira en 2019. FCC ingresa por ella unos 106 millones al año.

Los que siguen son los hechos más relevantes descubiertos por este diario.

Cobrar más por menos

De las distintas fracciones en las que se dividen los residuos urbanos —basura normal, papel, cristal, muebles y tastos viejos, envases para reciclar...—, el fraude se centra en los dos últimos. En ambos casos, la empresa cobra según un sistema de tramos que establece un precio menor por tonelada a medida que crece el volumen de residuos recogidos. Por ello, puede darse el caso de que, si se "salta de tramo" por poco, FCC acabe por ingresar menos dinero.

Los documentos muestran cómo los ingenieros de FCC maniobran para no saltar de tramo. En un correo electrónico fechado el 2 de octubre de 2014, uno de ellos avisa que es "preocupante" la evolución de la recogida de muebles y trastos viejos, llamados "voluminosos". 

"Llevan un incremento del 6,01%, lo que haría que las toneladas anuales llegaran a 7.510,09, pasando el cambio de tramo marcado en 7.500. Esto nos supondría un coste de 157.000 euros más coeficientes". El coeficiente es un porcentaje —el 4,35%— del total de facturación y corresponde al beneficio industrial establecido en el contrato.

"En el caso de los envases", sigue el correo, "el incremento es del 1,09%, lo que haría que las toneladas anuales llegasen a 5.974,71. El cambio de tramo está marcado en 6.000 toneladas. Estamos a 25 escasas. Pasarlas supondría un coste de 50.000 euros más coeficientes", advierte el ingeniero.

El desvío de los envases

En diciembre de 2014, FCC comprueba que la recogida de envases —botellas de plástico, latas de conserva, tetra briks...— está a punto de saltar de tramo y empieza a desviar estos residuos para hacerlos pasar como basura normal, llamada "de rechazo". 

La forma de hacerlo es dejar camiones parcialmente cargados con envases, acabar de llenarlos con basura normal y hacer pasar toda la carga como si fuera de este último tipo. En un mensaje escrito en catalán el día 10, un ingeniero ordena pasar a "una fase B" que consiste en dejar por la noche camiones cargados con una tonelada de envases para "que lo completéis con residuo de rechazo y que se vacíe en Besòs", la planta donde se incinera la basura normal de Barcelona.

 "Y en unos días lo volvemos a valorar. OK?", acaba el mensaje. "Tener en cuenta, mezclarlo con rechazo", añade otro miembro del equipo.

El desvío de los voluminosos

Si la evolución al alza de la recogida de envases no obliga a actuar al equipo de FCC hasta diciembre, en los voluminosos la tendencia es tan clara que la empresa empieza a hacerlo mucho antes y de varias formas.

El día 2 de octubre, un miembro del equipo da instrucciones para que se desvíen como "abandonados" —otro tipo de residuo, formado por objetos grandes localizados en partes de la ciudad y horas en las que no está programada la recogida de muebles y trastos viejos— "unos 2.500 kg/semana" de voluminosos "durante este mes de octubre; luego ya veremos".

 Una segunda forma de reducir los registros oficiales de voluminosos es hacerlos pasar como "LP", limpieza pública, aquella que es recogida por los trabajadores de FCC en las calles al barrer, vaciar papeleras... Otra vez, el desvío se hace dejando camiones cargados por la noche con voluminosos y descargarlos al día siguiente como "LP".

En solo 12 días de diciembre de 2014, FCC dejó 33 camiones cargados de voluminosos por la noche para fueran desviados al día siguiente como LP.

La precisión con la que los ingenieros llevan las cuentas es tal que en diciembre ordenan recoger solo una cantidad determinada de voluminosos (cada día distinta) para desviar el resto como limpieza pública.

