"A finales de 2008 se desató en Lugo la
Operación Carioca,
que no tardaría en convertirse en la mayor investigación contra las
mafias de la prostitución realizada en España. Fue un caso mediático,
que hizo famosa a la titular del juzgado de instrucción número 1 de
Lugo,
Pilar de Lara, y del que derivaron otros tan
sonados como el Campeón y el Pokémon, además de muchos otros menores que
se tramitaron en piezas separadas.
Una década después, las decenas de
imputados en un sumario que investiga las supuestas relaciones entre agentes del orden y proxenetas han quedado reducidos a cinco, entre ellos dos agentes de la Guardia Civil.
El auto que cierra la instrucción de la pieza original y principal, la que investiga las relaciones del cabo de la
Guardia Civil Armando Lorenzo con varios burdeles de Lugo, coincide con la resolución del Poder Judicial de
imponer a la jueza una sanción de siete meses y un día de
suspensión de funciones por una falta muy grave de desatención en el
ejercicio de las competencias judiciales.
Al ser superior a los seis
meses, la sanción implica la pérdida de destino, aunque la suspensión no
será ejecutiva hasta que se agote la vía administrativa, que concede a
la magistrada un mes de plazo para recurrir en alzada al pleno del
Consejo General del Poder Judicial.
El expediente abierto a De Lara se basó en la presunta “desatención o
retrasos injustificados en la instrucción de causas penales” y por
“adoptar decisiones que, con manifiesto abuso procesal, generan ficticios incrementos del volumen de trabajo”.
Se trata en definitiva de dilaciones en los sumarios que el CGPJ
considera infundados. En el caso de la Carioca, de Lara ha tardado más
de 10 años en concluir la investigación.
Lo ha hecho con un auto que
hace recaer el grueso de las acusaciones sobre Armando Lorenzo, a quien
imputa hasta 78 delitos, los principales por agresión y abuso sexual. La
jueza también acusa en la misma pieza al que era su jefe directo cuando
sucedieron los hechos, Julio Baquero, y a tres presuntos proxenetas: José Manuel García Adán, José Marcos Grandío Escariz y Jesús González Varela.
Queda
visto para el informe de la fiscalía una macrocausa que ocupa 310 tomos
y llegó a sumar 89 imputados y 377 testigos, aunque de ella se
segregaron en torno a 50 casos de los que alrededor de 30 ya han sido
archivados. En su auto, de 220 folios, la jueza describe las condiciones
de explotación que sufrían las mujeres en los burdeles y la
colaboración que atribuye a los agentes en el “sometimiento, miedo e
intimidación” a las prostitutas impuesto
por los proxenetas.
Según el auto, los propietarios de los burdeles pagaban al Guardia
Civil en efectivo y con copas y sexo gratis a cambio de su protección,
no solo mediante chivatazos, sino también con ayuda para arreglar los
papeles de las mujeres, en su gran mayoría extranjeras.
El auto, que deja en manos de la Fiscalía la especificación de los
delitos y la petición de penas, dispone el inminente procesamiento de
Lorenzo, Baquero y los tres supuestos proxenetas, de los que García Adán
era dueño de los clubes Colina y Queen’s, este último situado en el
epicentro de la trama.
De Lara
responsabiliza directamente a la Guardia Civil de los delitos
supuestamente cometidos por los dos agentes implicados, por lo que
solicita que la Administración, a través de la Dirección General de la
Guardia Civil, sea condenada a pagar las indemnizaciones que
correspondan a las víctimas,
24 mujeres que tendrán derecho a ayudas para personarse en calidad de víctimas de
violencia de género. Explica la jueza que las actividades de los agentes eran “ampliamente conocidas por sus superiores jerárquicos”.
