Juan Cotino: amaño de contratos desde la dirección de la Policía de Aznar... Tanto sus dos sobrinos como el exjefe de gabinete de Eduardo Zaplana confiesan que el fallecido político del Opus Dei urdió las mordidas millonarias en Luxemburgo de la red del 'caso Erial'... El exjefe de gabinete de Zaplana en la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco García, también confesó que Cotino le comunicó “en presencia de Eduardo Zaplana” el “interés” de Sedesa por el lote de las ITV. Tras la adjudicación, Sedesa ganó 43 millones de euros cuando luego revendió la concesión

 "Juan Gabriel Cotino Ferrer fue uno de los máximos exponentes del sector del Opus Dei del PP valenciano. Entre 1996 y 2002, ejerció, además, el cargo de director general de la Policía del Gobierno de José María Aznar, con Jaime Mayor Oreja de ministro del Interior. Después, el expresident valenciano Francisco Camps también encontraría en Cotino un gran apoyo. El nombre del político, fallecido en 2020, salió a relucir esta semana en el juicio del 'caso Erial' con la confesión de su propio sobrino, el empresario Vicente Cotino, sobre la mordida millonaria abonada en Luxemburgo a la presunta red corrupta de Eduardo Zaplana a cuenta del pelotazo de la privatización de las ITV y de la adjudicación de uno de los lotes a la firma Sedesa, propiedad de los Cotino.

El exjefe de gabinete de Zaplana en la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco García, también confesó que Cotino le comunicó “en presencia de Eduardo Zaplana” el “interés” de Sedesa por el lote de las ITV. Tras la adjudicación, Sedesa ganó 43 millones de euros cuando luego revendió la concesión.

Así, el político del PP fue el artífice de la mordida a Zaplana, según han confirmado en el juicio del 'caso Erial' tanto Juan Francisco García como los dos sobrinos del político, los empresarios Vicente y José Cotino. Los tres han alcanzado un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción para reconocer los hechos y rebajar la pena. “Juan Cotino, en ese momento director general de la Policía, me transmite el especial interés del Grupo Sedesa por presentarse y ser adjudicatario dentro de los lotes que se iban a plantear”, declaró el exjefe de gabinete. 

La triple confesión acredita lo que las pesquisas del 'caso Erial' pudieron rastrear en Luxemburgo durante la instrucción secreta comandada por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Al Gran Ducado voló Cotino el 9 de mayo del 2001 para entregar en mano más de 600.000 euros a Beatriz García Paesa, la sobrina del famoso espía y la abogada responsable de montar el tinglado societario con el que la trama canalizó las mordidas. Su tío, Francisco Paesa, falleció el 3 de mayo de 2023 a los 87 años a las afueras París, tras haber simulado su muerte en 1998, en una jugada propia de la picaresca española más que del proceloso mundo del espionaje y de las cloacas del Estado.

Tanto Beatriz García Paesa, que se prestó a colaborar con la investigación, como las autoridades de Luxemburgo, en respuesta a una comisión rogatoria, acreditaron el trasvase del dinero, tal como informó elDiario.es. Con los fondos se constituyó la sociedad pantalla para ocultar las mordidas. Cuatro días antes, Juan Cotino se había reunido con Zaplana, según las agendas del expresidente de la Generalitat Valenciana.

Con los fondos entregados por Cotino, se constituyó el capital social de la empresa Imision Internacional, que recibió entre 2005 y 2009 11,2 millones de euros de mordidas desde cuentas bancarias en España y Suiza. La abogada, imputada por la Audiencia Nacional en el caso Defex, declaró que mantenía “mucha relación” con el empresario Vicente Cotino, quien “iba con frecuencia a Luxemburgo”. El clan político-empresarial poseía un avión privado.

El viaje de Cotino a Luxemburgo

La escena fue prácticamente cinematográfica: un director general de la Policía llevando más de 600.000 euros en metálico a un país extranjero para urdir una sociedad 'offshore' con la sobrina del espía protagonista del 'caso Roldán', una causa que afectó de lleno al Ministerio del Interior del Gobierno de Felipe González. De hecho, en la película El hombre de las mil caras, dirigida por Alberto Rodríguez, la actriz Alba Galocha interpreta el papel de una joven Beatriz García Paesa.

Si bien el apellido de la abogada española afincada en Luxemburgo ya resultaba enormemente llamativo (a tenor de su papel en uno de de los casos más sonados de la historia reciente de España) su despacho tampoco estaba exento de personajes con un currículum dudoso: uno de los letrados del bufete, Federico Cannizzaro di Balmontino, fue condenado a cuatro años y medio de prisión por un tribunal italiano a cuenta de una trama que usó sociedades 'offshore' en Luxemburgo y Uruguay.

La carrera política de Juan Cotino se trasladó al territorio valenciano. Entre 2002 y 2004, fue delegado del Gobierno de Aznar en la Comunitat Valenciana. Tras esa etapa se incorporó al Gobierno de Camps como conseller, sucesivamente, de Agricultura, Bienestar Social y Medio Ambiente. También fue presidente de las Corts Valencianes entre 2011 y 2014.

Sus contactos en el seno de la Policía propiciaron ciertos chivatazos, como el que reconoció el excomisario José Manuel Villarejo a cuenta de los registros policiales del 'caso Gürtel' y del 'caso Brugal'.

Zaplana: “Nos llevábamos fatal”

Cotino acabó convirtiéndose en el perejil de todos los escándalos de corrupción del PP valenciano. Su doble condición de político conservador y de empresario de una firma especializada en obra pública llevó a que el apellido aflorara en numerosas causas. Sin embargo, sólo se sentó en el banquillo en 2020, con ocasión del juicio en la Audiencia Nacional por los amaños de la trama Gürtel en la contratación de la visita del Papa a València. Cotino se enfrentaba a una petición de pena de 11 años de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

Gracias a esta edición hacemos un seguimiento puntual de la política valenciana, con exclusivas como el audio de Carlos Mazón, en el que el ahora presidente de la Generalitat, revelaba en una conversación con dirigentes del PP su disposición a pactar con la extrema derecha de Vox. Seguimos temas de impacto ciudadano como la polémica ampliación del Puerto de València. Sin olvidar la memoria democrática ni, por supuesto, los procesos judiciales en los que todavía se depura la corrupción política de la anterior etapa de hegemonía de la derecha. Nuestra información, además, se publica también en versión en valenciano, e incluye contenidos de carácter cultural.

Tras la suspensión del juicio, a consecuencia de la crisis sanitaria de la pandemia del Covid-19, Cotino falleció el 13 de abril de 2020 a causa del coronavirus. Automáticamente, su responsabilidad penal en 'Gürtel' y en el 'caso Erial', en el que figuraba como investigado, se extinguió. Tras su muerte, dejó en herencia una empresa con un patrimonio neto de 10,5 millones de euros, además de 2.500 acciones de la energética italiana IFV Energy SRL por un valor total de 398.157,12 euros.

Sobre el fallecido expolítico recayeron esta semana las confesiones de sus dos sobrinos y del exjefe de gabinete de Zaplana. El exministro de Trabajo, por su parte, aludió a la mala relación política con Juan Cotino, en el contexto de la guerra interna en el seno del PP valenciano entre 'campistas' y 'zaplanistas', para refutar las confesiones de sus compañeros de banquillo. “Nos llevábamos fatal”, dijo Zaplana en referencia al finado."             (Lucas Marco, eldiario.es, 20/04/24)

La familia de Zaplana impulsa el mayor pelotazo urbanístico de Benidorm

 "Más de medio millón de metros cuadrados y una veintena de hoteles. Es el pelotazo urbanístico que impulsa la familia de Eduardo Zaplana, el expresidente valenciano que se sienta estas semanas en el banquillo de los acusados en el juicio del 'caso Erial' junto con su sucesor en el Palau de la Generalitat, José Luis Olivas. El pleno del Ayuntamiento de Benidorm, gobernado por el popular Toni Pérez, aprobó el pasado 27 de marzo, con los votos del PP en solitario, el último trámite del Plan Parcial Ensanche Levante, el gran sector pendiente de urbanizar de la ciudad turística y uno de los más grandes de la Comunitat Valenciana, con 575.371 metros cuadrados de suelo y la previsión de construir más de 3.000 pisos —la mitad, viviendas turísticas— y 20 hoteles. 

