A Audiencia Nacional confirma que as principais empresas lácteas intercambiaron información en prexuízo dos gandeiros

 "A Audiencia Nacional vén de confirmar que as principais empresas lácteas prexudicaron os gandeiros con "intercambios de información" entre elas "sobre prezos e outras condicións comerciais". Conformaron así un cartel que atentou contra o libre mercado e que foi sancionado en 2019 pola Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC). As empresas presentaron recursos xudiciais contra esa sanción e agora a Audiencia Nacional vén ratificar que actuaron ilegalmente.

O longo proceso agora resolto pola Audiencia Nacional iniciouse en 2011, tras uha denuncia de Unións Agrarias ante Competencia contra as empresas transformadoras e distribuidoras de leite en Galicia na que lamentaban a "dificultade de atopar empresas alternativas ás que entregar o leite". En 2015 Competencia constatou o amaño do mercado, pero tras recursos das empresas afectadas tivo que devolver o seu procedemento sancionador a unha fase previa e volveuno resolver en xullo de 2019 impoñendo diversas sancións.

Aquelas sancións de Competencia en todo o Estado de 2019, agora matizadas nalgúns casos pola Audiencia Nacional, sumaban máis de 80 millóns de euros, co seguinte reparto: Corporación Alimentaria Peñasanta, 21,9 millóns; Danone, 20,3; Grupo Lactalis, 11,7; Industrias Lácteas Granada (Puleva), 10,3; Calidad Pascual, 8,6; Nestlé España, 6,9 millóns; Schreiber Food España, 929.000 euros; Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña, 90.000 euros, Asociación de Empresas Lácteas de Galicia, 60.000 euros e Central Lechera de Galicia, 53.310 euros. Competencia tamén sinalaba que nas condutas sancionadas participaran igualmente Leche Río, Feiraco, Leche Celta, Industrias Lácteas Asturianas, Forlactaria e Central Lechera Asturiana, pero a súa infracción prescribira.

Segundo aquela sanción de Competencia, os intercambios de información entre as empresas lácteas facilitaron que estas "adoptasen políticas coordinadas sobre prezos e gandeiros, prexudicando especialmente a estes últimos, que se viron privados de liberdade para negociar o prezo e escoller clientes en función do mesmo e, en definitiva, non puideron desenvolver a súa actividade en condicións de competencia”.

Varias empresas recorreron as súas sancións e agora a sala do Contencioso-Administrativo da Audiencia Nacional vén de emitir varias sentenzas nas que desbota os seus recursos e confirma as decisións de Competencia, aínda que nalgún caso obrigando a esta a recalcular o importe das multas. As sentenzas confirman as multas de 11,7 millóns a Lactalis, 8,6 millóns a Pascual, de 6,9 millóns a Nestlé, de 929.000 euros a Schreiber Food e de 53.310 euros a Central Lechera de Galicia. 

Nestes casos a Audiencia Nacional desbota o argumento das empresas de que as sancións eran arbitrarias e desproporcionadas. 

O tribunal si estimou parcialmente os recursos de Comercial Alimentaria Peñasanta, Danone, Puleva e a Asociación de Empresas Lácteas de Galicia e establece que Competencia terá que recalcular as súas sancións, que sumaban máis de 50 millóns de euros, descontando diversos períodos de cálculo que prescribiran. 

En todo caso, a Audiencia Nacional confirma que todas as empresas "intercambiaron información comercial sensible" para coordinar a compra de leite "impedindo" que os produtores "puideran negociar por separado con cada un dos compradores"."  

 (David Reinero, Praza.Gal, 22/02/24)

El Cártel de los coches: los clientes abonaron un sobreprecio estimado entre un 5% y un 10% del precio de venta del vehículo... más de un millar de demandas presentadas y unos 40.000 afectados en Galicia... La OCU está presentando demandas colectivas contra Seat, Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda, Hyundai, Chevrolet, Nissan, Mercedes, Toyota, Lexus, Honda, Volvo, Peugeot, Citroën, Opel, Alfa Romeo, Lancia, Chrysler, Dodge, Jeep, Ford, Mitsubishi, BMW, Kia, Mazda y Renault

 "Todo apunta a que el cártel de coches provocará un atasco judicial en Vigo, algo de lo que ya ha advertido el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia al solicitar refuerzos para el juzgado de lo Mercantil 3 de Pontevedra, donde prevén que puedan entrar unas 20.000 demandas contra los grandes fabricantes el año que viene. Los datos que manejan los despachos de abogados apuntan en la misma dirección. La oficina de Vigo de BGI Law representa ya a más de un millar de demandantes. Todos ellos adquirieron un vehículo a las compañías sancionadas por operar en cártel en la comercialización de los coches, entre las que están Stellantis, BMW, SEAT, Toyota, Mercedes, Hyundai, Nissan, Volvo o Ford.

La sede de Stellantis en Vigo hace que un buen número de los procedimientos recaiga en los juzgados gallegos. Juan Camacho, socio de BGI Law, estima que puede haber unos 40.000 gallegos afectados por la actuación del cártel y que estarían en disposición de demandar por esta práctica abusiva. El grupo automovilístico, de hecho, provisionó 3,3 millones para hacer frente a las reclamaciones, reconociendo además un alto grado de incertidumbre sobre cuántos clientes demandarán y qué compensación establecerán los tribunales.

En todo caso, parece garantizada una «saturación» en los juzgados olívicos ante la «avalancha» de procedimientos, según apunta Camacho.

El sobrecoste de los coches

Los litigios se fundamentan en que los clientes abonaron un sobreprecio cuando adquirieron su vehículo y que ahora tienen derecho a percibir una indemnización por ese coste adicional. Para ello, los juzgados deben asumir, y así lo están haciendo en la mayoría de casos, que la operación del cártel implicó un mayor coste para los usuarios, mientras que los fabricantes intentan demostrar justamente lo contrario, que no hubo alteración. Stellantis incluso encargó un informe pericial a KPMG con este objetivo.

La mayor parte de las sentencias, también las primeras emitidas por el Tribunal Supremo, estiman este sobreprecio entre un 5% y un 10% del precio de venta del vehículo, si bien BGI Law considera que las indemnizaciones podrían alcanzar hasta un 20%. La OCU presentó hace poco más de un mes las tres primeras demandas colectivas contra 13 fabricantes: Seat, Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda, Hyundai, Chevrolet, Nissan, Mercedes, Toyota, Lexus, Honda y Volvo. Próximamente presentará otras cuatro demandas contra Peugeot, Citroën, Opel, Alfa Romeo, Lancia, Chrysler, Dodge y Jeep, en la primera; Ford, Mitsubishi y BMW, en la segunda; Kia y Mazda en la tercera; y Renault, en la cuarta.

Multa de 137 millones

En 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso multas por valor de 171 millones entre los principales operadores del mercado español por intercambiar información sensible y fijar precios en los concesionarios y en los servicios postventa. Entre los sancionados estaba la comercializadora de PSA, PSAG. El recorrido judicial de ese expediente generó el escenario para el aluvión de demandas.

El Tribunal Supremo consideró acreditado el cártel, que operó entre 2006 y 2013, y declaró firmes las sanciones, lo que abrió la puerta a que los clientes pudieran demandar. Las filiales comercializadoras que fueron sancionadas controlaban aproximadamente el 90% del mercado en España. La tesis de los demandantes es que en un mercado no adulterado por el cártel habrían pagado menos por sus vehículos, ya que la operativa permitía a los fabricantes coordinar precios al alza.

Los coches del cártel

 La Agrupación de Afectados por el Cártel del Coche, uno de los diversos grupos organizados en torno a despachos de abogados para las demandas, hizo una lista con los modelos vendidos durante el periodo de funcionamiento del cártel y que, por tanto, son susceptibles de indemnización. En el caso de Citröen se trataría del Citroën C1, Citroën C3, Citroën C4, Citroën C5, Citroën C6, Citroën C8, Citroën C-TRIOMPHE, Citroën C-CROSSER, Citroën DS3, Citroën DS4, Citroën DS5, Citroën Grand C4 Picasso, Citroën Jumper, Citroën Jumpy y Citroën Nemo.

