¿Quién enseñó a los principales dirigentes deportivos y políticos sudafricanos corrupción de primer orden; concretamente, cómo comprar los derechos de organización de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA? Uno de los principales sospechosos es el gran centrocampista Franz Beckenbauer

 "¿Quién enseñó a los principales dirigentes deportivos y políticos sudafricanos corrupción de primer orden; concretamente, cómo comprar los derechos de organización de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA?

Uno de los principales sospechosos es el gran centrocampista Franz Beckenbauer, fallecido el domingo 7 de enero en Salzburgo (Austria), no lejos de su Múnich natal. Le vi jugar de líbero en el Cosmos de Nueva York a finales de los años 70, cuando él y otras leyendas como Pelé, Chinaglia y Cruyff -seducidos por el dinero yanqui (y desde luego no por la calidad de los competidores estadounidenses)- acudían a Washington, DC, donde yo vivía entonces, para derrotar periódicamente a los Diplomats. El equipo local pronto quebró, dos veces. Pero era un placer ver a Beckenbauer, que a menudo dominaba todo el campo.

Su campo de juego se amplió aún más, hasta ocupar un puesto de liderazgo en la FIFA, la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol con sede en Suiza que organiza la Copa Mundial cuatrienal. Sepp Blatter se convirtió en Director Ejecutivo de la FIFA en 1998, y dimitió (en desgracia) 17 años más tarde. A mediados de 2000, cuando se elegía la sede de la Copa Mundial de 2006, el impacto de Beckenbauer en Sudáfrica fue profundamente corrosivo, provocando que el entonces Presidente Thabo Mbeki, primero, invocara amargamente el término "apartheid global" - y después, cuando los sudafricanos no pudieron vencer a los tramposos de talla mundial, él junto con el líder del Comité Organizador Local de la FIFA, Danny Jordaan, se unieron a ellos, cuatro años más tarde.

 La estrategia del equipo alemán incluía sobornar a los delegados de la FIFA con un fondo para sobornos de 6,7 millones de euros creado por el director ejecutivo de Adidas. (Anteriormente, el principal accionista de la misma empresa había sobornado a la ministra francesa de Finanzas, Christine Lagarde, para obtener un importante rescate de los contribuyentes. Más tarde, a pesar de su condena en 2016, llegó a dirigir el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo).

Beckenbauer necesitaba actuar con rapidez, porque "a principios de 2000 Sudáfrica parecía llevar la delantera a Alemania en la pugna por los votos en el ExCo de la FIFA", especialmente después de una ronda que eliminó la candidatura británica de Tony Blair, según el crítico más destacado de la FIFA, el periodista Andrew Jennings:

    "Uno de los votos de Inglaterra fue emitido por el neozelandés Charlie Dempsey. Su confederación regional de Oceanía le había encomendado que votara a favor de Inglaterra y, cuando ésta se retirara, que respaldara a Sudáfrica". Incluso si Alemania recogía el otro voto flotante, el resultado seguiría siendo un empate, Blatter tenía que respaldar a los africanos. El resultado era obvio. Nos vemos en Ciudad del Cabo en 2006".

Compra de votos alemanes

Pero no fue así, como cuenta Jennings: "Votaron por última vez: Alemania 12 votos, Sudáfrica 11 votos. Nos vemos en Múnich en 2006. Pero sólo fueron 23 votos. Alguien no había votado. ¿Quién fue? Era Charlie Dempsey. Se había ido entre rondas. Estaba en el aeropuerto de Zurich, cogiendo un avión a casa. Charlie esquivó a los periodistas como pudo, pero cuando se le acorraló, balbuceó sobre la 'intolerable presión' en vísperas de la votación".

Dempsey fue sobornado con 250.000 dólares para que se abstuviera, admitió el expresidente de la federación alemana de fútbol Theo Zwanziger -que junto con Beckenbauer y otros dos directivos del fútbol alemán, fueron procesados por las autoridades suizas entre 2016 y 21-. De forma reveladora, tanto la investigación penal como una investigación interna de la FIFA sobre la corrupción alemana fueron abortadas porque llevaron demasiado tiempo, según las autoridades, en parte porque Covid resultó ser perjudicial para los fiscales en octubre de 2020.

Apenas unas semanas antes de la votación, Dempsey se reunió con Beckenbauer. La posterior violación del mandato de Dempsey de apoyar a Sudáfrica fue considerada por el Ministro de Deportes neozelandés, Trevor Mallard, una "vergüenza nacional" tal - "El Sr. Dempsey ha dañado la reputación internacional de nuestro país"- que la Primera Ministra, Helen Clark, se vio obligada a llamar rápidamente a Mbeki para disculparse.

 Mientras Beckenbauer y los alemanes lo celebraban, y los países de la Commonwealth británica se sentían traicionados por Dempsey, según Jennings, "Blatter tuvo que consolar a África". La Asociación Sudafricana de Fútbol estaba tan enfadada que se habló de llevar a arbitraje la decisión, a todas luces fraudulenta. Blatter les disuadió y les prometió que en el futuro la Copa Mundial rotaría por los continentes, y que África organizaría el torneo de 2010".

¿Cómo se había convencido a Dempsey, y cómo se habían decantado otros votos de ejecutivos de la FIFA por Alemania?

Según la revista Spiegel en 2015, "el comité de candidatura alemán creó un fondo para sobornos en su esfuerzo por conseguir los derechos para albergar la Copa del Mundo de 2006. Se cree que altos funcionarios, incluido el héroe del fútbol Franz Beckenbauer, conocían el fondo. En lo que podría convertirse en la mayor crisis del fútbol alemán desde el escándalo de los sobornos en la Bundesliga en los años 70, Spiegel ha sabido que la decisión de conceder el Mundial de 2006 a Alemania se compró probablemente en forma de sobornos".

El fondo para sobornos fue, insiste Spiegel, "llenado en secreto por el entonces consejero delegado de Adidas, Robert Louis-Dreyfus" y fue "utilizado para asegurar los cuatro votos pertenecientes a los representantes asiáticos en el Comité Ejecutivo de la FIFA, compuesto por 24 personas". Aún se desconoce la fuente del soborno concreto a Dempsey.

Aunque negó el soborno explícito, Beckenbauer admitió que existía un fondo para sobornos: "Yo, como Presidente del Comité Organizador en aquel momento, asumo la responsabilidad de este error".

 Los sudafricanos aprenden a jugar al estilo FIFA-Beckenbauer

Después de recibir una lección aleccionadora sobre el modus operandi de la FIFA, en 2004 Mbeki puso en marcha un programa de 10 millones de dólares denominado "Programa del Legado de la Diáspora Africana", recurriendo a lo que debería haber sido un fondo de la FIFA para construir el fútbol de base sudafricano. Y no existía tal programa para ayudar al fútbol continental africano, porque por entonces era bien sabido que el competidor de Sudáfrica por la organización de 2010, Marruecos, ya había comprado demasiados delegados, que luego votaron en contra de Sudáfrica en la votación de la FIFA de ese año por los derechos de organización de 2010.

El secreto salió a la luz en 2015. Aunque el ministro de Deportes, Fikile Mbalula, posó entonces incoherentemente sobre la atención prestada a los chanchullos de su equipo, era obvio que el fondo de la "diáspora" estaba destinado únicamente a influir en el líder de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociado (Concacaf), Jack Warner, y en su aliado estadounidense Chuck Blazer. Este último recibió 750.000 dólares, pero en 2011 comenzó a cooperar con la Oficina Federal de Investigaciones, lo que llevó en 2015 a procesar a dirigentes de la FIFA, incluido Warner.

Lo que había sucedido, informó el Sunday Times en 2015, citando las palabras de un funcionario de la FIFA de Botsuana que fue grabado subrepticiamente, fue que ya en 2004, "Warner 'abandonó' Marruecos porque los sudafricanos le ofrecieron un soborno mayor." (La misma fuente, un dirigente de Botsuana en el seno de la FIFA, afirmó que, en realidad, Marruecos ganó la votación, pero Blatter se la dio a Sudáfrica de todos modos).

 En aquel momento, según amaBhungane, la principal red sudafricana de periodistas de investigación, "Sudáfrica era muy consciente de la necesidad de conseguir los tres votos que la Concacaf controlaba en el ejecutivo de la FIFA y se esforzó al máximo para presionar a Warner. Si hubo un compromiso secreto del gobierno sudafricano, como se alega en la acusación de EE.UU., entonces podría explicarse por qué Jordaan está tan enfadado por haberse quedado con el bebé de 10 millones de dólares".