 

Facturación de servicios no prestados

Los documentos —referentes a los años 2013, 2014 y 2015— revelan que FCC saca de media a la calle en cada turno un 3,3% menos de brigadas de limpieza que las que luego factura al Ayuntamiento, unas ocho o nueve por turno. El fraude se centra en los equipos que barren la calle con un carrito, ya que son los únicos que no van equipados con equipos GPS. La falta de este dispositivo impide a los técnicos municipales detectar la falta de equipos en las calles.

Los datos en poder de este diario corresponden al distrito de Gràcia y Esquerra del Eixample, que suponen cerca del 40% de la parte de la ciudad que limpia FCC. La cantidad cobrada de más por FCC en estas dos zonas asciende a unos 600.000 euros anuales, según la estimación hecha por fuentes municipales.

Estas fuentes explican que "una parte de ese dinero, 173.000 euros en 2015, ha sido recuperado gracias a las sanciones impuestas por los inspectores, que en algunos casos sí detectaron la falta de medios en las calles". "Pero con los datos queda claro que ni el sistema de inspecciones, 9.000 al año, es suficiente, ni las sanciones disuasorias", añaden estas fuentes.

La contabilidad paralela

El contrato establece que la adjudicataria tiene que incorporar todos los datos sobre la marcha del servicio a un programa informático denominado PAI (Programa de Asignaciones e Incidencias). Este programa vuelca luego la información a otro, llamado Signet, que es el que el maneja el Ayuntamiento para controlar la contrata.

Pero, según se desprende de los correos electrónicos, FCC lleva una contabilidad del día a día al margen y, en aquellos casos que le interesa, introduce al PAI datos alterados. El objetivo es no revelar el desvío de residuos y la facturación de servicios no realizados. En un mensaje, un ingeniero da instrucciones de lo que se debe y no se debe introducir en PAI.

Según la los datos oficiales, FCC recogió en 2013 un total de 7.111 toneladas de voluminosos y se quedó a 389 de saltar de tramo. En 2014, el año del que este diario dispone más información, las cifras fueron mucho más ajustadas.

 La compañía recogió 7.401 toneladas de voluminosos y 5.943 de envases, a solo 99 y 57 de saltar de nivel, respectivamente. En 2015, la cantidad de voluminosos se mantuvo por debajo del salto de tramo por apenas 29 toneladas, mientras la tendencia al alza de los residuos fue tan firme que ya superó holgadamente el límite por 219 toneladas.

Un fraude del 0,7% del contrato

Los ingenieros calculan cada mes cuánto dinero dejaría de ingresar FCC a final de año si saltan de tramo en la recogida de envases y voluminosos. La suma asciende a entre 200.000 y 300.000 euros en 2014 —la cantidad exacta va cambiando mes a mes en relación al ritmo de recogida de los residuos—, cifra a la que hay que sumar los al menos 600.000 euros facturados de más por las brigadas de limpieza. 

La cantidad total supuestamente defraudada asciende a entre el 0,7% y el 0,8% de los 106 millones que percibe anualmente FCC por la contrata."               (Investigación, El País, 17/11/16)

Los Pujol cobraron comisiones a través de facturas falsas... ¡¡ tras el Katrina !!

"Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente de la Generalitat, cobró presuntamente comisiones a través de facturas falsas por trabajos de supervisión en la reconstrucción de Nueva Orleans tras el paso del devastador huracán Katrina en 2005, informa este martes El Español.

 Según la documentación a la que ha tenido acceso el diario, la constructora FCC pagó al menos 710.000 euros al hijo mayor del clan por labores de asesoría en el extranjero a través de la sociedad Brandtridge Holdings Limited, de su testaferro londinense, Herbert Rainford.

La policía judicial duda de la veracidad de las facturas emitidas por la empresa pantalla con el concepto de “Investigación de los daños realizados por el Katrina en las carreteras y estructuras de las ciudades de Nueva Orleans, Biloxi y Gulfport”, que incluyen “investigaciones aéreas de los daños” y “visitas” de las zonas afectadas con necesidad de “reconstrucción” o de “reparación”.