En Peugeot estarían incluidos el Peugeot 107, Peugeot 108, Peugeot 206, Peugeot 207, Peugeot 208, Peugeot 407, Peugeot 4007, Peugeot 4008, Peugeot 3008, Peugeot 308, Peugeot 5008, Peugeot 508, Peugeot Expert, Peugeot Partner y Peugeot RCZ."     (Economía Digital de Galicia, 04/12/23)

¿Os acordáis de la multa de 204 millones a constructoras por pactar durante 25 años licitaciones públicas? Pues la Audiencia Nacional ha suspendido la sanción a Ferrovial, Sacyr y OHL "por los perjuicios que les generaría". Todas donantes del PP. Vergüenza (C. S. Mato)

Carlos Sánchez Mato @carlossmato

¿Os acordáis de la multa de 204 millones a constructoras por pactar durante 25 años licitaciones públicas? Pues la Audiencia Nacional ha suspendido la sanción a Ferrovial, Sacyr y OHL "por los perjuicios que les generaría" Todas donantes del PP. Vergüenza

"La AN deja en suspenso una multa de la CNMC a Ferrovial por 38,5 M" (El Confidencial, 09/12/22)

11:07 p. m. · 9 dic. 2022
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 "La AN deja en suspenso una multa de la CNMC a Ferrovial por 38,5 M.

 La Audiencia Nacional (AN) ha suspendido cautelarmente la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que multó en julio a Ferrovial con 38,5 millones por llegar, presuntamente, a acuerdos para compartir trabajos e intercambiar información estratégica en contratos de obra.

Junto a Ferrovial Construcción la CNMC multó a Dragados, del grupo ACS (57,1 millones); a FCC Construcción (40,4 millones); a Acciona Construcción (29,4 millones); a OHLA (21,5 millones) y a Sacyr con 16,7 millones.

En total, 203,6 millones de sanción conjunta por alterar, supuestamente, durante más de 25 años (de 1992 a 2017) la competencia en las licitaciones de construcción de infraestructuras.

La Audiencia Nacional ha dado la razón a Ferrovial, como ya hizo con Sacyr en noviembre y OHLA en septiembre, y ha acordado las medidas cautelares presentadas, según han indicado a EFE fuentes de la compañía. Según la CNMC, desde 1992 las compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas.

El organismo que preside Cani Fernández subrayó que estas compañías intercambiaban información sobre su estrategia de presentación de ofertas a convocatorias para licitar hospitales, puertos, aeropuertos y carreteras, entre otras infraestructuras de interés general.

En este sentido, la resolución de la CNMC sería remitida a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para que fuese ésta la que determinase la duración y el alcance de la prohibición.

El grupo que dirige Rafael del Pino solicitaba que se suspendiese cautelarmente la multa y la prohibición de contratar con el sector público. Las compañías multadas han alertado a la Audiencia Nacional del impacto que tendría una multa de estas características y de los perjuicios que generaría para su actividad la prohibición de contratar con la administración pública. Contra los autos de la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional cabe la interposición de recurso."                ( El Confidencial  , 09/12/22)

Los pozos negros de Ferrovial

 "De Ferrovial destaca la glamurosa cara A: proyectos internacionales, gestión de aeropuertos. Su reverso son los pozos negros de la cara B, menos conocidos en Washington y Londres. Aunque sí en Polonia, país laxo pero que enjuicia a su filial local, y a un exministro, entre otros. Por corrupción y facturas falsas en la recogida de basuras.

Las actuaciones polémicas cuestionan sus apelaciones a la seguridad jurídica, a la legalidad, al Estado de derecho, a la competencia y la competitividad basada en la excelencia y el respeto al contribuyente.

El grupo Ferrovial ha encajado tres sanciones de la CNC y la CNMC por impulsar y participar en tres grandes carteles, asociaciones ilegales de competidores para eliminar la competencia y anular el mercado, coordinando ofertas, precios, condiciones. Y repartirse obras licitadas por el Estado.

La más reciente (2022) fue contra las seis grandes constructoras: el G-7. A la empresa de los Del Pino la multaron con 38,5 millones. Fue por conjurarse, para “tomar un café” semanal con el resto durante 25 años (1992 a 2017) donde se repartían obras, información y criterios para licitar. Entraron en la ruleta proyectos como la Ciudad de la Justicia de Madrid, la línea férrea Madrid-Extremadura, obras del Canal de Isabel II, depuradoras gallegas.

La sanción de la CNMC fue suspendida cautelarmente por la Audiencia Nacional —las tumba todas, incluidas las prohibiciones de volver a participar en concursos públicos— por presunto defecto de forma.

Otra fue al cartel de las carreteras (2014 a 2018): 12 empresas se repartieron 71 de las 101 licitaciones ministeriales. Y el tercero, el de la basura —los concursos de recogida de residuos, multado para el conjunto en 98,2 millones—.

El otro bloque es el soborno político, ya a título individual. Fue sistemático en la Cataluña pujolista. Las sospechas —no comprobadas— empezaron por la adjudicación política y no con criterios técnicos de la autopista Terrassa-Manresa. Y han desembocado en la cuestionada concesión del 061 sanitario: 45 millones desde 2015.

El cogollo fue el caso del saqueo triangular del Palau. Desde 1999 Ferrovial aportó durante un decenio 12 millones al templo musical cuyos dirigentes se repartieron una parte. Al menos 6,6 fueron para Convergència en 10 años, una comisión ilegal no del 3%, sino del 4%: 2,3 millones mediante entregas en efectivo; 2,1 a cambio de facturas falsas al Palau por trabajos para el partido nacionalista; más de medio por “convenios de colaboración permanente”...

En ese tiempo la empresa obtuvo la concesión de la Ciutat de la Justícia y la línea 9 del Metro (ingresos de 1.159 millones). Negó haber cometido soborno ni tráfico de influencias. La Audiencia acreditó el hecho delictivo cometido por dos de sus altos directivos en el caso Palau. No les pudo condenar a prisión, el delito había prescrito. Pero los hechos son verdad. Judicial."                 (Xavier Vidal-Folch , El País, 15/04/23)

Lo de Ferrovial no va de seguridad jurídica... Es curioso que alguien justifique el traslado de su matriz a Ámsterdam aduciendo seguridad jurídica, cuando en realidad jamás va a tener en ningún otro lugar un chollo como del que ha “disfrutado” en nuestro país durante décadas... Ferrovial solo ha pagado el impuesto de sociedades en 3 ejercicios, créditos fiscales mediante. Las nuevas normas tributarias sí que le harán pagar todos los años... y además, participó en cárteles empresariales que han robado cientos de millones de euros a los contribuyentes, ¿quién da más?

"Lo de Ferrovial no va de seguridad jurídica. Es curioso que alguien justifique el traslado de su matriz a Ámsterdam aduciendo seguridad jurídica, cuando en realidad jamás va a tener en ningún otro lugar un chollo como del que ha “disfrutado” en nuestro país durante décadas. Su compromiso con la sociedad española, a través del pago de impuestos, vamos a calificarlo, siendo generosos, como modesto, créditos fiscales mediante, nada que ver, por ejemplo, con otros empresarios ilustres que sí se han mostrado orgullosos de pagar impuestos en nuestro país. Desde 2010,

Una de las funciones más importantes de los impuestos es limitar el poder de determinadas corporaciones e individuos. Espero que el señor Del Pino algún día lo entienda, porque ese día va a llegar antes de lo que él espera, y posiblemente le coja desprevenido en los Estados Unidos. Se trata de poner un impuesto a la riqueza global. Recomiendo encarecidamente las investigaciones, las propuestas y los artículos académicos de Gabriel Zucman, autor de la obra divulgativa La riqueza oculta de las naciones. 

 

En este sentido, frente a las peticiones de ciertos “patriotas de hojalata” patrios, reconforta leer los argumentos que ciertos multimillonarios estadounidenses utilizaron en un manifiesto cuando George W. Bush, bajo el influjo ideológico en materia económica de los neoconservadores, quiso eliminar el impuesto de sucesiones en los Estados Unidos. En él se decía: “Eliminar el impuesto de sucesiones sería negativo para nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad... Conduce a una aristocracia de la riqueza que transmitirá a sus descendientes el control sobre los recursos de la nación. Todo ello basándose en la herencia y no en el mérito”. 

