"La pasada semana se presentó en España el informe Un asunto tóxico,
elaborado por la periodista Stéphane Horel, que destapa las presiones
del lobby de la industria química para bloquear la adopción de medidas
contra los disruptores hormonales (EDC, por sus siglas en inglés).
“Existe una ley europea que permite a cualquier ciudadano de
la UE el acceso a los documentos hechos por instituciones públicas
europeas y utilicé esa ley. Lo hice durante tres años, con casi
30 peticiones de acceso a documentos. Y conseguí cientos de páginas de
correspondencia interna, de la Comisión y diferentes servicios, pero también correspondencia entre la Comisión y los lobbies.
De esta forma hemos sido capaces de reconstruir lo que estaba sucediendo”, explica Horel a Diagonal. Su intención no es hacer el relato postmortem de las consecuencias de una acción de lobby, explicando a posteriori cómo se han salido con la suya y han conseguido reescribir la ley, sino contarlo antes, de forma que la población informada pueda intervenir en el debate y no permitir que se privatice la decisión pública.
Esta organización alerta, además, de que “los efectos de la exposición a EDC en una generación pueden transmitirse a las generaciones futuras a través de los mecanismos involucrados en la actividad de programación genética”.
Pero, ¿dónde están estos compuestos? Los EDC se encuentran en alimentos, agua, envases, juguetes, textiles, cosméticos, plaguicidas, productos de higiene, materiales de construcción, materiales de uso clínico y en otros numerosos artículos de consumo... Hasta ahora, alrededor de mil sustancias han sido identificadas como potenciales disruptores endocrinos.
Sus riesgos los avalan estudios científicos encargados por la Comisión Europea, además de informes de la OMS, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia o la Sociedad Mundial de Endocrinología. Y al menos tres normas de la UE exigen que se tomen medidas contra los disruptores endocrinos.
La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), que reúne a 12 sociedades científicas y 3.800 profesionales y científicos del campo de la Salud Pública en España, llegó a remitir una carta en enero de 2014 a la ministra de Sanidad y a la Comisión Europea exigiendo una regulación más estricta de los disruptores endocrinos por la amenaza que suponen para la salud de la población. En ella solicitaban la implantación de una serie de políticas para reducir el riesgo que los EDC causan en la salud.
Tampoco es posible establecer un listado atendiendo sólo al efecto de cada químico. “En la vida real la población general está expuesta a un cóctel de concentraciones bajas de centenares de sustancias químicas diferentes y, sin embargo, las evaluaciones de riesgo que se realizan en la actualidad sólo contemplan las sustancias químicas individualmente”, dice Dolores Romano, de Ecologistas en Acción.
Precisamente una característica de algunos EDC es que el efecto adverso puede darse por la acción combinada de varias sustancias que a nivel individual no presenten efectos negativos detectables. De ahí la imposibilidad de establecer niveles de exposición seguros, como exige la industria. Tan sólo cabe determinar cuáles son y prohibir su uso.
La tarea de elaborar a nivel europeo la definición de estas sustancias para, a partir de ahí, poder establecer su regulación se encargó a la Dirección de Medio Ambiente de la Comisión Europea, que inició una revisión científica detallada sobre los EDC, encargada a un equipo dirigido por el profesor Andreas Kortenkamp y publicada en enero de 2012.
La carta se hizo pública meses después, al incluirse en un editorial firmado por 18 editores asociados de revistas científicas que ponían en cuestión la investigación sobre los EDC por estar “científicamente infundada”. Del total de 18 editores, 17 tenían vínculos con la industria química, cosmética, farmacéutica, de pesticidas, biotecnológica e incluso del tabaco.
No es un caso aislado. Parece evidente que para las instituciones europeas no son un un problema los conflictos de intereses entre sus asesores científicos. “En la Agencia de Seguridad Alimentaria, por ejemplo, contamos que un 58% de los expertos tenían relación con la industria. Y para esa agencia está bien.