La profunda falta de honradez y el abuso de los recursos públicos por los que la FIFA se hizo tan conocida también dejaron tras de sí un desprestigioso daño a la reputación. Y, sin embargo, veinte años después del soborno de Warner por parte de Sudáfrica, las tres figuras clave -Mbeki (un entrometido político a menudo incómodo en su propio partido desde su expulsión del poder en 2008), Jordaan (desde 2013, jefe de la Asociación de Fútbol de Sudáfrica) y Mbalula (desde 2021, jefe operativo del partido gobernante)- siguen siendo influyentes y extremadamente polémicas, y siguen negando las implicaciones del gasto de los 10 millones de dólares en Warner y Blazer.

Beckenbauer cayó enfermo poco después de las acusaciones de Spiegel en 2015, y luego se recluyó, en parte por la dolorosa muerte de su hijo, pero también por el escándalo de la FIFA. Su fallecimiento ha generado un sincero y merecido agradecimiento por su liderazgo futbolístico en el campo, y simpatía, sin duda, pero no suficiente autorreflexión por parte de los alemanes sobre su fraude fuera del campo, y sobre su propio papel en el mundo.

¿Otro genocidio?

 Esto quedó especialmente patente el 12 de enero, cuando el gobierno de coalición socialdemócrata/verde/liberal anunció que apoyaría formalmente a Israel contra la acusación de genocidio presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, convirtiéndose en el primer país que se une formalmente a Tel Aviv en el histórico caso que pretende detener la matanza de más decenas de miles de palestinos. Entre los aliados de Sudáfrica se encuentran Brasil, Malasia, Pakistán, Turquía, Bolivia, Colombia, Jordania y la antigua colonia alemana Namibia, víctima de un genocidio en 1904-08. Esta promoción abierta de una Nakba2.0 se produce ahora tras el exterminio nazi de seis millones de judíos por parte de la propia Alemania entre 1933 y 1945 y, en el país vecino de Sudáfrica, el casi exterminio de los pueblos nam y herero.

En una protesta en Berlín a la que asistí el 13 de enero, ondeaban varias banderas sudafricanas junto a la de Palestina. Un cartel hacía la pregunta obvia: "¿De verdad Alemania. ¿Apoyando otro genocidio? Qué original".

Asimismo, el médico sudafricano Tlaleng Mofokeng, relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud, observó: "El Estado (Alemania) que cometió más de un genocidio a lo largo de su historia intenta socavar los esfuerzos de un país (Sudáfrica) víctima del colonialismo y el apartheid, para proteger otro genocidio y a una potencia nuclear ocupante (Israel)."

 El presidente de Namibia, Hein Gage, se mostró furioso: "Alemania no puede expresar moralmente su compromiso con la Convención de las Naciones Unidas contra el genocidio, incluida la expiación del genocidio en Namibia, mientras apoya el equivalente de un holocausto y un genocidio en Gaza".

Una cultura de codicia y corrupción empresarial

Todo esto recuerda cómo en la Sudáfrica anterior al Apartheid de 1994, los prolíficos beneficios de las empresas de Alemania Occidental -incluidos los fabricantes militares Daimler-Benz y Messerschmitt-Bölkow-Blohm, Deutsche Bank, CommerzBank, Hermes Kredit-Versicherungs y Siemens- se remitían a la Bolsa de Fráncfort, mientras el núcleo de la dirección política conservadora del país -especialmente Helmut Kohl y Franz-Joseph Strauss- apoyaba abiertamente a los fascistas blancos en la década de 1980. (El Estado alemán oriental era muy diferente, al igual que los progresistas de la sociedad civil alemana).

 En la era posterior al apartheid, el ataque más decisivo de la clase dominante alemana a los sudafricanos -y al resto del mundo- fue cuando Angela Merkel lideró la oposición europea a un intento en la Organización Mundial del Comercio de aceptar exenciones de propiedad intelectual para las vacunas Covid-19. La campaña, liderada por Pretoria y respaldada por más de 100 países, duró desde octubre de 2020 hasta junio de 2022, pero a mediados de 2021 en un enfrentamiento en EE.UU. Merkel se negó a ceder, protegiendo el poder corporativo en general, pero en concreto, como denunció la ONG Health Global Access Project en 2021, "alaba con orgullo y nacionalismo las vacunas de ARNm BioNTech y Curvax, supuestamente de producción propia de Alemania."

Y todavía hoy, en el espíritu de la especulación del apartheid y del papel de Franz Beckenbauer en la FIFA, la Alemania empresarial sigue estando plagada de corrupción, que sigue filtrándose regularmente a Sudáfrica:

    La semana pasada, la importante empresa alemana de software SAPS fue procesada con éxito -y pagó 220 millones de dólares de multa- por sobornos a políticos y funcionarios principalmente africanos, incluidos sudafricanos.
    El peor caso de soborno en la empresa sudafricana de energía paraestatal Eskom se produjo a través de una empresa de recaudación de fondos del partido gobernante en 2007, y fue coordinado por un ciudadano alemán (Klaus-Dieter Rennert) que aún dirige Hitachi Power Europe, la incompetente constructora de las dos mayores centrales eléctricas de carbón del mundo.

 Los fabricantes de automóviles VW, BMW y Mercedes hicieron trampas en las emisiones de gases de efecto invernadero durante la década de 2000, y cuando esto se descubrió en 2015 se desplomó el precio del platino -con Sudáfrica controlando el 85% del metal, utilizado en los convertidores catalíticos-, lo que llevó a un fuerte colapso del sector minero.
    El mayor caso de fraude empresarial de la historia de Sudáfrica, Steinhoff, reflejó las raíces alemanas de la empresa y la inadecuada supervisión de su fundador, así como la mala gestión empresarial alemana durante la década de 2010.
    Un facilitador alemán del genocidio israelí en Gaza, el proveedor de equipamiento militar Rheinmettal, sigue asociado con la paraestatal sudafricana de armamento Denel, lo que da lugar a continuas controversias éticas y catástrofes en la producción de Ciudad del Cabo.

Todas estas (y otras) empresas alemanas han causado terribles desaguisados en Sudáfrica, contribuyendo a que la élite empresarial local de Johannesburgo-Durban-Ciudad del Cabo haya sido clasificada como la más propensa del mundo a "delitos y fraudes económicos" durante la década de 2010, según PwC.

Junto con el legado de fondos para sobornos de Franz Beckenbauer y el apoyo de Berlín al genocidio israelí, las élites alemanas recuerdan continuamente al mundo por qué una cultura de clase dirigente tan duradera y rancia merece, por parte del resto de nosotros, una implacable tarjeta roja."

( Patrick Bond, profesor de sociología en la Universidad de Johannesburgo, CounterPunch, 16/01/24; traducción DEEPL)

Los mensajes que implican al exjefe Antidroga de la Guardia Civil en El Estrecho: “Yo no fallo a los míos” Un agente de Asuntos Internos extrajo del servidor la investigación contra el teniente coronel Oliva por su vinculación con un clan de narcos y se la entregó a cambio de un destino con un sueldo de 2.100 euros más al mes

 "El exjefe Antidroga de la Guardia Civil para El Estrecho de Gibraltar David Oliva consiguió información reservada de la investigación que Asuntos Internos dirigía contra él a cambio de prometer a uno de los agentes de este servicio un puesto en el dispositivo especial en el que entonces mandaba. Así consta en los mensajes que Asuntos Internos incautó en diciembre pasado al exintegrante de esa unidad y autor de la filtración. El 25 de enero de 2022, a punto de producirse el soplo, Oliva exprime al que terminaría por ser su subordinado: “Entrega la tarea. Esto es la operación boomerang”

Cuando se envió ese mensaje, el teniente acusado de la filtración todavía estaba destinado en Asuntos Internos. Acababa de regresar de una baja de paternidad y ya había acordado con Oliva extraer del servidor de la unidad los datos recabados sobre él y otro mando en el marco de la Operación Varea, tal y como acredita de forma indiciaria la causa que se sigue en la Audiencia Nacional, informan a elDiario.es fuentes de la investigación.

Asuntos Internos indagaba en la relación con el clan de los Ariza del teniente coronel Oliva y otro mando del operativo antidroga en el Campo de Gibraltar, a partir de los datos obtenidos por la Policía Nacional contra el grupo de narcotraficantes. La posible implicación de Oliva y su teniente con los ‘narcos’ motivó la apertura de una pieza separada de la causa contra los Ariza.