 En la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) que impulsa el proyecto figura la familia del expresidente de la Generalitat Valenciana, conocidos empresarios en Benidorm. La AIU tiene su domicilio social en el Hotel Les Dunes de la localidad, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es. Se trata de la joya de la corona de los suegros de Zaplana, empresarios hoteleros de Benidorm.

El mítico hotel de cuatro estrellas pasó a manos de María Dolores Martorell Llorca, viuda del empresario Miguel Barceló, tras el fallecimiento de éste ultimo en 2018. El empresario hotelero, padre de Rosa Barceló, fue senador del PP por la provincia de Alicante entre 1986 y 2008 y se erigió en uno de los principales impulsores de la carrera política de su yerno, Eduardo Zaplana. También apadrinó la trayectoria política de su sobrino, Francisco Murcia Barceló, diputado en el Congreso durante cinco legislaturas, y de su nieto, Agustín Almodóbar Barceló, sucesor en el escaño del empresario del Senado.

Promociones Les Dunes SL, la sociedad que controla el icónico hotel situado en primera línea de playa, amplió hace un cuarto de siglo su objeto social para incluir la tenencia y adquisición de toda clase de solares y terrenos, la ejecución de toda clase de obras de edificación, agrupación, segregación y compraventa de solares, de viviendas y de locales comerciales, según los datos que constan en el Registro Mercantil.

La expansión de Benidorm

El sector Ensanche Levante arrastra una compleja tramitación y cuenta con suelo urbanizable programado desde 1990. Su “vocación” es “construir la expansión de Benidorm durante las décadas de 2020 y 2030”, según indica la documentación del proyecto aportada al consistorio. Varios constructores de primera línea de la costa alicantina, como el empresario Enrique Ortiz (condenado por financiar ilegalmente al PP) o el promotor Andrés Ballester, poseen suelo en la zona.

La versión final del Plan Parcial ‘Ensanche Levante’ fue aprobada por el PP en solitario, con la abstención de Vox y el voto en contra de los ediles del PSPV-PSOE. El portavoz adjunto socialista, Sergi Castillo, aportó un informe jurídico que señala deficiencias del proyecto. Castillo lamentó que, con el cambio de uso respecto al Plan General de 1990, en lugar de ser un sector “residencial-hotelero” pasa ser “terciario-hotelero”, con una “abrumadora presencia de viviendas turísticas y hoteles”. 

Por otro lado, el autor del proyecto es el ingeniero José Ramón García Pastor, hijo del exconseller 'zaplanista' José Ramón García Antón y de la expresidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor Lillo.

José Ramón García Pastor, al frente de la empresa Cainur, además de otros trabajos en Alicante para empresas públicas, ha aterrizado en Benidorm desde que Toni Pérez es alcalde. El ingeniero firmó un informe por el que se solicitaba un modificado en las obras de construcción de una rotonda, que ascendían a 2,5 millones de euros más respecto a lo previsto inicialmente. 

Además, Cainur también es la responsable de algunos de los proyectos que desarrolla la promotora TM en la zona de Poniente, otro de los grandes frentes urbanísticos de Benidorm."         ( Lucas Marco, eldiario.es, 14/04/24)

El botín de Eduardo Zaplana en paraísos fiscales: 15 millones en comisiones

"Tengo que ganar mucho dinero, me hace falta mucho dinero para vivir”. Así se expresaba —en 1990— un joven Eduardo Zaplana Hernández-Soro (Cartagena, 3 de abril de 1956) en una conversación intervenida por la Policía en el marco del 'caso Naseiro'.

 Dicho y hecho. Al cabo de unos años, el expresidente de la Generalitat Valenciana, exministro de Trabajo y exdirectivo de Telefónica contaba con un botín, al menos, de 15 millones de euros en paraísos fiscales. Todos los fondos provienen de comisiones ilícitas que han aflorado durante la instrucción del 'caso Erial'.

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha puesto a Eduardo Zaplana al borde del banquillo. El auto de transformación a procedimiento abreviado, el paso previo al banquillo de los acusados, desvela que existen fondos por más de 15 millones de euros en comisiones ilícitas que, en parte, no han podido ser recuperados al haber sido intervenidos por las autoridades andorranas. El blanqueador confeso de Zaplana, el uruguayo Fernando Belhot, transfirió al juzgado desde cuentas suizas 6,7 millones de euros, un capital que “era de Eduardo Zaplana”, apunta la magistrada Isabel Rodríguez Guerola.

La banda del exministro del PP se enfrenta a los presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental. La cuadrilla de presuntos saqueadores, coronada por Eduardo Zaplana, era una “organización” cuyos componentes se aprovechaban de los cargos políticos “que ostentaban en el momento de los hechos o habían ostentado a lo largo de varios años” y que con ayuda de empresas pantalla “creadas ex profeso” y de empresarios cercanos al exministro obtuvieron beneficios de contratos públicos hinchados que posteriormente blanquearon a través de una compleja lavadora internacional que pasaba por paraísos fiscales como Luxemburgo, Suiza, Panamá, Andorra o Uruguay, entre otros destinos. 

Procesados “dirigidos” por el expolítico

Los procesados estaban “dirigidos” por el expolítico del PP, indica la jueza instructora. “La forma planificada por Eduardo Zaplana era quedar ante todo oculto en la sombra de todo tipo de actividad, con el fin de eludir posibles responsabilidades y dado que era conocido públicamente y si su nombre apareciera, en cualquier tipo de operación, hubiera alertado inmediatamente, (...) utilizó a sus amigos y conocidos a los que hizo partícipes de los beneficios obtenidos en cantidades mínimas”, reza el auto.

Un “claro ejemplo” es Joaquín Barceló, amigo de la infancia de Zaplana y conocido como Pachano, “al que hizo que figurase con su nombre” en sociedades y cuentas bancarias en España y en el extranjero mientras que el exministro del PP quedaba “al margen formalmente y libre de responsabilidades” (aunque recibía, “eso sí, importantes beneficios económicos”, apostilla la magistrada). Pachano es el “principal testaferro” de Zaplana, sostiene la magistrada.

El extraordinario botín nació del pelotazo de la privatización de las ITV y en la adjudicación del Parque Eólico durante los primeros años de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat Valenciana. “Concursos a la carta”, según la definición de la jueza instructora del 'caso Erial', en los que la empresa Sedesa, de los Cotino, obtuvo importantes comisiones.

El Grupo Sedesa, de la familia del fallecido Juan Cotino, se agenció 86,5 millones de euros de beneficios con ambas adjudicaciones, “por lo que pudieron permitirse el pago de altas comisiones”. Las acciones de la familia Cotino por los parques eólicos se dispararon de un discreto valor inicial de 120.000 euros a 48 millones “en apenas seis años”.

