Moreno releva a la interventora general de la Junta andaluza que firmó un contundente informe que alertaba a la Consejería de Hacienda contra el uso indebido de los contratos menores que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) estaba firmando con la sanidad privada para eludir la Ley de Contratos del Sector Público... por lo que han sido acusados actual gerente del SAS y a sus dos predecesores por los contratos de emergencia de la Junta

 "El juez cita como investigados a la actual gerente del SAS y a sus dos predecesores por los contratos de emergencia de la Junta.

 El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha citado en calidad de “querellados” a los exdirectores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 2019 y 2023, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, y a la actual responsable, Valle García Sánchez, por la causa que investiga el abuso de contratos de emergencia por parte de la Junta de Andalucía entre 2020 y 2023, cuando ya había decaído la cobertura legal que amparaba este tipo de adjudicaciones a dedo por motivo de la pandemia. En su auto, adelantado por la Cadena SER y al que ha tenido acceso este diario, el juez ordena que se presenten ante su tribunal a lo largo del mes de noviembre para que sean informados de la querella presentada por el PSOE andaluz por este motivo.

El magistrado ha abierto diligencias por un supuesto delito de prevaricación administrativa que podría ampliarse si en el curso de las pesquisas, que está dirigiendo la Fiscalía Anticorrupción, se aprecian otros delitos. En un primer momento, el PSOE de Andalucía solo solicitó que se investigara a los dos responsables del SAS durante los años en los que se realizaron las supuestas adjudicaciones de emergencia al margen de la normativa que los amparaba, pero el pasado 11 de noviembre, los socialistas, que están personados en calidad de acusación popular, pidieron la ampliación de la querella a la actual gerente, Valle García Sánchez, porque, según indican fuentes socialistas, se han estado firmando adendas de esos contratos exprés en enero y julio de 2024, a las que ha tenido acceso este diario.

La primera de ellas fue firmada el 17 de enero de 2024 en relación con un contrato para “la prestación de asistencia sanitaria médica y/o diagnóstica y/o terapéutica para procedimientos oncológicos a usuarios del SAS”, que se adjudicó por 2.253.501,95 euros a través de la tramitación de emergencia el 20 de enero de 2021 a la empresa Hospital Doctor Antonio López Cano. Ese contrato, que debía ejecutarse entre el 1 de febrero de 2021 hasta el día 31 de diciembre de ese mismo año, se fue prorrogando mediante la modalidad de emergencia hasta en cuatro ocasiones: la primera para ampliarlo entre 1 de enero de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022; la segunda para extenderlo hasta el 30 de diciembre de ese mismo año y la tercera para alargarlo desde el 31 de diciembre de 2022 hasta el 17 de mayo de 2023.

En la primera de esas prórrogas, el 30 de diciembre de 2021, se esgrime como argumento que continuaba “la situación crítica de la pandemia debido al incremento considerable de contagios de la sexta ola de la pandemia” lo que hacía “necesario dar continuidad al acuerdo de emergencia”. En las sucesivas no se alude ya a la pandemia y únicamente se esgrime que “se hace necesario darle continuidad”.

En la última prórroga suscrita el 31 de diciembre para ampliar el contrato hasta el 17 de mayo de 2023, se estipuló que el importe de la adjudicación entre enero de ese año y la finalización de su ejecución sería de 2.208.114,75 euros. Una cantidad que en la adenda suscrita el pasado 17 de enero se modifica, ampliándose a 2.523.501,95 euros, esgrimiendo las cláusulas del mismo que estipulan que: “Cuando se haya ejecutado el 80% del total del presupuesto máximo adjudicado en los ‘Procedimientos Diagnósticos y/o Terapéuticos’, el centro contratado deberá ponerlo en conocimiento del SAS para las posibles modificaciones” y que “el presente contrato puede ser modificado si las circunstancias excepcionales lo requieren”.

 La segunda adenda fue firmada el 18 de julio de 2024 y tiene una estructura similar a la anterior, tanto en el tipo de contratación, como en el de las prórrogas, realizadas en las mismas fechas y para los mismos plazos de duración. En este caso, el contrato de emergencia se suscribió el 11 de septiembre de 2020 con el Hospital HLA Mediterráneo de Almería, por un montante de 4.495.000 euros, para la “prestación de asistencia sanitaria médica, quirúrgica y diagnostica y/o terapéutica a usuarios del SAS” en ese hospital.

Como el anterior, debía ejecutarse desde el 1 de febrero de 2021 hasta el día 31 de diciembre de ese año, pero “continuando la situación crítica de la pandemia debido al incremento considerable de contagios de la sexta ola de la pandemia”, se acuerda ampliarlo hasta el 30 de septiembre de 2022. Entonces y “para dar continuidad al la prestación de asistencia sanitaria”, se vuelve a prorrogar hasta el 31 de diciembre y, en esa fecha, y con la misma premisa que la anterior, se amplía hasta el 17 de mayo de 2023. En esta prórroga se estipula que el montante del contrato entre el 1 de enero y el 17 de mayo de 2023 ascienda a 4.438.492,52 de euros, que es la cantidad que se decide modificar en la adenda firmada el pasado mes de julio, pasando a ser de 4.495.000,00 euros, alegando las mismas cláusulas que en la adenda anterior.

Cambios fallidos en las modalidades de contratación

Fuentes de la Junta sostienen que estas adendas implican una reasignación del gasto y no una continuación de los contratos de emergencia. Esas adendas están firmadas por la actual gerente, que asumió su cargo el 27 de diciembre de 2023, fecha en la que presentaron su dimisión tanto Guzmán, que entonces era vicepresidente de la Consejería de Salud, como quien lo sustituyó en su puesto al frente del SAS a partir de 2022, Vargas. Estas dos adendas se firman 10 meses después de que la Junta de Andalucía anunciara que renunciaba al procedimiento de contratación de emergencia, un anuncio que hizo en marzo de 2023, días después de que se publicara en la prensa el abuso de la contratación sanitaria exprés más allá del 8 de junio de 2021, cuando la Consejería de Hacienda dictó una instrucción que ponía fin al período excepcional durante el cual la administración podía utilizar las modalidades de emergencia para hacer frente al covid.

En octubre de 2023 la entonces consejera de Sanidad, Catalina García, anunciaba que el SAS iba a cambiar su sistema de contratación, por uno nuevo basado en un sistema de conciertos por lotes para que la sanidad privada realizase operaciones quirúrgicas, consultas y pruebas diagnósticas por un total de 734 millones de euros durante cuatro años. La iniciativa se truncó un mes después por la impugnación del sistema de licitación por uno de los adjudicatarios, y aunque se indicó que se retomaría a finales de este año, sigue en suspenso. Mientras tanto, la Junta optó por aprobar un nuevo plan de choque de 283 millones, de los que el 42% iría a conciertos con la sanidad privada para aligerar las listas de espera a través de contratos a dedo, contratos que se empezaron a firmar en julio.

 La querella del PSOE por el abuso de contratos exprés se presentó en junio, un mes antes de que se firmara la adenda que amplía el montante de un contrato de emergencia y cuando la polémica por el marco irregular con el que se realizaban estas adjudicaciones ya se había generado. Este mismo lunes, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, sostenía que todos estos contratos eran legales y que la denuncia del PSOE formaba parte de “la estrategia del fango de La Moncloa” para desgastar a su Gobierno. Tras conocerse la ampliación de la querella a la actual gerente del SAS, fuentes de la Junta han vuelto a insistir en que el Servicio Andaluz de Salud considera que todas las contrataciones están dentro de la ley."                    (Eva Saiz , El País, 14/11/24)

 

 "La Junta de Andalucía ha relevado este miércoles a la interventora general andaluza, María Antonia González, en medio de una compleja negociación salarial que lleva meses enquistada, que beneficia a 70 interventores del órgano fiscalizador. 

A finales de 2022 González firmó un contundente informe que alertaba a la Consejería de Hacienda contra el uso indebido de los contratos menores que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) estaba firmando con la sanidad privada para eludir la Ley de Contratos del Sector Público. Un juzgado investiga ahora por prevaricación a la actual gerente del SAS, Valle García, y a sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.

González, en el cargo desde septiembre de 2022, firmó el informe de actuación ―un código rojo para alertar del menoscabo en los fondos públicos― para que la Junta pusiera fin al abuso de contratos menores “en fraude de ley” en el SAS, según avanzó eldiario.es. Este informe, dirigido a la consejera de Hacienda, Carolina España, lo elaboró González tras comprobar que todas las advertencias previas a la dirección gerente del SAS habían caído en saco roto. Los reparos contables de este Cuerpo a la Consejería de Hacienda pesaron sobremanera en la macrocausa de los ERE durante la etapa socialista y ahora están detrás de la investigación de un juzgado y la Fiscalía Anticorrupción por los contratos de emergencia del Gobierno de Moreno.