El
auto detalla que Armando Lorenzo ejercía supuestamente su influencia en
una docena de clubes de la provincia y llegó a cobrar dinero de unos
siete. En algunos casos parecía uno más, “como si estuviera en nómina”,
mientras se generalizaba la creencia de que tenía “capacidad para arreglar todo tipo de papeles y documentación
relativa a la situación administrativa de extranjeros en España”.
El
imputado también se encargaba de derivar a los burdeles que regentaba el
proxeneta García Adán a muchas trabajadoras de los clubes en los que
había redadas, en vez de llevarlas a una casa de acogida o una ONG,
sostiene De Lara.
La jueza ordena en su auto el sobreseimiento de las acusaciones
contra diez personas que estaban imputadas en esta pieza, entre ellas
otro agente de la Guardia Civil de Lugo y un empresario lucense. Las
otras ocho implicadas eran mujeres prostituidas a las que se investigaba
por cohecho y tráfico de influencia. En cuanto a Lorenzo, sostiene que existen pruebas y testimonios
para acusarlo de un delito de agresión sexual y 21 de cohecho o abuso
de autoridad, nueve de ellos en concurso con delitos de abuso sexual y
otro, con acoso.
Además, aprecia otros ocho delitos de cohecho y seis de extorsión,
en una larga lista que incluye colaboración con la prostitución,
omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias,
revelación de secretos, falsedad documental y obstrucción a la justicia,
hasta completar los 78 señalados. La jueza considera que el agente es
también responsable de casi 30 delitos adicionales, que archiva por
falta pruebas o por haber prescrito.
La operación que conmocionó a Galicia a finales de la pasada década
se desinfló poco a poco, pero dio un gran paso atrás cuando el pasado
mes de diciembre la fiscalía descartó la acusación contra los tres
policías locales relacionados con los clubes y el policía nacional que,
según sospechaba el juzgado, permitió la entrada a través de Barajas de
varias mujeres reclutadas en Brasil.
Las dos fiscales encargadas del
caso también dejaron sin castigo la prostitución de dos menores en otro
club de la Carioca. El ministerio público considera que el hecho de que
uno de los policías locales no pagase en el Queen’s no tenía que ver con
su condición de agente, por lo que no habría cohecho impropio.
La Operación Carioca dio a conocer en toda España a Pilar de Lara, que
se convertiría rápidamente en la jueza más mediática de Galicia,
que ha impulsado desde su pequeño juzgado de Lugo macrocausas que han
implicado a conocidos empresarios, alcaldes, conselleiros y hasta al
presidente de la
Xunta.
La magistrada se enfrentaba a una sanción profesional de entre tres y
siete meses de suspensión de empleo y sueldo por las supuestas
dilaciones indebidas en el contexto de sus causas. Entre ellas la
Carioca, pero también otras como la Pokémon y la Garañón en las que
investiga supuestos casos de corrupción política. El CGPJ ha optado por
la sanción máxima, que conllevaría de confirmarse el traslado forzoso de
Lugo.
El nexo de unión de todas esas causas que han hecho famosa a De Lara y
han motivado el expediente se encuentra en el Queen’s. Ese prostíbulo
ubicado en un parque industrial de Lugo era el centro de operaciones de
José Manuel García Adán, el lugar donde cultivó excelentes relaciones
con policías, políticos y empresarios de Lugo. A Adán se le levantaban
multas de tráfico, se le suministraba información sobre atestados
policiales y se le resolvían problemas con las licencias municipales o
con los papeles de las inmigrantes.
Las escuchas policiales
ordenadas por De Lara en la Carioca dieron lugar a muchos otros
sumarios, en los que fueron imputados políticos tan importantes como el
entonces ministro portavoz del Gobierno, José Blanco.
El presidente de la Audiencia Provincial de Lugo, José Antonio Antela Agrelo, fue otro de los investigados, como también lo fue el entonces alcalde socialista de Lugo, José López Orozco, o el que fuera líder del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, que tuvo que abandonar su carrera política. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo , se libró de ser imputado por decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