Otro personaje en la trama, también procesado, fue José Luis Olivas, breve sucesor de Zaplana en la Generalitat Valenciana antes de la presidencia de Francisco Camps. “La intervención de José Luis Olivas”, apunta la instructora,“ fue también fundamental” para una operación de introducción en el circuito legal de “fondos de origen delictivo” por 2,8 millones de euros mediante una refinanciación solicitada a Bancaja (presidida en aquel entonces por Olivas) por parte del empresario Carlos Gutiérrez Mondedeu. El expresidente de la Generalitat Valenciana cobró una comisión de 580.000 euros a través de una sociedad de los Cotino. 

Dos personajes clave

La trama contaba con dos personajes clave en el exterior: los blanqueadores Fernando Belhot y Beatriz García Paesa (sobrina del famoso espía), que gestionaban los fondos fruto de “comisiones delictivas” cuya procedencia y origen “desconocían”, dado que “profesionalmente se dedicaban a gestionar patrimonios”. Ambos personajes colaboraron con la Fiscalía Anticorrupción y el abogado uruguayo Fernando Belhot (conocido con el nombre en clave de Sol por los investigadores de la UCO) acabó entregando los 6,7 millones de euros de su cliente. La relación entre Zaplana y sus “gestores” se basaba “en la confianza”, sin contratos y con órdenes verbales.

El auto destaca el papel de la secretaria de Zaplana, Mitsouko Flerida Henríquez, en la recepción de parte de los fondos ilícitos desde el extranjero mediante el “sistema de cambistas”, un método de blanqueo de capitales “muy común en Sudamérica” (los cambistas reciben el dinero y a su vez facilitan la entrega, “siempre en efectivo”, sin dejar rastro). La histórica secretaria del exministro era “conocedora de las actividades delictivas” de su jefe, agrega el auto.

Además, el exjefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, también vehiculó una “parte importante de las comisiones” de los Cotino. García repatrió 2,2 millones de euros en comisiones aprovechando la amnistía fiscal del ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. El auto recuerda otra táctica del exjefe de gabinete de Zaplana para dar “cobertura” al blanqueo de las comisiones: su empresa Dobles Figuras SL firmó un “contrato simulado” con Sedesa para elaborar un boletín interno de la empresa que realmente confeccionaban empleados de la firma de los Cotino.

El asesor fiscal Francisco Grau era el “miembro financiero de la organización” que gestionaba los fondos de la presunta banda criminal. Fue definido por otro de los miembros de la trama, en una comprometedora conversación telefónica intervenida por la UCO, como el “artífice de toda esta ingeniería”. Era, según la magistrada instructora, el encargado de “integrar el dinero de procedencia delictiva”, la última fase del complejo proceso de blanqueo de capitales.
Una amiga íntima y su hermano

Elvira Suanzes, exdiputada autonómica del PP, amiga íntima del exministro, participó junto con su hermano Saturnino en la “ocultación y transformación del dinero de procedencia delictiva que poseía la organización de Zaplana tanto en Luxemburgo como en Andorra”.

Los 2,8 millones de euros blanqueados gracias a la operación del empresario Carlos Gutiérrez Mondedeu con Bancaja fueron a parar en parte a la mercantil Zascar SL de Francisco Pérez, amigo de Zaplana y conocido como Paco Gasofa. La firma, que recibió 225.571 euros, abonaba el alquiler de una embarcación usada por el expresidente de la Generalitat Valenciana para surcar las aguas griegas y adquirir el Naikamo (que luego fue vendido por 5,5 millones). Además, recuerda el auto, los fondos también se usaron para otros “viajes de recreo” por Croacia, Italia o la Costa Azul. Otros 75.000 euros se destinaron a pagar numerosos vuelos a destinos como Praga, Marruecos, Génova, Suiza, Milán, Madeira o Londres, entre otros.

El auto también pone al borde del banquillo a los empresarios Ángel Salas, autor de contratos ficticios para retornar comisiones ilegales tras un “periplo societario”; Pedro Romero, peluquero y presunto blanqueador, y Roberto Bataouche Pérez, implicado en las operaciones en Altea y beneficiario de 143.373 euros “en B”.

El botín sirvió para adquirir, por 1,5 millones, un piso en la calle Núñez de Balboa de Madrid y dos áticos frente al puerto deportivo de Altea, valorados en 1,2 millones de euros. También fincas en La Vila Joiosa por 1,8 millones y vehículos como el todoterreno de alta gama que usaba la esposa de Zaplana, Rosa Barceló. La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha decretado el sobreseimiento provisional para Barceló y para su hija María Zaplana, que se han salvado al no figurar en ninguna de las sociedades mercantiles de la trama del 'caso Erial'.

“No se ha podido acreditar que Rosa Barceló tuviera conocimiento del origen ilícito del dinero utilizado para la compra del vehículo ni tampoco de los otros fondos empleados por Eduardo Zaplana”, advierte el auto. La situación de Rosa Barceló y de María Zaplana contrasta con el procesamiento de la esposa del testaferro Joaquín Barceló, “conocedora desde el primer momento de todo lo que se estaba haciendo”.                 (Lucas Marco , eldiario.es, 2 de junio de 2022)

Un nuevo informe de la UCO afirma que Zaplana blanqueó 4,4 millones en mordidas procedentes de las ITV y el plan eólico

 "Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntala la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 8 de València y la Fiscalía Anticorrupción en la que está imputado el expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, por el presunto cobro de hasta 11 millones de euros en mordidas procedentes de adjudicaciones vinculadas al Plan Eólico y a la privatización de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), en el marco del 'caso Erial'.

Este tercer informe de la UCO se centra en la fórmula que utilizó el también exministro de Trabajo en la etapa de José María Aznar como presidente del Gobierno para repatriar y blanquear hasta 4,5 millones de euros procedentes de Imision Internacional, una de las empresas pantalla vinculadas a Zaplana a través de las que cobraron las presuntas mordidas. 

 Según detalla la Guardia Civil en el mencionado documento que ha avanzado el diario El Plural, "la trazabilidad de los fondos ha venido a determinar la existencia de una amplia estructura societaria que habría tenido la finalidad de canalizar, ocultar y poner a disposición de sus beneficiarios finales estos fondos de supuesta procedencia delictiva".

Así, la trama corrupta habría creado una red de empresas con el objetivo de retornar a España y blanquear los mencionados fondos procedentes de Imision y para eso llevaron a cabo diferentes adquisiciones como una casa en la calle de Núñez de Balboa en Madrid valorada en 1,6 millones de euros, la reforma del piso con un coste de 91.250 euros, la compra de electrodomésticos por valor de 21.000 euros y la contratación de la empleada del hogar para ese piso.

Un reloj de 20.000 euros

También se habría hecho efectiva la adquisición de un reloj de 20.000 euros, la adquisición de dos áticos en Altea (Alicante) con un coste de 394.000 euros, así como la compra de un barco de 114.905 euros. Por último, los agentes citan la compra de varias parcelas en la Vila Joiosa (Alicante) por importe de 2,1 millones de euros.

El anterior informe de la UCO del 6 de febrero de 2020, publicado por elDiario.es, se centra en el entramado de empresas creadas en el extranjero para distribuir el dinero procedente de las presuntas mordidas, para su posterior repatriación y blanqueo.

Según ese documento, Fernando Belhot, reconocido testaferro del expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, utilizó un entramado internacional de empresas para repatriar y blanquear más de 11 millones de euros atribuidos al expolítico de Cartagena y sus socios españoles.

La sociedad holandesa de Belhot se llama Natland. Desde ahí, un total de ocho millones de euros pasan por sociedades en países como Panamá, Uruguay, Suiza, Dubái o Austria y se van repatriando a España a través de inversiones, transferencias o directamente en metálico.

