Los negocios peligrosos del inspector Méndez Un jefe de la Policía Nacional en Alicante participó en el comercio de compraventa de coches de un traficante imputado por dirigir una red que movió 4.000 kilos de cocaína

 "El que fuera inspector jefe de estupefacientes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional en Alicante, Javier Méndez, cerró el 15 de febrero de 2019 un suculento negocio: la compra de cuatro vehículos Land Rover de segunda mano por 16.100 euros. “Está muy bien, ¿puedes dar tú el efectivo y luego cuadramos?”, instó el mando policial a su interlocutor a través de la aplicación de mensajería Telegram. “Sí, yo te lo adelanto”, reaccionó este último.

Siete meses después de la transacción, Juan Andrés Cabeza, el hombre que anticipó el dinero para adquirir los todoterrenos al responsable antidroga de Alicante, entraba en un furgón policial por pilotar presuntamente la mayor red de narcotráfico y blanqueo desmantelada en la Comunidad Valenciana. Un engrasado mecanismo con tentáculos en Rumanía, Suecia, Portugal y Colombia que movió 4.000 kilos de cocaína.

Un informe confidencial de la unidad de asuntos internos de la Policía Nacional al que ha tenido acceso EL PAÍS revela que el exjefe de la brigada de estupefacientes de Alicante ha participado desde 2018 en el negocio de la compraventa de vehículos de segunda mano con el presunto narco Cabeza. También, que el mando policial ha asistido entre 2018 y 2019, cuando era jefe de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), a 24 reuniones y almuerzos —algunos con su pareja— con este traficante en Denia, Jávea y Alicante. Y que el inspector jefe, con una nómina de 3.174 euros, navega por un insólito tren de vida junto a su esposa, Carolina M., que ha adquirido 51 vehículos desde 2006.

Los investigadores sostienen que, cuando el matrimonio intensificó la relación con el traficante (2018-2019), dejó de sacar dinero del cajero y de pagar con tarjeta.

Para esquivar el foco, Méndez canalizó el negocio de la compra y restauración de todoterrenos que mantenía con el narco a través de su esposa. “Aunque los coches están a nombre de su mujer, el inspector se encarga de todo”, indican las pesquisas.

 Los vehículos se remozaban en un taller regentado por el policía Antonio F. y el subinspector Juan José R., que cobraban en efectivo y sin factura. Méndez sacaba por cada coche 2.000 euros de beneficio. Y planeaba comercializar su flota a través del concesionario del narco en Denia, Designcars, y en EE UU Para ello, barajaba implicar en el negocio a otro señor de la droga con un historial de 19 detenciones por narcotráfico, estafa y asociación ilícita.

Amistades peligrosas

El responsable policial visitó en 2019 dos veces al narco Cabeza a su domicilio de la avenida Costa Blanca de Alicante. El 28 de marzo de ese año, el inspector cruzó a las 21.30 horas el portal de la casa del traficante. Y, a continuación, entró en el edificio un hombre que aparcó un Audi A3 donde se incautaron 20 kilos de cocaína seis meses después.

La relación narco-inspector era fluida. El traficante instaba a su amigo policía a visitarle en casa con la promesa de prebendas para su familia. “Pásate luego, sobre las 22.30 horas, te vienes con la bolsa de golf, me la dejas, y te llevas el regalo de las nenas”, sugería Cabeza.

En una de esas citas nocturnas, en agosto de 2019, el mando policial abandonó apresuradamente el domicilio del narco con una mochila negra y una gran bolsa de deporte.

El policía llegó a reunirse con Cabeza —que acumula cuatro arrestos desde 2002— en las inmediaciones de la comisaría de Alicante, donde el inspector jefe trabaja desde 1999. En un encuentro en junio de 2018 en una confitería junto a las dependencias policiales, el señor de la droga muestra su móvil al jefe de la brigada de estupefacientes. Los dos hombres abandonan media hora después el local por separado.

La amistad narco-inspector trascendía a la familia. “He quedado a comer con Javi”, le dijo el 11 de agosto de 2018 Cabeza a su pareja para anunciarle un almuerzo con el jefe de estupefacientes. La cita, a la que asistieron los dos matrimonios, se celebró entre camas balinesas en un restaurante de Denia. Otro encuentro sitúa a las dos parejas durante cuatro horas en una arrocería junto al mar en Jávea.

El jefe policial se reunió con el narco en momentos clave. Así, el inspector Méndez mantuvo una cita el 19 de septiembre de 2019 con el señor de la droga en un restaurante de la alicantina Playa de San Juan. El día anterior, caía arrestado por tráfico de drogas, blanqueo y asociación ilícita el miembro de su red Sandro G., el Gordo, pieza clave en el engranaje de Cabeza y vinculado, según las pesquisas, a un frustrado intento de colar 2.000 kilos de cocaína por el puerto de Valencia en 2018. Los agentes sospechan que el inspector avisó del arresto a la esposa de El Gordo.

El mando exprimió su relación con el narco hasta el último minuto. Méndez cenó con el traficante en la playa de San Juan nueve horas antes de que este fuera arrestado el 25 de septiembre de 2019 por tráfico de drogas, blanqueo y asociación ilícita como presunto cerebro de la Operación Beautiful. Un mazazo a la delincuencia organizada desarrollado por la Policía Nacional y Europol que acabó con la detención de más de 40 personas en Alicante, Valencia, Madrid, Galicia y Barcelona. Mario el Francés, presunto miembro de esta red que controlaba 600 cuentas bancarias y 300 propiedades, no pudo ser arrestado porque había sido tiroteado una semana antes de la redada en el centro comercial Villa Marco de El Campello (Alicante).

 

Carolina M., mujer del inspector jefe, defendió en una conversación con su amiga Pepi a Cabeza tras su arresto. “Sí, Javi se va a cenar con él los lunes. Yo puedo tener un trato cordial con alguien. Me importa un pepino cómo sea”, dijo sobre este traficante que guardaba en su casa 1,5 millones en cajas de zapatos.

El enigma de la chatarra de Sudamérica

La compraventa de todoterrenos usados no fue el único negocio que conectó presuntamente al inspector Méndez con el hermético universo del narcotráfico. El mando planeaba junto al agente de la Udyco Luis Ángel C. importar contenedores con chatarra de Venezuela, según asuntos internos.

Méndez barajó fichar para esta empresa al propietario de una chatarrería de San Vicente del Raspeig (Alicante) con antecedentes por asociación ilícita y tráfico de drogas y al que las pesquisas sitúan como “estrecho colaborador” del narco José Ignacio F., el Vasco.

El singular negocio del mando, que ya concibió en 2018 el comercio de chatarra desde Guayaquil (Ecuador), desata pronto las sospechas de los investigadores: “Méndez es perfecto conocedor de que la importación de chatarra es un método seguro para el transporte de cocaína”.

El Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional investiga al inspector Méndez por lavar presuntamente dinero de Cabeza en una pieza separada instruida por la unidad de asuntos internos de la Policía Nacional. Las pesquisas apuntan que el mando y su esposa manejaron en efectivo —al menos— 80.000 euros de origen desconocido. “Tienen una fuente de ingresos no declarada”, indican los investigadores. Los agentes sospechan también que el mando pudo informar a los traficantes sobre las pesquisas contra ellos tras detectar en julio de 2018 una reunión entre Cabeza y el inspector en un parque cercano al domicilio de Méndez.