El cese de González ha pillado por sorpresa al Cuerpo que fiscaliza las cuentas del Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP). Y la versión oficial difiere de la que ha transmitido la propia interventora general. “Motivos personales”, ha alegado un portavoz de la Consejería de Hacienda sobre el cese. Sin embargo, González ha explicado en una reunión interna con los jefes de división y los interventores delegados este mismo martes que ha sido sustituida por defenderles ante la Junta, y por pelear la retribución salarial que estaba contemplada en la orden de creación del Cuerpo Superior de Intervención y Auditoría, publicada el pasado junio.

 Mientras la Consejería de Hacienda defendía que la mejora salarial debía beneficiar solo a los interventores que firman y visan las cuentas de las Consejerías y Delegaciones de la Junta, González apoyó a los interventores para que ese aumento económico ―de unos 5.000 euros al año― beneficiara a todo el Cuerpo. “No es cierto que haya sido por motivos personales, la han cesado [a González] porque la Junta decía que otros colectivos podrían protestar ante la subida establecida en la memoria económica. La Consejería no le ha dicho a la interventora general que la cesen por su informe de actuación, aunque probablemente también esté detrás”, confía un interventor que estuvo presente en la reunión telemática, con más de medio centenar de interventores asistentes.

“La Junta culpa a la interventora general de falta de mano izquierda, de que no ha sabido controlar a su personal y de que se le ha ido de las manos, aunque haya influido el asunto del informe de actuación”, afirma otro interventor, que destaca a la viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, como ejecutora del cese. Miguel Ángel Figueroa, ex director general de la agencia Idea, sustituirá a González al frente de la Intervención de la Junta.

Sin embargo, es muy probable que los problemas de la Consejería con el Cuerpo Superior de Interventores no acaben con el cese de González: los interventores llevan meses amenazando con una huelga y “están en una lucha sorda soterrada”, informan fuentes de la negociación. “Carece de lógica que la Consejería no haya sido más generosa en cuanto a la subida de sueldo”, destacan fuentes al tanto de acuerdo aún sin cerrar.

 Un portavoz de la Consejería defiende que más del 80% de los interventores integrados en el nuevo Cuerpo se beneficiarían de la subida salarial, aunque no ha explicado los motivos por los que no se ha cerrado un acuerdo después de meses de conversaciones. Este diario ha intentado sin éxito contactar con González y Martínez para que ofrezcan sus versiones del inesperado cese.

La subida salarial que exigen los interventores estaba incluida en la memoria económica de la Ley de Creación de los Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría de la Junta, pero luego el Gobierno autonómico decidió que la aplicaría solo a aquellos auditores que visan las cuentas y dan luz verde al gasto, no a los que ejercen funciones contables. Y esa discriminación ha soliviantado a los interventores, un Cuerpo auditor de élite ―con las máximas categorías 28, 29 y 30― en la Junta."                (Javier Martín-Arroyo , El País, 08/01/25)

La Audiencia Nacional condena a siete años de cárcel al ex vicepresidente Prada por la fallida Ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre... Espe se salva, como siempre

 "La Audiencia Nacional ha impuesto condenas de hasta siete años de cárcel a los antiguos altos cargos y responsables del Gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, entre ellos su exconsejero Alfredo Prada, por el descontrol en el macroproyecto fallido de la Ciudad de la Justicia. Los jueces imponen siete años de presidio a Prada, ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y le obliga a pagar a las arcas públicas madrileñas 40 millones de euros junto con varios acusados. Los otros cuatro son condenados a penas de tres años y medio de presidio.

Junto con Prada son condenados Isabelino Baños, Alicio de las Heras, Andrés Gómez Gordo y Félix José García de Castro, todos miembros del equipo que participó en el desarrollo del proyecto. Es absuelto uno de los acusados, Mariano José Sanz, entonces subdirector general técnico del proyecto. Las condenas son ligeramente más bajas por la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas. Prada es condenado por prevaricación y malversación, y el resto como cooperadores necesarios.

La sentencia de la Audiencia Nacional relata el descontrol en la contratación de casi todos los pasos necesarios para poner marcha el proyecto. Existió una “intensa actividad de contratación” en la que los acusados, encabezados por el hombre de confianza de Aguirre, “obviaron toda previsión económica, prescindieron de cualquier estudio de costes, eludieron los controles administrativos” y adjudicaron contrato tras contrato que “se alejaron cada vez más del objeto social”.

La sentencia cuantifica el agujero malversador del proyecto estrella del Gobierno de Esperanza Aguirre: 40,4 millones de euros. Una cuantía que, según los jueces, es de “suma gravedad”. Fue ella quien, según el juicio, afirmó que había que contratar al arquitecto Norman Foster y solo eso costó “más de 13 millones de euros”, destacan los jueces. En total, más de 40 millones que forman parte de la malversación. “Tal cantidad es de una extraordinaria relevancia y ha incidido de forma clara en la producción de un daño al servicio público”.

Ninguno de los contratos que suman 40 millones de euros sirvieron “al interés público” y generaron un “evidente perjuicio”. El fracaso del proyecto, analiza la Audiencia Nacional, “se debió en gran medida a los gastos sin límite dedicados a fines que guardaban poca relación con el objeto social, gastos superfluos o inútiles en los que se empleó gran cantidad de recursos sin previsión de costes”. Estos gastos, zanja la sentencia, “esquilmaron” la Ciudad de la Justicia.

La sentencia todavía es recurrible ante el Tribunal Supremo, pero en caso de ser considerada firme implicaría la entrada en prisión obligatoria de todos los condenados, al superar sus sanciones por un único delito los dos años de prisión, aunque ninguno tiene antecedentes penales. Los jueces otorgar a Prada, entonces hombre de confianza de Aguirre hasta su caída en desgracia en Madrid por apoyar a Mariano Rajoy en la pugna interna por el poder del PP, un papel protagonista. Y denuncian que la Comunidad de Madrid gastó más dinero en promocionar el proyecto que en asegurar su viabilidad.

“La construcción del Campus pasó a ser algo secundario y Campus empleó recursos económicos muy cuantiosos en actividades de promoción y publicidad al tiempo que dichos recursos se apartaron del fin para el que se constituyó la sociedad, que no era la promoción de proyectos de arquitectura, sino la ejecución de los mismos”, denuncia la Audiencia Nacional. En algunos de esos actos, revela la hemeroteca, participó la propia Aguirre para promocionar uno de los grandes proyectos de su primera etapa como presidenta de la Comunidad de Madrid antes de empezar a encadenar mayorías absolutas.

Un “parque temático del autobombo”

El juicio quedó visto para sentencia el pasado mes de mayo con la Fiscalía haciendo definitivas sus peticiones de cárcel, hasta ocho años de prisión para Alfredo Prada, ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid durante ese mandato de Esperanza Aguirre y máximo responsable del proyecto. Tanto él como el resto de acusados negaron las irregularidades mientras que el fiscal del caso fue claro al afirmar que el proyecto sepultó cientos de millones de euros de dinero público para poner en marcha un fallido “parque temático del autobombo”.

“Firmé lo que me pidieron”, dijo Prada a lo largo de su declaración. Fue una alegación constante entre antiguos altos cargos y responsables del Campus de la Justicia, negando irregularidades o descargando en sus superiores las decisiones controvertidas. Una de ellas fue Esperanza Aguirre, que también compareció como testigo para defender desde la primera hasta la última piedra del proyecto fallido que ahora intenta resucitar Isabel Díaz Ayuso con una nueva inversión millonaria.

“No, en absoluto”, dijo la expresidenta madrileña cuando le preguntaron por el rosario de irregularidades que, según los investigadores a lo largo del proyecto. Los imputados, dijo, no tenían ninguna obligación de darle información pormenorizada sobre cómo iba la construcción. “Era una cosa que todo el mundo estaba de acuerdo, no era una ocurrencia de Esperanza Aguirre como se dice por ahí, no se me habría ocurrido nunca”, afirmó."

( Alberto Pozas , eldiario.es, 10/09/24)

Una empresa panameña conecta la caja b del PP de Aguirre con las mordidas del tren a Navalcarnero

 "La empresa panameña Hanalei Holdings, que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso Lezo sitúa como intermediaria en el presunto pago de la mordida de 1,7 millones de euros por las obras del tren entre las localidades madrileñas de Móstoles y Navalcarnero, abonó también 100.000 euros al ex consejero delegado de la empresa pública Agencia de Comunicaciones e Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás. Este excargo madrileño es uno de los procesados por la presunta financiación ilegal del Partido Popular durante la presidencia de Esperanza Aguirre.