En su declaración judicial, Belhot asegura que "más o menos se le entregó a Zaplana en estos 7–8 años 770.000 euros de una cuenta, 615.000 de la otra y 1.040.000 euros de una cuenta en dólares". "Él –en referencia a Zaplana– nunca fue a recibir dinero, el dinero un 90% o 95% de las veces lo recibía su secretaria, la señora Mitsouko Henríquez, porque el tema funcionaba", explica el testaferro uruguayo, que devela que los pagos se realizaban a través de un agente de cambio.

Esos pagos en metálico y otras transferencias se realizaron desde una decena de sociedades, como explica el esquema de la UCO que reprodujo este diario. Desde Natland (Países Bajos) se transfirieron los fondos a la sociedad Desfey (Uruguay), que a su vez repartió el dinero por las empresas Cheer Top Limited (Hong Kong), Belhot González Lerena (Austria), Valcana Enterprises (Suiza–Panamá) y Wepell Corporation (Uruguay). Desde esas sociedades, un agente de cambio entregó dinero en España en metálico y otra parte de los fondos se depositaron en Suiza en una cuenta de Belhot, unos tres millones de euros.

Zaplana niega los hechos

El expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo con el PP, Eduardo Zaplana, señala, tras conocerse el último informe de la Unidad Central Operativa aportado al Juzgado de Instrucción número 8 de València que instruye el caso Erial, que ese atestado es un "nuevo reciclado" del "mismo material" ya "reutilizado" en anteriores documentos, que se basa en "sospechas, conjeturas y presunciones", según han señalado fuentes del entorno del exdirigente 'popular'.

Desde el entorno del exministro ven "destacable" que, tras seis años de investigaciones por la UCO, la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción, "no exista una evidencia directa" de que Zaplana "participara en las transacciones objeto de investigación o fuera el titular de los activos localizados en extranjero".

"Todo ello confirma la certeza de lo manifestado por Zaplana desde el inicio de la instrucción acerca de su absoluta falta de participación en la adjudicación de proyectos del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana o de concesiones de ITV, y que ni tiene, ni ha tenido, activos o fondos fuera de España", indican las mismas fuentes.

En esta línea, afirman que Zaplana "no pierde la confianza en que, en algún momento, se le permitirá acreditar esta realidad mediante la práctica de la prueba de descargo que hasta ahora se le ha negado".            (Carlos Navarro, eldiario.es, 04/01/22)

La Guardia Civil identifica en Andorra seis millones que atribuye a comisiones de Eduardo Zaplana

 "El último de los informes que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha firmado en el caso Erial, y en relación con Eduardo Zaplana, identifica movimientos de al menos 6 millones de euros en bancos de Andorra que asocia a la que, según la hipótesis de los investigadores, era una red financiera organizada por el expresidente de la Generalitat para el cobro de comisiones.

La UCO considera que el entramado de Andorra fue clave para desviar las cantidades cobradas, según ellos, de comisiones ilegales por la adjudicación del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana y de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), y blanquearlas para, posteriormente, repatriarlas a España.

La causa, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, e investigada por la Fiscalía Anticorrupción, cuantifica en unos 10,5 millones de euros estas comisiones.

Una cuenta abierta en un banco andorrano por un posible testaferro de Zaplana, expresidente de la Generalitat y exministro, es una de las claves de esta rama de la investigación. Ese supuesto testaferro abrió en 2004 su cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA) en la que llegó a ingresar más de seis millones de euros, al parecer buena parte en efectivo, y los agentes de la Guardia Civil relacionan estos fondos con posibles comisiones.

 Sin embargo, la Guardia Civil maneja la hipótesis de que este dinero no proceda de las adjudicaciones citadas (ITV y plan eólico), sino que esté relacionado con el parque temático de Benidorm Terra Mítica, una posibilidad que las fuentes jurídicas consultadas consideran aventurada, aunque posible.

El caso Erial, en el que está imputado Zaplana, entre otros, se abrió para investigar un supuesto cobro de comisiones que podría constituir delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

La instrucción afronta este 2021 su fase final, tras el esclarecimiento del supuesto entramado societario que se pudo usar para ocultar los fondos y cuando se acaban de cumplir, este mes de mayo, tres años desde que el expresidente valenciano y exministro fuese detenido.

Según fuentes conocedoras de la instrucción, aunque todavía quedan pendientes varias declaraciones relacionadas con las últimas imputaciones, la intención es finalizarla este año, todo ello sin perjuicio de las diligencias que puedan reclamar las defensas.

La defensa del expresidente de la Generalitat ha solicitado al juzgado que le investiga en el caso Erial que cite a declarar a 10 técnicos que intervinieron en las adjudicaciones de ITV y del plan eólico para que aclaren si, como dice la acusación, sufrieron algún tipo de presión del imputado o de otros en la redacción de sus informes, porque de no demostrarse la manipulación de las adjudicaciones, no cabe pensar que se cobraron comisiones."                   (El País, 04/06/21)

El blanqueador confeso de Zaplana: "Nunca le escribí un mail o un WhatsApp porque era extremadamente cauteloso"

"El abogado uruguayo Fernando Belhot, blanqueador confeso del exministro Eduardo Zaplana, retrató al político español en su declaración ante la magistrada Isabel Rodríguez, titular del Juzgado de Instrucción número 8 de València y el fiscal anticorrupción Pablo Ponce. "Era extremadamente cauteloso", dice Belhot.

La relación entre el blanqueador y el expresidente de la Generalitat Valenciana se remonta a 2009, cuando solicitan sus servicios para llevar a cabo una "optimización fiscal" de los activos de varios miembros de la banda de Zaplana. La abogada Beatriz García Paesa, sobrina del famoso espía, puso en marcha las empresas opacas (offshore) en Luxemburgo utilizadas por la presunta red de corrupción masiva y que luego heredó el uruguayo.

De primeras, Belhot les advirtió que "la estructura societaria que tenían en Luxemburgo no me parecía la más adecuada para la optimización fiscal". Andando el tiempo, el abogado uruguayo se da cuenta de que la "figura protagónica" de todo el tinglado era el propio Zaplana. De hecho, el exministro le reconoció que, efectivamente, los activos eran básicamente suyos, según declaró Belhot ante la jueza que investiga el caso y el fiscal anticorrupción.

El blanqueador confeso, que acabó sustituyendo a Beatriz García Paesa al frente de la estructura empresarial, se llevaba una comisión anual de entre el 0,75% y el 1%, además de un bonus de rentabilidad sobre las ganancias de cada ejercicio. Simplemente informaba "tres o cuatro" veces al año porque Zaplana confiaba en su gestión, según declaró ante las autoridades judiciales españolas.

Zaplana era "extremadamente cauteloso", sostiene Belhot, quien jamás se comunicó con el exministro por correo electrónico o WhatsApp. "Con el señor Zaplana, aunque le parezca mentira, durante los nueve años nunca me escribí un mail, nunca me escribí un WhatsApp porque él era extremadamente cauteloso y solamente hablaba con él a un número de celular propio", explica el blanqueador sobre su antiguo cliente.

El expolítico del Partido Popular presentó a su blanqueador a "presidentes de empresas de primer nivel" que cotizan en el Ibex 35 y a "políticos de altísimo nivel" en activo y retirados. "Conocí incluso políticos del exterior, de países latinoamericanos, porque él [Zaplana] pertenecía también a la Fundación FAES, creada por el señor Aznar en donde había contactos con presidentes y políticos de Latinoamérica", dice Belhot.

El abogado uruguayo llegó a conocer a casi todos los colaboradores del expolítico, hoy investigados en la causa Erial. Joaquín Barceló, presunto testaferro de Zaplana según la UCO, "no tenía el nivel de preparación intelectual que podía tener" el expresidente de la Generalitat, y "por eso era un blanco más fácil de engaños.