José Manuel Alamán, abogado de Méndez, niega a este periódico que su defendido participara en la estructura de blanqueo del presunto narco y reconoce que el inspector “tenía una relación personal con Juan Andrés”, con quien quedaba “una o dos veces al mes para tomar un café, cenar o hablar de temas personales”. “Mi cliente jamás hubiese pensado que Juan Andrés podría estar siendo investigado por tráfico de drogas”, responde el letrado por correo electrónico.

Tras ser apartado de la comisaría de Alicante y suspendido de empleo y sueldo, según su abogado, este inspector —que en 2013 daba conferencias sobre la incidencia de la cocaína en la Comunidad Valenciana con el entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó— enfila el banquillo. investigacion@elpais.es

Misteriosas transacciones, envío de dinero y mediación con un fiscal

Los agentes de la unidad de asuntos internos de la Policía Nacional que han rastreado desde 2018 los negocios de Carolina M., esposa del inspector jefe Javier Méndez, han descubierto misteriosas transacciones que conectan la compraventa de vehículos con el círculo de narcos a los que investigó su marido.

Así, la esposa del inspector adquirió en agosto de 2011 un Citroën C3 que, tres meses después, pasaba a manos de la hermana de un narco investigado por Méndez en 2007.

La pareja de Méndez también se hizo en 2012 con un Citroën C4 que fue adquirido dos meses después por Mauricio Alexander Q., detenido en 2009 por tráfico de cocaína en unas diligencias instruidas por Méndez.

Los agentes se sorprenden de la estrecha relación del mando con sus investigados. A uno de ellos, Roberto M., un albañil colombiano arrestado en 2004, el inspector le envía 75 euros por Western Union en 2018. El delincuente reconoce después por teléfono que Méndez “le ha ayudado mucho”.

El 11 de septiembre de 2019 ocurre otro episodio singular. Méndez pregunta con insistencia al delegado de la Fiscalía Antidroga de Alicante por la situación judicial del colombiano John Edward M. Y le traslada la posibilidad de que este, que fue arrestado en Elda (Alicante) en 2014 y se encuentra fuera de España, colabore con el ministerio público a cambio de no entrar en prisión. El fiscal rechaza de plano la oferta. “El inspector tiene capacidad de acceder a información privilegiada sobre determinadas personas utilizando como subterfugio un eventual aporte de información de interés policial”, concluye asuntos internos."                 (Joaquín Gil, El País, 02/08/21)

Implican al marido de la jefa de la oficina Antifraude con Rajoy en una trama de evasión a Suiza y Andorra

 "Medio millar de fortunas españolas han evadido impuestos hacia Suiza y Andorra sirviéndose de una red de gestores entre los que se encuentran políticos, empresarios, deportistas y hasta narcotraficantes, según investiga el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional. El cabecilla de la trama era Alejandro Pérez Calzada, marido de Margarita García-Valdecasas, jefa la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) con Mariano Rajoy, entre junio de 2013 y diciembre de 2016, tal y como adelantan El Confidencial y Público.

Según publicó La Vanguardia en el verano de 2018, Margarita García-Valdecasas  envió un informe confidencial de una investigación llevada a cabo por la Agencia Tributaria a su marido, a su vez investigado por blanqueo de capitales. García-Valdecasas ha sido durante años la inspectora jefa de la Unidad responsable de investigar los grandes fraudes en España. Es más, su unidad fue la que analizó, junto a la Fiscalía Anticorrupción, todos los datos aportados por el exempleado del HSBC, Hervé Falciani, sobre defraudadores fiscales.

Dos años antes, en junio de 2016, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción registraban la vivienda de Margarita García Valdecasas, según publicó ABC. Las pesquisas se centraron en las actividades de su marido, un conocido gestor de fondos, quien presuntamente habría repatriado dinero a España al margen de los cauces legales, según las fuentes consultadas por el citado diario. Además de la vivienda del matrimonio en Madrid −cuentan con otras propiedades en Barcelona y Palma de Mallorca− los agentes se presentaron en la sede de Mirabaud Finanzas Sociedad de Valores en Madrid y Barcelona, de la que Calzada fue consejero.

Ahora la investigación se reactiva. La Agencia Tributaria y la Audiencia Nacional se toparon con este entramado de asesores financieros que usaban empresas pantallas y testaferros con el fin de evadir al fisco en el marco de la investigación de la denominada lista Falciani. La trama, bautizada como Charisma, nombre del lujoso yate de Pérez Calzada, desviaba fondos a Suiza y Andorra, a través de Panamá, Chipre, Luxemburgo e Irlanda.

Según las investigaciones, en la cúspide de la pirámide del fraude se encontraba la sociedad de valores creada por Pérez Calzada en el año 2000, Venture Finanzas. De este modo, Calzada ingresaba de las entidades suizas y andorranas hasta el 50% de las comisiones que estas cobraban a las carteras que Venture les había presentado, mientras que los gestores disponían de sus propias sociedades instrumentales para ocultar las ganancias.

Ya en julio de 2016, agentes de la UCO registraron el domicilio conyugal de Pérez Calzada, investigado por blanqueo de capitales. Así, las investigaciones judiciales señalan a Pérez Calzada como máximo líder de la red e indican que la antigua responsable de la oficina antifraude con el Gobierno de Mariano Rajoy también se habría beneficiado de la “red Charisma”.

Según informa el mismo medio, Gacía-Valdecasas recibió transferencias de fondos generados por el grupo de su marido, que tiene a varios directivos imputados en la macrocausa.

Asimismo, en mayo de 2009, años antes de ser nombrada responsable de la ONIF, habría recibido 13.600 euros con el concepto de “cuota final Volkswagen”; también otros 8.850 euros con la referencia de una tienda de moda madrileña en mayo de 2010, y 6.000 euros sin concepto en abril de 2013, tan solo dos meses antes de ser nombrada directora de la ONIF."                 (Marcos López, diario16, 09/12/20)

Los peritos del BdE concluyen que el Santander blanqueó dinero de españoles en HSBC Suiza

 "Los peritos del Banco de España han concluido que Banco Santander colaboró en el blanqueo y la evasión de fondos de decenas de clientes españoles de HSBC Suiza. 

Los técnicos del supervisor emitieron su informe final el 24 de julio y ratificaron las acusaciones que ya habían vertido contra la entidad que preside Ana Botín en hasta siete periciales previas, por poner presuntamente su infraestructura al servicio de uno de los bancos más investigados del mundo por lavado de dinero.

 Siete directivos y exdirectivos de Santander están imputados en esta investigación, dirigida desde 2016 por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Las averiguaciones en torno al Santander avanzan en paralelo a las diligencias de la red Charisma, el grupo de gestores financieros que lideraba Alejandro Pérez Calzada —marido de la directora de la ONIF durante el Gobierno de Mariano Rajoy, Margarita García-Valdecasas— y que presuntamente ocultó en depósitos suizos y andorranos dinero de medio millar de grandes fortunas españolas.