 
La participación de Ferrovial en distintos cárteles acreditada por la CNMC

Sin embargo, de lo que adolece Ferrovial, por encima de todo, es de su falta de compromiso con el libre mercado. Un dato obviado por la prensa patria, y los distintos partidos políticos, es la participación de Ferrovial en cárteles empresariales que han robado cientos de millones de euros a los contribuyentes. Sin embargo, este aspecto sí que ha sido analizado entre otros, por el profesor Juan Luis Jiménez, experto en política de la competencia y organización industrial, que en un excelente hilo en Twitter detalló ampliamente la participación de Ferrovial en estos cárteles.

 

 Los cárteles, tal como señala Jiménez, “representan, sin duda, la peor de las restricciones a la competencia. Se trata de empresas que se ponen de acuerdo para aumentar sus beneficios a costa de perjudicar a los consumidores. De todos los cárteles, los más dañinos son aquellos que afectan a la obra pública. En éstos, las empresas pactan aumentar ilegalmente precios a contratos que utilizan dinero público y que están relacionados con obras públicas necesarias.” Y Ferrovial estaba en todos los tinglados alrededor de estos cárteles, tal como lo ha acreditado la Comisión Nacional del Mercado del Mercado de la Competencia. Permítanme adjuntarles dos notas de prensa de la propia CNMC.

En la primera la CNMC detalla el desmantelamiento de un cártel que alteraba el resultado de licitaciones de los servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado, donde obviamente participaba Ferrovial. Como desgrana el profesor Jiménez, “12 grandes empresas españolas, entre ellas Ferrovial, formaron un cártel para aumentar los precios de los concursos públicos de mantenimiento de carreteras del Ministerio de Fomento.”

En la segunda, la CNMC comunica la multa con 203,6 millones a 6 de las principales constructoras de nuestro país por alterar durante más de 25 años el proceso competitivo en las licitaciones de construcción de infraestructuras, donde también participaba Ferrovial. Desde 1992, tal como detalla el profesor Jiménez, “Acciona, Dragados, FCC Construcción, Ferrovial Construcción, Obrascón Huarte Lain y Sacyr Construcción, se reunían semanalmente para analizar las licitaciones de obra pública publicadas. En dichas reuniones decidían los contratos públicos en que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas e intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos.” Como resultado se produce una menor variedad y calidad de las ofertas técnicas, impulsando al alza los precios.

Por eso, una súplica, sin acritud, dejen algunos de darnos sermones sobre las ventajas del liberalismo, cuando son ellos, en nombre del liberalismo, quienes, con sus acciones, socavan las bases del libre mercado y de la competencia. Lo más preocupante es que hasta ahora las corruptelas para esquivar la competencia les ha salido medio gratis.

El Estado debe dotar a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia de todos los medios y personal necesario para que actué con todas las de la ley, y ante comportamientos de cártel que imponga sanciones multimillonarias, y llegado el caso, que trocee corporaciones demasiado grandes para fijar precios por encima de los costes marginales. Pero para ello, antes, hay que acabar con las vergonzosas y vergonzantes puertas giratorias alrededor de la CNMC. Un cargo relevante de la CNMC, allá por 2016, ya me advertía de que el enemigo en la lucha contra los cárteles lo tenía dentro."                                (Juan Laborda , El Salto, 9 mar 2023)

Los Del Pino ficharon a excargos de Competencia mientras Ferrovial manipulaba miles de licitaciones

 "La familia Del Pino fichó para dirigir su fundación a ex cargos de las autoridades de defensa de la Competencia mientras Ferrovial manipulaba miles de licitaciones en España junto a otras grandes de la construcción.

Los del Pino son los principales accionistas de esta multinacional, que acaba de anunciar una polémica mudanza a Holanda, y que fue una de las fundadoras del denominado G-7. Este grupo fue sancionado el año pasado “por alterar durante más de 25 años el proceso en las licitaciones de construcción de infraestructuras”, según determinó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este organismo impuso a las seis mayores constructoras españolas multas de 203,6 millones de euros. De esa cifra, 38,5 millones correspondieron a Ferrovial, que ha recurrido en la Audiencia Nacional. Según la CNMC, la constructora de los Del Pino tuvo una “intensa” participación en ese grupo.

Según la resolución de Competencia, el G7 se reunía cada semana para “tomar un café” o “contarnos nuestras penas y alegrías” y, de paso, alterar el resultado de licitaciones multimillonarias. Se fundó en 1992, dos años después del nombramiento como consejero delegado de Ferrovial de Rafael del Pino Calvo-Sotelo, actual presidente. Lo crearon, entre otras, esta constructora y Agromán, que Ferrovial adquirió en 1995 para convertirse en la tercera compañía del sector en España. Cuatro años después, ambas se fusionaron para salir a bolsa. Y el 4 de noviembre de 1999 se creó por decisión del fallecido Rafael del Pino Moreno la fundación que lleva su nombre.

La fundación inició su actividad en mayo de 2001 y su primer director general fue el catedrático Amadeo Petitbó, que hasta septiembre de 2000 y desde 1995 presidió el extinto Tribunal de la Competencia (TDC), antecesor de la actual CNMC, del que fue vocal desde 1992.

Petitbó, que está entre las decenas de cargos de Competencia y los antiguos reguladores sectoriales que han fichado por el sector privado en los últimos años, aún pertenece al patronato de la Fundación Rafael del Pino y a su comisión ejecutiva. El académico, que en los últimos días ha retuiteado mensajes de apoyo a la mudanza de Ferrovial, entre ellos a una tuitera que se alegra “INFINITO” [sic] de su marcha, es también vicepresidente del consejo asesor de la fundación.

El ex presidente del TDC fue sustituido en 2013 en la dirección general de la Fundación Rafael del Pino por Vicente José Montes Gan. Técnico comercial y economista del Estado, Montes fue subdirector general de Concentraciones, Adquisiciones y Ayudas Públicas del TDC entre 1995 y 1998.

Montes se incorporó a la Fundación Rafael del Pino en 2005 como director adjunto. Al ascender a director general en 2013, el G7 seguía activo. Ferrovial permaneció en este grupo de empresas hasta abril de 2017, cuando ya se habían producido las primeras deserciones. Año y medio después, en octubre de 2018, la CNMC anunció la apertura del expediente sancionador que derivó en esa sanción millonaria para las constructoras. El organismo tuvo que reiniciar el procedimiento en 2020, tras haber caducado.

Hasta 2017, la Fundación Rafael del Pino patrocinó el programa Efficient Regulation & Markets junto a la propia CNMC, que se desarrolló durante tres años y coordinaba el economista y ex eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano, ex miembro del consejo asesor de la fundación. Ese foro se ocupaba de analizar “las cuestiones más relevantes en el ámbito de la regulación y la competencia en los mercados”.

En el patronato de la fundación, además de la familia del Pino y esos dos ex cargos de Competencia, se sientan actualmente, entre otros, el empresario y ex alto comisionado para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros. El padre del ultraderechista Iván Espinosa de los Monteros está vinculado a la entidad desde su creación. Uno de los hermanos del diputado de Vox, Beltrán Espinosa de los Monteros, está casado con Ana Cebrián Del Pino, hija de Clemente Cebrián (fundador de la empresa textil El Ganso), sobrina del presidente de Ferrovial y vicepresidenta de la Fundación Rafael del Pino.

Lacalle y Rodrigo Rato

También son patronos de la fundación la polémica expresidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, y el banquero Alfredo Sáenz. Y en su consejo asesor están, entre otros, el economista vinculado al PP Daniel Lacalle, que hace unos días firmaba un artículo en el que aseguraba que Ferrovial está “obligada a emigrar para crecer”; la expresidenta de la Sareb y consejera de Santander, Belén Romana, y el ex consejero de Bankia y Caja Madrid Alberto Ibáñez.

Entre sus expatronos figura el jurista José Manuel Romero Moreno, octavo conde de Fontao y décimo marqués de San Saturnino. Abogado personal de Juan Carlos I durante 20 años, el aristócrata fue consejero de Expal, empresa de explosivos a la que han estado muy vinculadas dos personas de la máxima confianza del presidente de Ferrovial: su consejero José Sánchez-Junco (hermano del fiscal en excedencia Javier Sánchez-Junco, abogado del emérito para sus causas penales) y Santiago Bergareche, ex CEO de Ferrovial y ex presidente de Cepsa.