Hay una visión en las instituciones de que es correcto porque, como buen experto, necesitas tener relación con la industria –denuncia Horel–. Pero si alguien está siendo pagado por BASF para hacer estudios sobre los efectos de los pesticidas en las personas, esto debe ser tenido en cuenta”.
“Es lo que he llamado ‘la fabricación de la duda’. Consiste en transformar la incertidumbre, que está en el corazón mismo de la ciencia, en duda. Crean pseudocontroversias por las que el responsable de tomar las decisiones políticas dude de la existencia de un consenso”, explica Horel.
“La mayoría de las veces éstos no tienen formación científica y es fácil que se fíen de un artículo publicado en una revista científica, porque si está publicado ahí tiene que ser cierto, es ciencia”, añade la periodista.
Como señala la investigadora en su informe, desde el caso del tabaco en la década de los 50 al cambio climático en la actualidad existe una larga historia de intentos de la industria por fabricar dudas contra cualquier evidencia científica que demuestre los efectos perjudiciales de sus productos. Una de las formas más efectivas para hacerlo es financiar estudios que señalen otras posibles causas para estos efectos perjudiciales.
“Existen sorprendentes evidencias de que las medidas de los gobiernos contra las sustancias preligrosas –desde el amianto al plomo, y desde el tabaco a algunos pesticidas– han sido demoradas durante años, en ocasiones décadas enteras, debido a las actividades del lobby industrial para debilitar la ciencia”, afirma Horel en su informe.
En el caso de los EDC, además de subvencionar estudios que desacreditasen las investigaciones independientes, también se inició una estrategia para generar alarma social sobre el daño económico que podría llegar a producir la eliminación de estos compuestos de sus productos, y el obstáculo que podía suponer para el tratado de libre comercio que se empezaba a negociar entre EE UU y Europa (TTIP).
Los encargados de trasladar los deseos de la industria a los responsables políticos son los lobbistas. Entre 20.000 y 30.000 pueblan la sede de la UE, y la gran mayoría representa a corporaciones. Suelen ser antiguos funcionarios de la Comisión, europarlamentarios o empleados del Parlamento o del Consejo. Por lo tanto, están en una buena posición para hacer lobby entre sus antiguos colegas y conocen el funcionamiento interno del sistema.
“A veces caemos en la trampa de decir que es legítimo que defiendan sus intereses. Pero, si su interés es envenenarme, yo creo que no es legítimo. Ahí tenemos que trazar una línea”, explica Jordi Sebastiá, eurodiputado de Compromís-EQUO.
Sus presiones tuvieron éxito y consiguieron que la Comisión encargase una evaluación de impacto socioeconómico, que obligaba a dilatar la regulación de estas sustancias. “Antes que una valoración científica sobre el impacto que pueda tener sobre nuestra salud se ha priorizado un análisis de impacto económico”, se lamenta Xabier Benito, eurodiputado de Podemos, valoración que comparten desde Ecologistas en Acción: “Aquí lo que vemos es una subyugación de los intereses ambientales, de salud, frente a los económicos”.
No es la primera vez que ocurre algo así. Carlos Martínez, del Departamento Confederal de Medio Ambiente de CC OO, comenta su experiencia durante la presentación del informe en Madrid: “En 2004, cuando se estaba discutiendo el reglamento Reach europeo de sustancias químicas, la patronal química europea declaró que se iban a perder 240.000 empleos por la aplicación de este régimen.
El reglamento lleva bastantes años en marcha y no se ha perdido ningún puesto de trabajo, pero en aquella época nos creaba muchos problemas, porque nuestros compañeros del sector nos cuestionaban”.
Otro golpe al proceso de regulación se produce con las elecciones europeas de 2014. Los cambios introducidos por el nuevo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, implican que la díscola Dirección General de Medio Ambiente sea desplazada oficialmente.
La regulación de los EDC pasa a ser responsabilidad de la Dirección General de Salud y Consumidores, mucho más atenta a las necesidades de la industria. “Se retiró a la gente que llevaba trabajando cuatro años en esto, que consultaba a todo el mundo, de una forma transparente, que respondía a las preguntas que les hacíamos, que colgaba online todos los documentos de las reuniones”, critica Horel.