El último gran hito en el procedimiento sobre el Santander se produjo el pasado 17 de noviembre, cuando los peritos comparecieron en sede judicial para defender las conclusiones definitivas que emitieron en julio, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al caso. La tesis de los funcionarios del regulador es que el Santander puso su red al servicio de los clientes del HSBC de Ginebra para que estos pudieran efectuar movimientos en las cuentas que escondían en Suiza sin tener que salir de territorio nacional.

Transferencias anónimas

El informe señala que el dinero depositado en Suiza entraba y salía a través del mayor banco de España sin dejar constancia de quiénes eran los emisores y receptores de los fondos, a pesar de que la aplicación informática que utilizaba la entidad para coordinar su vinculación con HSBC permitía reflejar los datos de los clientes. La Agencia Tributaria no tenía forma de conocer la operativa. La filtración de la lista Falciani ha permitido a Hacienda comprobar que un alto porcentaje de los activos que circularon por esa rendija del sistema nunca fue declarado

Solo entre 2005 y 2008, se produjeron 1.070 operaciones entre Santander y HSBC Suiza por un importe total de 73,9 millones de euros. Según los peritos, en la totalidad del periodo bajo sospecha, Santander únicamente dio la voz de alarma por transferencias relacionadas con HSBC en tres ocasiones. De hecho, Santander consideró hasta 2016 que el riesgo de blanqueo de las operaciones con HSBC debía considerarse "bajo", pese a las numerosas investigaciones abiertas contra la firma suiza en Estados Unidos y Europa por la ocultación generalizada de patrimonios.

El escrito pericial sostiene que los trasvases entre los dos bancos se produjeron de forma anónima hasta 2012, aprovechando que el Santander era la entidad corresponsal de HSBC para España. Tras el fin del acuerdo de corresponsalía en ese ejercicio, los saldos de las cuentas de HSBC pasaron a moverse entre España y Suiza mediante un complejo intercambio de claves que seguía camuflando a los verdaderos propietarios de los activos, según explicaron los expertos del Banco de España ante el juez José de la Mata. Durante su declaración, también expusieron presuntas irregularidades en la gestión de valores de HSBC en una cuenta de custodia de Santander Investment.

Siete directivos investigados

Por ahora, los imputados en la causa son el secretario del consejo del Santander hasta junio de 2015, Ignacio Benjumea, y los directivos José Manuel Araluce, Carlos Infesta, Carlos Fernández, Jesús Álvarez, Jesús Rivero y Marta Mora. El Santander no está investigado como persona jurídica, aunque la acusación se refiere a hechos que tendrían un carácter sistémico y la entidad asumió desde el principio la defensa de los encausados. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llegó a registrar sus oficinas centrales en Boadilla en 2016.

Fuentes conocedoras del procedimiento apuntan que la entidad de Ana Botín ha alegado durante la instrucción que las acusaciones de los peritos ponen en duda el funcionamiento de toda la banca corresponsal y ha recordado que hasta 2009 no era obligatorio identificar a los clientes del banco original y que, en el caso del HSBC, concurría además la obligación del secreto bancario. Los letrados de Santander también han rechazado el movimiento de dinero mediante el intercambio de claves y sostienen que no hay ningún indicio para proceder contra sus directivos ni contra la entidad por la vía penal.

“Confiamos en el archivo de la causa”, ha asegurado una portavoz de Santander a este diario. “El banco actuó en todo momento correctamente y según las prácticas y sistemas internacionales de las principales entidades financieras. Hemos colaborado con la investigación al máximo, dando al juzgado toda la información requerida. El grupo siempre ha aplicado las mejores prácticas en sistemas de prevención de blanqueo y dedica enormes recursos materiales y humanos para estar en la vanguardia de las mejores prácticas en prevención del blanqueo”.

Tramo final del caso

Con la pericial, esta pieza del procedimiento que nació a raíz de la lista elaborada por Hervé Falciani se acerca a su conclusión. La Fiscalía Anticorrupción estudia en estos momentos las conclusiones de los expertos para determinar si continúa adelante con la acusación que ha mantenido desde un inicio: una cooperación por blanqueo que afecta por el momento a altos cargos, pero que podría llegar más lejos. Si el departamento que dirige Alejandro Luzón considera firmes las conclusiones de los peritos, la responsabilidad penal se ampliará hasta alcanzar a la propia entidad como persona jurídica. Las fuentes consultadas consideran muy sólido el detallado estudio, aunque reconocen la dificultad técnico-jurídica que supone atribuir el delito al banco que funcionaba como correa de transmisión en la circulación de los fondos opacos.

La dificultad radica en averiguar si el banco era o no responsable del dinero blanqueado por quienes utilizaban sus servicios para trasladar dinero a Suiza o si, por su papel de corresponsal, lo es únicamente el HSBC. También si el banco incumplió el deber de alertar de operaciones fraudulentas para las que su estructura fue utilizada. Por su papel como hilo conductor, el Santander alega que debía exigir diligencia únicamente a su cliente, el HSBC, pero no a los clientes de este, cuyas actividades eran ajenas a su conocimiento. Para los peritos, sin embargo, el alto riesgo con el que se califica cualquier operación vinculada con Suiza y con la propia entidad son motivos suficientes para un control reforzado que no se ejerció."                   (José María Olmo, Beatriz Parera, El Confidencial, 09/12/20)

El blanqueador uruguayo de Zaplana ingresa 5,7 millones del botín en el juzgado para cerrar su acuerdo de confesión

"El caso Erial, que investiga el cobro de comisiones por valor de 17 millones de euros del exministro y expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, puede convertirse en uno de los casos de presunta corrupción donde la Justicia recupere un mayor volumen de dinero desviado. 

La rápida y secreta actuación de la titular del juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, María Isabel Rodríguez, y el fiscal Anticorrupción Pablo Ponce asegurando la confesión del presunto blanqueador de Zaplana en Uruguay no solo ha conseguido una demoledora confesión, sino que ha permitido que parte del botín regrese a España. 

Así, y según se selló en el acuerdo de confesión de Fernando Washington Belhot para evitar ser acusado en esta causa, el testaferro y blanqueador confeso ha ingresado 5,7 millones de euros desde Suiza en la cuenta corriente habilitada por el juzgado de instrucción número 8 de Valencia, según han confirmado fuentes de Anticorrupción. Posiblemente, uno de los decomisos de dinero en metálico defraudado por corrupción más importante de la historia de España. 

Belhot debe ingresar en las próximas semanas otros 900.000 dólares americanos (805.000 euros) en la misma cuenta y también con origen en una de las cuentas que la trama tenía en Suiza. En España, la juez y el fiscal han conseguido también recuperar otros 200.000 euros que el blanqueador internacional tenía en una cuenta de un banco español. 

A estos casi 7 millones recuperados en metálico habría que sumar otros 2,3 que también se han embargado en España fruto del decomiso del dinero que el exjefe de gabinete de Eduardo Zaplana, Juan Francisco García, repatrió a través de la amnistía fiscal que impulsó el exministro del PP Cristóbal Montoro. En este caso, hay dinero en metálico, pero también inversiones. 

Por último y para asegurar el decomiso, el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia tiene embargados todos los inmuebles de la inmobiliaria Gesdesarrollos Integrales SL. Hay bienes en Altea, Benidorm y otras localidades de la costa que tienen un valor superior a los dos millones de euros y que también estarían asegurados por la justicia. 