Solo por poner en contacto a FCC con la inmobiliaria local Creekstone, con la que se puede contactar fácilmente por Internet, ‘Junior, cobró comisiones por valor de 70.000 euros.

El contrato al que pertenecen estas facturas falsas fue firmado entre la constructora española y Brandtridge Holdings Limited el 15 enero de 2006 y contemplaba pagos mensuales de 15.000 euros por los supuestos trabajos de asesoría que se alargan hasta 2009. 

Las siete primeras facturas tienen un concepto genérico y no es hasta septiembre de ese año cuando aparece por primera vez el Katrina en el concepto

Pujol Ferrusola recuperó después este dinero mediante facturas falsas de “servicios sanitarios” a Brandtridge emitidas por sus empresas españolas, unos trabajos que el propio Herbert Rainford ha confesado que nunca existieron.

La constructora ha justificado estos pagos y defiende que el objetivo era conseguir contratos de obra civil gestionados por la agencia federal encargada de la reconstrucción de la zona afectada por el huracán, que provocó 1.800 muertos y cuantiosos daños.

Las explicaciones de la FCC no ha contentado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que en su informe critica el “atrevimiento” de Pujol Ferrusola y confiesa su su “consternación” por la “escandalosa” magnitud de la fortuna de la familia, a la que califican de “una de las más acaudaladas de España”.     (El Caso Pujol, República.com, 29/12/15)

Un socio de Agag blanqueó comisiones de la trama Gürtel

"Un millón de euros por la adjudicación de una parcela. Esta fue la comisión que pagó a la trama Gürtel el empresario de la construcción José Luis Ulibarri por un terreno en Boadilla del Monte (Madrid). Así figura en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) puesto a disposición del juez Pablo Ruz, instructor de este caso en la Audiencia Nacional.

El informe de la UDEF, al que ha tenido acceso Público, analiza la agenda del imputado Pablo Crespo, líder de la organización. Y explica cómo se blanqueó este millón de euros por medio de facturas falsas.

El encargado de lavar ese millón de euros de comisión fue Jacobo Gordon Levenfeld, según el informe policial. 

Jacobo Gordon es íntimo amigo de Alejandro Agag, el yerno de José María Aznar, y fue socio suyo en diversas aventuras empresariales.

Gordon utilizó su sociedad Consultoría y Gestión de Inversiones para trasvasar el millón de euros a la trama "a través de facturas ficticias que enmascara el origen" de estos fondos, según certifica la UDEF al Juzgado Central de Instrucción 5.

Crespo anota en su agenda que cobró esta comisión de U.F.C., una de las empresas del constructor José Luis Ulibarri. Este empresario leonés ha comprados medios de comunicación como El Mundo de Valladolid y encaminaba sus pasos para convertirse en magnate de la comunicación de España hasta que saltó el escándalo.

Por aquella época Ulibarri pretendía construir en Boadilla del Monte 169 inmuebles de lujo, y recibió la adjudicación del terreno por parte del Ayuntamiento de la locaidad.

"Hay multitud de referencias" sobre Gordon en la agenda, "persona que colaboraba con la organización, inicialmente realizando inversiones de capital para Francisco Correa y finalmente participando de los negocios propios" de la trama. En unas occasiones era intermediario; en otras servía de puente para blanquear dinero con facturas falsas.

La agenda de Crespo contiene muchos nombres de líderes políticos. Algunos de ellos están vinculados a repartos de dinero; otros "son nombrados por su participación en la adjudicación de contratos públicos a favor de la organización o por colaborar en el pago de cantidades de dinero ajeno al circuito económico legal por parte del Partido Popular de la Comunidad Valenciana", sostiene el informe. 

En otras ocasiones Pablo hace constar el nombre de la persona en relación a posiciones bancarias en el exterior.

