Así paga la Justicia en España a quiénes osan enfrentarse a la mafia: condenados a nueve años de cárcel el juez y el fiscal que investigaron al magnate de la noche balear, Cursach

 "El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha condenado a nueve años de cárcel al exjuez Manuel Penalva y al exfiscal Miguel Ángel Subirán, quienes durante cerca de tres años buscaron desentrañar las supuestas actividades corruptas del empresario mallorquín Bartolomé Cursach para salvaguardar su autoridad en la noche balear. Asimismo, ha impuesto tres años y diez meses para el subinspector de la Policía Nacional Miguel Ángel Blanco, un año y dos meses para la inspectora Blanca Ruiz y dos años y cuatro meses al agente Iván Bandera, quienes colaboraban con ambos juristas al frente de las anteriores investigaciones. Es la primera vez que la Justicia condena en bloque a un juez, a un fiscal y a varios policías.

Las penas contrastan con los 118 años de cárcel y los 121 años y nueve meses que la Fiscalía Anticorrupción reclamaba, respectivamente, para Penalva y Subirán, las mayores formuladas contra un juez y un fiscal en España. Con todo, el tribunal ha establecido en siete años y medio el plazo máximo de condena que deberán cumplir ambos acusados. 

 La sentencia, de cerca de 500 páginas, considera probado que todos ellos desplegaron diversas prácticas ilegales para incriminar a varios investigados por hechos de los que, tras un turbulento peregrinaje judicial, acabaron finalmente absueltos. Entre tales actuales, el tribunal, presidido por el magistrado Diego Gómez Reino, sostiene que Penalva y Subirán incurrieron en tres delitos de obstrucción a la Justicia, un delito de coacciones y otro de omisión del deber de perseguir filtraciones al filtrar información mientras el caso Cursach se encontraba bajo secreto sumarial.

Los acusados llevaron a cabo tales prácticas en una de las líneas de investigación en las que se desgajó el más conocido como caso Cursach, la relativa al supuesto amaño del concurso para adjudicar el servicio de regulación del aparcamiento (ORA) en Palma y el presunto cobro de comisiones por parte del exconcejal y exdiputado del PP Álvaro Gijón y el exdirigente histórico popular José María Rodríguez.

Se trata de un fleco en el que, en octubre de 2016, fueron arrestados varios empresarios, los funcionarios que integraban la mesa de contratación del Ajuntament de Palma que tramitó el expediente y los padres y el hermano de Gijón, a quien los ahora acusados atribuían haber obtenido la mitad de un soborno de aproximadamente un 1,2 millones de euros y un piso a cambio de amañar el concurso. Tales acusaciones fueron efectuadas por un testigo protegido que aseguraba que dentro del PP era “vox populi” la alteración del expediente y el cobro del cohecho. Las pesquisas fueron finalmente archivadas ante la ausencia de indicios delictivos contra todos ellos.

En este sentido, el tribunal condena al juez, al fiscal y a los policías condenados a indemnizar junta y solidariamente a Álvaro Gijón por daño moral en la cantidad de 6.500 euros.

 En su resolución, los magistrados consideran probado que fueron detenidas personas inocentes pero aprecian que en el momento de las detenciones existían sospechas de que el concurso de la ORA podía haber sido amañado y de que los arrestados participaron en mayor o menor medida en los hechos. Asimismo, la Sala entiende que las detenciones de los padres y el hermano de Gijón, aunque estaban soportadas en sospechas de delito, fueron instrumentales y tuvieron por objeto presionar al político para que confesara su participación en la manipulación del concurso. Pese a ello, el tribunal no condena a los acusados por el delito de detención ilegal sobre la familia Gijón por un “déficit” en la acusación.

Al margen de esta causa, Penalva y Subirán tienen pendientes otras investigaciones contra ellos: la Audiencia Provincial de Balears, que el año pasado juzgó a Cursach y a otros 16 acusados por la presunta trama mafiosa que buscaron apuntalar los dos juristas, y de la que todos los procesados resultaron absueltos, ordenó investigar por nuevos delitos -prevaricación, detención ilegal y coacciones a testigos- a exjuez y exfiscal y, por presunto falso testimonio, a 17 testigos que comparecieron durante el macrojuicio. Entre ellos, varios empresarios que, como acusaciones particulares en la vista oral, sostenían que Cursach intentó hundir sus negocios mediante extorsiones y a quienes tanto Penalva como Subirán habrían utilizado para sostener sus investigaciones."              (Esther Ballesteros, eldiario.es, 15/11/23)

El esperpéntico viraje del 'caso Cursach': de pedir ocho años de cárcel a la absolución entre llantos del fiscal (que desde que comenzó la vista oral, en junio pasado, no ha presentado ni una sola prueba contra Bartolomé Cursach, el magnate de la noche mallorquina, ni contra sus hombres de confianza ni los policías acusados de recibir prebendas del emporio de Cursach a cambio de ilegalidades para perjudicar los negocios de la competencia)... Sorprendente final del juicio del 'caso Cursach', con las lágrimas del fiscal Tomás Herranz en medio de su alegato para remarcar su tesis de inocencia a favor de los acusados, procesados por liderar una mafia policial y empresarial relacionada con los negocios de la noche mallorquina... "Ha ganado el miedo y no la Justicia", dice una de las abogadas de la acusación... ¿Cómo se ha llegado a este final en la que fue una de las investigaciones más ambiciosas, extensas e importantes de los últimos lustros en las Islas Baleares? El acoso a los testigos durante la instrucción por parte de sicarios supuestamente a las órdenes de los investigados ha tenido mucho que ver, igual que la defensa a ultranza que ha hecho la Fiscalía de los acusados... El 90% de los testigos que han desfilado por el juicio, en torno a unos 70, no han aportado las pruebas de cargo que en un principio tenían o se han desdicho de sus testimonios acusatorios iniciales... "Normal que tengan miedo, si ves que la Fiscalía no persigue los delitos, si ves que van a quedar impunes y tú vives allí con tu familia, pues tienes miedo", dice a Publico Teresa Bueyes, la abogada de un empresario perjudicado... ha ganado el miedo, ha perdido la Justicia"... y el primer juez instructor y el primer fiscal, expedientados por intentar meterlo en la cárcel. Ahora irán ellos...

