El Constitucional acusa al Supremo de sentenciar los ERE sin argumentos y saltándose la separación de poderes... Las sentencias del tribunal de garantías que desmontan las acusaciones por prevaricación y malversación reprochan tanto a la Sala de lo Penal como a la Audiencia de Sevilla haber criminalizado la actividad legislativa de la Junta

 "Las primeras resoluciones del Tribunal Constitucional sobre el caso de los ERE de Andalucía usan dos argumentos para impugnar las sentencias del Supremo y de la Audiencia de Sevilla: los jueces criminalizaron parte de la actividad política de los altos cargos de la Junta de Andalucía y, además, en ocasiones impusieron condenas de cárcel sin argumentos suficientes. Con una docena de casos todavía pendientes de decisión, las dos sentencias conocidas en los últimos días cuestionan tanto las condenas de inhabilitación por prevaricación como las condenas de cárcel por malversación de caudales públicos.

La Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo resolvieron en firme que en Andalucía, desde la década de los noventa hasta el año 2009, existió un sistema de ayudas a empresas y trabajadores para combatir las dificultades económicas. Un sistema cuyo descontrol, buscado y permitido desde la Junta, facilitó el reparto irregular de millones de euros de dinero público.

Los jueces entendieron que los culpables, desde los presidentes de la Junta hasta directores generales encausados, habían incurrido en un delito de prevaricación por poner en marcha y perpetuar el sistema desde la creación de los anteproyectos de presupuestos. A diez de ellos, además, les atribuyeron malversación por participar en el reparto ilegal de dinero o, al menos, por no evitar que se hiciera de forma descontrolada.

De momento, el Tribunal Constitucional ha dictado tres sentencias que han desarmado los pilares maestros de las condenas por ambos delitos. Después de una primera decisión irrelevante sobre el exconsejero José Antonio Viera, la mayoría progresista del pleno sacó adelante una sentencia que amparó parcialmente a la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez, dejando en mínimos su condena de inhabilitación por prevaricación.

El Tribunal Supremo y la Audiencia de Sevilla habían cimentado su sanción por prevaricación en considerar que todas las decisiones de la Junta para poner en marcha el sistema de ayudas constituyeron una cadena de “eslabones necesarios” con una sucesión de decisiones injustas. Aprobar ayudas a través de un “instrumento jurídico ilegal” como eran las transferencias de financiación y con una finalidad igualmente ilegal: “Eludir el control”.

El reproche del Constitucional pasa por acusar a ambos tribunales de desconocer cómo funciona el sistema político andaluz e invadir la separación de poderes al criminalizar actos legislativos del Gobierno regional. Elaborar y aprobar anteproyectos de ley, el embrión de esas ayudas, “no puede ser constitutiva del delito de prevaricación”. Son actos, dijo, “dictados por el Poder ejecutivo en el ejercicio de su función de gobierno que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Andalucía” y su contenido “no puede ser objeto de control por ningún órgano judicial”. 

Los argumentos del Supremo y la Audiencia de Sevilla para sancionar por prevaricación a los altos cargos, dice el Constitucional, “supone incidir en un ámbito ajeno al control judicial, excediendo de la función que los jueces y tribunales tienen atribuida”. Sobre la acción de los tribunales penales, al valorar la legalidad del sistema de presupuestación, dice el Constitucional: “Ha ejercido una función que en modo alguno le corresponde atribuyéndose unas prerrogativas que la Constitución no le otorga”. 

Argumentos como los sostenidos por el Supremo, zanjó el Constitucional, corren el riesgo de “infringir el principio de separación de poderes” y, en aplicación al caso concreto, dictar condenas imprevisibles. En el caso concreto de Magdalena Álvarez y sus derechos, infringió el principio de legalidad penal.

Sin “argumentos” para la malversación

La sentencia que anuló la condena de Magdalena Álvarez no lleva irremediablemente a su absolución: la Audiencia de Sevilla debe repetir sus argumentos y dictar una nueva pero excluyendo la mayor parte de las acusaciones. Este martes, la resolución que afecta a Miguel Ángel Serrano, exdirector de la agencia IFA/IDEA, sí anula su condena de seis años y medio de cárcel por malversación y prevaricación de forma completa.

En el caso de Serrano, excarcelado pocas horas después de conocerse el fallo, el pleno repite sus argumentos sobre la prevaricación y los extiende a una parte de la malversación: “Es una interpretación imprevisible la condena por este delito” al hablar de acciones amparadas en las leyes de presupuestos. Pero en el caso de los ERE no todo queda fuera del alcance del derecho penal y hay casos de ayudas que fueron destinadas a “fines distintos a los previstos”.

En esos casos, el Constitucional ha abordado el análisis desde la perspectiva de la presunción de inocencia, y en el caso de Miguel Ángel Serrano ha entendido que ni la Audiencia de Sevilla ni el Tribunal Supremo justificaron lo suficiente su condena de seis años y medio de presidio. “Los órganos judiciales no han argumentado suficientemente que fueran cometidos por el recurrente. La resolución judicial carece del desarrollo argumental constitucional necesario en este punto”, explicaba el Constitucional su resolución en un comunicado este martes.

La falta de argumentación –más allá de declarar la ilegalidad del sistema y criminalizar su aplicación– que implique a altos cargos en el desvío efectivo de dinero público de la Junta es una alegación constante en los recursos de los condenados por este segundo delito de malversación. Y en el caso de Serrano, la mayoría del tribunal de garantías entiende que el Supremo no argumentó lo suficiente por qué las pruebas recabadas le incriminaban.

Malestar en el Supremo y el sector conservador

El criterio mayoritario del sector progresista del Constitucional no ha gustado en el Supremo, donde diversas fuentes entienden que el tribunal de garantías está yendo mucho más allá de sus límites para corregir sus resoluciones. Un malestar que han dejado por escrito en el propio Constitucional los cuatro integrantes del sector conservador, acusando a sus compañeros de estar enmendando la plana al Supremo de forma irregular. “Ha devastado los límites de la jurisdicción constitucional, al irrumpir en el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria y suplantar la función del Tribunal Supremo”, dijo por ejemplo César Tolosa.

El voto particular que firmaron Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y Ricardo Enríquez para criticar la sentencia que amparó parcialmente a Magdalena Álvarez criticaba tanto las formas como el fondo de sus compañeros. Apunta al “tono reprobable”, “amonestaciones” e “innecesarias explicaciones” que el pleno usó para cuestionar la decisión del Supremo y la Audiencia de Sevilla, pero también al fondo de sus argumentos para tumbar buena parte de la sentencia.