Por el consejo asesor de la Fundación Rafael del Pino también tuvo un paso fugaz, tras su precipitada salida del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, artífice de un generoso régimen de incentivos fiscales del que se benefició Ferrovial. Esas ayudas fueron anuladas por la UE y están entre los principales litigios que todavía hoy arrastra la constructora, junto a las multas que le ha impuesto en los últimos años la CNMC y un reciente escándalo de corrupción en Polonia por el que han sido detenidos varios directivos del grupo y un ex ministro de Hacienda de ese país.

Por el consejo asesor de la fundación también han desfilado, entre otros, el fallecido economista e historiador Gonzalo Anes, ex consejero del Banco de España, ex presidente del Patronato del Museo del Prado y responsable de que en 2011, el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia (RAH), que entonces presidía, calificara a la dictadura de Francisco Franco como “un régimen autoritario, pero no totalitario”, una afirmación que acaba de ser corregida doce años después.

Su sucesora en la RAH, la historiadora Carmen Iglesias, ex presidenta de Unidad Editorial (editora de El Mundo, entre otros), también ha pasado por ese órgano. Además de empresarios como los fallecidos José Manuel Lara (grupo Planeta) o Mariano Puig, estuvieron vinculados a la fundación, entre otros, el ex secretario general del Círculo de Empresarios Vicente Boceta, y el a la postre consejero de Economía de la Comunidad de Madrid a propuesta de Ciudadanos, Manuel Giménez Rasero.

Actualmente, el secretario de la fundación es José Ignacio Ysasi-Ysasmendi y Pemán, responsable jurídico de Casa Grande de Cartagena, SA, sociedad patrimonial de los Del Pino. Miembro de la comisión ejecutiva de la entidad filantrópica, es nieto del escritor falangista José María Pemán, poeta oficial de la dictadura franquista, e hijo de Pedro Ysasi-Ysasmendi, abogado del Estado y expresidente del Círculo de Empresarios.

Su hermana Cristina fue la última directora adjunta del Gabinete de la Presidencia con Mariano Rajoy en la Moncloa y también tuvo un fugaz paso por la CNMC antes de recalar en el sector privado. Cristina Ysasi-Ysasmendi está además casada con el empresario José Sarasola, con fuertes intereses en el negocio de la energía y hermano de Borja Sarasola, ex consejero de Ignacio González en la Comunidad de Madrid y pendiente de juicio por caso Púnica de supuesta financiación irregular del PP madrileño.

A preguntas sobre este asunto, la Fundación Rafael del Pino no detalla la retribución de sus directores generales y afirma que la marcha de Ferrovial a Países Bajos no va a tener ningún efecto sobre sus actividades. Presidida en la actualidad por María del Pino, hermana del presidente de Ferrovial y consejera y accionista de la constructora, esta entidad no lucrativa contabiliza en sus últimas cuentas presentadas 135 millones en activos, con importantes inversiones financieras en deuda, bonos y acciones, y gastos de personal de 632.768 euros.

La entidad tiene entre sus fines “la formación de dirigentes, el impulso de la iniciativa individual, los principios de libre mercado y la libre empresa, la divulgación de la historia y la defensa del patrimonio cultural español”, “contribuir a mejorar la salud y las condiciones de vida de los ciudadanos” y “fomentar la actividad emprendedora y el uso de nuevas tecnologías”.

La fundación, cuyo programa de conferencias magistrales ha recibido a varios premios Nobel y Jefes de Estado y de Gobierno, arrancó su actividad con una conferencia inaugural de Bill Clinton sobre la globalización en el siglo XXI. Entre 2001 y 2021, ha desarrollado 561 programas de formación que han contado con más de 137.000 alumnos; 306 personas han disfrutado de sus becas de excelencia y “han podido realizar sus estudios en universidades y centros de vanguardia”, explica en su web.

La entidad también canaliza su labor filantrópica a través de un complejo polideportivo adaptado a las necesidades de movilidad y accesibilidad de los lesionados medulares ubicado en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Entre los últimos actos celebrados en su auditorio en Madrid se cuenta el “Foro europeo por la vida”, un encuentro antiabortista internacional organizado por Vox."                   (Antonio M. Vélez  , eldiario.es, 6 de marzo de 2023)

El Tribunal de Justicia Europea sentencia a favor de los ganaderos afectados por un cártel lácteo que pactó los precios y les da un plazo de 5 años para reclamar perdidas... ocho compañías (entre las que están PULEVA, NESTLÉ, DANONE, PASCUAL), acordaron los precios de la leche a nivel estatal y se repartieron el mercado de tal forma que los productores apenas pudieron obtener beneficios un cartel de cinco o seis empresas ha estado cerca de 15 años pactando los precios de compra, incluso por debajo de producción... "Esas multas las vamos a pagar nosotros, los ganaderos. Nos van a bajar el precio de compra de la leche y con los beneficios que aumenten las van a pagar", gruñe el estanciero gallego... Esta puede haber sido una de las principales causas del cierre masivo de decenas de miles de granjas. Hemos pasado de 60.000 explotaciones lecheras a principios de siglo a unas 10.000 actualmente...

 "Además de la ruina económica, porque sigo arrastrando créditos e hipotecas, tengo una frustración enorme. Me han arruinado la vida, a mi a muchísimos otros ganaderos, y lo han hecho a propósito, que es lo que más me jode". 

A Jordi Pujol, un joven estanciero dedicado a la producción de leche, le hierbe la sangre. El negocio familiar que heredó en 2010, una pequeña explotación de vacas, echó el cierre tras una inversión de cerca de 800.000 euros. "Modernicé las instalaciones, las saqué del pueblo y las llevé a una zona más alejada y de montaña. Yo sabía que iba a ser duro, al menos los primeros años, pero empezaron a venir pérdidas y tuve que ir recortando gastos, hasta que cerré. Pensaba que era una cuestión del mercado, como cuando quebró el sector textil, pero al poco tiempo, en 2018, me enteré de que un cartel de cinco o seis empresas ha estado cerca de 15 años pactando los precios de compra, incluso por debajo de producción", narra.

La historia de Jordi es la de miles de ganaderos que en la última década terminaron arruinados por culpa de sus propios compradores. Así lo dictó en 2019 la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) y así lo ha corroborado esta semana el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Durante más de una década, ocho compañías acordaron los precios de la leche a nivel estatal y se repartieron el mercado de tal forma que los productores apenas pudieron obtener beneficios.

 Lácteas de Galicia (AELGA), Calidad Pascual (antes Grupo Leche Pascual S.A.), Central Lechera de Galicia (CELEGA), Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA), Danone, el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (GIL), Grupo Lactalis Iberia, Nestlé España, Industrias Lácteas de Granada (Puleva) y Schreiber Food España (antes Senoble Ibérica) son las empresas citadas por la CNMC en una lista de la que terminaron saliendo otras tantas comercializadoras tras haber prescrito su mala conducta.

 "Esto empezó porque, en 2013, un grupo de ganaderos navarros denunciaron a las principales industrias lácteas por formar un cártel. Es decir, las compañías, que estaban por ley obligadas a competir entre sí, se pusieron de acuerdo para pactar precios y para repartirse el mercado, llegando a dividirse el territorio. De esta forma, los ganaderos no tenían capacidad de encontrar clientes para vender su leche en su zona a precios diferentes. Estaban totalmente cautivos", explica Andoni de la Llosa, experto en Derecho de la Competencia de Redi Abogados, bufete que está llevando más de mil casos de afectados por esta alteración del mercado. "Habitualmente los cárteles operan para vender, pero en este caso, lo llamativo es que lo hacían para comprar. Creemos que esta puede haber sido una de las principales causas del cierre masivo de decenas de miles de granjas. Hemos pasado de 60.000 explotaciones lecheras a principios de siglo a unas 10.000 actualmente", indica el abogado.

 Las compañías, según la CNMC, intercambiaron información a nivel nacional y regional sobre los precios del producto lácteo, sobre los excedentes de los ganaderos, los volúmenes de compra y hasta la identidad de los productores. Después, consensuaron una estrategia para controlar el mercado y evitar que los granjeros no tuvieran apenas alternativas para encontrar precios de venta diferentes. Todo ello se traduce en la falta de libertad de los ganaderos para fijar y negociar el precio de sus productos y a la empresa a la que lo suministraban. Todo ello en una coyuntura de mercado difícil donde, en condiciones normales, los productores ya disponen de un margen estrecho de negociación, ya que se ven obligados a dar salida la leche para poder conservar su cuota láctea.

