Antonio Maestre: los jueces son una casta que vive con otras reglas... En el año 2018 se convocaron 35 plazas de fiscal y finalmente se concedieron 36 para incluir a la hija del juez del Supremo... La hija de Marchena ha sido la única a la que se le ha permitido cambiar la carrera judicial, de jueza a fiscal, la única a la que se le ha respetado el resultado de la oposición de un año para otro tras haber sufrido una enfermedad. La única a la que el CGPJ y el ministerio de Justicia le hicieron ese favor cuando a muchos otros en su mismo caso se les obligó a seguir el proceso normativo previo sin saltárselo. El resto no son hijos de Manuel Marchena

 "(...) Son una casta que vive con otras reglas y que están acostumbrados a que sus opiniones sean ley, porque son la ley, y la ley y las normas se adaptan a sus intereses en todos los ámbitos de la vida. Es algo que es fácil ver si miramos al caso de la hija fiscal de Antonio Marchena. En el año 2018 se convocaron 35 plazas de fiscal y finalmente se concedieron 36 para incluir a la hija del juez del Supremo. Tal cual. Esas son las reglas para la casta judicial.

El caso, que fue un escándalo en la judicatura por el evidente trato de favor, muestra hasta qué punto esta élite tiene unas normas diferentes a las del resto. Para ellos la ley se escribe en agua mientras para otros está labrada en piedra y ellos la modelan en barro. La hija de Marchena ha sido la única a la que se le ha permitido cambiar la carrera judicial, de jueza a fiscal, la única a la que se le ha respetado el resultado de la oposición de un año para otro tras haber sufrido una enfermedad. La única a la que el CGPJ y el ministerio de Justicia le hicieron ese favor cuando a muchos otros en su mismo caso se les obligó a seguir el proceso normativo previo sin saltárselo. El resto no son hijos de Manuel Marchena.

 Entren en la mente de quien tiene esos privilegios. Les va a costar porque no es fácil ponerse en su lugar cuando tienes que cumplir de manera escrupulosa la ley y las normas cívicas. Pero cuando vives con unas normas, leyes y reglamentos al margen de las del populacho te empieza a invadir una sensación de impunidad insuperable que va asociada a una serie de relaciones y capital social que te blindan porque quienes tienen que dirimir el respeto a esas leyes son aquellos que comparten clubes privados, cenas en reservados y charlas en salas de resolución judicial. Los únicos que tienen poder para dirimir si esas reglas especiales para gente como Manuel Marchena y sus amigos de fallo transgreden la ley son esos mismos amigos de fallo."

( Antonio Maestre , blog, 24/11/25)

Una magistrada envía al banquillo al periodista Carlos Sosa a petición del juez corrupto Alba por informar sobre él

 "Una querella del exjuez corrupto Salvador Alba llevará hasta el banquillo de los acusados a Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, cabecera asociada a elDiario.es. Un juzgado de Madrid ha decidido abrir juicio oral contra el periodista por las informaciones que el medio de comunicación publicó sobre el caso de Salvador Alba y la conspiración contra Victoria Rosell y el propio Sosa que le llevó a prisión. La jueza asume buena parte de los postulados de la querella del exmagistrado encarcelado y exige al periodista una fianza de 422.500 euros mientras la Fiscalía avala que todas las informaciones de Canarias Ahora sobre Alba y su conspiración fueron veraces, relativas a un asunto de máxima relevancia pública y no revelaron ningún tipo de información confidencial del exmagistrado y su familia: “Constituyó el ejercicio legítimo de su derecho fundamental a la libertad de información”. La decisión de que el caso llegue o no a juicio está en manos ahora de la Audiencia Provincial de Madrid.

Salvador Alba fue encarcelado y expulsado de la carrera judicial después de ser condenado en firme a seis años y medio de prisión. Condenado por utilizar su puesto como magistrado en Canarias para conspirar contra la también magistrada Victoria Rosell y acabar con su entonces incipiente carrera política con Podemos. Alba, según declaró probado el Supremo, intentó inculpar en una causa judicial a Rosell y Sosa, su pareja, a través de la manipulación de la declaración de un empresario, Miguel Ángel Ramírez. El objetivo era que alguna acción judicial contra la magistrada, ya fuera una querella del ministro José Manuel Soria o una investigación de la Fiscalía, saliera adelante y cortara su trayectoria pública.

Rosell dejó la política aunque nunca fue imputada, la conspiración de Alba fue descubierta y el exmagistrado terminó entrando en la cárcel en octubre de 2022 tras ser condenado por prevaricación, cohecho y falsedad documental. Pero unos meses antes de ingresar en la prisión de El Salto Negro, el exjuez corrupto pasó al ataque contra sus víctimas y presentó una querella (criminal, especifica) por revelación de secretos, delito de odio, acoso y organización criminal. Una querella contra elDiario.es, su delegación Canarias Ahora, dos redactores, Carlos Sosa, Victoria Rosell y hasta el director del periódico, Ignacio Escolar.

Según Alba y su esposa Teresa Lorenzo, las informaciones que publicó Canarias Ahora sobre la conspiración que él dirigió y que le ha costado la cárcel no tenían por objetivo informar a la opinión pública, sino hundir su reputación. Los datos, afirmaba en su querella, habían salido de una causa judicial secreta y el resultado es que tanto él como su pareja sufrieron insultos de odio en internet, vieron publicados datos personales y médicos en esas noticias y eso ha afectado, incluso, a su hija pequeña menor de edad.

La jueza María Ángeles Velázquez, que lleva todo el proceso advirtiendo sobre las consecuencias de divulgar el contenido de la causa aunque no estaba decretado el secreto de sumario, en su auto de procedimiento abreviado ratificado en otro posterior de apertura de juicio oral asume una parte importante de estas tesis y deja el caso en manos de un juzgado de lo penal para que celebre un juicio por varios delitos de revelación de secretos, odio y acoso, sin organización criminal. E impone la fianza que solicita Alba, de más de 422.000 euros: siete veces más que la indemnización que se le impuso por conspirar contra Rosell desde su juzgado.

La Fiscalía pide archivar el caso

En su escrito de acusación, además de casi medio millón de euros, el exjuez Alba pide 23 años de prisión para Carlos Sosa por seis delitos distintos. Expone una teoría delictiva sobre la procedencia de la información y los datos publicados que desmiente la Fiscalía de Madrid en un escrito, presentado a mediados de enero, en el que pide el archivo de la causa y que el periodista de Canarias Ahora no sea juzgado. Se publicaron noticias “de relevancia pública”, con datos que “atañen exclusivamente a los hechos noticiables” y que no constituyó un rosario de delitos penados con la cárcel: “Constituyó el ejercicio legítimo de su derecho fundamental a la libertad de información, no lesionando en ningún caso el derecho a la intimidad del querellante y de su familia”.

Muchas de las informaciones a las que Alba apuntaba en su querella se referían, entre otros hitos, al tiempo en que el Consejo del Poder Judicial tardó en localizarle para comunicarle su suspensión como magistrado. También a cuando se fue de vacaciones sin dictar sentencia por el caso Faycán de corrupción o sobre los contactos que él y su esposa mantenían con miembros de Vox. Informaciones sobre las alegaciones que el propio condenado hacía sobre su estado de salud o hipótesis sobre sus viajes en ese momento que, según la Fiscalía, eran informaciones veraces que no incidían en su intimidad de forma ilegal.

“Es un periodista que cubre una noticia de clara relevancia e interés público, que ha obtenido de forma lícita y las ha publicado, omitiendo datos que puedan afectar a la intimidad de la víctima y de su familia”, afirma el Ministerio Público. Todo lo contrario a lo que afirma de forma tajante la querella de Alba.

El recurso que el propio Sosa ha presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid, solicitando la anulación de su procesamiento, incide en esos mismos argumentos. Acusa a Alba de “faltar a la verdad burdamente”, manipulando fechas del proceso, para hacer creer a la magistrada que las informaciones procedían de un sumario judicial secreto en el que Sosa y Rosell estaban personados, y no del trabajo periodístico del equipo de Canarias Ahora. Por ejemplo, la conversación entre el juez Alba y el empresario Miguel Ángel Ramírez se publicó el 12 de mayo de 2016, dos semanas antes de la apertura de la causa en el Tribunal Superior de Canarias. Sosa no fue admitido como acusación en el proceso hasta casi un año después.