 "Lágrimas en la última sesión del juicio por el caso Cursach: las del fiscal Tomás Herranz, que desde que comenzó la vista oral, en junio pasado, no ha presentado ni una sola prueba contra Bartolomé Cursach, el magnate de la noche mallorquina, ni contra sus hombres de confianza ni los policías acusados de recibir prebendas del emporio de Cursach a cambio de ilegalidades para perjudicar los negocios de la competencia.

De los 24 procesados iniciales se ha pasado, tras las 36 sesiones del juicio, a dos; ambos, policías locales de Palma de Mallorca acusados de hacer inspecciones arbitrarias al local de un empresario para los que se pide dos años de prisión. Todos los demás, incluido Cursach y su mano derecha, Bartolomé Sbert, director general del Grupo Cursach, han quedado sin cargos en su contra, lo que significa la absolución.

El alegato final del fiscal Herranz, con llanto incluido, podría ser calificado de inaudito. "Este informe [su informe final de calificación], más que justificar ante la sala la retirada de acusaciones, tiene otro objetivo: reconocer ante los acusados que han sufrido una injusticia, y que el cambio de la Fiscalía supone un intento mínimo de reparar el daño producido". Esta ha sido su tesis durante el juicio, la inocencia. Hay que recordar que a escasos días de que arrancara la vista oral, Herranz amputó el grueso de las acusaciones de la Fiscalía contra Cursach y los suyos, presentando un memorable escrito lleno de tachones, que fue admitido por la Sala, pese a que implicaba de facto un nuevo escrito de acusación, algo que no está permitido al inicio de una vista oral.

Al lado de Herranz, escuchaba impertérrito el fiscal Carrau, que fue quien durante la investigación pidió prisión provisional para Bartolomé Cursach y sus hombres, a la vista de las denuncias y testimonios que existían sobre la mafia que lideraban en Mallorca para mantener la hegemonía sobre los negocios de ocio. Carrau se opuso firmemente a la puesta en libertad del magnate. En base a las evidencias del sumario, la Fiscalía llegó a pedir para el líder de Cursach ocho años y medio de prisión por liderar una trama de sobornos a policías y otros funcionarios para hacerse con el control de las discotecas en Mallorca. El cambio de postura de Carrau y de la Fiscalía es calificado por varios abogados de las acusaciones con los que ha podido contactar este diario como "vergonzoso".

De cohecho y organización criminal a "nada delictivo"

A lo largo del juicio, una a una se han ido desinflando todas las acusaciones contra Cursach, para quien la Fiscalía pedía al inicio del juicio 18 meses de prisión, por pertenencia a organización criminal, pero ya sin el concurso del delito de cohecho. Pero este miércoles ya no había ni sombra de organización criminal. "Algún jurista diría que el hecho de que un proceso que termine con sentencia absolutoria es un fracaso de la Justicia, pero este, en cualquier arco desde el que se mire, lo ha sido sin paliativos y así ha sido reconocido hasta por las acusaciones particulares cuando han manifestado que nada ha quedado acreditado", ha dicho el fiscal Herranz, para quien los acusados "no han hecho nada delictivo". 

El miedo de los testigos ya lo adelantó 'Público'

¿Cómo se ha llegado a este final en la que fue una de las investigaciones más ambiciosas, extensas e importantes de los últimos lustros en las Islas Baleares?  El acoso a los testigos durante la instrucción por parte de sicarios supuestamente a las órdenes de los investigados ha tenido mucho que ver, igual que la defensa a ultranza que ha hecho la Fiscalía de los acusados.

Este periódico lo desveló en una veintena de exclusivas sobre la denominada 'mafia' que pivotaba alrededor de los negocios de la noche de Mallorca; una investigación periodística que arrancó a través de denuncias internas de las policías locales de Calviá y Palma sobre sobornos a agentes y políticos para hacer la vida imposible a la competencia de Cursach y que salpicaba incluso a las oposiciones para entrar en esos cuerpos. 

Las presiones a todo aquel que señalaba al entorno de Cursach fueron enormes. Al testigo número 29 de la causa se le llegó a quemar la cara, a una mujer que regentaba un club y que testificó sobre aquella mafia se la apaleó; y a dos periodistas, del Diario de Mallorca y de Europa Press, que cubrían el caso un juez les intervino sus móviles, medida sin motivar que provocó una lesión en sus derechos fundamentales, como sentenció el Tribunal Constitucional. 

El 90% de los testigos que han desfilado por el juicio, en torno a unos 70, no han aportado las pruebas de cargo que en un principio tenían o se han desdicho de sus testimonios acusatorios  iniciales; incluso algunos testigos no han comparecido y se encuentran en paradero desconocido. "Normal que tengan miedo, si ves que la Fiscalía no persigue los delitos, si ves que van a quedar impunes y tú vives allí con tu familia, pues tienes miedo", dice a Publico Teresa Bueyes, la abogada de un empresario perjudicado, que ha tenido que renunciar a la acusación porque "no se han presentado las pruebas que incriminaban a Cursach", sostiene.

 Respecto a su cliente, Bueyes alega que las 14 denuncias que José Manuel Bover llegó a presentar en su día y que estaban aportadas en el sumario, "han desaparecido directamente, ni se han enjuiciado ni se han archivado, es que no están". La abogada se refiere a "hechos gravísimos de coacciones, escombros a la puerta de su local, carne muerta que le dejaron como amenaza..." Bueyes apunta a que en este juicio "ha ganado el miedo, ha perdido la Justicia", en relación al temor de los testigos a decir la verdad.

