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13.9.22

La Justicia anula un 'dedazo' en la adjudicación de una plaza de profesor en una universidad pública

 "Cuando José Mateos vio la puntuación que había obtenido en una convocatoria para una plaza en la Universidad de Murcia (UMU) decidió que iba a denunciar. Mateos llevaba años como profesor asociado en el departamento de Fundamentos del Orden Jurídico y Constitucional de esa misma universidad cuando salió la plaza, en 2020, como profesor ayudante de Derecho Constitucional. Se presentó. Una vez resuelta, llegó la sorpresa: su puntuación era menor de la que esperaba en función a lo que pedía la convocatoria.  

El juzgado de lo Contencioso y Administrativo número 5 de Murcia le dio la razón. En la sentencia, consultada por elDiario.es, el magistrado acuerda conceder unas calificaciones superiores a las que dio en un inicio la UMU por los méritos y le recuerda a la universidad que las puntuaciones de un concurso de méritos tienen poco (aunque siempre hay algo) de subjetivo y que están muy normativizadas. “El ámbito reglado, controlable por la jurisdicción, no es el mismo en una oposición que en un concurso de méritos, como es el aquí revisado. Así, mientras en los ejercicios de una oposición existe un amplio margen de discrecionalidad técnica, sin perjuicio de los elementos reglados determinados en la convocatoria, en un concurso de méritos, en cuanto se supone mero cotejo o verificación (...) es un ámbito fuertemente reglado”.

Bajo esta premisa, el tribunal revisó las puntuaciones otorgadas a Mateos, corrigió varias de ellas y le acabó dando 95,66 puntos, una puntuación que le hacía superar al otro solicitante de la plaza. Por lo tanto, siguiendo el veredicto, se anularon “por ser contrarias a Derecho” todas las resoluciones anteriores, además de “los derechos económicos y administrativos generados desde la fecha de la resolución impugnada”. Parecía que el puesto finalmente era suyo.

Pero a menos de 24 horas de la convocatoria del juicio, en febrero de 2022, la Universidad de Murcia ofertó una plaza de contratado doctor para el departamento, una posición superior que de facto “invalida” el puesto de profesor ayudante, de manera que la universidad amortiza el puesto que Mateos ganó en los tribunales. Es habitual en la Universidad que una plaza de ayudante doctor se sustituya, con el tiempo, por una de contratado doctor. “Pero lo normal es que pasen varios años entre una y otra y en este caso pasó apenas uno”, recuerda Mateos, que asegura que se trata de una plaza creada para colocar al candidato al que él superó tras la revisión judicial: “Es muy común que se hagan plazas a medida para los favoritos de las universidades”, asegura.

En cualquier caso, Mateos decidió presentarse también a esta nueva plaza, pero el resultado de esta segunda convocatoria fue aún más chocante para él: sacó la puntuación mínima (2,5 sobre 10) y en la evaluación se consideraba que no contaba con méritos en Derecho Constitucional. Ante esta situación, ha decido recurrir judicialmente la convocatoria y la adjudicación de la plaza, ambas a espera de fecha de juicio. Por ahora, continúa como profesor asociado.

La Universidad de Murcia y el departamento correspondiente han preferido no hacer declaraciones sobre el caso ante las preguntas de este periódico.

Una mala relación desde los inicios

Para Mateos, la última plaza ha sido creada y facilitada a una persona más próxima al departamento para cubrir el puesto que él ganó vía judicial. “Hay una clara corriente conservadora predominante”, asegura. Además, al igual que organizaciones de investigadores como FJI, ve estas prácticas como “un problema estructural y endogámico de las universidades españolas”. El profesor universitario lamenta que, en su caso, le hayan puesto “mil trabas” y que como profesor asociado le hayan dado “las horas docencia mínima que correspondían”, además de estar “excluido de cualquier proyecto investigador”.

Con la idea de acabar con estos problemas, las organizaciones de investigadoras piden independencia en el proceso de selección. En este sentido la reforma de la Ley Orgánica del Sistema Universitario que está tramitando el Ministerio de Universidades contempla que los tribunales de selección deban tener una mayoría de miembros de fuera de la universidad, que además se elegirán por sorteo. Pero la ley sigue en trámite y de momento “las plazas las reciben siempre los favoritos de la gente de la casa y así no es posible tener un sistema universitario docente de calidad”, critica Mateos.

El docente demandante ya había tenido problemas judiciales antes con la universidad. En 2007, durante el contexto de la implantación del plan Bolonia, Mateos era becario. Participaba en un movimiento estudiantil y tenía un blog en el que criticaba las actuaciones del rector de la UMU, al que considera próximo al PP de la región. El presidente del Consejo de Estudiantes le abrió un expediente disciplinario y lo expulsaron un año de la universidad. 

El que fue presidente del Consejo de Estudiantes denunció a Mateos por una vulneración al derecho al honor en las críticas de su blog y pidió una compensación económica. La Audiencia Provincial de Murcia anuló la denuncia bajo una sentencia fechada en 2013, dando prevalencia al derecho a la libertad de expresión. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia anuló la expulsión de Mateos de la UMU por sus críticas al rector y al Consejo de Estudiantes. En el acta, consultada por este diario, la sustituyen por una amonestación por falta leve."                  (Raúl Novoa, eldiario.es, 18/08/22)

5.7.22

El caso del profesor que debe ir escoltado en la Universidad del País Vasco ante el acoso de compañeros por denunciar irregularidades: “Tengo miedo de que me tiren por las escaleras”

 "Aprobado general. Todos los alumnos del grado de Marina de la Universidad del País Vasco (UPV) han superado la asignatura Motores de Combustión Interna II, incluidos aquellos que dejaron en blanco la mayor parte de su examen. La universidad pública vasca ha decidido adoptar esta medida de gracia para tratar de resolver un conflicto interno que afecta gravemente a uno de sus profesores, el doctor titular Iñaki Loroño, y ha acabado involucrando a los estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Bilbao (conocida como Escuela de Náutica de Portugalete). El profesor Loroño (58 años), funcionario de carrera con 26 años de trayectoria en la UPV, asegura ser víctima de un “acoso permanente” por parte de profesores de su departamento y sufrir amenazas de alumnos que la dirección académica, según su testimonio, “ha dejado pasar por alto”. Está de baja médica y estudia poner a disposición de la policía todo el material que probaría esta “persecución laboral”, incluidas grabaciones con los insultos y las amenazas de muerte que viene recibiendo. La universidad le ha ofrecido dejar la facultad y continuar con la docencia en las Aulas de la Experiencia a partir del próximo curso.

El calvario que vive Loroño arranca años atrás, hace seis cursos aproximadamente, cuando comenzó a advertir a sus superiores y al Rectorado de “irregularidades” en la contratación de profesores o que algunos docentes no estaban acreditados para impartir determinadas asignaturas y esto estaba poniendo en peligro que algunas titulaciones perdiesen sus homologaciones y los alumnos al terminar no pudiesen ejercer como oficiales de la marina mercante. Más tarde los alertó de la “peligrosa situación” de las instalaciones del taller principal de la Escuela de Náutica. También puso al descubierto que otros profesores “dejaban de impartir las clases que les correspondían” o incurrían en “incompatibilidad por trabajar fuera de la universidad mientras dejaban de dar las clases”. Estas denuncias, todas documentadas, según este docente, son el origen de la animadversión que le tienen compañeros de profesión y que se ha sustanciado en “insultos, vejaciones y una campaña de desprestigio”.

“Tengo miedo, tengo miedo de ir a trabajar, de que me tiren por las escaleras, de que me peguen…”, escribió Loroño en noviembre pasado tras vivir un episodio violento protagonizado por otro profesor de su departamento: “Fui insultado por esta persona en presencia del delegado de prevención y la técnica de prevención de la UPV. Estaban presentes algunos de mis alumnos. Se abalanzó contra mí, me gritó ‘tramposo de mierda’ mientras golpeaba de forma furibunda un libro y me increpaba y me decía que tenía que dar ese libro”. Explica que no fue la primera vez que sufría un ataque de este profesor, al que acusa de enviarle mensajes intimidatorios por correo y de llamarle con modales violentos por teléfono a casa cuando se encontraba de baja. Tiene pruebas de que ordenó a los alumnos que “tiraran el material de mi proyecto de investigación a un sótano inmundo” y que en horas de clase se dedicó a “incitar a los alumnos” en su contra. Loroño muestra grabaciones realizadas en clase en las que se oye, estando presente el director de su departamento, “vamos a por él”, “a ver si le cazamos”, además de llamarle “hijo de puta”.