Ni Aguirre ni su sucesor en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, han sido procesados por la caja b del PP madrileño. Sí ha resultado implicado el exconsejero madrileño Francisco Granados. González se sentará en el banquillo de los acusados por la supuesta comisión abonada por la constructora OHL a cambio de la adjudicación y explotación de la línea regional de tren, que contó con un presupuesto de casi 400 millones de euros de dinero público.

La conexión entre la mordida y el pago de los 100.000 euros a Martínez Nicolás se evidencia al contrastar el sumario de la pieza separada número 9 de Púnica y el del caso Lezo sobre los abonos realizados por la constructora entonces presidida por Juan Miguel Villar Mir. La investigación desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado detectó que Martínez Nicolás disponía en Liechtenstein de un patrimonio no declarado de al menos un millón de euros. Además, los agentes descubrieron una operación de "compensación" entre Adrián de la Joya, procesado en Lezo y considerado por Hacienda como un "facilitador de negocios"; y los dueños de la compañía panameña Hanalei Holdings.

"Estrecha relación"

Esta firma se habría utilizado, prosigue la UCO en sus informes, para transferir una parte de la supuesta comisión ilegal de 1,7 millones -en concreto 1,5 millones-, al expresidente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel. A este procesado la Guardia Civil le atribuye una "estrecha relación" con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, que sería el último destinatario de los fondos de OHL.

El propio Martínez Nicolás, acusado por Anticorrupción de utilizar la empresa de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) para financiar la campaña electoral del PP madrileño en 2011, reconoció haber recibido fondos de Hanalei Holdings mientras ejercía el cargo público. Sin embargo, defendió la legalidad de estos pagos, que justificó como resultado de los trabajos que había realizado antes de ser nombrado en 2008 consejero delegado de la agencia de informática.

Para defender esta versión, Martínez Nicolás propuso que el principal propietario de Hanalei Holdings, el empresario Jesús Gil Pérez, declarara como testigo. Sin embargo, una comisión rogatoria procedente de Suiza puso que manifiesto que la panameña no solo pertenecía a Gil Pérez, vinculado a la compañía centroamericana mediante la Fundación Gibis, radicada en Liechtenstein. Otros dos empresarios españoles también formaban parte del accionariado: Heraclio López Sevillano (Fundación Cetif) y Cándido Cerón Escudero (Fundación Comedien). Este último fue el antecesor de Martínez Nicolás al frente de la Agencia de Comunicaciones e Informática de la Comunidad de Madrid.

Adrián de la Joya

La Guardia Civil destaca, en este sentido, que Cerón Escudero y Gil Pérez fueron socios en el Grupo Avanzit, en la que también participó Adrián de la Joya, también procesado en el caso del tren a Navalcarnero.

Los uniformados, en un informe de 18 de febrero de 2022, explican el recorrido concreto de las mordidas. Según este relato, el dinero salió de España en 2007 "burlando los sistemas internos de OHL" con destino a sus filiales mexicanas. Estas firmas, a su vez, transfirieron 1,7 millones a una cuenta en Suiza de la empresa panameña Lauryn Group, propiedad de De la Joya.

En una grabación del comisario José Manuel Villarejo, incluida en el sumario del caso Tándem, cuyo contenido fue adelantado por El Periódico de España, el propio De la Joya sostiene que Ildefonso de Miguel era quien guardaba el dinero de la comisión por la obra del tren entre Móstoles y Navalcarnero destinado a González. La UCO destaca, en este sentido, que unas anotaciones de Villarejo, publicadas por este diario, apuntan que De la Joya informó al comisario jubilado de que la actividad de Hanalei Holdings era en realidad una compensación entre el dinero recibido de OHL, la presunta mordida, y los fondos transferidos a Ildefonso de Miguel.

700.000 euros

Por el contrario, la versión que dio De la Joya en el juzgado fue opuesta. Declaró que tras recibir el dinero en Suiza se negó a pagar la comisión a Ignacio González y se quedó con los fondos. Pero esta explicación no convenció a la Guardia Civil, que detectó que un mismo día, el 16 de enero de 2008, Hanalei Holdings INC transfirió 700.000 euros a una cuenta opaca en Suiza controlada por Ildefonso de Miguel a través de la mercantil panameña Surtain Trading; y otros 850.018 euros a otro destinatario sin identificar.

La suma de ambos movimientos de dinero es 1.550.018 euros, lo que supone 150.720 euros menos de los 1,7 millones transferidos por OHL. Esta suma, completa la UCO, es "compatible" con la posible comisión por intermediación que habría cobrado De la Joya, que en la citada grabación de Villarejo confiesa haberse quedado con una parte de la comisión abonada por la constructora.

Por eso, los agentes consideran que la actividad de la empresa panameña Hanalei Holdings INC, que pagó 100.000 euros a Martínez Nicolás, procesado por la financiación ilegal del PP de Esperanza Aguirre, se enmarca en una operativa de blanqueo para romper la trazabilidad de los pagos de la constructora, que recibió el intermediario De la Joya, y que este podría haber compensado a los beneficiarios reales, que serían en primer lugar Ildefonso de Miguel y finalmente el expresidente madrileño Ignacio González. En sentido contrario, González siempre ha negado haber recibido una mordida de la adjudicación del tren de Navalcarnero a OHL."            (Tono Calleja, epe, 13/04/23)

El ex gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, será juzgado por las trampas en las elecciones que Esperanza Aguirre ganó en 2011... no se juzga a Espe porque para ella, el delito prescribió

 "La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha confirmado la decisión del juez Manuel García Castellón de procesar al ex gerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez por un delito de falsedad electoral en los comicios autonómicos de 2011, en el marco de la pieza número 9 de la macrocausa 'Punica', donde se investiga la presunta existencia de una 'caja b' en el PP regional, informa Europa Press.

En un auto del pasado miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal rechaza el recurso de apelación formulado por Gutiérrez contra el auto dictado el 14 de octubre por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6.

En dicha resolución, el instructor propuso juzgar a Gutiérrez y al presunto cabecilla de la 'Púnica', el ex consejero madrileño Francisco Granados, como principales responsables de la supuesta financiación irregular de esa campaña electoral, además de a otras seis personas, al tiempo que archivó para otras 71, entre ellas los ex presidentes regionales Esperanza Aguirre e Ignacio González.

Gutiérrez alegaba que, de la misma forma que el juez consideró prescritas las presuntas ilegalidades de las campañas de 2007 y 2008, los delitos imputados por los comicios de 2011 están caducados, acogiéndose al razonamiento que hizo el propio instructor, el cual estableció que las supuestas irregularidades en esa campaña electoral están prescritas para “todas las personas que hayan sido declaradas judicialmente investigadas con posterioridad al 24 de septiembre de 2016”.

El ex dirigente 'popular' argumentaba que, aunque García Castellón identificó como fecha clave su comparecencia como investigado del 11 de febrero de 2016, “ello no fue así, siendo su primera imputación y declaración judicial por los posibles hechos delictivos relativos a las elecciones del año 2011 el día 13 de marzo de 2017”.

La Sala fija igualmente que el delito imputado a Gutiérrez por las elecciones de 2011 prescribiría a partir del 24 de septiembre de 2016, coincidiendo asimismo con el magistrado en que el ex gerente madrileño fue citado a declarar formalmente antes de esa fecha mediante una providencia del 11 de febrero de ese año.

Gutiérrez esgrimía que su primera imputación y declaración por los posibles hechos delictivos relativos a 2011 se llevó a cabo con posterioridad, el 13 de marzo de 2017, ya que con anterioridad, en 2016, había sido citado por un delito de blanqueo de capitales.

Los magistrados señalan en su resolución que en su declaración ya fue informado sobre los hechos concernientes a la financiación de la campaña electoral e interrogado por eso. No obstante, indican que “esta trascendental discrepancia a la hora de aplicar el instituto de la prescripción ni puede ni debe ser sustraída al debate ante el órgano enjuiciador”.

Según el relato judicial, aunque la cuenta electoral de 2011 registró unos costes de 2,9 millones de euros --los declarados ante la Cámara de Cuentas--, los gastos totales que para el PP de Madrid supusieron las elecciones municipales y autonómicas ascendieron a 6,8 millones."              (eldiario.es, 17/03/23)

GINSO, gestora de los centros de reinserción de menores, implicada en la financiación de las campañas electorales de Esperanza Aguirre

 "En la operación que ha investigado Crónica Libre estarían implicados desde el exconsejero Alfredo Prada, hasta las sociedades que creó hace años Ignacio López del Hierro, marido de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, como Ibadesa o Mercasa que finalmente acabaron en manos de su sobrino, José Herrero de Egaña.