Inexplicable actuación fiscal

Tampoco se han aportado en el juicio los audios que probaban cómo operaba la mafia policial. La actuación de la Fiscalía en el juicio ha sido "llamativa", según apuntan fuentes jurídicas a este diario; por ejemplo, ha prescindido de informes de la Guardia Civil, de Blanqueo de Capitales, de conversaciones telefónicas de algunos de los investigados que serían probatorias del "control absoluto" de las instituciones públicas, como los ayuntamientos de Calviá y de Palma y la consejería de Turismo. 

Para Teresa Bueyes, "lo que se ha celebrado en Palma no ha sido un juicio sino una farsa, que allana el camino para que el Estado indemnice a Cursach y a Sbert por haber pasado por la cárcel". Hay que recordar que ambos estuvieron 14 y 10 meses respectivamente en prisión provisional. "Este miércoles hemos asistido al proceso de canonización de Cursach y los suyos", dice Bueyes en relación al alegato final del fiscal.

Graves acusaciones contra el juez instructor

Pero además de esa hipotética indemnización, la absolución de Cursach y los suyos defendida con ahínco por el fiscal Herranz también servirá previsiblemente para aumentar los cargos contra el juez instructor del caso Cursach, el ya exjuez Manuel Penalva, y contra el exfiscal Miguel Ángel Subirán. El Ministerio Público ha reclamado otra investigación por presuntos delitos de detención ilegal, coacciones y prevaricación en la instrucción. 

La Fiscalía afirma que en el juicio han aparecido indicios de que Penalva y Subirán "presionaron" a testigos y ordenaron detenciones "indebidas"; además acusa de falso testimonio a cuatro de los testigos que han declarado en el juicio --todos ellos, en contra de Cursach y su red--, entre ellos, una exinspectora de Blanqueo. 

Los ataques a la instrucción judicial de Penalva y Subirán fueron continuos durante la investigación con el objetivo de ponerla en cuestión y desinflar las acusaciones, como finalmente ha sucedido.

 El fiscal Miguel Ángel Subirán llegó a denunciar públicamente a través de la Unión Progresista de Fiscales el acoso al que estaba siendo sometido desde que inició la investigación: seguimientos, acoso en su vida privada, allanamiento de su casa y el robo de su moto. También hubo campaña mediática; algunos medios de comunicación baleares parecían el altavoz de los investigados.

El golpe definitivo contra el juez instructor llegó con la denuncia de dos abogados que describieron presuntos episodios de coacciones por parte del juez y del fiscal a una testigo, dueña de un prostíbulo. Esta mujer primero había identificado a clientes, a mandos policiales y a altos dirigentes del PP, pero luego se echó atrás. Las conversaciones de Whatsapp del juez con la testigo se hicieron públicas y acabó siendo apartado tras una recusación. En julio de 2021 el CGPJ le jubiló por incapacidad permanente. El exfiscal anticorrupción Subirán se jubiló también de forma anticipada en 2020. "                 (Ana María Pascual, Público, 30/11/22)

La corrupción no se rendirá sin dar pelea. Quienes la practican (y sus representantes) usarán todas las armas que puedan, desde bombas y balas hasta mandatos y mociones judiciales. No conformes con intimidar o asesinar a periodistas, funcionarios y defensores de la ley, van ahora contra el propio estado de derecho.

 "Cuando alguien intenta combatir la corrupción, la corrupción se defiende. La periodista de investigación maltesa Daphne Caruana Galizia podría contárnoslo... si los socios de las personas a quienes estaba investigando no la hubieran asesinado. El abogado anticorrupción ruandés Gustave Makonene, a quien estrangularon y tiraron desde un automóvil, tampoco puede hablar; al igual que el activista brasileño Miguel D’Elia, a quien le dispararon varias veces en un campo de caña de azúcar cerca de su casa. 

 Los policías, ficales y funcionarios públicos también enfrentaron graves consecuencias por tratar de atacar a la corrupción. Uno de ellos es Ibrahim Magu, quien asumió como presidente interino de la principal agencia anticorrupción nigeriana, la Comisión contra Delitos Económicos y Financieros (EFCC, por su sigla en inglés), en 2015. En 2017, unos pistoleros atacaron su casa y mataron a uno de los policías que la custodiaban. 

Pero no fueron las balas las que terminaron neutralizando a Magu sino una persecución judicial con fines políticos, que logró destituirlo de su cargo. El año pasado —cuando supuestamente la EFCC investigaba acusaciones de corrupción contra el fiscal general Abubakar Malami— Magu fue arrestado y detenido por cargos de corrupción e insubordinación impulsados por el propio Malami. 

Aunque lo habían investigado por lo mismo tres años antes y desestimado los cargos, Magu fue suspendido de sus funciones hasta que se expidiera un grupo de investigación designado por el presidente Muhammadu Buhari. Las opciones que le dejaron a Magu para defenderse fueron escasas. Durante varias semanas le impidieron acceder a las pruebas en su contra, y en reiteradas ocasiones le negaron la autorización para dirigirse al grupo de investigación y hacer repreguntas a los testigos. 

 Además, nunca se revelaron las instrucciones, los términos de referencia ni el cronograma que debía respetar el grupo de investigación. Esto no solo impidió a Magu —quien supervisó el enjuiciamiento exitoso de numerosos políticos de alto rango por cargos de corrupción y la confiscación de millones de dólares de activos obtenidos ilícitamente— seguir haciendo su trabajo, sino que además lo dejó expuesto a un incesante proceso de intimidación. Olanrewaju Suraju, uno de los activistas anticorrupción más famosos de Nigeria, enfrenta actualmente un patrón de ataques de persecución judicial similar. 

Este año, el ex fiscal general nigeriano Mohammed Adoke acusó a Suraju de forjar evidencia para un juicio por corrupción en Milán, Italia, que involucra a las multinacionales Shell y Eni. Las acusaciones contra las empresas —que finalmente fueronabsueltas— se relacionaban con la adquisición de un bloque petrolero nigeriano en alta mar conocido como OPL 245.