El voto de Tolosa, suscrito por los otros tres discrepantes, denunciaba que la sentencia afectaba al “asunto de corrupción más importante de la historia reciente de España” y, al corregir al Supremo de forma inédita, “debilita los fundamentos del Estado de Derecho”, además de afectar a “la persecución eficaz de los delitos de corrupción institucionalizada cometidos por el Gobierno o sus miembros”.

En cuanto al fondo del asunto, el voto particular de los otros tres magistrados contrarios a la mayoría del pleno entiende que el Supremo y la Audiencia de Sevilla interpretaron correctamente los hechos y acertaron al condenar por prevaricación a todos los antiguos altos cargos de la Junta. “Han efectuado una interpretación razonada de los elementos del delito de prevaricación”.

Los de Magdalena Álvarez y Miguel Ángel Serrano no son los únicos casos de la trama de los ERE que va a estudiar el Tribunal Constitucional. Esta misma semana, el pleno analizará cuatro recursos más de condenados por prevaricación y malversación: Carmen Martínez Aguayo, Jesús María Rodríguez, Francisco Vallejo y Antonio Fernández. Será dentro de dos semanas cuando el pleno aborde los recursos, entre otros, de los expresidentes Chaves y Griñán.

La mayor parte de estas ponencias apuestan por seguir amparando de forma parcial a los antiguos altos cargos de la Junta condenados a prisión por prevaricación, aunque en algunos casos no se anule directamente toda la condena y se devuelva el caso a la Audiencia de Sevilla para que dicte sentencias nuevas. Hay pasos del proceso que desembocó en las ayudas que, según el Constitucional, sí fueron delictivos.

Es, por ejemplo, el caso de la ponencia sobre el caso de Antonio Fernández, exconsejero de Empleo condenado a 7 años y 11 meses de prisión. En su caso, el Constitucional analizará si ordena al tribunal andaluz dicte una nueva sentencia centrándose en las modificaciones presupuestarias de 2000 y 2001, pero dejando fuera de una hipotética condena el grueso de las acusaciones que pesan sobre él."                      (Alberto Pozas, eldiario.es, 02/07/24)

Los ERE, un caso de corrupción en busca de autor

"(...) Lo que ha sido sorprendente, sin embargo, ha sido la actitud del partido socialista, tanto el de Andalucía como el federal. El primero en salir a la palestra ha sido Bono -antes muerto que sencillo- para declarar que pone la mano en el fuego por Chaves y Griñán. Lo siento, Magdalena, de ti no ha dicho nada. 

Ha recurrido al mismo argumento manejado por el PSOE a lo largo de todo el tiempo que ha durado el proceso: no ha habido enriquecimiento personal. Los acusados no se han llevado ni un euro a su casa. Quizás a su casa no, pero a su pueblo parece ser que sí.

 

En cualquier caso, y esto es lo importante, ello no quiere decir que no haya habido lucro, y un lucro colectivo, pues sus beneficios se han extendido a todo el partido socialista. Un lucro no puntual, sino constante y permanente. Según parece, se ha creado a lo largo de diez años toda una trama de corrupción, una red clientelar (seguramente no habrá sido la única), que ha permitido al partido y a sus dirigentes perpetuarse en el poder. 

Hay una tendencia en la sociedad y en muchos comentaristas a restar importancia a la malversación de fondos públicos cuando no va unida al propio enriquecimiento. Lo cierto es que hay otras maneras, tanto o más corruptas que esta, cuya gravedad depende de la finalidad a la que se dedican los recursos. La inmoralidad de la financiación ilegal de un partido político se encuentra en que truca y rompe la neutralidad del juego democrático.

El dopaje de una formación política puede adquirir formas distintas de la aportación directa de recursos. La utilización, por ejemplo, de medios públicos para campañas de publicidad a favor de un gobierno; la creación de una red clientelar como en el caso que nos ocupa; el empleo de dinero público para llevar a cabo una rebelión contra la Constitución como en el independentismo catalán. Todas estas actuaciones son otras tantas formas de financiación delictiva de las formaciones políticas. 

El hecho de que la sentencia de los ERE no haya condenado al PSOE, al no haber habido aportación directa de recursos a la caja del partido, no quiere decir que (independiente de la calificación penal) no sea partícipe a título lucrativo, puesto que ha sido el principal beneficiario de la malversación.

Lo más jocoso de lo que ha ocurrido estos días es el intento desesperado de la dirección federal del PSOE por desentenderse del tema y hacer como si no tuviesen nada que ver en el asunto. Comenzando por Pedro Sánchez que ni está ni se le espera, y que ha dado la espantada por toda respuesta, y continuando por la rueda de prensa dada por Ábalos, propia de una antología del disparate político pretendiendo que en lo que ha ocurrido en Andalucía, el PSOE no ha tenido nada que ver, tan solo han sido unos cargos políticos de la Junta que pasaban por allí y que por casualidad ocupaban esos puestos.

Ábalos fue más allá, montó la defensa sobre un intento desesperado por mostrar una supuesta diferencia entre este caso y el de la Gürtel. El PSOE había sido totalmente transparente colaborando al cien por cien con las autoridades judiciales, y apartando de inmediato las manzanas podridas. El PP, por el contrario, había intentado ocultar la realidad, destruyendo pruebas y poniendo toda clase de obstáculos a la actuación judicial. Tales argumentos resultan un tanto irónicos y dejan descolocados a todos los que hayan seguido, aunque sea por encima, el proceso de los ERE. Los que hayan conocido la multitud de añagazas, trampas y dificultades que tuvo que sufrir la juez Ayala antes de dejar el proceso, y los retrasos, demoras y dilaciones que se produjeron después, no podrán por menos que tomarse a chirigota, aunque con indignación, las palabras de Ábalos.

La federación de Andalucía es lo suficientemente grande y tiene tal relevancia en el PSOE y en sus resultados electorales como para suponer que su dopaje influye en todo el ámbito del partido y que, en cierta forma, todos sus militantes son partícipes a título lucrativo de sus posibles fechorías. Por supuesto, en mayor medida cuanto más alto esté situado uno en la organización. Su secretario general, toda la dirección actual y el gobierno en su conjunto se han beneficiado de ese dopaje y seguramente a ese dopaje deben, al menos parcialmente, los resultados electorales de los que disfrutan y, por lo tanto, el cargo que ostentan. (...)