En conclusión, afirma el escrito, “no puede deducirse que el querellado haya publicado ni una sola información obtenida ilícitamente”, al margen de que la acusación de organización criminal de Alba haya valido para atribuirle todas las informaciones publicadas en el periódico, aunque no fueran firmadas por él, incluso si no fueron publicadas en Canarias Ahora. Afea a Alba que, además, intente imputarle el malestar que sufrió su hija pequeña cuando tuvo incidentes en el colegio relacionados con el proceso judicial a su padre: “Evidentemente la menor no sufrió a causa de la noticia sobre el incidente, que presumimos que no leyó, sino por el incidente mismo”.  

El periodista desgrana uno por uno los análisis, noticias e informaciones firmadas por él y defiende, coincidiendo con el Ministerio Público, que ninguna descubrió datos médicos de Alba que no fueran de relevancia para el proceso judicial y su entrada en prisión, o cuando previamente el Consejo del Poder Judicial trató de localizarle para comunicarle su suspensión como juez. También niega haber fotografiado al matrimonio Alba-Lorenzo: “El señor Sosa jamás ha estado en las inmediaciones de la vivienda de los querellantes, ni jamás ha ordenado a algún fotógrafo ni periodista apostarse en ese domicilio ni en una playa ni en algún restaurante para inmortalizar la vida de esas personas”.

Una cacería de Alba contra Rosell

Salvador Alba y Victoria Rosell eran magistrados en Canarias cuando sus caminos se cruzaron. La jueza entró en política de la mano del partido político Podemos y el juez se hizo cargo de su juzgado. Fue en ese momento cuando, con el objetivo de cortar en seco la carrera política de Rosell, Alba decidió adulterar una causa judicial que manejaba para intentar implicar tanto a ella como a su marido, el periodista Carlos Sosa, en un caso de corrupción empresarial. 

Según los tribunales, Alba intentó que un empresario canario (Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, equipo de fútbol) cambiara su declaración para implicar a Carlos Sosa en la investigación que mantenía abierta. También intentó involucrar a la propia Rosell para que pudiera ser acusada de haber intentado tapar el caso para beneficiar a su marido. 

El resultado es que, cuando Rosell empezaba su carrera política con Podemos, fue señalada tanto por una investigación de la Fiscalía como por una querella del exministro José Manuel Soria. Esas investigaciones nunca prosperaron y ella nunca fue acusada de nada, pero fue suficiente para que dejara la política en ese momento. Con el tiempo, los investigadores descubrieron que todo era una maniobra de Salvador Alba y que el que había delinquido era él. 

Fue imputado, investigado y finalmente condenado por urdir todo el complot para acabar con la carrera política de Victoria Rosell, que con los años volvió a la vida pública y fue secretaria de estado contra la violencia de género. El Tribunal Supremo condenó a Alba a seis años y medio de cárcel, condena que en la actualidad cumple en prisión por esa conspiración."              (eldiario.es, 08/02/24)

El Poder Judicial en funciones avala que jueces se manifestaran con sus togas contra el pacto de PSOE y Junts

 "El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato está caducado desde hace más de cinco años, no sancionará a los jueces que se manifestaron el pasado noviembre contra el contenido del acuerdo de investidura firmado por el PSOE y Junts ataviados con las togas que tienen la obligación de vestir durante los actos jurisdiccionales. Esas concentraciones, que se celebraron ante las sedes de juzgados y tribunales, también derivaron en actos de rechazo a la ley de amnistía.

La Comisión Permanente —el núcleo duro de la institución— aprobó por unanimidad en su reunión de este jueves una propuesta de acuerdo de la autoridad disciplinaria que sostiene que “mostrar preocupación por la separación de poderes y la independencia judicial carece de trascendencia disciplinaria”, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es.

El promotor de la acción disciplinaria del CGPJ acordó en un mismo documento abrir y cerrar las diligencias informativas incoadas a raíz de dos denuncias presentadas por la asociación Preeminencia del Derecho, representada por el abogado José Luis Mazón. En las denuncias, el colectivo alegaba que esas movilizaciones comprometieron la “imparcialidad” de los jueces que asistieron y supusieron una “instrumentalización del Poder Judicial para la lucha política”. Una de las denuncias se centraba en los presidentes de las audiencias provinciales de Córdoba y Jaén y en el juez decano de Sevilla, que acudieron a estas movilizaciones e hicieron declaraciones a los medios. La otra iba dirigida contra los jueces que asistieron a la concentración en la ciudad de Córdoba, la primera en celebrarse, aunque sin identificarlos nominalmente. 

La propuesta de archivo aprobada descarta que se pueda aplicar a estas movilizaciones el artículo 418.3 de la ley del Poder Judicial, que considera falta grave “dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición”. El argumento utilizado es que no se dan, en este caso, los elementos que convertirían en sancionable la conducta de los jueces: ni las concentraciones ni las declaraciones tienen como destinatario “un poder del Estado”, ni se dan en ellas “críticas o censuras”. 

Por ejemplo, en la circular que envió el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, citaba a los magistrados y jueces a una concentración “para rechazar las referencias” que se hacían en el acuerdo entre PSOE y Junts “al 'lawfare' o judicialización de la política y sus consecuencias” y expresar su “adhesión expresa” al contenido del comunicado que días antes habían publicado todas las asociaciones judiciales. En otras ciudades como Salamanca, el motivo de la convocatoria fue reunirse “en defensa de la separación de poderes y contra la ley de amnistía”, según fuentes de la Audiencia Provincial consultadas por Europa Press.

El término 'lawfare' sirve para designar maniobras para, a través de los tribunales o los cuerpos policiales, perjudicar a un determinado sector político. El acuerdo entre ambas formaciones prevé que la ‘guerra judicial’ contra el independentismo se investigue en el Congreso, lo que soliviantó a todas las asociaciones de jueces y fiscales. Tras el revuelo formado, el PSOE explicó después que el Parlamento no fiscalizará sentencias y solo tendrá en cuenta las conclusiones de investigaciones parlamentarias ya comprometidas.

El acuerdo, de nueve páginas, hace alusión a diferentes sentencias del Tribunal Supremo que, a lo largo de años, han ido modulando el derecho a la libertad de expresión de los jueces. La conclusión a la que ha llegado la doctrina del Alto Tribunal es que los jueces gozan del derecho a expresar libremente sus ideas y opiniones, aunque esa libertad de expresión tiene límites. Por ejemplo, deben abstenerse de realizar conductas que “quebranten la confianza social en el Poder Judicial”. 

“Confianza social” en el sistema judicial

A este respecto, el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, recuerda que el órgano de gobierno de la magistratura aprobó en 2016 un documento que determinó que los jueces deben ejercer su derecho a la libertad de expresión con “prudencia y moderación” con el objetivo de “preservar la independencia y apariencia de imparcialidad” y mantener la citada “confianza social” en el sistema judicial y en los órganos jurisdiccionales.

Pero, en base a esta doctrina, la autoridad disciplinaria concluye que resulta “evidente” que los jueces y magistrados denunciados no han llevado a cabo una actuación que pueda ser sancionable. E incluso llama la atención sobre los “enormes riesgos” desde el “punto de vista democrático” que implica “confundir 'opinar' con 'criticar'”. Según su informe, con estas manifestaciones los jueces únicamente pretendían exteriorizar “una preocupación frente a las consecuencias de un acuerdo” y trasladar a los ciudadanos “la necesidad de respetar la separación de poderes y la independencia judicial”. 