Fernando Belhot confirmó, a preguntas de la jueza Isabel Rodríguez, que Barceló era testaferro de Zaplana. "Le jugaba mucho su amistad hacia Zaplana, su admiración, (...) y que, en muchos casos, no estaba capacitado para tomar alguna de las responsabilidades que Zaplana le había puesto", declara Belhot. Los subordinados de Zaplana, tal como informó este diario, tuvieron enconados choques y se insultaban entre ellos, un conflicto en el que tuvo que mediar el exministro."               (Lucas Marco, Sergi Pitarch, eldiario.es, 11/02/20)

Así funcionaba la 'lavadora' de Zaplana: dinero desde Luxemburgo a Países Bajos, Dubái, Panamá, Suiza o Hong Kong y de vuelta a España

"Fernando Belhot, reconocido testaferro del expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, utilizó un entramado internacional de empresas para repatriar y blanquear más de 11 millones de euros atribuidos al expolítico de Cartagena y sus socios españoles. 

Según el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fechado el pasado 6 de febrero y aportado al sumario, Belhot, que ya ha ingresado alrededor de siete millones de euros en la causa del juzgado de Instrucción número 8 de València, movió el dinero presuntamente de Zaplana por una decena de países hasta acabar en España a través de transferencias a sociedades, pagos en metálico y compra de propiedades inmobiliarias.

El informe de la Guardia Civil, que ya es parte de sumario de caso Erial, se centra en la empresa Imision Internacional, creada en Luxemburgo y donde los propietario de la empresa Sedesa, la familia del exdirector general de la policía con Aznar Juan Gabriel Cotino, ingresó la comisión por haberles sido adjudicado el plan eólico y de las ITV de la Generalitat Valenciana siendo Eduardo Zaplana presidente, en 1997. La empresa Imision Internacional recibió entre 2005 y 2009 11,2 millones de euros desde cuentas en España y Suiza y directamente en metálico por el propio Juan Cotino siendo el mandamás de la policía, en 2001.

La UCO explica que Imision Internacional, gestionada por Beatriz Paesa (sobrina del mítico espía español), recibió las comisiones fruto de la posterior venta de los derechos sobre el plan eólico y las ITV. La Guardia Civil considera que Imision Internacional era una sociedad vinculada a Eduardo Zaplana, a su antiguo jefe de Gabinete Juan Francisco García y a dos amigos y testaferros, Joaquín Barceló y Francisco Grau. Los cuatro están encausados en el caso Erial.

El informe de la Guardia Civil considera que Imision Internacional "además sirvió para canalizar otros fondos de origen opaco" recibidos desde Andorra y para aglutinar un "amplio conjunto de activos".

En el año 2009, y una vez se habían depositado los fondos en Imision Internacional, es el propio Eduardo Zaplana el que contacta con Fernando Belhot pasa comenzar a mover el dinero a otros lugares con la intención final de repatriarlo a España, según explica la UCO en su informe. El propio Belhot confirma esta petición en su declaración en sede judicial. Los investigadores del Instituto Armado explican que Zaplana "tomó la decisión de liquidar Imision Internacional para realizar un traspaso de la gestión fiduciaria de estos activos de Beatriz García Paesa a Fernando Belhot".

Es en ese momento cuando, a través de la disolución de la empresa Imision Internacional, el dinero se transfiere de distintas operaciones a varias sociedades españolas de los socios de Zaplana -Medlevante, Gesdesarrollos Integrales y Costera del Glorio- y se ingresan 8 millones en una sociedad holandesa del testaferro uruguayo Belhot. "Desde ese momento y a través de un acuerdo verbal, Belhot llevó a cabo la administración fiduciaria de estos bienes", aseguran los agentes de la Guardia Civil.

2,3 millones en metálico para Zaplana

La sociedad holandesa de Belhot se llama Natland. Desde ahí, los ocho millones de euros pasan por sociedades en países como Panamá, Uruguay, Suiza, Dubái o Austria y se van repatriando a España a través de inversiones, transferencias o directamente en metálico.

En su declaración judicial Belhot asegura que "más o menos se le entregó a Zaplana en estos 7-8 años 770.000 euros de una cuenta, 615.000 de la otra y 1.040.000 euros de una cuenta en dólares". "Él -en referencia a Zaplana- nunca fue a recibir dinero, el dinero un 90 o 95% de las veces lo recibía su secretaria la señora Mitsouko Henríquez porque el tema funcionaba", explica el testaferro uruguayo que devela que los pagos se realizaban a través de una agente de cambio.

Esos pagos en metálico y otras transferencias se realizaron desde una decena de sociedades, como explica el esquema de la UCO que reproduce este diario. Desde Natland (Países Bajos) se transfirieron los fondos a la sociedad Desfey (Uruguay), que a su vez repartió el dinero por la empresas Cheer Top Limited (Hong Kong), Belhot González Lerena (Austria), Valcana Enterprises (Suiza-Panamá) y Wepell Corporation (Uruguay). Desde esas sociedades, un agente de cambio entregó dinero en España en metálico y otra parte de los fondos se depositaron en Suiza en una cuenta de Belhot, unos tres millones de euros.

Desde esa cuenta suiza, el dinero se volvió a mover a través de otra decena de sociedades, según el esquema realizado por la UCO que se reproduce arriba. A través de esta cuenta se realizaron inversiones inmobiliarias en España, como la compra de un ático en un puerto deportivo de Altea. El dinero también corrió por sociedades de Alemania, Irlanda, Suiza Uruguay y Gran Bretaña."                       (Sergi Pitarch, Lucas Marco,  eldiario.es, 11/02/20)

La red de mordidas y evasión de capitales que salpica a Zaplana lleva operando más de 20 años

"El informe de la UCO (la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) resulta demoledor para el ex presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, implicado en el caso Erial, una inmensa trama de cobro de mordidas y envío de dinero negro a paraísos fiscales. Desde los momentos iniciales de la investigación, los agentes consideran que la empresa luxemburguesa Imision International está en el epicentro de la red y la relaciona con el “abono de una serie de comisiones de naturaleza ilícita de forma velada”.

“Existen indicios de la vinculación de Zaplana con los hechos que se investigan, especialmente los asociados con la investigación de Imison. Estos indicios se evidencian en dos vertientes diferenciadas: por un lado existen indicios de su conocimiento y participación en las operativas descritas y, por otro lado, de que habría sido uno de los beneficiarios económicos de los activos”, según el informe de la UCO al que ha tenido acceso Diario16.

Eduardo Zaplana fue detenido y acusado de haber participado en la adjudicación irregular de los contratos de privatización de las ITV, en 1998, y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana. También se le imputa haber evadido las supuestas “mordidas”, unos 11 millones de euros, “obtenidas en esta operativa presuntamente irregular”. El análisis de los documentos localizados en el maletín personal de Zaplana durante la entrada y registro en su domicilio –denominados por la UCO como “relato de Medlevante”–, ha permitido tirar del hilo.

Todo apunta a que la red tuvo una “forma de proceder y actuar” prolongada en el tiempo, toda vez que los primeros documentos habrían sido confeccionados en septiembre del 2001 y los últimos en mayo de 2018. En cuanto a la participación de Zaplana en esta gran trama de supuesto cobro de comisiones y desvío de dinero negro a paraísos fiscales, los agentes de la UCO aseguran que la investigación desarrollada sitúa al exministro de Aznar en un plano de jerarquía superior, “tanto en relación a las adjudicaciones concretas” –ostentaba el cargo de presidente de la Generalitat Valenciana–, “como en relación a la gestión del patrimonio ilícito aparentemente obtenido fruto de las mismas”.

