El grupo del Tigre: los 20 millones que emparedó el jefe de la UDEF conducen al 'número uno' de los narcos españoles

 "La primera vez que se detuvo el perro fue junto a la cama del dormitorio. Uno de los policías levantó el canapé y el animal marcó una funda de rifle y unos edredones. Eran poco más de las 5.30 horas de la mañana del pasado 6 de noviembre y ninguno de los 13 agentes que participaban en el registro imaginaba que aquellos billetes eran una porción insignificante de los 20 millones de euros que iban a encontrar durante las 16 horas que duraría el registro en el domicilio del inspector jefe Óscar Sánchez Gil. 

La cifra de dinero incautado y el destino del policía, jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en Madrid, provocaron un escándalo dos días después, cuando trascendió el hallazgo. La escena de los agentes derribando paredes que escupían billetes pertenece a una trama donde ningún fotograma desmerece: muy lejos del chalé del policía en Villalbilla (al noreste de Madrid) el hilo de la misma organización condujo a un mar de plásticos verdes que envolvían 13 toneladas de cocaína incautadas en el Puerto de Algeciras, el mayor alijo de la historia de España. Y mucho más lejos, condujo a un español al que apodan ‘El Tigre’ y que se sienta a la mesa de los grandes capos internacionales de la droga que se refugian en Dubai. 

La versión oficial de la investigación dice que todo empezó con la información recibida acerca de un policía de nombre Óscar que colaboraba con una organización de narcotraficantes. La siguiente pista estaba en las propias bases de datos de la Policía. El fichero GATI está destinado a evitar duplicidades. Si una unidad abre unas pesquisas debe introducir ahí las matrículas de los coches de los sospechosos, un número de teléfono o el nombre de una empresa. También las matrículas de los contenedores que llegan a puerto. Si hay otra unidad que ha volcado el dato antes salta una coincidencia. 

Óscar Sánchez Gil utilizaba un par de investigaciones abiertas en su unidad como justificante para volcar ahí todos los datos de su organización: luz verde para el alijo si no había duplicidades y alerta roja para sus compinches si aparecía que les estaban ya investigando. Asuntos Internos comprobó que la UDEF de Madrid había introducido matrículas de 551 contenedores desde que Óscar Sánchez llegó a la unidad como jefe, en julio de 2020. Los contenedores son el medio por el que las bandas introducen la droga a través de los puertos. Antes de eso, la unidad dedicada al blanqueo y la corrupción en el ámbito de la Comunidad de Madrid no había introducido un solo dato acerca de un contenedor.

Vuelta al 6 de noviembre. Al chalet de Villabilla. Los agentes llegan a la buhardilla. En la parte alta de los trasteros hay 14 paquetes. En cada paquete hay diez bloques de billetes. De 500, de 200, de 100… Hace tiempo que ya se ha incorporado a la búsqueda un segundo perro de Guías Caninos. A las 13:42 se persona un policía con una máquina de contar billetes. Los perros andan desbocados.

Se suman al registro los policías del Grupo Operativo de Investigaciones Técnicas (GOIT). Si hay escondites ocultos cuentan con tecnología para descubrirlos. Pican las paredes de la buhardilla y allí, en una columna, aparecen nueve paquetes más. Tras el armario del hall de entrada, Óscar Sánchez y su mujer –policía nacional destinada en el grupo de familia y menores de Alcalá– han construido otro escondite. Más billetes. También hay en el cobertizo del jardín. Y en un macetero. En el techo del garaje, tras el plafón, aparecen nuevos fajos envasados al vacío.

A través del inspector jefe, la Unidad de Asuntos Internos y la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) habían llegado a Ignacio T., con antecedentes por narcotráfico. Se trata del número uno de la organización, al menos en España, según cree la Policía. En los informes aparece fotografiado en el aeropuerto de Barajas. Ha ido a recoger a José Ángel C., que viene de Dubái. Ambos se van a comer y son fotografiados por la Policía. José Ángel es un treintañero acusado de ser el cerebro de la compleja trama de blanqueo de dinero a través de sociedades, que también utilizaba el inspector jefe. 

La Fiscalía habla de “un campo de minas”

Óscar Sánchez había establecido alrededor de sus colaboradores lo que la Fiscalía Antidroga llama en su querella “un campo de minas”. Si alguien se acercaba estallarían. A Ignacio, a José Ángel y a José Luis L. R, el inspector jefe los había incluido en el fichero como “confidentes”. En 2021, un contenedor con 1.605 kilos de cocaína llegó al Puerto de Algeciras en dirección a una empresa de importación de plátanos en Campello, Alicante. El encargado de recoger la mercancía debía ser Jose Luis R. Nunca apareció por allí. Estuvo un año huido hasta que se entregó en un juzgado de Algeciras. 

Otro de los nombres que había incluido en el fichero el inspector Sánchez Gil era el de la empresa importadora Abadix Fruits. El matrimonio al frente se entregó esta semana por ser la receptora de las 13 toneladas incautadas en octubre pasado. Estaban hartos de huir y de que Miguel, de 58 años, tuviera que buscar en cada nuevo destino un lugar donde recibir su sesión diaria de diálisis. 

Aquel envío de 2021 que nadie pasó a recoger tenía detrás a un español que había pasado bajo el radar de las Fuerzas de Seguridad hasta entonces. El 10 de mayo de ese año, la Policía colombiana trasladó un cable a sus colegas españoles con la información que “una fuente humana” les había dado del cargamento de 1.605 kilos que nadie fue a recoger. “Detrás del contenedor está una organización criminal liderada por un ciudadano español de nombre Alejandro, conocido con el alias de Tigre, quien dirige las operaciones criminales desde Dubai”, decía la comunicación. 

Efectivamente, en los archivos policiales constaba un madrileño con antecedentes que ya ha cumplido 46 años. También le llamaban 'Don Máquina'. La Policía le situaba en varias operaciones antidroga, pero desconocía el ascenso en la empresa criminal que había experimentado Alejandro Salgado, un madrileño en la cuarentena y de buena familia, que cosecha una ristra de antecedentes y del que todavía queda por reconstruir su discreto camino a la cima del narcotráfico.

En la investigación a la trama del Tigre, Ignacio T. y el inspector jefe Sánchez ha jugado un relevante papel Sky ECC, el sistema de telefonía encriptado, que como ocurriera primero con Encrochat, fue intervenido por la policía francesa, originando la mayor crisis de la historia en el narcotráfico internacional. Un informe policial de los mensajes intervenidos a la organización muestra a Salgado dirigiendo en directo una operación de descarga de droga en el puerto de Algeciras desde Dubái, a 8.000 kilómetros de donde se estaba produciendo. “Coronado, Tigre”, le anuncia su interlocutor en el terreno cuando terminan.

La última vez que consta un viaje a España de Alejandro Salgado desde Dubái es 2019. En 2022 fue detenido en Emiratos Árabes en una lujosa casa donde se celebraba una fiesta. Las autoridades del país islámico son muy severas con el consumo y Salgado fue uno de los arrestados. La Guardia Civil lo publicitó como un éxito de la cooperación entre ambos países, pero a día de hoy no hay esperanza de que sea extraditado. Emiratos Árabes llena de trabas burocráticas cualquier entrega.

Salgado llevaba una vida de lujo, pero discreta en la capital del estado árabe, donde sigue tejiendo alianzas con otros líderes de organizaciones internacionales, según fuentes policiales. El juez Francisco de Jorge, que instruye la causa contra el grupo español, investiga su maquinaria para lavar “miles de millones de euros” de los beneficios del narcotráfico, tanto propios como de esas otras organizaciones con sus jefes escondidos en Emiratos Árabes.

Cuenta atrás para el mayor de los alijos

Uno de esos clanes, conocido como de los Balcanes, habría pedido explicaciones al Tigre por la pérdida de las 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras, según publicó el medio especializado narcodiario.com. Lo que sigue es la cuenta atrás de la incautación de la droga y la caída del inspector jefe Óscar Sánchez Gil.

