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17.12.12

“El concejal se repartía las comisiones con sus amigos del Ayuntamiento”

"Nicolás G. S. recuerda aún su trabajo en el servicio de drogas del Ayuntamiento de Sabadell. “Los pacientes me decían que empezaban casi sin querer y, luego, se enganchaban. 

Yo no les creía, pensaba que lo hacían por decisión propia”. Más tarde se dio cuenta de su error, cuando le ocurrió algo similar con otro objeto de deseo: “El dinero es como la droga. Si decidí denunciar los chanchullos del Ayuntamiento fue para no volver a caer en la tentación”.

A lo largo de 2009, Nicolás hizo de recadero de uno de los principales implicados en la Operación Mercurio, de presunta corrupción urbanística. Se trata de Jordi Soriano, entonces concejal del PP en el consistorio.

 “Soriano era la chica más guapa del baile, te enamoraba. Le habías invitado a nueve cubatas y ni te habías dado cuenta”, explica para ilustrar el poder de seducción del hombre al que los investigadores consideran el intermediario entre los empresarios y la cúpula del Ayuntamiento.

Unas 40 personas están imputadas; entre ellas, el alcalde socialista, Manuel Bustos, y tres de sus concejales. Anticorrupción investiga si los cargos públicos recibieron mordidas de hasta 120.000 euros a cambio de adjudicar obras.

 Nicolás sostiene que sí. Así lo denunció hace tres años ante los Mossos —ese fue el origen de Mercurio— y así lo vivió en la etapa en la que era, dice, el “perro faldero” del exconcejal del PP: “Soriano se repartía las comisiones de los constructores con sus amigos del Ayuntamiento. Decía que el reparto se hacía a partes iguales”.

 Nicolás (que pide no revelar su nombre completo) conoció a Soriano mientras paseaba por la ciudad. Una amiga común les presentó. “Tropezamos unas cuantas veces más en la Rambla. Sabadell no deja de ser un pueblo grande, aquí nos conocemos todos. 

Un día me contó que unas empresas estaban haciendo obras y necesitaban tirar unas tierras. Me preguntó si podía encontrar un vertedero”. No lo logró. Hasta que un empresario local —que, como él, también está imputado— le dio la solución: convertir terrenos agrícolas privados en vertederos mediante una solicitud para “mejorar las fincas” del parque agrario de Sabadell. Ese es uno de los proyectos que están siendo investigados por el juez.

“El movimiento de tierras ha generado muchísimo dinero en Sabadell. El negocio era redondo. Si el constructor era listo, cobraba por dos lados: por vaciar los escombros de una obra y por rellenar con esa tierra los terrenos agrícolas”. Soriano, explica, hacía valer su influencia para que el ayuntamiento diera los permisos a las empresas afines. 

Por ese suculento negocio, el exconcejal del PP mantuvo una disputa con Melquíades Garrido, tío de Bustos, presidente del gremio local de constructores y también imputado. “Soriano decía que era la pata del alcalde. Yo veía que hablaba con él por teléfono a menudo. Tres años antes incluso habían veraneado juntos en un crucero”, explica Nicolás a EL PAÍS. (...)

En tres años, según fuentes de la investigación, Soriano pudo haberse embolsado cerca de 800.000 euros en comisiones. Si ese dinero se lo quedaba él —como sostienen fuentes cercanas a Bustos— o, por el contrario, se repartía en un “fondo común” entre políticos, cargos de confianza y funcionarios es otra de las preguntas clave. 

El alcalde está imputado, entre otros delitos, por tráfico de influencias y malversación de fondos. “Ahora, con el tiempo, creo que Soriano le daba a Bustos lo que quería y el resto se lo quedaba. Se usaban mutuamente”, añade el empresario arrepentido.

 Mientras los movimientos de tierras seguían su curso, Soriano hizo a Nicolás una nueva propuesta: “Me dijo que él, el alcalde y otras personas de su confianza formaban un grupito que podía conseguir adjudicaciones de obras de forma legal. Al principio pensaba que todo aquello era legal. 

Luego vi que no”. Nicolás se dedicaba entonces a la compraventa de inmuebles, a las pequeñas reformas del hogar y al sector del ocio nocturno. Pero cuando Soriano se lo pidió, fue su mano derecha. “Le llevaba los sobres cerrados con el dinero que me daban los empresarios”, detalla.