Todos los escritos y grabaciones los ha puesto en conocimiento del Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador, del defensor universitario Aldezle (una suerte de defensor del pueblo en la UPV) y del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. El vicerrector Federico Recart, en un escrito que le remite por correo electrónico el pasado 10 de junio, le transmite que lamenta “mucho” su situación personal. Además, le comunica que la universidad “no tiene pruebas” de las amenazas que viene denunciando y no puede admitir “grabaciones que no sean aportadas por alguna de las personas que participa en las conversaciones grabadas”, aunque le aconseja a Loroño que “lo apropiado” es ponerlas “a disposición de la autoridad no universitaria competente”. Y con respecto a su “queja de acoso” laboral, le reitera que puede acudir a la comisión arbitral de la UPV, un órgano paritario que analiza estos casos.

La universidad ya había adoptado previamente otras medidas para tratar de que el conflicto no se agravara. En febrero decidió que guardas jurados de la institución escoltaran a Loroño dentro de la escuela de ingenieros. También resolvió que los dos profesores enfrentados no coincidieran en el centro. Loroño ha tenido que ausentarse del trabajo en varias ocasiones por prescripción médica, pues presenta “cuadro ansioso-depresivo reactivo a factores externos (conflicto laboral)”, según figura en uno de los informes psiquiátricos. Debe tomar medicación a diario. Miguel Henares, delegado sindical de la UGT (Loroño no está afiliado a esta central), ha seguido “al detalle” todo el proceso que está viviendo este profesor y afirma que en los 35 años de trabajo en la universidad pública vasca no ha conocido “ningún caso tan sangrante como el que sufre Loroño”. Este profesor recibió en 2016 un premio internacional por su trabajo a favor de la educación en Marina concedido por el Institute of Marine Engineering Science and Technology (Imarest).

 En medio de este conflicto, se acerca la fecha del examen de la discordia. Varios alumnos, salvo uno, recusan a Loroño y piden ser examinados por un tribunal. Tratan de apartarlo del examen, pero este logra mantenerse en la presidencia del tribunal evaluador. Es 30 de mayo y los 11 alumnos se presentan al examen. Son las 15.30. Dentro del aula solo comparece el profesor Loroño. En la puerta hay dos guardas de seguridad. Uno de los profesores del tribunal decide quedarse fuera y ausentarse del examen; el otro, el presunto acosador, ni siquiera acude al centro. En los pasillos aguardan también dos profesoras ajenas a la titulación enviadas por el Rectorado y tres delegados sindicales, estos como testigos.

A las 20.15 Loroño da por finalizado el examen. “La mayoría [de los estudiantes] entrega el examen en blanco. Todos, salvo dos, escriben anotaciones como la siguiente: ‘El problema 1 y el problema 2 no han sido dados en clase’. Esto es falso y puedo demostrar que son dos ejemplos que figuran en el libro de la asignatura y qué días se explicaron en clase. Fueron aleccionados por alguien para evitar que fueran corregidos por mí”, explica este profesor.

De pronto, sigue Loroño con el relato de los hechos, las profesoras que habían permanecido durante todo el examen fuera de la clase deciden que el examen debe continuar sin la presencia de ningún miembro del tribunal y dan por finalizada la prueba a las 21.00. “A los días publican unas notas falsas sin mi conocimiento, con un aprobado para todos los alumnos, salvo para el único que no me había recusado, al que suspenden. El Rectorado retira de inmediato las notas porque no habían sido consensuadas por el tribunal. El 15 de junio convoco a los otros dos representantes para acordar las calificaciones, pero ninguno de los dos se presenta”. El día 23 de junio los alumnos no conocían aún sus notas.

Cuando este diario se interesó este pasado jueves por el caso de Loroño y preguntó por qué no se habían publicado las calificaciones, un portavoz de la UPV aseguró que esta institución está formada por “un colectivo con casi 6.000 profesionales” y que “ante cualquier conflicto la universidad se remite a las actuaciones administrativas o, en su caso, judiciales en las que se sustanciará”. “No entramos a debatir ni a rebatir un caso concreto”, indicó un portavoz de la UPV. Con respecto al caso de las notas, precisó que “está en vías de solución”. Al día siguiente, viernes, se hizo público el aprobado general. Al único alumno que no recusó a Loroño y no estaba sujeto al dictamen del tribunal, lo han aprobado con un 5, cuando su profesor ya le había otorgado un “sobresaliente” y firmado su acta. Este estudiante ha comunicado por escrito al defensor universitario que ha sido “estafado” y le anuncia que está preparando una demanda judicial contra la universidad al considerar que han sido vulnerados sus derechos."                      (Mikel Ormazabal , El País, 29/06/22)

14.9.21

Caso de corrupción en el departamento de la UCM... insólita historia de presiones para retirarme de un concurso público, puntuaciones imposibles, entrevistas amañadas, documentos robados, amenazas y prevaricación...

 "La verdad sobre el 'caso Quirós': una crónica en primera persona.

 Ayer desayuné con una historia en prensa digital que cuenta un caso de corrupción en el departamento de la UCM donde me doctoré, y del cual soy el principal afectado. Me veo en la necesidad de aportar la información de que dispongo, rectificar alguna imprecisión y ayudar a esclarecer los hechos. Acompáñenme en esta insólita historia de presiones para retirarme de un concurso público, puntuaciones imposibles, entrevistas amañadas, documentos robados, amenazas y prevaricación. Prometo no aburrirles.

Me gusta ser profesor en Cuenca. La UCLM es una universidad que trata bien a su profesorado, y trabajo con un equipo competente y acogedor. El alumnado conquense es muy agradecido, llevo ya diez cursos y estoy muy a gusto. Sin embargo, me gustaría en algún momento volver a trabajar en Madrid, donde crecí, me doctoré y tengo a mi familia. Hacer menos kilómetros en este Ford Escort que tiene ya 25 años. Así que hace un par de inviernos decidí presentarme a las plazas que salieran aquí de mi especialidad, para tantear posibilidades.Thank you for watching

Esa plaza es para mi compañera de partido, no te presentes

Cuando, el verano pasado, apareció mi nombre en una lista de aspirantes a una plaza de Semiótica, recibí en mi teléfono un mensaje de Fernando José Quirós Fernández, jefe del departamento de Periodismo y Nuevos Medios de la Universidad Complutense de Madrid, que es lo que ha contado El Confidencial:

"Hablamos de esa plaza y yo te hice un ruego. ¿Te acuerdas? Haz lo que creas oportuno, estás en tu derecho. Pero yo también estoy en el mío de sentirme traicionado".

En un primer momento, no entendí de qué me hablaba. Meses antes, yo había ido contando a todo el mundo que estaba echando plazas en Madrid, para que, si sabían de alguna, me avisaran. Me llegaron unas cuantas, entre ellas esta. Quirós, con quien coincidía en la Asociación ULEPICC, me pidió que no me presentase a una que sacarían en su departamento, porque era para una profesora asociada, Juana Escabias, que, casualmente, es la Secretaria de Cultura del PSOE en la Comunidad de Madrid. El mismo partido del que Quirós había sido militante muchos años. Lo cierto es que yo ni registré mentalmente aquella advertencia. Pensé que se refería a su misma plaza de Asociada, para renovar su contrato. Los asociados están obligados a ganar su propia plaza nuevamente cada cuatro años para poder seguir en su puesto (a la mitad del profesorado le ocurre esto, en realidad).

Pero yo no tenía pensado presentarme a plazas de Asociado, que ni siquiera piden currículo académico, porque están pensadas para fichar profesionales de fuera de la universidad que impartan algunas horas. Había actualizado mis 420 páginas de CV para solicitar nueve plazas a tiempo completo, de Profesor Ayudante y Contratado, de esas que sí exigen trayectoria docente e investigadora. Si no recuerdo mal, fueron cuatro en la URJC y cinco en la UCM, en hasta cuatro departamentos diferentes. Ayer mismo volvió a pasar: en casi todas quedé segundo, porque en todas ganó el candidato interno de cada departamento aunque tuviera menos méritos, pero esa otra trama queda para la segunda temporada, que si no se nos alarga mucho esta crónica.