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), de tendencia progresista, sí firmó el comunicado junto al resto de asociaciones judiciales que criticaba las menciones al 'lawfare' en el acuerdo entre el PSOE y Junts. Sin embargo, no secundó las movilizaciones de jueces. En un mensaje en la red social X —antes Twitter— este colectivo señaló que esas convocatorias “no garantizan” que los magistrados mantengan “una imagen de imparcialidad y neutralidad”."                 (Elena Herrera, eldiario.es, 08/02/24)

García Castellón y el ‘lawfare’ reversible: “línea roja” de protección a la dirección del PP y un centenar de casos archivados... A las instrucciones desproporcionadas contra la izquierda y los independentistas se suma la insistencia del juez de la Audiencia Nacional en no investigar a Cospedal o Rajoy en el caso Kitchen y a las masivas exculpaciones de cargos del PP madrileño en las causas de corrupción Púnica y Lezo

 "La utilización de la justicia para atacar al adversario político tiene su reverso en la protección de uno de los contendientes. La actuación de Manuel García Castellón recoge indicios de ambas versiones de la politización de la justicia en los últimos años, tanto en la actuación desproporcionada contra la izquierda y los independentistas como en la protección de la principal formación de la derecha, el Partido Popular. Alrededor de la dirección del partido, el magistrado trazó una infranqueable “línea roja” para evitar una investigación, según denunció la Fiscalía Anticorrupción en el caso Kitchen. Para 270 investigados en las causas de corrupción Púnica y Lezo, el juez dictó autos de archivo; un centenar de ellos corresponden a cargos públicos del PP. 

La negativa del juez a circunscribir la operación parapolicial de espionaje a Luis Bárcenas al Ministerio del Interior delimitó las responsabilidades en personas ajenas al Partido Popular, ya fueran los policías investigados o los políticos Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez. El ex ministro fue expulsado del partido; Martínez militó apenas dos años y rompió su carnet. Había indicios acumulados de que las maniobras contra el ex tesorero del PP eran conocidas -si no dirigidas- desde Génova, en cuyos despachos de la zona noble estaban los mayores interesados en que alcanzaran su objetivo.

El juez dictó el fin de la instrucción de la pieza 7 del caso Villarejo, denominada Kitchen, el 29 de julio de 2021, último día laborable antes de las vacaciones estivales de aquel año. El recurso de la Fiscalía Anticorrupción llegó en septiembre. En él, los fiscales calificaban de “sorpresivo” el cierre de la investigación, cuando aún quedaban diligencias por practicar. Reconocían que los indicios contra los policías y los políticos de Interior eran más contundentes que contra la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el presidente Mariano Rajoy, pero ¿por qué no quería indagar el juez sobre los que apuntaban a la cúpula del PP?

En la página 67 del extenso recurso, Anticorrupción afirmó: “Lo que parece es que ese paso no se quiere dar. Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación. Kitchen, en la instrucción, no es más que esto, se llega a decir por el instructor después de describir los hechos que se conocían al inicio de la pieza separada número 7 [Kitchen]”.

En el momento de los hechos que se investigaban, Cospedal era presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, pero ni desempeñaba un puesto en el Gobierno ni mucho menos en el Ministerio del Interior. Pese a ello se reunió en múltiples ocasiones con Villarejo, un policía ajeno a la causa judicial de Gürtel y la caja B pero que presumía de haberla cortocircuitado para que no alcanzara a la cúpula del PP. Consta en las anotaciones de su agenda, a la que Asuntos Internos y Anticorrupción dan credibilidad tras constatarla con hechos que están acreditados. En ellas se recogen las visitas a la sede del PP del comisario, por el garaje, sin que nadie pudiera verlo. También, los pagos que habría recibido de Cospedal, a través del jefe de gabinete de esta. E incluso la grabación en la que la entonces número dos del partido y su marido encargan “trabajos puntuales” al policía. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó todos los recursos y apoyó el archivo de la causa. 

El cierre de la instrucción también afectaba a Mariano Rajoy, ex presidente del Gobierno y del Partido Popular. El juez había abierto una línea de investigación, mucho más incipiente, sobre si era cierto que Villarejo se comunicaba directamente con él, como el comisario había asegurado ante el Congreso de los Diputados. Cuando El País publicó meses después un audio en el que Cospedal pide por teléfono al comisario que “pare” la publicación de los papeles de Bárcenas, la contabilidad del dinero negro del partido, el juez tampoco vio motivos para reabrir la investigación. La instancia superior volvió a darle la razón. 

Los indicios de que Cospedal habría dirigido las actuaciones tendentes a anular las causas judiciales contra el partido renacen en una pieza que lleva instruyéndose poco más de un año y de la que solo se supo cuando la Sala de lo Penal, esta vez en contra del criterio del juez, le ordenó reabrirla. Los magistrados consideraban que García Castellón no había practicado las diligencias mínimas solicitada por el principal perjudicado y le obligaron a llamar a declarar, entre otros, a María Dolores de Cospedal como testigo. Ese perjudicado, el abogado Javier Gómez de Liaño, acaba de solicitar nuevas diligencias sobre las que el juez debe decidir. La pieza trata de esclarecer una maniobra para atribuir delitos al entonces letrado de Bárcenas por orden de un “lobby jurídico” detrás del cual estaría el PP y la propia Cospedal.

Púnica, Lezo y tres ex presidentes madrileños

Manuel García Castellón regresó a su plaza en el Juzgado Central de Instrucción número 6 en 2017. En aquel momento, el juzgado estaba empantanado con dos voluminosos casos de corrupción sobre la gestión del Partido Popular en la Comunidad de Madrid: Púnica y Lezo. Junto a los casos Gürtel y PP, se trataba de las causas que provocaban un mayor desgaste al partido: tres presidentes de la Comunidad de Madrid han estado imputados –Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González– así como el secretario general del PP provincial Francisco Granados. Los dos últimos han pasado largas temporadas en prisión. 

 En ambas causas de corrupción han resultado eximidos de responsabilidad 270 investigados, de los que un centenar son cargos del PP y otras personas vinculadas al partido, según un cálculo adelantado por El Plural. De las distintas piezas que componen las macrocausas hay una que ata a ambas y que destaca sobre el resto, la que investiga la financiación irregular del partido en Madrid. En la misma, García Castellón dictó el sobreseimiento provisional de 57 personas de las que 23 son cargos del PP.

En este cálculo se incluyen los archivos que fueron apoyados por la Fiscalía Anticorrupción o ratificados por la Sala de lo Penal, si bien algunos de los casos más destacados quedaron fuera de la causa con la oposición del Ministerio Público. Las fiscales del caso Púnica aspiraban al procesamiento de Esperanza Aguirre, pero una orden del fiscal jefe de Anticorrupción hizo que no firmaran el informe final en el que quedaba fuera la ex presidenta."                          (Pedro Águeda  , eldiario.es, 9 de diciembre de 2023)

Moix, el jefe Anticorrupción que dimitió por tener una 'offshore', dirigirá los expedientes disciplinarios de los fiscales

"Manuel Moix, actual fiscal de Sala en el Tribunal Supremo (TS) que estuvo al frente de la Fiscalía Anticorrupción hasta que renunció por el escándalo de su participación en una sociedad offshore panameña desvelado por infoLibre–puedes consultar aquí todo el dosier del caso– ha sido designado nuevo Promotor de la Acción Disciplinaria del Ministerio Público. Eso sí, sin el apoyo mayoritario del Consejo Fiscal.

Según ha informado la Fiscalía General del Estado (FGE) en un comunicado, también se ha nombrado al fiscal de la Audiencia Nacional Manuel Campoy como su sustituto en dicho cargo. A partir de ahora, el ex fiscal jefe de Anticorrupción será el encargado de incoar y tramitar los expedientes disciplinarios en el Ministerio Público.

Las fuentes fiscales consultadas por Europa Press indican que la designación de Moix ha salido adelante tan solo con el apoyo de las dos vocales natas del Consejo Fiscal: el teniente fiscal del Tribunal Supremo y la inspectora jefe, María Ángeles Sánchez Conde y María Antonia Sanz, respectivamente.

Ninguno de los nueve vocales electivos le han respaldado, ya que en su mayoría –los seis de la Asociación de Fiscales (AF) y el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)– se han decantado por Francisco Moreno, fiscal de sala que desempeña la Jefatura de la Unidad de Apoyo al fiscal general.

No obstante, cabe recordar que el Consejo Fiscal se limita a expresar su parecer en materia de nombramientos y finalmente es su presidente, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien decide. Las fuentes recalcan que se ha primado su conocimiento del derecho contencioso-administrativo.