"Era mi vida y se lo han llevado todo", lamenta Pujol. "Aquí en la comarca del Ripollès no queda nadie. Las lecheras han ido cerrando poco a poco o han cambiado el negocio porque no salía a cuenta vender esos precios. Lo único que quiero es que paguen por el daño que han hecho, se han enriquecido a costa de gente trabajadora. 

"Nosotros no tuvimos que cerrar. Tuvimos algo de suerte porque tenemos mucha tierra y teníamos más cabezas de ganado. Engordamos a las vacas y enfocamos el asunto de otra forma", comenta Eliseo Cebreiro, dueño de una explotación asentada en San Sadurniño (A Coruña). Tras una década arrastrando pérdidas en la producción, no hay muchas esperanzas en doblegar a los cartelistas, manifiesta, a pesar de que la CNMC emitió una sanción de 80 millones de euros que todavía debe ser ratificada por la Audiencia Nacional y, en caso de recurso, por el Tribunal Supremo. "Esas multas las vamos a pagar nosotros, los ganaderos. Nos van a bajar el precio de compra de la leche y con los beneficios que aumenten las van a pagar", gruñe el estanciero gallego.

 Pese a su desánimo, el camino judicial todavía deja lugar para el optimismo. La sentencia del Tribunal Europeo, aunque no estipula una indemnización para los afectados, alarga en cinco años el periodo que los ganaderos tendrán para poder reclamar ante la Justicia y esa es una novedad que podría relanzar el caso en España. "Muchos pensaban que ya había vencido el plazo y esto cambia el panorama. Nosotros tenemos ya 1.126 casos y en total hay en torno a 3.000 reclamaciones. Ahora podría aumentar el número", advierte De la Llosa. Y es que, además de la sanción de la CNMC, los letrados ya trabajan caso por caso para solicitar una compensación por daños. "Es gente que ha perdido muchísimo dinero. De media, unos 320 millones por explotación, a lo que hay que añadir los intereses que elevarían la factura entre un 55% y un 65%, estima el jurista de Redi Abogados.

A Eliseo no le compensa ponerse a echar cuentas. "Cómo me ponga ahora a calcular me explota la cabeza, pero te digo que producíamos entre un millón y un millón seiscientos kilos de lecho al año y nos pagaban entre tres y cuatro céntimos por debajo de coste", detalla. "Mientras nosotros apretábamos y reducíamos gastos, ellos aumentaban sus beneficios y se ponían de acuerdo para pagarnos como les daba la puta gana. ¿Negociar? Eso nunca ha existido, lo que había eran imposiciones. Yo entiendo que un contrato consiste en que las dos partes lleguen al mismo punto, pero aquí no ocurría, tu vendías a su precio sí o sí, porque cambiar de empresa era prácticamente imposible".

"Estuvieron llevando los precios muy al límite y casi siempre por debajo de coste. Algunos intentamos hacer cooperativas para sacar la producción con un poco más de precio, pero es muy difícil", cuenta Pujol, en referencia a lo concentrado que está el sector. "La leche es un trabajo muy sacrificado, ordeñas dos veces al día y casi todos los días de la semana. Si no se compensa como se debe, la gente acaba abandonando o arruinándose".                 (Alejandro Tena , Público, 07/07/22)

Florentino Pérez, Pablo Colio, Rafael del Pino, Entrecanales, Fernández Gallar y Manuel Manrique han formado un cartel en España alterando adjudicaciones públicas y llevarse 135.000M€. Han sido multados con 200M€ (0,13% de lo robado)... La ley que regula las licitaciones públicas prohíbe volver a contratar a estas empresas que forman cárteles. Sin embargo, los diferentes gobiernos seguirán dando las adjudicaciones a estos capos mafiosos que viven de robarnos

Fonsi Loaiza @FonsiLoaiza

Florentino Pérez, Pablo Colio, Rafael del Pino, Entrecanales, Fernández Gallar y Manuel Manrique han formado un cartel en España alterando adjudicaciones públicas y llevarse 135.000M€. Han sido multados con 200M€ (0,13% de lo robado). No son grandes constructores, son la mafia.

La ley que regula las licitaciones públicas prohíbe volver a contratar a estas empresas que forman cárteles. Sin embargo, los diferentes gobiernos seguirán dando las adjudicaciones a estos capos mafiosos que viven de robarnos.

11:59 a. m. · 8 jul. 2022
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 "La CNMC multa con 204 millones a las seis mayores constructoras por pactar contratos públicos durante 25 años. 

Las empresas se reunían semanalmente para concertar miles de licitaciones de carreteras, hospitales y aeropuertos. Las firmas recurrirán judicialmente la sanción, la mayor de la historia de Competencia.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 203,6 millones de euros a las seis principales constructoras españolas —Acciona, Dragados (ACS), FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr— por haber concertado durante 25 años, entre 1992 y 2017, miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras, como hospitales, carreteras o aeropuertos.

En conjunto, la sanción supone 203,6 millones, lo que la convierte en la mayor que ha impuesto en la historia la CNMC. Supera en más de 30 millones a la multa de 171 millones que Competencia puso en 2015 a 15 compañías de automoción. El supervisor justifica la cuantía por el “gran número” de trabajos al que afectó, “el elevado importe que entrañaron dichas obras y la prolongada duración en el tiempo de las prácticas [anticompetitivas]”.

El modus operandi del grupo (denominado G7 porque en principio estaba integrado por siete empresas) consistía en mantener reuniones semanales para analizar las licitaciones de obra pública que se habían publicado en diferentes plataformas de contratación del Estado. En esas citas, las empresas acordaban los concursos en que iban a compartir —entre todas o en un subgrupo— una parte o la totalidad de los trabajos que compondrían las ofertas técnicas de las licitaciones. Las empresas también intercambiaban información comercial sensible (diferente de la necesaria para compartir los trabajos), como su intención de concurrir o no a licitaciones, o la de formar UTEs (Unión Temporal de Empresas) y los miembros que las integrarían para asegurarse las adjudicaciones.

Para evitar sospechas, “los trabajos se encargaban conjuntamente por los miembros del grupo a empresas externas”, según ha indicado la CNMC en un comunicado. Y una vez convenido el pacto, las constructoras tenían que atenerse a él, sin poder modificar ninguna de sus ofertas. “Las empresas no podían modificar los trabajos generados en conjunto para presentarlos en sus ofertas sin el conocimiento y la aprobación del resto de miembros del grupo. La única personalización admitida era la inclusión de logos y denominaciones de cada empresa en el documento conjunto para dar a las administraciones una apariencia de independencia en la presentación de las ofertas”, indica la CNMC.

Entre las Administraciones Públicas afectadas figuran fundamentalmente las pertenecientes al Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) junto con sus organismos y entidades públicas empresariales dependientes. La multa total será repartida entre las seis compañías: Acciona (29,4 millones), Dragados (57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), Obrascón Huarte Lain (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones).

Otras multas

Se da la circunstancia de que muchas de estas empresas ya han recibido multas millonarias por pactar contratos en otros ámbitos como la obra ferroviaria, la conservación de carreteras o los residuos urbanos. Por ejemplo, ACS, FCC, Acciona o Sacyr, junto a otras empresas, fueron multados con 61 millones en 2021 por alterar el resultado de licitaciones de los servicios de conservación de la Red de Carreteras del Estado para hacerse con contratos por más de 500 millones de euros. Y en 2019, la CNMC sancionó con 118 millones a 15 empresas por repartirse concursos públicos de Adif por valor de más de 1.000 millones, entre las que estaban filiales de Sacyr, OHLA y ACS.

En este caso, el expediente no se abrió a raíz de la delación de una de las empresas implicadas a cambio de esquivar la sanción, como suele ser habitual, sino por una investigación paralela sobre unos contratos de hormigón armado en 2014 que puso sobre aviso a la CNMC de la existencia del cártel.

Las consecuencias para las grandes firmas constructoras pueden ser muy graves. La CNMC ha remitido la resolución a la Junta Consultiva de Contratación Pública por si cabe la prohibición de contratar con la Administración. El regulador puede activar este procedimiento que le otorga la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y que permite que se prohíba la participación de las sociedades infractoras en futuros contratos públicos hasta tres años. Pero las empresas pueden evitar el golpe, ya que esa cláusula solo se puede aplicar tras una sanción firme y de hehcho, todas ellas han anunciado ya que interpondrán un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional y de casación ante el Tribunal Supremo, por lo que la vía judicial puede alargarse durante años.