 Las guerras del PP de Madrid llevan años dirimiendose en los tribunales y no son cortas. Nunca sabes lo que puede ocurrir en una declaración y tampoco que hará el juez con ella, más cuando se trata de Manuel García Castellón, titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional que tiene en su haber los casos Púnica, que afectan al exvicepresidente Francisco Granados; Lezo, que investiga a otro de los hombres fuertes de Esperanza Aguirre, Ignacio González y Tándem, donde se han dejado de investigar contrataciones del PP madrileño al comisario José Villarejo o se indaga en la Operación Kitchen, aunque se deje fuera a los máximos responsables como el expresidente Mariano Rajoy, la exsecretaria general María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro.

Francisco Granados, exvicepresidente de la Comunidad de Madrid y hombre de la máxima confianza de Esperanza Aguirre, madrina de la actual presidenta Isabel Díaz Ayuso, decidió el 15 de marzo de 2018, tirar de la manta dentro de la Operación Púnica. Describió ante el juez García Castellón una vía de financiación irregular del PP madrileño, que implicaba directamente a la exlideresa y al exconsejero de Interior Alfredo Prada. También a Alfredo Santos, propietario de GINSO, empresa beneficiada con la construcción y gestión del centro de reinserción de menores Santa Teresa de Calcuta, licitado en marzo de 2006 por 157 millones durante los siguientes 15 años.

Así que en esa tercera declaración voluntaria que Francisco Granados hizo en 2018, apuntó a la cabeza al destapar una vía de finanaciación ilegal de las campañas de quien fuera su jefa, Esperanza Aguirre, con ayuda de la sociedad GINSO que desviaba el dinero a dos mercantiles mediante facturas falsas por diferentes estudios e investigaciones que nunca se llegaron a realizar.

Balfagón confiesa ante notario

El testimonio de Granados provoco que Carmen Balfagón, actual decana del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid y responsable entonces de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, hiciese pública una declaración realizada ante notario el 19 de Enero de 2012, donde confesaba que el ex consejero de interior de la comunidad madrileña Alfredo Prada le había obligado, seis años antes, a pagar por trabajos inexistentes a empresas próximas al partido.

 Los testimonios de Granados y Balfagón coincidían. Prada, por indicaciones de Esperanza Aguirre, pidió a Balfagón que contactase con el antiguo cargo del PP Álvaro Renedo y con el propietario de GINSO, Alfredo Santos, para a través de una serie de facturas falsas, financiar con 147.000€ la campaña del PP madrileño a las autonómicas y municipales de 2007.

Las empresas implicadas en la trama de facturas (INVERELETO y FAIN VIEJO) eran propiedad de Álvaro Renedo Sedano y del periodista, ya fallecido, German Yanke.

La primera factura fue emitida el 25 de octubre de 2007 por la empresa INVER ELETO S.L., tenía como administrador único a Álvaro Renedo. En el concepto figura “elaboración de estudio sobre la situación actual con respecto a la reincidencia juvenil en la Comunidad de Madrid en relación con la de otros países de nuestro entorno” y la cantidad asciende a 55.680 euros IVA incluido.

La siguiente factura tiene fecha del 9 de noviembre de 2007 y fue cargada a Ginso por la mercantil FAIN Viejo S.L., una firma que había sido constituida solo seis meses antes por el propio Renedo y el periodista Germán Yanke. Como objeto social, tenía la “compraventa y gestión de medios de comunicación, así como el asesoramiento en materia de comunicación integral e información”. Según los documentos entregados por Granados, cobró otros 52.200 euros más IVA por un “estudio sobre la duración de las medidas de internamiento judicial así como de las edades de los menores infractores en el ámbito de la Unión Europea”.

La tercera factura también fue emitida por la mercantil FAIN Viejo S.L. Está fechada el 26 de noviembre de 2007 y suma otros 44.080 euros IVA incluido. En este caso, Ginso abonó los fondos por un supuesto “estudio sobre modelos empresariales en el ámbito de la Unión Europea vinculados a la reinserción social de menores en régimen de internamiento judicial”.

Finalmente, la cuarta y última factura aportada por Granados fue cargada a Ginso por INVER ELETO S.L. el 19 de diciembre de 2007. Refleja un pago de 22.040 euros IVA incluido por la presunta “elaboración de un estudio sobre la reinserción laboral de menores infractores desde la entrada en vigor de la Ley 5/2000, según contrato celebrado el 26 de octubre de 2007”.

Convenio Teresa de Calcuta

Dos años antes, en noviembre de 2005, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, autorizo el “Convenio de Colaboración entre la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y la Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO)» para la construcción y posterior gestión del Centro de Ejecución de Medidas Judiciales denominado Santa Teresa de Calcuta, dicho convenio suponía una inversión por parte del Gobierno regional de 157.736.025€, 10 millones irían destinados a la construcción del centro y los otros 147 millones se repartirían entre los 15 años que duraba el convenio de gestión.

La consecuencia más inmediata de la firma del convenio en marzo de 2006 para la construcción y gestión del centro fue que las empresas privadas del presidente de GINSO, ALFREDO SANTOS GARCIA o directamente relacionadas con este, fueron las beneficiadas por la ejecución de las obras de dicho centro, ICONO CONSULTORES SA y PRODOS PROJECT-PROCESS SL, que duplico su coste inicial pasando de los 10 millones previstos a los 20.627.500€ que se habían gastado en su construcción cuando en septiembre de 2006 la Presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre acompañada por el Consejero de Justicia e Interior Prada, inauguraron dicho centro.

 Estas circunstancias hacen sospechar que la adjudicación de la construcción y gestión del Teresa de Calcuta es la causa de la posterior colaboración de Alfredo Santos, presidente de GINSO, en el operativo de financiación del PP que describen Granados y Balfagón.

Por ejemplo, GINSO participó en el patrocinio de la exposición “LA JUSTICIA EN LAS ARTES” enmarcada dentro de los fastos para promocionar la fallida Ciudad de la Justicia, otro de los agujeros negros del consejero Prada.

«El presidente de la asociación sin ánimo de lucro, Alfredo Santos García, encargó el proyecto y la construcción de la obra a tres empresas con las que está íntimamente vinculado. Una de ellas, Icono Consultores SA., es suya casi en su totalidad. En otra, Prodos Project-Process SL, Santos tiene el 9% de las participaciones sociales. Sus socios en esta empresa son los dueños de IBADESA, la tercera compañía que construye el centro de Brea», señalaban en ese momento alguhnos medios. (BELAZA, M.C.; DE CÓZAR, Á «Un empresario construye reformatorios a través de una asociación sin ánimo de lucro», cit.).

La construcción del Teresa de Calcuta, centro adjudicado a GINSO, acabo en manos de la sociedad INYPSA vinculada a Jose Herrero de Egaña y López del Hierro, sobrino de Maria Dolores de Cospedal.

El vicepresidente de PRODOS PROJECT-PROCESS SL, otra de las empresas agraciadas con la obra del centro Teresa de Calcuta, resulto ser José Herrero de Egaña y López del Hierro imputado en el caso LEZO, presunto ”testaferro” de los intereses de Ignacio López del Hierro, marido de la ex ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que a la sazón fue nombrada en diciembre de 2005 consejera de Transportes e Infraestructuras del Gobierno de la Comunidad de Madrid que presidía Esperanza Aguirre, sustituyendo en el cargo a Francisco Granados que pasó a ser el nuevo consejero de la Presidencia.

IBADESA, INYPSA y el Teresa de Calcuta

Los movimientos de IBADESA para la venta de su cartera de proyectos a INYPSA (la empresa que finalmente se hizo cargo de la ejecución de las obras), coinciden temporalmente con la concesión del centro Teresa de Calcuta.

El 7 de febrero de 2006, un mes antes de la firma del convenio (3/3/2006), IBADESA ya comunico a la CNMV el acuerdo de intenciones formalizado para la adquisición del 70% de la mercantil Prodos Proyect-Process, S.L., formalizándose la operación el 31 de marzo de 2006 con la compra por parte de IBADESA de 357 acciones que representan el 70% del capital social de la sociedad Prodos Proyect-Process SL.

PRODOS comienza sus operaciones el 7/9/2004, sus gestores son Alfredo Santos, presidente de GINSO y Francisco Lozano Oliva, apoderado de IBADESA PROYECTOS Y SERVICIOS desde 2003.