Del hecho de que no haya habido enriquecimiento personal de los condenados se quiere concluir que no se les puede exigir a estos la devolución de las cantidades defraudadas. No es cierto. La responsabilidad contable atribuye una obligación subsidiaria a los autores de la malversación. Esto es, que en el caso de que no se pueda cobrar a los beneficiados, la exigencia del reintegro recae sobre las autoridades o funcionarios causantes de la pérdida de los recursos públicos.

La gravedad de la malversación cometida con los ERE radica en que no ha sido puntual ni singular. No es ocasional ni circunstancial. Es una corrupción sistemática y rigurosamente planificada desde arriba, desde las instancias más elevadas de la Autonomía y de la organización regional del PSOE. De forma premeditada, se estableció un sistema específico de concesión de las ayudas, al margen de todo procedimiento administrativo, y libre de los controles adecuados, en especial de la fiscalización del gasto. La finalidad, poder disponer de los recursos públicos con total discrecionalidad, cuando no con absoluta arbitrariedad.

Hay una correlación significativa entre la corrupción y la ausencia de fiscalización previa de la Intervención. Los políticos, bajo el pretexto de una gestión más ágil y moderna, tienen siempre la tentación de sacudirse el yugo de la intervención, y para ello crean todo tipo de organismos o entes de distintas formas jurídicas, pero con una característica común, la supresión o flexibilización de los controles. Puede ser que en un principio no se pretenda la defraudación, pero se ponen las condiciones para que surja y, con mucha frecuencia, esta se acaba produciendo. Casi todos los casos de corrupción se han dado allí donde no hay intervención previa o esta es muy débil, tal como en las Autonomías o en los Ayuntamientos.

Quedé gratamente sorprendido de que fuese un empresario, Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio de EE.UU. en España, quien el otro día en televisión pusiese el dedo en la llaga, señalando lo que vengo escribiendo con bastante frecuencia, que la corrupción anida principalmente en las Comunidades Autónomas. Es un defecto más, y no el menor, de nuestro Estado de las Autonomías. Otro motivo quizás para modificar la Constitución, pero no precisamente en la línea que quiere el PSC y que Pedro Sánchez está importando al PSOE."                     (Juan Francisco Martín Seco, República, 28/11/19)

¿En qué consistió el fraude del caso de los ERE? Estos son los hechos probados

"La sentencia de la Audiencia de Sevilla contra la antigua cúpula socialista del PSOE andaluz censura con tono grave el “sistema fraudulento” que instauró la Junta de Andalucía en el año 2000 para conceder subvenciones directas a empresas en crisis y pagar el coste que suponían los ERE y que supuso un gasto de 680 millones de euros durante una década.

Los hechos probados del fallo describen cómo el cambio en el mecanismo de pago “posibilitó que se aplicaran, se gastaran y se ejecutaran [las ayudas], prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, según los jueces, que recogen palabra por palabra la censura de la Intervención General en 2005 cuando examinó el fondo de ayudas por primera vez. 

 El nuevo procedimiento de pago supuso “la ausencia de control alguno de la pertenencia a la empresa de las personas beneficiarias incluidas en las pólizas de renta sufragadas con fondos públicos”. Es decir, permitió que ciertos intrusos fueran prejubilados en los ERE de las empresas sin haber trabajado nunca en ellas, entre ellos amigos y vecinos de alguno de los condenados.

¿Por qué implementó este cambio normativo la Junta?

El cierre de grandes empresas a finales de los años 90 en Andalucía resultó traumático para miles de trabajadores y la Junta optó por un atajo legal para lograr un sistema de ayudas tras las pegas que la Intervención había puesto previamente. “La necesidad política de dar una respuesta rápida a los grandes conflictos sociolaborales llevó a los responsables de la Junta de Andalucía a establecer un sistema ágil, si bien tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos”, reza el fallo.

El control lo ejercía hasta entonces la Intervención General, que con esta modificación presupuestaria solo pudo examinar ciertas ayudas, pero siempre a posteriori, nunca de manera previa. “El denominador común de todas las ayudas sociolaborales y ayudas a empresas, debido al uso de las transferencias de financiación [herramienta presupuestaria del cambio], fue la falta de fiscalización”. La consecuencia principal de esta decisión fue un caos en las ayudas: “El resultado fue una absoluta falta de control de la concesión de subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis, al omitirse la fiscalización previa en la Consejería de Empleo”.

El gasto de los expedientes se aprobaba en la agencia Idea, pero la concesión residía en la Consejería de Empleo, con poderes casi plenos para el exdirector de Trabajo Javier Guerrero, por lo que Idea estaba a ciegas respecto a si se daban de manera correcta las ayudas. A pesar de las denuncias de la Intervención General, la Consejería de Economía ignoró los avisos, denuncia la sentencia. “Los abonos realizados no tenían reflejo contable alguno, ni en la contabilidad de IFA-IDEA, ni en la de la Consejería de Empleo”, critican los jueces."                      (Javier Martín-Arrollo, El País, 20/11/19)

Los ERE: un estado clientelar en Andalucía

"Una parte que se olvida al describir el sistema del caciquismo que ha existido en varias zonas de España desde el siglo XIX es que el cacique siempre da algo a cambio de la sumisión que recibe. No es cuestión de generosidad, sino de cálculo político para hacer posible el control social. Crea una situación de dependencia que requiere un suministro constante de empleos, dinero y favores. La maquinaria debe estar perfectamente engrasada para que funcione.

El siglo XIX acabó hace tiempo, pero ciertas formas de caciquismo perduran cuando son compatibles con las instituciones democráticas gracias a la corrupción. No se ganan simplemente así las elecciones, pero se obtiene una ventaja nada desdeñable.

"No podemos competir con la maquinaria electoral más poderosa de España", dijo con aire derrotista el candidato del PP Juanma Moreno Bonilla al empezar la campaña de las autonómicas de 2018. Curiosamente, fue esa la primera vez en que el PP pudo llegar al poder en Sevilla después del pacto con Ciudadanos y Vox. Quizá el caciquismo no sea ya infalible, pero en absoluto es irrelevante.