La Audiencia Nacional encargó esta pieza separada al Servicio de Asuntos Internos del instituto armado, que certificó la asistencia de Oliva y el otro teniente investigado a una fiesta del clan de narcos si bien acumulaban indicios de posibles irregularidades del mando desde 2016, en destinos anteriores y también relacionados con el combate al narcotráfico, precisan las fuentes consultadas.

En dicha pieza están imputados el teniente coronel Oliva, el teniente que también se habría beneficiado del chivatazo y el exmiembro de Asuntos Internos, también teniente, que dio el soplo a cambio de un destino en el Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico, OCON-Sur. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional atribuye a los tres los delitos de revelación de secretos y cohecho. La pieza ha permanecido en secreto hasta hace unos días.

El cohecho: un puesto de 2.100 euros más al mes

Asuntos Internos explotó la primera fase de la operación el 19 de diciembre de 2019. Los investigadores llegados de Madrid detuvieron al exteniente de Asuntos Internos y registraron su casa de Cádiz. Allí, en un ordenador, encontraron una copia de los mensajes de WhatsApp intercambiados con el teniente coronel Oliva y que ilustran qué gano el teniente de Asuntos Internos con la filtración: un destino temporal en OCON-Sur, el dispositivo especial que el Ministerio del Interior desplegó en 2018 en el Campo de Gibraltar ante la impunidad con la que actuaban los narcotraficantes en la zona. 

Para el teniente de Asuntos Internos, la comisión de servicio en OCON-Sur suponía regresar a su lugar de origen y percibir un incremento de 2.100 euros mensuales en la nómina. El teniente, que acababa de ser padre, quería evitar también los numerosos viajes a los que le obligaba su destino en Asuntos Internos y que complicaban su vida familiar, según explicó en la Audiencia Nacional. También declaró que la mejora económica no era tanta porque en Asuntos Internos disponía de vivienda en un pabellón de la Guardia Civil y en Cádiz debería alquilar una vivienda. 

El teniente coronel Oliva, por entonces comandante, conocía el deseo de su compañero de Asuntos Internos por regresar a Cádiz y se acercó a él en una maniobra en la que participó presuntamente el otro mando a sus órdenes, también imputado. 

“Yo no fallo a los míos y tú ahora eres uno de ellos”

Entre las 8.00 y las 15.00 horas del 18 de enero, el agente de Asuntos Internos extrajo los datos del servidor de Asuntos Internos y creó la carpeta “VAREA_Algeciras” en un pendrive de la marca Toshiba que rodeó con un pequeño trozo de cinta aislante. Ese mismo día, Oliva volvió a escribir al teniente: “Cómo llevas los deberes?”. El jefe Antidroga de la Guardia Civil recibió de inmediato una respuesta: “Buenos días, mi comandante: Hechos”. El 27 de enero, el teniente se incorporó a su destino en el Campo de Gibraltar y cinco días después entregó a su nuevo jefe, el entonces comandante Oliva, el citado pendrive.

Los investigadores sostienen que a la entrega de información, la revelación de secretos, hay que añadir un segundo delito, el cohecho, por la prebenda que recibió a cambio el filtrador. Así lo deja claro otro intercambio de mensajes del 25 de enero. El teniente informa a su próximo jefe de que ya está con los preparativos para mudarse al sur y el teniente coronel le advierte: “Antes tienes que entregar la tarea. Esto es la operación boomerang”.

Los investigadores creen que con esa expresión, la “operación boomerang”, Oliva hace referencia al regreso del teniente a su casa a cambio de la información. El 31 de enero acuerdan verse al día siguiente y el 1 de febrero se produce el pase de información en el pendrive. Esa misma noche, el teniente se preocupa porque Oliva cumpla su parte del trato. El teniente coronel responde: “Nunca le fallo a los míos y tú ahora eres uno de ellos”. 

Arruinada la investigación al clan Ariza

La filtración de las averiguaciones de Asuntos Internos al teniente coronel Oliva y a un subordinado suyo en el OCON-Sur estuvo seguida de un cambio radical en la actividad de los narcos investigados que ha terminado por provocar que la Fiscalía Antidroga haya solicitado el archivo de la pieza principal, dirigida contra el clan de los Ariza, según ha adelantado El Independiente.

El juez Alejandro Abascal deberá decidir si acepta el archivo y otra petición de Antidroga, que se inhiba a favor de un juzgado de Valdemoro de la pieza separada contra Oliva y los dos tenientes, por encontrarse la sede de Asuntos Internos, de donde procede la filtración, en la citada localidad madrileña.

En septiembre del año pasado, el Ministerio del Interior anunció que decidía reestructurar la unidad de OCON-Sur y reubicar por las distintas comandancias de Andalucía a los 150 agentes que había destinado al Campo de Gibraltar en comisión de servicio, esto es, temporalmente. La decisión se publicitó como una nueva fase de la lucha contra el 'narco' en la zona, pero ya por entonces Asuntos Internos seguía los pasos a Oliva. El teniente coronel nació en Algeciras y ha sido condecorado en varios puestos que ha desempeñado.

Durante los cuatro años que estuvo operativo, el OCON-Sur participó en las grandes operaciones contra el narcotráfico y sus clanes en la zona del Campo de Gibraltar cosechando numerosos éxitos. La penetración de los grupos de 'narcos' en la economía y el tejido social había hecho encender todas las alarmas en los poderes públicos. En 2021, elDiario.es reveló el contenido de un informe redactado por el propio Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil en el que se constataba “la existencia de un grave problema de corrupción policial en el sur de España”."              (Pedro Águeda  , eldiario.es, 4 de mayo de 2023)

Albert Rivera vivió casi dos años en un piso de 300 metros cedido por Kike Sarasola

"El expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, vivió durante los años 2016 y 2017 en la Calle Barquillo número 7, en un piso situado en una de las zonas más céntricas y caras de Madrid, a pocos metros de la Plaza de Cibeles. Se trata de un apartamento turístico de la cadena BE Mate, del empresario hotelero Kike Sarasola: el mismo que hoy aloja a Isabel Díaz Ayuso en dos suites de lujo por solo 80 euros la noche.

Albert Rivera residió en este piso junto con su hija y su pareja de entonces, en los años en que era diputado y presidente de Ciudadanos. Según el catastro, se trata de una espectacular vivienda de 319 metros cuadrados construidos: 294 de vivienda y 25 de elementos comunes.

El entonces presidente de Ciudadanos se mudó a este espacioso piso a principios de 2016, poco después de ser elegido por primera vez como diputado en las elecciones del 20 de diciembre de 2015. "Albert nos contó que Sarasola le había dejado el apartamento por un tiempo, mientras buscaba casa en Madrid", explica a eldiario.es una persona que formó parte de su equipo. Al final, ese periodo transitorio acabó durando casi dos años. No abandonó esa lujosa vivienda hasta finales de 2017, cuando se mudó a un chalet a las afueras de Madrid, en Pozuelo de Alarcón. (...)

El piso que ocupaba Albert Rivera en la calle Barquillo está situado a escasos minutos andando del Congreso de los Diputados, de la plaza de Cibeles o del parque del Retiro, en una de las mejores zonas del centro de Madrid. El edificio hace esquina entre Barquillo y la plaza del Rey. El piso tiene 11 balcones: ocho a la calle, tres a la plaza.

El edificio se construyó en 1905 y ha sido reformado en varias ocasiones. En 1936, un bombardeo de la aviación franquista provocó serios daños al inmueble y al Circo Price, que estaba justo al lado. La antigua sede de ese circo fue demolida en 1968 y sobre su parcela se construyó el actual Ministerio de Cultura, que hoy linda con el edificio donde vivió Rivera. En esa misma plaza del Rey también está la Casa de las Siete Chimeneas, una mansión del siglo XVI que es patrimonio histórico de la ciudad y que hoy también forma parte de la sede del Ministerio de Cultura. (...)

Según varias personas que han estado en ese lujoso apartamento en el que vivía Albert Rivera, se trata de una vivienda de cuatro dormitorios, tres baños, salón, un amplio comedor para 12 comensales, una cocina y un segundo comedor ‘office’, más pequeño, junto a la cocina. El dormitorio principal cuenta con baño propio en suite, vestidor y tres balcones a la plaza del Rey, desde los que se puede ver el edificio del Banco de España, en la calle Alcalá. El segundo dormitorio tiene balcones a la calle Barquillo; el tercero da a un amplio patio interior. Al lado de la cocina está el cuarto dormitorio –más pequeño, para el servicio– que da a otro patio interior.