La estrategia seguida por la juez y el fiscal Anticorrupción de llegar a un acuerdo con el testaferro y no acusarlo ha sido fundamental no solo ante el posible juicio, sino para recuperar el dinero. De hecho, en caso de haber embargado las cuentas de Suiza, el dinero habría quedado bloqueado en la Confederación Helvética y difícilmente hubiera podido volver a España.

 De esta manera, ha sido el administrador de la cuenta, el propio Belhot, el que voluntariamente ha devuelto el dinero que presuntamente correspondería al cobro de comisiones."                  (Luca Marco Sergi Pitarch, eldiario.es, 20/05/19)

Zaplana ocultó un imperio inmobiliario con la red societaria de un matrimonio amigo

"Eduardo Zaplana habría recurrido a un alto cargo de los gobiernos de la Comunidad Valenciana que él mismo presidió para ocultar presuntamente un imperio inmobiliario financiado con comisiones ilegales. Gran parte de los esfuerzos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la llamada operación Erial se ha dirigido a identificar esas propiedades, que hasta ahora figuraban a nombre de mercantiles y terceras personas, para ponerlas a disposición del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, que supervisa las pesquisas.

Según fuentes próximas al caso, para aflorar el patrimonio oculto del exdirigente del Partido Popular, los investigadores siguieron el hilo que lo unía con un amigo de la infancia al que había promocionado reiteradamente para puestos clave de la Administración. Se trata de Joaquín Barceló Llorens, que compartía con Zaplana hasta una peña de las fiestas de Benidorm, la ciudad en que ambos crecieron. Agentes de la UCO detuvieron a Barceló este martes junto a su mujer, Felisa López González, por su presunta implicación en la trama de blanqueo de capitales del exministro de Trabajo.

Barceló fue la mano derecha de Zaplana en la sombra. Primero, el político situó a su amigo al frente del Centro de Desarrollo Turístico (CDT) de Benidorm cuando aún era alcalde de ese municipio (1991-1994). Después, al llegar a la presidencia de la Generalitat en 1995, confió de nuevo en Barceló para hacerse cargo de la dirección general de la Consejería de Turismo, un puesto que le permitió controlar todos los centros turísticos de la comunidad. 

Y por último, en 2003, el entonces titular de la cartera de Trabajo (2002-2004) volvió a intervenir para que su estrecho colaborador entrara en el consejo de administración del parque temático Terra Mítica como responsable de Relaciones Institucionales. Se mantuvo en el cargo hasta 2016.

Los agentes del Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción han descubierto ahora que, en paralelo a la carrera política del que llegó a ser portavoz del PP en el Congreso, Barceló y su mujer habrían constituido hasta una decena de sociedades dedicadas a la promoción y alquiler de viviendas que posteriormente fueron instrumentalizadas por el propio Zaplana para blanquear parte de los 10 millones de euros que tenía escondidos en Uruguay y otros países del entorno. Se trata de un patrimonio paralelo al oficial del matrimonio del exministro y su mujer Rosa Barceló, también investigada.

 No obstante, la compra el pasado marzo de un piso de 270 metros en pleno barrio de Chamberí de Madrid sin hipotecas también despertó las sospechas de los investigadores. Tal como reveló El Confidencial, este inmueble puede tener un valor de dos millones de euros en el mercado.

Un patrimonio de 7,4 millones

La sociedad más antigua de esa red de todas las que siguen en activo es Costera del Glorio SL, controlada por Barceló desde 1999, cuando Zaplana ya llevaba cuatro años instalado en el Palau de la Generalitat Valenciana. El objeto social de la firma es el alquiler de bienes inmobiliarios. Tiene un patrimonio en viviendas y locales superior a los 1,9 millones de euros. Destaca un edificio entero de apartamentos en el número 13 de la calle Pescadores de Benidorm, a solo 50 metros de la arena de la playa de Poniente. Felisa López también figura como administradora.

Otra mercantil bajo investigación es Gesdesarrollos Integrales SL, creada en 2006. En ese momento, Zaplana era el portavoz del PP de Mariano Rajoy en la Cámara Baja. Gesdesarrollos se centra en la promoción inmobiliaria y a fecha del pasado 31 de diciembre tenía en propiedad terrenos tasados en 2.056.870 euros. Barceló es su administrador único desde el primer año de funcionamiento de la empresa. Una tercera compañía suya, Medlevante SL, fue constituida un año antes.

 En 2014 tenía activos de 3,1 millones de euros. Y una cuarta, que lleva su apellido y el de su mujer y en la que participan ambos, Barceló López SL, controla un chalé en Polop y dos apartamentos en Vila Joyosa “destinados a arrendamientos” que suman otros 430.000 euros. En total, solo esas cuatro sociedades agrupan bienes por importe de 7,4 millones de euros.

Los movimientos societarios del matrimonio habrían continuado en fechas más recientes. En 2012, Barceló desembarcó en otra promotora inmobiliaria, Gavina del Arsenal SL. Y en enero de 2017, su mujer se convirtió en administradora única de Volp Accesories & Others, una empresa dedicada al “comercio al por menor por correspondencia o internet” que había echado a andar un año antes.

En esa maraña de sociedades se escondería parte de las comisiones ilegales que presuntamente recibió Zaplana por amañar la adjudicación de concesiones para levantar parques eólicos y construir centros de inspección técnica de vehículos (ITV). Entre los empresarios más beneficiados por esas licitaciones irregulares se encontrarían los también detenidos este martes Vicente y José Cotino, propietarios de Sedesa y sobrinos del exvicepresidente valenciano y exdirector de la Policía Nacional Juan Cotino.

El abogado uruguayo

Zaplana habría desviado posteriormente el dinero de las comisiones a Uruguay para dificultar su detección. Según han confirmado fuentes cercanas al caso, en ese país habría contado con el asesoramiento del abogado Fernando Belhot, director del bufete con sede en Montevideo South Capital Partners, especialista en la creación de estructuras 'offshore'. Su nombre aparece en la investigación de los papeles de Panamá. La UCO ya se había topado con este letrado en el caso Lezo.

En el trancurso de esas pesquisas, los agentes detectaron conversaciones en las que Zaplana se coordinaba con Belhot para tratar de cerrar un acuerdo comercial a tres bandas con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Finalmente, en febrero de 2017, los tres pactaron la compra de la licencia para España y Portugal de un producto químico para el tratamiento de aguas fabricado por la marca alemana Shieer. 

De los diálogos intervenidos, se desprendía que ese negocio podía ser una excusa, según el primer auto de imputación de González, para el “afloramiento de capital de origen ilícito”. “Las diligencias realizadas han revelado los planes del expresidente de la CAM para acometer esta inversión a través de sociedades opacas, testaferros e incluso el método en que obtendría los beneficios para que no se le vinculase con la inversión”, apuntó el entonces instructor de la causa, el juez Eloy Velasco.

En otra conversación de Lezo, “Ignacio González proponía a Eduardo Zaplana montar una estructura financiera a través del abogado uruguayo —valorando positivamente que trabaja en jurisdicciones como Holanda, Estados Unidos o Uruguay— 'para canalizar algún tipo de operación a medio, largo plazo...”. Según Velasco, “el hecho de que pretenda recurrir a la estructura societaria de Fernando Belhot podría obedecer a que Ignacio González busca un cauce adecuado para introducir fondos radicados en el extranjero con los que materializar las inversiones y que de acuerdo a la información tributaria no están declarados”.