 Después de las acusaciones de Adoke, una unidad policial dedicada a investigar negligencias policiales y supervisada directamente por el líder de las fuerzas policiales nigerianas detuvo a Suraju para interrogarlo, quien demostró que había obtenido los documentos en cuestión de las autoridades italianas, gracias a una solicitud de asistencia legal mutua al Reino Unido. (Los documentos se habían hecho públicos en un caso en los tribunales de Londres que Nigeria había iniciado contra JP Morgan Chase, el banco que se ocupó de los pagos por la adquisición del campo OPL 245). Gracias a eso se desestimaron las acusaciones de falsificación contra Suraju, pero sus problemas distaban de haber terminado. 

En los meses siguientes la unidad policial lo obligó a viajar reiteradamente 300 millas (480 km), desde su casa en Lagos hasta la central en Abuja, para interrogarlo nuevamente. El hostigamiento continuó incluso después de que Suraju obtuvo una orden judicial para impedirlo. Actualmente Adoke enfrenta cargos criminales en Nigeria por acusaciones de delitos durante el acuerdo del OPL 245, pero eso tampoco ayudó demasiado a Suraju, que ahora enfrenta otras acusaciones: el acoso cibernético a Adoke y su difamación. La demanda señala que Suraju hizo circular un correo electrónico falso y manipuló conversaciones telefónicas para implicar a Adoke en el asunto del OPL 245. 

De hecho, lo único que hizo fue difundir documentos que se habían publicado durante el juicio en Milán y repetir declaraciones realizadas por el gobierno nigeriano en un tribunal abierto. Las nuevas acusaciones contra Suraju forman parte de una cláusula de una ley contra delitos informáticos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de Estados de África Occidental instó a Nigeria a revocar o enmendar porque infringe el derecho a la libertad de expresión. Y el gobierno nigeriano prometió hacerlo. Mientras tanto, en Italia, Fabio De Pasquale —el fiscal en el juicio de Milán contra Shell y Eni— y su colega Sergio Spadaro enfrentan acciones judiciales porque supuestamente no compartieron evidencia con la defensa. La evidencia en cuestión incluye una filmación cuya transcripción, según los registros del tribunal, Eni tuvo en su poder durante años. 

 La oficina del fiscal de Milán y la República Federal de Nigeria están presentando una apelación en el caso contra Shell y Eni, pero debido a las acusaciones que enfrenta es probable que De Pasquale —quien previamente logró enviar a la cárcel a dos primeros ministros italianos acusados de corrupción— sea retirado como fiscal principal en la apelación. También hay motivos para desconfiar de la legalidad del primer juicio: Desde la absolución, la prensa italiana se llenó de acusaciones que, de confirmarse, plantean serias dudas sobre la integridad del fallo judicial. Las primeras dudas sobre la probidad del juicio surgieron en febrero de 2020.

 De Pasquale trató de incluir una declaración de Piero Amara —ex abogado externo de varios gerentes de Eni— que confirmaba que la empresa había vigilado a los fiscales, jueces y testigos clave. Su pedido fue rechazado. Amara supuestamente afirmó también que los abogados de Eni tuvieron acceso «preferencial» a los jueces durante el caso del OPL 245, algo que Eni rechaza. Pero quien por entonces dirigía la fiscalía de Milán, Francesco Greco, confirmó que tanto De Pasquale como Spadaro sufrieron «intimidaciones» y que hubo intentos por «deslegitimar al fiscal de Milán».

 Claramente, la corrupción no se rendirá sin dar pelea. Quienes la practican (y sus representantes) usarán todas las armas que puedan para mejorar sus chances, desde bombas y balas hasta mandatos y mociones judiciales. No conformes con intimidar o asesinar a periodistas, funcionarios y defensores de la ley, van ahora contra el propio estado de derecho."                    (Eva Joly Project Syndicate, 23/11/21) 

Torre-Serona, primera localidad de España en aplicar la Directiva de protección de los denunciantes de corrupción. El consistorio ilerdense se ha convertido en la primera administración pública en habilitar buzones de denuncia según los términos señalados por la Directiva Whistleblowers

 "Torre-Serona, localidad situada en la provincia de Lleida, se convierte a partir de hoy en el primer ayuntamiento de España en aplicar a su estructura la Directiva 2019/1937 de protección a los denunciantes de corrupción (Whistleblowers) que será absolutamente obligatoria para todas las entidades públicas, todas las empresas de más de 50 trabajadores, y todas aquellas de menos, que estén sujetas a determinadas actividades. El período de máximo de transposición para el Estado español de esta Directiva finaliza el 17 de diciembre de 2021.

El buzón de denuncias exigido por la Directiva permite la interacción del denunciante con los auditores a través de una página web, por correo electrónico, por teléfono, o personalmente, pero siempre garantizando la absoluta anonimidad del denunciante, si éste es su deseo. Por tanto, estos buzones se convierten en una herramienta fundamental para evitar represalias, algo que está absolutamente prohibido ya por la normativa europea.

La Directiva 2019/1937, de Protección a los Denunciantes de los Intereses de la Unión, eleva a nivel europeo los índices éticos de control de las administraciones públicas, obligando a que auditores absolutamente independientes de la institución sean los responsables de gestionar el canal de denuncia.

Los buzones de denuncia

El buzón, canal o vías de denuncias interno es una herramienta compleja, que exige una serie de singularidades para quien lo gestiona: seguridad, independencia, confidencialidad, protección de datos, secreto y responsabilización.

Se trata de una herramienta que debe poseer una serie de subcanales que deben estar permanentemente operativos: web, carta física, email, denuncia telefónica y presencial, además de una serie de herramientas complementarias de certificación de las comunicaciones y de análisis de riesgos.