La Justicia ha hablado finalmente sobre el caso de los ERE, el mayor caso de corrupción económica en el que han intervenido dirigentes del PSOE desde los tiempos de Filesa. Organismos públicos de la Junta asignaban fondos saltándose la ley para obviar los mecanismos internos de control del gasto a los que está obligada cualquier institución. La sentencia que condena a José Antonio Griñán a seis años de prisión por prevaricación y malversación y Manuel Chaves a ocho años de inhabilitación por prevaricación, entre otros, establece con claridad que no podían ignorar lo que sucedía con esas subvenciones desde sus cargos de consejero de Economía y presidente de la Junta durante los años del desfalco. El montante de dinero que se canalizó fuera del control requerido por la ley ascendió a 680 millones de euros.

Chaves, Griñán y otros altos cargos socialistas de la Junta dimitieron de sus cargos y abandonaron el partido hace tiempo cuando fue progresando la instrucción judicial. No es que se declararan inocentes de cualquier acusación de haberse quedado con fondos públicos, como así hicieron. Ni siquiera aceptaron su responsabilidad política. 

El escándalo sólo era una "discrepancia"

En una entrevista en 2013 cuando era presidente de la Junta, Griñán demostró hasta qué punto era capaz de negar la responsabilidad que tenía en el momento en que, siendo consejero de Economía y Hacienda (2004-2009, luego presidente hasta 2013), funcionaba el mecanismo fraudulento que hizo posible la comisión de delitos entre 2001 y 2009. Y no es que todo sucediera tan rápidamente que hubiera sido imposible atajarlo. Ese sistema corrupto existió durante cerca de una década.

Todo se redujo a una "discrepancia" entre la Intervención y la Consejería de Empleo, dice Griñán en la entrevista. Sólo cuando hubo un segundo aviso se cambió el sistema en 2010. "La Intervención no descubrió nunca fraude ni menoscabo de fondos públicos", alega el entonces presidente. El periodista le recuerda después que "la Intervención sitúa el procedimiento al margen de la ley". "No", responde Griñán. Sólo era una discrepancia con la Consejería de Empleo. Eso no obligaba a intervenir a la de Hacienda, dice. En el mundo real, las consejerías no mueven una hoja en términos económicos sin que la de Hacienda sepa lo que están haciendo.

La sentencia lo deja claro: "El uso indebido de las transferencias de financiación fue reiteradamente denunciado en los informes de la Intervención". Varios años antes se había producido el cambio que permitía evadir el control presupuestario, establecido por las normas de la Consejería de Hacienda existentes desde los años 80: "El resultado fue una absoluta falta de control de la concesión de subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis, al omitirse la fiscalización previa en la Consejería de Empleo", afirma la sentencia. 

Subvenciones, subsidios y ayudas sociales son algunas de las respuestas que puede dar un Gobierno ante los problemas económicos. No es un error ni muestra de corrupción que algunos sectores económicos en las zonas de España más desfavorecidas las necesiten más que otras. La diferencia viene cuando se violan las normas legales para supuestamente hacerlo todo más rápido, pero en la práctica para favorecer a los que forman el tejido social del partido en muchas poblaciones.

El partido te protege con dinero de la Junta y sólo te pedirá algo a cambio cuando lleguen las elecciones. Por eso, ser militante socialista en Andalucía era la mejor pasarela para acceder a empleos y ayudas públicas. Ese era un factor fundamental en la maquinaria que dirigieron y de la que se beneficiaron políticamente Rafael Escuredo, José Rodríguez de la Borbolla, Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz. 40 años de Gobierno socialista en Andalucía que ahora llevan colgado un enorme asterisco que remite a la sentencia de los ERE.

Un escenario desequilibrado por las trampas

Un resultado electoral se explica por múltiples razones. Por ejemplo, tiene su influencia que dirigentes del PP adornaran las campañas con referencias despectivas hacia los andaluces supuestamente a causa del Gobierno socialista (Moreno Bonilla dijo el año pasado que los niños andaluces no saben que "existe el Ebro").

Aun así, el escenario queda totalmente desequilibrado si un partido goza de fondos obtenidos de forma ilegal –el caso del PP con la Gürtel– o emplea las ayudas públicas de forma opaca sabiendo que eso le permite favorecer a sus partidarios, como sucedió con los ERE en Andalucía.

El PSOE andaluz tuvo el martes una reacción tan escasa como interesada. Demostró que no estaba interesado en la lectura de la sentencia. "Mantenemos la defensa de la honorabilidad de los expresidentes de la Junta. No se han enriquecido ilícitamente, no se han llevado ni un euro al bolsillo", dijo su secretario de Organización.

La honorabilidad no consiste sólo en no robar si has sido elegido por los ciudadanos para gestionar fondos públicos. También te exige no permitir que otros roben y gobernar a través del cumplimiento escrupuloso de la ley. Que es lo que no se hizo en Andalucía. 

En nombre del PSOE, José Luis Ábalos podía al menos presumir de que Chaves y Griñán tuvieron que abandonar sus escaños y el partido por la presión de Pedro Sánchez. Los dos habían sido presidentes del PSOE.

Pero en su empeño de marcar distancias, acabó negando la realidad: "No es un caso del PSOE, sino de antiguos responsables públicos de la Junta". El hecho de que todos fueran del PSOE, trabajaran para el PSOE o intentaran beneficiar al PSOE con sus decisiones debe de ser sólo una coincidencia. 

Siempre es igual con los partidos. Tienen la tendencia de sacar las conclusiones equivocadas de las sentencias sobre corrupción. "                     (Íñigo Sáenz de Ugarte, eldiario.es, 19/11/19)

Caso ERE: Griñán, condenado a 6 años de cárcel y Chaves, inhabilitado por 9 años

"El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha sido condenado a 6 años de prisión por malversación y prevaricación continuadas, mientras que su antecesor, Manuel Chaves, ha resultado sentenciado por prevaricación, por lo que ha sido inhabilitado para el ejercicio de cargo público durante 9 años, según el fallo de la pieza política del caso de los ERE, que ha sido notificado este martes. 

Además, la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez y el exconsejero Gaspar Zarrías han sido condenados a nueve años de inhabilitación por prevaricación continuada. De los 21 procesados, solo dos han resultado absueltos de todos los delitos: el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez y el jefe de los servicios jurídicos de la Junta, Francisco del Río.

La Audiencia de Sevilla considera a ambos expresidentes y exministros de Gobiernos socialistas responsables del sistema de ayudas públicas que la Junta andaluza instauró durante una década (2000-2009) para beneficiar a empresas en crisis. La sentencia no es firme y las defensas recurrirán al Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra.

