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4.1.18

FCC, cadena de favores...

"Una de las niñas bonitas del Ibex 35, principal índice de la bolsa española, y uno de los gigantes económicos españoles, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), ha sufrido un duro golpe con la explosión de la trama Acuamed. 

El penúltimo caso de corrupción es uno más en el que las tres letras que nombran la empresa aparecen, pero es el único en este momento por el que un directivo de la empresa –Miguel Jurado, presidente de FCC Construcción– está siendo investigado por un posible delito de cohecho, tras el sobreseimiento de la imputación –investigación según la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal– de José Mayor Oreja, que también ocupó el cargo de presidente de FCC Construcción. Echamos la vista atrás para hacer un repaso a la historia de FCC y sus relaciones con la Administración.

Fomento de Construcciones y Contratas nació como tal en 1992 como fusión de dos grandes empresas que crecieron durante el régimen franquista: Construcciones y Contratas, y Fomento de Obras y Construcciones. En ambas se desarrollaría un proceso de puertas giratorias que seguiría hasta hoy.

“El holding Construcciones y Contratas fue un juguete en manos del clan de El Pardo”, escribe el periodista Mariano Sánchez Soler en su libro Los Franco S.A., obra en la que analiza el imperio empresarial que surgió alrededor de Francisco Franco. 

Este emporio acumuló más de medio centenar de empresas y entidades financieras que, en 1973, sumarían más de 100.000 millones de pesetas en capital escriturado. Sán­chez Soler relata cómo Ernesto Ko­plowitz, fundador de la empresa, se casó en 1952 con Esther Romero de Juseu, una íntima amiga de Car­men Polo, con la que tendría dos hijas: Esther y Alicia.

A partir de aquí comienzan a llover las grandes contratas públicas, como la concesión en exclusiva del alumbrado y alcantarillado de Madrid. También las puertas giratorias entre el régimen y el consejo de administración de la empresa, con la entrada del mar­qués de Villaverde –Cristóbal Martínez-Bordiú, yerno del ‘generalísimo’–; el subsecretario de Obras Públicas, José María Rivero de Aguilar, o el director del Instituto de la Moneda Extranjera, Alejandro Bermúdez González.

 El capital de la empresa pasó de cinco millones de pesetas en 1952 a 2.000 millones diez años más tarde. Fue entonces cuando Koplowitz padre se cayó del caballo –literalmente–.

 Tras la muerte del empresario, el consejo de administración de Construcciones y Contratas seguiría siendo lugar de paso para nombres de la política, como José María Ruiz-Gallardón –padre del exministro–, quien después pasaría por Alianza Popular y por las Cortes como diputado por Zamora. También, vía matrimonial, ‘los Al­bertos’ –Alberto Cortina y Alberto Alcocer, hijos del exministro de Asun­tos Exteriores Pedro Cortina y de Alberto Alcocer, primer alcalde de Madrid, respectivamente–.

El otro germen de la actual FCC, Fomento de Obras y Construcciones (FOCSA), fundada en Barcelona en 1900, también acogería en su consejo de administración a conocidos nombres del régimen franquista antes de fusionarse con el legado Koplowitz, según detalla la obra de Sánchez Soler.

 En su caso, fueron el ‘cuñadísimo’ de Franco, Ramón Serrano Suñer, y su hijo Ramón Serrano Polo –sobrino de Franco– los hombres fuertes del régimen en las empresa, que ya en 1975 contaba con un capital escriturado de 3.000 millones de pesetas.

Puertas giratorias del siglo XXI

La política de puertas giratorias siguió en la ya actual FCC. 2001 comenzaría en la empresa con la llegada de José Mayor Oreja –hermano del exministro de Interior Jaime Mayor Oreja y persona encargada de hacer llegar los donativos ilegales al Partido Popular de parte de la empresa de Koplowitz– al cargo de presidente de FCC Construcción.

El tío del exministro, Marcelino Oreja Aguirre, también ministro de Asuntos Exteriores durante el Franquismo, le acompañó en el consejo de administración de la empresa. A la vez que Oreja, llegó al consejo de administración de FCC Construcción Abel Matutes, que hasta el año 2000 ocupaba el cargo de ministro de Asuntos Exteriores.