El criterio del fiscal general también se impuso con la propuesta de nombramiento para cubrir la plaza de fiscal de sala de la Sala de lo Militar del TS, que fue adjudicada a su predecesora, Dolores Delgado, a pesar de que solo votaron a su favor las vocales natas y los dos vocales electivos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecieron tanto ella como su sucesor en el cargo.

Las citadas fuentes han indicado que entre los motivos que han pesado en los vocales electivos del Consejo Fiscal para no arropar a Moix destaca su salida de la Fiscalía Anticorrupción.

Una sociedad 'offshore'

Moix estuvo al mando de Anticorrupción apenas tres meses, de marzo a junio de 2017. Tuvo que presentar su renuncia "irrevocable por motivos personales" tras la polémica desatada después de que este diario desvelara que desde 2012 era dueño junto a sus hermanos del 25% de una sociedad offshore constituida en 1988 en Panamá con una propiedad inmobiliaria en Collado Villalba (Madrid).

Nacido en 1958 y de tendencia conservadora, defendió desde el primer momento que estaba al día con Hacienda y que ya declaró la propiedad de la vivienda, un chalet valorado en más de medio millón de euros que heredó de sus padres.

Esa última polémica estuvo precedida por otras referidas a la gestión del departamento y a varios enfrentamientos con algunos miembros de su equipo respecto de investigaciones que afectan al Partido Popular, como son los casos Púnica y Lezo.

En relación al último, este diario destapó, poco antes de hacer público lo de la sociedad panameña, que como fiscal de Madrid había impedido hasta en tres ocasiones que se investigara la trama societaria creada por el expresidente madrileño Ignacio González y su familia para lucrarse con la construcción y explotación del campo de golf del Canal de Isabel II.

"Se llama Moix y es un tío serio y bueno", decía el exlíder del Ejecutivo madrileño sobre el fiscal a su amigo Eduardo Zaplana hace años en una charla telefónica. Una intervención, pinchada por la UCO de la Guardia Civil, que arrancaba así así: "Yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción, ¿sabes? Y... yo creo que va a ser él, si sale es cojonudo".                 (InfoLibre, 30/09/22)

Fondos buitres, jueces carroña... El escándalo de los regalos recibidos por los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos comienza a anestesiar la sensibilidad ética de la población... el juez Alito debió excluirse de un caso que resultó en un fallo que le dio a su amigo Singer 2.400 millones de dólares de las arcas argentinas... El nuevo escándalo del juez Alito se suma al de su colega de la Corte Suprema, Clarence Thomas, también por recibir regalos de cientos de miles de dólares por parte de amigos millonarios. ¿Es que ya no se puede tener amigos millonarios? Uno de ellos, Leonard Leo lo apoyó en su nominación a la suprema Corte, al igual que hizo con los otros jueces, Roberts, Alito, Gorsuch, Kavanaugh y Barrett... Kyle Herrig, director del Proyecto de Integridad del Congreso y presidente del organismo de control Accountable US, dijo que “a medida que la crisis de corrupción de la Corte Suprema crece con otra aparente violación del código de ética de la Corte, no sorprende que Leonard Leo esté justo en el medio. Él es la influencia corruptora responsable de esta podredumbre”

 "El 13 de setiembre de 2023, la representante por Nueva York, Alexandra Ocasio-Cortez inquirió en el Congreso a la profesora Kathleen Clark. Según esta experta en ética, no quedan dudas: el juez Samuel Alito no debió intervenir en el caso de los fondos buitres contra Argentina por un conflicto de intereses. El escándalo de los regalos recibidos por los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos comienza a anestesiar la sensibilidad ética de la población por dos razones: Una, porque ya no son novedad; otra porque queda claro que la ley es igual para todos pero no se aplica de la misma forma. Incluso, se aplica diferente para un juez de tribunales inferiores que para aquellos en las alturas. Y, como todo lo que está en las alturas del poder, los amigos suelen ser más que multimillonarios y estar dotados de superpoderes estilo Superman o el Hombre Araña.

En 2014, el tribunal acordó resolver una cuestión clave en una batalla de una década entre el fondo de cobertura del multimillonario Paul Singer y la Argentina. Singer ha sido definido por la revista Fortune como “uno de los inversores más listos e impiadosos de la industria de los fondos de cobertura (fondos buitres)”. Un especialista en volar en búsqueda de países quebrados por el mismo juego que Singer sabe jugar muy bien.

Pero para ser listo, exitoso e impiadoso hay que tener buenos amigos en el poder. Singer es conocido de muchos jueces de varios países, entre ellos los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, y no en pocas ocasiones ha solicitado a la Corte Suprema que falle a su favor en disputas comerciales de alto riesgo. De lo poco que se puede saber, ahora se sabe que en el año 2008 llevó en su jet privado al juez Alito a Alaska en el verano de 2008 a un costo de 100.000 dólares por viaje, mientras participaba en el caso de alto riesgo entre los fondos buitres de su amigo y el gobierno de Argentina.

Luego de que el gobierno de Argentina propusiera un plan de negociación del restante de su deuda en 2013, el caso finalmente llegó a la Corte Suprema en Washington, y Alito se unió a la decisión contra el país sudamericano. En 2016, el nuevo gobierno argentino llegó a un acuerdo de pago con Paul Singer (quien un par de años antes había forzado al país a un default técnico), aceptando un acuerdo más beneficioso con el pago del 75 por ciento de la deuda.

Según declaró en el Congreso la profesora Kathleen Clark, si el juez de la Corte Suprema, Samuel Alito, estuviera sirviendo en un tribunal inferior, se le habría exigido que se abstuviera de participar en los casos del multimillonario de los fondos buitres Paul Singer. Esta declaración fue realizada el 13 de setiembre en la Cámara de Representantes en una audiencia del Comité de Supervisión sobre litigios de terceros en los tribunales de la nación ante el cuestionamiento de la representante demócrata de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez.

Pero para los jueces de la Corte Suprema las reglas y leyes que aplican al resto de los jueces son sugerencias para ellos. Según la ley, el juez Alito debió excluirse de un caso que resultó en un fallo que le dio a su amigo Singer 2.400 millones de dólares de las arcas argentinas.

“No se recusó de este caso y, de hecho, usó su puesto en la Corte Suprema después de todo esto para fallar a favor de Singer… Tras la decisión, el fondo de cobertura del señor Singer recibió finalmente 2.400 millones de dólares debido a este fallo” Luego, la congresista Ocasio-Cortez señaló una imagen ampliada del millonario Paul Singer y el juez Samuel Alito pescando y concluyó: “No es un mal retorno de la inversión para un viaje de pesca”.

Cuando Ocasio-Cortez preguntó a la profesora Clark si un juez federal tendría que recusarse si estuviera en el lugar de Alito, la experta confirmó: “Sí, hay un estatuto federal que requiere la recusación tanto de los magistrados como de los jueces bajo ciertas circunstancias”.

El estatuto que citó Clark requiere la recusación cuando el juez sabe que él, como individuo o fiduciario, tiene un interés financiero en el tema en controversia o en una parte del procedimiento que podría afectar de alguna forma la decisión del juez.

También el profesor Abbe Smith estuvo de acuerdo: Alito no debió tomar el caso. Para Virginia Canter, ex abogada de ética gubernamental, un viaje gratis en avión privado no es un aceptable para un juez de la Suprema Corte. Los jueces están obligados a declarar regalos por más de 400 dólares. La excepción sólo cubre comida, alojamiento y hasta entretenimiento, confirmó Canter.

En su defensa, el juez Alito dijo que el albergue de pesca en Alaska era “cómodo pero rústico” y servía “comida casera”. La última noche, uno de los invitados se jactó de que el vino que estaban bebiendo costaba 1.000 dólares la botella, pero el juez declaró no recordar si había bebido vino esa noche. Sí recordaba no haber hablado nunca de negocios con el campeón de los fondos buitres y, casualmente, su taxi, guía turístico y anfitrión, Paul Singer.

