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8.4.19

Paulino, 'el Villarejo' de OHL que se grabó comprando a decenas de políticos corruptos

"El caso sobre la presunta trama de sobornos que habría diseñado OHL para llevarse adjudicaciones por toda España valoradas en más de 700 millones de euros tiene su origen en un hallazgo sorprendente. La primera pista apareció en abril de 2017, durante los interrogatorios iniciales de la operación Lezo, un procedimiento dirigido por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que investiga presuntas irregularidades en contratos de la Comunidad de Madrid y en la gestión de la empresa pública del agua, Canal de Isabel II.

OHL es uno de los actores principales de ese escándalo. Una de las piezas de esta macrocausa gira en torno a un presunto pago de 1,4 millones de euros que la compañía de Juan Miguel Villar Mir habría realizado al expresidente madrileño del PP, Ignacio González, para amañar el contrato de construcción y gestión de la línea de Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero. La adjudicación se cerró en 2008 en 364 millones de euros. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron a las oficinas de la cotizada para llevarse diversa documentación relacionada con esa supuesta comisión ilegal y para tomar declaración a los directivos y trabajadores que pudieron haber intervenido en ella.

En uno de esos interrogatorios saltó el primer indicio. Una empleada que ocupaba un puesto de segundo nivel en el organigrama de la compañía deslizó a los investigadores del Instituto Armado en dos ocasiones, probablemente de forma involuntaria, que había un directivo de la multinacional que guardaba grabaciones de sus reuniones con funcionarios y dirigentes políticos de diferentes administraciones. El alto cargo al que se refería la empleada era Paulino Hernández, que en ese momento era director general de Obra Civil Nacional de OHL, es decir, el máximo responsable de la división de grandes obras públicas, la línea de negocio más rentable de la constructora con diferencia.

El registro de la vivienda

Aquellos comentarios sobre unas supuestas grabaciones sonaron tan naturales que no llamaron la atención de los agentes. Sin embargo, cuando terminó el interrogatorio, esas palabras empezaron a retumbar en sus cabezas. ¿Y si era cierto que un directivo de OHL tenía audios de sus negociaciones con políticos, técnicos y funcionarios de distintos organismos? ¿Y si en esas conversaciones aparecían hechos delictivos? La UCO solicitó entonces autorización al instructor del caso Lezo, el juez Manuel García Castellón, para registrar la vivienda de Paulino en busca de las supuestas cintas.

La diligencia de entrada en su casa se produjo solo unas semanas después de la primera fase de la operación Lezo. Lo que contó la empleada era verdad. Dentro de la vivienda de Paulino, los agentes encontraron un auténtico arsenal sonoro al más puro estilo del comisario Villarejo, carpetas y carpetas de grabaciones presuntamente realizadas por el propio directivo en las que aparecían decenas de funcionarios y políticos corruptos aceptando dinero y regalos a cambio de contratos de obra pública que alcanzaban importes astronómicos.

Las primeras estimaciones de los investigadores, que el pasado octubre entregaron al juez García Castellón un extenso oficio con sus conclusiones preliminares tras dedicar año y medio a analizar el contenido de los audios y cruzarlo con las licitaciones teóricamente adulteradas, apuntan a que OHL habría pagado presuntamente desde 2003 más de 40 millones de euros en comisiones. 

A cambio, la compañía controlada por la familia Villar Mir se habría asegurado la construcción de los puertos de Melilla y Granadilla (Tenerife), la variante de Baza y el puente de Loja (Granada), varios tramos de la Autovía de la Plata a su paso por Extremadura y el Cercanías de Navalcarnero, donde se habrían efectuado otros pagos además de la presunta comisión de 1,4 millones de euros que ya estaba siendo investigada.

El papel de Felicísimo Ramos

Solo esos proyectos ya suman 722 millones de euros. La lista de obras bajo sospecha es mucho más larga, según han confirmado a este diario fuentes cercanas a la investigación. Paulino habría tenido un papel clave en los amaños, pero no sería el único directivo de OHL implicado. Las pesquisas sitúan en un escalón superior de la trama a un antiguo director de control de gestión jubilado oficialmente en 2013 que siguió cobrando de la empresa hasta 2016. Se trata de Felicísimo Ramos, un directivo que ya tuvo que declarar como testigo en el caso Roldán y que también ha aparecido anteriormente en el caso Lezo por su presunta implicación en el pago del supuesto soborno a Ignacio González.

"Por ahora, Paulino y Felicísimo son los principales investigados. Ambos fueron interrogados ya por la Fiscalía Anticorrupción en presencia del juez y coincidieron en negar los hechos que se les imputan. En los próximos días tendrán que desfilar por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional otros responsables de la cotizada, aunque las grabaciones podrían deparar nuevas sorpresas y afectar a su mismísima cúpula.

 Paulino no solo grabó a políticos y funcionarios. En su archivo también había conversaciones comprometedoras con otros altos cargos de OHL. Parece difícil que dos únicos directivos decidieran por su cuenta y riesgo pagar 40 millones de euros en comisiones para que la compañía que los tenía en nómina elevara sus ingresos en más de 700 millones.

Paulino ya no trabaja en OHL. Se incorporó al grupo en 1981, solo dos años después de terminar sus estudios. Desde entonces, había permanecido vinculado a la empresa. Sin embargo, en mayo de 2017, solo un mes después de que estallara el caso Lezo, se desvinculó de la constructora."            (José María Olmo, Beatriz Parera, El Confidencial, 31/03/19)

9.1.19

Querella por malversación a gran escala contra López Madrid y un centenar de ex altos cargos y empresarios de Madrid

"Javier López Madrid, yerno del fundador de OHL e imputado en las operaciones Lezo y Púnica, es uno de los 100 antiguos altos cargos de la Comunidad de Madrid y empresarios contra los que el sindicato CGT y la asociación CODE (Observatorio contra los Delitos Económicos) acaban de formular querella por malversación a gran escala a través de las dos empresas de capital riesgo controladas por los gobiernos autonómicos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. 

Presentada este miércoles en la Audiencia Nacional, la querella cifra en más de 60 millones las pérdidas que entre 2006 y 2015 acumularon Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid SA (CRM SA) y el fondo Inicap I. Siempre bajo control accionarial del Ejecutivo madrileño, CRM e Inicap se embarcaron en sucesivas operaciones que no solo resultaron ruinosas para el erario autonómico sino que, por sus características, implicaron según los querellantes un auténtico y deliberado desvío de fondos.  

Como ha publicado este jueves infoLibre, una de las operaciones denunciadas por CGT y CODE es la que en 2006 emprendió CRM con un proyecto empresarial centrado en la gestión de gimnasios privados, lo promovidos por Ingesport bajo la marca Go Fit. Articulada a través de inyecciones de capital a cuatro sociedades –tres de ellas vinculadas entre sí accionarialmente– así como de préstamos y avales, esa operación costó a la Comunidad de Madrid pérdidas no inferiores a 2,6 millones hasta que abandonó el proyecto en 2011. 