La actividad de la organización Gürtel mantenía una relación simbiótica con el PP, lo que le permitió realizar "negocios suculentos" a costa del dinero público, según el informe de la Udef. La organización estaba "íntimamente vinculada" a la actividad política de los municipios y administraciones autonómicas donde tenían intereses.

"Esa relación simbiótica -sostiene el informe- es la que ha permitido la realización de negocios  suculentos a costa del erario público, obteniendo, por un lado, los componentes del  grupo de Francisco Correa importantes beneficios económicos y, por otro lado, los miembros del gobierno municipal o regional una parte de la comisión, regalos y/o viajes". (...)"               (Público, 04/03/2014)

Hacienda va a la pesca de ‘truchas’. Utilizan a mendigos, a los que disfrazan de empresarios, como testaferros

"Un señor impecablemente trajeado entra en la sucursal de un banco en Valencia. Lo acompaña su abogado, que lleva la voz cantante. Pide ver al director de la oficina y le da órdenes para crear una serie de cuentas bancarias y realizar transferencias.

 El empresario no habla. Está a la espera de una reconstrucción maxilofacial y no le queda ni un solo diente, según le explica el abogado al encargado de la oficina bancaria. El asesor se encarga de todos los detalles y entretiene al director cuando el empresario firma con dificultad los documentos. 

En realidad, el empresario es un indigente al que una organización criminal ha sacado de un centro social de la capital valenciana. Le ha dado de comer y un baño y le ha puesto traje caro para usarlo como testaferro de una de las múltiples empresas que usan como tapadera.

 El relato lo describe con profusión de detalles un inspector de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria (Onif) gracias a las conversaciones telefónicas pinchadas por la policía durante un año.

Cuando agentes de esa unidad de élite de Hacienda irrumpieron en la oficina de esta organización, situada en un piso de la calle Gran Vía Marqués del Turia de Valencia, hallaron una estantería repleta de teléfonos móviles perfectamente clasificados con etiquetas con nombres de empresas. 

En un armario de la oficina encontraron varios trajes, camisas y corbatas con las que vestían a los hombres de paja que utilizaban para dar veracidad a su entramado empresarial. La sociedad se dedicaba a comprar y vender componentes informáticos a un precio sospechosamente bajo.

La operación, desarrollada en 2010, fue bautizada como Revival. Concluyó con 16 detenidos, la investigación de más de 50 cuentas bancarias y la identificación de medio centenar de testaferros y sociedades de Rumanía, Bulgaria, Chipre y Malta. Fuentes de la Agencia Tributaria calculan que el fraude cometido supera los 60 millones de euros. Se trata de una de las operaciones contra el fraude organizado del IVA, conocido como fraude carrusel, más importante hasta la fecha.

 

Este tipo de delito fiscal en el Impuesto sobre el Valor Añadido es uno de los que más preocupa a las autoridades de Hacienda. “Es un problema serio que podría alcanzar miles de millones de euros”, explica una fuente de la inspección de la Agencia Tributaria que sitúa el inicio de esta práctica a principios de la década pasada.

El fraude carrusel en el IVA consiste en la creación de una estructura empresarial para aprovechar que las entregas intracomunitarias están exentas de dicho impuesto.

El mecanismo comienza con una venta exenta del impuesto entre una empresa radicada fuera de España (A) y otra constituida en territorio nacional (B). Ambas forman parte de la organización. 

La sociedad que recibe la mercancía (B), conocida en la jerga del fisco como trucha, la vende a su vez a otra sociedad (C) de la organización a la que repercute el IVA. Sin embargo, no lo ingresa a Hacienda. Habitualmente este tipo de empresas (B) desaparece sin dejar rastro. 

Es frecuente que sean sociedades constituidas mediante despachos de abogados que se dedican a crear sociedades en cascada. El fraude se agrava cuando la tercera empresa (C) que recibió la mercancía reclama la devolución del IVA por haberlo soportado.