El valor estimado del piso es de 2.130.330 euros, según la herramienta de valoración de viviendas online de BBVA. Esta misma web, que ofrece un precio aproximado en función de las referencias de otras viviendas similares en la misma zona, calcula un precio de alquiler de 4.816 euros al mes. Para comprar esta casa, la web de BBVA recomienda contar con unos ingresos mínimos de 383.459 euros anuales.

Otra valoración online, la de Idealista, ofrece un precio de venta algo más bajo –entre 1,6 y 1,8 millones– pero estima una renta más alta para el alquiler: 5.307 euros al mes con los precios de febrero de 2020. En las fechas aproximadas en las que Rivera se mudó allí, a principios de 2016, Idealista calculaba para este piso un alquiler de unos 4.000 euros mensuales. Es un precio elevado para la nómina de un diputado.

eldiario.es ha contactado con el empresario Kike Sarasola para preguntar cuánto pagaba el presidente de Ciudadanos por el uso de esta vivienda y si existe algún contrato que así lo acredite. "En Room Mate group se han alojado más de 10 millones de personas en nuestros hoteles y apartamentos. Entre otros, políticos, empresarios, deportistas, periodistas... de todo signo político y condición", asegura Sarasola.

"Todos han pagado y tienen su factura siempre", añade el presidente de esta cadena hotelera, que no ha querido aclarar qué precio pagaba Albert Rivera por esta lujosa casa en la que residió durante casi dos años, un periodo de tiempo bastante inusual para un alojamiento turístico.

Rivera, por su parte, no ha atendido las llamadas y mensajes de eldiario.es. (...)

En 2016, Albert Rivera cobraba del Congreso un sueldo mensual de 4.778 euros entre su retribución como diputado y el complemento por ser portavoz de la Comisión Constitucional."  (...)

Rivera desembarcó en Madrid en 2015, el año en que Ciudadanos dio el salto desde Cataluña para convertirse en un partido de ámbito nacional. Durante una parte de ese año, estuvo alojado de forma casi permanente en el hotel Eurobuilding de Madrid, mientras mantenía su casa de Barcelona. El partido intentó presentar como gasto electoral una factura de 35 plazas en ese hotel, incluyendo una habitación triple de Rivera, durante la noche electoral de las autonómicas de mayo de 2015; la Cámara de Cuentas de Madrid rechazó esa factura.

El 1 de febrero de 2016, ABC publicó que el líder de Ciudadanos vivía en el mismo edificio donde por aquellas fechas residía alquilado Alberto Garzón, en la carrera de San Francisco número 15. "En enero de ese año, un periodista estaba por aquella calle y vio salir a Rivera por el portal y de ahí surgió el rumor de que estábamos pactando algo con Ciudadanos", recuerda Alberto Garzón, que nunca le vio personalmente en el edificio Su hermano, Eduardo Garzón, que también vivía en esa casa, sí se cruzó con él solo una vez en el portal, a las diez de la mañana del 26 de enero de 2016. Una fuente de su antiguo equipo asegura que vivió allí unos pocos meses, y después se mudó a la casa de la calle Barquillo. Otras afirman a eldiario.es que Rivera no llegó nunca a residir de forma permanente en el mismo edificio que Garzón. Y en la primavera de 2016 ya estaba instalado en la casa de la calle Barquillo, que gestiona la empresa de apartamentos turísticos de Kike Sarasola.

Tras su paso por este piso de Be Mate, Rivera se mudó a finales de 2017 a un chalet en Pozuelo. El propio Albert Rivera lo contó el 6 de diciembre de 2017, en los corrillos de la tradicional recepción en el Congreso por el día de la Constitución.

"La novia de Albert estaba harta de no poder salir de casa porque les reconocían en todas partes", explica otra fuente a eldiario.es. La mudanza desde el centro de Madrid a una tranquila urbanización en el municipio de Pozuelo, en las afueras de Madrid, se hizo por eso: para "tener más privacidad".

Duró poco en esa casa, un chalet de dos plantas con parcela. En 2019, se separó de su novia de entonces, y se fue a vivir con su actual pareja, la cantante Malú. Con ella, se mudó a una casa que hace que el piso de 300 metros cuadrados de la calle Barquillo parezca poca cosa: una mansión de 2.700 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 13.929 m2, según los datos del catastro. Está situada en La Finca: una lujosa urbanización privada, también en Pozuelo de Alarcón –el municipio de mayor renta por habitante de España–.

Según la valoración de Idealista, el precio de mercado de esa casa es de unos 24.000 euros al mes. Fue edificada por el fundador de La Finca, el constructor Luis García Cereceda. Estuvo varios años a la venta por 20 millones de euros, según publicó El Confidencial. Pero el diario El Economista asegura que Albert Rivera y su pareja consiguieron un precio de ganga: unos 3.500 euros al mes de alquiler por una casa excepcionalmente grande incluso para lo habitual en La Finca, una urbanización de lujo donde tienen su casa varios de los futbolistas del Real Madrid y algunas de las mayores fortunas del país.

Una de la hijas de García Cereceda –que lleva años enfrentada al resto de la familia– envió un burofax a Malú donde denunciaba el "irrisorio, amén de insultante" precio de alquiler que pagaba la pareja por esa mansión.

Pocos meses después de que saltara este escándalo, el pasado verano, Rivera y Malú se mudaron a otro chalet más discreto en Pozuelo, propiedad de la cantante. Es la primera vez desde que Albert Rivera llegó a Madrid en 2015, con la ambición de "regenerar la política", en la que reside en una vivienda donde no hay duda alguna sobre cuánto cuesta y cómo se paga."               (Ignacio Escolar, eldiario.es, 19/05/20)

Ayuso disfruta de un apartamento de lujo valorado en 6.000 euros al mes propiedad de un hotelero con intereses en Madrid

"La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cumplirá esta semana dos meses alojada en el apartahotel en el que se confinó cuando dio positivo por coronavirus el 16 de marzo. Según ha destapado este lunes la revista Vanity Fair, se trata de un apartamento de lujo, con dos terrazas, en la octava planta de un edificio en pleno centro de Madrid, muy cerca del Teatro Real.

El dueño del edificio donde se encuentra alojada Ayuso es un conocido empresario hotelero, Kike Sarasola, propietario de la compañía Room Mate, que tiene varios establecimientos en la capital. Hasta que lo ha publicado Vanity Fair, nadie conocía el paradero de este apartamento, ya que desde el Ejecutivo autonómico no habían ofrecido información alguna sobre el mismo.

 Según explica Vanity Fair en su información, este apartamento –que Room Mate promocionaba como una "royal suite"– tenía una tarifa de unos 200 euros al día, lo que supondrían unos 12.000 euros en total, si se tiene en cuenta que Ayuso lleva instalada allí desde hace dos meses. Desde la Comunidad de Madrid no han querido responder a eldiario.es si la presidenta madrileña está pagando el apartamento de su bolsillo o se trata de un regalo. Tampoco Sarasola ha contestado a esta pregunta. Contactado por eldiario.es, el empresario ha declinado contestar.

"El alojamiento de la presidenta no ha generado ningún coste para las arcas públicas de la Comunidad de Madrid", es la única respuesta que ofrece el equipo de comunicación del Gobierno de Díaz Ayuso.

La presidenta ha instalado allí un despacho, si bien desde que fue dada de alta el pasado 10 de abril muchas de las gestiones ya las efectúa desde la Puerta del Sol. Desde el primer día Díaz Ayusó trasladó un ordenador y dos teléfonos móviles, además de una bandera de España y otra de la Comunidad de Madrid. 

Para sus conexiones televisivas a primera hora de la mañana ha colocado detrás de su silla una fotografía suya saludando al rey Felipe VI.

El apartahotel se sitúa, según este mismo medio, en la octava planta del edificio, en el distrito de Ópera, en el corazón de la capital, uno de los barrios más caros del centro. Dispone de un dormitorio con baño propio y vestidor, un amplio salón  comedor con la cocina integrada. Tiene dos terrazas totalmente amuebladas con vistas al Palacio Real, la Casa de Campo y al Parque del Oeste.

Seis hoteles más del empresario Kike Sarasola, cerrados durante el confinamiento, están siendo utilizados por la Comunidad de Madrid para alojar a sanitarios que trabajan en los hospitales madrileños y a ancianos de las residencias que no han contraído la Covid-19. El Gobierno regional no ha detallado los términos del acuerdo, pero algunos dirigentes como el vicepresidente, Ignacio Aguado, han subrayado que lo hace de forma gratuita.