El fortalecimiento de Ingesport con cargo a fondos públicos allanó el desembarco de Corpfin, una compañía directamente vinculada a una de las nueras de Esperanza Aguirre y su familia, Carolina Oriol. En diciembre de 2015, Corpfin Capital SA vendió el 3,78 de Ingesport con un beneficio declarado de 3,7 millones. La sociedad Oranda, propiedad de la familia de Carolina Oriol y donde ella misma es consejera, posee el mayor paquete accionarial de Corpfin Capital SA. 

Los primeros indicios de que el Gobierno madrileño había beneficiado a Ingesport se remontan a 2009. El periódico Público destapó entonces que CRM le había inyectado 1,3 millones. Y que, cuando en 2006 se decidió esa inversión –el 26% de los títulos, con un valor nominal de 1.225 euros pero con una prima de emisión de 1.298.500 euros– justamente en esa empresa trabajaba el profesor de pádel de Ignacio González, entonces vicepresidente de Esperanza Aguirre, luego su sucesor y ahora principal imputado en la Operación Lezo. Ingesport, que gestiona en Madrid cinco centros deportivos bajo la marca Go Fit, niega cualquier irregularidad en la inyección de dinero público.

El empresario Javier López Madrid aparece como figura central en uno de los apartados clave de la querella: el funcionamiento del fondo de capital riesgo Inicap. Constituido en 2006, una empresa participada por el yerno de José Miguel Villar Mir, Möbius SGECR, asumió desde el inicio la dirección del fondo por adjudicación del Gobierno madrileño. A su vez, Möbius encomendó la gestión directa de Inicap a una segunda empresa de la que López Madrid era único accionista, Financiera SIA Capital.

Bajo investigación judicial después de que el arrepentido David Marjaliza declarase que esa fue la empresa utilizada por López Madrid para canalizar comisiones ilegales del Metro de Madrid, SIA cobró de Möbius 1,76 millones de euros entre 2007 y 2014, como desveló este periódico en enero. De esos 1,76 millones, al menos 600.000 euros procedían directamente de Inicap. El fondo público madrileño dejó de presentar cuentas al Registro Mercantil en 2010. 

A partir de ese año, sus inversiones constituyen un misterio. Según el Ejecutivo autonómico, que ostentaba el 66% de las acciones del fondo mientras que el otro tercio estaba en manos de la Cámara de Comercio, Inicap acarreó al erario madrileño pérdidas de 9,3 millones. Los querellantes, que sustentan sus acusaciones en documentos mercantiles públicos, computan las pérdidas globales de Inicap, más de 17 millones.

La querella también pone el foco sobre las inversiones efectuadas por CRM en distintas empresas del sector textil y de la moda que acarrearon a la empresa pública pérdidas millonarias. En algunos casos, las empresas beneficiadas acababan de constituirse con aportaciones no dinerarias –especialmente marcas de moda– que, según los querellantes, se sobrevaloraron para justificar elevadas primas de emisión en la compra de títulos adquiridos con el dinero de la Comunidad de Madrid. 

Entre los modistas que CGT y CODE consideran corresponsables de la presunta malversación figuran dos de los diseñadores más conocidos de las pasadas décadas, Javier Larrainzar y Miguel Palacio, que tras el estallido de la crisis se confesaron arruinados. La querella también afecta a los principales responsables de Artesanos Camiseros, que cerró a finales de 2012, y a los principales accionistas de Grupo Nupcial Novíssima.

Entre aquellos contra quienes se dirige la querella se cuentan los cuatro consejeros de Economía que dirigieron ese departamento entre 2006 y 2015: Fernando Merry, Antonio Beteta, Pervival Manglano y Enrique Ossorio, actual portavoz del PP en la Asamblea de Madrid."               (Alicia Gutiérrez, InfoLibre, 13/12/18)

11.6.18

El día en que la corrupción eligió Gobierno y se instaló en Madrid: 15 años del 'tamayazo'

"Aquel día empezó todo. O casi todo. Fue el 10 de junio de 2003, hace ahora 15 años, y se produjo algo que no había ocurrido nunca antes; y que no ha vuelto a producirse: que dos diputados autonómicos impidieran que fuera investido presidente el jefe de su partido. 

Eduardo Tamayo y Teresa Sáez, elegidos en las listas del PSOE, se opusieron a hacer presidente a Rafael Simancas. Es más, el 10 de junio ha pasado a la historia precisamente porque ni siquiera ayudaron a los suyos a lograr la presidencia de la Asamblea y facilitaron que recayera en Concepción Dancausa (PP).

El PP de Alberto Ruiz Gallardón llevaba al frente de la Comunidad de Madrid desde 1995, y ocho años después perdió la mayoría absoluta: Simancas y Fausto Fernández (IU) tenían en su mano cambiar el rumbo de Madrid. Pero el tamayazo lo impidió. 

Y, de paso, abrió la puerta a lo que vino después: burbuja inmobiliaria, privatizaciones y un modelo de región fundamentado en la construcción y las infraestructuras, en el que, como ha dado por probado la sentencia de Gürtel, el engranaje perfecto entre empresas concesionarias de contratos públicos y políticos que les concedían los contratos a cambio de mordidas para personales o del partido.


"La segunda campaña del PP, la del   tamayazo, la pagó en parte Fundescam, y no el PP de Madrid". Así de tajante se mostraba el máximo imputado de la trama Gürtel, Francisco Correa, en su confesión reproducida por eldiario.es.  La Gürtel organizó todos los actos de campaña de Aguirre en 2003, y su interlocutor directo era Beltrán Gutiérrez Moliner, gerente del PP de Madrid en aquella época, tal y como publicaron en exclusiva Ignacio Escolar y Alicia Gutiérrez en noviembre de 2010.

Aquel día la corrupción asaltó la Asamblea de Madrid, torció la voluntad popular, que había decretado el fin de la mayoría absoluta del PP, e impidió un Gobierno de coalición entre el PSOE e IU. Fue un golpe de los poderes que de verdad han ejercido el gobierno en Madrid, y que enseñaron una verdad en la región, "si las elecciones no salían como tenían que salir, el poder se encargaba de restaurar el orden", en palabras del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.
El punto de inflexión fue   el  tamayazo, del que ahora se cumplen 15 años. PSOE e IU prometieron, entre otras cosas, frenar la externalización de servicios, los conciertos escolares e impulsar la iniciativa pública en el desarrollo de la comunidad. Pero no fue posible.

 En lugar de impulsar la iniciativa pública, se recortó hasta límites insospechados en beneficio de la iniciativa privada; el modelo sanitario público cambió tanto que hubo aspectos tumbados por la justicia; los conciertos educativos prosiguieron y hasta tal punto se premiaron a las empresas de la construcción que no sólo hincharon la burbuja inmobiliaria sino que se dedicaron a gestionar centros sanitarios y escuelas infantiles subcontratados por el Gobierno. Sólo se quedó una cosa sin hacer:   el Eurovegas de Sheldon Adelson.