Los jueces consideran que Chaves conoció y permitió el sistema de subvenciones irregular, mientras que sitúan a Griñán -durante su etapa como consejero andaluz de Economía- como conocedor de los informes de la Intervención General de la Junta, que censuraron el fondo, y le achacan que no hizo nada para evitar las ayudas arbitrarias. 

El juez ponente Juan Antonio Calle ha elaborado la sentencia de la pieza política de la macrocausa de los ERE durante los últimos 11 meses, desde que el juicio en la Audiencia de Sevilla finalizó el pasado diciembre, después de un año y 152 sesiones. De los 22 procesados miembros de la antigua cúpula de la Junta andaluza (dos expresidentes, seis exconsejeros y 13 ex altos cargos), durante la vista oral resultó absuelto el exsecretario de Hacienda Antonio Estepa. El fallo será recurrido ante el Tribunal Supremo —que tendrá la última palabra—, según han avanzado las defensas.

La macrocausa de los ERE ha marcado la política andaluza durante los últimos nueve años por los escándalos destapados en la concesión de fondos públicos desde la Junta y ha sido empleado como reproche habitual del resto de partidos en Madrid contra los socialistas por su corrupción.

Manuel Chaves y José Antonio Griñán, expresidentes y líderes históricos del socialismo andaluz, se dieron de baja en el partido en 2016 tras su inculpación durante la instrucción. Ambos gobernaron la comunidad durante 23 años, el primero de 1990 a 2009 y el segundo tras sucederle desde este año hasta 2013. Un lustro después, el proceso ha enjuiciado su política de ayudas públicas para empresas en crisis, dotada con 680 millones durante una década (2001-2010).

Tras ocho años de instrucción, la pieza política de la macrocausa —la primera en ser enjuiciada de un total de 146 bajo investigación— analizó el sistema de pago de los ERE, censurado por la Intervención General pero cuyos avisos cayeron en saco roto. En 2001 la Junta cambió las subvenciones excepcionales por las transferencias de financiación y la clave del juicio estaba en dilucidar si el mecanismo fue ilegal y si existió responsabilidad penal de políticos y técnicos.

Los ERE fraudulentos han escrutado parte de la gestión socialista de las últimas décadas en Andalucía junto a otras macrocausas como los cursos de formación e Invercaria, una sociedad de capital riesgo de la Junta.

La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones —PP y Manos Limpias— estimaban que el cambio de sistema de pago fue “una decisión política” para instaurar un sistema de ayudas públicas “totalmente opaco” al margen de “los ciudadanos y los controles de la Intervención” para beneficiar a empresas afines al PSOE. Mientras, las defensas resaltaron en la vista oral que el Parlamento andaluz aprobó con transparencia las partidas que alimentaron los ERE y que las acusaciones contra la excúpula por confabularse para que se pagaran año tras año son “genéricas” y repletas de “vaguedades”.

Desde 2011 cuando arrancó, el caso ERE ha estado en el centro de la batalla política como el ariete preferido del PP para contrarrestar su corrupción destapada por el caso Gürtel, que siempre dispuso de gran eco mediático. Ambas sentencias coinciden en extensión (1.700 páginas de los ERE y 1.687 de la Gürtel), pero tienen dos diferencias esenciales: la trama corrupta del PP conllevó un enriquecimiento ilícito de sus protagonistas y la financiación ilegal del partido. 

Entre los políticos de los ERE solo ha existido un supuesto lucro del director general que daba las ayudas de manera directa, Javier Guerrero, —cuestión que no se enjuicia en la pieza política— y no hay rastro de financiación ilegal del PSOE, a pesar de que la primera instructora, Mercedes Alaya, lo plasmó por escrito en sus autos.

En 2015 el instructor del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro examinó la causa por estar inculpados seis políticos aforados y solo apreció indicios de prevaricación administrativa y descartó la malversación (que conlleva cárcel). Barreiro tildó de “claramente ilegal” el procedimiento de pago en los ERE, pero matizó que no estaba destinado “al lucro ilícito de terceras personas”, de ahí que descartara la malversación.

El juicio desarrollado en 2018 sirvió para ratificar la visión opuesta entre defensas y acusaciones, cuyos expertos respectivos —catedráticos de Derecho Presupuestario y los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)— protagonizaron un duelo de tesis enfrentadas a favor y en contra de la legitimidad de emplear las transferencias de financiación para pagar los ERE a través de la agencia pública Idea."                  (Javier Martín-Arroyo, El País, 19/11/19)

La juez Núñez imputa en los ERE a dos altos cargos de Aznar y a los exsecretarios de UGT-A y CCOO-A

"La juez María Núñez Bolaños ha abierto diligencias por el ERE de la Faja Pirítica de Huelva de 2003 y ha imputado a 25 personas, entre ellas dos ex altos cargos del Gobierno de José María Aznar, seis ex altos cargos de la Junta de Andalucía, diez sindicalistas, dos mediadores y cinco trabajadores.

 En un auto notificado hoy, la titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla abre diligencias por el ERE aprobado por la crisis minera e incluye como investigadas -antes imputadas- a la secretaria general de Empleo y a la directora de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 2003, Carmen de Miguel y Soledad Córdova, respectivamente.

Entre los imputados también están los exconsejeros andaluces José Antonio Viera y Antonio Fernández; tres ex directores generales de Trabajo de la Junta de Andalucía; el ex secretario general de UGT-A Manuel Pastrana; el ex secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero; y responsables de Uniter y del Estudio Jurídico Villasís.

La juez considera que los imputados cometieron los delitos de malversación y prevaricación, y precisa que en este ERE hubo pólizas para trabajadores que no habían trabajado en la Faja Pirítica -intrusos-, que se falsearon edades para que pudieran cobrar y que se destinó dinero de las pólizas de los trabajadores a “fines distintos”.            (República.com, 29/06/17)

Corrupción: así se desmoronan los grandes casos judiciales investigados por la jueza Alaya

 "El 14 de mayo de 2011 publiqué un artículo en el diario El País que suscribían también otros 38 profesores universitarios. Lo titulamos ¿Justicia o caza de brujas? y decía lo siguiente:

“Hace unas semanas, justo cuando Izquierda Unida hacía público su compromiso de no presentar como candidatos en las elecciones municipales a personas imputadas por la justicia, se filtraba desde el juzgado que instruye el llamado caso Mercasevilla la la noticia de que el candidato de esa coalición, Antonio Rodrigo Torrijos, estaba imputado.