Según críticos, quien más créditos tiene en el logro de tribunales federales poblados de jueces conservadores es el activista de los millonarios Leonard Leo. Recientemente recibió 1.600 millones de dólares para promover su loable trabajo y, aparte de ser amigo del juez Alito y del magnate Singer, también fue uno de los invitados a Alaska esos días de 2008, ahora en cuestionamiento.

Todo lo cual serían datos irrelevantes ya que, según el mismo Leonard Leo, “nadie que sea objetivo y esté bien informado de cómo funciona el poder judicial, podría creer honestamente que los jueces deciden casos para ganarse el favor de sus amigos o a cambio de un asiento de avión gratis o de un viaje de pesca.

Como sea, Paul Singer ganó el fallo contra Argentina por miles de millones de dólares en una corte conformada por amigos y solo él se embolsó 2.400 millones de dólares, gracias al fallo del tribunal superior, conformados por jueces independientes que luchan contra la corrupción―legalizándola.

El nuevo escándalo del juez Alito se suma al de su colega de la Corte Suprema, Clarence Thomas, también por recibir regalos de cientos de miles de dólares por parte de amigos millonarios. ¿Es que ya no se puede tener amigos millonarios? Uno de ellos, Leonard Leo lo apoyó en su nominación a la suprema Corte, al igual que hizo con los otros jueces, Roberts, Alito, Gorsuch, Kavanaugh y Barrett.

Kyle Herrig, director del Proyecto de Integridad del Congreso y presidente del organismo de control Accountable US, dijo que “a medida que la crisis de corrupción de la Corte Suprema crece con otra aparente violación del código de ética de la Corte, no sorprende que Leonard Leo esté justo en el medio. Él es la influencia corruptora responsable de esta podredumbre”."             (Jorge Majfud , Rebelión, 18/09/2023)

El principal problema que tiene la democracia española no son los políticos, los partidos, la polarización del Parlamento o la crispación, sino que es la Justicia. España necesita una verdadera revolución en todo lo que se refiere al funcionamiento de los tribunales, revolución que debe iniciarse con una investigación a fondo y sin piedad de todos y cada uno de los jueces, magistrados y fiscales... La situación de los tribunales es crítica. En España se adoptan decisiones injustas a sabiendas de que lo son, sin que los jueces que las adoptan o los fiscales que las incitan sufran castigo alguno. En España no hay tribunales de Justicia, sino corporaciones de generar injusticias y dolor... Los jueces han implantado una dictadura judicial... En España ya no hay ruido de sables en los cuarteles, sino rasgueo de togas en los tribunales (J. A. Gómez)

 "El principal problema que tiene la democracia española no son los políticos, los partidos, la polarización del Parlamento o la crispación, sino que es la Justicia. España necesita una verdadera revolución en todo lo que se refiere al funcionamiento de los tribunales, revolución que debe iniciarse con una investigación a fondo y sin piedad de todos y cada uno de los jueces, magistrados y fiscales.

Evidentemente, esto no se soluciona con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sino que esa inspección ha de ser individual, cotejando las decisiones tomadas por los profesionales de la Justicia y si éstas han sido adoptadas de manera libre o ha habido injerencias externas.

La situación de los tribunales es crítica. En España se adoptan decisiones injustas a sabiendas de que lo son, sin que los jueces que las adoptan o los fiscales que las incitan sufran castigo alguno. En España no hay tribunales de Justicia, sino corporaciones de generar injusticias y dolor.

Además, se ha llegado a un punto en que las actuaciones de jueces y fiscales, siempre favoreciendo a los poderosos, gozan de una impunidad muy superior a la que tiene el Jefe del Estado con su inviolabilidad. Nadie puede toser a un juez porque, en el momento en que un ciudadano o una empresa denuncia las injusticias perpetradas, entonces se produce una concatenación de represalias que terminan con la vida del osado que se ha atrevido a cuestionar una sentencia. 

En España no sirve la máxima de «hay que respetar las decisiones judiciales» porque la gran mayoría de las que se toman en las altas instancias proceden de comportamientos presuntamente corruptos o de sublimar intereses espurios. (...)

Los jueces, y esto requerirá un análisis paralelo, han implantado una dictadura judicial que les coloca, en pleno siglo XXI, en la misma posición que los militares durante la Transición. En España ya no hay ruido de sables en los cuarteles, sino rasgueo de togas en los tribunales. Ante esto, Sánchez ya debería saber lo que tiene que hacer y a la ciudadanía no le importaría que, por tomar decisiones justas, le llamaran jacobino."         (J. A. Gómez, Diario16, 02/08/23)

Los jueces también votan… a la derecha

 "En un corto espacio de tiempo, ha habido jueces de instrucción que han utilizado la potestad que tienen para decretar secretas las investigaciones sumariales que llevan a cabo de tal manera que han perjudicado electoralmente a la izquierda.

 De la sentencia del Supremo que avala las reducciones de penas por delitos de agresión sexual nada que comentar. Que a nadie se le oculta la intencionalidad política de una sala que ha sido criticada hasta límites extremos por su parcialidad. Su mala imagen lo dice todo. La ciudadanía apenas cree en la justicia por culpa de decisiones como la adoptada por los “chicos” de Manuel Marchena. Tiempo habrá para analizar los fundamentos de hecho y de derecho que utilizan los jueces para señalar que la disposición transitoria del Código Penal de 1995 no sirve para este caso.

Lo realmente preocupante es que, en un corto espacio de tiempo, dos jueces de instrucción han utilizado la potestad que tienen para decretar secretas las investigaciones sumariales que llevan a cabo de tal manera que han perjudicado electoralmente a la izquierda. Dos días antes de los comicios del 28M la jueza de instrucción del Caso Maracena levantó el secreto de un sumario en el que se señala a la alcaldesa como inductora del secuestro de una concejala que iba a denunciarla por corrupción urbanística. El resultado es que el PSOE ha perdido votos y concejales en la localidad.

Pero si tendencioso fue el levantamiento del secreto del sumario en el Caso Maracena, más descarada ha sido la actitud del instructor del llamado Caso Oltra. Una pieza separada de la investigación judicial al exmarido de la exvicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, por presunta agresión sexual a una menor, que fue declarada parcialmente secreta.

Un informe policial desmonta la acusación de la ultraderechista Cristina Seguí, la denunciante que dijo que la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana estaba al corriente del delito de abusos que se imputa a su exmarido porque así se especificaba, según ella, en correos internos de la Conselleria de Igualdad de la que era titular. Dicho informe, incorporado al sumario, desmonta esta versión. No existen esos correos y Mónica Oltra desconocía las actividades presuntamente delictivas de su expareja. Oltra dimitió y su partido, Compromís, ha pagado las consecuencias en las urnas.

 Tal vez le hubiese ido mejor a la izquierda en Valencia si el juez hubiese levantado el secreto del sumario y dado a conocer este informe policial que lleva fecha del 10 de mayo, 18 días antes de la celebración de los comicios. El juez lo ha dado a conocer una semana después, cuando ya no tiene remedio.  Dicho informe ratifica la versión de Oltra: ordenó a su equipo que indagara lo que había pasado después de enterarse, el 4 de agosto del 2017, de que la fiscalía de menores investigaba a su exmarido tras haber recibido el auto en el domicilio que aún compartían. De hecho, los e-mails que se intercambian en su gabinete comienzan el 8 de agosto. En esos correos no se hablaba de la denuncia por abusos contra su exmarido. En cuanto a la posibilidad de que se hubiesen borrado los mensajes comprometedores, la policía desmonta la tesis de la denunciante. Es imposible no dejar rastro alguno.

Así las cosas, la pregunta es de Perogrullo. ¿Porqué el juez no ordenó el levantamiento del secreto sumarial? Las razones del magistrado sólo las conoce él. Lo que si está claro es que el Caso Oltra influyó en las elecciones autonómicas valencianas donde Compromís sufrió un serio descalabro.