El Área de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid solicita cuatro años de prisión para Sarasola, su hermano Fernando y la madre de ambos, Cecilia Maralunda Ramírez, por un delito contra la Hacienda Pública por la actividad de varias sociedades opacas que puso en marcha Enrique Sarasola (padre). 

Las cuotas defraudadas a la Hacienda Pública ascienden a 916.452,10 euros en el Impuesto de Sucesiones por cada uno de los hijos del fallecido. Por su parte, la cuota defraudada a la Hacienda Pública por Cecilia Marulanda en su IRPF asciende a 2.379.758,53 euros."                              (eldiario.es, 11/05/20)

Zaplana ocultó un imperio inmobiliario con la red societaria de un matrimonio amigo

"Eduardo Zaplana habría recurrido a un alto cargo de los gobiernos de la Comunidad Valenciana que él mismo presidió para ocultar presuntamente un imperio inmobiliario financiado con comisiones ilegales. Gran parte de los esfuerzos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la llamada operación Erial se ha dirigido a identificar esas propiedades, que hasta ahora figuraban a nombre de mercantiles y terceras personas, para ponerlas a disposición del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, que supervisa las pesquisas.

Según fuentes próximas al caso, para aflorar el patrimonio oculto del exdirigente del Partido Popular, los investigadores siguieron el hilo que lo unía con un amigo de la infancia al que había promocionado reiteradamente para puestos clave de la Administración. Se trata de Joaquín Barceló Llorens, que compartía con Zaplana hasta una peña de las fiestas de Benidorm, la ciudad en que ambos crecieron. Agentes de la UCO detuvieron a Barceló este martes junto a su mujer, Felisa López González, por su presunta implicación en la trama de blanqueo de capitales del exministro de Trabajo.

Barceló fue la mano derecha de Zaplana en la sombra. Primero, el político situó a su amigo al frente del Centro de Desarrollo Turístico (CDT) de Benidorm cuando aún era alcalde de ese municipio (1991-1994). Después, al llegar a la presidencia de la Generalitat en 1995, confió de nuevo en Barceló para hacerse cargo de la dirección general de la Consejería de Turismo, un puesto que le permitió controlar todos los centros turísticos de la comunidad. 

Y por último, en 2003, el entonces titular de la cartera de Trabajo (2002-2004) volvió a intervenir para que su estrecho colaborador entrara en el consejo de administración del parque temático Terra Mítica como responsable de Relaciones Institucionales. Se mantuvo en el cargo hasta 2016.

Los agentes del Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción han descubierto ahora que, en paralelo a la carrera política del que llegó a ser portavoz del PP en el Congreso, Barceló y su mujer habrían constituido hasta una decena de sociedades dedicadas a la promoción y alquiler de viviendas que posteriormente fueron instrumentalizadas por el propio Zaplana para blanquear parte de los 10 millones de euros que tenía escondidos en Uruguay y otros países del entorno. Se trata de un patrimonio paralelo al oficial del matrimonio del exministro y su mujer Rosa Barceló, también investigada.

 No obstante, la compra el pasado marzo de un piso de 270 metros en pleno barrio de Chamberí de Madrid sin hipotecas también despertó las sospechas de los investigadores. Tal como reveló El Confidencial, este inmueble puede tener un valor de dos millones de euros en el mercado.

Un patrimonio de 7,4 millones

La sociedad más antigua de esa red de todas las que siguen en activo es Costera del Glorio SL, controlada por Barceló desde 1999, cuando Zaplana ya llevaba cuatro años instalado en el Palau de la Generalitat Valenciana. El objeto social de la firma es el alquiler de bienes inmobiliarios. Tiene un patrimonio en viviendas y locales superior a los 1,9 millones de euros. Destaca un edificio entero de apartamentos en el número 13 de la calle Pescadores de Benidorm, a solo 50 metros de la arena de la playa de Poniente. Felisa López también figura como administradora.

Otra mercantil bajo investigación es Gesdesarrollos Integrales SL, creada en 2006. En ese momento, Zaplana era el portavoz del PP de Mariano Rajoy en la Cámara Baja. Gesdesarrollos se centra en la promoción inmobiliaria y a fecha del pasado 31 de diciembre tenía en propiedad terrenos tasados en 2.056.870 euros. Barceló es su administrador único desde el primer año de funcionamiento de la empresa. Una tercera compañía suya, Medlevante SL, fue constituida un año antes.

 En 2014 tenía activos de 3,1 millones de euros. Y una cuarta, que lleva su apellido y el de su mujer y en la que participan ambos, Barceló López SL, controla un chalé en Polop y dos apartamentos en Vila Joyosa “destinados a arrendamientos” que suman otros 430.000 euros. En total, solo esas cuatro sociedades agrupan bienes por importe de 7,4 millones de euros.

Los movimientos societarios del matrimonio habrían continuado en fechas más recientes. En 2012, Barceló desembarcó en otra promotora inmobiliaria, Gavina del Arsenal SL. Y en enero de 2017, su mujer se convirtió en administradora única de Volp Accesories & Others, una empresa dedicada al “comercio al por menor por correspondencia o internet” que había echado a andar un año antes.

En esa maraña de sociedades se escondería parte de las comisiones ilegales que presuntamente recibió Zaplana por amañar la adjudicación de concesiones para levantar parques eólicos y construir centros de inspección técnica de vehículos (ITV). Entre los empresarios más beneficiados por esas licitaciones irregulares se encontrarían los también detenidos este martes Vicente y José Cotino, propietarios de Sedesa y sobrinos del exvicepresidente valenciano y exdirector de la Policía Nacional Juan Cotino.

El abogado uruguayo

Zaplana habría desviado posteriormente el dinero de las comisiones a Uruguay para dificultar su detección. Según han confirmado fuentes cercanas al caso, en ese país habría contado con el asesoramiento del abogado Fernando Belhot, director del bufete con sede en Montevideo South Capital Partners, especialista en la creación de estructuras 'offshore'. Su nombre aparece en la investigación de los papeles de Panamá. La UCO ya se había topado con este letrado en el caso Lezo.

En el trancurso de esas pesquisas, los agentes detectaron conversaciones en las que Zaplana se coordinaba con Belhot para tratar de cerrar un acuerdo comercial a tres bandas con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Finalmente, en febrero de 2017, los tres pactaron la compra de la licencia para España y Portugal de un producto químico para el tratamiento de aguas fabricado por la marca alemana Shieer. 

De los diálogos intervenidos, se desprendía que ese negocio podía ser una excusa, según el primer auto de imputación de González, para el “afloramiento de capital de origen ilícito”. “Las diligencias realizadas han revelado los planes del expresidente de la CAM para acometer esta inversión a través de sociedades opacas, testaferros e incluso el método en que obtendría los beneficios para que no se le vinculase con la inversión”, apuntó el entonces instructor de la causa, el juez Eloy Velasco.

En otra conversación de Lezo, “Ignacio González proponía a Eduardo Zaplana montar una estructura financiera a través del abogado uruguayo —valorando positivamente que trabaja en jurisdicciones como Holanda, Estados Unidos o Uruguay— 'para canalizar algún tipo de operación a medio, largo plazo...”. Según Velasco, “el hecho de que pretenda recurrir a la estructura societaria de Fernando Belhot podría obedecer a que Ignacio González busca un cauce adecuado para introducir fondos radicados en el extranjero con los que materializar las inversiones y que de acuerdo a la información tributaria no están declarados”.

La operación Erial ha desplazado el foco de esos diálogos hacia Zaplana. En conversación con este diario tras estallar Lezo, el abogado uruguayo admitió que conocía al exministro desde hacía años y que fue él quien le presentó a González. Belhot llegó incluso a abrir una oficina en Madrid en febrero de 2016 para avanzar en esas operaciones comerciales."             (José María Olmo, El Confidencial, 23/05/18)

Santi Vila se va a una empresa a la que benefició cuando era consejero de Territorio. Sólo 1 día después de concluir los 2 años de incompatibilidad

"El exconseller Santi Vila se va al sector privado. Después de algo más de cuatro años con cartera departamental en los governs de la Generalitat, que se suman a otros cinco en la alcaldía de Figueres, Vila ha fichado como nuevo director general de Aigües de Banyoles, una empresa de capital mixto público-privado que comercializa el agua del estanque de la localidad gerundense.

El fichaje de Vila fue aprobado en el consejo de administración de la empresa este lunes, justo un día después de que se cumpliese el plazo de dos años previsto en el régimen de incompatibilidades de altos cargos de la Generalitat. Después de que el exconseller anunciase este lunes que daba un paso hacia el sector empresarial, Aigües de Banyoles ha anunciado este martes su contratación.