La lista de nombres de la política y la Administración que han pasado por FCC continúa. En 2010 entró como apoderado Eduardo González Gómez, presidente entre 2002 y 2008 del lobby Foro Nuclear y antes, entre 1987 y 1995, vicepresidente del Consejo de Seguridad Nuclear, organismo responsable de las centrales nucleares en el Estado y de la regulación en esta materia. 

González Gómez pasó después a presidir Aqualia y FCC Energía, cargos que ocupó hasta el pasado año. Dos años más tarde, en 2013, entró Fernando Caamaño de Aramburu, otro nombre relacionado con el Ministerio de Asuntos Exteriores, en su caso asesor, quien desde julio de 2015, continúa como apoderado solidario de la empresa.

Nicolás Redondo Terreros, secretario general de los socialistas vascos entre 1997 y 2001, y antes miembro del Parlamento Vasco, pasaría por pocos meses –de noviembre de 2013 a de 2014– por el consejo de administración de FCC. 

Por su parte, Gustavo Villapalos Salas, consejero de Educación en Madrid entre 1995 y 2001, estuvo desde 2002 vinculado a la empresa a través de su firma cementera, Portland Valderribas, y durante algunos meses –de julio a noviembre de 2014– llegaría a ser presidente de la empresa matriz.

Gestión de agua

FCC, a través de su filial Aqualia, tiene el 36,7% del mercado de agua pública, según presume en su página web. En poblaciones como Sanlúcar de Barrameda, grupos ecologistas han denunciado subidas de las tasas de agua por encima del 85% del IPC  y cobros ilegales a los vecinos de la población desde que se privatizó el servicio de agua en 2010, cuando el portavoz de Ciudadanos en la Junta de Andalucía, Juan Marín, era alcalde.       

Limpieza urbana

Las contrataciones públicas para la limpieza urbana es otra de las grandes líneas de negocio de FCC. Madrid, Tarragona y Albacete son algunas de las 18 capitales de provincia en las que la limpieza viaria está a cargo de esta empresa. En febrero de 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia abrió expediente a FCC, ACS, Ferrovial y Sacyr por repartirse el mercado de la basura, aunque sólo les impuso una multa del 3% de sus beneficios.       

Elefantes blancos

Entre 2002 y 2008, FCC recibió al menos 400 millones de euros para construir dos de las grandes infraestructuras de las olimpiadas: Madrid Arena y Caja Mágica, ahora edificios infrautilizados o con graves deficiencias. Entre 2001 y 2008, José Mayor Oreja había entregado dos donaciones al Partido Popular que sumaron 165.000 euros. En esos mismos años la empresa obtuvo 587 contratos de órganos públicos gobernados por el PP."                (Ter García, Diagonal, 11/02/16)

9.2.16

La 'mafia del agua' de Hacienda y Agricultura... el caso Acuamed

"Los 12 consejeros de Acuamed (cuatro de Hacienda, cuatro de Agricultura y dos de Presidencia entre ellos) vieron pasar por el consejo de la compañía estatal la denuncia de los amaños realizada por el Director de Ingeniería, las salvedades del auditor a las cuentas anuales y la propuesta de asignación de 36 millones con cargo a los Presupuestos de 2015, que incluían partidas para los sobrecostes y la comisión de 9,5 millones para FCC. Ninguno de ellos alertó de los desmanes que se estaban produciendo y sólo cuando la Fiscalía entró en acción activaron las investigaciones internas.

 El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas controla el 100% del capital de Acuamed a través de Patrimonio del Estado y, por ello, cuenta con cuatro representantes en el Consejo de Administración de la misma

El departamento de Agricultura gestiona la compañía y cuenta con otros cuatro vocales en el máximo órgano de decisión. Por su parte, Presidencia, en manos de Soraya Sáenz de Santamaría, sienta a dos miembros y Economía a uno. Además, uno de los cuatro consejeros de Hacienda, Ángel Álvarez, está en nombre de la Intervención General del Estado, organismo que tiene la obligación de velar por los intereses del Ministerio que dirige, en funciones, Cristóbal Montoro, y por extensión, por los intereses del Estado español y el erario público.