Ante la bronca de Quirós, pensé que habría echado la plaza de Asociado por error. Una vez que tienes rellena la solicitud en el formato que pide una universidad, presentar una convocatoria más o menos no cuesta nada. Es hacer un clic más. Protocolariamente, me disculpé ante Quirós. Sólo después supe que la asociada llevaba sólo un año, y entendí el volumen del pastel.

"Retírate o ganarás, ella no puede competir contigo… y borra esta conversación"

Fernando Quirós pretendía que no echase una plaza que sí era de mi perfil y a la que yo legítimamente aspiraba, porque la reservaba para la compañera de su antiguo partido. Cuando me vio en la lista de admitidos, me echó una bronca tremenda por WhatsApp, que es la que ahora ha difundido El Confidencial:

"Vas a ganar la plaza y la asociada que tenemos dentro del Departamento se quedará de asociada nada más. (…) No puede competir con un contratado doctor, encima das el perfil. (…) Por cierto la profesora asociada necesita la plaza como el comer porque la han echado de la escuela de teatro del Ayuntamiento de Madrid. Entrarás en Periodismo y Nuevos Medios pero no esperes que yo te de la bienvenida. (…) La solución es no concurrir, pero esa decisión no me corresponde a mí. Haz lo que creas oportuno y por favor borra esta conversación".

Quirós reconocía que ella no puede competir con mi currículum y yo cumplía el perfil, me pidió abiertamente "que esperase", insinuando que sacarían en algún momento una plaza para mí. Con toda naturalidad. No era la primera vez que yo oía algo así, cualquiera que conozca la universidad conocerá esta melodía. Ya antes se me había pedido que no echase tal plaza, porque era para fulanito, y no echase aquella otra, porque era para menganita. Tonto de mí, había ido haciendo caso, también porque estaba a gusto trabajando primero en Boston, en la Universidad de Harvard, y después en la de Castilla-La Mancha. Quería jubilarme en Madrid, sí, pero no tenía prisa. Ahora tengo 41 años, unos padres de 70 y un bebé al que cuidar. La cosa va cambiando. No estoy dispuesto a dejar de presentarme a ninguna plaza pública en mi ciudad natal por capricho de nadie.

Sin embargo, en un primer momento me asusté, y me vine abajo. Reaccioné acobardado, no tuve el desparpajo y la decisión que gastan los hijos de buena cuna, cuando se saben sobradamente merecedores de cualquier puesto. Sorprendido y asustado ante el monumental broncazo, quise en caliente aplacarle y le dije que valoraría retirarme, o no reclamar. Que se tranquilizase. Sabía cómo se las gasta y sé del poder que tiene un catedrático como Quirós, candidato a Decano, fundador y expresidente de la Asociación Internacional de Investigación ULEPICC, a cuya junta directiva yo pertenecía en ese momento (hoy ya no, claro). Todo un patriarca capaz de levantar teléfonos y mover hilos para hacer descarrilar una carrera, como efectivamente intentó más tarde. Pero no nos anticipemos.

Días después, hablándolo en frío con mi pareja, me repuse. Decidí que ya está bien, que ocurra esto mil veces no justifica que ocurra mil y una. Si todos tragamos con estas trapacerías por sabernos impotentes e indefensos, pequeñitos y amenazados con el aislamiento profesional, nunca cambiará la institución. Bien sabía que todo el mundo tiende a cerrar filas con el poder cuando están en juego sus lentejas, pero aun así decidí seguir en el concurso. E inicié el largo viaje hacia lo más hondo de la madriguera de la endogamia complutense. El infierno de un pulso individual kafkiano contra la corrupción institucionalizada. Una pesadilla que todavía continúa.

Puntuaciones imposibles, y aun con eso no bastaba

Cuando salieron las puntuaciones, fue la primera sorpresa. Quirós había nombrado un tribunal de fieles. A Juana Escabias, que había sido fichada el curso anterior como profesora asociada y tenía por tanto sólo un año de experiencia, le otorgaron la máxima puntuación en docencia (2.0), diez veces más que a mi candidatura (0.2). Hace doce años que imparto clase en universidades públicas de España, así como en Italia y Estados Unidos, siempre en asignaturas relacionadas con el perfil de la plaza. Era del todo imposible. Alguien de esa misma Facultad me sopló cuál sería la trampa: le contabilizarían como si fuera docencia universitaria las clases que imparte en la escuela municipal de teatro, a la que asisten menores y algunos adultos, pero sin pasar Selectividad ni EvAU. No hay otra posibilidad, me dijeron.

En cuanto a investigación, la cosa fue aún peor. Juana Escabias presentaba como méritos científicos sólo reseñas de teatro, ediciones de obras ajenas, actas de congresos, pequeños ensayos publicados en revistas no científicas ni académicas, y producción divulgativa relacionada con el teatro. Investigación, a parte de su tesis, prácticamente nada. Su producción por otro lado, era la normal: eso es lo que cabe esperar de un profesor Asociado, porque no tiene trayectoria en la universidad, sino en el ámbito profesional. Pero, en un concurso público para profesor Ayudante, se valoran las publicaciones científicas indexadas, con resultados de investigación originales, de las que yo presentaba veintiséis. Ella, en rigor, presentaba sólo una. No aparecía en las bases de datos académicas de referencia como Google Scholar, Scopus o ResearcherID, no tenía un índice-h, ¡ni siquiera tenía un número ORCID, que es el código oficial que piden las revistas académicas para poder publicar en ellas! No había sido aún matriculada como investigadora. Las publicaciones que presenté (y las tesis que he dirigido), tenían relación directa con el perfil de la plaza (Teoría de la Información y Semiótica de la Comunicación, no dramaturgia), las suyas no, o muy indirectamente. Sin embargo, ella obtuvo el triple de puntuación, casi la nota máxima, y yo casi la mínima. Abracadabra.

Aun con eso, mi candidatura seguía ganando en el cómputo global por dos décimas, debido a que en otros campos (como formación, estancias en el extranjero, etc.) la vacuidad de su expediente era tan manifiesta que no había cómo arañar décima alguna. Así, de los 12 admitidos a concurso, sólo ella y yo pasamos a la segunda y última fase: la entrevista personal. El trámite donde siempre se cuecen las grandes remontadas y disparidades de puntuación en las plazas "con bicho". Que son muchas, en ese departamento. Ya hubo casos célebres en el pasado.

Entrevista amañada e irregular

En vista del panorama, acudí acompañado de testigos a la entrevista y, asesorado por un abogado, grabé toda la sesión pública, que es lo recomendable en estos casos (Sentencia nº114/1984 de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional y 883/1994, 178/1996, 914/1996, 702/1997 y 286/1998 del Tribunal Supremo). Menos mal que lo hice. Aquella sesión fue un sindiós en muchos sentidos.

El primero, porque el miembro de más edad y presidente del Tribunal, el profesor Jorge Lozano, no escatimó en alabanzas a mi currículum cuando le llegó el turno de valorarme:

"Le voy a confesar algo, no entiendo nada, si me permite, porque ese currículum supera al 95% de los catedráticos de esta facultad. Realmente sorprende mucho, Ud. tiene un Récord Guinness, no conozco muchos ayudantes que hayan dirigido tesis doctorales. (…) El problema tremendo en el que Ud. está, me ha recordado, si me permite, el verso de las siete y media que dice "Ay de ti si no llegas, más si te pasas, si te pasas es peor". Es decir, yo sinceramente, no sé qué hacer con un tan excelente currículum. (…)

Yo le agradezco mucho, es más, le invito a tener una conversación conmigo cuando no nos vean los de su grupo, porque, sinceramente, es muy difícil encontrar gente con pasión por la semiótica, (…) incluso entre muchos que imparten semiótica.

Me chirría que diga que quiere venir a un departamento a impartir semiótica, yo le invito a un bar, quiero decir, que este es el inicio de una gran amistad. Yo no puedo preguntarle más cosas. Ud. es víctima del currículum español, yo le digo que Ud. entrega ese currículum en Bolonia [epicentro internacional de estudios en Semiótica, perfil solicitado por la plaza] e imagínese, claro, Ud. lo sabe., ocho años de semiótica… no sé si tienen ese currículum Paolucci o Marsciani, en los que Ud. se apoya.