Desde un punto de vista científico, tener la potencia como un criterio para identificar los disruptores hormonales no tiene sentido, es absurdo”, se lamenta la investigadora. “No es una cuestión científica, es una cuestión política y ética. Si creemos que hay efectos, están ocurriendo ahora y hay una responsabilidad política para actuar y proteger a las futuras generaciones”.
Miles de millones de euros dedicados a influir en decisiones políticas y a pagar investigaciones favorables que podrían haber financiado el desarrollo de compuestos alternativos.
Ésta es la paradoja que sorprende a Horel. “Cuando hablo con gente de la industria, les pregunto por qué en lugar de gastar millones en lobbying y relaciones públicas no lo gastan en investigar sustitutos. Al final, necesitaremos reemplazarlos con algo. No los ponemos en los objetos sólo por placer, sino porque son útiles”.
De esta forma hemos sido capaces de reconstruir lo que estaba sucediendo”, explica Horel a Diagonal. Su intención no es hacer el relato postmortem de las consecuencias de una acción de lobby, explicando a posteriori cómo se han salido con la suya y han conseguido reescribir la ley, sino contarlo antes, de forma que la población informada pueda intervenir en el debate y no permitir que se privatice la decisión pública.
¿Disru... qué?
Los EDC son un conjunto heterogéneo de compuestos químicos que tienen la capacidad de imitar, bloquear o alterar nuestros niveles de hormonas (estrógenos, testosterona, hormonas tiroideas...). “Se cree que muchos cánceres hormonales, como los de mama, próstata, testículo, ovario y endometrio, pueden tener su origen en la exposición a estas sustancias durante la etapa fetal y en la pubertad”, apuntan desde Ecologistas en Acción.Esta organización alerta, además, de que “los efectos de la exposición a EDC en una generación pueden transmitirse a las generaciones futuras a través de los mecanismos involucrados en la actividad de programación genética”.
Pero, ¿dónde están estos compuestos? Los EDC se encuentran en alimentos, agua, envases, juguetes, textiles, cosméticos, plaguicidas, productos de higiene, materiales de construcción, materiales de uso clínico y en otros numerosos artículos de consumo... Hasta ahora, alrededor de mil sustancias han sido identificadas como potenciales disruptores endocrinos.
Sus riesgos los avalan estudios científicos encargados por la Comisión Europea, además de informes de la OMS, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia o la Sociedad Mundial de Endocrinología. Y al menos tres normas de la UE exigen que se tomen medidas contra los disruptores endocrinos.
La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), que reúne a 12 sociedades científicas y 3.800 profesionales y científicos del campo de la Salud Pública en España, llegó a remitir una carta en enero de 2014 a la ministra de Sanidad y a la Comisión Europea exigiendo una regulación más estricta de los disruptores endocrinos por la amenaza que suponen para la salud de la población. En ella solicitaban la implantación de una serie de políticas para reducir el riesgo que los EDC causan en la salud.
Cóctel tóxico
Cualquiera podría preguntarse cómo es posible la presencia de estas sustancias en productos comercializados dentro de la UE, donde se presuponen unos buenos controles de seguridad. Uno de los problemas, dice Horel, es que “no existe una prueba, no hay algo como un test de embarazo para saber si un químico es un disruptor o no”. Y ésa es la reglamentación que se ha exigido a la UE y que la industria intenta paralizar.Tampoco es posible establecer un listado atendiendo sólo al efecto de cada químico. “En la vida real la población general está expuesta a un cóctel de concentraciones bajas de centenares de sustancias químicas diferentes y, sin embargo, las evaluaciones de riesgo que se realizan en la actualidad sólo contemplan las sustancias químicas individualmente”, dice Dolores Romano, de Ecologistas en Acción.
Precisamente una característica de algunos EDC es que el efecto adverso puede darse por la acción combinada de varias sustancias que a nivel individual no presenten efectos negativos detectables. De ahí la imposibilidad de establecer niveles de exposición seguros, como exige la industria. Tan sólo cabe determinar cuáles son y prohibir su uso.