Los cuatro de Hacienda reportan a Pilar Platero, subsecretaria de Hacienda, número 3 del Ministerio responsable de la Dirección General de Patrimonio del Estado. Los cuatro de Agricultura reportan al Secretario de Estado de Medio Ambiente, que como tal preside Acuamed, y que hasta junio de 2015 fue el ya dimitido Federico Ramos de Armas (ahora ocupa su puesto Pablo Saavedra).

 Sólo uno (Ricardo de Alfonso López) de todos los consejeros que representan al Gobierno en Acuamed mostró interés en mayo de 2014 por la denuncia que destapó la trama y que había sido presentada por Francisco Valiente, director de Ingeniería y Construcción hasta su fulminante despido el 2 de abril de ese año.

Es el único consejero que intervino preocupado por lo denunciado, según las actas. El resto del consejo, manejado por el director general, Arcadio Mateo, supuesto jefe de la trama corrupta, no movió un dedo hasta que en noviembre de 2014, siete meses después de la denuncia, se vieron obligados a crear un Comité de Control Interno para auditar las obras después de que la Fiscalía Anticorrupción mandara un requerimiento de información a la compañía por las supuestas irregularidades que ya se estaban investigando.

 Según demuestran las actas de los consejos publicadas en los últimos días por Vozpópuli, la denuncia del amaño de contratos durmió el sueño de los justos hasta noviembre de 2014. Todos los consejeros, excepto uno, guardaron silencio, mientras el tándem Ramos de Armas/Arcadio Mateo trataba de posponer, mes tras mes, el estudio de la denuncia de Valiente.

Este supuesto pacto de silencio del Consejo de Acuamed era sólo el principio de la "indolencia que mostraron después ante las sospechosas partidas presupuestarias que se propusieron para cubrir sobrecostes y pagar comisiones", añaden las fuentes cercanas a la investigación consultadas. 

El auto del juez Eloy Velasco afirma que "se consignaron cerca de 36 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en 2015, manteniéndolos solo que reducidos en los de 2016 a una compensación de ocho y catorce millones".

 Los incrementos presupuestarios propuestos, que incluyen la comisión de 9,5 millones de euros que se iba a pagar a FCC, pasaron por el consejo y fueron autorizados por el Ministerio de Hacienda. Ninguno de los cuatro consejeros del Ministerio, ni siquiera el representante de la Intervención General del Estado, ni por supuesto el resto de consejeros, alertaron de que esas nuevas partidas parecían sospechosas.

Además, estas partidas, tras pasar el filtro del consejo, son revisadas por la Dirección de Patrimonio y, en última instancia, por el Subsecretaría de Hacienda. Ellos no las abortaron. 

Fue la denuncia de Valiente la que dio al traste con el plan propuesto conjuntamente por el presidente de la sociedad y entonces Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, y su hombre de confianza, el ahora detenido Arcadio Mateo, presunto jefe de la trama corrupta. Uno correo electrónico intercambiado entre ambos los delata.

El auto de Velasco deja claro que estas partidas pasaron todos los filtros y fueron recogidas en los PGE de 2015 y 2016: "Los presupuestos Generales del Estado en 2015 preveían cubrir esa 'compensación indebida' pactada entre la cúpula de FCC y cargos de alto nivel en el Ministerio [de Agricultura], fijando un monto de diez millones, más veinte millones para hacerlo [el proyecto de los arreglos de la desaladora de Bajo Almanzora en Almería tras una inundación], no llegando a ejecutarlo inicialmente al conocer la denuncia que ha originado la presunta a usa en Fiscalía".

Hacienda miró para otro lado

Acuamed depende jerárquicamente de Agricultura, que es el Ministerio responsable de su gestión, pero "Hacienda es el propietario y el Ministerio de tutela, de forma que cualquier partida presupuestaria o incrementos presupuestarios para proyectos concretos tienen que ser visados por los consejeros que defienden los intereses del accionista [los cuatro en representación de Hacienda] y luego revisados por la responsable de la Subsecretaría y de Patrimonio [Pilar Platero, número 3 de Montoro]", remacha una fuente cercana al Gobierno al tanto de la situación creada tras la Operación Frontino de la UCO de la Guardia Civil.