El PP de Madrid era un modelo, una forma de ser, de relacionarse, de convivir: en el palco del estadio Santiago Bernabéu junto a Florentino Pérez; en los reservados de ciertos restaurantes; en despachos de algunos medios de comunicación; en sedes de empresas ahora investigadas por la financiación irregular del partido, como la del   compiyoguiJavier López Madrid y su suegro, Juan Miguel Villar Mir –OHL–; en Caja Madrid –la caja, esa caja pública para hacer, deshacer y pagar y cobrar favores con sectores de los sindicatos, el PSOE e IUCM–; en Telemadrid; en Fundescam; en las universidades; en los   cátering  organizados por Arturo Fernández; en las celebraciones cinematográficas apadrinadas por Enrique Cerezo, tan próximo a Ignacio González como ha demostrado el caso de su ático en Estepona.

Los últimos tres lustros del Partido Popular en la Comunidad de Madrid han servido para que florezca a su alrededor un ecosistema de personajes y prácticas que se hace visible cada vez que la formación política vive una crisis.  Cristina Cifuentes acaba de abandonar la Presidencia de la Comunidad de Madrid asegurando que ha sido “espiada” y que se han elaborado “dosieres” contra ella. 

 Hace ahora 15 años, Esperanza Aguirre llegó al poder consecuencia de la oscura trama del   tamayazo. Entretanto, Ignacio González empezó a cavar su tumba política con un vídeo grabado en Colombia y Manuel Cobo denunció que sus propios compañeros de partido habían montado “una gestapillo” para espiarle.

El actual concejal de Economía y Hacienda de Ahora Madrid y en 2003 el diputado más joven de la Asamblea, Jorge García Castaño, recodaba en una Tuerka de 2013 aquel día: "Estaba en la mesa de edad y no sabía qué estaba pasando. Pregunté a Westendorp [el mayor, del PSOE], que tampoco sabía, mirábamos a Simancas y Fausto Fernández, pero nadie sabía nada. Pensé que se habían quedado en un ascensor... Pero enseguida vimos que los habían comprado, para derribar un gobierno o para condicionar mucho un gobierno progresista".

El diputado autonómico socialista Modesto Nolla participó en la comisión de investigación del caso en la Asamblea: "Recuerdo que fue Fausto quien se dio cuenta de que había un hueco, el de Tamayo, donde debía estar sentado. A medida que pasaba el tiempo, empecé a pensar en lo peor. Se nos había convocado a los diputados una hora antes, a las 9.00, para evitar retrasos, nos reunimos en el edificio de los grupos y ahí estaban los dos. Y cuando bajamos al salón de plenos, estaba ya en mi escaño y recuerdo ver a Tamayo andando por detrás de los escaños, paseando y hablan do con un móvil".

Marga Ferré, directora de la Fundación por la Europa de los Ciudadanos (IU), era una de las diputadas más jóvenes aquella legislatura y fue secretaria de la Mesa de la Comisión de investigación del tamayazo: "Recuerdo cómo nos equivocamos.

 En el preciso momento en que Tamayo y Sáez no aparecieron, teníamos que habernos levantado e irnos, roto la supuesta “normalidad” institucional y parar la votación de la mesa. Teníamos que haber entendido que era un golpe de estado de guante blanco, pero nos pudo la institución. Seguimos votando regalándole al PP la presidencia de la Asamblea. En ese momento perdimos". 

¿Para qué sirvió la comisión? "La comisión no fue más que una excusa", reflexiona Ferré: "Los partidos podían vetar ponentes, así que fue un lavado de cara, como si sirviera para algo. En el parlamentarismo español las comisiones de investigación no sirven para nada, porque le partido mayoritario es quien dicta las reglas y prácticamente las conclusiones".

"Ya me gustaría saber qué pasó", se lamenta Nolla, "sigo pensando lo mismo. Quedó claro la vinculación estrecha entre Tamayo y los que mandaban en el PP en aquel momento. Las conexiones a través de las conversaciones telefónicas entre ellos, la aparición de Dionisio Ramos, en relación con los hombres de seguridad de Tamayo y Sáez".

El nombre de Dionisio Ramos ha estado relacionado con distintas polémicas en las que se ha visto envuelto el PP de Madrid en los últimos años. En 2013,   InfoLibre desveló un documento  en el que quedaba reflejado que el exgerente de la Complutense estaba en el centro del tamayazo

Siempre según la citada información, Ramos habría ejercido tanto de intermediario como de suministrador logístico entre el que fuera líder de la corriente socialista Renovadores por la Base, José Luis Balbás, y el exsecretario general del PP Ricardo Romero de Tejada, muñidores de la operación para evitar la presidencia de Simancas.

 De todo ello habría estado al corriente la propia Cifuentes, aunque cuando se conoció dicha información, y al salir a la luz su amistad con Ramos, la hoy presidenta madrileña se apresuró a desvincularse de lo sucedido al considerar "rotundamente falso que participara en el lamentable suceso del   tamayazo  ni directa ni indirectamente, ni por acción ni por omisión".

El libro   'El tamayazo, crónica de una traición'  (Catarata), del periodista de la Cadena SER Felipe Serrano, reconstruye la trama que, hace diez años, fraguó una deserción política que frustró un Gobierno de izquierdas en Madrid y abrió la Puerta del Sol a Esperanza Aguirre. En el libro, el entonces candidato a la presidencia de la comunidad por el PSOE, Rafael Simancas, desvela cómo José Luis Rodríguez Zapatero se zafó del asunto al llegar a La Moncloa:
"Yo sí recibí una explicación, a modo de reflexión, de quien entonces era el secretario general del PSOE, y presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Él me planteó que políticamente tampoco era extraordinariamente interesante, ni para el PSOE, ni para la Comunidad de Madrid, ni para el país, hacer del tamayazo nuevamente un asunto central. Sí, sí, me lo dijo así –explica Simancas, ante la cara de sorpresa del periodista–. Él entendía que aportaba poco a la estabilidad institucional y que remover aquel tema era actualizar y recordar la responsabilidad política del propio PSOE en el asunto. Responsabilidad que yo nunca escondí, porque la había. No era la definitiva, pero la había en origen, a fin de cuentas estos dos elementos [Tamayo y Sáez] estaban en nuestra candidatura. Esa fue la reflexión del secretario general del PSOE y yo, que soy un militante socialista coherente, respeté esas explicaciones".
"Resulta muy llamativo comprobar que, de alguna forma, ni el PP ni el PSOE, al menos a las direcciones nacionales, no han estado demasiado interesadas en llegar hasta el fondo de la cuestión", reflexionaba el periodista de la Cadena SER .
"Durante la comisión me sorprendieron dos cosas", afirma Ferré: "El enorme impacto mediático, al ser retrasmitidas en directo las 12 horas diarias de comisión por Telemadrid. El seguimiento fue masivo, en lo que me imagino que fue el primer espectáculo político televisado por entero de la democracia. Cuando el PP entendió que esto no le convenía, cortó la emisión. 

Pero lo que más me sorprendió fue el juego de mentiras de esa red de corruptos que aun gobiernan Madrid. Granados de presidente de una comisión de investigación es un chiste grosero. Al presidente del PP de Madrid, Romero de Tejada, no se le caía la cara al intentar vendernos que el cobraba 1000 euros la hora contratado por una tienda de fotocopias, la desfachatez del tonto útil de Tamayo, intentando vender que había traicionado a los suyos para evitar que los comunistas llevaran la Consejería de Educación… todo eran mentiras. Una mentira que hizo que una derecha corrupta gobernara, y gobierne la Comunidad de Madrid durante 15 años. Teníamos que habernos ido del pleno y roto la normalidad democrática".