La normativa europea exige que el gestor, instructor o administrador de las vías de denuncia, sea una persona (física o jurídica) individualizada. En consecuencia, no son válidos entes no identificados. Además, deberá tratarse de una persona de altas capacidades técnicas y jurídicas, con un conocimiento muy extenso del Derecho de la Unión de sus obligaciones y de sus infracciones, con conocimiento de los procesos administrativos y penales estatales y de la UE, que deberá asesorar al informante, alertador o denunciante de corrupción.

La Directiva, además, impone un plazo de 3 meses para el procedimiento de denuncia que, sin duda, incluirá la realización de pruebas personales, documentales y periciales en muchos de los casos. Por tanto, se trata de un auténtico procedimiento interno instructor. Quien no disponga de ese procedimiento, no cumplirá con lo estipulado en la Directiva y, en consecuencia, deberá ser sancionado.

La importancia de los buzones o los canales de denuncia amparados en lo señalado por la Directiva de protección de los denunciantes está en que no es sólo una herramienta para filtrar información, sino que preconstituye prueba de cara a la apertura de procedimientos judiciales.

En consecuencia, para que el denunciante de corrupción o de hechos contrarios a los intereses de la UE pueda acogerse a lo estipulado en la Directiva, deberá utilizar los canales o los buzones que cumplan con los requisitos marcados por la normativa europea, tal y como ha hecho el Ayuntamiento de Torre-Serona. Por tanto, no todo vale, ni todos serán válidos ni óptimos para el diseño, concepción y gestión de los canales de denuncia. El que era el hermano pobre, el autocontrol, pasa a ser ahora el eje del sistema.

Viadenuncia

El Ayuntamiento de Torre-Serona ha elegido el canal interno Viadenuncia, por ser el más moderno y adaptado a la normativa europea. Existen otros canales éticos, como puede ser el de Barcelona, pero son gestionados por funcionarios propios, así como otros que son gestionados por empresas vinculadas o proveedoras de diversos servicios. Por tanto, adolecen de una independencia real.

Aspertic, la asociación que fue promotora, junto a otros muchos denunciantes de corrupción, de la Directiva ha formado y validado a los instructores, desarrollando el cuerpo documental preciso y audita permanentemente los protocolos de Viadenuncia.

Aspertic ya está actuando, además, como canal externo, colaborando con las instituciones europeas, especialmente la Comisión, el Tribunal de Cuentas de la Unión y la OLAF."             (José Antonio Gómez, Diario16, 21/07/21)

En España tenemos nuestros héroes anónimos: el comisario Jesús García, que se enfrentó a la jerarquía político-judicial para esclarecer los hechos... comisario Rodolfo Ruiz, cuyo encomiable trabajo en el 11M fue objeto de una campaña de acoso mediático amparada en un fenomenal bulo sobre los atentados (que dice Bárcenas que se pagó con dinero fruto de la corrupción), una difamación que acabó llevando a su esposa al suicidio...

 "La Asamblea Nacional Francesa se inventó tras la Revolución, en 1891, un concepto que tendría cierto éxito entre las democracias balbucientes del siglo XIX: el Panteón de Hombres Ilustres, una forma de reemplazar los mausoleos de las monarquías del Antiguo Régimen y sus mitologías dinásticas por un nuevo devocionario democrático de paisanos. (...)

España tiene el suyo en Madrid, pero que apenas hayamos oído hablar de él, que nadie sepa dónde está (al lado de la basílica de Atocha, por cierto) y que todos sepamos dónde está el Valle de los Caídos es consecuencia de la pobre historia de las revoluciones liberales y democráticas españolas de los últimos 250 años. (...)

Aquí tenemos nuestros héroes anónimos, protagonistas de historias ejemplares pero el silencio cultural que los rodea es otra prueba de los déficits de nuestra memoria histórica. Aunque el caso Lasa y Zabala ha sido voluntariosamente llevado al cine, parece mentira que no haya una película centrada en la levantar una elegía al comisario Jesús García, un hombre que se enfrentó al Estado y a la jerarquía político-judicial para esclarecer los hechos, y al que su empeño le costó la vida: murió de un infarto durante el juicio, en la misma sala de justicia. 

Tampoco la hay del comisario Rodolfo Ruiz, cuyo encomiable trabajo en el 11M fue objeto de una campaña de acoso mediático amparada en un fenomenal bulo sobre los atentados (que dice Bárcenas que se pagó con dinero fruto de la corrupción), una difamación que acabó llevando a su esposa al suicidio.

De los déficits de la construcción colectiva española da cuenta también la ofensiva institucional contra destacados políticos republicanos españoles, como Largo Caballero e Indalecio Prieto, algo que no pasaría si alguien hubiera hecho una película sobre ellos. 

Hay que decir que el único cineasta español que se ha tomado en serio la capacidad del cine para conformar un santoral democrático e ilustrado con películas populares que son modelos éticos o fábulas morales es Alejandro Amenábar, con sus títulos sobre Ramón Sampedro (Mar adentro), Hypatia (Ágora) o Miguel de Unamuno (Mientras dure la guerra). Y más modestamente el dramaturgo Jordi Casanovas, autor de Ruz-Bárcenas y Jauría.

De la condición melindrosa de nuestras ficciones da la medida el hecho de que, hasta para hablar de corrupción las películas eviten cuidadosamente señalar nombres o partidos, lo cual tiene el funesto efecto de trasladar la idea de que tal vez todos somos iguales y no cabe escapar a esos comportamientos. Quizá no resolvamos nuestros problemas para articular un proyecto democrático común, sano y plenamente funcional en tanto personajes como los comisarios Rodolfo Ruiz y Jesús García no hayan sido elevados por la ficción cinematográfica."                   (Pedro Vallín, La Vanguardia, 12/02/21)

Delito de cuello blanco, sin castigo. Las agencias de aplicación de la ley en Estados Unidos y otras partes, en lugar de combatir los delitos que son lucrativos para los delincuentes pero costosos para detectar, han dirigido sus recursos limitados contra quienes intentan descubrir esos delitos

 "Aunque mucho se debate sobre el rol apropiado del gobierno en la sociedad, pocos cuestionarían que la aplicación de la ley cae dentro de la órbita del estado. Pero los gobiernos, cada vez más, hacen la vista gorda a la aplicación de las leyes contra los delitos más lucrativos del mundo: el fraude, la malversación de fondos, la evasión impositiva, los sobornos y el lavado de dinero cometidos por gente de buen pasar.