 En 2005 la sociedad cambia de órgano de administración y se llevan a cabo los siguientes nombramientos:
• Consejero: LOZANO OLIVA FRANCISCO
• Consejero y vicepresidente: HERRERO DE EGAÑA Y LÓPEZ DEL HIERRO JOSÉ
• Consejero: VALERO ARTOLA JAVIER
• Consejero: GIRONELLA GARCÍA JESÚS
• Consejero: SANTOS GARCÍA ALFREDO
• Consejero: SANTOS GARCÍA JOSÉ LUIS
• Presidente: LOZANO OLIVA FRANCISCO
• SecreNoConsj: CEIJAS NOGUERA CAROLINA

El 20/06/2006, los consejeros de INYPSA desembarcan en PRODOS, se cambia la denominación social de la compañía, que pasa a llamarse: INYPSA INTERNATIONAL MANAGEMENT CONTRACTING S.L., este no será el último cambio, el 21/12/2007 adopta su última denominación: INTERNATIONAL MANAGEMENT CONTRACTING S.A.

Ese mismo mes, PRODOS (IBADESA) firma un acuerdo con INYPSA, en el paquete que trasfiere se incluye el Teresa de Calcuta. Esta operación supuso, según fuentes de la propia Inypsa:

 

«Desde el punto de vista territorial, gracias a la incorporación de INYPSA IMC, el peso de la cartera internacional sobre la total ha superado el 74%, lo que supone un record en este sector. Entre los proyectos obtenidos en el ejercicio merecen ser destacados los siguientes, según consta en su propia memoria:
. Construcción del Mercado y Aduana de Dajabon y proyecto llave en mano del Hospital Monte Plata, ambos en República Dominicana por 9 millones de euros aproximadamente.
. Dos equipamientos hospitalarios en China y dos en Angola que ascienden conjuntamente a un valor superior a los 16 millones de euros.
. Y, esta vez en España, la construcción del Centro de Menores de Brea del Tajo por valor aproximado de 10 millones de euros.
 

Fuente: INFORME INYPSA 2006.
En resumen, IBADESA traspasaba operaciones por valor de 35 millones de euros, entre ellas el centro referido.
Recordemos que PRODOS se creó en 2004, aunando los intereses de GINSO e IBADESA, de 2004 a 2006, acumulo como mínimo los 7 proyectos que traspasan a INYPSA, 2 en REPÚBLICA DOMINICANA, 2 en CHINA, 2 en ANGOLA y el centro de BREA DE TAJO.
La operación se realizó solamente unos días después de la firma del convenio, todos los datos parecen indicar que el Teresa de Calcuta era la golosa guinda del pastel que cerraba y hacia cuadrar la operación.
De los 7 proyectos, varios están bajo sospecha y los sujetos implicados reafirman el carácter de “trama” que rodea los hechos investigados, ya que no pueden considerarse casuales ni las coincidencias temporales, ni el uso del mismo “modus operandi” de otras operaciones que supusieron comisiones millonarias para IBADESA, la empresa que une los intereses del marido de Cospedal con la familia Pujol… pero esa es otra historia que ya les contare."                   (Román Cuesta, Crónica Libre, 25/11/22)

Granados señala a Esperanza Aguirre para exculparse de la caja b del PP de Madrid: “No soy el artista principal de esta copla”

 "Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid, exsenador y presunto cabecilla de la trama Púnica de corrupción, sostiene que es un “contrasentido” y una “contradicción” que él vaya a sentarse en el banquillo de los acusados mientras la que fuera líder de la formación y presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha sido exonerada. 

En el recurso que ha presentado en la Audiencia Nacional contra su reciente procesamiento por la caja b del PP madrileño, Granados subraya que Aguirre tenía mayores responsabilidades que él en el control de las cuentas bancarias y, por tanto, de la financiación del partido. El ex secretario general de los populares madrileños, que ya se encuentra condenado en firme en otra pieza del caso Púnica, cita en su escrito en una veintena de ocasiones a Aguirre y señala también al sucesor de esta al frente del Ejecutivo regional, Ignacio González, al que el juez ha exculpado igualmente.

 Ambas son, dice Granados, las personas que “podían haber gestionado o conocido por entrar dentro de sus facultades” lo que pasaba en las cuentas del partido. El exdirigente del PP madrileño carga contra la investigación de la Guardia Civil, a la que acusa de haber centrado sus pesquisas en convertirle en “artista principal de toda esta copla”.

Granados está acusado de delito electoral, cohecho y tráfico de influencias. Es el segundo exalto cargo de la Comunidad de Madrid procesado en el caso Púnica —tras la exjefa de Comunicación, Isabel Gallego— que señala a Aguirre y González como responsables últimos de las presuntas irregularidades.

En su escrito, de 115 páginas, Granados intenta desligarse de la financiación irregular del PP, que se ha investigado en una de las piezas separadas, la número nueve, del caso Púnica, y en la que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, lo procesó recientemente a él y a otras siete personas y dos empresas, aunque exoneró a otras 71 que estaban imputadas, entre ellas los expresidentes y líderes del PP madrileño Aguirre y González.

La investigación, que se inició tras el hallazgo de una agenda en poder de Granados con anotaciones que recogían supuestas entregas de dinero en efectivo por parte de empresarios para pagar mítines, se centró en tres campañas electorales: las autonómicas de 2007 y 2011, donde Aguirre arrasó con mayoría absoluta; y las generales de 2008, en las que Mariano Rajoy era candidato. Finalmente, el magistrado consideró, al igual que Anticorrupción, que las supuestas irregularidades de los comicios de 2007 y 2008 habían prescrito, y el procesamiento solo ha sido por los de 2011 ―en los que el PP supuestamente gastó cuatro millones de euros en negro, además de los 2,9 millones que reconoció al Tribunal de Cuentas― y por la adjudicación de contratos públicos para mejorar la reputación online de altos cargos del PP en redes sociales y en internet.

Granados se adjudica en la campaña de 2011 un papel muy secundario como director de la misma, y asegura que nunca recibió dinero en efectivo para sufragarla ni tuvo control alguno en la gestión de los fondos. De esto último responsabiliza “única y exclusivamente” al que fuera gerente de la formación, Beltrán Gutiérrez. El exdirigente popular sostiene que en la única campaña que ya se investiga el suyo fue un rol “testimonial, decorativo o meramente de pantalla, para evitar antes de las elecciones rumores, dimes y diretes o especulaciones políticas que pudieran utilizarse por el partido de la oposición”, ya que, insiste, para entonces ya había sido “defenestrado y decapitado” por parte de Aguirre de sus cargos dentro del partido. “Ya no era persona de confianza” asegura.

En este sentido, el escrito de la defensa del que fuera también alcalde de Valdemoro entre 1999 y 2003 incide en que, “en las 30 páginas que el auto dedica a analizar los gastos electorales con los distintos proveedores, no hay ni una sola mención a una participación de ningún tipo del señor Granados, ninguna relación con facturas, pagos, conciertos o reuniones”. “¿Por qué entonces nos empeñamos en situarlo en el íter incriminatorio del delito? Resulta evidente que de haber tenido participación hubiera salido su foto, su sello, su firma o identificación en todas esas descripciones que se contienen en el propio auto. Si no está por algo será”, concluye su defensa.

Granados esgrime que la función de “desacreditar, controlar y contradecir” al entonces gerente del partido por su gestión de los fondos era de “los órganos ordinarios del partido”, en referencia a la cúpula del PP madrileño que entonces encabezaba Aguirre y de la que se autoexcluye. “Nos parece un contrasentido mantener una tesis de acusación contra alguien que por organigrama carece de potestad”, señala. Y recuerda que en la campaña de 2011 sí tuvo responsabilidades el que entonces era su máximo rival político dentro del PP, Ignacio González, al que señala como la persona que “controlaba por su interés en dicha campaña [iba de número dos en las listas] todos los actos derivados de la misma en unión de la presidenta del partido, Esperanza Aguirre”.

Conversación entre Aguirre y González

El exdirigente del PP recoge en su escrito una conversación intervenida por la Guardia Civil en marzo de 2017 entre González y Aguirre e incorporada al sumario en la que, si bien ambos niegan que Fundescam, la fundación del partido en Madrid, hubiese participado en la financiación de las campañas, admiten que el PP pudo haber superado el límite de gasto electoral, pese a lo cual ninguno de los dos ha sido procesado. Granados se pregunta por qué si el juez no ha considerado este diálogo suficiente para mandar a ambos al banquillo sí ha decidido hacerlo con él. En todo caso, Granados cree que estos hechos estarían prescritos.