La firma, radicada en la comarca de la Pla de l'Estany (Girona), se dedica a la comercialización del agua del pantano de la localidad de Banyoles. Durante su mandato como conseller de Territorio y Sostenibilidad (2012-2016), Vila libró al ayuntamiento de Banyoles del pago del canon sobre el agua por la comercialización que hacía la empresa. Incluyó la modificación en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat de 2014. 

Vila saltó del Ejecutivo de Carles Puigdemont el pasado 26 de octubre, un día antes de la declaración de independencia, al ver fracasada su apuesta por el diálogo. Aun así, se mantiene imputado por rebelión, sedición y malversación como el resto de exconsellers, aunque en su caso pasó solo una noche en la cárcel. 

Paralelamente, anunció también que está escribiendo un ensayo sobre el proceso soberanista que se titulará 'De héroes y traidores', y que incluirá una parte de memorias y otra ensayística sobre la evolución de la política catalana. "              (eldiario.es, 16/01/18)

A juicio el alcalde de Barreiros por autorizar 2.966 viviendas en un año con licencias ilegales

"En un sólo día, el 5 de septiembre de 2006, el gobierno local de Barreiros, en la costa de Lugo, con su alcalde, el popular Alfonso Fuente Parga a la cabeza, concedió licencias para construir 616 viviendas. 

En aquel año, en un municipio rural de solo 3.200 habitantes, autorizó un total de 2.966 nuevas viviendas dispersas por terrenos que carecían de cualquier tipo de servicio urbano. “¿Que tenía de malo querer ser el Sanxenxo del norte?”, justificaba el regidor en referencia a la villa turística de las Rías Baixas en la que veranea Rajoy y que se compara con Marbella. 

Su juicio ya tiene fecha, el próximo febrero, doce años después, y en él Fuente Parga, otros cinco concejales y la arquitecta municipal, Marta Geada Arca, se sentarán en el banquillo para hacer frente a una petición de la fiscal para cada uno de ellos de dos años de cárcel y diez de inhabilitación por prevaricación urbanística.

El juicio analizará el otorgamiento en 2006 de un total de 45 licencias que suman 2.966 nuevas viviendas así como otras instalaciones comunes como piscinas. Fueron las licencias que el gobierno municipal llegó a autorizar antes de que a comienzos de 2007 la Xunta bipartita de PSdeG y BNG interviniese el urbanismo local con un procedimiento posteriormente anulado por el Tribunal Supremo por no exponerlo previamente al público. 

Pero antes de esa intervención del urbanismo local, la Xunta ya había avisado a Barreiros de la ilegalidad que estaba cometiendo por considerar como suelo urbano terrenos que no lo eran porque no contaban con ningún tipo de servicio público.

El escrito de acusación de la Fiscalía señala que el 14 de marzo de 2006 el entonces director general de Urbanismo, Ramón Lueje, remitió una comunicación al Ayuntamiento informándolo de que la ley impedía desde comienzos de aquel año otorgar licencias para esos terrenos no urbanos a los municipios como Barreiros que carecían de plan de urbanismo actualizado. 

A pesar de ese aviso directo y explícito, en los meses posteriores y hasta la intervención del urbanismo por la Xunta, “los integrantes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barreiros concedieron [...] 45 licencias para la construcción de edificaciones, pese a estas deficiencias insalvables, recogidas en los informes jurídicos de la secretaria municipal, de que prescindieron, pese a ser preceptivo, en parte de los procedimientos que siguieron”, dice la fiscal.

Porque mientras la arquitecta municipal, también acusada, obvió las irregularidades, la secretaria municipal no lo hizo y advirtió expresamente de ellas. El escrito de acusación de la Fiscalía es un compendio de las diversas ilegalidades urbanísticas que se pueden cometer.

 Los terrenos afectados, muchos dedicados a la agricultura o la ganadería, dice la fiscal, “distaban, en términos irreconciliables, de lo que podría ser una malla urbana, ya que carecían de acceso rodado público y de servicios de abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales, red de saneamiento y suministro de energía eléctrica con iluminación pública”. En algún caso las edificaciones ocupaban suelo protegido. 

Es paradigmática la imagen recogida años después en una publicación de la Xunta de un cartel ofreciendo la venta de chalés “con agua y luz” como algo extraordinario ya que muchas de las edificaciones que se hacían entonces en Barreiros carecían de aquellos servicios.

Con aquellas licencias que ahora se juzgan, así como con las que se habían concedido en años anteriores de la burbuja inmobiliaria e incluso posteriores, cuando ésta ya había explotado pero el gobierno local de Barreiros seguía confiando en su modelo de urbanismo, ha pasado de todo. Una parte de las viviendas se finalizaron, pero no todas lograron venderse a pesar del intento de los promotores de deshacerse de ellas con ofertas como un apartamento de dos habitaciones por 36.000 euros.

 En otros casos nunca se llegó a mover una piedra mientras que, en un punto intermedio, abundan en Barreiros las estructuras de hormigón a medio levantar. Hoy, en el municipio de 3.200 habitantes hay 3.500 segundas residencias que sólo se ocupan en verano y fines de semana o que están vacías.

A pesar de ese resultado, el gobierno local consideró la intervención urbanística de la Xunta como un ataque político. En los últimos años inició por dos veces la redacción de un plan de urbanismo, pero empeñado nuevamente en apostar por el aumento del parque de viviendas, con hasta 2.000 más, a pesar de que las existentes están vacías. 

En un análisis incluido en los documentos previos de ese nuevo plan, el propio equipo redactor relata cómo en el momento de la burbuja, por el simple hecho de ser considerados por el Ayuntamiento como suelo urbano, terrenos agrícolas o ganaderos sin servicios valorados en 3 euros el metro cuadrado pasaban a convertirse en solares de 600 euros el metro.

El alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente, que en 2013 dijo que “las feministas dejan de serlo cuando se casan”, reeditó la mayoría absoluta en las elecciones municipales de 2015 y dejó el PP pero no el cargo unos meses después, cuando finalizó la instrucción del caso y se abrió contra él el juicio oral que ahora acaba de ser programado para febrero. En él, junto con el regidor, se sentarán en el banquillo cinco concejales y la arquitecta municipal. 

La fiscal considera al alcalde, la arquitecta y tres de los ediles autores de un delito continuado de prevaricación urbanística y pide para cada uno de ellos dos años de prisión y diez de inhabilitación para empleo o cargo público en cualquier administración. Los otros dos concejales sólo están acusados de un delito puntual de prevaricación administrativa porque sólo participaron en la aprobación de una de las 45 licencias del caso.

La fiscal dice del alcalde y de los concejales que “votaron unánimemente a favor de la concesión de las licencias referidas, siendo conocedores de la situación del suelo de la localidad de Barreiros, y de la imposibilidad de dar repuesta a las necesidades de infraestructuras precisas para la ejecución de dichas licencias y de los informes contrarios de la secretaria” o incluso de la inexistencia de esos informes. De la arquitecta, la fiscal dice que “en casi todos los expedientes citados emitió informes como arquitecto municipal favorables a la concesión de las licencias, pese a la problemática expuesta”.                       (David Reinero  , eldiario.es, 02/10/2017)

Manual para comprar alcaldes

"Un viaje a París con todos los gastos pagados. Entre los invitados, una decena de alcaldes de distintos municipios de España que asistieron junto a sus acompañantes al evento, perfectamente legal, organizado por GDF Suez un fin de semana de noviembre. 

Nuevos correos incluidos en el sumario de la trama Púnica, a los que ha tenido acceso El Confidencial, evidencian ahora que personas de la empresa Cofely sacaron rédito de todo aquello y vendieron de forma interna la invitación a este fin de semana de negocios como una oportunidad para obtener adjudicaciones en los consistorios.

Las investigaciones han detectado varias comunicaciones intercambiadas entre responsables de esta empresa relacionada con la trama Gürtel, Cofely España, filial de la multinacional francesa, en las que se evidencia que esta estancia en París con gastos pagados favoreció la concesión de contratos amañados en algunos de los consistorios. La instrucción apunta a que esta empresa de eficiencia energética se sirvió de los servicios de Francisco Granados y David Marjaliza para ganar contratos públicos millonarios.

En los 'emails' intercambiados entre Pedro García y Constantino Álvarez de la Cueva, director de Mercado Público y director Comercial y de Desarrollo de Cofely España respectivamente, se realiza una valoración del resultado en ingresos obtenido por la invitación a una de las 'soirées' de los ediles. "Con nosotros vinieron el alcalde de Getafe, el de Valdemoro, el de Torrejón de Velasco, el de Almendralejo y el de Serranillos [del Valle].