Y para colmo está la dilación del juicio contra Francisco Camps que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional. Una vista oral que debería haber concluido hace unas semanas pero que, bien por motivos ajenos al tribunal como son las huelgas de letrados y de los funcionarios, o bien porque se aplazan interrogatorios de algunos testigos, se está prolongando más de la cuenta. Hasta tal punto que el principal acusado, el expresidente de la Generalitat valenciana, está barajando el retorno a la política incluso antes de que se celebren las elecciones generales. Sobre él ni siquiera pesa una sentencia condenatoria y eso lo considera “un activo”

También en estas dilaciones tienen mucho que ver los continuos enfrentamientos entre la fiscala, Concepción Nicolás, y el presidente del tribunal, José Antonio Mora. Este no hace más que llamar la atención a la acusadora pública “por la improcedencia” de algunas de sus preguntas. La última reprimenda ha tenido lugar este miércoles cuando el magistrado ha reprochado a la fiscala que estuviese mirando el móvil en lugar de atender lo que se estaba diciendo en esos momentos. La llamada de atención ha generado un gran malestar en la fiscala, que ha explicado que estaba buscando un artículo en la ley -«señoría, voy a buscar un artículo para poderlo referir literalmente; un artículo que no me sé de memoria»-, y ha denunciado una «quiebra del principio de igualdad» en el procedimiento.

La contestación del juez ha sido contundente: «no tiene nada que ver el principio de igualdad con el tema de que usted utilice el teléfono móvil durante el interrogatorio».

 El ambiente que se respira en el salón de juicios de la Audiencia Nacional no es el más propicio para la celebración de una vista oral donde políticamente hay mucho en juego. Francisco Camps ha salido bien parado de anteriores acusaciones. Este es su ultimo proceso. Y también de los últimos donde se dilucidan las responsabilidades penales de la trama Gürtel. Este asunto se está dilatando tanto que uno de los acusados en la vista oral que se celebra estos días, Francisco Correa, ya ha obtenido el tercer grado penitenciario tras haber cumplido 9 años de cárcel por las condenas en otras piezas judiciales de esta trama."                 (Ernesto Carratalá, Diario16, 09/06/23)

Patricia López, directora de Crónica Libre: «En España hay una Justicia paralela para millonarios y poderosos»

 "Primero fueron las cloacas del Estado, luego aparecieron las cloacas del periodismo y nuestro objetivo ahora es destapar las cloacas de la Justicia. En los últimos días, Crónica Libre ha publicado dos exclusivas que dejan en muy mal lugar al sistema judicial. Por un lado hemos identificado al fiscal de Anticorrupción Carlos Yáñez, como uno de los colaboradores habituales de Villarejo y de «La Mafia” del Grupo Planeta, los editores de Antena 3, La Sexta, Onda Cero y La Razón. Días después, publicamos la prueba definitiva, un vídeo en el que se ve a uno de los representantes de la cúpula del Grupo Planeta manipulando la denuncia contra el empresario Pérez Dolset… ¡dentro de la propia Fiscalía!

Preocupa la corrupción en Anticorrupción

Un escándalo mayúsculo ante el que Corrupción ha decidido callar. El fiscal Manuel Moix, responsable del sistema disciplinario de la Fiscalía Anticorrupción, una especie de asuntos internos, no sólo no ha salido a desmentir las informaciones de este medio -no puede, tenemos todas las pruebas de todo lo que publicamos- sino que tampoco ha comunicado las medidas que va a tomar en este asunto. 

La corrupción en Anticorrupción es un tema que preocupa -y mucho- a la sociedad. Es un escándalo mayúsculo que en otras democracias más asentadas -o menos podridas- hubiera sido portada de todos los medios de comunicación y ya hubieran rodado cabezas. Aquí sólo el Canal Red de Pablo Iglesias y los compañeros de Spanish Revolution se hicieron eco de la noticia. Dos medios jóvenes, pequeños e inconformistas haciendo el papel que no han hecho los grandes grupos de comunicación: periodismo.

Con la venda, su señoría

La periodista Marina Lobo invitó a su programa de Twitch a Patricia López, directora de Crónica Libre y la persona que ha firmado todas las informaciones que han puesto en tela de juicio a la judicatura. No podía tener mejor invitada en un espacio llamado Con la venda, su señoría para hablar de que, a veces, la Justicia no es ciega, sino que mira a otro lado.

«¡Qué suerte que estáis vosotros, menos mal, que si no… no sólo no nos enteraríamos, sino que seguirían riéndose de nosotros!», repetía la presentadora después de leer las exclusivas publicadas por Crónica Libre. La entrevista, que fue más una charla distendida entre dos mujeres que saben lo que preguntan y de lo que hablan, empezó tratando el tema de la imputación del Grupo Planeta, de su presidente, Luis Crehueras y el secretario del Consejo, Luis Elías por delitos de falsedad en documento privado, revelación de secretos, denuncia falsa y estafa procesal, otra exclusiva que desveló este medio.

 «Estaba comentando la gravedad de este asunto, porque es increíble. Además de la inseguridad que nos da con todo esto la Administración de Justicia y más desde anticorrupción, teniendo topos que llevan a cabo estos actos. No deja de ser que estas personas sean más privilegiadas que las otras, que ya de por sí que cuentan con una posición privilegiada y todavía tienen más privilegios como el que se les pueda pasar borradores de de las querellas», decía Marina Lobo.

 Corrupción silenciosa

«Cuando intentamos explicar en las cloacas de Interior descubrimos que Villarejo tenía una policía paralela al servicio de millonarios. En este caso, podemos decir que existe una justicia paralela al servicio de millonarios, poderosos y de los grandes grupos. Esos acaban siendo luego miembros de los servicios jurídicos de estos grandes empresarios, tienen una salida fácil, un retiro de oro«, denunciaba Patricia López. «Es una corrupción silenciosa. En España no hay ni jueces ni hay fiscales que cometan delitos, ninguno. Es una profesión privilegiada que están por encima de todo ser humano, saben que a ellos no les pasa nada«, sentenció la directora de Crónica Libre.

Escuchando a Patricia López, los espectadores pudieron sentir el infierno y la impotencia que debió vivir el empresario Pérez Dolset, el denunciante que ha provocado la imputación de «La Mafia» de Planeta cuando fueron a por él: inventaron pruebas y cuentas con millones que no se han encontrado porque nunca existieron y llegó a pasar 20 días en la cárcel. «Fue la ruina de esa persona«, se lamentaba López. Y todo gracias a la ayuda inestimable de un fiscal, que a día de hoy no ha sido expulsado. «Anticorrupción debería llamarse pro corrupción«, añadía a modo de chascarrillo.

La cuenta de Pablo Iglesias en Islas Granadinas

No hubo asuntos sobre cloacas policiales, mediáticas o judiciales que no quedara en el aire. Patricia López habló de la satisfacción personal que tuvo al demostrar que la cuenta de Pablo Iglesias en las Islas Granadinas donde tenía dinero de Venezuela era falsa. A raíz de ello no pudieron dejar de hablar del rabo de «La Mafia» del Grupo Planeta, ese con el que monta cuentas falsas.

«Si no fuera por vuestra valentía de investigar y darlo a conocer«, rezaba uno de los cientos de mensajes que iban apareciendo en la pantalla a lo largo de la entrevista. La palabra «gracias» se repetía varias veces en los mensajes sobreimpresionados en la pantalla. «Si no fuera por estas cosas… ¿sabes? Porque la gente se da cuenta de lo que hacemos y lo agradece… si no fuera por mensaje como estos me hubiera hundido totalmente«, se emocionaba la fundadora de este medio. «Ha sido un camino muy duro, he tenido la espada de Damocles de las demandas sobre mi cabeza mucho tiempo. Las he ganado todas, ahora somos un grupo pequeño pero durante mucho tiempo he estado yo sola«.

La periodista de Spanish Revolution, Marina Lobo y la audiencia se quedaron con ganas de mas. «Volveré siempre que me invites, sois los únicos que lo hacéis«, dijo con sorna López ante el silencio informativo del resto de medios sobre nuestras exclusivas. «Seguid así, no paréis«, respondieron, ante lo que Patricia López contestó con una amenaza muy aplaudida entre los asistentes virtuales: «No vamos a parar. En Crónica Libre somos un grupos de mujeres y somos todas socias, que ya nos han echado de todos los sitios y ya no tenemos donde ir. Así que no tenemos ningún problema en seguir para adelante«.