 

En este caso, la Agencia Tributaria no solo no cobrará el IVA de la operación, sino que pagará la devolución. En realidad, supone un vaciamiento de las arcas de Hacienda. La trama se complica cuando se crean más empresas ficticias con las que dificultar el rastro de la mercancía, que en ocasiones ni siquiera existe y se sustituye por la circulación de facturas y albaranes falsos.

La Agencia Tributaria ha estrechado el cerco sobre este tipo de tramas organizadas, que se centra en algunos sectores concretos como los componentes informáticos, telefonía móvil, bebidas alcohólicas, hidrocarburos o automóviles de ocasión. La Onif se ha convertido en la unidad más eficaz contra la desarticulación de estas actividades.

Fuentes de la Agencia Tributaria aseguran que España solo existen cerca de una docena de grupos de este tipo. Pero también advierten: “Actúan a través de cientos o miles de empresas.

 Se han profesionalizado y han creado estructuras complejas y jerarquizadas. Los que financian el carrusel no suelen estar en España”. Por eso, piden estrechar la colaboración entre los diferentes departamentos involucrados en la investigación de este delito (inspectores, Onif, aduanas, policía, Guardía Civil...).

Detrás de estas organizaciones suele haber grupos criminales, admiten en Hacienda. Estos actúan como si invirtieran en una operación financiera: pagan la primera compra de mercancía, si existe, y la hacen circular —a través de sus sociedades interpuestas— a un precio inferior al de mercado, con márgenes muy estrechos porque buscan beneficiarse del descuento del 21% del IVA que no pagan.

Hacienda se ha propuesto acabar con estas organizaciones y limitar esta práctica. “Quiere dar una respuesta tajante”, según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando presentó la reforma del Código Penal y la Ley contra el fraude para introducir algunos cambios que dificulten esta actividad ilícita. 

Entre ellos, se facilita la denuncia inmediata una vez alcanzada la cantidad mínima de evasión. Además, se crea un tipo agravado de delito cuando el fraude haya sido cometido dentro de una organización criminal.

El presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda, Ramsés Pérez-Boga, admite que este tipo de fraude trae de cabeza a Hacienda. Señala que una de las medidas que se podrían tomar para limitar esta actividad consiste en ampliar la inversión del sujeto pasivo.

 Esta medida, aprobada por el Gobierno para determinadas operaciones inmobiliarias, obligaría a la primera empresa interviniente a pagar el IVA a Hacienda en lugar de repercutirlo a otra de las sociedades de la trama. Es decir, les obligaría a demostrar que se ha ingresado el IVA en la Agencia Tributaria para pedir la devolución del impuesto.

La Ley antifraude también prevé un paquete de medidas preventivas para evitar el vaciamiento de estas empresas cuando se inicia la investigación o se presenta la denuncia. Fuentes de la Onif explican que en los últimos años han logrado reducir el número de fraudes de este tipo. Aunque admiten que en cuanto desarticulan una de estas organizaciones, enseguida otra ocupa su lugar.

Hace unas semanas, la Agencia Tributaria desmanteló en Sevilla una organización que defraudaba con el IVA de los de hidrocarburos en algunas gasolineras. Aseguran que poco a poco todas van cayendo. Hacienda está en pesca de truchas."           (El País, 25/11/2012)

Otro empresario confirma que Unió le instó a cobrar servicios mediante facturas falsas

"Uno de los empresarios imputados en la presunta trama de financiación ilegal de UDC ha admitido este lunes, ante al juzgado que está llevando la investigación, que cobró varios servicios realizados a Unió mediante facturas falsas emitidas a empresas del grupo IMS, por un valor de más de 117.000 euros, porque así se lo indicaron desde el partido.

El empresario (Jordi C.), que se dedica a la gestión y organización de actos, se puso en contacto con el gerente del partido, José María Núñez Cirera, por indicación del entonces secretario de organización de Unió, Josep Sánchez Llibre, para cobrar deudas contraídas durante la campaña de Josep Antoni Duran i Lleida de 2004 porque, según ha señalado, estaba “harto de no cobrar”.