La tarea de elaborar a nivel europeo la definición de estas sustancias para, a partir de ahí, poder establecer su regulación se encargó a la Dirección de Medio Ambiente de la Comisión Europea, que inició una revisión científica detallada sobre los EDC, encargada a un equipo dirigido por el profesor Andreas Kortenkamp y publicada en enero de 2012.
Ciencia contra la ciencia
Las principales conclusiones del informe Kortenkamp, que definieron los EDC como “una grave amenaza a la salud pública”, molestaron mucho a la industria. Como respuesta, en junio de 2013, un grupo de 56 científicos envió una carta a Anne Glover, la asesora científica principal del entonces presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, en la que criticaban este trabajo.La carta se hizo pública meses después, al incluirse en un editorial firmado por 18 editores asociados de revistas científicas que ponían en cuestión la investigación sobre los EDC por estar “científicamente infundada”. Del total de 18 editores, 17 tenían vínculos con la industria química, cosmética, farmacéutica, de pesticidas, biotecnológica e incluso del tabaco.
No es un caso aislado. Parece evidente que para las instituciones europeas no son un un problema los conflictos de intereses entre sus asesores científicos. “En la Agencia de Seguridad Alimentaria, por ejemplo, contamos que un 58% de los expertos tenían relación con la industria. Y para esa agencia está bien.
Hay una visión en las instituciones de que es correcto porque, como buen experto, necesitas tener relación con la industria –denuncia Horel–. Pero si alguien está siendo pagado por BASF para hacer estudios sobre los efectos de los pesticidas en las personas, esto debe ser tenido en cuenta”.
“Es lo que he llamado ‘la fabricación de la duda’. Consiste en transformar la incertidumbre, que está en el corazón mismo de la ciencia, en duda. Crean pseudocontroversias por las que el responsable de tomar las decisiones políticas dude de la existencia de un consenso”, explica Horel.
“La mayoría de las veces éstos no tienen formación científica y es fácil que se fíen de un artículo publicado en una revista científica, porque si está publicado ahí tiene que ser cierto, es ciencia”, añade la periodista.
Como señala la investigadora en su informe, desde el caso del tabaco en la década de los 50 al cambio climático en la actualidad existe una larga historia de intentos de la industria por fabricar dudas contra cualquier evidencia científica que demuestre los efectos perjudiciales de sus productos. Una de las formas más efectivas para hacerlo es financiar estudios que señalen otras posibles causas para estos efectos perjudiciales.
“Existen sorprendentes evidencias de que las medidas de los gobiernos contra las sustancias preligrosas –desde el amianto al plomo, y desde el tabaco a algunos pesticidas– han sido demoradas durante años, en ocasiones décadas enteras, debido a las actividades del lobby industrial para debilitar la ciencia”, afirma Horel en su informe.
En el caso de los EDC, además de subvencionar estudios que desacreditasen las investigaciones independientes, también se inició una estrategia para generar alarma social sobre el daño económico que podría llegar a producir la eliminación de estos compuestos de sus productos, y el obstáculo que podía suponer para el tratado de libre comercio que se empezaba a negociar entre EE UU y Europa (TTIP).
Los encargados de trasladar los deseos de la industria a los responsables políticos son los lobbistas. Entre 20.000 y 30.000 pueblan la sede de la UE, y la gran mayoría representa a corporaciones. Suelen ser antiguos funcionarios de la Comisión, europarlamentarios o empleados del Parlamento o del Consejo. Por lo tanto, están en una buena posición para hacer lobby entre sus antiguos colegas y conocen el funcionamiento interno del sistema.
“A veces caemos en la trampa de decir que es legítimo que defiendan sus intereses. Pero, si su interés es envenenarme, yo creo que no es legítimo. Ahí tenemos que trazar una línea”, explica Jordi Sebastiá, eurodiputado de Compromís-EQUO.
