"Tengo que ganar mucho dinero, me hace falta mucho dinero para vivir”. Así se expresaba —en 1990— un joven Eduardo Zaplana Hernández-Soro (Cartagena, 3 de abril de 1956) en una conversación intervenida por la Policía en el marco del 'caso Naseiro'.
Dicho y hecho. Al cabo de unos años, el expresidente de la Generalitat Valenciana, exministro de Trabajo y exdirectivo de Telefónica contaba con un botín, al menos, de 15 millones de euros en paraísos fiscales. Todos los fondos provienen de comisiones ilícitas que han aflorado durante la instrucción del 'caso Erial'.
La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha puesto a Eduardo Zaplana al borde del banquillo. El auto de transformación a procedimiento abreviado, el paso previo al banquillo de los acusados, desvela que existen fondos por más de 15 millones de euros en comisiones ilícitas que, en parte, no han podido ser recuperados al haber sido intervenidos por las autoridades andorranas. El blanqueador confeso de Zaplana, el uruguayo Fernando Belhot, transfirió al juzgado desde cuentas suizas 6,7 millones de euros, un capital que “era de Eduardo Zaplana”, apunta la magistrada Isabel Rodríguez Guerola.
La banda del exministro del PP se enfrenta a los presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental. La cuadrilla de presuntos saqueadores, coronada por Eduardo Zaplana, era una “organización” cuyos componentes se aprovechaban de los cargos políticos “que ostentaban en el momento de los hechos o habían ostentado a lo largo de varios años” y que con ayuda de empresas pantalla “creadas ex profeso” y de empresarios cercanos al exministro obtuvieron beneficios de contratos públicos hinchados que posteriormente blanquearon a través de una compleja lavadora internacional que pasaba por paraísos fiscales como Luxemburgo, Suiza, Panamá, Andorra o Uruguay, entre otros destinos.
Procesados “dirigidos” por el expolítico
Los procesados estaban “dirigidos” por el expolítico del PP, indica la jueza instructora. “La forma planificada por Eduardo Zaplana era quedar ante todo oculto en la sombra de todo tipo de actividad, con el fin de eludir posibles responsabilidades y dado que era conocido públicamente y si su nombre apareciera, en cualquier tipo de operación, hubiera alertado inmediatamente, (...) utilizó a sus amigos y conocidos a los que hizo partícipes de los beneficios obtenidos en cantidades mínimas”, reza el auto.
Un “claro ejemplo” es Joaquín Barceló, amigo de la infancia de Zaplana y conocido como Pachano, “al que hizo que figurase con su nombre” en sociedades y cuentas bancarias en España y en el extranjero mientras que el exministro del PP quedaba “al margen formalmente y libre de responsabilidades” (aunque recibía, “eso sí, importantes beneficios económicos”, apostilla la magistrada). Pachano es el “principal testaferro” de Zaplana, sostiene la magistrada.
El extraordinario botín nació del pelotazo de la privatización de las ITV y en la adjudicación del Parque Eólico durante los primeros años de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat Valenciana. “Concursos a la carta”, según la definición de la jueza instructora del 'caso Erial', en los que la empresa Sedesa, de los Cotino, obtuvo importantes comisiones.
El Grupo Sedesa, de la familia del fallecido Juan Cotino, se agenció 86,5 millones de euros de beneficios con ambas adjudicaciones, “por lo que pudieron permitirse el pago de altas comisiones”. Las acciones de la familia Cotino por los parques eólicos se dispararon de un discreto valor inicial de 120.000 euros a 48 millones “en apenas seis años”.
Otro personaje en la trama, también procesado, fue José Luis Olivas, breve sucesor de Zaplana en la Generalitat Valenciana antes de la presidencia de Francisco Camps. “La intervención de José Luis Olivas”, apunta la instructora,“ fue también fundamental” para una operación de introducción en el circuito legal de “fondos de origen delictivo” por 2,8 millones de euros mediante una refinanciación solicitada a Bancaja (presidida en aquel entonces por Olivas) por parte del empresario Carlos Gutiérrez Mondedeu. El expresidente de la Generalitat Valenciana cobró una comisión de 580.000 euros a través de una sociedad de los Cotino.