Nolla también recuerda el contexto de aquel 2003: "Coincide con el momento dorado del ladrillo. Los intereses que convergieron en aquel momento para una segunda oportunidad para Aguirre. Madrid podía ser muy diferente a como es y lo que ha pasado con las comisiones para la entrega del suelo con Granados, el Canal de Isabel II, lo que ha hecho Ignacio González, Granados, López Viejo, que ha venido a raíz de 2003 nos lo podríamos haber ahorrado los madrileños. Es lo que más nostalgia te produce: lo que pudo ser y no ser. Y lo que ha sido. Hemos tenido una oportunidad ahora con Gabilondo y fue abortado".

Aquel PP de Madrid que retuvo la Comunidad autónoma gracias al tamayazo y se la entregó a Esperanza Aguirre tiene más que ver con el actual de lo que parece: Pío García Escudero era el presidente del PP de Madrid entonces. Y hoy vuelve a serlo, tras la égida de Aguirre y el paso fugaz de Cristina Cifuentes. El establishment del PP de Madrid sigue estando en su sitio.

Y con García Escudero ha vuelto Juan Carlos Vera el eterno enviado de "la nacional" en Madrid, que fue jefe de campaña de Esperanza Aguirre en la repetición electoral de 2003. En aquella lista también estaba Cifuentes, que participó en la Comisión de investigación, una comisión que presidió Francisco Granados, mucho antes de saberse que tenía dinero en Suiza y en el altillo de sus suegros.

Aquel PP de Madrid aún no tenía aguirristas, pero tenía familias. Una muy importante era la de Rodrigo Rato, participante del milagro económico del PP antes de ser condenado por las tarjetas Black de Caja Madrid, claro. Y muy de Rato era Ricardo Romero de Tejado, colocado en la copistería. De Rato también eran Juan José  Güemes y Ana Isabel Mariño.

Romero de Tejada es uno de los personajes más peculiares de todo este asunto, recordaba Felipe Serrano en eldiario.es: "Aguirre nunca tuvo una relación estrecha con él, pero se ha mantenido hasta los últimos días de Caja Madrid y Bankia.

 Era un personaje no demasiado conocido, pero muy poderoso, su padrino era Rodrigo Rato. Recibe a los constructores el mismo día de la espantada por la tarde, los constructores con los que tiene una vieja relación en Villaviciosa de Odón y que ayudaron a Tamayo a reservar habitaciones de hotel. Romero de Tejada los recibe en la tarde del 10 de junio, oficialmente para negociar un acuerdo político en Sevilla La Nueva.

 El día 9 también se reúne con Rodrigo Rato. Es un personaje que sabe mucho más de todo este asunto de lo que dice, es amigo de Verdes, el abogado que asesora a Tamayo, militante del PP. El estrambote final es esa pintoresca averiguación que se hace que demuestra que mintió cuando se supo que cotizaba a la Seguridad Social en una empresa de fotocopias. En noviembre de 2004, Aguirre gana el Congreso del PP de Madrid y le releva por Francisco Granados".

Aguirre aún no hizo las listas de 2003. Había un equilibrio entre García Escudero, la dirección nacional y Rato. Son los que deciden que Jesús Sepúlveda, recién condenado en Gürtel, se convierta en alcalde de Pozuelo en 2003, igual que Guillermo Ortega lo fuera de Majadahonda como cuota de Rato.

Aguirre era de Rato, de Aznar, de Cascos, y cuando se disputa la presidencia del partido y se presenta Manuel Cobo, ella gana pero no premia a nadie de Rato. Pone a Francisco Granados, recomendado por Pío García Escudero, según recuerdan las fuentes. Una vez se impone como presidenta del partido, empieza a poner a los suyos.

Ignacio González, sin embargo, aún no estaba en 2003, era secretario de Estado de Inmigración con Ángel Acebes. Él llega cuando se forma el Gobierno tras la repetición electoral. Aguirre lo conocía desde el Ayuntamiento; cuando le hacen ministra, le hace subsecretario; cuando se va al Senado, no se lo lleva y se va a Administraciones Públicas con Jesús Posada y luego con Ángel Acebes a Interior. González aparece el día en que Aguirre anuncia su gobierno, están Granados, Güemes.

Aguirre, González y el resto del PP conquistó la puerta del Sol   tamayazo  mediante, uno de los episodios más turbios en la política española: cuando dos diputados autonómicos del PSOE se negaron a votar a su candidato y provocaron una repetición electoral que encumbró a Esperanza Aguirre. Esa campaña electoral –la de Aguirre y 179 ayuntamientos, incluido el de Madrid, que ganó Alberto Ruiz-Gallardón– , como llegó a reconocer el propio Francisco Correa, "la pagó en parte Fundescam y no el PP de Madrid".

En la más de una década que ha pasado González como secretario general del PP de Madrid y como vicrepesidente y luego presidente regional, han ido desfilando numerosas tramas. Desde el   tamayazo  hasta la que ha llevado a la detención de González, bautizada como Lezo –en referencia al marino español del siglo XVIII Blas de Lezo, quien protagonizó la defensa de Cartagena de Indias frente al ataque inglés en 1741. Es esa ciudad donde   fueron grabados por una agencia de detectives Ignacio González y Rodríguez Sobrino–.

La red del PP de Madrid alcanzó empresas y  organizaciones empresariales. Hasta su imputación por el ático de Marbella, la esposa de Ignacio González, Lourdes Cavero, había sido la mano derecha de Arturo Fernández en la patronal madrileña. Fernández, tras haber sido agraciado durante años con contratos públicos de restauración de toda índole –desde universidades, pasando por RTVE, la Asamblea de Madrid y tanatorios–, ahora está en horas bajas: tiene problemas para pagar nóminas, ha dimitido de la CEOE y está de salida de la CEIM tras haberse descubierto que   gastó 30.000 euros con su tarjeta  'black' cuando era consejero de Caja Madrid.

 Igual que su concuñado Gerardo Díaz Ferrán, en la cárcel, que le precedió en la CEIM y gastó   95.000 euros con la 'black'. Otra dimitida, también amiga de Cavero, es   Carmen Cafranga, hasta hace poco presidenta de la Fundación Caja Madrid, por sus gastos con la 'black'.

Esto decía Manuel Cobo en aquella entrevista   en  El País: "Los que no han dado a mi partido más que malas noticias y rumores de las peores cosas no pueden poner en este espectáculo de la miseria humana a Rodrigo Rato Figaredo. Es de vómito y más si viene de aquellas personas cercanas, hoy, a Esperanza Aguirre, presidenta de mi partido en Madrid, que deben a Rodrigo todo lo que son. Si tuvieran un gramo de vergüenza, deberían decir todo lo que digo yo y más. Estoy de acuerdo con Javier Arenas en que Rodrigo Rato sería un lujo para la presidencia de Caja Madrid".