A lo largo de la investigación se han recopilado una serie de “operativas” de la UCO en las que se evidencia esta participación “velada y a través de terceros”. Así, la participación de Zaplana se habría materializado “a través de diferentes reuniones personales” con directivos de las empresas implicadas en las que supuestamente “se habrían tomado determinadas decisiones”. Tal como consta en el informe, resulta “recurrente” a lo largo de la investigación la vinculación de Zaplana con determinadas personas en momentos concretos y trascendentales de la investigación de la UCO. Así, considerando un marco temporal que abarca más de 20 años –las pesquisas se inician en 1997–, el análisis efectuado ha permitido situar a Eduardo Zaplana en una gran cantidad de reuniones que precisamente se producen con las personas que, de manera directa y coetánea, estarían participando en la operativa que se investiga: Juan Gabriel Cotino Ferrer, J.M.B.LL., F.G.J. y W.F. Belhot Fierro.

Empresas pantalla

Imison, una empresa sin aparente actividad y creada ad hoc como “sociedad pantalla”, jugó un importante papel como “elemento nuclear” de los hechos que se investigan, “que iría más allá de la precitada instrumentalización”, según la UCO. Los agentes destacan el perfil “offshore” de esta sociedad, que le permitió “disfrazar sus vínculos societarios aprovechando la cobertura legal de confidencialidad para ocultar a los titulares reales y los cambios que se produjeron en relación a esta titularidad; elemento de especial importancia considerando la operativa que tuvo lugar”.

Societariamente, Imison vino a conformarse “de manera velada” dentro de la estructura de Sedesa, otorgándole participación indirecta en las sociedades que precisamente gestionaban los servicios relacionados con la ITV –Valenciana de Revisiones SL– y el PECV –Proyectos Eólicos Valencianos SA–. De la gestión de esos servicios saldrían supuestamente las comisiones ilegales.

Según la UCO, la empresa se instrumentalizó como “vehículo corporativo” a la hora de materializar el pago de las presuntas comisiones, siendo transferida su titularidad desde las personas que supuestamente abonaron las mordidas a los perceptores de las mismas.

Básicamente, Imison se utilizó para canalizar una serie de fondos, aproximadamente 4,8 millones de euros, desde varios productos radicados en el Principado de Andorra. Fondos cuyo origen se establece en una serie de operaciones asociadas a dinero en efectivo. Se constituyó como elemento aglutinador de un amplio conjunto de activos, entre los que se encuentra la participación mayoritaria de la mercantil Medlevante. Es decir, Imison se creó para favorecer el flujo del dinero generado por la trama.

“En concordancia con lo que se venía exponiendo, la mercantil Inversiones Imison SL, como apéndice en España de la sociedad luxemburguesa, se habría instrumentalizado para, a través de una serie de movimientos societarios y compraventas de participaciones, poder justificar el desembolso de fondos y los movimientos monetarios a Luxemburgo que se presumen comisiones ilícitas”, asegura el informe de la UCO.

A tenor de los indicios recopilados, los pagos efectuados por el grupo Sedesa a favor de la sociedad Imison Internartional, por la suma de 6,4 millones de euros, se corresponderían con una comisión desembolsada en atención a determinadas adjudicaciones públicas de los servicios de ITV y PECV. Evidencias éstas que se extienden a los pagos que este mismo grupo empresarial realiza a la otra sociedad luxemburguesa Fenix Investments.

El análisis efectuado ha permitido determinar que los fondos transferidos a Imison por parte del Grupo Sedesa encontrarían su origen en la venta de la empresa concesionaria del servicio de ITV: Valenciana de Revisiones. Este mismo análisis ha permitido determinar que, una vez conformados en Luxemburgo, parte de estos fondos fueron transferidos a la sociedad Fenix Investments, utilizando para ello lo que, a juicio de los policías, se correspondería con “un revestimiento formal carente de justificación real: reconocimiento de deuda y préstamo”. De este modo, J.F.G.G., a través de Fenix, habría sido destinatario de parte de los fondos originados como consecuencia de la venta de Valenciana de Revisiones.

El estudio pormenorizado de las operaciones económicas que se desarrollan no solo determina “la realidad y el desembolso de todos estos activos” que se presumen “objeto del soborno, estableciéndose la trazabilidad de los pagos desde su origen hasta las fases de integración más ulteriores y que se extienden hasta la actualidad”; sino que, además, de este examen se constata la relación de estos activos con el “presunto hecho primitivo que habría sido motivador del desembolso –adjudicaciones públicas concretas–“. En ese sentido, se ha podido determinar que parte de estos activos provienen de los ingresos que obtiene Sedesa por la venta de la empresa concesionaria de la ITV.

“No se ha hallado evidencia alguna de que la transmisión patrimonial con origen en Sedesa y cuyos destinatarios serían las personas investigadas en esta línea –Eduardo Zaplana, F.G. y J.B.– tengan relación y/o se encuentre justificado en relaciones comerciales, actividad profesional ni a vínculos societarios. En este sentido, las evidencias recopiladas a lo largo de la investigación apuntan a lo contrario: que la justificación de esta transmisión se encuentra en el hecho de que se trataría de una compensación económica en atención a determinadas adjudicaciones públicas”. Para los agentes no “consta ardid ni apariencia de negocio en la entrega de activos, como muestra la propia manifestación de la administradora fiduciaria en Luxemburgo, Beatriz García Paesa: “Vicente Cotino le llamó por teléfono y le dijo que las acciones de Imison, la luxemburguesa, pasaban a manos de J.M.B. y las de Fenix a manos de J.F.G.G”.

Las evidencias recabadas señalan que determinadas personas vinculadas al Grupo Sedesa, entre las que se han recogido a lo largo de este informe Vicente Cotino Escrivá o Juan Gabriel Cotino Ferrer –en los términos señalados en relación a cada uno de ellos–, podrían haber hecho, para este caso que se investiga, una “perniciosa administración de las sociedades expuestas, conformando la persona jurídica en un instrumento con el propósito de satisfacer el pago de comisiones”.

La suma total de fondos que se conforma durante los años 2005-2009 en la sociedad luxemburguesa Imison, abonándose mediante transferencias bancarias desde España y Andorra, es de 11.209.028 euros."                     (Diario16, José Antequera, 14/02/20)

Así es la maraña internacional de blanqueo con la que Zaplana ocultó 20 millones de euros

"En el origen fueron dos adjudicaciones de la Generalitat valenciana. La privatización del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y el permiso para instalar y explotar seis parques eólicos en la montañosa geografía de la comarca del Alto Palancia. 

El entonces presidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana cobró, presuntamente, comisiones de ambas. Y de ese dinero surgió una endiablada maraña de sociedades y cuentas bancarias que se extendió por 14 países antes de regresar a España en forma de inversiones inmobiliarias y dinero en efectivo. 

Los investigadores estiman que por el circuito de blanqueo del exdirigente del PP se movieron casi 20 millones de euros. El también exministro de Trabajo niega las acusaciones.

 En la reconstrucción realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, recogida en el siguiente PDF, puede verse cómo el dinero viaja por Luxemburgo, Andorra, Panamá, Holanda, Dubai, Uruguay, Hong Kong, Suiza, Reino Unido, Liechtenstein, Francia, Italia, Alemania e Irlanda antes de acabar supuestamente en manos de Zaplana o en inversiones inmobiliarias a nombre de sus testaferros:

Zaplana cobró, según la Fiscalía Anticorrupción, 6,4 millones de euros de comisiones por las adjudicaciones de las ITV y los parques eólicos al Grupo Sedesa, propiedad del entonces director general de la Policía en el Gobierno de José María Aznar, Juan Cotino, y su familia. El primer paso para hacer efectivo este soborno fue la constitución en Luxemburgo de la sociedad Imison International SA. Esta matriz de la red de blanqueo fue creada en 2001 con 100 millones de pesetas de la época (607.000 euros) que Cotino llevó presuntamente en efectivo al Gran Ducado centroeuropeo. 