Naturalmente, eso provocó la polémica pues con esa filtración se podía poner de manifiesto que IU no cumplía sus promesas si Torrijos no dejaba de ser candidato, lo que obviamente suponía un coste electoral muy grande para esa formación de izquierdas de cuyos resultados en gran parte depende que la derecha no vuelva a gobernar el codiciado Ayuntamiento sevillano.

La filtración simplemente se limitaba a señalar que se imputaba a Torrijos porque habría tenido una directa responsabilidad y activa participación como vicepresidente y miembro de la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla en el proceso de adjudicación de la totalidad de sus terrenos a la constructora Sanma, dándose así a entender que se trataba de un caso más de corrupción municipal que habría comportado un grave perjuicio a la ciudad.

A nuestro juicio, lo que está ocurriendo es una nueva prueba de que la administración de justicia no es objetiva a la hora de resolver los casos que tiene en sus manos y que utiliza una vara de medir muy diferente según quienes sean los encausados.

No podemos pensar otra cosa cuando constantemente conocemos que los procesos a grandes directivos empresariales o líderes políticos de la derecha (Alierta, Ana Mato, Fabra…) quedan en nada porque sorprendentemente prescriben las actuaciones, mientras que en otros casos, como en el de Baltasar Garzón o ahora en el de Torrijos, los juzgados incluso fuerzan los márgenes de lo procesalmente permitido para actuar con una severidad a todas luces injustificada y desmedida.

Eso es lo que nos parece que está ocurriendo cuando después de un mes de haberse producido la filtración la juez que lleva el caso no ha comunicado aún la supuesta imputación al candidato de IU. Una circunstancia que evidentemente lo deja indefenso y que le provoca un daño político y personal gravísimo por los que la juez debiera haber respondido ya.

Además, al permitir la filtración y mantener silencio durante tanto tiempo desde la propia administración de justicia se esté dando lugar a que se lleve a cabo un auténtico juicio público, o casi mejor, un verdadero linchamiento, al no poder quedar evidentes con la necesaria transparencia algunas cuestiones esenciales.

Cabe recordar, en primer lugar, que lo que al parecer se imputa a Torrijos no es su enriquecimiento sino que se procediera a la venta de los terrenos por un procedimiento de concurso en lugar de subasta. Una decisión permitida por la ley y que Torrijos defendió por mandato de IU que la ha justificado porque de esa manera se podían tener en cuenta contraprestaciones no solo monetarias.

Algo que puede ser discutible, como toda propuesta política, pero que en ningún caso tiene por qué implicar un perjuicio para la ciudad sino que, por el contrario, quizá sea la única forma de conseguir rendimientos sociales que por su naturaleza no pueden tener una pura expresión en términos monetarios.

Y, en segundo lugar, es igualmente sorprendente que se impute la decisión a título personal a Torrijos, cuando en realidad, y tal y como establece la ley que debe ser, lo puesto en cuestión no puede tratarse sino de la decisión de un órgano colegiado, tomada después de la correspondiente deliberación y votación entre todos sus miembros. Y, por cierto, adoptada al parecer por unanimidad de todos los partidos políticos allí representados.

Finalmente, afirmamos lo que antecede no solo porque estimamos que se ha producido un daño personal, y con independencia de la mayor o menor simpatía que podamos tener hacia el candidato, sino porque creemos que cuando la justicia funciona de esta manera tan anómala se produce un perjuicio escandaloso a toda la sociedad y porque tenemos la convicción de que ya es hora de que la ciudadanía reaccione y comience a pedir responsabilidades a quienes de una u otra manera lo vienen provocando”.

Ahora, más de seis años después, se acaba de publicar la sentencia del caso y Antonio Torrijos, entre otros, queda absuelto (La jueza absuelve a los diez acusados del ‘caso Mercasevilla’, origen de los ERE).

La juez Alaya le había hecho entonces otro buen favor al Partido Popular, en el caso de Torrijos no solo quitándole de en medio a un adversario sino echando porquería sobre toda una formación política, Izquierda Unida, justo en el momento en que mayor daño podía causarle y dar más ventaja dar al Partido Popular.

Ahora se ha acabado otra pesadilla personal pero ¿quién resarce a Torrijos y a Izquierda Unida del perjuicio que le produjo la juez Alaya filtrando la imputación justo en el momento en que más daño político hacía? ¿quién paga sus platos rotos como jueza al servicio de la causa?

No exagero. Ya lo he denunciado con hechos en otros artículos (Juezas y jueces al servicio de la causa) y lo seguiré haciendo. Quizá si lo hiciera más gente nos cantaría otro gallo en España y a mí me señalarían menos, pero nunca he hecho las cosas por estar más o menos acompañado sino por convicción y por eso no pienso callar. Jueces como Mercedes Alaya son la mano larga judicial de la extrema derecha política que se cree que España es suya.

No hacen justicia sino que usan su administración en favor propio y de su causa política. Son jueces de partido, militantes sin más de la derecha, promovidos para controlar el tribunal constitucional, el Supremo y las fiscalías y los juzgados que interesen para defender a los políticos corruptos de su cuerda y perseguir, sea como sea, a sus adversarios.

Jueces que dan la razón a los jóvenes del 15M que decían “Lo llaman democracia y no lo es”.                   (Juan Torres López, Ganas de escribir, 21/06/17)


"Mercedes Alaya abría causas y más causas. Casos que se convertían en macrocausas. Procesos que acababan en macroinstrucciones.

Gran parte de los escándalos de corrupción instruidos por la juez sevillana en Andalucía se han caído como los cursos de formación, han acabado con todos absueltos (Mercasevilla) o están pendientes, en una instrucción eterna (como los ERE) o pendientes de solución (caso Real Betis). Episodios indispensables de la crónica de la Andalucía corrupta.

Carlos Leal, abogado imputado en los ERE, califica como “desastre” la instrucción de Alaya en el proceso. “No conoce la ley ni la normativa. Y eso es muy grave”, apunta Leal, que se refiere a cómo la magistrada sevillana desconocía el Real Decreto 1035/1984, de 9 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la comunidad autónoma de Andalucía en materia de ERE.