 ¿Vino también el de Casarrubuelos?", pregunta Álvarez, que pasa a continuación a detallar el éxito de la estrategia. "Desde aquel día, hemos ganado Valdemoro y Serranillos y prevemos ganar Almendralejo y Casarrubuelos. Se trata de 'vender' en interno que esto sirve", dice.

Según han explicado algunos de los alcaldes afectados, el viaje que organiza la multinacional dentro del marco de 'La Soireé des Maires' está destinado a enseñar las instalaciones de la empresa así como los avances tecnológicos aplicables a las necesidades de los ayuntamientos. 

Acuden cientos de alcaldes y concejales de toda Europa para unas jornadas que se prolongan hasta dos días. La invitación incluye encuentros informativos y visitas a dependencias de la compañía. Por la noche se organiza un vino francés y un cóctel en el Museo del Louvre.

En la sucesión de 'emails' entre las personas citadas, poco antes del evento, queda reflejado que el gasto previsto para los invitados de Cofely España ascendió en 2014 a 20.000 euros. "Hay que calcular un presupuesto de 1.000 euros por persona", precisa uno de los 'emails'. El programa de aquel año incluía 'bed and breakfast' en el hotel Westin Vendôme, de cuatro estrellas.

Cinco imputados entre los invitados

Los correos ofrecen también un listado de los alcaldes invitados. En concreto, mencionan a cinco ediles imputados en el procedimiento que investiga la red corrupta: Gonzalo Cubas, de Torrejón de Velasco, Carlos Estrada, de Moraleja de Enmedio, Antonio Sánchez, de Serranillos del Valle, David Rodríguez, de Casarrubuelos, y José Carlos Boza, de Valdemoro.

Se refieren también a Borja Gutiérrez, de Brunete, al que la UCO acusa de los delitos de fraude y cohecho por intentar amañar un contrato de 8,4 millones de euros que se iba a adjudicar a Cofely. Figuran en la lista Juan Soler, de Getafe, y José García, de Almendralejo, no investigados por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.

Los correos electrónicos evidencian que algunos de los invitados formularon peticiones especiales para su desplazamiento. Uno de ellos reclamó un coche con chófer, tipo Mercedes, para moverse por París y pidió que el conductor hablara español. La empresa que sufragaba los gastos se negó a este dispendio que "costaba una fortuna" y "no estaba justificado" y lo sustituyó por un taxi vip."                    (El Confidencial, 21/06/17)

Un ex alto cargo de Aguirre escondia lingotes de oro en Suiza

"Eduardo Larraz, ex consejero delegado de la empresa pública Arpegio y ex director de Gabinete de Celia Villalobos en el Ministerio de Sanidad, escondía casi dos millones de euros en lingotes de oro en un banco de Suiza, informa este jueves El Mundo.

 Larraz es uno de los investigadores por la trama Púnica, liderada por el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, ya que se sospecha que pudo cobrar comisiones ilegales en Arpegio.

En total, el ex alto cargo de Esperanza Aguirre ocultaba 146 lingotes de oro valorados en casi dos millones de euros, que regularizó ante la Agencia Tributaria junto con cerca de otro millón de euro. Hasta entonces, todo ese dinero había permanecido opaco en un banco suizo.

El juez Eloy Velasco, que deja la instrucción del caso en la Audiencia Nacional por traslado, ha enviado en los últimos meses comisiones rogatorias a Panamá, Islas Vírgenes y Suiza para rastrear el patrimonio oculto de Larraz y su esposa, María Ángeles de Diego Suso.

En 2013 se descubrió que el ex consejero delegado de Arpegio tenía una sociedad (Hailead Ltd) en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas.

La Fiscalía cree que los lingotes de oro “pueden seguir situados en el extranjero u ocultos en territorio nacional”.

Arpegio está en el punto de mira de la investigación de la trama Púnica por supuestas irregularidades en la gestión del suelo de diversas poblaciones del sur de Madrid. (...)"             (República.com, 01/06/17)

Corruptores: en los casos de corrupción de políticos, con ser muy grave que se lleven dinero, lo es mucho más lo que obtiene la empresa que soborna

"¿Puede existir un corrupto sin que exista un corruptor? Para ser más precisos, ¿puede un responsable político o un alto cargo de la Administración cometer cohecho, es decir, ser sobornado, sin que alguien le soborne? 

La lógica dice que no. Si algún responsable público recibe o solicita dinero, o favores, habrá otro alguien que se lo da. Lo contrario sería algo así como un partido de tenis en el que sólo jugara un tenista. Esta lógica apenas se refleja en la cultura mediática en España.

Parece entenderse que el malo es el sobornado, que toma la iniciativa y chantajea al sobornador. ¿Siempre es así? Lo cierto es que el propio soborno conlleva esa pena. El corrupto que cobra da a cambio de ello dos cosas: el favor que se le retribuye y el asumir el riesgo y la culpa.

Algunas muestras de ello, ya conocidas. 

El caso Filesa. Fue una trama del PSOE para costear sus campañas electorales. Se descubrió en 1991. La sentencia declaró probado que 10 grandes empresas habían pagado entre todas casi 1.000 millones de pesetas, en dinero de hoy serían 8,5 millones de euros. Entre ellas figuraban el Banco Central, el BBV, la petrolera CEPSA, Pryca, Focsa, luego transformada en FCC, Abengoa o Enasa. No hubo por ello adjudicaciones de obras, contratas o cosas por el estilo. 

¿Qué obtuvieron a cambio? Sólo cabe entender que ganarse al partido en el poder con carácter general, lo que supone mucho más que una adjudicación aislada. Fueron condenados seis miembros de la trama y sólo dos empresarios. Estos, tan sólo a seis meses de arresto. ¿Iba implícita esta benevolencia del sistema judicial en el trato? 

Caja B del PP. Los Papeles de Bárcenas, que el propio extesorero del PP ha confirmado como auténticos, recogen pagos al PP de unos 3 millones de euros, entre ellos, de  grandes empresas: las constructoras OHL, Sacyr y FCC o Mercadona. Bárcenas ha negado que recibieran adjudicaciones concretas. ¿Por qué pagaban? Sólo cabe entender que por sostener el Partido Popular… y sus políticas. 

El Código Penal no contempla esto como cohecho, pese a ser un soborno, porque no hay una contraprestación concreta del responsable político. Pero lo que se obtiene es mucho mayor: mantener en el poder al que puede favorecer sus intereses. 

De hecho, hay muchas maneras de ganarse a políticos o de sostener a partidos que favorecen los intereses de los poderosos, como la citada financiación por vías indirectas, colocarlos en puestos bien retribuidos en las empresas una vez finalizado su mandato público o apoyar a los medios de comunicación que les son más proclives. Todo ello por vía legal. 

En los casos de corrupción de responsables políticos, con ser muy grave que se lleven dinero, lo es mucho más lo que obtiene la contraparte: que sus intereses se antepongan al interés general. En democracia, donde el interés general debe responder a la voluntad de los ciudadanos, consiste en torcer esa voluntad general a favor de quien tiene dinero para hacerlo. 

Se entenderá esto más claro con un ejemplo: si un equipo de fútbol soborna a un árbitro, incluso aunque sea el mismo árbitro quien se ofrezca al trato, lo más grave para todo el mundo no será el dinero que se lleva el árbitro, sino que con la operación el club corruptor ha ganado ilícitamente el partido.

Me proponía escribir un artículo sobre el otro lado de la corrupción en nuestro país. Y no suponía que fuera tan difícil. Ya lo sabemos, a un lado juegan políticos, responsables de la Administración. En la otra parte de la pista ¿quién está? La cosa debería resultar elemental. 

Pues no lo es tanto. No quiere decir que los investigadores de los casos manifiestamente ilegales no lo puedan saber, pero los ciudadanos tienen poco conocimiento de ello. Se dice una vez, dos, en los medios de comunicación y apenas hay reproche social hacia esa parte que juega, si no oculta, sí en el lado sombrío de la pista.

Hago una prueba bien simple. Enciendo el ordenador. Voy a Google. Escribo “políticos acusados de corrupción en España”. Le doy a return y ya está. Lo primero, Wikipedia. “Políticos de España implicados en casos judiciales”. Sólo hay que abrir la página y allí los tenemos: más de 500 políticos. Y es una lista creo que incompleta. 