Quiero decir, felicidades, le admiro mucho, ¡cómo ha podido Ud. compatibilizar todo esto!, yo debo ser muy lento, es decir, tantas asignaturas, tantos idiomas, tantas publicaciones, tantos proyectos de investigación, realmente es algo verdaderamente admirable."

Mis oídos no daban crédito, ¡hay un díscolo!, pensé, aliviado. Hasta que entendí cuál era su estrategia. Lozano quería decir que yo tenía demasiado CV para esa plaza y que por eso no me iban a admitir. Puse ojos como platos. "Con permiso", respondí, "sólo en las plazas de Ayudante No Doctor se puede descartar a alguien por exceso de CV, en el caso de que tenga el doctorado. Pero en el resto de niveles, no existe la sobrecualificación: se publica un baremo, se evalúan los méritos presentados y lo que sale, sale, sin más. No se puede tener demasiados méritos". Héctor Fouce, secretario del tribunal y mejor informado de la normativa, asentía con cara de desesperación a mis palabras. Esa estrategia improvisada por Lozano había remado a contracorriente. No se habían coordinado bien.

En esas estábamos cuando irrumpió en la sala el quinto miembro del Tribunal, el profesor Joaquín Sotelo, que había faltado a toda la sesión porque estaba "repartiendo desayunos en su Colegio Mayor", según se me informó y recoge la grabación. Llegó en el minuto 37:47 de la sesión, después de que hubiera terminado mi exposición y respondido a las preguntas del tribunal. No pudo por tanto presenciar la entrevista, pero eso no le impidió evaluarla, emitir veredicto y firmar tranquilamente las actas, como si nada. Ese comportamiento le ha valido ser cesado e inhabilitado por Rectorado como miembro del tribunal.

Los disparates no habían hecho más que empezar. Terminada mi entrevista, me expulsaron de la sesión pública. Hector Fouce me informó de que mis acompañantes y yo debíamos abandonar la sala por exceso de aforo, debido al covid. No podía estar en la entrevista a Juana. "Pero son sesiones públicas", dije. "Si me voy yo, se vulnera mi derecho a presenciarla. Habilitemos un medio telemático, un teléfono con Skype, y yo la sigo a distancia". Imposible, me dijeron, eso no se puede hacer, te tienes que ir. Me negué, tranquilamente y sin perder los nervios, como acredita la grabación.

 Ellos se negaron a comenzar. Finalmente, me dejaron sentarme en el aula contigua, dejando la puerta abierta. Dos profesoras entraron a la sala de la entrevista después de eso. E incluso cerraron las ventanas porque tenían frío. Nadie se quejó por ello. Tras una sucesión de alabanzas sin fin a su tesis doctoral, y como era previsible, la puntuación que se le otorgó en esa entrevista daba la vuelta al marcador. La plaza era suya. Hablamos de un salario de unos 1.250€ netos al mes. Son los juegos del hambre.

Documentos robados del archivo y méritos falsificados

Llegado ese punto, indignado por la sucesión infinita de trapacerías, decidí llegar al fondo de la cuestión. Presenté reclamaciones ante el Rector, el Decano, e Inspección de Servicios, adjuntando la documentación de los hechos —es lo que publicó ayer El Confidencial—. Solicitaba acceder a los expedientes para poder preparar la denuncia. El Rectorado admitió mi reclamación, me dieron acceso a los expedientes.

Allí me planté una mañana de sol, con mi bloc de notas dispuesto a documentar la denuncia en detalle. El personal de Rectorado me facilitó amablemente todas las carpetas, y pude recorrer de uno en uno los certificados de méritos presentados por Juana Escabias. Por supuesto no presentaba docencia ni investigación para competir con mi currículo, menos aún para sacar hasta tres y diez veces más puntuación. Todo era un despropósito. 

 Eso sí, el currículo estaba primorosamente ordenado, con índice y números de página, todo en su sitio. Todo, salvo un certificado, el más importante, el que yo iba buscando. Había desaparecido. Allí estaba su carpetilla trasparente de plástico, en el lugar esperado y con la etiqueta de lo que debía contener… pero vacía. Alguien se había llevado el certificado.

Ese era precisamente el papel que acreditaba su docencia. El personal de Rectorado, muy cooperador en todo momento, no daba crédito. "Debe tratarse de un error" me dijeron, "de lo contrario esto sería muy grave". "Blanco y en botella…" me dijo un señor con cara de poca sorpresa. "No dejes de reclamar, chaval. Pero tampoco esperes éxito". Removieron Roma con Santiago buscando el papel, he de decir, incluso llamaron a Secretaría de la Facultad, y consiguieron que nos enviasen el expediente en versión digital. Allí sí estaba el certificado faltante, escaneado.

 Efectivamente, se trataba de docencia impartida en una escuela municipal de teatro del Ayuntamiento de Madrid, por tanto, no era educación superior en ningún caso, y no tenía nada que ver con el perfil solicitado en la plaza. Desde la Facultad, nos confirmaron que Juana Escabias había pedido acceder a su propio expediente "para hacer una comprobación" después de que yo hiciera mi reclamación y pidiera acceso. Así lo afirma un testigo presencial. Si fue ella misma u otra persona quien sustrajo el certificado inválido, dejando la carpetilla vacía, no podemos saberlo.

Pero ahí no acabó la mañana. No encontré el papel que buscaba, pero encontré otro que no buscaba. Que ni siquiera sospechaba que pudiera existir. Héctor Fouce, secretario del tribunal evaluador y también co-director del Grupo de Investigación del que yo mismo formo parte desde antes de hacer la tesis, había firmado un papel a Juana Escabias como si perteneciese a nuestro grupo. Así ella podría ponerlo como mérito. Sólo había un problema: ni yo ni prácticamente ningún miembro del grupo la conocíamos de nada, no estaba en el grupo de correo ni de WhatsApp del equipo, jamás había aportado nada al mismo, ni asistido a ninguna de las reuniones o seminarios. 

Así lo han corroborado varios miembros del grupo por escrito. La catedrática fundadora y codirectora del mismo confirmó que no tenía noticia de esa incorporación, que no sabía por qué Héctor habría firmado ese papel. Vamos, que ese mérito era, si no falso, construido ad-hoc para esta plaza. Juana empezó a asistir al grupo sólo cuando se supo que yo no me retiraba del concurso. Poco después, claro, yo dejé de asistir. Y como dice el compañero de la columna vecina, Quique Peinado, aquí me cerré otra puerta. O muchas.

Rectorado me da la razón, pero inventan nuevos trucos

Tras acceder a los expedientes, pude ampliar y detallar aún más mi reclamación ante Rectorado. Funcionó. Estimaron de nuevo mi demanda, accediendo a mis peticiones de repetir de nuevo el proceso, incluyendo la entrevista y sobre todo la baremación, contabilizando todos mis méritos. En su resolución, Rectorado concluye que "la Comisión de Selección no ha aplicado correctamente la disposición reguladora" a la hora de baremar los apartados de 1) investigación, 2) docencia y 3) experiencia profesional. Les obliga a empezar de nuevo, les da la opción de hacerlo bien.

Además, la composición del Tribunal tendría que cambiar, porque el profesor Sotelo había sido inhabilitado, y el profesor Lozano desgraciadamente había fallecido a causa del covid. Deberían por tanto entrar los dos miembros suplentes, que estaban nombrados desde el principio del proceso, para completar el tribunal de cinco en caso de ausencias. Cinco es la cifra considerada idónea por la Complutense para estos tribunales, salvo imprevistos. Problema: los suplentes ya no serían manipulables, no admitirían formar parte de esta pantomima. Había un rayo de esperanza, al fin y al cabo. Eso creía yo.

La comisión se negó a convocar a los suplentes, incluso aunque alguno de ellos, me consta, lo solicitó expresamente. Sesionó rápidamente y en secreto, con sólo tres miembros, los mismos de la anterior ocasión: Héctor Fouce Rodríguez, Elvira Calvo Gutiérrez y Raquel Caerols Mateo. Y así, repitiendo sus miembros, repitieron nuestras puntuaciones. O casi. Variaron lo mínimo posible, tan sólo una décima. Y porque el formulario no admite centésimas, supongo. 

Además, idearon un nuevo resorte: de todos los candidatos descartados en primera ronda, de repente hubo uno que sí subió mucho, no una décima, sino ¡dos puntos enteros! Rescatado de su descarte, esta persona me quedaba ahora por encima, por si acaso se caía la candidatura de Juana, que en todo caso la plaza no fuera para mí. Así de flexibles son las baremaciones. De repente, seríamos tres para la nueva entrevista pública. Se las saben todas.