Grave perjuicio público

En el expediente hecho público este jueves, se denuncia que las empresas compartían en muchos casos la oferta técnica, que llegaba a alcanzar el 70% de la puntuación del concurso, frente al 30% correspondiente a la puntuación económica, asegurándose así la adjudicación de contratos de edificación y obra civil de infraestructuras de interés general, como son hospitales, carreteras o aeropuertos. “El hecho de compartir las ofertas técnicas y los intercambios de información entre licitadores incumplen los deberes de proposición única y de secreto de las proposiciones y eliminan la independencia exigida a las empresas en los procedimientos de contratación pública”, explica el organismo.

En 2017, las empresas disolvieron el denominado G7 (las actuaciones contra la empresa Lantania, antigua Isolux, han sido archivadas) y manifestaron expresamente que estos acuerdos podían ser contrarios a las normas de defensa de la competencia. Efectivamente. Las conductas, apunta la CNMC, constituyen una infracción muy grave de los artículos 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. “Se trata de prácticas cuyos efectos han sido especialmente dañinos para la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos convocados por Administraciones Públicas españolas para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etcétera”.

 En este sentido, el organismo hace hincapié en el efecto agregado que tuvieron sobre la competencia estas prácticas debido al gran número de obras en las que compartieron trabajos entre ellas, el elevado importe que entrañaron dichas obras y la prolongada duración en el tiempo de las prácticas.

Al tomar una posición de ventaja en los concursos públicos, las prácticas de las constructoras “produjeron efectos sobre las empresas competidoras, que concurrieron a los contratos públicos en desventaja competitiva frente a las empresas del grupo”. Los rivales debían soportar mayor coste en la preparación de sus ofertas, además de carecer de información sobre los movimientos de sus competidores.

Texto íntegro de la resolución de la CNMC sobre las constructoras... AQUÍ "       (Ramón Muñoz, El País, 07/07/22)

Competencia multa con más de 200 millones a las principales constructoras por alterar licitaciones públicas... Acciona, Dragados, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr deberán pagar por alterar durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras

 "La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por un importe total de 203,6 millones de euros a seis de las principales constructoras españolas por haber alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras.

Las empresas y sanciones impuestas por Competencia son Acciona (29,4 millones), Dragados (57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), OHL (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones), según ha informado este jueves Competencia en un comunicado.

La CNMC ha explicado que desde 1992 estas seis compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en los que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. Además, intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos.

Entre las miles de licitaciones afectadas existen infraestructuras de interés general como hospitales, puertos y aeropuertos y carreteras, según la CNMC.

“Se trata de prácticas cuyos efectos han sido especialmente dañinos para la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos convocados por Administraciones Públicas españolas para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc.”, subraya Competencia.

Entre las administraciones públicas afectadas figuran fundamentalmente las pertenecientes al ámbito de fomento, incluyendo al Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) junto con sus organismos y entidades públicas empresariales dependientes."     (eldiario.es, 07/07/22)

¿Cuánto le cuesta a Florentino y otras constructoras amañar contratos y engañar al Estado? Florentino pagará la multa con lo que factura ACS en menos de tres horas

 "Quedaban “a tomar café”, dice la nota de prensa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Mientras saboreaban el café se repartían el negocio de la conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado. El cártel de empresas convirtió a la mano invisible de los mercados en una fórmula: cada empresa tenía un número de puntos que iban perdiendo en función de si presentaban una oferta más baja de un precio suelo que acordaban de manera conjunta.

 Si una de las empresas hacia una oferta por debajo de esa cifra para llevarse el contrato, perdía puntos. Cuanto más baja más puntos perdías. Si una de ellas se llevaba de este modo varios contratos, debía presentar ofertas más altas del límite en el resto de contratos para dejar que ganaran sus compañeros de café. Todos ganaban, menos las arcas públicas y los bolsillos de los contribuyentes. 

Así fue cómo, entre 2014 y 2018, 12 de las mayores constructoras y empresas de gestión y mantenimiento de carreteras se repartieron 71 de las 101 licitaciones públicas que el Ministerio de Fomento del Gobierno del Partido Popular publicó en relación con la prestación de servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado. Se repartieron 530 millones de euros de dinero público, el 63% del importe total adjudicado por el Ministerio. Dos de cada tres contratos públicos durante cuatro años fueron amañados.

 Los implicados: los sospechosos habituales. Acciona, de la familia Entrecanales; ACS, de Florentino Pérez; OHL, de de Juan Villar-Mir; Ferrovial, de Rafael del Pino; FCC, del mexicano Carlos Slim, o Sacyr, cuya mayor accionista es el que fuera ministro de Industria con Franco, Demetrio Carceller. Hasta 12 empresas han sido señaladas y sancionadas por la CNMC por formar el cártel y amaño de concursos.

Y lo de “sospechosos habituales” no es una metáfora cinematográfica (que también). El imperio de Florentino Pérez es la empresa española líder en sanciones por amañar contratos, tras los 51 millones de multa por amañar licitaciones de ADIF también tuvo una sanción por el denominado cártel de los barracones escolares en 2015 por más de ocho millones de euros. Además, la constructora de Florentino también participó en el denominado cártel de la basura, pero la Audiencia Nacional libró a la empresa de pagar la multa por defectos de forma.

FCC, ACS, Valoriza (Sacyr), Urbaser (ACS), Cespa (Ferrovial) también fueron sancionadas por la CNMC al descubrirse que se habían repartido contratos de limpieza urbana y gestión de residuos. La multa de casi 40 millones de euros fue repartida entre 39 empresas. La cafetería donde quedaban debió ser algo más grande de lo habitual. 

¿Son disuasorias las sanciones de la CNMC?

La CNMC ha impuesto una multa total de 61 millones de euros a repartir entre las 12 empresas en proporción a su implicación en la licitación de contratos, aplicando un descuento del 50% a la empresa Aceinsa al participar en el Programa de Clemencia de la Comisión al haber aportado elementos de prueba y que han permitido a la CNMC detectar y acreditar la existencia del cártel. Si lo comparamos con el botín obtenido, 530 millones de euros en contratos, el total de las sanciones representa el 11,5% de la facturación obtenida con dichos concursos públicos. Pero para observar la magnitud y efectividad de una sanción deberíamos calcular el esfuerzo que necesitan hacer dichas empresas para hacer frente a las multas.

Se supone que una sanción debe ser disuasoria. Las multas deberían prevenir y evitar que las mismas empresas tengan la tentación de seguir funcionando como un cártel y violar la libre competencia y concurrencia en los concursos públicos. Pero, ¿son disuasorias las multas que ha impuesto la CNMC? ¿Cuánto suponen las multas en comparación con los beneficios obtenidos por dichas empresas? ¿Y comparado con sus ventas? ¿Cuántos días necesita Florentino para pagar la sanción? ¿Cuánto cuesta en España amañar concursos y repartirse el dinero público?

Si calculamos los importes de las multas en comparación con los beneficios de dichos grupos empresariales y sus ventas anuales nos podemos hacer una idea de lo barato que sale incumplir las leyes de la competencia, amañar concursos y sangrar las arcas públicas. Comparado con los beneficios de 2019, año anterior a la pandemia, observamos que el conjunto del cártel solo necesita algo más del 4% de su beneficio anual para hacer frente al conjunto de las multas.

Si lo comparamos con las ventas totales del cártel, las 12 empresas solo necesitan un 0,3% de sus ventas de un solo año para pagar la sanción por amañar concursos durante cinco años. O lo que es lo mismo, el cártel de las constructoras pagará la sanción con su facturación de menos de ocho horas.

La multa impuesta a la empresa de Florentino Pérez ha sido la mayor, casi 12 millones de euros. Pero también es ACS la reina de las constructoras en beneficios y ventas. La empresa solo tendrá que pagar un 1,22% de su beneficio de 2019 por haber amañado contratos desde 2014 a 2018. Si lo comparamos con las ventas del grupo, ACS solo necesita el 0,03%, o lo que es lo mismo, Florentino Pérez pagará la multa por amañar contratos con lo que factura ACS en menos de tres horas.