Diez días antes. Es 4 de octubre y el inspector jefe hace una foto con su teléfono oficial a lo que aparece en la pantalla de otro móvil. Se trata de un cuadro con códigos que identifican 16 contenedores, su “mercancía” –banana y piña– y las sociedades que las exportan. Entre esos 16 contenedores está el que tiene por matrícula TCLU1210545.

Queda una semana. Alguien entra en el fichero GATI e introduce el identificador de los 16 contenedores justificándose en el marco de una operación policial denominada Unagui, abierta en 2020. Aparece como titular de la operación el jefe de un grupo de la UDEF de Madrid, la unidad que dirige Óscar Sánchez Gil. 

Seis días antes. Los agentes de Vigilancia Aduanera en Algeciras habían bautizado una operación sobre unos contenedores con el nombre de ‘Sobotka’, por el protagonista de la segunda temporada de la serie The Wire, ambientada en el puerto de Baltimore. El sistema alerta de que uno de esos contenedores ha sido introducido en la base de datos por la UDEF de Madrid. El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado acuerda que ambas investigaciones pueden seguir por separado.

A 72 horas. El 11 de octubre, viernes, los agentes de Vigilancia Aduanera utilizan en secreto un escáner móvil que han bautizado como ‘Medusa’. El artilugio realiza “reconocimientos no intrusivos”, lo que evita que los narcotraficantes conozcan las sospechas sobre un determinado contenedor. Parece que el que lleva la numeración TCLU1210545 no solo contiene piñas. Será necesario abrirlo. 

El día del alijo. Es 14 de octubre. Las piñas viajan en cajas de cartón de 20 kilos. En su interior se descubren 11.525 tabletas recubiertas de plástico verde. Son 13.062 kilos de clorhidrato de cocaína. 

Esa misma tarde, el inspector jefe Óscar Sánchez tiene en su poder un vídeo de los funcionarios de Vigilancia Aduanera inspeccionando el cargamento de cocaína. Uno de sus subordinados le llama para informarle. Sánchez quiere saber si el importador es una empresa llamada Abadix Fruitx, radicada en El Campello (Alicante). 

Poco antes de las siete de la tarde, el inspector jefe logra hablar con un responsable de Vigilancia Aduanera en Madrid, que le confirma que Abadix en la destinataria del contenedor con la droga. El policía había dado de alta una investigación con el nombre de la sociedad y nadie le había avisado de que iba a estallar la operación. 

El responsable de Vigilancia Aduanera le explica que su enlace en Colombia ha recibido una información procedente de Ecuador y que han tenido que actuar, que sus compañeros de Algeciras tampoco le habían informado, se disculpa. “Lo que pasa es que yo no sabía ni que estaba propuesto para revisión, ni hostias, ni nada”, se enfada el policía.

Sánchez Gil habla a su vez con Ignacio T., el líder de la organización en España. “¿Qué hacemos?”, le pregunta al policía su interlocutor. “Nada, esperar”, responde él. A las 5:30 de la madrugada del 6 de noviembre sonará el timbre de su casa en Villalbilla. Son sus compañeros de Asuntos Internos y la Udyco. Sánchez Gil no se inmuta. No llama la atención ni siquiera en una situación así. Sus compañeros lo apodaron 'El Anodino'. Entre los 20 millones de euros en billetes apareció uno de 50 que ha resultado ser falso."                   ( Pedro Águeda , eldiario.es, 22/03/25)

‘El caso Viuda Negra’: el asesinato que pone al descubierto una de las mayores redes de lavado de dinero en México durante el sexenio del presidente Peña Nieto: una enorme red de empresas fantasma con la que se lavaron alrededor de 5.800 millones de pesos, para financiar campañas políticas del PRI

 "El caso Viuda Negra, una rigurosa investigación periodística narrada a modo de thriller policiaco y publicada por Grijalbo, dedica sus páginas a explorar los secretos detrás del asesinato de Isaac Gamboa Lozano, colaborador cercano de Luis Videgaray en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ocurrido apenas en mayo de 2020. Detrás del homicidio se esconde una trama política mucho más compleja que conecta con la operación Safiro, uno de los casos de corrupción más relevantes del sexenio de Enrique Peña Nieto: una enorme red de empresas fantasma con la que se lavaron alrededor de 5.800 millones de pesos, dinero que, en parte, fue a parar a los bolsillos del propio Gamboa y de su esposa, Bethzabee Brito. La otra, a financiar campañas políticas del PRI.

El testimonio de Jazmín, una mujer que presuntamente participó en el operativo, señala como instigadora de la masacre a Brito, para poder huir con su amante. La Fiscalía de Morelos sostiene la misma hipótesis: Bethzabee Brito ideó el asesinato junto a su amante, escolta de Gamboa. Pero, tanto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como la Procuraduría Fiscal de la Federación tendrían otra hipótesis: suponiendo que Gamboa no era la cabeza de esta red, pudieron haber sido otras personas quienes ordenaron la masacre y también quienes fabricaron la teoría del asesinato pasional. ¿Quién ordenó la muerte de Isaac Gamboa Lozano, funcionario clave de la Secretaría de Hacienda durante el Gobierno de Peña Nieto? ¿A quién le convenía tanto su silencio? ¿Se trató de un crimen pasional o de uno político?

“— ¡Al piso! ¡Tírense todos al piso!, ordenó uno de los agresores tan pronto accedieron a la casa. Cuatro hombres entraron al fraccionamiento a plena luz del día. No forzaron cerraduras ni amenazaron a nadie. Solo entraron. Sacaron pistolas. Y empezaron a matar. El primero en caer fue Isaac Gamboa Lozano”. Así comienza el libro escrito por los periodistas Zedryk Raziel, Manu Ureste y Arturo Ángel, con prólogo de Gabriela Warkentin, quien afirma que la investigación es “mucho más que el recuento de asesinatos, relaciones (des) amorosas, complicidades, corruptelas, injusticias e impunidades; es una radiografía que, desde lo local, exhibe la podredumbre de un sistema que se protege y reproduce, que hace todo para no morir. Incluido matar”.

El asesinato de Gamboa es la punta del iceberg de El caso Viuda negra, un nuevo relato periodístico sobre cómo se teje la corrupción en México; una nueva investigación que explica la podredumbre de un sistema perfectamente engranado y cuidadosamente protegido por la impunidad. “Unos sujetos armados ingresan a una residencia cerca de Cuernavaca, en un barrio acomodado y, a plena luz de día, como si trajeran una lista de supermercado, seleccionan qué personas asesinar. Eligen a cinco de ellas; iban directo contra Isaac Gamboa y se siguen contra sus dos hermanos; a todos los asesinan ahí y se van. A sangre fría; con una frialdad tremenda”, explica Arturo Ángel, uno de los autores del libro en entrevista con EL PAÍS. “Si bien el cargo público de Isaac Gamboa era de bajo perfil, su importancia era fundamental. Su firma valía cientos de millones. Era un personaje clave en un entramado de desvíos de recursos públicos; su nombre ya había salido en investigaciones periodísticas que documentaban la Operación Safiro donde, a través de dinero de Hacienda, bajaba dinero a Estados gobernados por el PRI, bajo un fondo a cargo de Gamboa, y ese dinero se desviaba a empresas fantasmas, para variar, con fines electorales”, explica el jefe de información de Animal Político. En la llamada Operación Safiro se desviaron fondos públicos de Chihuahua, Sonora, Colima, Durango, Estado de México, Morelos y de Milpa Alta, en la Ciudad de México, para el financiamiento de campañas electorales priistas. En la trama se utilizaron 12 empresas fantasma que estaban ‘blindadas’ por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Estos siete Estados desviaron 650 millones de pesos.