La operación Erial ha desplazado el foco de esos diálogos hacia Zaplana. En conversación con este diario tras estallar Lezo, el abogado uruguayo admitió que conocía al exministro desde hacía años y que fue él quien le presentó a González. Belhot llegó incluso a abrir una oficina en Madrid en febrero de 2016 para avanzar en esas operaciones comerciales."             (José María Olmo, El Confidencial, 23/05/18)

De un lado, un político corrupto que ha cobrado una mordida en billetes grandes, y necesita llevarlos a Suiza... del otro, un aristócrata con su fortuna heredada en Suuiza, que necesita dinero en España... todo cuadra

"Es una técnica bastante habitual de blanqueo, la llaman “compensación”. Requiere de dos personajes, por desgracia, muy fáciles de encontrar.

De un lado, un político corrupto: alguien que ha cobrado una mordida en billetes grandes, en una caja de zapatos o en un maletín. No es la primera vez, no es fácil gastar tantos billetes de quinientos y no es muy seguro esconderlo en un rincón; a ver cómo explicas después qué pinta un millón de euros en una maleta bajo llave guardada en el altillo de la casa de tu suegro, como le pasó a Francisco Granados. 

 Así que decide que lo más seguro es llevarse la pasta a Suiza, a una cuenta opaca en este paraíso fiscal creada tras una enorme red de empresas tapadera por medio mundo que le ha montado algún discreto empleado de la banca Suiza desde el hall de un hotel en Madrid. Si le pillan, siempre podrá decir que nunca ha estado en Suiza ni en Panamá ni en las Seychelles, y es posible que hasta sea verdad.

Nuestro político corrupto ya tiene un plan, pero ingresar dinero en efectivo en su cuenta de Suiza o no es fácil o no es barato. Si recurre a uno de los intermediarios habituales, la comisión será alta y se tendrá que fiar; es habitual que los intermediarios se queden con el botín –los ladrones tienen difícil denunciar– . Y si cruza la frontera española cargado de billetes para llevar directamente el dinero hasta la ventanilla del banco, en la aduana le pueden pillar.

Del otro lado, un aristócrata defraudador: un rentista que lleva varias generaciones viviendo de la fortuna que el tatarabuelo amasó y que está escondida en Suiza desde antes de que se inventase el ordenador. Su problema es justo el contrario al del político corrupto: necesita el dinero en España, no en Suiza. Y para él los métodos habituales tampoco son baratos o sencillos.

Suiza lo pone fácil: no existen límites a la entrada o salida de dinero en efectivo por la frontera. Pero la aduana de la UE es más estricta: 10.000 euros como máximo. Sus gastos son importantes y no puede ir cada dos semanas a los Alpes a esquiar.

¿La solución? Muy fácil. Siempre hay un roto para un descosido, siempre hay un político corrupto para un aristócrata defraudador. Y siempre hay un intermediario de la banca suiza que ayuda a cuadrar la operación.

En solitario o con la ayuda del intermediario, el político corrupto entrega el maletín con dinero en efectivo que acaba en manos del aristócrata defraudador. Y al tiempo el aristócrata –o el agente de la banca suiza– le hace una transferencia al político corrupto de una cuenta a otra del mismo banco en Suiza. El dinero ni sale ni entra en España y no cruza ninguna frontera. Solo cambia de manos y de cuentas numeradas.

Este modus operandi es lo que sospecha el juez Eloy Velasco que pasó entre la trama Púnica y la princesa Inés de Borbón. Nuestra aristócrata dice que nunca se preocupó por el vil metal: “ En casa nos enseñaron a no hablar de dinero y de bancos”. Es lo que tiene ser bisnieta del rey Alfonso XII de Borbón.

La prima del rey está acusada de colaborar en el blanqueo de parte de las mordidas que Granados y compañía recaudaban en Madrid. Inés de Borbón y uno de los cerebros de la Púnica, David Marjaliza, utilizaban el mismo intermediario: un empleado del banco Lombard Odier, Javier Martín. No fue la única:  lo mismo hacía la fallecida Duquesa de Alba (¡ay, cuánto quería a España la duquesa!). Y ni siquiera este sistema de blanqueo es el único nexo en común entre los apellidos más nobles y la más innoble corrupción.

Tal y como desvelamos en esta nueva entrega de los Papeles de la Castellana, todos los caminos de la corrupción conducen a Suiza, a Bahamas o a Panamá. Los políticos corruptos y algunas grandes fortunas caminan por las mismas sendas, acompañados por los mismos intermediarios, tanto para robar como para defraudar.

La familia Borbón utilizó los mismos asesores y testaferros que Luis Bárcenas, Rodrigo Rato o los Pujol para esconder ante Hacienda una herencia millonaria. Exactamente los mismos, con los mismos cómplices necesarios y con las mismas consecuencias. Porque defraudar al fisco o robar dinero público con mordidas tiene también las mismas víctimas: todos los españolitos que pagamos nuestros impuestos en España, no en Suiza ni en Panamá."              (Nacho Escolar, eldiario.es, 07/06/16)

“Las mayores fortunas existentes en todos los países del planeta esconden la mayor parte de las mismas en paraísos fiscales.”. Aquí se explica cómo lo hacen...

“Las mayores fortunas existentes en todos los países del planeta esconden la mayor parte de las mismas en paraísos fiscales.” Esta frase ha encabezado multitud de artículos de las principales revistas de economía del mundo, pero nunca ha tenido tanto sentido como en estos momentos.

Los papeles de Panamá, aparte de su ingente información financiera (la mayoría delictiva y opaca), demuestran que existen dos planos económicos: el del 99% de la población, cuyos ingresos están totalmente controlados, y ese 1% más rico y a la vez ambicioso que no sólo puede presumir de la riqueza acumulada, sino que puede permitirse el tenerla escondida, invisible y a salvo de cualquier contratiempo.

Si los piratas del siglo XVI escondían sus tesoros en islas desiertas donde difícilmente podían llegar sus perseguidores, los nuevos piratas del siglo XXI siguen escondiendo sus fortunas en lugares similares, islas paradisíacas de difícil pronunciación y complicada localización para el común de los mortales. Pero han cometido un error, y es que los papeles de Panamá han demostrado ser el mapa del tesoro que ha podido en primer lugar desenmascararles y, poco a poco y siguiendo las pistas, llegar al mismo cofre del tesoro.

La operativa, sencilla pero sin dejar rastro

Podríamos complicar lo inimaginable tanto la operativa de los entramados que han dado lugar a las operaciones reveladas por los papeles de Panamá como la explicación de estos circuitos. Así que es significativamente importante simplificar en qué han consistido y a quién han beneficiado.

El circuito financiero de ocultación de la riqueza en centros offshore es totalmente idéntico al timo del trilero que podemos observar cualquier mañana soleada en las Ramblas de Barcelona. Todo consiste en lo mismo, ocultar la bolita y que nadie sepa realmente dónde está. El trilero podrá darle dos, cinco o veinte vueltas a los cubiletes, pero en realidad el turista (en este caso las autoridades fiscales internacionales) jamás sabrá dónde se encuentra realmente la bolita (en nuestro caso el dinero y el patrimonio).