Caja Madrid fue, durante tiempos, un campo de batalla en el que Aguirre jugó fuerte, al igual que Alberto Ruiz-Gallardón y los suyos, como evidencian   los correos de Miguel Blesa. La primera, para colocar a González al frente de la caja; los segundos, para situar a Rodrigo Rato. Mariano Rajoy inclinó la balanza hacia Rato.

Eso sí, mientras tanto, la caja sirvió para colocar a los afines, tanto políticos como empresarios, que se beneficiaron de las   tarjetas 'black' a efectos fiscales: además de los propios Miguel Blesa y Rodrigo Rato, por el consejo de Caja Madrid pasaron  Arturo Fernández,  Gerardo Díaz Ferrán  Beltrán Gutiérrez  (exgerente del PP madrileño y marido de la exjefa de Gabinete de Aguirre, Isabel Martínez Cubells),  Pablo Abejas  (exdirector general de Economía de Madrid),   Carmen Cafranga (exdirectora de la Fundación Caja Madrid),   Ricardo Romero de Tejada (ex secretario general del PP madrileño),   Mercedes Rojo  (exasesora del Gabinete de Aguirre),   Juan Iranzo  (exconsejero del CES y Red Eléctrica, habitual de Intereconomía y 13tv) y   Alberto Recarte  (expresidente de Libertad Digital, beneficiada por el reparto de TDT), entre otros.

Pero las relaciones entre empresarios y la Puerta del Sol no acaban ni empiezan en Caja Madrid.   Un ejemplo: el entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, no volvió a España con el resto de la comitiva olímpica de Madrid 2020 trasladada a Buenos Aires en septiembre de 2013. González voló en el avión privado del presidente de Grupo ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, que también se desplazó a Argentina, y a bordo iba también la consejera de Educación, Juventud y Deportes, Lucía Figar.

La relación de Florentino Pérez con las administraciones madrileñas no termina en la construcción de instalaciones sino que se ha extendido hacia otros servicios que se desarrollan dentro de ellos: el Grupo ACS tiene varias empresas que intentan diversificar el negocio para reducir su dependencia del ladrillo. Esa estrategia   incluye hacer negocio con la educación pública. Una de estas filiales, Clece, gestiona decenas de guarderías públicas por la adjudicación de la Comunidad de Madrid.

El 10 de junio de 2003 fue un principio y un final. El tamayazo supuso el final a la posibilidad de imprimir un nuevo rumbo a la comunidad de Madrid. Y el inicio de lo que vino después: el desarrollo de un modelo de región basada en el ladrillo y la burbuja inmobiliaria, las privatizaciones y la connivencia entre empresarios y dirigentes del PP que ha derivado en corrupción en todos los niveles. "          (Andrés Gil, eldiario.es, 09/06/18)

9.5.18

López Madrid y Villar Mir, los hombres que tampoco untaron al PP

"Comparecieron en el Congreso Javier López Madrid y Juan Miguel Villar Mir. Yerno y suegro. El primero, exconsejero de la constructora OHL, condenado por las tarjetas black e implicado en distintos casos de corrupción. Sobre él pende la sombra, según los informes policiales, de haber mediado y pagado para conseguir adjudicaciones de obras públicas.

El segundo, expresidente de la compañía, gran fortuna nacional, exministro de Arias Navarro y sir juancarlista (fue nombrado marqués por el emérito). Su biografía es un manual de cómo medrar en una dictadura y luego convertirse tranquilamente en un prohombre democrático. Se sospecha que ha gozado de trato de favor de los poderes públicos durante su trayectoria. 

No obstante, sentenció que nunca –jamás– había donado dinero a ningún partido político. A fundaciones sí. ¿Qué fundaciones? FAES. “He tenido fe en FAES. Hace una buena labor”, confesó antes de especificar que apoquinaba poca cosa, unos 25.000 euros al año. Pagar a FAES, entiende, no es aportar al PP: está seguro de que los fondos se mantenían en el think tank.  

Ambos comparecieron en la Comisión que investiga la presunta financiación ilegal del PP. Una migaja. Se intentó meses atrás que Villar Mir declarara también en otro órgano, el que pretende esclarecer las dinámicas que derivaron en la crisis económica y financiera. Gracias a la negativa del PP y la abstención de Ciudadanos y del PSOE, se rechazó que los grandes magnates de la banca y del sector de la construcción asistieran al Parlamento a explicar cosas sobre bancos y obra pública. Un tema que un poco sí les atañía.

 El propio Villar Mir, en la mañana del 24 de abril, se reconoció como gran lord del empresariado. Lo hizo con humildad sarcástica: “Existo en el mundo económico, existo”, resumió tras enarbolar algunos rankings que reconocen su actividad.

A mediodía, tras una mañana de preguntas, negaciones y regates, se cerró la sesión. El octogenario Villar Mir, que triplicó su fortuna durante la crisis, se rezagó a la salida para solazarse con los diputados del PP, a los que había buscado durante casi cada frase de la intervención. No es que desease su aprobación, que tenía asegurada; simplemente los miraba para aliviarse: en vez de beber un trago de agua, miraba a los populares.

Salió un Villar Mir tan fresco como el que entró, igual de marqués, igual de plagado de cruces: la de la Orden del Mérito Civil, del Militar, la de Carlos III, la del Dos de Mayo y la de Isabel la Católica (las tres primeras, durante el franquismo). Las distinciones que otorga el Poder, por lo visto, en vez de pesar sobre las cervicales, aligeran el cuerpo. Al empresario se le ve joven como una cepa, y eso a pesar de no haber conocido en su vida, como aseguró, a nadie que trabajara más que él.

Su yerno, López Madrid, en cambio, entró y salió algo más cocido. Trae un historial más conflictivo: detenido por el caso Lezo, imputado por la Púnica, condenado por las black y procesado por la salida a bolsa de Bankia. El tema le cabrea. Proclama con pasión que se arrepiente de haber participado en el embrollo de Caja Madrid. Dijo que fue el más perjudicado y que perdió 21 millones de euros. 

Los sumarios de los casos Lezo y Púnica lo señalan como conseguidor y dispensador de sobornos. Según la UCO, en la agenda de Francisco Granados, en la que se anotaban donaciones fraudulentas, figuraban unas iniciales que le correspondían: JLM y JM. “Me están preguntando por una agenda que no es mía ni he escrito yo. Hay cientos de personas que pueden tener esas iniciales. Y yo no puedo ser JM y JLM al mismo tiempo”, se defendió.

También negó las palabras en sede judicial del empresario Adrián de la Joya, quien atribuyó a López Madrid una transferencia de 1,4 millones de euros a través de una cuenta suiza para que, a través de Ildefonso de Miguel (exgerente del Canal Isabel II), el untamiento llegara a Ignacio González. El pago, presuntamente, correspondía a la adjudicación del proyecto ferroviario entre Navalcarnero y Móstoles. 

El yernísimo declaró que nunca había pagado al PP y que tampoco tenía competencias para hacerlo. Su puesto de consejero, resaltó, no era ejecutivo. La denominación de su cargo era, en realidad, la de “consejero externo dominical”, título que no supo explicar muy bien: “Supongo que externo se refiere a que no tiene labor ejecutiva”, tanteó. El empresario tampoco supo negar con contundencia la existencia de una oficina compartida con Marjaliza, Granados y Blas Herrero (director de Kiss FM). “¿Nunca ha tenido una oficina compartida?”, inquirió Oskar Matute, del Grupo Mixto.