Zedryk Raziel, Manu Ureste y Arturo Ángel tomaron prestado para su libro el nombre de la investigación que Santiago Nieto usó durante su gestión en la Unidad de Inteligencia Financiera: Viuda Negra. En ella, Bethzabee Brito aparece al centro de una telaraña dedicada a extraer recursos públicos en cantidades exorbitantes; mientras su marido, Isaac Gamboa, como director de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda, se encargaba de falsear convenios, inventar contratos y extorsionar autoridades para exprimir recursos. Ambos personajes, comprueban los reporteros, eran ricos. “En esta investigación documentamos sus múltiples propiedades; algunas en barrios exclusivos. La pareja tenía 18 casas, una riqueza que no corresponde al perfil de un funcionario público. Nosotros logramos probar que hay un enorme patrimonio”, explica Arturo Ángel. “Empezamos investigando tres empresas que enviaban dinero no solo a Gamboa, sino a su esposa. Además, había operaciones inmobiliarias. Ahí se desprenden las alertas: hay algo más que un multihomicidio. Empezamos creyendo que eran 60 millones de pesos desviados y llegamos a encontrar más de 5.800 millones. Una enorme red de lavado de dinero. Investigamos las empresas, decenas de ellas, y fuimos a buscarlas. Eran prestanombres que vivían en una unidad habitacional de Tlalnepantla, que claramente no tenían el perfil socioeconómico de una empresa que mueve miles de millones de pesos”, explica Manu Ureste en entrevista con este diario.

La investigación, que les tomó más de un año, decenas de solicitudes de transparencia, viajes a Chihuahua, Morelos y más de 40.000 pesos en solicitudes al registro público de la propiedad, inició con una memoria USB que alguien de la Secretaría de Hacienda por descuido o intencionalmente entregó a un colaborador de Animal Político. “No sabemos si había un ángel de la guarda en la Secretaría de Hacienda. El entonces jefe de información nos contó que fue a una reunión a las oficinas de la dependencia. Querían compartirle unos archivos y no llevaba una USB. Agarran una, sin que aparentemente supieran su contenido, se la pasan y cuando él llega a su computadora se da cuenta de que en la memoria hay documentos de casos en curso, uno de ellos era el caso Viuda Negra”, cuenta Zedryk Raziel a EL PAÍS. Daniel Moreno, director del medio mexicano, les dijo: “Este caso tiene muchísimo potencial”. “Él vio el germen de una gran historia. Vio todos los ingredientes del libro: un asesinato, la corrupción, las complicidades...”, dice Raziel. En México se sabe que el PRI desvía dinero. No es ningún secreto. La Operación Safiro vino a documentar cómo operaba la maquinaria de corrupción y le puso cifras a la idea que convive desde hace años entre los ciudadanos mexicanos. El caso Viuda Negra habla de la magnitud de ese mecanismo que cobró dimensiones obscenas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde uno de los protagonistas, además del propio presidente, es Luis Videgaray, licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y doctor en Economía por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés). El exfuncionario abandonó su cargo como profesor la universidad de Massachussets y se fue a Israel, luego de que, en junio de 2021, el Gobierno mexicano lo inhabilitara por 10 años. “A Luis Videgaray se le ha señalado, a lo largo de este sexenio, como la persona que movía los hilos y ordenaba las entregas de dinero. El propio director de Pemex lo ha señalado varias veces. En su momento, la Fiscalía intentó acusarlo ante un juez de desvíos y hasta de traición a la patria. Tanto en el tema de Odebrecht como el de la Estafa Maestra, como en los desvíos de Veracruz, siempre ha salido el nombre de Videragay. Parece difícil de creer que este cúmulo de irregularidades ocurrieran sin que él tuviera conocimiento. Tendríamos que creer que era una persona extremadamente incompetente o que no sabía lo que sucedía y pecó de negligencia criminal. El asesinato de un colaborador tan cercano, más allá de quién lo haya matado y por qué, hace que se pierda una ficha clave en el entramado. Un testigo colaborador fundamental. Pero, se puede seguir investigando: su esposa y su familia pueden aportar información muy valiosa al caso”, dice Arturo Ángel.

 Gracias al periodismo, cada vez conocemos mejor la red de corrupción que encabezaba Peña Nieto. Investigaciones como la Casa Blanca — caso recientemente archivado por la justicia mexicana: los exfuncionarios acusados de extraviar el expediente de la mansión del expresidente y su exesposa deberán disculparse por la negligencia y hacer obras de servicio social —, La Estafa Maestra, Odebrecht, la Operación Safiro y ahora El caso Viuda Negra muestran, con cada vez más detalle, el monumental desfalco. “El periodismo ha hecho su parte, pero parece no haber tanta correspondencia de la autoridad. Hay que seguir investigando el caso del homicidio”, denuncian los autores.

Por lo pronto, la llamada Viuda Negra, sobrenombre que le han dado a la señora Bethzabee Brito Álvarez, sigue en prisión. Pasó de una cárcel local a un penal federal. Pero hay otros viudos negros en el poder y lo más honesto es dejar la pregunta abierta de quién es la viuda negra. Hay más de uno interesado en el silencio total de Isaac Gamboa y su familia."                   (Anna Lagos , El País, 11/06/22)

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, fue detenido tras una solicitud de extradición de EE. UU... La solicitud especificaba que el exmandatario, quien dejó la presidencia el mes pasado, era buscado por una “conspiración violenta de narcotráfico”

 "Las autoridades hondureñas detuvieron al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández el martes para enfrentar una potencial extradición y cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Es el colofón de una espectacular caída para uno de los hombres más poderosos de Centroamérica.

El Times  Una selección semanal de historias en español que no encontrarás en ningún otro sitio, con eñes y acentos. 

 

Hernández, quien lideró el país durante ocho años y dejó el cargo hace menos de un mes, fue escoltado por agentes de seguridad desde su casa, vestido con un chaleco antibalas y esposado de pies y manos.

“No es un momento fácil, a nadie se lo deseo”, dijo Hernández en un mensaje de audio publicado en su perfil de Twitter a las 5:00 a. m. del martes.

“Estoy listo para llegar a presentarme voluntariamente y defenderme de acuerdo a la ley”, dijo en otro mensaje de Facebook poco después.

Los fuegos artificiales explotaron en Tegucigalpa, la capital hondureña, casi inmediatamente después de que las autoridades sacaran a Hernández de su casa, y alrededor de cien manifestantes se reunieron cerca de su residencia para celebrar su detención. El expresidente es profundamente impopular, y lo acusan de permitir que el crimen organizado y la corrupción penetren en los niveles más altos del poder, manteniendo a Honduras como uno de los países más pobres y violentos de América Latina.

“Se hizo justicia para Honduras”, dijo Ana María Torres, una estudiante universitaria que vino a deleitarse con el arresto de Hernández. “Dejó destruido el país y ahora se lo llevan los gringos para que pague por narco”.

Camiones de policía y camionetas SUV negras con vidrios polarizados rodearon su casa la noche del lunes, solo minutos después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores del país reveló que habían recibido de Estados Unidos una solicitud de extradición de un político. El martes en la mañana, Hernández recibió a las autoridades en su casa y fue detenido.

La solicitud de extradición, presentada por la Corte Suprema de Honduras y vista por The New York Times, asegura que Hernández participó en una “conspiración violenta de narcotráfico” que desde 2004 había transportado 500 toneladas de cocaína procedentes de Venezuela y Colombia con destino a Estados Unidos, vía Honduras. El documento asegura que Hernández recibió millones de dólares en sobornos a cambio de facilitar los envíos y proteger a los traficantes de ser procesados.

El hermano del expresidente, Juan Antonio Hernández, está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua en Estados Unidos. Otro traficante convicto de cocaína, Geovanny Fuentes, quien implicó al expresidente en el comercio de drogas, recibió una sentencia similar la semana pasada.

Se espera que Hernández sea presentado ante el tribunal el miércoles. En el pasado, ha negado todas las acusaciones relacionadas con drogas y ha dicho que las grabaciones de voz no especificadas realizadas por la Administración de Control de Drogas estadounidense demuestran su inocencia.

No está claro si Hernández será extraditado a Estados Unidos ni cuándo sería ni tampoco si será acusado de crímenes en su país. Se espera que la Corte Suprema de Justicia de Honduras se pronuncie sobre la solicitud de extradición.