Lo que no ha quedado aún definido por la investigación es si los 9,5 millones de euros [que Velasco redondea a 10 millones en su auto] de comisión que se iban a pagar a FCC se vieron de forma desagregada en el Consejo de Administración. El 23 de junio de 2013, el presidente de Acuamed enviaba un correo electrónico a Arcadio Mateo preguntando "si podemos llevar como pide la contratista [FCC] la liquidación pendiente de la obra al consejo de administración del mes de julio por valor de 9,5 millones de euros. (…)

 Así vamos avanzando con esta gente a la que debemos bastante dinero en otras obras". El correo iba con copia a otro alto cargo de Agricultura, la directora general del Agua, Liana Ardiles, que era vicepresidenta de Acuamed. Fuentes oficiales de Hacienda afirman que fueron los consejeros de Acuamed los que echaron para atrás la comisión que se iba a pagar a FCC.

Agricultura se justifica

Consultado por Vozpópuli, el Ministerio de Agricultura matizó que "en los presupuestos anuales deben constar los gastos que se prevén para el ejercicio, según información que suministra la empresa, pero no implica su pago.

 En este sentido, y tal y como se explicó en el comunicado [del martes] que emitió el Ministerio: ni la liquidación correspondiente a los trabajos ejecutados por la UTE en el marco del contrato de proyecto, obra, operación y mantenimiento de la planta desaladora Bajo Almanzora, ni la liquidación del proyecto complementario suscrito con la misma UTE en 2009, ni la reclamación de dicha UTE relativa a los daños ocasionados por la riada de septiembre de 2012 han sido abonados por la sociedad Acuamed, ya que su consejo de administración nunca procedió a aprobar ni estas liquidaciones ni el pago de los costes de reparación de la planta desaladora. 

La única partida presupuestaria de la sociedad Acuamed relativa al concepto “Reparación desaladora de Bajo Almanzora” corresponde a los presupuestos del año 2016. Dicha partida, que asciende a 14,55 millones y no ha sido ejecutada, corresponde a habilitación de crédito, sin constituir obligación alguna de gasto".

 "Pese a que el consejo de Acuamed debió sospechar, y quizá conocer, algunos de los sobrecostes injustificados en los últimos años, todos sus miembros procedieron a firmar, año tras año, las cuentas de la compañía y sus estados financieros", reseña la fuente cercana a la investigación consultada por este diario, que además recuerda que siempre "se pasó por alto las salvedades realizadas por el auditor durante seis años y que, aunque no tenían relación con la trama, sí que avisaba de la contabilidad incorrecta de sus costes que hacía Acuamed".

 Los consejeros de Acuamed jamás pusieron en marcha medida alguna para corregir estos errores de contabilidad que, año tras año, el auditor reseñaba en su apartado de salvedades. No ha trascendido si alguno de los consejeros ni altos cargos del Gobierno relacionados con Acuamed ha sido citado por el juez para declarar."               (Baltasar Montaño / Ó. López Fonseca, Vox Populi, 01/02/16)

1.2.16

Acuamed: la punta del iceberg de la (oscura) gestión de aguas

"En 2006, desde la Fundación Nueva Cultura del Agua, publicamos un libro, ‘Aguas limpias, manos limpias. Corrupción e irregularidades en la gestión de aguas en España‘, en el que colaboraron notables expertos.

 El prólogo corrió a cargo de Carlos Jiménez Villarejo, que acababa de dejar su cargo al frente de la Fiscalía Anticorrupción, harto de presiones durante el Gobierno de Aznar. Diez años más tarde, estalla el caso Acuamed, gracias a la denuncia, al parecer, de un exalto cargo despedido en su día…

En el libro en cuestión, no sólo se analizaban las raíces del problema, tanto en la Administración Pública de aguas como en su entorno empresarial y profesional, sino que se recopilaban múltiples casos, con nombres y apellidos, en los que, aunque de forma tímida, o cuando menos inconsecuente, la Policía y la Fiscalía se habían adentrado en estos oscuros espacios. 