 En parte, este incumplimiento se puede atribuir a una falta de recursos. Las autoridades encargadas de aplicar la ley muchas veces no están a la altura de las técnicas sofisticadas de los delincuentes de cuello blanco, que se perpetran con la asistencia de abogados y contadores bien remunerados. 

Pero el mayor problema es que, cada vez más, los esfuerzos de cumplimiento de la ley no están dirigidos a los delincuentes sino a los periodistas que intentan descubrir sus delitos. Consideremos el caso de Wirecard, el procesador de pagos y proveedor de servicios financieros alemán. La empresa, hasta hace poco una predilecta de los inversores, resultó ser uno de los mayores fraudes en la historia de posguerra de Alemania. 

En un clásico esquema Ponzi, la compañía dijo haber depositado dinero en el exterior que nunca existió. Como con los escándalos de Enron y Bernie Madoff, los contadores, abogados y reguladores que supuestamente debían salvaguardar la integridad del sistema financiero fueron cómplices. 

Además de no cumplir en absoluto con su trabajo, apuntaron sus armas contras los periodistas que intentaron exponer el fraude. Por ejemplo, el regulador financiero de Alemania, BaFin, llegó a presentar una demanda penal en abril de 2019 contra Dan McCrum y Stefania Palma, dos periodistas del Financial Times que investigaban las prácticas y los reportes falsos de Wirecard. La procuración de Múnich no cerró su investigación contra McCrum

 y Palma hasta el 3 de septiembre de este año, más de dos meses después de que Wirecard ya había sido forzada a la quiebra y de que su CEO, Markus Braun, ya estaba preso a la espera de una investigación criminal completa. Aparentemente, la información engañosa que la compañía y sus agentes contratados presentaron ante los reguladores fue considerada más creíble que los informes de los periodistas que trabajaban para una de las publicaciones financieras más respetadas del mundo. 

Éste no es un caso aislado. Si bien el fraude, la malversación de fondos, la evasión impositiva y el lavado de dinero siguen siendo considerados delitos en la mayoría de los países, su control está declinando a pasos acelerados, y en ningún lugar más que en Estados Unidos en la presidencia de Donald Trump.

 Como documenta mi colega John C. Coffee, de la Facultad de Derecho de Columbia, en su nuevo libro Corporate Crime and Punishment: The Crisis of Underenforcement, las acciones de aplicación de la ley contra las corporaciones cayeron un 76% en comparación con la era de Obama, y un 26-30% en el caso de los delitos de cuello blanco en general. Al ritmo actual, no pasará mucho tiempo para que los delitos financieros sean encubiertos por completo. 

 Algunos podrían decir que este control no merece el esfuerzo. En un artículo titulado en referencia a la famosa novela de Fiódor Dostoyevski “Crimen y castigo: un abordaje económico”, el difunto economista y premio Nobel Gary Becker (uno de los fundadores del campo del derecho y la economía) sostenía que la cuestión clave para la aplicación de la ley no tiene tanto que ver con la moralidad como con los costos y beneficios. Como la aplicación de la ley en sí misma tiene un costo, Becker preguntaba: “¿cuántos recursos y cuánto castigo deberían utilizarse para aplicar diferentes tipos de legislación… cuántos delitos deberían permitirse y cuántos delincuentes deberían quedar sin castigo?”

 Estas cuestiones normativas, sostenía, deberían estar determinadas por la “pérdida social” neta; vale decir, la diferencia entre los perjuicios a la sociedad y los beneficios para los criminales. Según este razonamiento, se desprende que cuanto mayores los beneficios para los delincuentes, más probabilidades de que contrarrestaran la pérdida social, especialmente a la luz de los altos costos de monitorear los delitos de cuello blanco.  

Las agencias de aplicación de la ley en Estados Unidos y otras partes parecen haber escuchado el consejo de Becker. En lugar de combatir los delitos que son lucrativos para los delincuentes pero costosos para detectar, han dirigido sus recursos limitados contra quienes intentan descubrir esos delitos y la complicidad del estado en ellos. 

En consecuencia, cuando la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) supo que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) estaba a punto de informar sobre miles de Reportes de Actividad Sospechosa (SAR) sin responder que habían sido presentados ante la agencia, emitió un comunicado advirtiendo que la publicación no autorizada de documentos que pudieran poner en peligro la seguridad nacional constituye un delito. 

El Departamento de Justicia, agregó la agencia, ya había sido notificado.Sin dejarse intimidar, el ICIJ difundió su exposición sobre los “Archivos de la FinCEN” el 20 de septiembre, detallando cómo grandes bancos globales –entre ellos JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered y Deutsche Bank- presentaban un SAR tras otro y, al mismo tiempo, seguían beneficiándose con las actividades de clientes sospechosos que estaban desplazando miles de millones, si no billones, de dólares. 

Según la ley actual, presentar un SAR no exige que un banco deje de brindar servicios al cliente en cuestión, pero debería al menos encender una señal de alarma dentro de la institución. No lo hizo. Por el contrario, los bancos mantuvieron el rumbo y siguieron sumergiendo en papelerío a 267 agentes mal pagos y excedidos de trabajo de la FinCEN. Entretanto, “vigilantes del mercado” contratados ganaban más desviando las investigaciones de sus clientes que monitoreando sus actividades. 