To be continued…

El abogado me aconsejó recusar ese tribunal antes de la entrevista por la amistad y enemistad manifiestas demostradas durante todo este proceso, como evidencia su negativa a incluir suplentes, por permitir evaluar la entrevista a miembros ausentes, o por los certificados emitidos ad-hoc por miembros del tribunal. Así lo hice, aunque ya con gran desesperanza, vista la rica variedad de mecanismos de que el poder dispone para reafirmarse en sus abusos. Efectivamente, no se admitió. Volverán a evaluar los mismos. Sin embargo, Inspección de Servicios sí ha admitido el caso a trámite y está en espera de la resolución final para actuar.

Y así termina la primera temporada de este intrincado drama. Habrá que esperar nuevos capítulos para ver si la entrevista transcurre según lo previsible o hay sorpresas. Veremos si el caso se resuelve en el ámbito universitario, contencioso, penal, o si llega al Supremo o a Estrasburgo. Personalmente, apostaría a que la institución demostrará todo su poder para dejar claro a cualquier aspirante a intruso que, aunque logre meter cabeza sin estar invitado a la fiesta, en el fondo no es ni será nunca uno di noi."                (Miguel Álvarez Peralta, InfoLibre, 09/09/21)

10.6.21

Máster de Cifuentes: crónica de una coartada fabricada en 24 horas

 "La carrera política de Cristina Cifuentes quedó arruinada en poco más de un mes. Transcurrieron 36 días entre las primeras informaciones sobre su máster irregular y su dimisión, que intentó evitar hasta el final. 

Y terminó sentada en el banquillo de los acusados por la exclusiva que reveló El Confidencial: dos de las tres firmas que contenía el acta que enseñó para demostrar que había realizado el curso en Derecho Autonómico se falsificaron. Ni hubo tribunal de evaluación ni existió la presentación del examen final, como ella aseguró.

Los días previos a la publicación de la primera noticia clave del caso, el 4 de abril de 2018, fueron muy tensos en la redacción. Por dos vías distintas, teníamos la certeza de que el acta del máster se había fabricado de un día para otro, cuando ‘elDiario.es’ contó que las notas que salían en su expediente académico no eran reales. Pero la información que llegó a la redacción de El Confidencial iba un paso más allá, siendo de extraordinaria gravedad para la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid: se había construido una coartada que implicaría más adelante la acusación de un delito de falsedad documental. De hecho, Cifuentes terminó en el banquillo de los acusados solo por esa razón. 

 El primer aviso lo dio una fuente a través de una segunda persona con la que mantuvimos un encuentro directo. Aquella reunión sirvió para concretar datos y darnos cuenta de que en la piscina había agua. Teníamos que seguir investigando, ya que la información era muy sensible por distintas razones. Las consecuencias de la revelación podían contribuir, como finalmente ocurrió, a la dimisión y procesamiento judicial de la dirigente. Cifuentes atesoraba, además, mucho poder. No solo era la presidenta regional, sino también un talento político al alza, ya que figuraba en todas las quinielas como posible sucesora del entonces presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy.

Durante varios días, los periodistas más implicados en la investigación, José María Olmo, David Fernández y Rafael Méndez, se centraron en ir comprobando cada indicio, averiguar más detalles y contrastar. Las informaciones eran cada vez más coincidentes, a pesar de que llegaban por distintas fuentes: horas después de que se hubiera publicado la información del máster irregular, se puso en marcha una operación para salvar a la presidenta.

Cifuentes grabó un vídeo a altas horas de la noche para enseñar el acta sobre su trabajo fin de máster. La intención, obviamente, era dar carpetazo al asunto. Pero, al final, solo consiguió agrandar las sospechas. El folio, sabía ya El Confidencial, se había fabricado en unas pocas horas y contenía dos firmas falsas. La propia directora del máster, Cecilia Rosado, reconocería más tarde haberlas usurpado siguiendo las órdenes de Enrique Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho Público (y fallecido en 2019 en mitad del proceso judicial).

 Después de reuniones internas con los principales responsables del periódico y tiras y aflojas constantes con las fuentes para atar cabos, el 4 de abril de hace tres años publicamos: “El acta del máster que exhibió Cifuentes tiene al menos dos firmas falsificadas”. Al consultar al entorno de la presidenta para que explicara su versión, se limitaron a asegurar que ella simplemente mostró el documento que la Universidad Rey Juan Carlos le hizo llegar, dando a entender que no sabían nada de lo que íbamos a publicar.

La misma tarde en que El Confidencial sacó su exclusiva, Cifuentes compareció en el pleno de la Asamblea y se negó a dimitir, insistiendo en que lo que había era “una operación política y de descrédito” contra ella. También insistió en que completó el máster y que ella en persona acudió a defender su trabajo final en el campus que la universidad tenía en Vicálvaro. Pero al día siguiente este periódico desvelaba que nunca hubo un tribunal que la examinara, ni las profesoras se reunieron para evaluar el trabajo fin de máster. Mientras íbamos obteniendo más detalles del caso, ni las profesoras del máster ni Álvarez Conde contestaban a las llamadas y mensajes de texto. El trabajo de verificación de este periódico fue crucial ante el silencio sepulcral de los protagonistas, que iban viendo cómo el hoyo se hacía cada vez más profundo.

Y es que políticamente las cosas se ponían feas para Cifuentes. Dentro del PP, se vivió una especie de esquizofrenia transitoria. Justo después de la revelación de la falsificación de las firmas, el partido celebraba su convención nacional en Sevilla y allí hubo un cierre de filas sin matices con la presidenta madrileña. “Siento el apoyo. Si no, no estaría aquí”, dijo en la capital andaluza ante decenas de medios de comunicación. Tres días más tarde, todo cambió. Su socio de gobierno, Ciudadanos, amenazaba con descabalgarla de la Puerta del Sol si no se apartaba y ahí sí saltaron todas las alarmas en Génova.

 Mariano Rajoy, de viaje en Argentina, evitó dar un apoyo expreso a la dirigente. Una semana más tarde, nadie dentro del PP quería mostrar su respaldo públicamente. Algunos incluso entendían un “desafío” su resistencia a dimitir, desconfiando de que otra solución fuera posible. Fue el 24 de abril cuando por la mañana y sin que Rajoy se lo llegara a pedir (no hizo falta), la presidenta, enfundada en un traje blanco y su característica coleta rubia, dimitía tras el caso máster y ahogada por el vídeo en el que aparecía robando unas cremas de un supermercado Eroski. Cifuentes abandonó la política de manera radical.

Hace apenas dos meses y medio, el 15 de febrero de este 2021, la Audiencia Nacional de Madrid la absolvió por el caso máster. La Fiscalía había pedido para ella tres años y tres meses de cárcel. Sí condenó a las otras dos acusadas (Rosado, como autora de la falsificación de las firmas, y María Teresa Feito, asesora de la Consejería de Educación, como inductora de la falsificación). El personaje de Feito fue clave, porque actuó como intermediaria entre la universidad (donde había dado clases de inglés tiempo antes) y la Comunidad de Madrid.

La verdad judicial dice que no se pudo probar “contacto alguno” entre las dos condenadas y Cifuentes. Parece improbable que Feito decidiera por sí misma organizar una operación para falsificar el documento clave para Cifuentes, pero la sentencia insiste en que no se pudo probar que existiera una orden desde la presidencia de la comunidad para fabricar la coartada. La gran promesa del PP no tiene ya causas pendientes con la Justicia, pero se tuvo que apartar de la política por completo."                                   (Paloma Esteban, El Confidencial, 09/06/21)

5.4.21

Laura Borràs, funcionaria con la complicidad del rectorado de la UB y la facultad de Educación. Malestar en la UB por la plaza universitaria de Borràs. Logra un puesto de profesora titular, como funcionaria del Estado, que la universidad no convocaba desde hace 15 años y tras ser suspendida como agregada

 "Los amigos de Laura Borràs conocen bien su verdadera ambición: la presidencia del Parlament no le quitaba el sueño, tampoco la presidencia de la Generalitat. Borràs “quería y quiere ser catedrática de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada”. Ese camino, el de ser catedrática, está ahora más cerca desde que ha obtenido la plaza de titular como funcionaria del Estado. Pero no será en la especialidad que más le gusta. 