El juez de la Corte Suprema de Justicia que se designó el martes para atender el caso de Hernández está afiliado al partido del expresidente y tiene antecedentes de absolver a sospechosos en casos de corrupción, indicó Gabriela Castellanos, líder del Consejo Nacional Anticorrupción, un organismo independiente creado por el Congreso.

Honduras, que depende intensamente de la asistencia estadounidense, jamás ha rechazado un pedido de extradición de Estados Unidos, dijo Marlon Duarte, abogado residenciado en Tegucigalpa que ha participado en cinco casos de extradición. Lo que no tiene precedentes es un caso en contra de un presidente reciente y Hernández conserva apoyo considerable en el poder judicial, dijo.

La batalla legal que decidirá el futuro de Hernández podría prolongarse durante semanas o incluso meses, dijo Duarte.

“Estamos poniendo a prueba las instituciones del país”, dijo. “Estamos a punto de ver si el sistema judicial es parte de la misma estructura criminal de la que se acusa haber creado al presidente”.

La nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro, había acusado a Hernández de convertir al país en una “narco dictadura”. En noviembre obtuvo la victoria electoral con la promesa de transformar el sistema de corrupción e impunidad que prosperó durante la presidencia de Hernández y que contribuyó al éxodo masivo de sus ciudadanos a Estados Unidos.

Aunque la detención de Hernández parece mostrar la determinación de Castro para perseguir a los opositores corruptos, sus acciones iniciales han sembrado dudas sobre la lucha contra la cultura más amplia de corrupción. Sus aliados en el Congreso aprobaron una ley que efectivamente otorgaría inmunidad a los miembros del gobierno de su esposo y expresidente, Manuel Zelaya. Y Castro ha designado a varios miembros de su familia para que trabajen en su gobierno.

La extradición de Hernández sería una importante victoria en política exterior para el gobierno de Biden, que ha luchado por ejercer influencia en Centroamérica y cumplir su promesa de reducir la corrupción en la región para ayudar a detener la migración.

Es probable que el destino del expresidente hondureño sea seguido de cerca en países vecinos, como Guatemala, El Salvador y Nicaragua, cuyos líderes han desmantelado las instituciones anticorrupción, a pesar de las protestas de Estados Unidos, y cuyos círculos internos han estado implicados en escándalos de corrupción.

Hernández es impopular en Honduras, sin embargo, a muchos les sorprendió cuán rápido fue detenido. Es miembro del Parlamento Centroamericano, lo que técnicamente le otorga inmunidad judicial, y su partido político sigue siendo una fuerza importante en el congreso de Honduras.

“Este es el primer paso fundamental en la lucha iniciada por los ciudadanos contra un sistema de impunidad en Honduras”, dijo Josué Murillo, analista político hondureño y jefe de país de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, una organización sin fines de lucro que se enfoca en los derechos humanos.

Pero Murillo dijo que el país no puede avanzar hasta que la justicia deje de ser un arma política utilizada para atacar a los opositores del gobierno. La posible extradición de Hernández, agregó, demuestra que el sistema judicial del país muchas veces es incapaz de castigar los crímenes cometidos por los poderosos.

“La justicia está contaminada por la corrupción”, dijo. “Necesitamos reformarla urgentemente para despolitizarla”.

(Joan Suazo informó desde Tegucigalpa y Anatoly Kurmanaev desde Oaxaca, México. Oscar Lopez colaboró con reportería desde Ciudad de México. The New York Times, 15/02/22)

El general, el político y el narco: mitos y peligros presentes de la guerra contra las drogas

 "El narcotraficante más célebre del mundo, el responsable de seguridad durante el gobierno del presidente mexicano que inició la guerra contra el narcotráfico y un exjefe del ejército —la institución encargada del combate contra el crimen—, habrán pasado en menos de dos años por una corte de justicia de Nueva York. Según la fiscalía, los supuestos enemigos en una supuesta guerra tenían un mismo objetivo: enriquecerse con el tráfico de drogas a Estados Unidos.

La historia oficial de México decía que la violencia era el resultado del choque de dos mundos que representaban el bien y el mal. Joaquín “el Chapo” Guzmán, capo de capos, era el máximo antagonista de una lucha feroz contra las autoridades, encarnadas como pocos por el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna durante el gobierno de Felipe Calderón y por el general y exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos en el de Enrique Peña Nieto.

Parte del relato judicial que se está construyendo en Estados Unidos, más cercano a la realidad, es que entre narcos y algunos altos cargos del Estado mexicano siempre ha existido una simbiosis. Pero después de 340.000 muertos y más de 77.000 desaparecidos en catorce años, los mexicanos no pueden depender de que esta historia se resuma a que algunos de sus protagonistas sean juzgados en una corte de Nueva York.

Las procesos que se desarrollan en Estados Unidos deberían servir para hacer justicia. Pero no menos como un impulso definitivo para investigar desde México las mentiras históricas y a los responsables de su pasado reciente. Y, al mismo tiempo, alertarnos sobre los peligros del presente: en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el país es todavía más violento y está más militarizado que durante los sexenios anteriores. La detención el 15 de octubre del general Cienfuegos, acusado de narcotráfico y lavado de dinero, llega en un contexto donde el presidente ha concedido a las Fuerzas Armadas el control de aduanas y puertos y el monto de los fideicomisos destinados al ejército aumentó más de un mil por ciento solo en los dos últimos trimestres del año pasado.

Los señalamientos públicos sobre sobornos y complicidad de los gobiernos de Peña Nieto y Calderón empezaron en el juicio de Guzmán Loera el año pasado. En los últimos meses se han materializado en parte con las detenciones de García Luna y Cienfuegos. México seguirá ávidamente las pruebas y los testimonios presentados contra los dos fieles escuderos preguntándose si en la corte se llega a denunciar a los dos anteriores presidentes del país. Pero ningún juicio en Estados Unidos, sea cual sea el resultado, será suficiente para reparar a las víctimas y propiciar el cambio estructural que necesita México.

Primero, porque lo que se juzga es la conspiración o colaboración de unos individuos para que las drogas crucen la frontera y satisfacer así la demanda del mayor mercado de América, no los asesinatos, ejecuciones o desapariciones que han sumergido a México en un luto nacional. Segundo, porque si la justicia mexicana no actúa, la impunidad seguirá siendo un estímulo para el delito y un obstáculo para la denuncia. Tercero, porque mientras en Estados Unidos transcurren los juicios y el debido proceso, en este lado de la frontera los diferentes gobiernos estadounidenses siguen siendo un actor político fundamental, a veces incluso como si de política interna se tratara.

Todo esto ha sucedido en un contexto histórico que resalta el fracaso de las políticas para controlar la violencia y el negocio del narcotráfico: el próximo año se cumplirán 15 años de guerra contra las drogas en México, pero serán 50 desde que Richard Nixon declaró estas sustancias como “el enemigo público número uno” de su país y, por extensión, del mundo. Con el paso de los años la realidad ha desmoronado los mitos sobre los que se sustentan las políticas de mano dura de esa guerra.

Los militares mexicanos salieron de los cuarteles bajo la lógica de que, a diferencia de una policía corrompida, ellos eran incorruptibles. La detención de Cienfuegos es el episodio más simbólico, pero no el único de un ejército que se ha visto señalado por ejecuciones extrajudiciales. Un dato muy relevante: seis años después de la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, las nuevas investigaciones sobre el caso apuntan a que los militares tuvieron un papel central aquella noche en contraste con lo que decía el gobierno de Peña Nieto.

La política de descabezar grupos criminales a través de grandes operativos ha mostrado ser más un problema que una solución: desde la extradición de Guzmán Loera en enero de 2017, México ha vivido los años más violentos de su historia moderna. La estrategia de desplegar militares en los estados más conflictivos no solo ha derivado en que se mate más, sino en que se mate cada vez más en más lugares.