Pero ahí está. Le siguen otros artículos más o menos precisos: “Así se reparte la corrupción en España”. “Cataluña lidera el ranking de corruptos procesados”. “En España hay un total de 3.000 personas investigadas en causas de corrupción”. En este se recuerda que hay políticos y empresarios de renombre, aunque de empresarios no se cita ni uno. Y así podemos seguir una, dos tres y tropecientas páginas. 

Acto seguido tecleo en el buscador “empresas acusadas de corrupción en España”. De nuevo le doy a return y encuentro “Tres empresas acusadas de corrupción en España fueron elegidas…” bueno, algo es algo… ¡ah, no! Se trata de una página de Chile. Lo mismo que la siguiente,… y la siguiente. La cuarta ya es española: una noticia de El País. Se refiere a las acusaciones que pesan sobre empresas que hicieron obras del AVE, pero no da nombres. 

 En fin, el resto de las páginas que veo se ocupa de corrupción de empresas alemanas en Grecia, un soborno en Guinea y  cosas así.  No es que no se puedan encontrar. Es posible, pero tienden a pasar desapercibidas y en su gran mayoría son empresas pequeñas y medianas. 

Y eso que, según el Índice de Pagadores de Sobornos, de Transparencia Internacional, de 2002, citado por un estudio del Real Instituto Elcano, “las empresas españolas estarían en Latinoamérica situadas entre las más corruptas; en concreto, de los siete países más exportadores de la región, las empresas españolas sólo serían superadas por las chinas en su tendencia a sobornar”. Hay que entender que en este caso debe tratarse sobre todo de grandes empresas, que son las que principalmente tienen presencia en Latinoamérica. 

La ley de contratos con las Administraciones Públicas prohíbe en su artículo 60 contratar con la Administración a quien haya sido condenado por tráfico de influencias, cohecho, corrupción en transacciones económicas, delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o los derechos de los trabajadores, entre otras cosas. Faltan cosas, como la financiación de partidos políticos, pero sería interesante saber a cuántas empresas les ha ocurrido esto."                  (Emilio de la Peña, CTXT, 22/03/17)

El PP de Madrid utilizó la fundación Fundescam para captar subvenciones públicas que luego desvió al partido con facturas falsas para pagar gastos electorales en 2007, 2008 y 2011

"La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto que el Partido Popular de Madrid manejó “una contabilidad B de gastos electorales” en los comicios autonómicos y municipales de 2007 y 2011 y en los generales de 2008 que le habría permitido superar de forma sistemática “los límites de gasto electoral” sin que saltaran las alarmas en los órganos de fiscalización.

 El dinero entró por la puerta de atrás de Génova mediante el desvío de subvenciones de la Administración y el cobro de donaciones ilegales a cambio de “contratos públicos”. La acusación figura en nuevos informes de la UCO incorporados a la pieza secreta que instruye el juez del caso Púnica, Eloy Velasco, centrada en la presunta financiación ilegal del PP madrileño.

Según sostiene el magistrado en un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, en el núcleo de la trama se sitúa la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, más conocida por su acrónimo Fundescam. Como ya adelantó este diario el pasado enero, los expertos en delitos económicos del Instituto Armado han concluido que esta entidad sin ánimo de lucro creada por el PP regional en el año 2000 con el supuesto objetivo de promover acciones formativas y culturales fue empleada de forma masiva, en realidad, para triangular operaciones de su contabilidad paralela.

 El juez considera acreditado que permitió al partido “vehicular los fondos destinados a gastos electorales y actuar de pantalla de cobertura de la verdadera naturaleza y destinatario de los servicios de campaña”.

Por Fundescam habrían pasado los donativos opacos de constructores y empresarios pero también ayudas públicas concedidas por los gobiernos madrileños del propio Partido Popular, una nueva vía de financiación ilegal que había pasado desapercibida hasta ahora. La mecánica era sencilla y permitía al PP controlar todo el proceso. 

 Primero, los gobiernos autonómicos de Esperanza Aguirre concedían fondos a Fundescam para apoyar falsos programas sociales y educativos. Posteriormente, el dinero era transferido a Génova mediante “facturación por conceptos mercantiles que enmascaraban gastos electorales del Partido Popular de Madrid”. 

Y, por último, los fondos permitían a la formación partir con ventaja en los comicios para conservar el control de las instituciones y, de ese modo, poner en marcha otra vez la rueda del fraude para financiar futuras campañas.

La resolución de Velasco precisa que esta práctica ha sido detectada al menos en tres elecciones que se celebraron en un periodo de cuatro años. Los hechos se atribuyen al PP de Madrid pero se da la paradoja de que, en las generales de 2008, el verdadero beneficiado por el engaño fue el PP nacional, que celebró numerosos actos de campaña en la Comunidad de Madrid. En varios de ellos, participó el propio Mariano Rajoy.

Granados, Gutiérrez y Echevarría

Según el juez, en el desvío de las ayudas públicas habrían tenido un papel destacado tres dirigentes del partido: el ex secretario general de la formación y presunto cerebro de Púnica Francisco Granados; el exgerente Beltrán Gutiérrez; y el exconsejero de Transportes José Ignacio Echevarría, que durante una temporada hizo las funciones de tesorero de la fundación.

 El auto asegura que los tres, “como miembros del Patronato de Fundescam, habrían sido los que presentaron dichas facturas falsas al objeto de justificar el destino de los fondos recibidos con el propósito declarado de la subvención”.

Granados está imputado desde que estalló Púnica en octubre de 2014, mientras que Gutiérrez fue detenido en febrero de 2016. Por su parte, Echevarría se había mantenido al margen del caso hasta hace sólo dos semanas. El juez Velasco lo citó como imputado para que aclarara su papel en el movimiento de fondos. Echevarría, que empezó la legislatura como diputado en la Asamblea de Madrid, tuvo que dejar su escaño después de que tuviera un accidente de tráfico superando la tasa de alcohol permitida.

La UCO también ha confirmado que el PP de Madrid utilizó Fundescam para canalizar donaciones ilegales de empresarios que luego terminaron en la caja B del partido. La acusación no es nueva. 

La Fiscalía Anticorrupción ya concluyó en 2010, dentro de las investigaciones sobre el caso Gürtel, que los populares utilizaron esa entidad satélite para captar aportaciones no declaradas que luego desviaron a las campañas de las dos elecciones autonómicas de 2003, conocidas como las del 'tamayazo'. Sin embargo, el Ministerio Público desistió de perseguir los dos posibles delitos electorales al considerar que ya habían prescrito.

Donaciones de empresarios hasta 2011

La Guardia Civil ha descubierto ahora en Púnica que Fundescam siguió recibiendo dinero de empresarios al menos hasta 2011, sólo tres años antes de que comenzara esta causa. Pero los agentes han ido incluso más allá en sus últimos informes. Según la resolución de Velasco, se ha podido certificar la existencia de “múltiples irregularidades penalmente relevantes” en concursos públicos que habrían sido manipulados por dirigentes del partido para premiar a las mercantiles que daban dinero para sus campañas electorales. 

Es decir, que las entregas ilegales de fondos al PP tuvieron una correspondencia directa en adjudicaciones, un vínculo que permite al juez cerrar el círculo del cohecho.

En el trienio 2005-2007, Fundescam recibió de la Comunidad de Madrid subvenciones por valor de 536.096 euros, según una información del diario Público. Todas las ayudas estaban firmadas por Ignacio González, entonces vicepresidente del Ejecutivo autonómico. González fue patrono de la fundación entre el 28 de febrero de 2005 y el 12 de junio de 2008. Es imposible encontrar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) la concesión de estas subvenciones, ya que no se publicitaron.

Hay más datos en el Tribunal de Cuentas, que fiscaliza las cuentas de fundaciones vinculadas a los partidos políticos. En 2008, Fundescam recibió 150.000 euros en donaciones, la misma cantidad que en 2009 y 2010. La cifra bajó a 75.000 euros en 2011. Pero el Tribunal de Cuentas no distingue en su labor de control entre donaciones públicas y privadas. En 2012 el BOCM sí recoge una ayuda de Vicepresidencia (seguía Ignacio González en el cargo) de 128.000 euros.

Esperanza Aguirre anunció en 2010 el cierre inmediato de Fundescam cuando trascendió el vínculo de la entidad con el caso Gürtel. Dejó la presidencia de la fundación y colocó al frente a una dirigente de su confianza, Gádor Ongil, exconsejera de Familia y Asuntos Sociales, para que la liquidara. Sin embargo, como informó El Confidencial, la fundación ha estado operativa al menos hasta 2015. De hecho, el pasado enero todavía no se había comunicado oficialmente su disolución."           (El Confidencial, 21/03/17)