Sus presiones tuvieron éxito y consiguieron que la Comisión encargase una evaluación de impacto socioeconómico, que obligaba a dilatar la regulación de estas sustancias. “Antes que una valoración científica sobre el impacto que pueda tener sobre nuestra salud se ha priorizado un análisis de impacto económico”, se lamenta Xabier Benito, eurodiputado de Podemos, valoración que comparten desde Ecologistas en Acción: “Aquí lo que vemos es una subyugación de los intereses ambientales, de salud, frente a los económicos”.
No es la primera vez que ocurre algo así. Carlos Martínez, del Departamento Confederal de Medio Ambiente de CC OO, comenta su experiencia durante la presentación del informe en Madrid: “En 2004, cuando se estaba discutiendo el reglamento Reach europeo de sustancias químicas, la patronal química europea declaró que se iban a perder 240.000 empleos por la aplicación de este régimen.
El reglamento lleva bastantes años en marcha y no se ha perdido ningún puesto de trabajo, pero en aquella época nos creaba muchos problemas, porque nuestros compañeros del sector nos cuestionaban”.
Otro golpe al proceso de regulación se produce con las elecciones europeas de 2014. Los cambios introducidos por el nuevo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, implican que la díscola Dirección General de Medio Ambiente sea desplazada oficialmente.
La regulación de los EDC pasa a ser responsabilidad de la Dirección General de Salud y Consumidores, mucho más atenta a las necesidades de la industria. “Se retiró a la gente que llevaba trabajando cuatro años en esto, que consultaba a todo el mundo, de una forma transparente, que respondía a las preguntas que les hacíamos, que colgaba online todos los documentos de las reuniones”, critica Horel.
Próximos pasos
El pasado diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea exigió a la Comisión que hiciese públicos los criterios para definir los EDC. La respuesta de la Comisión ha sido que los publicarán antes del verano, pero que la harán basándose en el criterio de potencia, por el cual sólo se incluirán en la regulación los compuestos químicos más fuertes. “Significa que los disruptores endocrinos débiles, pero que pueden actuar en la gente de una forma agregada, no serán tenidos en cuenta.Desde un punto de vista científico, tener la potencia como un criterio para identificar los disruptores hormonales no tiene sentido, es absurdo”, se lamenta la investigadora. “No es una cuestión científica, es una cuestión política y ética. Si creemos que hay efectos, están ocurriendo ahora y hay una responsabilidad política para actuar y proteger a las futuras generaciones”.
Miles de millones de euros dedicados a influir en decisiones políticas y a pagar investigaciones favorables que podrían haber financiado el desarrollo de compuestos alternativos.
Ésta es la paradoja que sorprende a Horel. “Cuando hablo con gente de la industria, les pregunto por qué en lugar de gastar millones en lobbying y relaciones públicas no lo gastan en investigar sustitutos. Al final, necesitaremos reemplazarlos con algo. No los ponemos en los objetos sólo por placer, sino porque son útiles”.
Los disruptores hormonales en España
Según la Sociedad Española de Salud Pública y Administraciones Sanitarias, los niveles de disruptores endocrinos presentes en el organismo de la población en España (la llamada ‘contaminación interna’) son muy superiores a los de la población de otros países en los que se han hecho estudios similares, incluyendo EE UU, Canadá y Nueva Zelanda.Un equipo de investigación sobre contaminantes ambientales dirigido por el doctor Nicolás Olea analizó la presencia de 16 plaguicidas, todos con capacidad de alterar el sistema hormonal, en 150 muestras de placenta de mujeres andaluzas. En todas ellas se detectó al menos un contaminante, con una media de ocho plaguicidas por placenta.
Otro estudio en la población catalana, dirigido por el doctor Miquel Porta analizó 19 sustancias organocloradas con capacidad de disrupción endocrina en una muestra de 919 personas. Concluyó que más del 85% de la población catalana presenta niveles detectables de las mismas.
Estos datos indican una exposición generalizada de la población a una mezcla de varias sustancias con capacidad de alterar el sistema endocrino. Curiosamente, según esta investigación, las personas con un nivel educativo inferior presentan concentraciones superiores de estos contaminantes, observándose una disminución según aumenta el nivel educativo. La clase social más alta presenta concentraciones inferiores que el resto.