Las erradicaciones de los plantíos de amapola tampoco han detenido el tráfico. Hasta 2017, los sembradíos crecieron un máximo de 44.100 hectáreas cultivadas. Desde entonces descendieron porque el fentanilo, un opiáceo más potente, barato y fácil de transportar, entró al mercado estadounidense proveniente de China. Para muchos cultivadores lo único que ha cambiado es que se han quedado sin sustento.

Las evidencias sobre el fracaso de la guerra contra las drogas, sin embargo, no han conseguido quebrar el mito fundacional según el cual las drogas y el negocio ilícito alrededor de ellas son el principio y fin de los males de México. En muchas partes del país existen negociaciones, pactos más o menos volátiles entre crimen y autoridades, a través de los que se coordinan para extraer cualquier recurso del territorio. El dinero ilegal surte la economía legal mientras que los poderes estatales, que a veces combaten frontalmente al poder criminal, otras se asocian con él para gobernar. Se entiende en este contexto que el negocio del narco se haya asentado en México más porque estaban las condiciones dadas. No las creó. La utilidad que tiene la violencia para quienes se benefician de ella se traduce en un saldo trágico: más de 36.000 vidas solo el año pasado.

México era así cuando López Obrador llegó al poder. Después de sus palabras iniciales de cambio solo ha transitado el mismo camino que sus antecesores, incluso a mayor velocidad. A Guzmán Loera y García Luna los puede encuadrar en el pasado, pero la onda expansiva de Cienfuegos, a pesar de nunca haber ocupado puesto alguno en el actual gobierno, alcanza de lleno el presente. Los cinco generales de la plana mayor de la secretaría de Defensa Nacional (Sedena) trabajaron con el exjefe de las Fuerzas Armadas. Según informaciones periodísticas, la DEA tiene en su mira a otros seis militares mexicanos.

El presidente ha enarbolado la lucha contra la corrupción y la ruptura con la “mafia del pasado”. Ahora debe enfrentar una paradoja: cumplir sus promesas cuando ha ligado su sexenio a una institución central en los anteriores gobiernos, que ha fracasado en su objetivo de pacificar el país y está cada vez más en entredicho. Uno de los ejes de su Cuarta Transformación en materia de seguridad, la Guardia Nacional, es un cuerpo cada vez más militarizado que ahora además tiene la facultad de incidir en el proceso de justicia penal.

En esta encrucijada lo más probable es que López Obrador continúe la militarización. Lo mejor para el país sería que las lecciones que podamos aprender de los juicios en Estados Unidos y, sobre todo la realidad mexicana, le valieran para reflexionar y cambiar el rumbo de una política que quizás le sirva a su agenda, pero no a la seguridad del país.

En este cambio sería fundamental que gradualmente el ejército volviera a tener el papel tradicional de los ejércitos. La responsabilidad de la seguridad debería también regresar a unos cuerpos civiles mejor capacitados, con buen presupuesto y bajo una estrategia que empiece solucionando problemas locales. Y la regulación de la marihuana se debería aprobar al fin con una ley que responda a las necesidades sociales del país, no a intereses económicos extranjeros, y sea punto de partida para una conversación más amplia sobre otras drogas.

Ni el pasado, ni el presente ni el futuro de México se deberían juzgar en Nueva York. Una vez que se establezcan en Estados Unidos las conexiones entre el crimen y el Estado, lo central sería que este gobierno cree las condiciones y respete la independencia de la justicia mexicana para investigar en casa qué tan estrechos son los vínculos entre lo legal y lo ilegal. Es así como se puede empezar a esclarecer qué significa realmente la guerra contra el narcotráfico y a hacer justicia a las víctimas de homicidio, corrupción, impunidad, desplazamiento forzado o desaparición."                

(José Luis Pardo Veiras, periodista independiente especializado en violencia en América Latina. The New York times, 02/11/20)

Paraguay: centro neurálgico de producción y distribución del narcotráfico transnacional... no es tanto la ausencia del Estado como su complicidad lo que realmente necesita el crimen organizado

"Tema

Hace unos meses tenía lugar en Paraguay una fuga de 75 presos, adscritos a una banda criminal brasileña. Adoptando como ejemplo este hecho, se analizan los factores que explicarían la dimensión del poder alcanzado por las bandas criminales brasileñas en Paraguay, centro neurálgico de redistribución de cocaína y primer productor de marihuana. Hoy, con la pandemia del coronavirus, estos mercados se encuentran prácticamente bloqueados, pero no las estructuras de poder criminal que los sostienen y que permanecen durante la crisis.

Resumen

Hace unos meses tuvo lugar una fuga de 75 presos a través de un túnel del penal de Pedro Juan Caballero, capital de la provincia de Amambay en la frontera seca de Paraguay con Brasil. Todos los fugados pertenecían a uno de los mayores grupos criminales de América del Sur, el brasileño Primer Comando Capital . ¿Cómo han logrado, desde Pedro Juan Caballero, el control territorial y el poder que exige la gestión de un comercio transnacional de esta magnitud? La respuesta también explicaría la exitosa organización de la fuga masiva que ha liberado a miembros de sus organizaciones de una cárcel en Paraguay.

 

Pero para dar respuesta a estos interrogantes la propuesta es centrar el análisis en los factores que explican el poder alcanzado por dichas redes criminales. Entre los argumentos más usuales se encuentra la pobreza y, en este caso, Paraguay ciertamente es uno de los países más pobres de la región. Junto a este factor, también se alude a la falta de Estado o a la combinación de ambos. La propuesta aquí es contemplar otros elementos que son ineludibles para entender, no tanto por qué existe el crimen organizado, sino por qué puede adquirir un nivel de presencia social, económico e institucional tan extraordinario, como en el caso de Paraguay y de otros países de la región.

Análisis

El Observatorio de Tráficos ilícitos y redes criminales del Real Instituto Elcano tiene como aspiración dibujar el mapa del crimen organizado transnacional en América Latina y Europa. El objetivo es conocer los puntos geográficos neurálgicos a partir de los cuales se articulan las redes de los mercados ilícitos transnacionales. En el caso que nos ocupa, se trata del narcotráfico, donde América Latina es un área fundamental de dicho mercado transnacional, en particular en la producción, distribución y comercialización de coca y cocaína. 

Los principales enclaves del mercado dibujan un mapa muy diferente al relacionado con las grandes potencias políticas o económicas. Honduras¹ y Bolivia son países sin protagonismo ninguno en las decisiones del tablero internacional, pero trascendentales para la toma de decisiones y organización del crimen organizado transnacional. Estos países son centros neurálgicos de producción y/o distribución y se han constituido como un eslabón esencial para la reproducción de este mercado y del poder del crimen organizado.

En este sentido, conviene llamar la atención sobre Paraguay, donde el ejemplo de la fuga mencionada ilustra el poder y margen de actuación de estas redes para lograr con éxito la fuga de 75 personas de una penal. En este caso, los fugados eran miembros del Comando de la Capital, pero también hay miembros del Comando Vermelho, las dos principales bandas de Brasil y ambas instaladas en Pedro Juan Caballero. El enfrentamiento entre bandas criminales es uno de los principales motivos de la alta tasa de mortalidad de Amambay y su capital. De hecho, alcanzan una de las tasas de homicidios más altas de toda la región(...)

 Estas bandas gestionan la distribución de marihuana en Paraguay y en los países vecinos, ya que su país es el mayor productor de dicho cultivo en la región. A ello se suma la distribución de la coca o cocaína, ya que, por su situación estratégica, es un centro de redistribución esencial. La coca y/o cocaína sale de Bolivia, tanto la producida en el país como la procedente de Colombia y Perú, y, desde ese país hacia Paraguay, donde tiene lugar la redistribución para los mercados de Brasil y Europa, a través también de Uruguay.

La pregunta es: ¿cómo es posible que se produzcan toneladas de marihuana y que se logre redistribuir, junto con la cocaína, por todo el Cono Sur, Brasil y Europa? ¿Cómo se explica que puedan gestionar, desde esta ciudad, todo este gran mercado transnacional? ¿Y cómo organizar fugas masivas de los miembros de sus organizaciones de una cárcel, como es el caso que se ha contemplado?