Y se acababa ofreciendo un amplio catálogo de casos, cuenca a cuenca, muchos de ellos vivos actualmente, en los que se han producido manifiestas irregularidades, conocidas e infructuosamente denunciadas.

En lo que a la Cuenca del Ebro se refiere, aparecían bien documentados los casos del Recrecimiento de Yesa, el embalse de Santaliestra, el embalse de Itóiz y el Canal de Navarra, incumplimientos de la normativa de seguridad de presas e inundaciones en el Ebro, centrales hidroeléctricas en espacios naturales, extracción de áridos y vertidos tóxicos permitidos en el Cinca, contaminación de aguas de boca trasvasadas a Tarragona…

No se tocó entonces el doloroso escándalo de Jánovas; ni la vergonzosa impunidad de Inquinosa, en lo referente al lindano, en el Gállego; o el bombeo de la Tranquera y el bombeo de Beceite, con miles de millones de antiguas pesetas tirados, sin mayores consecuencias; ni se hablaba del ruinoso caso de Mularroya, con sus sentencias judiciales en contra y lloviendo sobre mojado, tras tirar el dinero en el citado bombeo de la Tranquera. Sin embargo, todo esto no fue suficiente para abrir investigaciones en serio a lo largo de estos diez años.

Recuerdo el año en el que ocupé la salita de espera del Presidente de la CHE, de 13h a 14h, día tras día, exigiendo simplemente el listado de estudios técnicos contratados por la CHE, de adjudicación directa (por suponer una cuantía económica que no requería concurso público), para poder investigar una posible línea de corrupción “de baja intensidad” que había detectado. Nunca lo conseguí…

Deberíamos preguntarnos cómo es posible que sigamos admitiendo como normal que un proyecto hidráulico, como el recrecimiento de Yesa, pueda cuadruplicar la inversión prevista, por ahora, sin que se abra siquiera un expediente que investigue, al menos, quién hizo mal su trabajo. 

O el caso del embalse de Montearagón, donde ya nos hemos gastado 3,5 veces lo presupuestado en un principio; o el fiasco de la Loteta, donde hemos tirado casi 100 millones de euros para nada; o el recrecimiento de Santolea, con un proyecto aprobado y desechado por inseguro, cuando sobre el papel todos los estudios garantizaban su seguridad…

Si todo esto pudo ocurrir, y sigue ocurriendo de hecho, sin que se ponga en marcha ni siquiera una investigación que delimite y depure responsabilidades, con cientos de millones de euros de dinero público en juego, ¿cómo extrañarse hoy de que, como en su día argumentábamos en el libro ‘Aguas Limpias, Manos Limpias‘, haya problemas de corrupción, más allá de Acuamed, con desvío de fondos, inflado de costes y facturas, adjudicación fraudulenta de contratos, estudios y obras?

Afortunadamente, como dice el refrán, ‘no hay mal que por bien no venga’. Espero que seamos capaces de aprender de nuestros errores y abramos finalmente investigaciones a fondo en este frente que algunos venimos denunciando desde hace mucho: el de la corrupción en el oscuro campo de la gestión de aguas y de los servicios de agua y saneamiento…

Pedro Arrojo, diputado de Podemos por Zaragoza"                    (Attac Madrid, 24/01/16)

26.1.16

El número 3 de Soraya mandó un correo a Arcadio Mateo para interesarse por el pago de 10 millones a FCC

"El sumario del caso Acuamed revela que el 'número tres' del Ministerio de la Presidencia que dirige Soraya Sáenz de Santamaría, Federico Ramos de Armas, envió el 20 de junio de 2013 un correo electrónico al director general de la empresa y cabecilla de la trama, Arcadio Mateo, en el que se interesaba por el pago de 9,5 millones de euros a FCC, porque le debían "bastante dinero en otras obras".