Un argumento similar esgrime para defenderse de la acusación de haber desviado fondos públicos para financiar los trabajos de reputación y posicionamiento en internet que dos empresas del experto informático Alejandro de Pedro, también imputado, realizaron para él y otros dirigentes del partido. Granados insiste en que la presidenta de Madrid y otros investigados que también se vieron beneficiados por estas actividades no han sido procesados al concluir el magistrado que no tuvieron conocimiento ni de la contratación de los trabajos ni del desarrollo de los mismos ni de cómo se abonaron. “El único de los sujetos de dichos informes acusado finalmente por esos trabajos ha sido mi representado por la existencia de un informe de 2010 que, al parecer, según el auto, no fue abonado”, destaca su abogado, que pide que, “por principio de igualdad”, se le exculpe de esta acusación como se ha hecho con Aguirre.

Granados, que recuerda que pasó casi tres años en prisión preventiva tras su detención en 2014, acusa al juez García-Castellón de aplicar criterios diferentes “a la hora de considerar los hechos respecto a uno y otro acusado”, y carga duramente contra la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que acusa de “ansia” por incriminarle “por activa y por pasiva en todos los informes”. Tampoco se libra de sus críticas la Fiscalía Anticorrupción, a la que recrimina que en un primer momento le acusase “hasta la saciedad y sin prueba alguna” de un fraude de 700 millones de euros, “para que luego escasamente hace un año modificase esta cantidad a cinco millones de euros en el patrimonio del investigado”.

Entre las ocho personas finalmente procesadas, además de Granados y Gutiérrez, se encuentran Borja Sarasola, exconsejero con Ignacio González; el empresario Alejandro de Pedro y la periodista Isabel Gallego. Esta última, quien fuera directora general de medios de comunicación de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2015 (con Aguirre de presidenta hasta 2012 y luego con González), también ha recurrido su procesamiento con un escrito en la misma línea del ahora presentado por Granados. Gallego considera “injusto, parcial y discriminatorio” que el magistrado la envíe al banquillo tras hacer “pivotar” sobre ella la financiación irregular del PP cuando ni siquiera formó parte del partido y había “numerosos cargos orgánicos con responsabilidad y supervisión de su gestión y conocimiento cabal de su labor a los que se archiva el proceso con desiguales argumentos”, en referencia a los dos expresidentes madrileños."                    (Óscar López-Fonseca , El País, 20/10/22)

La exjefa de prensa de Esperanza Aguirre: “Me acusan de malversar por contratar trabajos que la beneficiaban a ella”... Gallego no entiende cómo todos los consejeros y dirigentes del PP que contrataron a las empresas de Alejandro de Pedro para que hiciesen campañas de reputación a su favor en las redes sociales han sido absueltos ahora por el juez y, sin embargo, ella ha sido procesada

 "La investigación del caso Púnica ha acreditado siete años (de 2007 a 2014) de grave corrupción en el seno del PP de Madrid. El sumario judicial recoge numerosos indicios de financiación ilegal a través de una caja b —alimentada por empresarios contratistas de la Comunidad— con la que se pagaron supuestamente actos electorales no declarados al Tribunal de Cuentas; a través de Fundescam, la fundación del PP de Madrid que facturaba en falso, según la instrucción del caso, para orillar la ley y financiar actos electorales; y a través del Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid (que financiaba sus campañas de publicidad ilegales a través de empresas a las que adjudicaba contratos, según el relato del magistrado).

Los supuestos delitos acreditados beneficiaron fundamentalmente a Esperanza Aguirre, candidata del PP en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011. Pero solo llevarán al banquillo de los acusados al exgerente de la formación Beltrán Gutiérrez (delito electoral); al exsecretario general del PP en aquella época y exconsejero, Francisco Granados (delito electoral, cohecho y malversación); y a la entonces jefa de prensa de la Comunidad de Madrid, Isabel Gallego (prevaricación y malversación). La Fiscalía Anticorrupción, en un escrito firmado solo por el último de los tres fiscales que se incorporó a la investigación, propuso archivar la causa contra los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González. Y el juez instructor, Manuel García Castellón, ha exculpado a ambos definitivamente en su auto de procesamiento. El argumento de fiscal y juez fue idéntico: “Tras la instrucción llevada a cabo, no ha podido acreditarse que Esperanza Aguirre tuviese conocimiento ni de la contratación de los trabajos, ni de su desarrollo, ni de cómo se abonaban los mismos”.

Pero algunos de los implicados en esta trama de corrupción no opina lo mismo. La periodista Isabel Gallego, directora general de medios de comunicación de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2015 (con Aguirre de presidenta hasta 2012 y luego con González), ha estallado tras ser procesada. Su abogado ha presentado un recurso de reforma en el que afirma: “El auto ha de ser reformado por lo injusto, parcial y discriminatorio que supone que se haga pivotar la financiación del PP sobre la periodista que fue la encargada (Directora) de Medios de la CAM, que no formó jamás parte del Partido Popular y sobre la que existieron numerosos cargos orgánicos con responsabilidad y supervisión de su gestión y conocimiento cabal de su labor, a los que se archiva el proceso con desiguales argumentos: desde funcionarios de carrera e interventores a presidentes de la Comunidad, pasando por consejeros y directivos del ramo con capacidad decisiva y firma necesaria”.

La persona que trabajó durante una década para proteger la imagen de Esperanza Aguirre, la misma que se empleó a fondo para publicitar todas sus políticas, que intentó evitar informaciones negativas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid durante todos aquellos años, no entiende que el juez la incluya entre las pocas personas que han sido procesadas por corrupción, lo que atribuye al “trato desigual que dan el juez y los (las) fiscales en función del rol particular de cada individuo”.

Díaz Ayuso, responsable de redes sociales

El juez y la Fiscalía Anticorrupción acusan a Isabel Gallego de prevaricación y malversación por contratar con dinero público de su dirección general a las empresas de Alejandro de Pedro para hacer en las redes sociales campañas de propaganda a favor de Aguirre y González. Gallego responde que ella no decidió esa contratación, sino que se la impusieron. Y detalla quién era el responsable de esas actuaciones en el PP: “No es intrascendente que se haga notar que en el año 2010 la encargada de la Secretaría de Comunicación era Lucía Figar [exconsejera de Educación en el Gobierno de Esperanza Aguirre] y la de las redes sociales Isabel Díaz Ayuso [hoy presidenta de la Comunidad de Madrid]. Así consta en la causa y en fuentes abiertas. Fueran quienes fueran las encargadas de aquellos menesteres, lo cierto es que no era Isabel Gallego. Como también es importante recordar que en aquellos comienzos de la década del 2010 la moda, tratándose de internet, eran los blogs y que cada político tenía el suyo propio. Pero, como dejamos claro, no los gestionaba Isabel Gallego, quien además no era político. Que Alejandro de Pedro tuviera o no relaciones personales y/o negociaciones previas con el PP, con Francisco Granados, Salvador Victoria, Borja Sarasola, Lucía Figar, Esperanza Aguirre, Ignacio González…. es algo que le era completamente ajeno a Isabel Gallego hasta que aquel le es presentado”.

Respecto a esas campañas para mejorar con dinero público la imagen de Esperanza Aguirre en las redes sociales, el juez sostiene que durante los primeros meses de 2012 la presidenta madrileña fue “beneficiaria de trabajos de reputación y posicionamiento online llevados a cabo por las empresas de Alejandro de Pedro”. Pero concluye que tras la instrucción llevada a cabo no pudo acreditar que “Aguirre tuviese conocimiento ni de la contratación de los trabajos, ni de su desarrollo, ni de cómo se abonaban los mismos”.

Isabel Gallego rechaza estos argumentos: “El auto sobresee la causa para los dos expresidentes, pero considera que hay indicios de malversación en quien contrató los trabajos que les beneficiaban personalmente. Para rebatir esa conclusión no vamos a ahondar en que ambos [Aguirre y González] eran y son perfectamente conocedores de las noticias que se publican y que era de su interés como presidentes que su imagen institucional se mejorase. Es irracional sostener lo contrario”, sostiene el recurso.

La exdirectora general de Medios de la Comunidad de Madrid explica así el mecanismo de contratación de las campañas de reputación a favor de Aguirre y González: “Se dispuso que se contratara el servicio con los fondos presupuestarios de la Dirección General de Medios, lo que en absoluto puede considerarse ajeno a la Consejería de Presidencia, al Subsecretario General Técnico e, incluso, a los propios Presidentes afectados y, desde luego, ni a Salvador Victoria ni a Borja Sarasola. No es Isabel Gallego quien propone a Alejandro de Pedro, sino que le llega ‘impuesto’ tras ser recomendado por Borja Sarasola”. Y remacha: “No puede tenerse por bueno que se le achaque a la directora general de Medios aquello que Francisco Granados, Esperanza Aguirre, Ignacio González, Lucía Figar, Salvador Victoria, Borja Sarasola u otros convinieran, caso de que lo hicieran, con Alejandro de Pedro. Legal o ilegal”.