Es preciso tener presente la logística necesaria para todas las tareas que exige este tráfico transnacional ya que implica producción, almacenamiento, procesamiento –a través de laboratorios clandestinos– y transporte nacional e internacional. Son estas exigencias organizativas, por su variedad y dimensión, las que obligan a tener poder y colaboración del Estado y la sociedad.

La respuesta no se centra en los factores que explican que exista crimen organizado, de hecho, existe en todo el mundo, sino qué favorece que alcancen niveles de poder y dimensión para poder asegurar este tráfico. Las explicaciones más usuales, particularmente para países como Paraguay, es que el poder del crimen organizado responde a la pobreza o a la falta de Estado, o ambas cosas, como principales argumentos.

Con relación a la situación económica, Paraguay se encuentra posicionado entre los países de la región con mayor pobreza y desigualdad, un factor que podría explicar la dimensión adquirida por el crimen organizado. 

No obstante, en la actualidad es uno de los países de la región que posee una de las tasas de crecimiento más altas y entre sus logros se encuentra el haber reducido sus niveles de pobreza: de 2003 a 2017, respecto a la pobreza total, se ha reducido del 58,72% al 15,24%. En ese mismo período, la pobreza extrema también ha descendido de manera considerable, del 15,64% al 3,28% (Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos [DGEEC], 2003, 2004, 2015, 2016 y 2017).

Más allá de estos datos, si contemplamos el número de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, podemos comprobar que es de los más bajos de la región. Si además relacionamos estos datos de homicidios con los del Índice de Desarrollo Humano (IDH), se confirma que la relación entre criminalidad, crimen organizado y pobreza y desigualdad no es mecánica, ni siempre tiene lugar.²  (...)

Sorprende comprobar los datos de homicidios en el departamento de Amambay. Este departamento es el más violento, con gran diferencia, del resto de Paraguay. Sin embargo, pese a esta violencia y la presencia del crimen organizado, Amambay no es el departamento ni más pobre, ni más desigual, pues se encuentra dentro de la media nacional. Como se puede comprobar, hay otros departamentos con similares indices de desarrollo humano e incluso algo inferiores y, sin embargo, sus niveles de homicidios son muy bajos. En 2017 registró 69,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, cifras equiparables a las de los países más violentos de la región, como Venezuela. 

Le siguen dos departamentos, también implicados directamente en la distribución de cocaína y marihuana, como Concepción y Canindeyú. En estos casos, el número de homicidios sí es un indicador de la dimensión del crimen organizado, ya que este número de homicidios esta provocado por las rivalidades y enfrentamientos existentes entre organizaciones brasileñas y locales y entre bandas brasileñas. Desde hace tiempo hay una “guerra de narcos” latente que estalla de manera intermitente.

Ausencia del Estado y falta de medios

Además de la desigualdad, el otro argumento más empleado para explicar la implantación del crimen organizado, es la ausencia del estado en extensas áreas del territorio nacional. Es esta una situación considerada ideal para realizar actividades ilegales sin traba alguna. Sin embargo, en los departamentos noroccidentales, donde se concentra la producción de marihuana y se organiza la distribución de la cocaína, la presencia estatal no es suficiente, aunque tampoco inexistente.

Si se toma como referencia la presencia estatal del sistema de seguridad, autoridades policiales y judiciales, el número de policías por cada 100.000 habitantes, no alcanza el promedio de 300 agentes según recomienda la Oficina para la Droga y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas, pues la media nacional es de 253. 

No obstante, cabe mencionar que en Brasil hay 251 policías por cada 100.000 habitantes y que hay otros países que se encuentran por debajo de esta media, como Guatemala y Honduras (Índice Global de Impunidad, [IGI], 2017). En cuanto al número de jueces, la tasa paraguaya es de 11,74, por cada 100,000 habitantes, superior a la de Chile, con 10,4 jueces. Chile se distingue de sus vecinos por una criminalidad inferior y por una institucionalidad considerablemente mayor (IGI, 2017).

La propuesta es que además de tener en cuenta la presencia cuantitativa de funcionarios, sin duda tan importante o más es cuán corruptibles son. Dependiendo de los grados de corrupción, los funcionarios existentes, al margen de su número, pueden acabar colaborando e incluso protegiendo a estas bandas criminales.

 La corrupción sería el principal factor que explicaría el establecimiento y los amplios márgenes de actuación del crimen organizado y no tanto la ausencia del Estado. Este es el problema más característico de la región, la existencia de áreas “privatizadas” por representantes estatales, que gracias a éstos son gestionadas y controladas por redes criminales de acuerdo con sus propias normas y criterios, tal y como ocurre en Pedro Juan Caballero.

Se repite insistentemente por parte de los responsables gubernamentales la falta de personal, de equipamiento y de recursos en general. De esta manera, se acaba asociando el problema a la falta de inversión en este campo. Sin embargo, hay que tener presente algunos datos. La comparación del gasto entre Honduras y Paraguay, con Chile, Uruguay y Costa Rica (países con los mejores índices de seguridad y buen gobierno) pone de manifiesto que los dos países que más gastan en seguridad, en relación con su PIB, son Honduras y Paraguay.

Sin duda los recursos son imprescindibles, pero en qué y cómo se invierten también es igualmente relevante. No siempre los recursos llegan donde han sido destinados o no llegan donde más hace falta, debido en muchos casos a la corrupción. En Paraguay es imprescindible comenzar a invertir recursos y esfuerzos para resolver los altos niveles de corrupción y, en consecuencia, de impunidad que tiene el país. Sin avanzar en este problema, los recursos destinados a seguridad no tendrán resultados.

En resumen, no hay una correlación mecánica entre violencia criminal y pobreza y desigualdad, como se ha podido comprobar en Paraguay. Con respecto a la ausencia estatal, puede representar un inconveniente, pero no puede considerarse que el Estado esté ausente del territorio nacional, pese a que existan áreas marginales y sin presencia institucional. 

No obstante, como se ha podido comprobar, en Amambay y su capital Pedro Juan Caballero, punto neurálgico de estas redes, no es inexistente. La fuga de los 75 presos es un buen ejemplo para demostrar que la ventaja no es tanto que el Estado este ausente sino que, mediante la corrupción, se logre que sus representantes sean cómplices. Esta complicidad es lo único que puede explicar la fuga masiva de una cárcel, un recinto custodiado y vigilado por autoridades estatales.

Corrupción

Después de haber relativizado los principales argumentos que se aducen para explicar el crimen organizado, en Paraguay la propuesta es contemplar la corrupción como el factor facilitador decisivo para crear las condiciones “idóneas” que expliquen no tanto la existencia como el grado de implantación de estas redes.

Es un error pensar que el mundo ilegal vive al margen del legal. Muy al contrario, necesita de su complicidad para su reproducción y fortalecimiento. En otras palabras, de sus posibilidades de crear una trama de relaciones con el mundo privado y público, ilegal y legal, dependerá el alcance de sus negocios y la principal herramienta para acceder a todos estos ámbitos es la corrupción. En este sentido, Paraguay es un escenario idóneo, ya que su alto índice de corrupción proporciona la vía perfecta para penetrar el Estado y la sociedad. Así lo indica el índice de percepción de corrupción, que lo sitúa en el lugar 135 de 180, siendo este último el más corrupto

La corrupción hace posible negociar, de manera particular, el cumplimiento de la norma con el fin de evadir su cumplimiento. La consecuencia directa es la impunidad y con ella se pretende evitar por parte de estas redes, una detención, un juicio o ir a la cárcel, o si sus miembros están encarcelados lograr una fuga masiva. El dato de impunidad de Paraguay es directamente proporcional a los altos niveles de corrupción, siendo el sexto país de América Latina más impune y el 11º del mundo (IGI, 2017, p. 37). 