La plaza la ha logrado en la facultad de Educación, en el departamento de Educación Lingüística y Literaria y Didáctica de las Ciencias Experimentales y de la Matemática, después de un proceso en el que han sido decisivos varios actores: el director de ese departamento, Joan Perera, la decana de la facultad, Roser Boix y el rectorado de la UB, primero con el vicerrector de profesorado, Josep Batista y luego con el propio rector, Joan Elias. Ese equipo ya no está al frente tras las elecciones en la universidad, que ganó el independentista Joan Guàrdia con el apoyo de la ANC.

Esa es la paradoja. Laura Borràs se ha visto impulsada por la coyuntura política favorable, pero se trata de una complicidad más personal que ideológica. Borràs aspiró a una plaza de profesora titular en la facultad de Filología y, posteriormente, a una plaza de agregada dentro del plan Serra Húnter. Y en las dos ocasiones no las obtuvo.

 "¿Qué le hacéis a la Laura?"

La primera ocasión fue a finales de los años 90. La plaza de titular, que hubiera colmado sus aspiraciones para seguir su carrera académica, la ganó David Viñas Piquer, un referente en el ámbito académico, autor de uno de los manuales clave de su disciplina, Historia de la Crítica Literaria (Ariel). 

En la segunda ocasión, en 2014, cuando ya era directora de la Institución de las Letras Catalanas, tampoco lo consiguió dentro, esta vez, del programa Serra Húnter, el plan que ideó el catedrático Andreu Mas-Colell para introducir profesores contratados sin necesidad de seguir la vía del funcionariado del conjunto de España. En esa segunda ocasión se interesó por la suerte de Borràs el propio expresident de la Generalitat, Artur Mas. 

Los comentarios de los allegados de Borràs eran constantes: "¿Qué le hacéis a la Laura?", mientras que los académicos involucrados se ceñían a la decisión de los tribunales y a los méritos del resto de candidatos. Quien ganó la plaza de agregada fue Annalisa Mirizio.

 Al no lograr la plaza de titular en 1997, Borràs se quedó como profesora asociada en el departamento de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la facultad de Filología en la UB. También fue profesora de la UOC, de estudios de Humanidades y Filología entre 1999 y 2007, y de Lenguas y Culturas de 2007 a 2009. 

Pero salió de forma brusca de la universidad catalana a distancia, donde entabló buena amistad con Manuel Castells, catedrático de Sociología de la UOC y actual ministro de Universidades. Y ya como diputada de Junts per Catalunya en el Congreso, en los últimos meses logró plaza como asociada en la facultad de Educación, cuya decana es Roser Boix y bajo la dirección del departamento de Joan Perera.

Educación celebra su cargo en el Parlament

Borràs, como muchos profesores que siguen esperando plaza de titular o de agregado, había tramitado la acreditación necesaria en la AQU --Agència de Qualitat Universitària-- de la Generalitat y en la ANECA --Agencia Nacional de Evaluación de la Caliudad y Acreditacón--.

 La plaza de titular llega tras la decisión del departamento que dirige Joan Perera, que la solicitó con el apoyo de Roser Boix, la decana, y con la aprobación del consejo de profesores de la facultad. La petición se elevó --como es menester-- al vicerrector de profesorado, Josep Batista, que la gestionó y con la firma final del rector de la UB, Joan Elias, responsables finales de autorizar o no su necesidad. Lo cual implica la correspondiente financiación y abre el proceso para la formación de un tribunal y el examen a la candidataLa plaza, finalmente, la otorga el nuevo equipo en el rectorado tras las recientes elecciones que ganó el rector Joan Guàrdia.

Todo el proceso coincide con la toma de posesión de Borràs como presidenta del Parlament. En la web de la facultad de Educación se mencionaba esa circunstancia, recalcando que Borràs era profesora de la facultad de Educación.

¿Y el sueño postergado?

El malestar creado entre el profesorado de la UB, en diferentes facultades, viene provocado por el hecho de que las plazas de titulares apenas se ofrecen. Hay facultades que no tramitan esas plazas de funcionarios del Estado desde hace más de 15 años. De hecho, la Generalitat, a través de la secretaría de Universidades, disuade a las facultades de pedirlas. La voluntad, desde la aprobación de la Ley Catalana de Universidades de 2003, que impulsó Andreu Mas-Collel bajo el último gobierno de Jordi Pujol, es que los funcionarios del Estado en las universidades se vayan extinguiendo a medida que pasan a la jubilación, sustituidos por un conjunto docente bajo contratos laborales que pueden ser despedidos.

Borràs, que ha pedido una comisión de excelencia especial como cargo electo, justo después de tomar posesión de la plaza de titular, no tendrá ese problema. Es funcionaria del Estado tras una gestión que ha causado una enorme perplejidad en el ámbito académico. Eso sí, su sueño sigue sin estar colmado: ser catedrática, pero de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, en la facultad de Filología, la suya."                 (Manel Manchón, Crónica Global, 31/03/21)

 

 "Malestar en la UB por la plaza universitaria de Borràs. Logra un puesto de profesora titular, como funcionaria del Estado, que la universidad no convocaba desde hace 15 años y tras ser suspendida como agregada, la figura que creó Mas-Colell.

 ¿Qué ha pasado con Laura Borràs, flamante presidenta del Parlament? Borràs tomó posesión, justo el mismo día que se estrenaba en ese cargo institucional en la Cámara catalana, de la plaza de profesora titular en la UB en el cuerpo de funcionarios del Estado, una plaza que hacía más de 15 años que no se convocaba, y a la que solo Borràs se había presentado. El malestar entre los profesores de la UB no deja de aumentar, al entender que ha habido alguna influencia que explique esa circunstancia. Borràs, que había sido suspendida para ser profesora agregada, la figura que creó Andreu Mas-Colell con la Ley de Universidades catalana de 2002, en la propia UB, logra ahora una plaza que se había desterrado y que la universidad no ofrecía desde hacía tres lustros.

Es funcionaria del Estado, como profesora titular en la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona (UB), dentro del área de Didáctica de la Lengua y Literatura, tras un proceso que se ha mantenido en secreto en los últimos meses, y que ha tenido como responsables al anterior rector de la UB, Joan Elías, y a la decana de la facultad Roser Boix, con Ramon Tremosa como titular del Departamento de Empresa, del que depende la secretaría de Universidades. A esa plaza, convocada de forma extraordinaria, solo se presentaba ella.

 Borràs no había obtenido la plaza de agregada en el departamento de Teoría de la literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Barcelona, que es lo que pretendía. Pero ha encontrado acomodo en la Facultad de Educación, que tiene a Roser Boix como decana y a Joan Perera como director del departamento de Educación Lingüística y Literaria. Según el mecanismo interno universitario, a Boix y Perera les correspondió pedir que se habilitara esa plaza al rectorado de la UB, para conformar, posteriormente, el concurso y el tribunal, con una única demandante: Laura Borràs.

 Una plaza titular, perteneciente a los cuerpos funcionariales del Estado, no se convocaba desde hacía una media de 17 años, en función de cada facultad. En algunas, como Derecho, hace 20 años que no se otorga. Y es que la política universitaria de la Generalitat ha sido la de disuadir la petición de esas plazas, y reclamar que las distintas facultades se acojan a las figuras que se crearon con la Ley de Universidades de Mas-Colell, la de lector y la de agregado. Con ello, en la práctica, se ha buscado una separación en el cuerpo de profesores entre Cataluña y el resto de España, una especie de estructura de estado.

Una "disfunción"

¿Quién animó a Borràs a optar por ese camino para tener una plaza fija de profesora titular como funcionaria del Estado español? Los académicos que han intentado saber qué ha pasado apuntan a Ramon Tremosa como el gran cómplice de Borràs. Tremosa, como profesor titular en la Facultad de Economía de la UB, conoce a la perfección los vericuetos de la burocracia universitaria.

Fuentes conocedoras del funcionamiento interno recuerdan reuniones de hace muy pocos años, en 2018, en las que el Departamento de Empresa –en manos en aquel momento de Àngels Chacón-- tildaba de una “disfunción” a los que aspiraban a plazas de titular, dentro de la vía estatal. 