¿Y cómo consigue el cliente con dinero hacer desaparecer la bolita? Pues acudiendo a un bufete especializado en ocultar la identidad del verdadero propietario de los mismos.

De este modo, si el bufete hace bien su trabajo, el titular real “no aparecerá jamás”, pudiendo gestionar su dinero, comprarse su casa en el trópico o vender su barco de lujo sin aparecer en ningún momento, pero teniendo en todo momento el control de todo su patrimonio.

¿Y qué necesitará el bufete especializado para conseguirlo? Básicamente poca cosa, la existencia de territorios con poco o nulo control fiscal (los denominados “paraísos fiscales”) y tener personas que actúen como nominados en las sociedades que gestionen esa riqueza (los famosos testaferros).

Así, al final, después de todos los movimientos financieros, empresas creadas y paraísos fiscales utilizados (tantos como dinero quiera facturarse al cliente, o tantos como quieran utilizarse para asegurar el imposible seguimiento por el fisco), nos encontraremos que detrás de los mismos sólo existen empresas desconocidas, con siglas anglosajonas similares y gestionadas por personas que perfectamente pueden estar difuntas y con toda seguridad ilocalizadas, y que pueden muy bien figurar como directores de miles de estas sociedades fantasma.

El negocio es perfecto: es la posibilidad de cometer un delito sin estar en la escena del crimen, sin posibilidad de que te relacionen con él, y con la seguridad de que el botín estará a resguardo en un sitio inaccesible al resto de los curiosos.

Y esta operativa, en su día ya denunciada pero no demostrada, ha sido puesta de relieve por la información hallada en los papeles de Panamá. Documentos que no sólo muestran la operativa realizada por bancos, bufetes y otros agentes que operan en paraísos fiscales, sino que demuestran la inexistente ética de éstos, los mismos que a menudo se olvidan de su obligación jurídica de denunciar que sus clientes puedan estar involucrados en actividades delictivas.

¿A qué nos enfrentamos?

A diferencia de casos anteriores, principalmente las fugas de información de SwissLeaks o LuxLeaks, los documentos de Panamá no aluden a un solo banco o a la operativa en un único país, sino que ofrecen una vista única de un funcionamiento hasta ahora oculto de las finanzas mundiales globales. Un funcionamiento que, lamentablemente, conlleva la demostración irrefutable de que el fraude y la ilegalidad definen al capitalismo financiero sistémico actual.

A lo largo de sus más de once millones de documentos, y sólo con la información que ha ido apareciendo, hemos ido observando como políticos, deportistas, gente del cine y la televisión, empresarios, coleccionistas de obras de arte, etc. han utilizado estos mecanismos para ocultar su riqueza, principalmente del fisco.

Junto a ellos, tenemos esos territorios inventados únicamente para ser el refugio de este dinero y servir de salvaguarda a esta opacidad. Territorios que utilizan su poder soberano para hacer funcionar un circuito bancario y fiscal que opera como un auténtico muro de contención de las agencias fiscales de los países que quieren cobrar sus impuestos.

Y, como organizador de todo, un despacho de abogados, Mossack Fonseca, del cual sabemos que ha creado más de 214.000 entidades offshore, compañías ficticias para ocultar la identidad de sus propietarios en 21 paraísos fiscales diferentes.

Ramón Fonseca, uno de sus socios fundadores, ha calificado la filtración como “un crimen y un delito, un ataque contra Panamá debido a que a muchos países no les gusta que seamos muy competitivos para atraer a los negocios. Hay dos formas de ver el mundo: la primera es para ser competitivos y la segunda para crear impuestos”.

Sin embargo, para mí el principal protagonista de toda esta historia es el contribuyente que en nuestro país y en estos momentos está confeccionando su declaración anual de impuestos, unos impuestos que le suponen un enorme sacrificio fiscal y que asume, sabedor de que todos debemos contribuir para tener unos servicios públicos de calidad, para crear una sociedad mejor donde las diferencias sociales sean menores, donde la solidaridad sea la base de la convivencia y donde términos como “justicia social”, “progreso” y “sostenibilidad” afiancen un futuro para todos.

 ¿Dónde quedan esos términos para aquellos que aparecen en los papeles de Panamá, desde los firmantes que quieren ocultar su identidad para no pagar impuestos hasta las entidades financieras, los abogados, los testaferros, los gobernantes de los diferentes paraísos fiscales, etc.?

Ha sido muy largo y costoso el camino recorrido en las conciencias fiscales de todos los contribuyentes para que todo se eche a perder cuando sucesos como los papeles de Panamá desenmascaran de forma tan evidente este tipo de actitudes y este tipo de operativas. Y los responsables políticos de estos contribuyentes deben ponerse de inmediato manos a la obra para que esto no sólo no vuelva a pasar, sino que se creen mecanismos para que tanto descaro y tanta impunidad no pasen factura, la primera de ellas la factura fiscal.

La punta del iceberg

Lo que realmente asusta es que un solo despacho de abogados de uno sólo de los países —y no el principal— de los que realiza este tipo de actividades haya puesto de manifiesto todo un sistema que haya salpicado a tantas personas (entre ellas, 140 responsables políticos de 50 países diferentes).

Estamos sin duda ante la punta de un iceberg que amenaza con hundir el Titanic de la economía mundial. La presión fiscal a la que se somete al resto de los ciudadanos cuando existen mecanismos por los cuales los que más tienen menos pagan, está alcanzando en los países de la zona euro niveles hasta ahora insospechados. 

Y lo peor de ello es que, a cambio de tal presión fiscal, no sólo no se están ofreciendo servicios públicos de calidad sino que, por el contrario, se amenaza continuamente con recortes y más recortes de los mismos.

Afortunadamente, esa presión se está arrastrando a la opinión pública y hoy en día no son sólo los actores políticos los que abordan los temas de economía, sino que la sociedad civil empieza a demandar tanto unos impuestos justos como una justa recaudación de los mismos.

Es la misma opinión pública la que ha hecho dimitir al primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson, o renunciar a su puesto a nuestro ministro en funciones de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. 

Y es esa opinión pública la que deberá concienciar a nuestros dirigentes de incluir en sus programas políticos una lucha eficaz contra esa economía del fraude paralela y para muchos legal que son los paraísos fiscales, cuyo manual de funcionamiento delictivo y parafiscal hemos visto perfectamente detallado en los papeles de Panamá.

El hombre sabio aprende de su enemigo, y los papeles de Panamá nos han dado mucha información sobre cómo actúa éste."              (Miguel Ángel Mayo, Mientras Tanto, 30/05/16)

Volvía por su antiguo barrio solo para una cosa, arreglarse el cabello en la peluquería Naharros y desfilar con sus deportivos por Patraix

"Cuando Ángel de Cabo quiere impresionar a su audiencia en una reunión hace gala de lo mucho que trabaja y lo poco que duerme. "¿A que duermo poco?", dice, volviéndose hacia los suyos. "No duerme, no duerme", asienten ellos. (...)

De edad madura, a mitad de camino de los 50, le gusta adoptar ademán de hombre de acción a pesar de que su cintura le traiciona. Su obsesión por la apariencia es enfermiza: acude a las reuniones con exceso de acompañamiento y es frecuente que haga pasar a empleados por abogados.