Por las manos de Nicolás pasaron (sin quedarse) muchos billetes. Según su testimonio, los constructores debían pagar “una cantidad como anticipo para obtener una adjudicación”. Afirma que, en algunos casos, los empresarios acabaron obteniendo el premio por el que habían pagado.

 Pero admite que, en otras ocasiones, la cosa se complicaba: “Sé de dos empresarios que pagaron para que les dieran una misma obra”. Una vez concluidos los trabajos, añade, el empresario debía abonar el 3% sobre el importe de adjudicación.

Nicolás sostiene que sabe que se pagaron comisiones en, al menos, dos grandes proyectos: una promoción de viviendas para personas mayores en el Parc Central y las obras de ampliación del cementerio. “Como siempre, el mejor bocado eran los movimientos de tierras”.

 Las obras de mejora del cementerio municipal también están siendo investigadas por el juez. “Soriano decía que el alcalde quería que esos empresarios, además, patrocinasen al CE Sabadell”, el equipo de fútbol de la ciudad, añade Nicolás.

A finales de año, las cosas cambiaron: “Por indicación de Soriano, le dije a un empresario que, si no llevaba 48.000 euros, su tema quedaría parado. Aquello ya era chantaje”. Además, dice, “me sentía mal cuando llegaba a casa y miraba a mi familia”. Decidió poner fin a ese negocio sucio. Y denunciarlo. 

Por eso aportó decenas de documentos que obraban en su poder (correos electrónicos, expedientes de obras) a Iniciativa per Catalunya Verds y ofreció los detalles a los Mossos. Alguien le dejó una nota en su coche.

 “Me decía que por mi renuncia habían quedado temas parados y que lo iba a pagar”. La policía autonómica le ofreció protección. La rechazó. “Yo me he metido en esto y me da igual lo que me pase”.           (El País, 11/12/2012)

4.12.12

La trama corrupta de la Diputación barcelonesa

"La Diputación de Barcelona también está en el punto de mira de los investigadores de la Operación Mercurio, sobre una presunta trama de corrupción urbanística. En dos de los registros practicados el pasado martes, los Mossos d’Esquadra se incautaron de una serie de expedientes del ente provincial.

 Dos de los documentos se encontraban en el despacho del alcalde de Sabadell, el imputado Manuel Bustos (PSC), y tenían la rúbrica del responsable del área de Hacienda de la Diputación, Carles Rossinyol, que también es portavoz de Convergència i Unió (CiU) en el consistorio. Otros dos expedientes bajo sospecha fueron hallados en el registro de la sede del organismo, en el centro de Barcelona.

La investigación sobre una trama de pago de comisiones tenía su epicentro, hasta ahora, en Sabadell. El primer edil y tres de sus concejales —además de otros cargos de confianza y funcionarios— están imputados en la causa.

 El juez y el fiscal, sin embargo, han extendido sus pesquisas a la Diputación y, en concreto, a la figura de Rossinyol, cuya firma en los documentos citados está siendo analizada por la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos.

Aunque no ha sido imputado, la actividad de Rossinyol está siendo investigada, por lo que la lista de partidos implicados hasta ahora en la trama —PP y, sobre todo, el PSC— puede ampliarse a CiU, según fuentes de la investigación. Además de Bustos, están implicados en el caso el número dos de los socialistas catalanes, Daniel Fernández, y la alcaldesa de Montcada, María Elena Pérez, también del PSC.

El análisis de los expedientes permitirá a los investigadores corroborar unas sospechas que, en el caso de Bustos (y sus colaboradores y familiares) se funda en las conversaciones telefónicas. 

El papel del alcalde —al que los empresarios detenidos aluden con el apodo de El Capo— es central en la trama, sostienen los investigadores. Bustos está al corriente, según esas mismas fuentes, del pago de comisiones a cargos públicos a través de la adjudicación de obras.

 La Fiscalía Anticorrupción sospecha que los empresarios que querían acceder “con ventajas” a la adjudicación de obras debían abonar, de entrada, 120.000 euros que iban a un “fondo perdido” repartido entre los responsables políticos y sus colaboradores. Una vez acabados los trabajos, tenían que pagar también una mordida del 3% sobre el presupuesto, que se gestionaba desde un despacho de abogados.

Pero, ¿quién hacía funcionar la máquina? Fuentes del caso sitúan como actor principal al constructor Melquíades Garrido, que tenía una importante parcela de poder como presidente del gremio local de constructores. Los investigadores describen el funcionamiento de la trama como una suerte de cartel.