–Yo creo que no– escamoteó López Madrid 

–Pero lo sabrá, pagaría un alquiler…– indagó Matute, extrañado.

–  ... – se quedó en silenció, no negó ni afirmó, solo emitió una pequeña vibración craneal.
Sucedió algo ajeno a los hechos concretos que aborda la Comisión, pero muy vinculado a los engranajes relacionales que aclimatan el ambiente para la corrupción. 

El diputado Txema Guijarro, de Unidos Podemos, tras una performance de cortesía, quizás para preparar el efecto sorpresa, soltó: “¿Por qué a usted la reina de España le llama compiyogui?”. Aquello fue como tirar un petardo en un gallinero. Hubo silencios, ruiditos, dudas, reojos hacia el presidente de la Comisión Pedro Quevedo. Cundió la alarma. 

Guijarro preguntó también sobre el rey y sobre un viaje en yate. López Madrid fingía no escuchar. No contestaba, estaba en su derecho, pero tampoco quería negarse en voz alta a hacerlo. Decir “no quiero contestar” habría señalizado dónde está la puerta de la opacidad, dónde termina el derecho a la información. Mientras caían los interrogantes, el empresario buscaba a Quevedo esperando que fuera él quien trasladase la negativa y diera pie a la siguiente cuestión.

Tras un receso, Villar Mir llegó con retraso. Al sentarse se congratuló de intervenir en la sala Sagasta, ingeniero de caminos, como él. Fue la primera tentativa de reservarse un espacio en la historia de España. Hubo más, muchas como para transcribirlas. “Hoy pertenezco a cuatro Reales Academias por decisión de los académicos, eso no es por casualidad, sino porque has sido un ejemplo de honorabilidad y moralidad. He tratado de ser un hombre modélico y quiero morirme así”, expresó.

Villar Mir supo deslizar el titular, lanzar un trocito de carne. “No todos los empresarios somos iguales” (de buenos, se entendía). Él, aseveró, nunca había pagado mordidas a pesar de que algunas regiones como Baleares funcionaran así. “Yo me retiré de Baleares, pero antes ya me habían retirado a mí porque como no pagaba, no me daban obras”. No quiso revelar otros territorios parasitados por el mal del 3%, pero parpadeó muy asertivamente cuando Toni Cantó le preguntó si se refería también a Cataluña.

Sobre aquel arreón de José María García en el programa de Jordi Évole en el que insinuó su participación en sobornos, concluyó: “Quien dijo eso fue un completo mentiroso”. También tildó de embustero a Bárcenas, que confesó en su día una reunión junto a él y Pío García Escudero para recoger dinero. El marqués desacreditó al extesorero popular. Dijo que estaba demasiado manchado por sus falsedades. Entonces volvió a mirar a los diputados populares, de nuevo, como dando un trago de agua."                   (Esteban Ordóñez, CTXT, 24/04/18)

4.4.18

Pago de una comisión de 1,4 millones al que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por la adjudicación de las obras del trena Navalcarnero a la constructora OHL

"El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Lezo de corrupción, acaba de abrir nuevas líneas de investigación para recabar pruebas sobre el supuesto pago de una comisión ilegal de 1,4 millones de euros al que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por la adjudicación de las obras del trena Navalcarnero a la constructora OHL. 

El magistrado ha reclamado a esta compañía el volcado del equipo informático y del correo electrónico de una secretaria de esta empresa después de que una reciente intervención telefónica a un exdirectivo revelase "la profunda preocupación" de este por el material que la mujer pudiera guardar.

 El antiguo alto de la compañía mostraba en sus conversaciones su interés en que se forzase a la testigo a declarar en determinado sentido y se destruyera dicha información: “Esperemos que no tenga nada, se puede montar la de Dios”. Además, el magistrado ha solicitado toda la información sobre las llamadas realizadas o recibidas entre el último año por ocho líneas de teléfono. Cuatro de ellas pertenecen al máximo accionista de OHL, el empresario Juan Miguel Villar Mir.

La decisión del juez se produce después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le remitiera dos escritos en los que le solicitaba la práctica de estas nuevas diligencias para recabar indicios sobre el abono de dicha mordida por la que están imputados el propio Villar Mir; su yerno, Javier López Madrid; el empresario Adrián de la Joya; y tres exdirectivos de la compañía, además de Ignacio González.

 La transferencia de los 1,4 millones de euros se realizó en 2007 desde dos filiales de la constructora en México y tuvo como destino una cuenta suiza del banco Anglo Irish Bank, controlada por la fundación panameña Lauryn Group. Según los investigadores, el dinero tenía como destino pagar un soborno a Ignacio González.

 Solo un mes después del pago, OHL se hizo con el concurso. Hasta ahora, González ha asegurado que nunca recibió el dinero. Sin embargo, el titular de la fundación panameña que recibió los fondos, Adrián de la Joya, admitió que López Madrid le envió el dinero para que se lo transfiriera a su vez al presidente madrileño, pero que se quedó con los fondos para saldar una deuda que aseguraba que las empresas de Villar Mir tenían con él por un proyecto en África.

En uno de sus escritos, la Guardia Civil solicita al juez que reclame a la constructora que entregue el ordenador utilizado por Olga G. T., la secretaria de la compañía que trabajaba junto a uno de los exdirectivos bajo sospecha. También que pida copia de los archivos elaborados por esta empleada que pudieran estar guardados en los servidores de la compañía, así como de su buzón de correo electrónico desde el año 2007, fecha en la que se pagó el supuesto soborno.

 En el auto en el que acepta la práctica de dichas diligencias, el juez destaca que cuando esta mujer declaró como testigo ante la Guardia Civil aportó “determinados archivos informáticos que contienen documentos que tiene en su poder con motivo de sus servicios” a este exdirectivo. 

Entre ellos figuraba un documento denominado ‘contrato consultori.doc’ en el que se incluían “determinados datos que se corresponden con los conceptos que constan en las facturas investigadas supuestamente emitidas por [la fundación panameña] Lauryn Group que sirvieron de soporte para las transferencias” vinculadas al pago de la supuesta comisión por el tren a Navalcarnero.

El magistrado añade que una reciente intervención telefónica al ex director general de OHL Rafael Martín de Nicolás reveló “la profunda preocupación” de este porque la trabajadora “pudiera conservar ciertos archivos”. El ex alto cargo de la compañía pedía en esa llamada a su interlocutora que “comprobase que se hubiesen borrado” y le insinuaba que se le diesen “ciertas instrucciones a Olga sobre su posible declaración”.

 García-Castellón reproduce el fragmento de una conversación de este exdirectivo que, en su opinión, demuestra “la importancia que pudieran tener los archivos” en poder de dicha secretaria: “Pues… pues esperemos que no tenga nada, porque si es así, tener la sesta (sic) que no queda nada por ahí, porque es que, es que podemos montar, vamos, la de Dios”. El juez mandó el pasado 22 de marzo a la UCO a recoger dicho ordenador a la sede de la OHL.