De hecho, la impunidad debe entenderse como una consecuencia de la existencia de una corrupción sistémica. Ambas cuestiones son las que pueden explicar, en general, el poder que puede llegar a alcanzar una organización criminal hasta el punto de liberar de una cárcel a 75 presos de la cárcel. Un hecho que no puede ser explicado, de otra manera, tal y como afirmó la ministra de Justicia para explicar la fuga, “hay una categórica connivencia de funcionarios de la prisión”.³

Conclusiones

El ejemplo de la fuga de la cárcel paraguaya pone en evidencia no sólo la dimensión del poder de las redes criminales sino la trascendencia de la corrupción para entender dicho poder. La interacción del crimen organizado, a través de la corrupción, con la sociedad es lo que explica su desarrollo y su penetración. Por tanto, no es tanto la ausencia del Estado como su complicidad lo que realmente necesita el crimen organizado.

 Esta complicidad puede ser pasiva, dejando que los presos salgan –mirando hacia otro lado– o activa, protegiendo y colaborando directamente en su huida. Pero en un caso u otro, dicha fuga, como la mayoría de la actividad del crimen organizado, involucra el Estado.

Paraguay es un campo abonado para el establecimiento de redes criminales. Su posición estratégica es un factor determinante y una condición fundamental para ser elegido por el crimen organizado como punto neurálgico. También los factores económicos, aunque la pobreza no convierte necesariamente a los ciudadanos en criminales, como la marginalidad, puede ser un semillero para reclutar “trabajadores del crimen”. 

No obstante, este factor puede explicar sólo en parte el particular desarrollo de estas redes. Su dimensión depende fundamentalmente del nivel de aceptación y de tolerancia de la corrupción, tanto por parte del Estado como de la sociedad. Paraguay posee, en este sentido, las condiciones idóneas para el desarrollo de estas redes, por sus altos niveles de corrupción estatal y por su tolerancia social a dicha corrupción."                

(Sonia Alda Mejías, Investigadora principal y directora del Observatorio de Tráficos Ilícitos y Redes Criminales, Real Instituto Elcano, 08/05/20)

Detenido en Estados Unidos el gran estratega de la guerra mexicana contra el narco. Genaro García Luna, jefe de la policía federal con Felipe Calderón, ha sido acusado de colaborar con el Cartel de Sinaloa y recibir sobornos millonarios

"El máximo jefe de la policía mexicana durante el Gobierno de Felipe Calderón y gran estratega de la lucha contra el narcotráfico, Genaro García Luna, ha sido detenido en Dallas (Texas, Estados Unidos) este lunes.

 El que fuera secretario de Seguridad Pública en la Administración de Calderón (de 2006 a 2012) está acusado por la misma corte de Nueva York que sentenció a Joaquín El Chapo Guzmán de colaborar con el Cartel de Sinaloa durante los años de la guerra contra las drogas que emprendió el entonces presidente mexicano tras su llegada al poder. García Luna se enfrenta a tres cargos por crimen organizado y la justicia estadounidense lo señala como el brazo del Gobierno que permitió al cartel más poderoso del mundo, a cambio de sobornos millonarios, operar con total impunidad en México.

Las sospechas sobre el secretario —que también estuvo a cargo de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) durante el Gobierno de Vicente Fox (de 2000 a 2006)— se hicieron públicas durante el juicio contra El Chapo en Nueva York. El hermano de Ismael El Mayo Zambada, Jesús El Rey Zambada, socio de Guzmán en Sinaloa, declaró en una audiencia en febrero del año pasado que su corporación había hecho pagos millonarios a García Luna al menos en dos ocasiones.

Zambada, que fue el primer colaborador con la Fiscalía en la causa contra Guzmán, explicó ante el jurado en Brooklyn que realizó en concreto dos pagos para garantizar la protección de su hermano mayor, El Mayo, jefe del Cartel de Sinaloa, y evitar así que fuera detenido. El primer soborno, que se produjo en un restaurante en 2005, ascendía a tres millones de dólares. García Luna estaba al mando de la AFI en ese momento. A este le siguió otro de entre tres y cinco millones en 2007 cuando García Luna ya era secretario de Seguridad Pública.

"¿Se reunió con García Luna en un restaurante?", le preguntó un abogado durante la audiencia. "Sí", respondió Jesús Zambada. El efectivo iba en un maletín y tenía como propósito conseguir que se nombrara como jefe de la policía en Culiacán a una persona de confianza del cartel, para así "tenerlo en su bolsillo". La investigación policial por la que ha sido detenido este lunes detalla que el pago de sobornos fue confirmado por "muchos testigos", colaboradores del grupo criminal.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha hecho público un comunicado este martes en el que informa sobre su detención y los delitos de los que el exsecretario está acusado. Afirma que "mientras tuvo un cargo público en México, recibió millones de dólares en sobornos por parte del cartel de Sinaloa a cambio de protección para sus actividades de narcotráfico. Gracias a su apoyo, la organización mantuvo su actividad criminal sin una intervención relevante de las autoridades y permitió que se importaran grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos".

El 15 de noviembre de 2015, García Luna, ya instalado desde hacia dos años en Florida, donde había obtenido la residencia estadounidense, fue multado por saltarse una señal de tráfico. Gracias a esta detención, según apunta una investigación de la cadena Univisión, las autoridades registraron una mansión a su nombre con embarcadero propio en Golden Beach, valorada en 3,3 millones de dólares. Hacía solo dos años que había dejado su cargo en el Gobierno mexicano. Además de este inmueble, la investigación periodística reveló que él y su esposa residieron durante un tiempo en otro ático de lujo valorado en 2,3 millones de dólares, en Aventura, Florida, entre 2016 y 2018.

Los orígenes de su poder en México se remontan a una legislatura anterior a Felipe Calderón. Antes de asumir la Secretaria de Seguridad a finales de 2006, Genaro García Luna se había desempeñado como jefe de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), un brazo operativo de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) durante todo el sexenio de Vicente Fox, de 2000 a 2006. En 2005, su gestión se vio seriamente cuestionada por un escándalo que puso en crisis la relación diplomática entre México y Francia: la detención de Florence Cassez. La francesa fue capturada por policías de la extinta AFI tras ser acusada de secuestro, y todo se transmitió por televisión. Sin embargo, la detención era un montaje, una recreación de la policía de García Luna para las cámaras televisivas.

Su paso por el Ministerio de Seguridad (2006-2012) también estuvo marcado por diversos escándalos. Uno de los casos más recordados es el pago que realizó a Televisa en 2011 para que realizara una serie televisiva que exaltara la labor de la Policía Federal, tan cuestionada en esos años por los excesos cometidos en la guerra contra el narco. La secretaría le brindó a Televisa acceso al personal de la institución y le prestó patrullas, helicópteros y armamento. Desde el principio el programa, transmitido en el horario de mayor audiencia, causó polémica porque retrataba una realidad muy distinta a la que padecía el país y mostraba una producción costosa con imágenes donde se veían las instalaciones del Ministerio de Seguridad.

Pese a que la Secretaría de la Función Pública integró al menos 20 expedientes para investigar si García Luna incurrió en alguna irregularidad durante su paso por la gestión federal, ninguna investigación se concretó y tras dejar su puesto de secretario se fue de México, cuando su imagen estaba por los suelos.

Fue el gran estratega de la guerra contra el narcotráfico, que emprendió Calderón a su llegada al poder y continuó Enrique Peña Nieto. Uno de los responsables de las etapas más cruentas del país. Las cifras de homicidios se dispararon a partir de 2006 y sembraron de cadáveres el territorio nacional, con casi 100 asesinatos al día y al menos 20.000 desaparecidos. Una ola violenta que no se ha detenido desde entonces. Este año se ha batido un nuevo récord sangriento, con datos más dramáticos que en los peores años del combate al narcotráfico. La tasa de más de 100 asesinatos diarios se ha instalado sin que un presidente haya anunciado ninguna guerra.