 Garrido y otros decidían, presuntamente, quiénes se presentaban en cada momento a la adjudicación de una determinada obra pública. En él se encuentra el origen de las pesquisas de la fiscalía, que después se extendieron a los funcionarios y cargos electos de Sabadell para comprobar si estaban al corriente de lo sucedido.

Garrido se ha visto implicado en otros episodios polémicos. Pese a ser tío del alcalde y constructor, formaba parte del Consejo de Administración de la empresa municipal de vivienda de Sabadell (Vimusa). En 2007, después de que EL PAÍS publicase diversas adjudicaciones a empresas de amigos y socios de Melquíades, Bustos le hizo dimitir.

Las presuntas irregularidades se extienden también a la concesión de licencias para locales. Pero las cuantías más importantes corresponden, supuestamente, a obras de urbanización. Hay varios proyectos bajo sospecha.

 Por su volumen, destacan dos: el nuevo parque empresarial de Sabadell —donde el próximo diciembre se inaugurará la tienda Ikea más grande de España— y los programas del conocido como plan E, aprobado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El monto total de los proyectos urbanísticos en los que la trama intervino puede ascender a unos 10 millones de euros, según fuentes cercanas al caso.

El dinero pagado como comisión iba a parar, según fuentes de la investigación, a los bolsillos particulares de los imputados. Por ahora no hay indicios, según esas fuentes, de que sirvieran para financiar de forma irregular a partidos políticos.

 El exconcejal del Partido Popular en el consistorio, Jordi Soriano, actuaba supuestamente como intermediario. Desde su gestoría, que creció como la espuma en pocos años, se realizaban los pagos, precisan las mismas fuentes.

También ha sido imputado en la trama el intendente jefe de la policía local de Sabadell, Josep Miquel Duran. Según fuentes cercanas al caso, el policía era un hombre de confianza de Bustos y desempeñaba en ocasiones funciones que nada tenían que ver con su condición de jefe de la policía. Sobre él pesa la acusación de retirar multas a familiares y amigos de Bustos, según fuentes citadas por Efe. Miquel Duran ejerció como jefe de la policía local de Reus (Tarragona) entre 2000 y 2007, antes de llegar a Sabadell.

En la operación Mercurio hay hasta el momento 12 personas detenidas y otras 26 imputadas por una serie de delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsificación documental, infidelidad en la custodia de documentos, negociaciones prohibidas a los funcionarios y omisión del deber de perseguir delitos.

 Está previsto que hoy empiecen a declarar ante el juez algunos de los implicados. Mañana lo hará Bustos, que ayer volvió a insistir de nuevo en su inocencia a través de un comunicado en el que criticó verse sometido a un “juicio paralelo”.     (El País, 30/11/2012)

1.12.12

El Ayuntamiento de Sabadell exigía un depósito del 3% del importe de las obras

 "Del alcalde ‘capo’, el presunto colocador y la gestión del Plan E.

 Aunque la operación Mercurio sigue bajo secreto judicial, se van conociendo pasajes de la supuesta trama de corrupción cuyo epicentro se centra en Sabadell (Barcelona). Al alcalde de la ciudad se le conocía como el capo, Daniel Fernández (PSC) podría haber intercedido para colocar a una conocida en el Ayuntamiento de Moncada y Reixach (Barcelona) y parte del desvío de dinero podría proceder, también, del famoso Plan E que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE).

Varios diarios han publicado este jueves filtraciones de la investigación que se está llevando a cabo bajo la dirección del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Sabadell y con la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción y los Mossos d’Esquadra. La operación Mercurio sigue abierta y cada día que pasa se va conociendo algún nuevo imputado más.

En este contexto, este miércoles se ha sabido que el ex concejal de Urbanismo de San Andrés de Llavaneras (Barcelona), Antonio Jiménez, también ha sido imputado en la operación Mercurio. Jiménez (ex concejal del PP) estuvo relacionado en al caso Pretoria, aunque posteriormente fue exculpado. Hasta ahora hay doce detenidos y 26 imputados.

“Lo que diga el capo

La investigación de los Mossos d’Esquadra se ha centrado, durante una buena parte del tiempo, en identificar quién era el capo. Según ha publicado El Periódico, las alusiones al capo aparecían en numerosas conversaciones de teléfono intervenidas tras la autorización del magistrado de Sabadell Ramón González García. “Lo que diga el capo“; “pregúntaselo al capo“; “si al capo le parece bien”.