 Le gusta impresionar pero, sobre todo, adora indagar en la vida privada de los demás, sin distinción entre clientes y adversarios, actividad que ha sido la clave de su negocio. Carece de escrúpulos. Sus éxitos enterrando empresas y dejando a trabajadores en la estacada le han llevado a disfrutar del dudoso honor de ser el encarcelado por la Operación Crucero con la fianza más alta en la historia judicial, 50 millones de euros.

Queda para el juez y los investigadores determinar dónde terminaba Gerardo Díaz Ferrán y dónde empezaba Cabo, porque hay testigos que afirman que la colaboración entre ambos fue mucho más allá del caso Marsans. 

 Algunos indicios de ello obran en el caso de Nueva Rumasa, donde fue imputado por "prácticas de extorsión, coacción y/o amenazas a administradores concursales, jueces de lo mercantil u otras personas que pudieran hacer peligrar sus planes". Así se las gasta Ángel de Cabo.

¿Cuál es su culpa? Eloy Velasco, el juez que ha ordenado su prisión, le acusa de cooperar con el empresario Díaz Ferrán en la liquidación del grupo Marsans para ocultar su patrimonio y eludir el pago a los acreedores. (...)

En líneas generales, Ángel de Cabo, según la investigación, creaba junto a su cliente una ficción: comprar una empresa en pérdidas con ánimo de salvarla para hacer justo lo contrario.

En esa maniobra, ganaban los dos: Díaz Ferrán salvaba su patrimonio y dejaba de ser un empresario en dificultades, mientras Cabo tenía mano libre para quedarse con aquello que tuviera algún valor. Clientes, acreedores y trabajadores no estaban invitados a ese festín. Esta práctica no fue exclusiva del caso Marsans.

El pasado reciente de Ángel de Cabo y su equipo no ofrece dudas. Generalmente, utilizan los servicios de un despacho de abogados valenciano, Aszentia, que se presenta como una compañía especializada en reflotar empresas.(...)

 Su último reto fue Nueva Rumasa, con sus más de 100 empresas, pero allí se toparon con más dificultades de las previstas; entre otras, que hubo jueces que le quitaron la administración de algunas sociedades. (...)

De esos orígenes remotos queda memoria en el bar de Patraix donde almorzó durante décadas. Recuerdan a Cabo como un hombre altivo, distante y con tendencia a presumir en público de la buena marcha de sus negocios.

 "Nos trataba como a una mierda", relata uno de los camareros, que confirma el gusto del arrestado por los trajes ostentosos, los puros Montecristo y Cohiba, o el güisqui Cardhu reserva. Vestía como un ejecutivo, aunque se dedicaba a coordinar el montaje de bañeras. "A veces venía con su hermano, que era más joven y más chulo todavía que él", apunta otro empleado, que define al personaje como "un líder que infundía miedo entre los suyos".

De cómo, cuándo y por qué hizo el tránsito entre la fontanería y el mundo de la gestión de empresas en dificultades no hay explicaciones demasiado detalladas, salvo que empezó por hacerse cargo de pequeñas constructoras con problemas para ir cosechando un modus operandi. 

 Operó fundamentalmente en el levante español hasta que dio un primer salto a Andalucía, donde tomó las riendas de constructoras como Azagra (Sevilla), Marín Hilinger (Córdoba) o Vías, Canales y Puertos (Cádiz).

Entre las últimas actividades del caso de Azagra (donde figuran sociedades interpuestas como Mag3, Equipark, Resipark y Garsilia SLU) había una extraña concesión municipal para construir 13 aparcamientos en Sevilla, que nunca se hicieron y para los que miles de vecinos adelantaron 2.000 euros que no volverán a ver. Un minuto antes de que la empresa entrara en concurso de acreedores, aparecían De Cabo y sus abogados para hacer una compra y gestionar el enterramiento.

Desde su firma Aszendia, fundada en 2000 y con sedes en Valencia, Castellón y Madrid, rastreaba a industriales asomados al precipicio. Se presentaba como un salvador, una suerte de conseguidor bien relacionado con administradores concursales y jueces, con quienes presumía de almorzar con frecuencia. 

Su escenografía un tanto hortera —reloj de oro, rodeado de gente con traje y corbata, chófer y secretarias seleccionadas por su físico— daba confianza a los desesperados. "Cuando él aparecía, ellos se hacían cada vez más pobres y él cada vez más rico", cuenta un abogado. (...)

El industrial de la madera José Tolosa Sanchís, que ronda los 70, puede contarse entre sus víctimas. Contactó con él a través del abogado que gestionó el concurso de acreedores de Madeplax de L'Alcúdia (Valencia), un grupo de cinco empresas con un centenar de empleados en 2007. Tolosa encargó a Cabo y a su abogado la negociación de una deuda con el BBVA y les entregó pagarés por valor de un millón de euros que había conseguido con la venta de un terreno.

 De Cabo nunca saldó la deuda y el banco continuó ejecutando bienes de familiares del industrial, según la letrada de Tolosa, Cristina Oliver, que ha presentado una querella ante el Juzgado de Instrucción de Carlet (Valencia) contra el cabecilla de Aszendia y uno de sus abogados por apropiación indebida y estafa.  (...)

Fue en septiembre de 2009 cuando Ángel de Cabo dio el gran salto al adquirir al empresario leonés José Martínez Núñez la constructora Teconsa [llegó a facturar 420 millones de euros y contar con 1.000 trabajadores] a través de la sociedad Nuevas Formas y Diseño (NFD). A partir de ese momento, su vida se acelera.

 Casi un año después (junio de 2010) adquiere el Grupo Marsans [4.000 millones de facturación en sus mejores años] a través de Posibilitum Bussines y en septiembre de 2011 compra Nueva Rumasa [100 empresas y casi 10.000 trabajadores] con la sociedad Back in Business. 

Todas las sociedades compradoras tenían un capital de 3.000 euros y se las había adquirido a un personaje peculiar llamado Ramón Cerdá, que escribe novelas y crea sociedades prêt à porter.  (...)

"Era un histórico de Valencia", comenta el director de un despacho valenciano que prefiere guardar el anonimato. "Muy metido en antiguas quiebras y suspensiones de pagos. Compra matrices con muchas filiales para aprovechar la falta de control sobre esas filiales y así vender sus activos. Él y sus hombres se ponían grandes sueldos para sacar la masa vía salarios".

"Se ponen sueldazos que cobran mensualmente, se conceden créditos contra la masa, provisionan operaciones de ventas de activos, contratan a sus propios despachos de abogados con minutas terribles", explica un administrador concursal.

Una abogada añade: "Fabricaban facturas falsas, simulaban que un apagón había deteriorado los archivos, mandaban abogadas jóvenes sin experiencia y sin conocimiento del caso para despistar a los jueces. Todo eso sucedió en Teconsa".

Otros abogados consultados mencionan el lado más oscuro de Cabo. "Te llamaba por la noche a tu domicilio particular para que supieras que él sabía dónde vivías", cuenta una abogada. "Sabía cómo intimidar a la gente", explica otro. (...)