Jordi C. ha declarado que Núñez le explicó que tenían varias empresas controladas por ellos y que la forma de cobrar era hacer facturas falsas a nombre de varias empresas del grupo IMS por diversos conceptos. Y así lo hizo. También facturó trabajos realizados a Unió a través de la Fundació Catalunya i Territori por unos 60.000 euros.

Además ha asegurado que Sánchez llibre estaba al corriente de todo, puesto que era con él con quien trató estos asuntos en varias ocasiones y quien le validó la operativa. Núñez lo ha negado todo y ha declarado que Jordi C. tenía un despacho en la sede de Unió, pero este ha negado tener las claves del sistema informático del partido." (lavozdebarcelona.com, 25/10/2010)

La investigación acredita la trama de adjudicaciones amañadas y sobornos de cargos del PP en Madrid, Valencia, Galicia y Castilla y León

"Francisco Correa hizo negocio con su red de empresas gracias a su amistad con dirigentes del PP que gobernaban en una decena de Administraciones. Por un lado, lograba a dedo numerosos contratos de servicios; por otro, intermediaba en adjudicaciones de obras o de suelo a favor de empresarios amigos y cobraba comisión. Para alimentar estas dos vías de negocio, sobornaba a políticos del PP. La rapiña al erario público que Correa perpetró durante más de diez años mancha a cuatro autonomías.

COMUNIDAD DE MADRID Contratos a trozos

El Gobierno de Esperanza Aguirre fue un chollo para Correa. La red corrupta logró cientos de contratos a dedo para montaje de actos institucionales que ordenaba el ex consejero de Deportes y hombre de confianza de Aguirre Alberto López Viejo. Algunos de los contratos se troceaban para evitar que su coste superase los 12.000 euros, con lo que se evitaba el concurso.

El PP de la Comunidad de Madrid pagó a la trama corrupta algunos de sus actos electorales de 2003 y 2004 con cargo a los fondos aportados por empresas privadas a su fundación Fundescam, según los archivos encontrados en un piso de seguridad que utilizaba la trama.

Los ex alcaldes de Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Arganda del Rey y Boadilla del Monte adjudicaron contratos a las empresas de la trama y favorecieron con obras o suelo a constructoras que, como contrapartida, pagaron comisiones ilegales, según la investigación.

COMUNIDAD VALENCIANA Empresas pagan actos electorales

Orange Market, la empresa de la trama corrupta que organizaba en exclusiva los actos electorales del PP de la Comunidad Valenciana, cobró al menos 6,3 millones en dinero negro, según la investigación judicial. Además, cinco empresas contratistas de la Administración valenciana pagaron supuestamente actos electorales del PP: Lubasa, Sedesa, Piaf, Facsa y Ortiz e Hijos, según un informe policial. Desde el Gobierno regional se adjudicaron más de 40 contratos a dedo a Orange Market, cuyo principal responsable hizo regalos de todo tipo a los dirigentes del PP, entre ellos Francisco Camps y Rita Barberá, según documentos del sumario.

La trama corrupta regaló trajes a Camps; a Victor Campos, ex vicepresidente; a Ricardo Costa, ex secretario general; a Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la consejera de Turismo; y a Pedro García, ex director general de la televisión autonómica valenciana. García adjudicó a una constructora leonesa, Teconsa, el contrato de sonorización e instalación de pantallas de vídeo para la visita del Papa a Valencia por seis millones de euros. Teconsa, que no sabía nada de sonorizaciones, subcontrató el trabajo por tres millones a empresas especializadas y el resto se lo repartió con Correa, según la investigación judicial.