 Con los otros grandes grupos pasa algo parecido. Sacyr podrá hacer frente a la sanción con el 15% de los 35,7 millones de euros que ganó en 2020 (en 2019 se anotó pérdidas). FCC pagará la multa con el 3,20% de lo que ganó en 2019, o lo que es lo mismo, podrá pagar la sanción con lo que factura en medio día. Acciona, por su parte, podrá pagar los 2,3 millones de euros que le impone Competencia con un 0,62% de su beneficio o el 0,03% de sus ventas de 2019.

Volver a contratar con la administración pública

Las conductas ilícitas en las que incurrieron estas empresas se prolongaron más allá del 22 de octubre de 2015, fecha de entrada en vigor de la ley que prohíbe que empresas que violen las leyes de competencia incurran a nuevos concursos públicos. La CNMC ha remitido a la Junta de Contratación del Estado la notificación de esta resolución a fin de que se inicie el procedimiento de determinación de la duración y alcance a las empresas sancionadas.

Pero las empresas tienen filiales, las filiales forman Uniones Temporales de Empresas (UTE) y España es España. Tal y como ya vimos con la multa a estas mismas empresas que amablemente la Audiencia Nacional canceló y con la congelación temporal de las sanciones al cártel de las basuras, entre las que se encuentran los mismos sospechosos habituales, todavía tendremos que esperar a ver si Florentino Pérez, los Entrecanales o Carlos Slim acaban pagando las sanciones con esas horas de ventas o se vuelven a librar de reírse de la mano invisible y del bolsillo del contribuyente. Todo ello en un contexto donde el PSOE ha planteado la posibilidad de imponer un peaje por el uso de todas las carreteras en 2024 porque, según el exministro Jose Luis Ábalos, el coste de mantenimiento de las carreteras es muy caro. Claro que nos sale caro, y con estas ridículas sanciones y estos cárteles no parece que la cosa vaya a cambiar mucho."                    (Yago Álvarez Barba, El Salto, 20/08/21)

Seis claves para entender cómo se reparte el pastel de los comedores escolares en Euskadi

"La comisión de investigación del fraude de los comedores escolares públicos presentó hace unos días el informe de conclusiones sobre las irregularidades que culpa al Gobierno vasco de la falta de control que posibilitó un fraude que oscila entre los 70 y los 80 millones de euros. Según la comisión, las familias habrían sido las principales afectadas. He aquí algunas claves para entender cómo se repartió el pastel y lo que esto supuso:

1. 2016: se destapa el caso

Competencia y, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) multaron en 2016 a siete empresas por pactar un encarecimiento del servicio de comedores escolares entre los años 2003 y 2011 y 2013 y 2015. Las empresas beneficiarias eran Auzo Lagun, Cocina Central Goñi, Cocina Central Magui (estas tres pertenecientes a MCC), Eurest, Tamar las Arenas, Gastronomía Cantábrica y Gastronomía Baska. La empresa que dio la voz de alerta, Aibak, había llegado a ‘adivinar’ ante notario cuáles iban a ser las empresas ganadoras del concurso año a año.

Si bien en un principio la cuantía global de las multas ascendía a los 18 millones de euros, el TSJPV las rebajó en un 60%, hasta los 7,24 millones, puesto que entendía que la actuación del Gobierno Vasco había contribuido a que estas considerasen que "actuaban de una manera asumible de cara al interés público". La Fiscalía del País Vasco llegó a emprender una investigación, pero su titular por aquel entonces, Jual Calparsoro, archivó la causa al creer la versión de los empresarios, según los que no existía ningún tipo de mercado cerrado.

2. Unas pocas empresas se reparten el pastel

José Ramón Becerra, el parlamentario de Elkarrekin Podemos que ha participado en la comisión de investigación, asegura que en los años de la crisis económica, entre 2008 y 2012, el coste facturado de los menús ascendió en casi un 50%, "en parte fruto del pacto ilícito entre las empresas para repartirse el mercado". Se trata de un pacto tácito, técnicamente ‘colusión’ o ‘concertación’ entre empresas, que dificulta la competencia y, en consecuencia, incrementa los precios y mina la calidad. "Las empresas —comenta Becerra—, en la medida en que saben que tienen asegurado el reparto del mercado, no se van a esforzar por dar un mejor servicio". El sistema en sí mismo ha quedado, por lo tanto, en entredicho.

La comisión de investigación no ha demostrado que hubiese un pacto expreso y por escrito, ni que existiera connivencia entre el Gobierno y las empresas, pero sí la existencia de ese acuerdo tácito e ilícito. El quebranto económico lo cifran desde la comisión en alrededor de 70 u 80 millones de euros. Es por ese motivo por el que se le exige al Ejecutivo que recupere ese sobrecoste, esos beneficios que han conseguido las empresas a costa del dinero público y del dinero puesto por las familias.

3. Las familias, las principales perjudicadas

Son esas familias las que han soportado, con su dinero, este sistema. El número de comensales de los comedores públicos ha ido creciendo con los años, pero con la crisis económica el aumento fue aun más notorio. El Gobierno hizo en 2012 los primeros cambios para estabilizar las cuotas del comedor; entre 2012 y 2017, la factura de los comedores se redujo en prácticamente un 17%. La cuota de las familias, sin embargo, se ha mantenido. "La realidad es que, cuando se acredita un sobrecoste, les repercute a las familias, que pagan el 60% del coste del servicio a través de sus cuotas, e incluso más", asegura Becerra.

Considera que "el sistema no es ilegal, porque la orden que lo regula dice que se tenderá hacia la autofinanciación". "Sin embargo, la situación refleja que este sistema de comedores está cargando sobre las familias el coste de un servicio cuya calidad está en entredicho y, además, el sobrecoste que ha ocasionado el pacto entre las empresas", apunta. El informe de conclusiones de la comisión estima que "se habrían detraído a las familias" de los alumnos entre 42,1 y 48,5 millones de euros a través de las cuotas de comedor.

4. Idas y venidas en la cartera de Educación

El PNV aseguró en 2018 que había quedado claro que la Administración no había estado involucrada. Aun así, no es el único partido que ha gestionado la cartera de Educación. Este sistema de comedores escolares echó a rodar en el año 2000. Los responsables de Educación desde ese año hasta 2009 fueron consejeros de EA (que ahora está integrada en EH Bildu), después la responsabilidad recayó en manos del PSE-EE hasta 2012 y, desde entonces, corre a cargo del PNV. Por tanto, en los años abarcados por la investigación, ha habido miembros de al menos tres partidos al mando de Educación.

5. No hay "connivencia", pero sí "responsabilidades políticas"

El informe de conclusiones sobre las irregularidades detectadas lo aprobaron todos los grupos parlamentarios a excepción de PNV y PSE-EE. El informe culpa al Gobierno vasco de la falta de control que hizo posible el fraude. El dictamen no brinda pruebas de "connivencia" entre Ejecutivo y empresas, pero da por "acreditada" la existencia de "responsabilidades políticas" en dos planos: las de los que estaban al mando de la consejería de Educación mientras todo sucedía y las de los que, una vez probados los sobrecostes y el ‘coto cerrado’ que mantenían las empresas, no hicieron nada por recuperar el dinero.

6. ¿El futuro?

La consejera, en su última comparecencia, dijo que todo va a seguir igual. De tal manera que los cambios no van a ser drásticos pese a las conclusiones de la comisión. Si bien las ampas podrán gestionar a partir del siguiente curso los comedores escolares de manera directa, Becerra cree que este modelo está "abocado al fracaso, porque es cuestionable jurídicamente que un ampa pueda gestionar unos recursos públicos, como es el personal, y porque difícilmente van a sobrevivir financieramente".              (Rubén Pereda, eldiario.es, 29/06/19)

Multa de 171 millones a 21 marcas de coches por actuar como un cártel. SEAT se chivó a cambio de 'clemencia'

"La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto la mayor multa de su historia al sancionar con 171 millones de euros a 21 empresas fabricantes, distribuidoras, comercializadoras y prestadoras de servicios de postventa de vehículos en todo el territorio español.

La sanción, que afecta también a dos consultoras, se ha impuesto por realizar prácticas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia. Según la CNMC estas empresas han actuado directamente como un cártel.

El organismo da por probada una infracción "única y continuada" consistente en el "intercambio sistemático de información confidencial comercialmente sensible, tanto actual como futura y altamente desagregada, que cubría la práctica totalidad de las actividades realizadas".