¿Quién era el capo? Según las investigaciones de la policía autonómica era Manuel Bustos (PSC), alcalde de Sabadell. Cabe recordar que el líder del PSC, Pere Navarro, ha avalado todo su futuro político a que tanto Bustos como Fernández, secretario de Organización del PSC y congresista, son inocentes de la imputación que ha caído sobre ellos.

Sin embargo, los Mossos han recopilado suficiente información como para que el juez instructor haya considerado oportuna la imputación de Bustos. La policía autonómica tenía suficientes indicios como para solicitar al juez la intervención telefónica del móvil personal del alcalde.

En estas conversaciones intervenidas, empresarios que han sido detenidos -ya están declarando ante el juez- relatan las extorsiones a las que eran sometidos para poder acceder a cualquier concurso de adjudicación pública que se realizaba en la ciudad, según han explicado fuentes de la investigación al diario del grupo Zeta.

Algunos de estos empresarios podrían haber sufrido, además, alguna presión extra para que aceptaran las cuotas de hasta 120.000 euros que se exigían y que se ingresaban en una cuenta común, que después se repartía entre los implicados en la trama. A esto hay que añadir el presunto cobro de un 3% del coste final de la obra concedida, debido a un ‘pacto implícito y apalabrado’.

En algunas de las llamadas intervenidas a los empresarios, estos pronuncian de manera reiterada frases como “esto te lo arregla el alcalde“. Frases que revelan una manera de actuar que, según los investigadores, se había convertido en una práctica “sistematizada” en algunos departamentos del Ayuntamiento.

Fernández, implicado de forma casual

También han sido grabaciones telefónicas las que han llevado a implicar en el caso a Fernández, número dos del PSC. Sin embargo, el móvil de este dirigente socialista no ha estado pinchado nunca. En las charlas intervenidas a los imputados, algunos cargos de confianza de Bustos, se detectaron numerosas alusiones despectivas hacía una mujer denominada “la pija”. María Elena Pérez, alcaldesa de Moncada, según los investigadores.

En mayo, los agentes de la policía autonómica transcribieron varias conversaciones entre la alcaldesa y Fernández, que llamaba a través del móvil de Bustos, este sí, pinchado por la policía. El número dos del PSC pedía a la edil que le ayudara a colocar a Carmina Llumà, ex alto cargo en la Generalidad durante la época del tripartito, como directora del área de política territorial del consistorio.

Pérez se negó. Pero Fernández, según los investigadores, le insistió “con muy malas maneras” advirtiéndola de que no tenía más opción que admitir a Llumà para un cargo del que su antecesor fue cesado el 22 de marzo. Al concurso para ocupar la plaza se presentaron cinco candidatos. Llumà fue la escogida. Los Mossos d’Esquadra se llevaron del Ayuntamiento de Mocada la documentación referente al concurso de la plaza.

Esta información también ha sido denunciada por el PP. Eva García, responsable popular en Moncada y diputada autonómica, ha recordado que Pérez echó de forma “fulminante” y “sin dar explicaciones” al anterior responsable de la política territorial del ayuntamiento. El PSC local ha negado que se cometieran irregularidades en la contratación de Llumà pero la oposición local, según ha sabido LA VOZ DE BARCELONA, considera a Pérez un muñeco de Bustos.

El hermano del alcalde Bustos

En paralelo, según ha publicado La Vanguardia, la investigación también se ha centrado en si hubo fraude de recursos públicos en las partidas destinadas a Sabadell del Fondo Estatal de Inversión Local y el Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local, conocidos como el Plan E.

Los agentes de la policía autonómica que han registrado las dependencias municipales del Ayuntamiento se han hecho con la contabilidad municipal de los años 2009, 2010 y 2011. Según el diario del grupo Godó, durante estos años -fechas en las que desde el Gobierno se transfirieron a los ayuntamientos dinero para aplicar el Plan E- los fondos públicos fueron gestionados por el área de Espacio Público, cuyo concejal responsable es Francisco Bustos, hermano del alcalde.

La otra persona que tuvo responsabilidades en esta materia fue Xavier Izquierdo, coordinador del área. Ambos están imputados en la causa. También están imputados los concejales de Urbanismo, Joan Manau, y de Sostenibilidad, Ricard Estrada; la jefa del área de presidencia, Montse Costa -que es la pareja sentimental del alcalde-, y el director del área de Urbanismo, Manuel Somoza.

¿Financiación ilegal de partidos?

Otro de los imputados que podría haber tenido un papel fundamental en la presunta trama corrupta es el ex concejal del PP, Jordi Soriano. Soriano fue expulsado del PP en 2009 por su connivencia con el alcalde Bustos -en dos años solo presentó una moción en el Ayuntamiento- y sospechas de mala gestión económica del grupo municipal del PP, tras una auditoria del partido.