Gallego no entiende cómo todos los consejeros y dirigentes del PP que contrataron a las empresas de Alejandro de Pedro para que hiciesen campañas de reputación a su favor en las redes sociales han sido absueltos ahora por el juez y, sin embargo, ella ha sido procesada: “Si para la que fuera consejera de Educación, Lucía Figar, no hay delito, nos falta el razonamiento expresado por el juez que permita comprender por qué sí ha de ser delito la publicidad llevada a cabo por la directora general de medios acerca de los presidentes de la Comunidad de Madrid, ni por qué estos [Aguirre y González] eran ajenos a la cuestión y la periodista que lo gestionaba debe ser enjuiciada”, insiste. “Y ello, además de ser contrario al derecho a la igualdad, pone en jaque el derecho a la tutela judicial al faltar el razonamiento de por qué lo que para unos es lícito para Isabel Gallego es delictivo”.               (José manuel Romero, el País, 18/10/22)

Crónica negra del socialismo andaluz en 10 años de pillaje institucional... El fraude acreditado en el caso de los ERE suma 135 millones; la norma prevaricadora fue aprobada como ley cada año en el Parlamento autónomo

 "El Tribunal Supremo ha dado la puntilla a una era de hegemonía socialista en Andalucía. Los magistrados han confirmado esta semana la mayoría de las condenas de la Audiencia de Sevilla por el caso ERE, un fraude masivo en la gestión de ayudas millonarias a empresas en crisis perpetrado desde distintos departamentos de la Junta.

En la década prodigiosa del PSOE andaluz —logró victorias inapelables con el 51% y el 48% de los votos en las elecciones autonómicas de 2004 y 2008— este partido firmó su crónica más negra a cuenta de algunos de sus gobernantes.

Dos presidentes autonómicos, Manuel Chaves (1990-2009) y José Antonio Griñán (2009-2013), seis consejeros, tres viceconsejeros y tres directores generales han sido condenados por corrupción. Unos, Griñán entre ellos, tendrán que ingresar en prisión por malversación. Otros, como Chaves, evitarán la cárcel al ser condenados solo por prevaricación.

Todos formaban parte de la cúpula del Ejecutivo andaluz que gestionó durante esa década (2001-2010) un programa de prejubilaciones pagadas con dinero público que afectó a 77 empresas y a más de 6.000 trabajadores. El programa costará 1.300 millones de euros cuando termine de pagarse, en 2025.

Pese a su abultado presupuesto, el plan benefició a un porcentaje mínimo de las empresas que en esa década sufrieron expedientes de regulación de empleo en Andalucía: casi 6.000 empresas y más de 100.000 trabajadores afectados.

El instrumento que ideó el Gobierno de Manuel Chaves en 2000 para repartir esas subvenciones públicas era tan ágil y flexible —no había concurrencia, ni publicidad— como opaco y arriesgado: la falta de requisitos o de control sobre el gasto —ni antes de aprobarlo ni después— convertía un plan social de ayuda a miles de trabajadores y cientos de empresas en una gigantesca oportunidad para el robo de dinero público.

Altos cargos, empresarios y sindicatos aprovecharon durante 10 años ese agujero normativo para el saqueo de fondos, según los hechos probados de la sentencia ahora confirmada por el Supremo.

El diseño del fondo: una puerta abierta al fraude. “La necesidad política de dar una respuesta inmediata a los grandes conflictos sociolaborales llevó a los responsables de la Junta de Andalucía a establecer un sistema ágil de concesión de ayudas a empresas en crisis eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos”, relata la sentencia. Ni las ayudas fueron conocidas (no se hizo publicidad de la convocatoria), ni hubo posibilidad de concurrencia, ni requisitos que cumplir para acceder a la subvención. La investigación destapó numerosos ejemplos de ayudas fraudulentas aprovechando esas circunstancias.

Procedimiento ilegal aprobado cada año por ley. La prevaricación, según la sentencia, consiste en aprobar un anteproyecto de ley que incluía la partida para las subvenciones a empresas mediante “transferencias de financiación”, un instrumento expresamente prohibido por la ley para ese tipo de ayudas. Y, además, la aprobación a posteriori de modificaciones presupuestarias cuando hacía falta más dinero “actuando a sabiendas de que el importe modificado se destinaba a abonar ayudas/subvenciones sociolaborales y de empresas en crisis que habían sido concedidas siguiendo un procedimiento ilegal”. Lo extraño del caso es que el Gobierno andaluz llevó su norma prevaricadora cada año al Parlamento, que la convirtió en ley tras una tramitación transparente. Pero la oposición, según los jueces, fue inducida a error al contar con una información “críptica, confusa y equívoca”. Ni la mayoría de los diputados que aprobaron el instrumento para el delito, ni muchos de los consejeros que dieron su visto bueno al proyecto de ley prevaricador fueron imputados en la causa.

Descontrol absoluto. Los peritos de la Intervención General del Estado no encontraron en los expedientes examinados “ningún análisis económico de la Consejería de Empleo” sobre las empresas que se beneficiaron de las ayudas millonarias para saber si necesitaban el dinero o, por el contrario, tenían capacidad suficiente para atender sus necesidades. Cuando le preguntaron por esa circunstancia al director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, que era quien decidía todo sobre las ayudas, contestó: “No era un elemento a tener en cuenta”.

Además, la sentencia recoge numerosas anomalías en subvenciones a otras empresas favorecidas, aunque no aprobaron ningún ERE. El dinero público sirvió en muchos casos para “abonar nóminas, deudas (sin especificar), gastos de primer establecimiento de la empresa, minutas por asesoramiento jurídico en materia laboral, mejoras salariales derivadas de convenios colectivos, cursos de alta dirección, indemnizaciones derivadas de despidos declarados improcedentes, devoluciones de préstamos suscritos por la empresa, pago de importes avalados, o préstamos para pago de nóminas de los que no consta su devolución”.

Las cifras del fraude. La sentencia no precisa el dinero defraudado, pero el PP, que ejerció de acusación popular en el caso, señala los 680 millones de euros presupuestados entre 2001 y 2010 para denunciar el “caso de corrupción más grave de la democracia”. El único cálculo posible se remite a lo acreditado en la investigación: 12 millones pagados a cerca de 200 intrusos —trabajadores que cobraron la prejubilación por el ERE de una empresa a la que nunca pertenecieron—; 50 millones abonados por sobrecomisiones a las aseguradoras mediadoras, y otros 73 millones a empresas que no reunían las condiciones para acceder a las ayudas. Todo ello eleva la cifra a 135 millones de euros. El resto, dinero invertido en prejubilaciones, no se puede considerar fraude, según el magistrado Alberto Jorge Barreiro. “Ha de partirse de la premisa de que un porcentaje de las subvenciones ilegalmente concedidas habría que concederlo también en el caso de que se hubiera seguido el procedimiento legal exigible para su concesión”.

¿Empresas y trabajadores socialistas? La investigación no acreditó la financiación ilegal del PSOE andaluz en este caso de corrupción. Tan solo hay pruebas de amaños perpetrados por el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerra, para pagar prejubilaciones a algunos militantes socialistas incluidos en las listas de trabajadores de empresas a las que nunca pertenecieron. Y de ayudas a empresas sin trabajadores que se habían creado para recibir las subvenciones en una zona dominada por alcaldes socialistas.

Las dudas de una malversación. Ocho ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía han sido condenados por malversación de fondos públicos, entre ellos Griñán. El delito de malversación castiga a quienes sustraen fondos públicos para sí o para terceros o lo consienten. El tribunal considera que son culpables por inacción los máximos responsables de las consejerías de Empleo, Economía y Hacienda, e Innovación, que conocieron supuestamente en 2005 informes del Interventor General con las irregularidades de todo el plan de ayudas, no lo cambiaron y aprobaron presupuestos para seguir financiando unas cantidades dadas mediante un procedimiento ilegal.

El magistrado del Supremo Alberto Jorge Barreiro, que investigó el caso, escribió tras siete meses de instrucción: “Al menos a día de hoy, no constan datos indiciarios incriminatorios contra José Antonio Griñán como presunto autor del delito de malversación, pues no se ha acreditado que interviniera en la concesión concreta de ayudas fraudulentas de fondos públicos ni que supiera que se estaba disponiendo de los caudales públicos para las ayudas/subvenciones con destino al lucro ilícito de terceras personas”.