Se consideraba que en Cataluña obtener ese tipo de plazas era tan “disfuncional” como la Guardia Civil, si se tiene en cuenta que son los Mossos d’Esquadra los que ejercen de policía integral en la comunidad. Y se orientaba, desde la secretaría de universidades, a no optar ni promover esas plazas. Borràs, en cambio, ha logrado algo que ha causado una enorme perplejidad interna en la Universidad de Barcelona.

Sin larga carrera académica y docente

La excepcionalidad es enorme. Una plaza como la de Borràs no se convocaba por parte de la universidad catalana desde hace muchos años. En las facultades de la UB se hace referencia a 15, 17, e incluso, 20 años, en el caso de la Facultad de Derecho. ¿Por qué ahora?, se pregunta el personal docente.

La Generalitat, con Mas-Colell al frente como secretario de Universidades en los últimos gobiernos de Jordi Pujol, puso en marcha un nuevo modelo laboral con la intención de que fueran las propias universidades las que contrataran a los profesores. Las dos figuras, la de lector --con una vigencia de cinco años, como primer escalón para los docentes, con un salario precario-- y la del agregado, el equivalente a la plaza de titular de la universidad española. 

Lo que pudo ser una opción innovadora para contratar a profesores sin necesidad de que fueran funcionarios, se convirtió en una práctica habitual con la que la Generalitat ahorró recursos. Sin embargo, y de forma súbita, y sin que Laura Borràs pueda acreditar una larga carrera académica y de docencia, la presidenta del Parlament ya es funcionaria del Estado, como titular en una facultad de la UB."                       (Manel Manchón, Crónica Global, 29/03/21)

16.2.21

El tribunal absuelve a Cifuentes en el ‘caso máster’, pero condena a las otras dos acusadas...

"Cristina Cifuentes ha logrado salir indemne de su batalla en los tribunales por el caso máster. La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido absolver a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, para quien la Fiscalía pedía tres años y tres meses de cárcel por inducir a la falsificación del acta del trabajo fin de máster (TFM) que obtuvo en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). 

El tribunal ha considerado que no existen pruebas suficientes para condenar a la exdirigente del PP, que dejó la política en 2018 tras estallar el escándalo. Sin embargo, la terna de magistrados ha condenado a tres años de prisión a María Teresa Feito, antigua asesora del Gobierno autonómico, y a un año y seis meses a Cecilia Rosado, que reconoció durante el juicio ser la autora material de la falsificación.

Con esta resolución, de 19 páginas y que puede ser recurrida, los magistrados cierran otro de los capítulos de un proceso judicial que se centró en un primer momento en la existencia de una trama urdida por el catedrático Enrique Álvarez Conde para regalar títulos a políticos: entre otros, al actual líder de la oposición, Pablo Casado. La investigación se envió, incluso, al Tribunal Supremo, pero este rechazó abrir una causa contra el ahora presidente del PP.

 Esa decisión provocó que la juez instructora, Carmen Rodríguez-Medel, se viera obligada entonces a adelgazar las pesquisas, en las que solo quedó viva la parte relacionada con el acta del TFM que Cifuentes exhibió ante los medios para intentar esquivar la polémica. El juicio comenzó el pasado 18 de enero y quedó visto para sentencia este 5 de febrero.

Apenas 10 días después de que terminara, el tribunal ha hado a conocer su fallo, donde concluye que “no ha resultado probada ninguna intervención” de la expresidenta en la fabricación del acta. Según los magistrados, más allá del interés que pudiera tener en conseguir unos papeles que “justificaran la regularidad en la obtención” del título, no se ha acreditado que “impulsara, sugiriera o presionara para la falsificación”. “El hecho de exhibir públicamente la copia del documento que recibió del rector no es más que un indicio, no corroborado por otros”, apostilla la Audiencia de Madrid.

El fallo, eso sí, inflige un pequeño revés a Cifuentes, que siempre ha defendido que obtuvo el diploma de forma regular y bajo las condiciones que le puso el catedrático. El tribunal mantiene, en cambio, que su testimonio presenta un “conjunto de incongruencias, relevantes e incompatibles con la actuación regular de un estudiante de posgrado”, además de considerar “inexplicable” que la expolítica mantenga que llegó a defender su TFM ante un tribunal.

 Es más, prosiguen los magistrados, el máster de la expresidenta “estuvo plagado de graves irregularidades”. Entre otras, los jueces recuerdan que una funcionaria de la universidad y compañera de la hermana de Cifuentes, Amalia Calonge, accedió al sistema informático de la URJC y, “a pesar de que no tenía competencias para hacerlo”, “modificó la nota del TFM” de la exdirigente del PP.

A este factor se suman otros que ya enumeró la Fiscalía en la vista oral. Cifuentes nunca fue a clase, como ella misma admitió. No tuvo contacto con ningún profesor. Y aprobó las asignaturas con unos supuestos trabajos de los que no quedan ni rastro y que siempre entregaba en mano al fallecido Álvarez Conde, el supuesto “cerebro” de la trama. Por ello, según argumentó el ministerio público, cuando estalló el escándalo, maniobró para enviar a Feito a la universidad y, a través de ella, se presionó a Rosado para fabricar el acta. “Por su cargo, no se manchó las manos”, le acusó la fiscal Pilar Santos

Una tesis que, según el tribunal, no ha quedado demostrada. De hecho, la estrategia desplegada por el abogado de Cifuentes, José Antonio Choclán, ha dado sus frutos. El letrado centró su defensa en la falta de pruebas directas contra la expresidenta autonómica —ningún testigo la señaló en el juicio y solo Rosado afirmó que fabricó el documento porque Feito se lo dijo—, además de utilizar la propia trama del caso máster a su favor

Choclán, tras la aparición de más actas falsificadas de otros alumnos, se esforzó en sembrar en el tribunal una duda que beneficiase a su cliente. Según dijo, si el catedrático ya había falsificado antes los papeles de otros estudiantes, también pudo ser el cerebro en el caso de Cifuentes. Sin que ella interviniera para nada. “Todo se cocinó en el seno de la universidad”, sentenció el abogado.

La Audiencia Provincial corta la escalada de responsabilidades en Feito. La sentencia considera probado que la antigua asesora de la Comunidad “requirió” a Rosado para “confeccionar el acta” falsa. Y que se dirigió a la profesora de forma “insistente y agobiante” a través de llamadas y mensajes de teléfono para indicarle “que aquella situación debería quedar resuelta como fuere”. El fallo remacha, incluso, que fue ella quien facilitó la fecha que debía constar en el documento, el 2 de julio de 2012, cuando Cifuentes supuestamente habría defendido el TFM.

Sentencia íntegra del caso máster, si no puede leerla pinche aquí."             (J. J. gálvez, El País, 15/02/21)

28.1.21

¿Es posible aprobar la mitad de la carrera de Derecho en cuatro meses? Pablo Casado superó 12 asignaturas entre junio y septiembre de 2007

 "El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, tardó siete años para aprobar 13 asignaturas de Derecho, pero en sólo cuatro meses superó 12 materias. Lo consiguió después de trasladar su expediente académico desde el ICADE al Centro de Estudios Cardenal Cisneros, adscrito a la Universidad Complutense. Pero, ¿es posible aprobar casi la mitad de la titulación en tan poco tiempo?

El exdirector del Centro de Estudios Cardenal Cisneros cuando Casado cursó sus estudios, Alberto Pérez de Vargas, ha admitido que hubo llamadas de altos cargos del PP y de la propia expresidenta madrileña Esperanza Aguirre para que se diera “facilidades” al dirigente popular, que acababa de sentarse como diputado en la Asamblea de Madrid, tras su etapa como líder de las juventudes populares.

Casado consiguió el título tras aprobar 12 asignaturas del plan de estudios de Derecho de 1953, que constaba de 25 asignaturas en cinco cursos. Lo hizo entre junio y septiembre de 2007

Muy difícil, salvo que sea un superdotado
El dirigente popular había iniciado sus estudios en el ICADE en 1999 y había agotado convocatorias en esa universidad. En 2005 decidió trasladar su expediente al Cardenal Cisneros. Él lo ha justificado por razones de cercanía.

Profesores de varias facultades de Derecho de universidades españolas han valorado, en declaraciones a El Mundo, como “muy difícil, casi imposible”, “muy complicado”, salvo que se trate de “un alumno superdotado” que alguien pueda aprobar tantas materias, la mitad de una carrera, en tan poco tiempo.