López Obrador ha culpado desde su llegada al poder a Calderón y su Gobierno de iniciar esta sangría. Aunque después de 12 meses de mandato las políticas para contener la violencia en México no han producido ninguna mejoría. "Esa absurda y desquiciada estrategia no se repetirá jamás", anunció el presidente desde el Zócalo capitalino en el aniversario de su toma de posesión. Bajo su Gobierno, dos altos funcionarios de la Administración de Calderón han sido vinculados por corrupción: además de García Luna (en Estados Unidos), hace dos meses, el ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora.

El periodista y escritor mexicano Diego Osorno señala a García Luna como "el autor material de una política antidrogas populista y fallida mal llamada guerra contra el narco, que en buena medida llevó al país a la crisis de derechos humanos que padecemos hoy en día. El autor intelectual de la misma es el expresidente Felipe Calderón, quien se ha negado a rendir cuentas al respecto hasta el día de hoy. Quizá este juicio en Estados Unidos destape los intereses ocultos detrás de uno de los periodos más trágicos de nuestra historia reciente".                   (Elena Reina, El País, 11/12/19)

El juicio del Chapo ofrece pruebas de la extensa corrupción en México

"No es un secreto que los cárteles mexicanos de la droga han corrompido, durante décadas, a las autoridades con dinero sucio. Sin embargo, a pesar de lo grave de la corrupción, el juicio en Nueva York de Joaquín Guzmán Loera, el capo de la droga conocido como el Chapo, ha sugerido que el lodazal de sobornos es mucho más profundo de lo que se pensaba.

En dos meses de testimonios, se ha relatado que casi todos los niveles del gobierno mexicano están involucrados en el narcotráfico: custodios de las prisiones, funcionarios de aeropuertos, policías, fiscales, tasadores de impuestos y personal militar han estado involucrados, según testimonios.

Un general retirado del ejército, Gilberto Toledano, fue acusado hace poco de recibir pagos de 100.000 dólares para permitir el tráfico de drogas a través de su distrito.

Incluso se sospechó que el arquitecto de la guerra del gobierno contra Guzmán y sus aliados —Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública— recibió portafolios llenos de efectivo proveniente del cártel.

Los fiscales federales han acusado a Guzmán, antiguo líder del Cártel de Sinaloa, de ser parte de una empresa criminal de manera ininterrumpida al transportar más de 200 toneladas de heroína, cocaína y marihuana por toda la frontera de Estados Unidos desde la década de los ochenta hasta su arresto en México hace dos años.

Para demostrar su argumento, el gobierno planea llamar como testigos a por lo menos dieciséis de los subordinados y aliados del capo, algunos de los cuales fungieron como encargados de entregar el dinero de los sobornos.

Aunque los relatos de violencia han sido comunes en el juicio (que ha estado en pausa durante las fiestas decembrinas), los testimonios de sobornos han sido aún más extensos.

A los miembros del jurado les han dicho que Guzmán ha participado en el negocio de la corrupción desde los inicios de su carrera. A finales de la década de los ochenta, según han dicho los testigos, comenzó a enviar millones de dólares al primer funcionario en su nómina: Guillermo González Calderoni, exdirector de la Policía Judicial Federal de México.

González Calderoni, quien creció en parte en Texas, terminó por convertirse en un funcionario legendario en México, quizá mejor conocido por haber ayudado a las autoridades estadounidenses a resolver el caso de Enrique Camarena Salazar, un agente de la Administración de Control de Drogas (DEA) que fue capturado, torturado y asesinado por traficantes en 1985. Sin embargo, en cuestión de dos años, de acuerdo con pruebas presentadas en el juicio de Guzmán, el funcionario de la policía ya aceptaba sobornos del cártel.

Miguel Ángel Martínez, uno de los testigos, les dijo a los miembros del jurado que González Calderoni le daba a Guzmán información secreta casi a diario, incluyendo una valiosa pista sobre el sistema de radares que el gobierno de Estados Unidos había construido en la península de Yucatán para rastrear vuelos con cargamentos de droga provenientes de Colombia a principios de la década de los noventa.

Martínez también testificó que González Calderoni alguna vez le informó a Guzmán que las autoridades mexicanas habían descubierto un túnel de contrabando que había cavado debajo de la frontera con Arizona. Antes de que la policía organizara una redada en el túnel, Guzmán pudo sacar un enorme cargamento de cocaína.

No obstante, a pesar de lo útil que fue para la operación del capo, la vida de González Calderoni terminó de manera violenta. En 2003, un sicario se acercó a su Mercedes plateado, estacionado en una calle de McAllen, Texas, y le disparó en la cabeza. Las autoridades nunca identificaron al asesino.

México no es el único país cuya reputación ha resultado mancillada en el juicio. El mes pasado, Juan Carlos Ramírez Abadía, uno de los proveedores colombianos de Guzmán, apareció en la Corte Federal de Distrito en Brooklyn y admitió haberles pagado a muchas personas, desde periodistas hasta funcionarios fiscales en su país.

Ramírez, antiguo dirigente del Cartel del Norte del Valle, les dijo con calma a los miembros del jurado que toda un ala de su organización se dedicaba a repartir los pagos. “Es imposible ser el líder de un cartel de la droga en Colombia sin estar involucrado en la corrupción”, explicó. “Van de la mano”.

La lista de los que recibieron su dinero era impresionante: guardias de prisiones, agentes fronterizos, abogados y varios funcionarios de la Policía Nacional de Colombia.

Ramírez fanfarroneó desde el banquillo de los testigos que en 1997 gastó más de 10 millones de dólares en sobornos para que todo el congreso colombiano cambiara las leyes de extradición del país a su favor. También afirmó haber pagado hasta 500.000 dólares a Ernesto Samper, expresidente de Colombia, cuando fue candidato a la presidencia.

Incluso quienes trabajan en el sector privado, han dicho testigos, aceptaron efectivo de los carteles.

Hace unas semanas, los miembros del jurado se enteraron de que Guzmán había llegado a un acuerdo con una firma de banquetes colombiana para transportar a hurtadillas cocaína por el aeropuerto de Bogotá y burlar a los agentes de seguridad, para después subir los cargamentos a aviones de la aerolínea venezolana Aeropostal. Cuando los aviones llegaron a Ciudad de México, según se informó a los miembros del jurado, una tripulación de empleados corruptos trasladaba la droga a camiones del cártel.

Jorge Cifuentes Villa, un traficante colombiano que también le envió cocaína a Guzmán, hace poco testificó que, durante su carrera, lavó hasta 15 millones de dólares en ganancias del narcotráfico a través de una empresa corrupta de tarjetas de débito.

 Cifuentes también dijo que alguna vez le pagó a un gemólogo para certificar de manera fraudulenta que había esmeraldas en una mina en la que había invertido y que estaba usando como tapadera para la operación de narcotráfico.

El jurado no ha escuchado algunas de las pruebas más atroces de corrupción, y probablemente jamás lo hará.

En noviembre, por ejemplo, uno de los exjefes de operaciones de Guzmán, Jesús Zambada García, se preparó para revelar que dos presidentes mexicanos —que no fueron nombrados— habían aceptado sobornos enormes del cártel. Sin embargo, el testimonio fue suprimido antes de que pudiera escucharlo el juez Brian M. Cogan, quien determinó que avergonzaría innecesariamente a ciertos “individuos y entidades”.

No obstante, quizá se mencionen más testimonios de sobornos.

En su declaración de apertura, Jeffrey Lichtman, uno de los abogados de Guzmán, les prometió a los miembros del jurado que un testigo que aún no se había presentado en el juicio, César Gastélum Serrano, podría hablar de sobornos —si así se lo pedían— que recibieron candidatos presidenciales en Guatemala y también de haber sobornado a un presidente de Honduras.

Después hubo otro posible testigo, Dámaso López Núñez, uno de los principales subordinados de Guzmán, quien al parecer tenía a miembros de la Marina mexicana, a funcionarios de inteligencia y a políticos locales en su nómina.

“No hay ninguna parte del gobierno mexicano ni del sistema judicial que Dámaso no haya controlado”, dijo Lichtman."                   (Alan Feuer, The New York Times, 03/01/19)