La cuota de mercado conjunta de las marcas participantes en las conductas analizadas en este expediente sancionador alcanza en torno al 91% de la distribución de automóviles en España, incluyendo la casi totalidad de marcas denominadas generalistas y alguna de las denominadas 'premium'.

 Competencia asegura que ha quedado acreditado que las empresas desarrollaron dichos intercambios de información "con manifiesta ocultación y secretismo", valiéndose de específicos mecanismos que facilitaban dicho intercambio de información, mediante la participación a tal efecto de dos consultoras, Urban Science y Snap-On Business Solutions.

La organización explica que el intercambio de información se estructuraba en el ámbito de la gestión empresarial, con datos relativos a la distribución y la venta de vehículos en España por las marcas participantes en el llamado "Club de las marcas". También se compartió información sobre servicios y actividades de posventa, para lo que se creó un programa de colaboración a partir de 2010 de la consultora Urban Science y se convocaron diferentes foros.

Igualmente, algunas de las marcas envueltas en este expediente también intercambiaron información confidencial en el campo del marketing, con reuniones denominadas 'Jornadas de Constructores', en las que participaron responsables de marketing de posventa.

 Competencia apunta que en las inspecciones realizadas en las sedes de las empresas a finales de julio de 2013 y junto con la documentación facilitada por Seat "en su solicitud de exención de pago de multa" se comprueba que estas acciones han ocasionado efectos perniciosos sobre la competencia efectiva en el mercado.

La CNMC ha decidido eximir de la multa a Seat, Volkswagen Audi España y Porsche Ibérica por su condición de solicitantes de clemencia. "Esto se debe a que aportaron elementos de pruebas suficientes para ordenar las inspecciones realizadas, así como posteriormente durante la instrucción de este expediente, que han posibilitado a la CNMC la detección y acreditación de este cártel", añadió, al tiempo que señaló que éstas han quedado eximidas de una multa de 39,44 millones de euros.

Además, considera que el papel de Urban Science y de Snap-On "es determinante", ya que actuaron como facilitadores activos del cártel y como instrumentos fundamentales en el intercambio de información y en el mantenimiento en el tiempo de dicha conducta.

 Entre las empresas con mayores sanciones dentro del expediente figuran Citröen (14,7 millones), BMW (8 millones), Ford (20,2 millones), General Motors (22,827 millones), Peugeot (15,7 millones) o Renault España Comercial (18,2 millones).

Además, también se ha multado a B&M Automóviles España con 776.012 euros; a Chevrolet España, con 138.580 euros; a Chyrsler España, con 264,5 euros; a Fiat Group Automobiles Spain, con 6,9 millones de euros; a Honda, con 609.325 euros; a Hyundai, con 4,41 millones de euros; a Kia, con 2,07 millones de euros; a Mazda, con 2,37 millones de euros; a Mercedes-Benz España; 2,37 millones de euros; a Nissan Iberia, con 3,15 millones de euros; a Snap-On, con 52.785 euros; a Toyota España, con 8,65 millones de euros; a Urban Science, con 70.039 euros, y a Volvo Car España, con 1,7 millones de euros.

Competencia procede al archivo de las actuaciones contra Peugeot Citroën Automóviles España, Renault España y Orio Spain "por no haber quedado acreditada la comisión de infracción" y recuerda que no existe recurso alguna en vía administrativa contra estas resoluciones."                 (Público, 28/07/2015)

Así amañaba el cártel de la basura: "Hago yo la oferta y si gano doy a Urbaser y Cespa el 20%"

"Había en juego un macrocontrato de 542,9 millones de euros. Corría noviembre de 2012 y el Ayuntamiento de Madrid sacó a licitación la gestión del servicio público para la “Contenerización, recogida y transporte de residuos en la zona periférica de la ciudad de Madrid y otras prestaciones específicas en la zona central”.

 Las tres grandes del sector, FCC (hasta la fecha adjudicataria de ese servicio), Urbaser (ACS) y Cespa (Ferrovial) comenzaron a trabajar conjuntamente para repartirse el cotarro.

Así lo hicieron constar en un contrato, sellado el 20 de noviembre de ese año, denominado “Acuerdo de participación conjunta”, en el que FCC manifiesta su intención de presentar una oferta a la licitación mencionada y se compromete, en el caso de ser adjudicataria, “a conceder y otorgar a Urbaser y Cespa en la cuenta de participación un porcentaje máximo del 20% a cada una de ellas, pudiéndose incrementar hasta el 40% en el caso de que alguna de ellas decidiera no participar”, según se desprende de la información recogida por la CNMC en los folios 4598 a 4613 de la investigación realizada durante dos años.

Los grupos de Esther Koplowitz, Florentino Pérez y Rafael del Pino, respectivamente, habían convenido no presentarse al concurso, porque sabían que al quedarse desierto, sería FCC la que continuaría prestándolo a través de una prórroga otorgada por el ayuntamiento, como así fue. 

Pero sí habían pactado repartirse el negocio en virtud de los acuerdos previamente firmados, según ha podido constatar la inspección de la CNMC, que encontró esos contratos en los registros realizados en la sede de FCC Medio Ambiente.

Éste y otros muchos casos detectados por el regulador en los últimos diez años suponen una “infracción única y continuada del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia” y han servido de base para imponer multas a Urbaser, FCC y Cespa por valor de 23,3 millones, 16,9 millones y 13,6 millones, respectivamente.

Según los miles de emails y documentos inspeccionados por la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC), hay acuerdos secretos por doquier que durante más de una década beneficiaron a 39 empresas y tres asociaciones patronales.

“No tiene ningún interés establecer una guerra con los otros vertederos. (…) Hay que mantener sin cambios la cantidad de toneladas que va hacia los otros vertederos”, dijo el director para Cataluña de FCC Ámbito a un representante de su cliente Everest.

“Entiendo que están pidieron precio para aguas con HC’s de fuera de Cataluña ¿no? No quiero guerras ligadas a terceros, como comprenderás. Por lo tanto, me parece bien un precio para sus aguas de fuera de Cataluña. Con las de aquí no quiero líos”, reza un correo interno de FCC Ámbito en juilo de 2012, que consiguió evitar una guerra de precios con Ecoimsa.

Cespa y Saica Natur declaran su “pacto de no agresión” con el cliente Panrico: “Cabe decir que actualmente, al menos en BCN, trabajan con Cespa y aquí, por ahora, estamos en periodo de no agresión”.

Y Andalucía también formaba parte de este acuerdo: “Cualquier posible oferta de un cliente que ahora tenga Saica debo autorizarla yo. No vayamos a empezar mal”, afirmaba un gerente de Cespa. La empresa de Ferrovial no quería perder Puleva Granada y ante los precios bajos de Saica, habló con ellos para “ceder en Sevilla y no lanzar contraoferta, y que nos emitan oferta de cobertura en Granada”.

Otra de las prácticas irregulares detectadas era ofertar por encima para que, en virtud de los acuerdos de reparto, el cliente siguiera con su proveedor: “Si no me equivoco Isofotón es tuyo ¿verdad?, es que los estuve visitando… dime cuánto tengo que ofertarle para quedarme por encima vuestro”, le dijo Magma a Verinsur.

Los de FCC ámbito, para llegar a un acuerdo con Sertego, se comprometieron a “en cuanto a la planta de Valdebebas, pasamos todos nuestros clientes a la competencia, aunque sea por breve espacio de tiempo. (…) Hay que valorar qué interés puede tener Sertego en los clientes que nos interesan a nosotros para Getafe”.

Valoriza (Sacyr), multada con 15,3 millones por la CNMC, no les iba a la zaga en sus tejemanejes. Pactó con Urbaser y Cespa repartirse los servicios de Valdemingómez, sellando acuerdos de exclusividad. Cespa se salió para posteriormente llevarse su parte de la tajada, según recoge el regulador en los folios 1.743-45 de la investigación.

Había veces que las empresas y la patronal de turno se unían para tumbar concursos. Se coordinaban para no acudir o para lanzar ofertas de derribo inasumibles por el ayuntamiento de turno. Aselip, la patronal de empresas de limpieza rápida, consiguió que nadie presentara oferta en la licitación del SELUR madrileño, que quedó desierta.

Todas estas prácticas y muchas más han desembocado en la multa de 98,2 millones de euros que la CNMC ha impuesto a 39 empresas y tres patronales."            (Vox Populi, 28/01/2015)