Hasta ahora, según el escrito que adelantó El Confidencial, ni la jueza Mercedes Alaya ni su sustituta (María Ángeles Núñez Bolaños), ni la Fiscalía Anticorrupción, la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil y tampoco la Junta de Andalucía habían informado de la existencia de este real decreto, que sigue vigente.

La Orden del 5 abril de 1995 del Ministerio de Trabajo incluía un apartado que no aparecía en la normativa de 1994: las ayudas a la reestructuración de empresas. La Intervención General del Estado no presentó ninguna objeción al pago de estas prejubilaciones. La Junta de Andalucía admitió la legalidad de las ayudas sociolaborales y afirma que no existe perjuicio al erario público.
Seis años y medio de instrucción

Tras seis años y medio de instrucción, en el caso de los ERE sí se ha abierto apertura de juicio oral contra los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, pero la macrocausa no termina de aclararse. La juez Núñez Bolaños decidió trocear el proceso para facilitar y agilizar el enjuiciamiento. La división en 86 piezas distintas no ha hecho sino ralentizarlo todo. Cada sala de los penal va a tener que celebrar 28 o 29 juicios distintos. Aún no hay fecha en este "caos y desconcierto judicial", como escribió Javier Caraballo.

En la investigación de los cursos de formación destinados a los parados andaluces entre 2002 y 2012 la juez Alaya, siempre respaldada en su investigación por la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil entró en el asunto tras las pesquisas de la UDEF (Policía Nacional) con la ‘Operación Edu’.

Los interventores de la Junta llegaron a declarar ante la Guardia Civil, aportando datos, que se acumularon casi 3.000 millones en subvenciones sin controlar ni supervisar. Finalmente, esa cifra fue rebajada a 980 millones pendientes de justificación.

Fuentes de la UDEF lamentan en declaraciones a este diario que la “intromisión” de Alaya siguiendo idéntico ‘modus operandi’ que en los ERE “montó una causa general” que perjudicó el proceso. Una comisión parlamentaria, que como la de las prejubilaciones falsas se cerró en falso, declaró que Chaves y Griñán no eran culpables. La Junta no vio fraude, aunque reclamó la devolución de 143 millones de euros de estas subvenciones por irregularidades.

¿Consecuencia? Una instrucción desordenada, descoordinación entre la UCO y la UDEF, delitos penales convertidos en sanciones administrativas y una causa zanjada con un sonoro carpetazo por Núñez Bolaños en octubre de 2016 cuando la instructora consideró que la pieza política de los cursos (con 24 ex altos cargos del PSOE acusados) no revestía “el carácter de delito" de malversación ni de prevaricación los hechos investigados sobre las "presuntas irregularidades".

El caso del Real Betis Balompié también lo convirtió la juez Alaya en una cruzada procesal. Cuando se hizo famoso por su instrucción en los ERE, ya llevaba investigando el caso (desde 2008). En julio de 2010 impidió que Lopera vendiera el club a un supuesto testaferro. La Audiencia de Sevilla celebra desde el 18 de abril y hasta finales de octubre el juicio contra el expresidente del Betis Manuel Ruiz de Lopera.

La Fiscalía que aprecia “una circunstancia atenuante de dilaciones indebidas”, achacable a la magistrada sevillana, solicita tres años de prisión por un delito de apropiación indebida durante su gestión en el club. Hasta el último momento se intentó llegar a un acuerdo entre las partes. “No lo hubo, pero no se descarta. Fue desproporcionado lo que hizo la jueza”, aseguran a El Confidencial fuentes jurídicas próximas al caso.
Ya hubo una condena en Mercasevilla

A la sentencia absolutoria de ayer del caso Mercasevilla se une la primera rama de este asunto, que también fue instruida por Alaya y recibió condena del Tribunal Supremo en noviembre de 2014 para el exdirector general de la lonja pública, Fernando Mellet, y su vicedirector, Daniel Ponce.

A ambos se les puso una multa de 600.000 euros de multa por un delito de cohecho por su intento de soborno a los empresarios del Grupo La Raza solicitándoles una mordida de 450.000 euros si se les concedía la gestión de una Escuela de Hostelería en el mercado subvencionada por la Junta de Andalucía. El delegado provincial de Empleo de la Junta en 2009, el socialista Antonio Rivas, quedó absuelto.

La juez Alaya también instruyó el caso Madeja, que empezó en Andalucía y acabó con ramificaciones en media docena de comunidades autónomas. En 2015 elevó la causa a la Audiencia Nacional tras imputar a 88 personas (40 funcionarios) por el supuesto cobro de 4,3 millones de euros a cambio de la adjudicación de contratos públicos.

La jueza acusó a la empresa sevillana Fitonovo de presuntamente repartirse sobornos durante ocho años, de ser el centro de una "organización criminal jerarquizada". La Audiencia Nacional aún sigue con la investigación.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ofreció seis razones para apartar a la juez Alaya del caso de los ERE, aunque también admitió que la juez debería haber seguido en el puesto de titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. “Lo deseable que hubiera sido la continuidad y aprovechamiento de los conocimientos de la misma.

Sin embargo, dicha magistrada ha exteriorizado tanto su discrepancia con los términos de la comisión de servicio acordada por esta Sala, como su falta de voluntad de colaboración y entendimiento con la actual titular, cuestionando su idoneidad e independencia”, dijo la Sala de Gobierno del TSJA en 2015. El Consejo General del Poder Judicial adoptó la tesis del Alto Tribunal andaluz y Alaya perdió el caso.

La "juez de porcelana" es odiada y querida con una intensidad sólo comparable al abogado (y ex juez) Baltasar Garzón

El Confidencial publicó en marzo de 2013 cómo el calendario electoral de Alaya con imputaciones, detenciones y entradas en prisión beneficiaba el calendario electoral del PP-A. Alaya lo negó y dijo que ella no interfería en las elecciones.

En esa época el presidente de los 'populares' andaluces tras la retirada de Javier Arenas era Juan Antonio Zoido, que compagina la dirección del partido en Andalucía con la Alcaldía de Sevilla. Zoido fue acusado de haber mantenido una relación fluida con Alaya. El actual ministro del Interior también lo desmintió.