Los asesores legales y los contadores de Wirecard aparentemente embolsaron en conjunto 120 millones de libras (150 millones de dólares) por año antes de la liquidación de la compañía. Los archivos de la FinCEN no tienen todos los detalles dramáticos de la bomba de los “Panama Papers” de 2016 del ICIJ, que reveló una evasión impositiva descarada por parte de estrellas del deporte y políticos prominentes, cometida con la ayuda de la firma legal panameña Mossack Fonseca. De hecho, gran parte de lo que contienen los archivos de la FinCEN ya se conocía desde hace un tiempo. 

Tal vez ésta sea la razón por la que la noticia se reciba con indiferencia –Cuanto más cambian las cosas…, como dicen los franceses. Pero aún si el comportamiento escandaloso de parte de los grandes bancos no es nada nuevo, todos deberíamos estar profundamente preocupados por la complicidad de los vigilantes y de las autoridades de cumplimiento de la ley en delitos altamente lucrativos. No sólo le han dado la espalda a la ilegalidad descarada; han demostrado que están más que dispuestos a amordazar a la prensa libre en el proceso."                       

(Katharina Pistor, Professor of Comparative Law at Columbia Law School, Project Syndicate, 24/09/20)

El "papel clave" de los abogados españoles en la estructura criminal de la mafia rusa

"Conocen el terreno. Tienen contactos y saben quién es quién en el país. Se saben las leyes y conocen las grietas del sistema y las cloacas donde se pueden esconder o camuflar operaciones criminales sin llamar la atención.

Son los sicarios jurídicos de la mafia. Los “conseguidores”, los asesores, los urdidores de las operaciones más sórdidas, menos elocuentes, pero tremendamente determinantes de la maquinaria criminal para cualquier grupo mafioso.

El escrito de calificación provisional que los fiscales Juan Carrau y José Grinda han presentado sobre las actividades  delincuenciales de la mafia Tambovskaya- (operación Troika) revela, sin tapujos, cómo los mafiosos se amparan en estructuras jurídicas autóctonas para desarrollar impunemente sus delitos o para menguar los efectos penales en caso de ser descubiertos.

Gennadios Petrov, el considerado “capo” (Vor Zakone) de este grupo criminal, se rodeó de fieles asesores en los que delegó buena parte de sus funciones y a los que pagó de forma generosa por sus servicios dentro de su particular industria criminal.

Nombres y apellidos en la calificación del fiscal 

Uno de ellos es Juan Antonio Untoria Agustín. "Es el abogado y consejero de Petrov. Facilita a éste cuanto requiere para solventar las dificultades burocráticas y poder traer los fondos ilícitos a España y regularizar su situación administrativa. Gestiona las empresas y los negocios inmobiliarios del entorno de Petrov".

Forma parte de la citada Comunidad Criminal y actúa como asesor principal de Petrov, aconsejando a su jefe en aspectos jurídicos, documentales y en sus relaciones con la Administración Tributaria.

Sueldo mensual

Ha diseñado el entramado de sociedades de las que recibe un sueldo mensual, ordenado por Petrov, de 3.900 euros de Gudimar.

Presta sus domicilios profesionales como sedes de sociedades y domicilios de las personas del grupo criminal. De este modo, además de diseñar la estructura societaria, ha intervenido en la constitución y gestión, entre otras, de las sociedades Inmobiliaria Balear 2001, S L, Vortep Incor, SL, Sociedad de Desarrollo Internacional 2001, SL, Inversiones Gudimar, SL, Sunstar Inversiones, SL, Canton Investment, Limited, Dima Incor, SL, Inversiones Sarki, SL e Inmobiliaria Calviá 2001, SL.

Se puede decir más alto pero no más claro. La ramificación legal o jurídica de las organizaciones de crimen organizado es clave, fundamental, para el blanqueo de los capitales obtenidos por el tráfico de armas, drogas, plutonio o blancas. Untoria Agustín se enfrenta a una pena de 5 años de cárcel por pertenencia a asociación criminal y blanqueo y al pago de una multa de 100 millones de euros.

Abogado miembro del clan

“El Sr. Untoria conoce perfectamente la mecánica de blanqueo de capitales y participa en ella. Así, en conversación telefónica de fecha 3-5-07 indica que lo más conveniente es que para los gastos del “jefe” se le entreguen 100.000 euros en efectivo y de dinero “B”.

En conversaciones de 4 y 5 de julio de 2007 y 23-1-08 se muestra cómo conoce perfectamente que los fondos que reciben tienen origen delictivo y que por ello los bancos rescinden unilateralmente las cuentas corrientes. Pese a ello busca nuevas formas de mantener la actividad de recepción y envío de fondos de procedencia delictiva”.

Ponen la firma si es necesaria   

El escrito de calificación resalta la participación de este abogado español en el entramado societario de la organización. “El Sr. Untoria tiene una importante participación en el entramado societario de la organización. Así, por ejemplo: es apoderado de Inmobiliaria Balear 2001 SL, desde el 13/05/1998. 

De Inmobiliaria Calviá 2001 SL, desde el 22/03/2006.

Es apoderado, secretario y consejero de Sociedad de Desarrollo Internacional 2001 SL desde el 24/02/1999. También es apoderado del 24/02/1999 al 19/05/1999 de Vortep Incor SL, y el 24/02/1999 es nombrado administrador de esta misma sociedad”.

Blanqueador profesional

La fiscalía pone ejemplos de operaciones de afloramiento de dinero procedente  de actividades criminales donde el abogado ha tenido un papel crucial: “Acuerdo de prestación de servicios profesionales nº 3107, de 4 de julio de 2003. Este acuerdo se suscribe en Madrid entre el Sr. Untoria, actuando en su propio nombre, y OAO Orion Universal domiciliada en Moscú. 