Este texto queda visto para sentencia."                     ( David Arnanz , Crónica Libre, 13 de mayo de 2023)

Europa acaba con la impunidad de los jueces españoles... Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala que los órganos responsables de los procedimientos disciplinarios contra los jueces deben ser independientes e imparciales, por tanto, el actual sistema español por el que se archivan decenas de miles de denuncias queda absolutamente desacreditado

 "El mayor problema que tiene España no es la inflación, el desempleo, la incapacidad política, la Monarquía o la corrupción. La Justicia se ha convertido en la mayor problemática que afecta a la vida de los ciudadanos de una manera directa puesto que, además de la confirmada corrupción judicial existente, se suma la impunidad de los jueces ante los continuos atropellos que perpetran día sí y día también.

En España no hay justicia, salvo que tengas la posibilidad de contratar a los grandes despachos de abogados que pueden resolver asuntos espinosos de manera directa o a través del tráfico de influencias que tan bien pagan. A ese nivel no pueden llegar el 99% de los ciudadanos y, en consecuencia, el 1% restante es el que se lleva, en la mayoría de los casos, las sentencias favorables.

La problemática de la justicia en España no está en el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o en las mayorías de jueces conservadores o progresistas que sirven de correa de transmisión de los intereses políticos. El problema de la justicia en este país es que el propio sistema ha creado un escenario basado en la más absoluta impunidad.

Tal y como publicamos y analizamos en Diario16, la ley española viola la Constitución para blindar a los jueces, dado que la aplicación que se hace de la recusación en los procedimientos judiciales conculca derechos fundamentales y constitucionales. Además, causa indefensión a la parte recusante al limitar sus derechos de defensa, audiencia, contradicción y prueba.

 Además, según expertos juristas consultados por Diario16, es manifiestamente inconstitucional, nula y contraria al Derecho de la Unión Europea y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque otorga unos privilegios de tratamiento para los jueces y magistrados que no ostenta ningún otro ciudadano.

Por otro lado, está el modo en que se gestionan las acciones disciplinarias contra los jueces porque es una evidencia de que no es muy ético, por no decir alegal. Una persona que tenga que juzgar a otra tiene que ser absolutamente libre e independiente. Sin embargo, en España, los jueces son los que juzgan a sus compañeros de carrera profesional, lo que provoca que las barrabasadas legales que se ejecutan en España pasen sin ningún tipo de sanción disciplinaria.

Sin embargo, una vez más ha tenido que ser Europa la que entre en juego y dicte jurisprudencia que es de obligado cumplimiento para todos los Estados miembro de la Unión Europea.

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha determinado que e órgano responsable de los procedimientos disciplinarios contra los jueces debe ser independiente e imparcial. Esto no sucede en España, puesto que a la hora de interponer sanciones contra un juez o magistrado, la responsabilidad recae sobre la Comisión Disciplinaria y el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ. Jueces juzgando a jueces.

La sentencia del TJUE confirma su jurisprudencia por la que el régimen disciplinario aplicable a los jueces que pueden tener que aplicar el Derecho de la Unión debe presentar las garantías necesarias para evitar cualquier riesgo de que dicho régimen se utilice como instrumento de control de sus actividades.

En consecuencia, las normas que regulan la organización y el funcionamiento de un órgano competente para llevar a cabo las investigaciones disciplinarias y para ejercer una acción disciplinaria contra jueces y fiscales deben respetar las exigencias que se derivan del Derecho de la Unión y, en particular, del Estado de Derecho.

Según indicaban las conclusiones del Abogado General de la UE, «las garantías de independencia e imparcialidad exigidas en virtud del Derecho de la Unión postulan la existencia de normas, en particular en lo relativo a la composición del órgano, el nombramiento, la duración de las funciones así como las causas de abstención, recusación y cese de los sus miembros, que permiten disipar cualquier duda legítima, en la mente de los litigantes, sobre la impermeabilidad de este órgano frente a los elementos externos y su neutralidad frente a los conflictos de intereses».

Además, un aspecto muy importante de esta sentencia es el hecho de que no indique en ningún momento que ese órgano tenga que estar constituido por jueces porque, evidentemente, la independencia y la imparcialidad quedarían muy en duda."         (José Antonio gómez, Diario16, 13/05/23)

El presidente de la Audiencia Nacional aconsejaba al número 2 de Interior del PP en plena investigación de la operación Kitchen

 "La SER accede a la cadena de whatsapps cruzados entre el presidente de la Audiencia, José Ramón Navarro, y el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, incorporados al sumario. El presidente de la Audiencia le informaba sobre la investigación judicial bajo secreto, accedió buscarle un auto reservado del juez para preparar su “defensa” y a trasladarle el contenido de interrogatorios secretos. José Ramón Navarro afirma a la SER que se limitó a darle "largas" a una persona "desvalida".

 El juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha levantado el velo a miles de mensajes de WhatsApp del exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, a quien la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel por malversación, encubrimiento y delitos contra la intimidad por el espionaje ilícito al extesorero del PP, Luis Bárcenas, en la operación Kitchen.

Entre esas cadenas de mensajes, figuran las conversaciones mantenidas por Martínez entre el 14 de febrero de 2019 y el 23 de enero de 2020 con el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, el mismo órgano jurisdiccional que le acabó imputando.

Es casi un año con centenares de mensajes en los que Martínez pide información sobre el transcurso de la investigación secreta a Navarro, le tantea sobre la posición de la Fiscalía o la actitud del juez del caso, pregunta por su futuro judicial y la posibilidad de que termine imputado, o reclama un auto judicial secreto para preparar su defensa así como conocer el contenido de la declaración reservada de un comisario involucrado en la causa.

El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, en ningún momento se niega ante las peticiones de Martínez, cuya futura imputación ya se rumoreaba al poco tiempo de iniciar la cadena de mensajes. Contesta con frases como “ya te cuento en cuanto sepa”, “me entero y te digo, “mañana te digo en cuanto salga de las oposiciones”, le transmite “tranquilidad” o se compromete a contarle “cuál es la idea” del juzgado una vez ya habían anunciado su imputación, en enero de 2020.

José Ramón Navarro, niega a la SER que diera jamás información alguna a Francisco Martínez. Asegura que se limitó a darle “largas” y concede que pudo pecar de “imprudencia” por no cortar el flujo de mensajes ante una persona que le pareció “desvalida”.

Algunas de las conversaciones no permiten determinar si ciertas peticiones de Martínez tuvieron éxito, pero las reclamaciones del exsecretario de Estado se prolongaron durante casi un año y en varias ocasiones Martínez agradece a José Ramón Navarro sus esfuerzos; “si buenamente te puedes enterar de algo te lo agradecería mucho, como siempre”, le escribe el 8 de octubre de 2019.

El presidente de la Audiencia Nacional incluso invitó a su casa a cenar a Francisco Martínez en primavera de 2019, cuando se hizo público que el entonces líder del PP, Pablo Casado iba a prescindir de él y del resto de posibles implicados en la Kitchen, a la hora de configurar las listas de aquellas elecciones. En un cruce de whatsapps, José Ramón Navarro y Martínez discutieron sobre quién iba a llevar el vino Vega Sicilia para aquella cena.

Conversación fechada el 02/04/19 (El secreto de sumario no fue levantado hasta septiembre de 2020)

- Francisco Martínez (FM): Buenos días! Hay alguna posibilidad de tener el Auto del JCI 6 de 23 noviembre 2018 que solicitó al Consejo de Ministros la desclasificación de Kitchen?? Estoy preparando argumentos de defensa, solo por si acaso.... Abrazos

- José Ramón Navarro (JRN): Mañana te digo Paco !

- FM: Cuando buenamente puedas….

- JRM: En cuanto salga de las oposiciones!

8/10/19

- Francisco Martínez: Hola José Ramón. Leo en prensa que hoy declaraba otra vez García Castaño. Si buenamente te puedes enterar de algo te lo agradecería mucho, como siempre.