Los cincos meses que Alaya estuvo de baja por enfermedad tampoco ayudaron a agilizar los procesos que había abierto. Una instrucción llena de claroscuros la de esta magistrada poco amiga de trabajar en equipo; la juez de porcelana odiada y querida con una intensidad sólo comparable al abogado (y ex juez) Baltasar Garzón, le abrieron hasta un club de fans (51.000 personas en el grupo de Facebook en homenaje a ella). Y ahora ve cómo su legado se desmorona." (Agustín Rivera. Málaga
, El Confidencial, 22/06/17)

Sólo uno de los 150 imputados por el caso Gürtel ha ido a la cárcel

"(...) Para ello han comparecido distintos expertos, entre ellos el Fiscal General del Estado, quién ha efectuado su diagnóstico: precariedad de medios, una legislación “manifiestamente insuficiente, enrevesada y con penas no acordes con la gravedad”, investigaciones tan lentas que rebasan “toda una década”, prescripciones que conducen al archivo de responsabilidades, absoluciones inesperadas, condenas que no llevan aparejadas la recuperación del dinero público, indultos y lentitud en la ejecución de sentencias.

Si el diagnóstico es demoledor la realidad lo es aún más: según el Consejo General del Poder Judicial en 2013 existían 1.661 causas abiertas por temas de corrupción con aproximadamente 500 personas imputadas (20 encarceladas), si bien sólo uno de los 150 imputados por el caso Gürtel, uno de los 144 del caso ERE Andalucía, nadie por el caso Palau y tampoco nadie por el caso Mercurio. La mayoría, además, siguen ocupando cargos públicos retribuidos.

 Según la UE en su informe del 3 de febrero de 2014 en el caso español están en el punto de mira los siguientes peligros: financiación de los partidos políticos, corrupción local/regional, conflictos de intereses, contratación pública y gestión del urbanismo. 

Se trata de peligros corrupto-génicos identificados por la experiencia dañosa previa: sabemos que lo son porque hemos sufrido sus consecuencias y los vemos, por tanto, por el retrovisor.

 Frente a ellos se recomiendan estrategias de prevención como las abordadas por el Gobierno, aunque la principal de ellas —un aparato judicial eficiente— está lejos de darse, como constata el Fiscal General, probablemente por falta de voluntad política. (...)"                ( Ramon-Jordi Moles I Plaza , El País, 12 MAY 2014)

ERE: las estimaciones hablan de unos 130 casos de incorporación ilegal a los ERE, de entre 6.000 trabajadores prejubilados

"(...) No son todos, vale: las estimaciones hablan de unos 130 casos de incorporación ilegal a los ERE, de entre seis mil trabajadores prejubilados con todas las de la ley a través de este controvertido procedimiento, entre 2001 y 2010. Pero lo mismo da que da lo mismo: aquel saqueo infame de las cuentas del paro tuvo la misma catadura ética que el acto de arrebatarle un mendrugo a un mendigo.

 Y, para colmo, muchos de los que se vieron legalmente prejubilados por aquellos expedientes, se encuentran ahora en suspensión de desempleo y subsidio hasta que se esclarezca toda esta trama.

La magistrada entiende que el marco jurídico instaurado por la administración está viciado desde su propio germen y que las denominadas “transferencias de financiación” contempladas en el mismo, fueron cómplices necesarias para la opacidad de este procedimiento. 

Habrá que ver también hasta donde llega esta línea de investigación porque, de proseguir con el camino iniciado, la jueza no sólo tendría que ser capaz de imputar a la Junta de Andalucía, a sus consejeros y directivos, sino a la mayoría de los parlamentarios que aprobaron este mecanismo. Choque entre poderes democráticos, a la vista. Montesquieu, al borde de la esquizofrenia.

Hace unos días, se sentaba ante el banquillo la que fuese consejera de Economía y Hacienda durante el periodo que se investiga. Magdalena Alvarez compitió en tamaño y calidad de trolly con la magistrada pero, en reiteradas ocasiones durante su comparecencia, insistió en ofrecer todos los datos y documentos posibles sobre la materia de su gestión, pero no así sobre las competencias de Empleo, que concernían desde su punto de vista a otros consejeros, alguno de los cuales como José Antonio Viera, sigue sin merecer su imputación. 

Tras la argumentación de la imputada no sólo latía la percepción de que de aplicar a rajatabla esta línea de acusación, esta causa vendría a suponer algo así como que en la comisión de un asesinato, se pretendiera imputar a los fabricantes del arma del crimen. 

También pesaba lo suyo la certeza de que algunos de sus colaboradores, con un perfil político inferior o simplemente burocrático, se enfrentaban a fianzas que no podían pagar salvo por muerte financiera, con sueldos reducidos al salario mínimo, bienes o cuentas embargados y una familia entera que tenía que cambiar de calidad de vida: adiós, por ejemplo, a los estudios universitarios de los hijos en universidades lejanas.

Si resulta especialmente llamativa la cifra de 117 millones de euros, de responsabilidad civil, impuesta a un directivo de Vitalia, no lo es menos la fianza personal que pesa sobre Antonio Lozano, uno de aquellos cargos de perfil técnico que se han visto imputados: 43 millones de euros por el simple supuesto de que pudo impedir administrativamente un delito y no llegó a hacerlo.

 Esa fue la misma cuantía que el juez Ruz impuso inicialmente a Luis Barcenas, en función del volumen de sus cuentas que, en absoluto, se corresponden con la de Lozano o las de otros cargos de Hacienda que habrán de sentarse sorpresivamente en el banquillo de los acusados, si prospera finalmente su imputación. 

¿Cuando ocurrirá eso? ¿Dentro de diez años como en el caso de Carlos Fabra? ¿Qué habrá ocurrido, para entonces, con la vida de muchos de los acusados si finalmente no resultan culpables?

 La justicia lenta no es justicia. Mercedes Alaya se enfrenta concienzudamente a un caso complejo –más allá de otras investigaciones que se siguen desde su juzgado–. Y dado que ella ya rechazó la presencia de jueces de refuerzo, debería tener al menos todos los recursos técnicos y de personal que sean posibles para agilizar su pesquisa, con independencia de que la instrucción en su totalidad o parte de la misma se le vaya de las manos si finalmente, y como parece lógico por la secuencia de los acontecimientos, deba imputar a algunos aforados. 

De seguir así, lo mismo no sólo iban a prescribir los supuestos que se imputaban a los hermanos de la ministra Fátima Bañez, cuya exculpación por fecha de caducidad causó un sonoro escándalo hace unos días, reforzando la tesis de que la jueza pudiera estar favoreciendo en esta indagación a los intereses del Partido Popular. (...)"              (Público, Corazón de Olivetti, 13/10/2013)