CASTILLA Y LEÓN Las comisiones por un tramo de carretera

La documentación sobre la adjudicación de la obra de la variante de Olleros de Alba a la empresa Teconsa apareció en el registro de la sede principal de la red Gürtel junto al reparto de comisiones. El 3% del valor de la obra enriqueció a políticos y al cabecilla de la trama, según esa documentación que, investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha destapado la supuesta implicación del entonces consejero de Fomento, José Manuel Fernández Santiago, hoy presidente del Parlamento de Castilla y León. Fernández Santiago aún no ha sido imputado.

GALICIA Facturas falsas

Documentos incautados en una caja de seguridad de una sucursal bancaria de Pontevedra a nombre de Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta y ex secretario de Organización del PP de Galicia, apuntan a la emisión de facturas falsas para justificar gastos electorales del PP y hasta 5,9 millones de euros pagados en dinero no declarado a Hacienda. El 47% de los actos del PP en aquella época se financiaron en dinero negro, según un informe policial. "Los fondos destinados al pago generado por esa formación política proceden de recursos ajenos a los circuitos financieros, que pueden proceder de terceros que financian los actos del partido con dinero ajeno a los circuitos económicos".

PP NACIONAL Álvarez-Cascos y Bárcenas

El PP nacional aparece salpicado por las andanzas de Correa, que tenía trato especial, según él mismo ha confesado, con quien fue secretario general del partido y ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, con Bárcenas, el tesorero, y con el que fue secretario de Acción Electoral, Jesús Sepúlveda.

Bárcenas cobró supuestamente comisiones ilegales de la trama corrupta. Correa declaró al juez Garzón que Álvarez-Cascos le dio el contrato de AENA, ente público dependiente de Fomento. El montaje y desmontaje de pabellones de AENA en ferias de turismo fue adjudicado a dedo o por concursos restringido a empresas de la trama corrupta durante la etapa en que al frente de Fomento estaba Álvarez-Cascos. El ex ministro niega haber dado trato de favor a Correa y no está imputado de momento. Sepúlveda cobró supuestamente comisiones ilegales por sus favores a la red corrupta, primero desde el PP nacional y luego desde su cargo de alcalde de Pozuelo, según la investigación." (El País, ed. Galicia, España, 04/04/2010, p. 13)

La fiscalía relaciona a Josep Sánchez Llibre con pagos irregulares a Unió. Una fundación próxima al partido recibió 2,5 millones de euros

"La Fiscalía de Barcelona considera que existen indicios de delito en los pagos supuestamente irregulares realizados a Unió Democràtica (UDC) por la Fundació Catalunya i Territori, próxima a ese partido, y por tres empresas que trabajaron para la formación que lidera Josep Antoni Duran Lleida. Desde hace meses, la fiscalía investiga esos pagos y espera concluir las diligencias cuando la policía le entregue un informe definitivo y diversos bancos remitan la información solicitada.

Según la hipótesis que maneja la fiscalía, la citada fundación recibió donativos privados por valor de 2,5 millones de euros entre 2003 y 2007, y en 2008, año del último ejercicio fiscalizado, hay aportaciones de la Fundación Privada Abertis, el BBVA y la Fundación Catalana para las Relaciones Internacionales, que preside Salvador Sedó, consejero nacional de Unió y candidato de CiU en las últimas elecciones europeas.

La supuesta implicación de Sánchez Llibre en el caso procede de la declaración ante la policía de un proveedor, quien explicó que el diputado le instó a que se dirigiera a la red de empresas investigadas y a la fundación para cobrar una deuda por servicios prestados a Unió. Ese proveedor confesó, además, que emitió facturas falsas.

El presidente de la fundación cercana a Unió a través de la cual se giraron las facturas falsas es Josep Boqué, al que se considera muy cercano a Sánchez Llibre. La investigación se inició a raíz de una comunicación remitida por la Agencia Tributaria y posteriormente se añadió un informe enviado por el Departamento de Justicia de la Generalitat, que durante año y medio analizó la contabilidad y la actividad de la fundación y encontró indicios delictivos.