- José Ramón Navarro: 👍🏼

- FM: Un fuerte abrazo

- JRN: Otro enorme Paco, que estoy en el avión ya han cerrado las puertas.

- FM: Por lo que leo, es la misma declaración que hizo en junio... supongo que a alguien le interesa mover el tema en campaña…

- JRN: Ya te cuento en cuanto sepa…

3/07/19

- Francisco Martínez: Querido Jose, no sé si a estas alturas tienes ya alguna intuición de cuándo me citarán.. Siento molestarte tanto. Muchísimas gracias y un abrazo.

- José Ramón Navarro: En cuanto sepa algo te lo indico Paco! Enorme abrazo

22/01/20

- Francisco Martínez: Me han citado el viernes a las 10:30 [como imputado en el caso Kitchen]

- José Ramón Navarro: No me ha comentado nada Ab; a ver qué me cuenta y cuál es la idea

- FM: Pues la idea imagino que será joderme….😂

- JRN: Espero que no! Lo que me extraña es que no me haya comentado nada

6/03/19

- Francisco Martínez: Muchísimas gracias por todo! Y a cenar a casa cuando venís... tengo el Vega Sicilia reservado…

- José Ramón Navarro: Ese lo pongo yo ejjjj

- FM: Noooo

- JRN: Siiiiiii

21/02/2019

Francisco Martínez: Ya han filtrado a la prensa que no iré en la lista de Madrid... obviamente solo son filtraciones, pero ya ves cómo está la cosa. Han citado a varios policías, sinceramente no sé qué buscan pero me preocupa que los fiscales traten de “agitar” este tema en período electoral.

José Ramón Navarro: Estoy fuera en malaga ! Mañana te cuento!

FM: Ok, pero a ti no te han dicho de momento nada diferente de lo que hablamos, ¿verdad?

JRN: Nada

8/04/2019

Francisco Martínez: [Jorge Fernández Díaz] quiere querellarse contra el medio pero se lo voy a desaconsejar. Es darles publicidad, que es lo que buscan…

José Ramón Navarro: Que no se le ocurra, al menos por ahora! Les vendría mejor que bien

El sábado 11 de mayo de 2019 a las 19:58 se produce la siguiente conversación:

Francisco Martínez: Querido Jose, hoy vuelven a llamarme periodistas para decirme con seguridad (según ellos) que después del 21/05 me llamarán a declarar. Ya siento ser tan pesadísimo pero vivo esto con bastante angustia y muy poca ayuda, salvo la tuya y de algún otro. Por favor no olvides el tema para que pueda estar preparado anímicamente (además de jurídicamente). Disculpa la lata y un gran abrazo.

José Ramón Navarro: (A las 20:01) El lunes te confirmo lo que haya; por ahora no me suena; pero te lo confirmo el lunes Paco sin Falta; un enorme abrazo!!

El lunes no hubo llamada pero sí el martes 14 de mayo a las 12:37 minutos. Según el registro del teléfono de Martínez, es José Ramón Navarro quien le hace una llamada de WhatsApp, que no dejan rastro de su contenido, pero Martínez no llega a cogerla. Unos segundos después, José Ramón Navarro le escribe:

JRN: Llámame cuando puedas con tranquilidad 😂😂😘

FM: Te llamo en breve

FM: Discúlpame, justo me has pillado en una comida con bastante gente y no podía hablar. Hablamos cuando puedas."                   (Miguel Ángel Campos , SER, 01/02/23)

El poder judicial también se pudre por la cabeza... La putrefacción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se está extendiendo al conjunto de dicho poder y al Ministerio Fiscal

 "La putrefacción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se está extendiendo al conjunto de dicho poder y al Ministerio Fiscal. 

¿Qué dice la Constitución del CGPJ?

Que es un órgano de gobierno del poder judicial y, por tanto, es un órgano de naturaleza política. Justamente por eso, el CGPJ no puede formar parte de dicho poder, es decir, no puede ejercer la función jurisdiccional, que ejercen de manera exclusiva y excluyente los jueces y magistrados que integran el poder judicial (principio de exclusividad). 

Por ser un órgano de naturaleza política, sus miembros tienen que tener legitimación democrática. Y legitimación democrática visible.

(Los jueces y magistrados en cuanto portadores de un poder del Estado también tienen que tener legitimación democrática, pero dicha legitimación les viene de “su sumisión únicamente al imperio de la ley” (art. 117.1 CE). Los jueces y magistrados no reciben su legitimidad democrática de manera directa de las Cortes Generales, sino de la manifestación de voluntad de las Cortes Generales objetivada en la ley. La legitimación democrática de los jueces y magistrados es “objetiva y pretérita” y no resulta, en consecuencia, visible. El Congreso y el Senado no eligen a los jueces, sino que hacen la ley a la que los jueces están sometidos. De ahí que la primera obligación de los jueces y magistrados en el ejercicio de la función jurisdiccional sea la de “hacer visible” su legitimidad mediante “la motivación” de su decisión, es decir, la identificación de la ley y la interpretación de la misma con base en la cual han tomado la decisión que han tomado. “Las sentencias serán siempre motivadas” (art. 122.3 CE) Por “sentencias” hay que entender cualquier decisión de naturaleza jurisdiccional. La “motivación” es la forma en la que se hace visible lo invisible en el ejercicio de la función jurisdiccional).

La legitimación democrática de los miembros del CGPJ, por el contrario, sí tiene que ser una legitimación visible. Porque ellos no ejercen la función jurisdiccional, sino una función política, de “gobierno”.

Legitimación democrática visible solo la transmitimos los ciudadanos y ciudadanas mediante el ejercicio del derecho de sufragio y, con base en el resultado del ejercicio de ese derecho, las Cortes Generales, que es el único órgano constitucional que elegimos directamente los ciudadanos.

Como consecuencia de ello, es obvio que los miembros del CGPJ únicamente pueden ser elegidos por el Congreso de los Diputados y el Senado. Únicamente el órgano constitucional Cortes Generales puede trasmitir legitimidad democrática. No hay ningún otro que pueda hacerlo, porque nadie más la tiene.

De esta transmisión de la legitimidad democrática de manera exclusiva por las Cortes Generales deriva la exigencia de la renovación periódica de los miembros del CGPJ, vinculada a la renovación las propias Cortes. Aunque no se hace coincidir exactamente en el tiempo, solo se admite la desviación de un año. Las Cortes Generales cada cuatro años. El CGPJ cada cinco.   

De dicha transmisión de naturaleza política deriva también la exclusión de la prórroga del mandato. De la misma manera que es improrrogable el mandato de diputados y senadores, tampoco puede serlo el de los miembros del CGPJ. Porque se pierde la conexión en la transmisión de la legitimidad. Transcurrido el plazo del mandato, tanto los diputados y senadores como los miembros del CGPJ carecen de legitimidad para poder continuar ejerciendo la función que tienen constitucionalmente encomendada. Los diputados y senadores pierden la conexión con el “cuerpo electoral”. Los miembros del CGPJ con los depositarios de dicha legitimidad recibida del cuerpo electoral. 

Desde 2018 se está incumpliendo la Constitución de manera manifiesta. El CGPJ carece de legitimación democrática y no está, en consecuencia, en condiciones de ejercer la función de “gobierno” del poder judicial. La prórroga de un órgano de naturaleza política es “constitutivamente anticonstitucional” por la desconexión que supone con el principio de legitimidad democrática.

De esa situación “constitutivamente anticonstitucional” deriva la putrefacción del órgano, que salta a la vista. Y de la prolongación de dicha putrefacción deriva el desorden que empieza a hacerse visible en el conjunto del poder judicial y que se extiende al Ministerio Fiscal, a los Letrados de la Administración de Justicia y a los funcionarios, cuyo trabajo es imprescindible para el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. 

Pruebas de todo ello las estamos teniendo todos los días a través de la información que transmiten los diferentes medios de comunicación. Hasta que se vuelva a respetar la Constitución, el desorden irá a más, no pudiéndose excluir que lleguemos a un punto de no retorno, que no tenga solución en términos constitucionales.

La putrefacción del poder judicial también empieza por la cabeza."                (Javier Pérez Royo , eldiario.es, 4 de mayo de 2023)