Uno de los objetivos marcado por los investigadores es saber si además de enriquecerse con la supuesta trama de corrupción, los implicados han facilitado, a través del pago de las constructoras, la financiación ilegal de partidos políticos. De momento, todo indica que la operación Mercurio tendrán más ramificaciones y que la instrucción será larga."       (lavozdebarcelona.com, 29/11/2012)


 "Hay una treintena de imputados, entre ellos el alcalde y una diputada del PSC, en la operación ordenada por un juez que lleva más de dos años investigando recalificaciones.

 Los miembros de la trama corrupta del Ayuntamiento de Sabadell exigían un depósito previo mínimo de 12.000 euros para acceder con ventaja a las adjudicaciones urbanísticas investigadas, y un 3% sobre la 'mordida' final en dinero negro, según la Fiscalía Anticorrupción.

Las mismas fuentes indicaron que la cuantía previa de 12.000 euros podía variar en función del presupuesto de la construcción a ofertar. Este depósito se destinaba a un fondo perdido que "finalmente se repartía entre los políticos y funcionarios involucrados en los hechos, así como en el pacto implícito y apalabrado de un 3% en dinero negro, una vez acabada la obra, sobre el total del presupuesto final". 

Los investigadores estudian ahora si ese dinero negro, que terminaba en un despacho de abogados, era colocado en cuentas legales, si se repartía o blanqueaba.   

El alcalde de Sabadell (Barcelona), Manuel Bustos, del PSC, y la diputada electa del mismo partido en el Parlament Montserrat Capdevila han sido imputados por el juez que dirige la operación contra la corrupción vinculada a recalificaciones urbanísticas, han informado fuentes cercanas al caso. 

Bustos, además de alcalde de Sabadell, es presidente de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) y miembro de la comisión ejecutiva del PSC.
 
La investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción 1 de Sabadell y la Fiscalía Anticorrupción bajo el nombre de Operación Mercurio arranca de una denuncia que presentó ICV ante los Mossos d'Esquadra en 2010 por el robo de dos ordenadores con información del partido y de presuntas corruptelas en el Ayuntamiento, que finalmente se pusieron en conocimiento de la Fiscalía.

Según han explicado fuentes del partido, tuvieron conocimiento de casos de presunta corrupción urbanística en el consistorio --a través de un confidente-- y poco después les robaron los ordenadores donde guardaban dicha documentación, algo que pusieron en conocimiento de la policía catalana cuando se interpuso la denuncia de robo, el 25 de enero de 2010.

Los Mossos recomendaron entonces que la información se remitiera a la Fiscalía Anticorrupción, la cual empezó a investigar el caso, que ha desembocado en el macrooperativo policial durante el que se ha registrado el consistorio y otras dependencias municipales como las de Urbanismo de Sabadell, se ha detenido a 12 personas y se ha imputado a otras 26, incluidos el alcalde, Manuel Bustos, y el secretario de organización del PSC, Daniel Fernández. (...)

Otras fuentes apuntan a que en el origen de la investigación figura también una denuncia por cohecho que un particular presentó en el año 2010 contra un exconcejal del PP de Sabadell (Barcelona). Según han informado fuentes cercanas al caso, el juzgado de instrucción número 1 de Sabadell inició hace dos años la investigación sobre la trama de corrupción a raíz de una denuncia que apuntaba a indicios de cohecho del ex concejal del PP Jordi Soriano, supuestamente implicado en la trama corrupta. 

Para comprobar esos indicios, el juez instructor ordenó las intervenciones telefónicas que han permitido seguir el rastro de la supuesta red corrupta, que se han prolongado durante año y medio. 

 Fuentes cercanas al caso han explicado que las conversaciones telefónicas han dado a los investigadores indicios sólidos para desplegar la operación que, por el momento, ha comportado la detención de doce personas y la imputación de otras 26, entre ellos empresarios y cargos del PSC, como su secretario de organización, Daniel Fernández, o el alcalde de Sabadell, Manuel Bustos. 

Paralelamente a la denuncia presentada por ese particular, al que está previsto que el juez cite a declarar en los próximos días como testigo, el grupo municipal de ICV-EUiA en el Ayuntamiento de Sabadell estaba recopilando información sobre una presunta trama de corrupción urbanística en el consistorio."          (Público, 27/11/2012)


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