La investigación se extiende también a las compañías Fet i Fet, Final Versión y Serveis Gestió i Intermediació, radicadas en Barcelona y con muy poca actividad, que se hicieron cargo, mediante facturas falsas, de pagos de servicios prestados a Unió y que se nutrían de dinero traspasado desde la Fundació Catalunya i Territori. La investigación intenta aclarar pagos por más de un millón de euros por servicios prestados a Unió, de los que una parte los pagó el partido, y el resto más de una decena de acusados que ya han declarado ante la policía." (El País, 18/12/2009)

Imputan a Dani por fraude fiscal. Otros directivos también estan acusados de blanquear dinero en los traspasos de Maxi y Sergio

"El presidente del RCD Espanyol, Dani Sánchez Llibre, ha sido imputado por fraude fiscal en el marco de la operación Pretoria, según informa Público, a partir de los datos de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). Dani habria blanqueado dinero de fondos procedentes de actividades irregulares y habría contratado el servicio de los hermanos Pretus -abogados que dieron nombre a la operación- en al menos tres ocasiones.

Pretus emitió presuntamente para el Espanyol facturas falsas por valor superior a 300.000 euros, a nombre de una sociedad con sede en el paraíso fiscal de Madeira, creada a tal efecto por el bufete de abogados. Esas facturas falsas están relacionadas con el traspaso del centrocampista Sergio, del Espanyol al Deportivo de La Coruña, y con el proceso de adquisición de la nacionalidad italiana del argentino Maxi Rodríguez, quien llegó de su país en 2002 para jugar en el club perico procedente de Newells Old Boys.

También aparecen implicados otros dirigentes del club que participaron presuntamente en estas actividades irregulares, caso del ex director general José Luis Marcó, y del aún director financiero, Albert Amat de Grandes.

La sociedad constituida en Madeira para las facturas falsas al Espanyol recibió el nombre de Strategic Projections and Simulation Technologies-Services LDA, a la que los investigadores se refieren como SPST. Su potencial no se limitaba a gestionar traspasos y adquisición de nacionalidades sino que también podía realizar labores de scouting, es decir, supuestamente confeccionaba pormenorizados análisis de los equipos de fútbol para detectar sus debilidades y ponerlas en conocimiento de sus rivales. O por lo menos, para eso quizo hacer creer el Espanyol que la contrataba." (e-noticíes, 19/01/20109)

Una banda utilizó a mendigos para defraudar a Hacienda

"Una red organizada utilizó a mendigos, prostitutas y personas con enfermedades degenerativas y terminales para defraudar a Hacienda. La banda les colocó como máximos responsables de empresas que emitían facturas falsas para otras firmas y se llevaban a cambio una comisión. Estos testaferros insolventes sólo firmaban documentos con los que la trama se enriquecía. Los Mossos d'Esquadra detuvieron la semana pasada a 32 individuos, de los que 13 están en prisión. La policía autonómica estima que el fraude al fisco supera los 25 millones.

La banda operaba en Cataluña pero tenía ramificaciones en diversas poblaciones españolas. La red empresarial -constituida por 70 sociedades con un volumen de facturación cercano a los 300 millones- funcionaba desde hacía cinco años y se dedicaba al fraude fiscal de los impuestos del IVA y de sociedades.

Los agentes necesitaron dos años de investigación para desentrañar la arquitectura de la red, que funcionaba de forma piramidal. En la cúspide estaba Pedro B. S., un empresario catalán de 60 años que ya fue imputado en 1990 por una estafa idéntica. Él y sus sociedades emitían facturas falsas a otras empresas de la trama que necesitaban reducir el importe de los impuestos que pagaban. Para ello, simulaban la adquisición de bienes y servicios. En contrapartida, Pedro B. S. y los suyos recibían una comisión cercana al 5% por cada factura falsa." (El País, ed. Galicia, España, 24/12/2009, p. 15)