Fue hacia junio de 2011 cuando Cabo dio el salto más grande: Nueva Rumasa. Y para esta nueva adquisición llegó acompañado de Díaz Ferrán, que visitó al menos dos veces a José María Ruiz Mateos para convencerle de que la solución de Cabo era perfecta para el atolladero en el que se había metido con una red de empresas en dificultades y una emisión de pagarés insostenible. Díaz Ferrán no solo hizo la recomendación. Así lo ha atestiguado Joaquín Yvancos, el hombre de confianza de Ruiz Mateos desde 1987. Díaz Ferrán presionó.

"Me informé sobre Cabo", cuenta Yvancos. "Le visité en su despacho valenciano un par de veces. Ya me extrañó que un despacho de abogados estuviera en un polígono industrial. Allí fue donde me contó eso de que se inspiró en la película Pretty Woman y en el personaje de Richard Gere para dedicarse a salvar empresas. Allí en sus oficinas trató de impresionarme.

Tenía una nave con un gimnasio, un salón comedor, una sauna, una pista de pádel sin usar, muchos coches en el aparcamiento, una limusina incluso; todo ello supongo que adquirido de lo que obtenía de otras empresas. No había dos sanitarios iguales en esa nave. Yo no veía muy clara esta operación en la que estaban empeñados los hijos de Ruiz Mateos. Luego lo supe: Cabo tenía dossieres de cada uno de ellos".

"Así que un día me amenazó", prosigue Yvancos en su testimonio. "Me dijo eso de que sabía dónde vivía mi hija en Holanda y algunas cosas más. Yo soy nieto de un general de la Guardia Civil y no me dejo amenazar".

Yvancos no pudo parar la operación y el acuerdo se ejecutó: la influencia de Díaz Ferrán y lo que sabía Cabo sobre las intimidades de algunos de los hijos hizo el resto. Yvancos quedó apartado de Nueva Rumasa. En la confusión del momento (como sucediera en Marsans) se dijo que Cabo compraba el holding por 1.800 millones de euros. Nunca hubo tal desembolso. Yvancos decidió entonces colaborar con la justicia y, entre otras cosas, investigar personalmente a Cabo.  (...)

Es en Suiza donde el juez Velasco ha bloqueado una cuenta con 4,9 millones de euros. Tiene mucha información sobre Esser Internacional 21, la empresa donde iba a parar una buena parte del dinero que Cabo salvaba de las empresas que había adquirido.

Yvancos conocía también su costumbre de tener al alcance talones al portador por cantidades muy elevadas, que renovaba cada mes. "Era una forma de tener dinero disponible si las cosas van mal; pero no lo ha conseguido".

 La policía lleva incautados dos millones de euros en los registros de varios domicilios durante la Operación Crucero, entre ellos los de su secretaria y alguno de sus colaboradores y testaferros. Caído en desgracia, su futuro se torna complicado: se ha negado a declarar y sabe que algunos de sus estrechos colaboradores no han sido detenidos, señal de que pueden estar colaborando con la justicia.

A juicio de los investigadores, Ángel de Cabo era una pieza fácil ("no tiene formación para montajes muy complicados") y mantienen la tesis de que ha seguido siendo un hombre de paja. La secuencia Teconsa, Marsans, Nueva Rumasa, con el caso Gürtel en medio y un hombre tan protegido por el PP como Díaz Ferrán, promete noticias interesantes para un futuro.

Posiblemente, Ángel de Cabo pase a ser una anécdota, él que quería ser protagonista. Como Richard Gere. Lo suyo era aparentar. Por eso, hasta hace bien poco, volvía por su antiguo barrio solo para una cosa, arreglarse el cabello en la peluquería Naharros y desfilar con sus deportivos por Patraix. 

“Era una persona normal”, dice el peluquero. La última vez que fue a su establecimiento lo hizo en un Porsche blanco."        (El País, 09/12/2012)  

La fiscalía reclama 400 millones a 36 acusados de lavar dinero de narcos

"El juzgado número 2 de Caldas ha tardado seis años en terminar la instrucción del mayor proceso por blanqueo en Galicia, que investiga la operación de camuflaje del patrimonio de José Antonio Pouso Rivas, Pelopincho, de 50 años, condenado a 14 de prisión por narcotráfico a finales de los noventa. Son 36 acusados para los que la fiscalía reclama 186 años de prisión y multas que sumadas superan los 400 millones de euros.

Pelopincho utilizó a más de una treintena de cómplices, según la investigación, para que se hiciesen pasar por los propietarios de 50 inmuebles -entre bajos comerciales, chalés y pisos- adquiridos en Pontevedra, A Coruña y Asturias. A ellos se suman 10 sociedades mercantiles, una flota de 35 vehículos y 900.00 euros en depósitos bancarios. (...)

En el juicio estará ausente uno de los personajes que el sumario considera claves en el entramado financiero de Pelopincho. Se trata de Manuel Franco Argibay, de 47 años, antiguo abogado del principal encausado y en busca y captura desde 2006, año en que huyó tras pagar dos millones de euros de fianza. Argibay, que también fue presidente y asesor jurídico del Pontevedra CF, creó varias sociedades que utilizó, según la Fiscalía de Delitos Económicos, para registrar fincas por un valor cercano a los cuatro millones de euros. También ingresó en un banco portugués a nombre de dos de sus hijos menores de edad 1,2 millones de euros que Pouso le había entregado para que los ocultase en un paraíso fiscal. El fiscal pide para el ausente seis años de cárcel y 11,9 millones en multas.

La misma pena que pide para Pouso la solicita la fiscalía para su hombre de confianza, Benito Suárez Bouzón, encargado de gestionar la compra de inmuebles. Ocho de ellos -situados en Pontecesures, Padrón, Valga y Boiro con un valor sumado de 50.000 euros- figuraban a nombre de Tereisinha de Jesús Carvalho, para quien el ministerio público pide más de cinco años de cárcel, los mismos que para Lidia Niele Maia Costa, Taisa Dasilva y Gloria Milena Salazar, compañera de Benito Suárez, las cuatro también con numeroso patrimonio a su nombre.

El resto de los acusados, muchos de ellos familiares del principal acusado, afrontan penas de hasta cinco años.

José Antonio Pouso Rivas, de 50 años, más conocido en los ambientes del narcotráfico como Pelopincho, era un traficante de poca monta cuando el negocio de los estupefacientes atravesaba la época de las vacas gordas. (...)

Una investigación dirigida por el juzgado número 2 de Caldas puso al descubierto su inmenso patrimonio, blanqueado a través de inmuebles, inversiones y sociedades. El ideólogo de estas operaciones fue el que entonces era su abogado, Manuel Franco Argibay, al que busca la Interpol desde 2006, pocos meses después de que abandonara la cárcel tras abonar una fianza de dos millones de euros. (...)

Pouso Rivas utilizó presuntamente a 35 personas para que simularan ser los titulares de 50 inmuebles (pisos, chalés y bajos comerciales) que compró en localidades de Pontevedra y A Coruña, incluso en Asturias. Creó 10 sociedades mercantiles y abrió depósitos bancarios que en el momento de ser intervenidos superaban los 900.000 euros, además de haber adquirido una auténtica flota de vehículos, más 35 al día de su detención." (El País, ed. Galicia, Galicia, 27/10/2010, p. 1)