La tesis de la Fiscalía se ha visto avalada por el exhaustivo examen de las agendas intervenidas a Zaplana que ha realizado la UCO. En las agendas, que se remontan a 1995, aparecen anotados los encuentros que el exministro mantuvo con Cotino y con sus supuestos cómplices en la red de blanqueo justo antes o justo después de momentos "trascendentales" de las adjudicaciones o de los movimientos de dinero.

Cuatro días antes de que Cotino viajara a Luxemburgo con un maletín lleno de dinero, por ejemplo, Zaplana anotó una cita con él a las 10 de la noche (...)

Para los investigadores ha resultado clave la colaboración prestada por la abogada Beatriz García Paesa, sobrina del exespía Francisco Paesa, que fue quien constituyó para Cotino la sociedad Imison en Luxemburgo. 

Y la del abogado uruguayo Fernando Belhot. Este último no solo ha revelado el circuito opaco por el que corrió el dinero y la entrega de 2,3 millones de euros en efectivo a Zaplana a través de su secretaria de toda la vida Mitsouko Henríquez, sino que hace un año pasado ordenó transferir desde Suiza a una cuenta española designada por el Juzgado de Instrucción 8 de Valencia, que instruye la causa, 6,3 millones de euros. 

Unos fondos que, según los investigadores, eran de Zaplana y Belhot le administraba. El exministro niega que fueran suyos. Pero su agenda refleja múltiples reuniones con el abogado uruguayo que, a lo largo de los años, coinciden con movimientos del dinero de la red de sociedades y cuentas que tienen en común su conexión con la sociedad de Luxemburgo.

El 4 de septiembre de 2015, por ejemplo, Zaplana anota tres reuniones en un lujoso hotel de Madrid con Belhot. Y ese mismo día el abogado envía un correo electrónico a un asesor en el que le da instrucciones para mover 100.000 euros desde la cuenta de una sociedad uruguaya a otra mercantil en Londres. Las tres citas aparecen recogidas en esta otra página de la agenda."          (Ignacio Zafra, El País, 13/02/20)

Rafael Blasco, exconsejero valenciano, admite que saqueó las ayudas a la cooperación...

"Javier Boix, abogado del exconsejero valenciano Rafael Blasco, estampó ayer su firma en un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción por el que el antiguo dirigente del PP reconoce que se valió de su cargo para malversar decenas de subvenciones de la Generalitat destinadas a proyectos de ayuda al desarrollo, incluida la construcción de un hospital en Haití después del devastador terremoto de 2010, que nunca se llevó a cabo. El Gobierno autonómico ha estimado aquel fraude que ahora juzga la Audiencia de Valencia en 7,8 millones de euros.

La confesión de Blasco, que ya ha cumplido cuatro años de cárcel por la primera pieza separada del caso, tiene un precio: la Fiscalía ha aceptado reducir a tres años y medio de prisión la petición de 16 años que formuló inicialmente en su escrito de acusación.

El ministerio público también ha rebajado ostensiblemente la cantidad de dinero que exigía al exdirigente del PP. En vez de 3,5 millones de euros en concepto de responsabilidad civil —que le reclamaba de forma solidaria junto a los otros dos supuestos cabecillas de la trama—, el fiscal se conforma con que el exconsejero entregue dos inmuebles.

Una planta baja situada en L'Eixample de Valencia, una de las zonas más caras de la ciudad, tasado por Blasco en 600.000 euros. Y una finca rústica en el término municipal de Carcaixent, cuyo valor declarado, admiten fuentes de Anticorrupción, no alcanza los 200.000 euros y vale probablemente menos.

Las condiciones del acuerdo fueron consideradas demasiado ventajosas para las otras dos acusaciones presentes en el juicio, la Generalitat, en calidad de perjudicada, y la Coordinadora Valenciana de ONGD, que ejerce la acusación popular. Ambas rechazaron sumarse al pacto y solicitaron a la Sección Quinta de la Audiencia de Valencia que mantenga la celebración del juicio oral, señalado en principio hasta finales de julio. Los jueces decidirán el jueves si acortan o no las vistas, tras examinar los acuerdos de conformidad alcanzados entre la Fiscalía y los 24 acusados.

Orientado al poder

El ministerio público tiene sus razones para cerrar un acuerdo de tales características con Blasco, considerado uno de los grandes estrategas del PP valenciano, protagonista de una larga travesía ideológica con la proa orientada siempre hacia el poder. Ya fue expulsado hace 30 años del PSOE por un caso de corrupción que no llegó a probarse y fue recuperado por el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana para su Gobierno a finales de los noventa.

 Fuentes de la Fiscalía señalan que el Tribunal Supremo limitó a ocho el número de años a los que Blasco puede ser condenado por los mismos delitos en las tres piezas del llamado caso Cooperación. Como en la primera pieza ya fue sentenciado a seis años y medio por malversar dos proyectos de ayuda al desarrollo en Nicaragua, la pena adicional a la que podría ser condenado en el presente juicio, que abarca las dos piezas separadas restantes del caso, sería de año y medio, salvo que fuera hallado culpable de nuevos delitos.

Y ahí reside la discrepancia con las otras dos acusaciones. La Coordinadora de ONGD y la Generalitat acusan también a Blasco y sus presuntos cómplices de asociación ilícita y organización criminal respectivamente. Unos delitos que la Fiscalía considera difíciles de demostrar, pero que si el tribunal considerase probados supondrían entre cuatro y cinco años de condena.

Es decir, en total hasta siete años y medio de prisión sumando la condena adicional que ambas acusaciones creen que pueden obtener, sin salir de los límites que estableció el Supremo, con una nueva condena, en su versión agravada, de los delitos por los que el exconsejero ya fue condenado en la primera pieza del caso: malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental.

Las defensas presionan a las acusaciones

Las defensas presionaron ayer a la Abogacía de la Generalitat y a la Coordinadora de ONGD advirtiéndoles de que si no se suman al pacto que han alcanzado con la Fiscalía solicitarán al tribunal su condena en costas por actuación "temeraria". El abogado de la coordinadora, Raúl Vidal, respondió que si las ONG fueran condenadas a abonar las costas —lo que incluye gastos procesales y las minutas de los 24 abogados defensores—, podrían acabar pagando más dinero del que Blasco y el resto de acusados han acordado con el Ministerio Público devolver. "Sería el mundo al reves", dijo Vidal.

Entre los expedientes que Blasco y los otros condenados reconocieron haber saqueado figuran proyectos para reducir la violencia sexual contra menores y planes para garantizar la seguridad alimentaria en diversos países pobres."                   (Ignacio Zafra, El País, 20/05/19)

El blanqueador uruguayo de Zaplana ingresa 5,7 millones del botín en el juzgado para cerrar su acuerdo de confesión

"El caso Erial, que investiga el cobro de comisiones por valor de 17 millones de euros del exministro y expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, puede convertirse en uno de los casos de presunta corrupción donde la Justicia recupere un mayor volumen de dinero desviado. 

La rápida y secreta actuación de la titular del juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, María Isabel Rodríguez, y el fiscal Anticorrupción Pablo Ponce asegurando la confesión del presunto blanqueador de Zaplana en Uruguay no solo ha conseguido una demoledora confesión, sino que ha permitido que parte del botín regrese a España. 