Barreiro, ya jubilado, concluyó que Griñán sí conoció que el sistema para conceder las subvenciones era ilegal en su tramitación, pero no supo que al ejecutarse se “estuvieran desviando importantes sumas de dinero para procurar el beneficio ilícito de terceras personas”. No hay pruebas en la investigación de que Griñán se lucrase, ni tampoco de que conociese que se estaba desviando dinero a terceras personas. El Supremo ha dado por buena la condena de la Audiencia de Sevilla a Griñán, pero dos magistradas, de los cinco que integran el tribunal, defienden su absolución.

“Cuando se trataba de dar el paso siguiente, ahí se detuvo”

José Antonio Griñán declaró que cuando era consejero de Hacienda, su viceconsejera no le remitió el informe del interventor de la Junta de Andalucía donde se denunciaban las irregularidades del sistema para otorgar subvenciones excepcionales a empresas en crisis. El magistrado que primero interrogó a Griñán consideró que esa explicación se oponía “a las máximas elementales de la experiencia aplicables en los juicios de inferencia”. “Resulta inverosímil”, escribió, “que la persona de confianza de Griñán, la viceconsejera, reciba notificaciones de un contenido relevante durante varios años seguidos y no dé cuenta de ninguna de ellas al superior inmediato que la puso en un cargo de máxima confianza”.
El interventor nunca elevó su nivel de alerta sobre lo ocurrido a través de los denominados “informes de actuación”, donde se denuncia la existencia de fraudes y perjuicios para las arcas públicas. Ese tipo de informes nunca llegó a los consejeros andaluces para que tomaran las medidas oportunas.

El magistrado también tenía explicación para esta carencia: “Cuando se trataba de dar el paso siguiente que le marcaba la ley, ahí se detuvo. La omisión solo podría explicarse por el dilema en que se vio envuelto: o ponía en evidencia y bloqueaba un sistema ilegal que era el instrumento principal de materialización de los planes políticos del Gobierno, pero teniendo que hacer la denuncia ante los máximos responsables que le habían designado discrecionalmente para el puesto de interventor, o proseguía con sus reiteradas advertencias de ilegalidad (inútiles por lo demás), pero sin emitir informe de actuación, que fue la opción que finalmente adoptó”.      (José Manuel romero, El País, 31/07/22)

"‘Caso de los ERE’: Justos y pecadores en el fondo de reptiles. Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo, gestionó las ayudas fraudulentas y favoreció a su entorno.

 El juicio político que hizo el PSOE sobre la sentencia del caso de los ERE confirmada por el Tribunal Supremo encendió la bronca con el PP en una reyerta dialéctica de duros reproches a cuenta de las condenas por corrupción que golpean a ambos partidos. Los principales dirigentes del PSOE salieron en defensa de los expresidentes condenados, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, con una frase repetida varios días: “Pagan justos por pecadores. Griñán y Chaves no se enriquecieron”.

El PSOE asumió hace tiempo que la irregular gestión de aquel programa de ayudas a empresas desencadenó un fraude multimillonario en Andalucía y recuerda que los dos expresidentes dejaron sus cargos tras conocer que el Tribunal Supremo había encontrado indicios de delito en su actuación. Pero la dirección socialista acusa de esa corrupción masiva a quienes directamente se encargaron de administrar los fondos públicos en la consejería de Empleo y en ningún caso quienes estuvieron a la cabeza de aquellos gobiernos.

El principal señalado es Francisco Javier Guerrero, quien decidió el reparto de la mayor parte de los fondos para ayudas sociolaborales como director general de Trabajo y fue condenado por la Audiencia de Sevilla a siete años, 11 meses y 1 día de cárcel en el juicio a la rama política del caso de los ERE. Esa partida multimillonaria y controvertida que gestionó era, según declaró él mismo a la Policía, “un fondo de reptiles para crisis” que la Junta “tenía que afrontar con empresas que necesitaban respirar”. La sentencia de la Audiencia de Sevilla se detiene en algunas de las ilegalidades que supuestamente cometió Guerrero, fallecido de un infarto en octubre de 2020 a los 63 años de edad.

A principios del año 2006, un concejal socialista de Camas organizó la solicitud de las ayudas sociolaborales concertando citas de sus conocidos con Guerrero. El entonces director general de Trabajo incluía a estos amigos en listas de trabajadores pertenecientes a empresas que tramitaban expedientes de regulación de empleo, aunque no habían trabajado en las mismas.

“En marzo o abril, detalla la sentencia, “varios militantes socialistas se dirigieron a la entrevista concertada con Guerrero, quien posteriormente ordenaría a la mediadora de seguros Vitalia Vida que se introdujeran a estos dos favorecidos ilícitamente en la póliza relativa a la ayuda socio-laboral de alguna empresa; de esta forma tras los estudios hechos por Vitalia relativos a la empresa Surcolor, el referido director general de Trabajo, en fecha 28 de junio de 2006, remite una escueta comunicación a la aseguradora APRA LEVEN mostrando su conformidad para que se suscriba una póliza para 26 trabajadores de la empresa Surcolor, sabiendo, por indicación de la mediadora Vitalia, que 24 eran los trabajadores de dicha empresa y los dos restantes” eran los militantes socialistas a los que coló.

El regalo de Guerrero con dinero público a uno de los beneficiados consistió en una “paga mensual de 1.300 euros hasta el 31 de enero de 2010, fecha de la jubilación, prestaciones que percibió junto al subsidio de mayores de 52 años”. En el otro caso, la persona favorecida por Guerrero estuvo percibiendo algo más de “1.000 euros mensuales desde el 1 de julio de 2006″.

El ex director general de Trabajo subvencionó también con 1,4 millones de euros a una empresa que montó su propio chófer, quien a su vez le suministraba droga.

Algunos colaboradores del alto cargo de la Consejería de Empleo explicaron durante el juicio el procedimiento seguido para conceder las ayudas. Una secretaria de Guerrero detalló que “lo relativo a la partida 31L”, correspondiente al controvertido programa de ayudas sociolaborales, “lo llevaba directamente Guerrero”, quien le dictaba los convenios con distintas empresas para conceder las subvenciones, le mandaba la relación de trabajadores afectados y posteriormente se confeccionaba la orden de pago.

Al menos seis personas que participaron en el examen de los expedientes con motivo de la información reservada abierta dejaron durante el juicio innumerables ejemplos del descontrol y caos que se encontraron al revisar la documentación:

—”En algunos expedientes no había ningún acto administrativo. Ninguno de los expedientes seguía el procedimiento legalmente establecido. En algunos no había ni solicitud, ni memoria”.

—”En algunos casos no constaba el DNI de los trabajadores, por lo que no se pudo comprobar si era un intruso. No vimos el ERE, no podíamos saber si los trabajadores estaban incluidos en los ERE”.

—”No vi ningún documento contable, ni de fiscalización. La documentación era muy dispersa e incompleta. No vi ningún expediente de gasto. No había documentación de la fiscalización del gasto”.

—”En las carpetas había un desorden absoluto. No eran expedientes administrativos. Había fotocopias duplicadas, triplicadas y cuadruplicadas. Los expedientes no estaban completos, faltaban piezas clave. No había solicitudes ni resoluciones. Tampoco había expediente de gasto”.

La sentencia concluye que desde la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía se acordaban pagos multimillonarios ante empresas, sindicatos, colectivos de trabajadores y personas físicas, “sin sujeción a procedimiento alg uno en la asunción de dichos compromisos”. Un agujero de corrupción que se prolongó durante 10 años.

Subvenciones a empresas nuevas y sin trabajadores

La investigación judicial analizó con detenimiento la concesión de 16 subvenciones por más de 11 millones de euros a empresas radicadas en la sierra norte de Sevilla, vinculadas a municipios dominados por el PSOE, y destapó un fraude masivo. “Las empresas beneficiadas compartían accionistas y órganos de administración; los pagos de subvenciones a varias de ellas se ingresaron en la misma cuenta bancaria; se constituyeron con muy poca antelación a la concesión de las ayudas; tenían escaso patrimonio propio. “Salvo Matadero de la Sierra Morena, S.A. y su filial Al Ballut, S.L., el resto de las sociedades carece de sustancia económica y de trabajadores. No consta que haya habido solicitud de subvención por parte de las beneficiarias, ni figura ningún documento de las mismas (memoria, proyectos, presupuestos, etc.)”."                      (J. M. R. el País, 31/07/22)