Entonces, Ramos de Armas era presidente de Acuamed y secretario de Estado de Medio Ambiente. En el mensaje, preguntaba a Mateo la conveniencia de presentar en el siguiente consejo de administración el pago de 9,5 millones de euros por la reparación de la desalazora de Almanzora, cantidad que pedía la contratista, FCC.  “Así vamos avanzando con esta gente”, añadía Ramos de Armas, “a la que debemos bastante dinero por otras obras”, según la Cadena Ser.

Ya por entonces, algunos funcionarios de Acuamed como Francisco Valiente habían remitido a Mateo a través de varios informes y reuniones que quien debía abonar los pagos era el seguro de la empresa. Sin embargo, la empresa pública terminó abonando a FCC 20 millones más por la ejecución de los trabajos y los incluyó en el presupuesto de 2016, si bien reducidos a 22 millones tras la denuncia de la Fiscalía, según el auto del juez Eloy Velasco.

Velasco apuntó en su auto de este miércoles que “altos cargos del Ministerio” de Agricultura “pactaron con la cúpula de FCC” compensara esta empresa por las obras del embalse de Almazora. También impartieron “instrucciones” para abonar 40 millones de euros a la misma empresa por la descontaminación del embalse de Flix, mediante “facturas falsas” y “conceptos inexistentes”.                 (Vox Populi, 22/01/16)

25.1.16

El número 3 de Soraya colocó en Acuamed al cabecilla de la trama a los dos meses de aterrizar en Agricultura

"No sólo despidió fulminantemente al funcionario que denunció el escándalo hace año y medio, sino que además fichó para dirigir la sociedad estatal Aguas de las Cuencas del Mediterráneo SA (Acuamed) a la persona que presuntamente terminó amañando las millonarias adjudicaciones de la misma.

 Federico Ramos de Armas, actual subsecretario de Presidencia, fue la persona que en febrero de 2012, cuando ocupaba el cargo de secretario de Estado de Medio Ambiente, colocó como director general de la empresa pública a Arcadio Mateo del Puerto, encarcelado este miércoles por orden del juez Eloy Velasco como presunto cabecilla de la trama de corrupción desmantelada en la Operación Frontino

El 'número 3' de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, lo hizo además poco tiempo después de aterrizar él en el Ministerio de Agricultura de la mano del entonces titular de la cartera, Miguel Arias Cañete.

Ramos de Armas, que antes de la victoria electoral del PP en las elecciones de 2011 ocupaba un cargo en el Ejecutivo madrileño de Esperanza Aguirre, fue nombrado como 'número 2' de Agricultura el 11 de diciembre de aquel año. Una de sus primera decisiones fue, precisamente, poner al frente de Acuamed, la sociedad estatal que maneja importantes recursos económicos para realizar obras hidráulicas en los ríos de la cuenca mediterránea, al ahora encarcelado Arcadio Mateo.

 Lo hizo a mediados de febrero de 2012, es decir, sólo dos meses después de que él hubiera sido designado para su cargo. Según trabajadores de la empresa consultados por Vozpópuli, entre ambos había una relación previa de amistad.

Por sus respectivos puestos, Ramos de Armas y Mateo del Puerto compartieron durante los siguientes tres años, hasta la salida del primero de Agricultura en mayo de 2015 para incorporarse al equipo de Sáenz de Santamaría, responsabilidades en la compañía ahora bajo sospecha. 

El primero, como presidente de la misma y de su Consejo de Administración. El segundo, como 'número 3' en la estructura de mando. Varios testigos han declarado en los últimos días ante el juez Velasco que ambos trabajaban coordinadamente y que, incluso, el entonces secretario de Estado de Medio Ambiente partició en reuniones con adjudicatarias junto al presunto cabecilla de la trama.

 Entre ellas, en la que supuestamente se pactaron “compensaciones indebidas” para la compañía FCC por los problemas surgidos en la construcción de la desaladora del Bajo Almanzora (Almería) y que terminaron provocando un 'agujero' de 40 millones de euros a la Administración.

 Una actuación de Ramos de Armas en el día a día de Acuamed que, de confirmarse, se convertiría en la más polémica de su paso como máximo responsable político de la sociedad estatal, pero no la única. 