En esta misma línea, García-Castellón ha autorizado una segunda diligencia solicitada por la Guardia Civil. Los investigadores habían pedido al magistrado tener acceso al tráfico de llamadas registrado entre el 1 de abril de 2017 –algo más de dos semanas antes de que se produjeran las primeras detenciones del caso Lezo- y el pasado 16 de febrero de ocho líneas de teléfono. Cuatro de ellas -tres móviles y una fija- tienen como usuario a Villar Mir, quien ya declaró como imputado por estos hechos y que volverá a hacerlo en las próximas semanas. 

El empresario ha negado hasta ahora cualquier irregularidad en su actuación. De otro de los números investigador es titular su yerno, López Madrid, mientras que las tres restantes figuran a nombre de los exdirectivos de OHL Felicísimo Ramos y Rafael Martín de Nicolás, este último el que alertaba sobre el contenido presuntamente incriminatorio del ordenador de la secretaria. 

La UCO también reclamaba las llamadas que pudieran haber hecho dos líneas de móvil británicas durante la estancia de sus usuarios en España. El juez ha admitido su práctica ante “la existencia de fundadas sospechas de que supuestamente tales datos pudieran dar información sobre relaciones o vinculaciones con los autores del delitos investigado y pruebas que permitieran avanzar en la investigación”.                (Óscar López Fonseca, El País, 01/04/18)

12.2.18

Villar Mir, el constructor favorito del PP en Madrid

"Si se superponen todos los casos de corrupción que afectan al Partido Popular (PP) en Madrid siempre aparece el nombre de un constructor y el de su yerno, destacados representantes de la jet-set empresarial de la capital que supieron granjearse sin distingos el favor de Ignacio González y de Francisco Granados, las manos derecha e izquierda de Esperanza Aguirre, sin dejar por ello de aparecer en el listado top de suministradores de donaciones opacas al PP nacional que acababan en la caja B que dirigía Álvaro Lapuerta y administraba, de su puño y letra, el exgerente Luis Bárcenas.


Javier López Madrid fue compañero de viaje del rey Felipe en Davos durante la última reunión del Foro Económico Mundial y es compiyogui de la reina Letizia

Juan Miguel Villar Mir –fundador de la constructora OHL hasta que renunció a la presidencia el 21 de junio de 2016– y su yerno, Javier López Madrid –consejero de la compañía hasta el pasado 9 de mayo, compañero de viaje del rey Felipe VI en Davos durante la última reunión del Foro Económico Mundial y compiyogui de la reina Letizia en sus ratos de asueto–, tienen desde la semana pasada otra cosa en común con González y Granados: todos están imputados por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por integrar presuntamente una organización criminal que se habría dedicado al reparto de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos públicos.

Los sumarios en los que se investiga la caja B de Génova y las tramas de corrupción que tejieron Granados y González mientras se repartían los negocios del Gobierno madrileño ponen de manifiesto el triángulo de relaciones que sus protagonistas mantenían con Villar Mir y su protegido.

 De hecho, de las empresas que aparecían como donantes del PP en los papeles de Bárcenas, OHL fue la más beneficiada entre los años 2002 y 2009, periodo en el que se adjudicó un total de 619 obras públicas por valor de 7.758,21 millones de euros, de las cuales 215 concesiones (por 4.652,66 millones) fueron otorgadas por gobiernos del PP, según un informe que la UDEF entregó al juez Ruz en 2013.

Granados, según el sumario del caso Púnica, pasó varias vacaciones navegando con su mujer y sus dos hijas en el yate de López Madrid y, según un informe de la UCO fechado en abril de 2016, “nunca realizó transferencia alguna durante todo el tiempo que utilizó la embarcación”. 

La imputación de Villar Mir y López Madrid en el caso Púnica responde a la estrategia de colaboración que desde hace meses viene poniendo en práctica el arrepentido David Marjaliza, que a mediados de enero depositó en la Audiencia Nacional una serie de facturas que demostrarían el reparto de 3,6 millones de euros que se habrían llevado, a partes iguales, él, el yernísimo y el propio Francisco Granados. 

Las mordidas responderían supuestamente al amaño en el año 2004, cuando el político de Valdemoro era consejero de Transportes e Infraestructuras del Gobierno madrileño que llevó a cabo la ampliación del Metro más ambiciosa de toda su historia, de las adjudicaciones para construir el Metro Ligero a Boadilla del Monte, el tramo B-1 del Metro Norte y la conexión entre el Metro Sur y la línea 10. 

La simbiosis de López Madrid con la trama Púnica era tal que el informático de la red, Alejandro de Pedro, le llegó a recomendar que destruyera su móvil cuando la dermatóloga Elisa Pinto se querelló contra él por acoso, lo que motivó la apertura de un procedimiento que se archivó y volvió a abrirse en mayo pasado.

Pero los nombres del suegro y del yerno, siempre asociados al del exconsejero delegado de la empresa pública Mintra, Jesús Trabada, también se repiten en el sumario del caso Lezo, en el que todos están imputados por el supuesto pago en 2007 de una comisión de 1,4 millones de euros a Ignacio González por la adjudicación de la construcción del tren a Navalcarnero, que nunca llegó a ejecutarse y por el que OHL reclama 370 millones a la Comunidad de Madrid.

En la agenda de López Madrid, que fue puesto en libertad bajo fianza de 100.000 euros en abril pasado, se encontró una anotación manuscrita que decía “Jesús Trabada, Mintra, Nacho”. El pago se habría hecho desde la filial mexicana de OHL hasta una cuenta en Suiza de la que era titular el empresario Adrián de la Joya, que aseguró en su declaración ante el juez que se negó a pagar a políticos y se quedó el dinero por otros trabajos de intermediación que le debía la constructora.

En una de las escuchas del caso Lezo, Ignacio González confiaba al exdelegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro que López Madrid le contó cómo su suegro daba dinero al extesorero Lapuerta. La defensa del exdirectivo de OHL niega esa afirmación y asegura que el expresidente madrileño realizó esa imputación sabedor de que en su despacho la UCO había colocado un micrófono de ambiente. 

En todo caso, Villar Mir también aparece en la tercera pata de la corrupción del PP en Madrid, al ser uno de los donantes que anotó Bárcenas en los cuadrantes con los que controlaba la contabilidad B de la formación. Según sus papeles, el empresario, que también está imputado en este procedimiento después de la reapertura de la causa a raíz de la confesión a medias que Francisco Correa hizo en el juicio por la primera época de actividades de la trama Gürtel, aportó a las arcas del PP nacional un total de 530.000 euros en los años 2004, 2006 y 2008.

Como pago a los favores que todos se debían, González, según los pinchazos del caso Lezo, colocó a López Madrid como consejero en Caja Madrid, entidad que le suministró una tarjeta black opaca a la Hacienda pública en la que el compañero de yoga de la reina Letizia cargó 35.988 euros. 

Por ese puesto en el Consejo de Administración de la entidad financiera, el directivo ya tiene una condena de seis meses de cárcel que será revisada en breve por el Tribunal Supremo, y se enfrenta a una petición de cinco años y medio de cárcel en el juicio por la fusión y salida a Bolsa de Bankia. 