En él se estipula que el Sr. Untoria se compromete a prestar a la empresa los servicios jurídicos de captación de fondos dinerarios para la construcción de un complejo de viviendas y locales comerciales en Moscú. En el caso de que los fondos obtenidos alcancen los 5.000.000 dólares USA, el Sr. Untoria obtendrá una remuneración de 300.000 dólares USA”.

El consejero de la mafia rusa también tenía relaciones con los políticos corruptos en nómina de Petrov, según la fiscalía. Por ejemplo: “Vladislav Reznik. Tanto por Untoria como D. Julián Jesús Angulo --otro de los abogados imputados para los que el fiscal pide 5 años de cárcel y 100 millones de multa-- gestionan parte de los negocios en España de este representante de la Duma Rusa como por ejemplo la venta de participaciones de la sociedad de gananciales de Reznik en “Centros Comerciales Antei, SL.”

Blanqueo en Montcada i Reixac 

Abogados, asesores y testaferros. Untoria puso su nombre y firma a una sociedad de Montcada i Reixac que se utilizó para mover dinero negro, siempre según el escrito de calificación del fiscal.

El cargo de un cheque bancario por importe de 871.000 euros, registrado el 10 de octubre de 2006. El beneficiario del cheque fue Vortep Gestora de Patrimonios, SL, constituida el 15 de octubre de 1996 y domiciliada en calle Progres nº 1, en el Polígono Industrial La Ferreria, de Montcada i Reixach, Barcelona. Su administrador único es D. Luis Villalba Ruiz, y su apoderada Montserrat González Lozoya.

En el último depósito de cuentas de esta sociedad, correspondiente al ejercicio 2005, declara como actividad el arrendamiento de bienes inmuebles. En sus cuentas de “La Caixa” registró en 12 meses 36 abonos por un total de 1.772.919 euros y 339 cargos por un total de 1.808.207 euros.

Doce traspasos a su otra cuenta con los mismos titulares, por un importe total de 605.720 euros. Un cheque bancario por importe de 119.000 euros, a favor de Vortep Gestora de Patrimonios SL, cargado en la cuenta el 26/05/2006 y cobrado en la oficina nº 0169 de “La Caixa”, sita en Calle Josep Anselm Clavé nº 9, Palma de Mallorca”.       (Crónica Global, 27/02/16)

No hay nada que moleste más al poder que el buen ejemplo. Esta fórmula funcionaría en Nápoles. Somos un ejemplo. La política debe saber indicar la vía

"No hay nada que moleste más al poder que el buen ejemplo. Vincenzo Cenname lo aprendió en carne propia. Ingeniero ambiental de 38 años, con modales cercanos, es alcalde de un pueblo que recoge y recicla su basura en una tierra cubierta de escombros e infestada por la Camorra.

Su isla feliz se llama Camigliano, 2.000 habitantes a los pies de las montañas que dominan Caserta, la ciudad que digiere la mayoría de los residuos producidos en Nápoles, un puñado de kilómetros más al Norte. En Camigliano, los desperdicios se recogen casa por casa. El 80% se recicla frente al 7,1% de media en la zona.

El pueblo no es un negocio, ni para la política ni para el crimen organizado. Eso le valió a Cenname la suspensión de su cargo durante nueve meses, hasta que los ciudadanos le volvieron a sentar en el Ayuntamiento.

Recién elegido, en 2007, el joven alcalde organizó una gestión autónoma: cuatro funcionarios, un camión, cada día la recogida de un tipo de desecho distinto. "Nos reunimos con los ciudadanos durante meses.

Distribuimos cubos coloreados y diagramas de la recogida. Les explicamos que respetar el medioambiente conviene", relata el primer edil. Hace cuentas. "Una familia paga aquí 90 euros anuales. En los otros Ayuntamientos, 115".

Dos años más tarde, una ley instituyó un consorcio provincial que debía encargarse de todo el territorio. "Nada malo en juntar los esfuerzos. Pero el consorcio que crearon aquí no garantizaba un buen servicio y me negué", dice. Cenname no facilitó los datos necesarios para ingresar en el consorcio, así que él fue suspendido y el Consejo Municipal, disuelto.

Era agosto de 2010. Pocos meses después, la Fiscalía Antimafia de Nápoles condenaba a cuatro años de cárcel a Giuseppe Valente, presidente del consorcio de Caserta. Sergio y Michele Orsi, socios privados de esa entidad, acabaron uno condenado a cuatro años y, el otro, asesinado por la Camorra. De los 104 Ayuntamientos de Caserta, 25 han sido intervenidos en los últimos 20 años. Todos, por infiltración mafiosa. (...)

"Aquí la política, de cualquier color, demostró su incapacidad. Si levantas la cabeza, te metes donde no debes, es un ultraje a su arrogancia y un inmenso daño económico. Camigliano demuestra que es posible otra política: una que actúa y no favorece a los amigos, que mira al bolsillo de los ciudadanos y no al suyo propio, que ama el territorio y no lo desbarata para mantener su escaño", dice el primer edil.

El alcalde soñador tiene los pies bien anclados en tierra. "Siento la responsabilidad de elegir lo mejor para mi gente". En 2007, averiguó que la cantera privada que saca caliza de la colina llevaba 30 años excavando más de lo permitido. La cantera se paralizó. Luego, la región quiso realizar un parque eólico.

"Convoqué un referéndum con el cual aprobamos un plan. Pero la región y las empresas presentaron otro proyecto, mucho más agresivo". La obra no arrancó. Cuando la provincia quiso otorgar a una empresa privada la gestión del agua, Cenname impugnó el decreto porque no había habido concurso público. Ahora, en el parque público, al lado del tobogán, una casita de madera alberga una fuente: "Agua del alcalde, pública, gratis y purificada".

"Esta fórmula funcionaría en Nápoles. Somos un ejemplo. La política debe saber indicar la vía. Si les explicas la alternativa y la haces posible en la práctica, los ciudadanos escogen lo mejor para sus hijos". (El País, ed. Galicia, 23/08/2011, última)