De hecho, el 2 de abril de 2014 él era el máximo responsable presente en la reunión del Consejo de Administración en el que se analizó la documentación que había remitido notarialmente un directivo de la compañía, Francisco Valiente, y en la que denunciaba la supuesta existencia de irregularidades en la adjudicación de seis obras que habían costado al erario más de 620 millones de euros. 

Aquel día, el hoy 'número 3' de Sáenz de Santamaría dio carpetazo a aquella denuncia, lo que permitió a Arcadio Mateo despedir fulminantemente al denunciante por falta de confianza, como adelantó este jueves Vozpópuli. Meses después el trabajador represaliado acudía a la Fiscalía Anticorrupción y se abría la investigación que hasta el momento se ha saldado con 13 personas detenidas y 35 más 'investigadas' (el término que ha sustituido ahora al de imputado).

Los empleados de la compañía consultados por este diario destacan que durante todo el tiempo en el que Ramos de Armas y Arcadio Mateo coincidieron en Acuamed, éste último contaba con una amplia autonomía para tomar decisiones. 

De hecho, estas fuentes destacan que poco después de su llegada la compañía hubo un cambio en la política de contratación y algunas empresas empezaron a ganar "sospechosamente" buena parte de los concursos. No fueron los únicos cambios. También aseguran que se produjeron relevos en el organigrama de la sociedad estatal que afectaron tanto al Servicio Jurídico como a algunos puestos de la dirección claves del mismo. 

Entre ellas, la Dirección de Ingeniería y Construcción, para la que en un primer momento eligió a Francisco Valiente, pero en la que tras la denuncia de éste puso a otra de las detenidas el pasado lunes, María Gabriela Mañueco, quien se convirtió en su mano derecha de la trama.

Según detalla el juez Velasco en el auto del pasado miércoles por el que enviaba a prisión al director general y otros cuatro trabajadores de Acuamed, Arcadio Mateo impuso mientras Ramos de Armas estuvo al frente del Consejo de Administración "numerosas irregularidades en contra de los intereses públicos y ciudadanos" que le reportaron dádivas de las empresas adjudicatarias.

 Para amañar los concursos, el magistrado destaca que presionó a los directivos que tenía bajo su mando para que éstos, a su vez, "incidieran sobre sus subordinados en la continua realización de falsedades e irregularidades". Si se negaban, eran amenazados con un cambio de puesto o "incluso, destituidos"

De hecho, al menos cuatro de ellos, entre los que está el denunciante Francisco Valiente, sufrieron represalias laborales. Pese a la dureza del auto del magistrado y a que éste ya apuntaba a la presunta implicación de cargos de "muy alto nivel" del Ministerio de Agricultura, Federico Ramos de Armas no está imputado aún en el 'caso Frontino' ni ha sido llamado a declarar a la Audiencia Nacional."                 (Vox Populi, 22/01/16)

22.1.16

Testigos sitúan al número dos de Santamaría en una reunión de Acuamed y FCC en la que se pactaron comisiones

"El exsecretario de Estado de Medio Ambiente y actual subsecretario de Presidencia del Gobierno, Federico Ramos, participó en la presunta reunión con FCC en la que se pactó una "compensación indebida" de 40 millones a la constructora que luego se consignó en los presupuestos de 2015.

 Según han informado a Efe fuentes jurídicas, testigos exempleados de la empresa pública Acuamed, varios de ellos ingenieros, afirmaron al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que esa reunión se celebró en el Ministerio de Agricultura y que a ella acudió el actual número dos de Soraya Sáenz de Santamaría.

En ese encuentro se acordó supuestamente con FCC una compensación ilegal de 40 millones de euros, que finalmente se consignó en una partida de 36 millones incluida en los presupuestos generales del Estado 2015, según afirma el juez Velasco.

Esta es una de las posibles ilegalidades que investiga el juez en el caso Acuamed y que el miércoles reflejó en su auto enviando a prisión incondicional a cinco de los trece detenidos el pasado lunes por este fraude, entre ellos el director general de la empresa pública, Arcadio Mateo del Puerto.