 Según el expediente académico de Casado, en febrero de 2005 se matriculó de 13 asignaturas en el Centro de Estudios Cardenal Cisneros, pero no se presentó a ningún examen. En mayo fue elegido presidente de Nuevas Generaciones de Madrid, además era asesor del entonces vicepresidente segundo de la Comunidad, Alfredo Prada; y secretario de la Comisión de Seguridad del PP de Madrid.

En el curso 2005-2006 se matriculó de nuevo de 13 de las 18 asignaturas que le quedaban, pero aprobó seis y en el siguiente, y último, 2006-2007, se matriculó de las 12 que le faltaban. Entonces, Esperanza Aguirre lo incluyó en las listas a la Asamblea de Madrid, donde consiguió en escaño como diputado.

En junio de 2007, ya diputado, Pablo Casado superó seis asignaturas con cuatro aprobados, un notable y un sobresaliente, mientras que en septiembre terminó las otras seis que le faltaban: con dos notables y cuatro aprobados."                   (El Plural, 17/05/18)

22.1.21

Lo más grave del caso Máster quedará impune... las principales víctimas son todos los alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos que sí estudiaron y se esforzaron para lograr un título que otros recibieron sin merecerlo, enchufados en este chiringuito académico que después hacía negocio con las subvenciones y ayudas públicas que recibía de esos mismos políticos a los que trataba a cuerpo de rey

 "Este lunes empieza el juicio contra Cristina Cifuentes. La expresidenta de Madrid se enfrenta a una posible condena de cuatro años de prisión, pero no por ese máster que nunca hizo. Lo que la Justicia tendrá que decidir es otra cosa: si la expresidenta de Madrid fue cómplice de una falsificación. 

Nuestros lectores lo recordarán. El 21 de marzo de 2018, nuestra compañera Raquel Ejerique publicó la siguiente información: Cristina Cifuentes obtuvo su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas. Ese mismo día, Cifuentes apareció en un memorable vídeo en redes sociales, declarándose "víctima" de la "manipulación y las mentiras" de elDiario.es. Como prueba, la entonces presidenta de Madrid mostraba el acta de presentación de su trabajo de fin de máster, firmada por tres profesoras que supuestamente le habían examinado. "Por cierto, saqué un notable", presumía Cifuentes de un trabajo que nunca existió. 

 Hoy sabemos que ese documento era falso. Que Cifuentes sabía que era falso, porque nunca se examinó. Que lo elaboró una de esas tres profesoras, que también falsificó las otras dos firmas, para tapar la información de elDiario.es, tras las enormes presiones que recibió. 

Con Cifuentes, se sienta en el banquillo de los acusados Cecilia Rosado, la profesora que falsificó el acta y la firma de las otras dos supuestas examinadoras, y que después confesó la verdad. Y Maite Feito, otra profesora de la URJC y asesora del Gobierno de Madrid, que fue esa mañana a la Universidad para solucionar esa crisis. "Feito me dijo que si no entregábamos el acta, Cifuentes nos iba a matar", aseguró Rosado ante la jueza.

Solo se juzgará eso: la falsificación de esa acta. Y si Cifuentes y Feito fueron cómplices de ese presunto delito, que ya ha confesado Cecilia Rosado.

Dudo que Cifuentes acabe en prisión. Lo aviso desde ya. Lo más probable es que sea absuelta o condenada a una pena inferior. Tampoco lo deseo, ni en su caso ni menos aún en el de las demás imputadas; no creo que encarcelar a Cifuentes, a Feito o a Rosado vaya a hacer del mundo un lugar mejor. No tengo ánimo de venganza, aunque soy plenamente consciente de que Cifuentes mintió para salvar su carrera política a cualquier precio. Incluso si ese precio suponía que dos periodistas –Raquel Ejerique y yo– íbamos a la cárcel por publicar la verdad. 

Eso fue lo que Cifuentes intentó con el acta falsificada por la que este lunes se le juzga y con esa "querella criminal" que anunció contra nosotros desde la sala de prensa de la sede del PP. Encarcelarnos. Aún lo intenta; Ejerique y yo seguimos imputados en otro juzgado, acusados por la expresidenta de Madrid de un delito de revelación de secretos que se castiga con hasta siete años de prisión. 

Dudo que esa querella prospere –aunque tampoco me hubiese podido creer, hace tres años, que en 2021 Ejerique y yo todavía seguiríamos imputados por este asunto–. Pero lo cierto es que Cristina Cifuentes estuvo muy cerca de salirse con la suya y llevarnos por delante. Nos salvamos casi de casualidad. En una realidad paralela, estoy seguro de que hoy Cifuentes seguiría siendo una de las políticas más importantes de España –tal vez la líder del Partido Popular– y quienes este lunes nos sentaríamos en el banquillo de los acusados seríamos Raquel y yo. 

Nos libramos de este presente alternativo porque no cometimos errores, ni siquiera en pequeños detalles de nuestra información. Porque Raquel Ejerique es una de las periodistas más cartesianas y rigurosas que conozco. Y porque tuvimos la suerte de que ese 21 de marzo de 2018, cuando Cecilia Rosado falsificó el acta, las otras dos profesoras que aparecían como supuestas examinadoras no estaban con ella en la Universidad. Si las tres hubieran firmado esa acta falsa, y no solo Cecilia Rosado, es probable que hubieran mantenido la mentira hasta el final. Solo se supo la verdad porque las otras dos profesoras cuya firma falsificada aparecía en el acta confesaron, pero solo lo hicieron dos semanas más tarde, después de que elDiario.es encontrase otras irregularidades en ese falso tribunal.

Sea cual sea la sentencia que salga de este juicio contra Cristina Cifuentes, las principales víctimas del caso Máster no se verán compensadas por la Justicia. Son todos esos alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos que sí estudiaron, fueron a clase, entregaron sus trabajos y se esforzaron para lograr un título que otros recibieron sin merecerlo. 

No habrá compensación para esas víctimas porque su título, logrado con tanto esfuerzo, será indistinguible del de todos esos enchufados que no iban a clase, no iban a los exámenes, no hicieron sus trabajos o aprobaron con convalidaciones exprés.

Cifuentes no fue la única alumna que se llevó un máster regalado del Instituto de Derecho Público de la URJC. Pasó lo mismo con decenas de alumnos más, enchufados en este chiringuito académico que después hacía negocio con las subvenciones y ayudas públicas que recibía de esos mismos políticos a los que trataba a cuerpo de rey. 

Así lo acreditó la investigación periodística de elDiario.es y, más tarde, la investigación judicial. Dos de esos alumnos enchufados confesaron ante la jueza que recibieron su máster sin merecerlo: Álvaro Morente y María Dolores Cancio. En el caso de Cancio, aprobó exactamente con el mismo sistema de convalidaciones exprés con las que se llevó su máster Pablo Casado.

Tras la investigación de elDiario.es, la jueza que llevaba el caso Máster, Carmen Rodríguez Medel, pidió al Tribunal Supremo la imputación de Pablo Casado. Y cuando el Supremo negó esa investigación sobre el líder del PP, archivó toda la causa. 

La justicia es igual para todos, decidió de manera ciertamente peculiar la jueza Rodríguez Medel (después nuevamente conocida por su investigación del 8M y el coronavirus). Y si no podía seguir investigando a Casado, no podía seguir con ningún alumno más. Desimputó a todos los profesores que aprobaron asignaturas a alumnos que no lo merecían. Y a todos esos alumnos que recibieron un título regalado. Solo siguió abierta una pequeña parte de la investigación, la que ahora llega a juicio: la falsificación del acta que exhibió Cifuentes. 

Para todos las demás personas que participaron o se beneficiaron de este chiringuito académico dentro de una universidad pública, la vida sigue igual. Los profesores siguen dando clase. Y los alumnos enchufados mantienen un máster que nunca merecieron. Solo Cristina Cifuentes podría perder el título, dependiendo de cómo acabe el juicio. "No podemos ir más allá", asegura el rector de la URJC, Javier Ramos, al que hoy entrevistamos en elDiario.es. 

Es la constatación de un fracaso. Regalar decenas de títulos universitarios a personas que nunca lo merecieron quedará impune.

P.D. Si aún no lo has hecho, te recomiendo que escuches Máster, el podcast con la intrahistoria de esta investigación de elDiario.es."                       (Ignacio Escolar, eldiario.es, 17/01/21)