Así, y según se selló en el acuerdo de confesión de Fernando Washington Belhot para evitar ser acusado en esta causa, el testaferro y blanqueador confeso ha ingresado 5,7 millones de euros desde Suiza en la cuenta corriente habilitada por el juzgado de instrucción número 8 de Valencia, según han confirmado fuentes de Anticorrupción. Posiblemente, uno de los decomisos de dinero en metálico defraudado por corrupción más importante de la historia de España. 

Belhot debe ingresar en las próximas semanas otros 900.000 dólares americanos (805.000 euros) en la misma cuenta y también con origen en una de las cuentas que la trama tenía en Suiza. En España, la juez y el fiscal han conseguido también recuperar otros 200.000 euros que el blanqueador internacional tenía en una cuenta de un banco español. 

A estos casi 7 millones recuperados en metálico habría que sumar otros 2,3 que también se han embargado en España fruto del decomiso del dinero que el exjefe de gabinete de Eduardo Zaplana, Juan Francisco García, repatrió a través de la amnistía fiscal que impulsó el exministro del PP Cristóbal Montoro. En este caso, hay dinero en metálico, pero también inversiones. 

Por último y para asegurar el decomiso, el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia tiene embargados todos los inmuebles de la inmobiliaria Gesdesarrollos Integrales SL. Hay bienes en Altea, Benidorm y otras localidades de la costa que tienen un valor superior a los dos millones de euros y que también estarían asegurados por la justicia. 

La estrategia seguida por la juez y el fiscal Anticorrupción de llegar a un acuerdo con el testaferro y no acusarlo ha sido fundamental no solo ante el posible juicio, sino para recuperar el dinero. De hecho, en caso de haber embargado las cuentas de Suiza, el dinero habría quedado bloqueado en la Confederación Helvética y difícilmente hubiera podido volver a España.

 De esta manera, ha sido el administrador de la cuenta, el propio Belhot, el que voluntariamente ha devuelto el dinero que presuntamente correspondería al cobro de comisiones."                  (Luca Marco Sergi Pitarch, eldiario.es, 20/05/19)

La trama de Zaplana cobró 4,3 millones del promotor de la urbanización La Finca

"La red de sociedades que los investigadores de la operación Erial vinculan al exministro de Trabajo Eduardo Zaplana se nutrió de fondos procedentes de la familia Cotino, cuyo origen estaría en el pago de comisiones por las adjudicaciones de licencia de ITV y concesiones para la explotación de parques eólicos en la Comunidad Valenciana entre los años 1997 y 2003. 

Las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, recogidas en el sumario parcialmente entregado a las partes al que ha tenido acceso El Confidencial, apuntan al buen negocio que aquellos concursos supusieron para los protagonistas de la causa.

A través de una venta presuntamente ficticia de participaciones societarias, los Cotino y su grupo Sedesa (Asedes Capital) pusieron en manos de los testaferros de Zaplana la sociedad Imison Internacional, con sede en Luxemburgo, y 6,4 millones de euros. 

 Por su parte, el que fue jefe de Gabinete del expresidente autonómico y presidente de la mesa de contratación de las ITV, Juan Francisco García, liquidó en 2012 la mercantil luxemburguesa también creada originalmente por los Cotino, Fenix Investment, en una operación que coincidió con la regularización fiscal de 2,3 millones de euros aprovechando la amnistía tributaria ofrecida por Cristóbal Montoro.

Los investigadores sostienen que Zaplana y sus testaferros habrían podido repatriar al menos tres millones de euros traspasando fondos desde Luxemburgo a sociedades españolas y también en Uruguay u Holanda. A la vez, como consecuencia de otras diligencias que permanecen secretas, la jueza Isabel Rodríguez se ha incautado de otros 6,3 millones de euros en dos cuentas suizas, de los cuales el 90% los atribuye al exministro y al resto a sus testaferros, Joaquín Barceló 'Pachano' y Francisco Grau, que también han pasado nueve meses en prisión preventiva.

Pero las sociedades españolas que sirvieron para blanquear el dinero procedente de las comisiones, según los informes de la UCO, también ingresaron cantidades millonarias de otros empresarios cuya contraprestación es una incógnita para los investigadores. Muchos de los negocios inmobiliarios de la red de Zaplana con fondos de procedencia posiblemente ilícita se desarrollaron a través de las mercantiles Gesdesarrollos Integrales, Medlevante y Turnys Silvática. 

Pero hay una cuarta denominada Costera del Glorio en la que Anticorrupción detectó una entrada de 4,3 millones de euros en 2007 procedente de la empresa denominada Urbanizadora Somosaguas. Se trata de la mercantil, ya extinguida, del promotor Luis García Cereceda, uno de los impulsores de La Finca, la urbanización de lujo ubicada en Pozuelo de Alarcón (Madrid) que sirve de refugio a grandes fortunas y famosos adinerados.

Cereceda falleció en 2010 y sus hijas heredaron una de las grandes fortunas inmobiliarias del país, aunque bastante envenenada como consecuencia de su apalancamiento y la crisis económica. Sus hijas se han enfrentado por el control del legado, hasta el punto de que una de ellas, Susana, fue investigada por recurrir al comisarió José Villarejo para espiar a su hermana, Yolanda, a la viuda del fallecido y al arquitecto Joaquín Torres, aunque ella lo niega rotundamente. 

 La Guardia Civil considera cuanto menos "llamativo" el pago de 4,3 millones de Somosaguas a Costera del Glorio porque supuso un enorme ingreso en su cifra de negocio en 2007, pues la sociedad, formalmente administrada por Barceló, no pasaba de facturar unos pocos miles de euros al año. 

"Resulta llamativo que durante los cinco años posteriores al ingreso de Urbanizadora Somosaguas no se recojan nuevos ingresos en la mercantil Costera del Glorio, siendo los pagos declarados más significativos dedicados aparentemente a la adquisición de vehículos a motor, joyas y reformas", además de a "la compra de un inmueble sito en la calle Núñez de Balboa de Madrid". Los investigadores sostienen que el "verdadero beneficiario" del patrimonio de Costera era Eduardo Zaplana.

Y basan su afirmación en trasferencias directas de la mercantil al exministro de Trabajo y a los seguimientos efectuados al mismo que revelarían que era él, y no Barceló, quien disfrutaba de la vivienda madrileña, recientemente vendida por 1,23 millones de euros.

 El sumario contiene fotografías de Zaplana entrando en el inmueble y usando las llaves para abrir y cerrar, en uno de los muchos dispositivos de vigilancia montados por la UCO, que incluyeron además pinchazos telefónicos, micrófonos ambiente y localizadores GPS para vehículos.

Según se admite en el sumario, los investigadores todavía no han sido capaces de determinar las razones del pago de los Cereceda a la empresa ligada a Zaplana. Pero llama la atención que el abono se produjera cuando el investigado todavía estaba en la primera línea política. En 2007, de hecho, ejercía de portavoz del Partido Popular en el Congreso, cargo que mantuvo hasta abril de 2008, cuando dejó el puesto para fichar por Telefónica.

En el mismo periodo en que se produjo el pago de la mercantil de los Cereceda a Costera del Glorio, según publicó 'Vozpópuli', se produjo otro intercambio económico entre los Cereceda y otra sociedad de Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado testaferro del expresidente madrileño Ignacio González por los investigadores de la UCO en la operación Lezo. Los vínculos de amistad y visión de los negocios entre Zaplana y González han quedado en evidencia por las pesquisas y grabaciones de esa causa y por las conversaciones recogidas en la operacion Erial. 

Cereceda también fue el empresario por quien intercendió Alberto Ruiz-Gallardón ante Miguel Blesa cuando este era presidente de Caja Madrid, según revelaron los correos internos del ejecutivo que se quitó la vida en julio de 2017."                   (Víctor Romero, El Confidencial, 14/02/19)