Esta supuesta compensación se pactó dentro de un contrato concedido a la UTE formada por FCC y Abengoa, el de la construcción de la desaladora de Bajo Almanzora, en Almería.
Según explica el juez, FCC y Abengoa debían pagar el 100% de los desperfectos que se produjeron después de que se inundara la desaladora, pero el director general de Acuamed accedió a abonar un 40 % de su valor y que FCC pagara el 60 % (40 millones), cuando, insiste Velasco, esas reparaciones no eran “responsabilidad de la Administración”.

La finalidad era que FCC acabara no teniendo que pagar nada por las inundaciones, ya que, según Velasco, luego Acuamed y la constructora pactaron que se le resarciría de ese gasto “mediante compensaciones en otras obras, al parecer pactadas desde muy alto nivel en el Ministerio” de Agricultura, del que depende la empresa pública.

Especialmente, esa compensación se plasmaría en el contrato de la descontaminación del pantano de Flix, adjudicado luego a FCC por 180 millones de euros, inflándolo con partidas “irreales”.

Según Velasco, se previó cubrir esa “compensación indebida” pactada “entre la cúpula de FCC y cargos de alto nivel del Ministerio”, entre ellos Ramos, en los presupuestos generales del Estado de 2015.

Aunque en principio no se llegó a hacer por el inicio de la investigación en la Fiscalía a Acuamed, finalmente se “persistió” en la idea y se consignaron cerca de 36 millones en las cuentas de ese año.

Esa partida se mantuvo, aunque reducida, en los presupuestos de 2016 “a una compensación de 8 y 14 millones”, asegura el juez, y las fuentes consultadas este jueves han detallado que esa reducción se debió a que se rebajó en un 8 % el conjunto del presupuesto destinado en las cuentas de este año a Acuamed.

Esta investigación a Acuamed desembocó en la detención el pasado lunes de 13 personas y en varios registros a domicilios relacionados con los arrestados, entre ellos el del director general de la empresa pública.

En el domicilio de Arcadio Mateo se encontraron, según las mismas fuentes, 120.000 euros en billetes de 500 euros guardados en libros.

Según el juez, Mateo urdió desde mediados de 2014 “un conjunto de actuaciones dolosas, imperativas conscientes y queridas (se habla de ‘presiones’) para imponer en el seno de Acuamed numerosas irregularidades” para conceder contratos. “A cambio, recibía regalos en especie, para él y para otros -implantes de pelo, viajes a Turquía…-, a favor de diversos contratistas de obra pública”.

En concreto, se investigan seis contratos en diversos puntos de la cuenca mediterránea, en los que los empresarios, explica el auto, “presionaban” a los directivos de la empresa pública “para que incidieran sobre sus subordinados en la continua realización de falsedades e irregularidades”                (República.com, 21/01/16)

21.1.16

Directivos de Acciona y FCC, entre los detenidos por el fraude de las desaladoreas, Acuamed

"Varios de los 13 detenidos este lunes por la Guardia Civil en la 'Operación Frontino' son directivos de las empresas Acciona y FCC, por su presunta vinculación con la trama de desvío de fondos públicos en torno a la sociedad estatal Acuamed, han informado fuentes de la investigación. 

eldiario.es ha podido confirmar con fuentes de la investigación que la compañía pública adjudicaba de forma irregular los  proyectos de desaladoras en los que se habían descubierto sobrecostes millonarios sin justificar, que alcanzarían los 20 millones de euros.

Las fuentes consultadas han precisado que los directivos de ambas empresas van a prestar declaración a lo largo de este martes en las dependencias del Instituto Armado en la localidad madrileña de Tres Cantos. 

En esta causa se investiga además el amaño de contratos públicos por la sociedad dependiente del Ministerio de Agricultura. El director de la empresa, Arcadio Mateo, fue detenido el lunes y será destituido hoy por el Gobierno.

 Por su parte, fuentes jurídicas han informado de que entre los 16 registros practicados el lunes por los agentes de la UCO se encontraban algunas dependencias de la empresa Acciona."                   (eldiario.es, 19/01/16)