En diciembre pasado, cuando el fiscal del caso de la caja B, Antonio Romeral, le preguntó por ese supuesto enchufe, López Madrid aportó una respuesta que más bien parecía un lamento: “Maldita la hora que entré, sólo perdimos 21 millones de euros y llevo dos juicios, está fenomenal (…) Si el señor González tuvo algo que ver en eso, no lo sé, pero ojalá no me hubieran invitado por los empresarios y ojalá yo hubiera dicho que no”."                    (Alfonso Pérez Medina, 05/02/18)

9.2.18

El juez de Púnica imputa a Villar Mir por la caja b del PP de Esperanza Aguirre

"El titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García-Castellón, ha dictado este jueves un auto por el que cita a declarar como imputado en el caso Púnica de corrupción al empresario Juan Miguel Villar Mir. 

El magistrado justifica su decisión en la vinculación que ha destapado la investigación de la Guardia Civil entre las supuestas donaciones irregulares realizadas por el grupo constructor que presidía Villar Mir a la caja b del PP de Madrid —y que aparecían recogidas en la agenda manuscrita del cabecilla de la trama, Francisco Granados— y la adjudicación irregular de obras por parte de la empresa pública Arpegio a sus empresas.




En el auto, el magistrado imputa a otras cinco personas por estos hechos y por otros amaños también relacionados con la presunta financiación irregular de los populares madrileños en la etapa de Esperanza Aguirre. Entre ellos, al que fuera consejero delegado de la empresa pública Mintra —ya extinguida—, Jesús Miguel Trabada. Villar Mir deberá comparecer en la Audiencia Nacional el próximo 6 de febrero. Ese mismo día, también declarará como imputado su yerno, Javier López Madrid, ya imputado en la causa.

El nuevo escrito del juez detalla los últimos avances de la investigación tras la declaración que el pasado 17 de enero hizo el constructor David Marjaliza, cabecilla de la trama y que desde junio de 2015 colabora con la Justicia. En aquella comparecencia, Marjaliza aportó a la causa documentación contable y facturas que revelaban el supuesto amaño de tres obras del Metro de Madrid que permitieron a él, a López Madrid y a Granados repartirse una comisión de 3,6 millones de euros mientras este último era el consejero de Transportes del ejecutivo regional de Aguirre. 

El magistrado refleja en su escrito que esa información ha sido corroborada por nuevos datos recopilados recientemente, entre ellos diversos correos electrónicos que ahora han permitido también imputar a varios directivos de empresas que declararán por estos mismos hechos en los próximos días.

García-Castellón detalla además las pesquisas sobre la construcción de otros tramos del Metro de Madrid que han destapado presuntas irregularidades en el encargo de las fiestas de inauguración a la empresa Waiter Music, responsable de organizar también numerosos actos electorales del PP de Madrid en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y 2011 y en las generales de 2008. El auto destaca que la adjudicación de estos contratos se hizo de orden de Granados, pese a que este ya no se encontraba al frente de la Consejería de Transporte.

Finalmente, el juez apunta al amaño de adjudicaciones de la empresa pública del suelo Arpegio en favor de la sociedad Elsan, perteneciente al Grupo Villar Mir. El auto explica que en enero de 2011, Javier López Madrid intercambió correos con otro ejecutivo de OHL y con Ignacio Palacios, mano derecha de Granados durante todos los años de su carrera política, para conseguir que las constructoras del ahora imputado Juan Miguel Villar Mir recibieran contratos de modo irregular de la Comunidad de Madrid. 

Es en este punto en el que el magistrado detalla que la investigación sobre la agenda que se intervino a Granados cuando fue arrestado en octubre de 2014 ha permitido identificar al Grupo Villar Mir "como presunto donante del PP de la Comunidad de Madrid". 

Por todo ello, fija para los próximos días 6 y 13 de febrero la declaración como imputado de seis nuevos investigados y vuelve a llamar a declarar a otros tres personas que ya lo estaban: López Madrid, el propietario de Waiter Music, José Luis Huerta; y uno de los estrechos colaboradores de Granados en la Consejería de Transportes, Edelmiro Galván."           (Ós , , El País, 01/02/18

12.1.18

Villar Mir, el marqués que triplicó su fortuna durante la crisis

"La indignación recorre el país y no es por los títeres de Tetuán. En un barrio más céntrico de Madrid, en la calle Génova, el manto que cubría a duras penas las vergüenzas de los dirigentes del Partido Popular se hace jirones de forma acelerada. 

Con el emperador aislado y el partido imputado, la formación que en 2012 presumía de estar recuperando la economía y de abanderar la decencia y la honradez se muestra hoy como una farsa, como un cuerpo hormonado por décadas de contabilidad paralela, evasión fiscal y dopaje financiero, gangrenado de la cabeza a los pies por una corrupción local, regional y nacional, es decir estructural.

Detrás de esa imagen de asociación acostumbrada a delinquir, que remite al hundimiento de la Democracia Cristiana y el PS italiano en 1992, se dibuja una red borrosa, muy tupida y difícil de visualizar, cuya mera idea nos acerca al abismo de la corrupción sistémica, de una metástasis de régimen que todavía esgrimen como arma amenazante algunos ilustres implicados: tanto el “si caigo yo, caemos todos” de Pujol como el “tirar de la manta” de Bárcenas sugieren que quedan enormes lagunas por descubrir: cuál es la magnitud real del fenómeno, en qué momento empezó, quiénes promovieron e impulsaron el clima de saqueo e impunidad… 

Y una duda quizá intranscendente: ¿quiénes se han beneficiado más, los corruptores o los corrompidos?

Por lo pronto, los múltiples casos de corrupción en curso -todavía en proceso- empiezan a dar nombres concretos de empresas y empresarios que aparecen de forma recurrente en las diferentes tramas.

Uno de los principales es el octogenario Juan Miguel Villar Mir (Madrid, 1931), ex peso pesado del Estado y símbolo de las puertas giratorias y de las conexiones económicas entre el franquismo y la democracia. Abogado y doctor en Ingeniería de Caminos, Villar Mir se reconvirtió con la llegada de la libertad en empresario y rey del hormigón, y hoy es uno de los príncipes del Ibex35. 

Gran conocedor de los resortes de la administración, cubrió una larga trayectoria en ministerios franquistas, desde el de Obras Públicas –subdirector general de puertos y señales marítimas (1961-1964)–, al de Trabajo como director general de empleo (1964-1967), y el de Hacienda como ministro (1975-1976).

Vicepresidente económico en el Gobierno de Arias Navarro, pasó a ser alto cargo de empresas públicas en los años 80 (fue presidente de la entonces gigantesca Altos Hornos de Vizcaya, de Hornos del Mediterráneo, y de Hidronitro Española).

 Tras su paso por el primer gobierno (preconstitucional) del Rey Juan Carlos, el empresario conservó durante décadas la amistad del monarca, premiada finalmente con la concesión del título de Marqués de Villar Mir en 2011. Curiosamente, Francia le había concedido un año antes su máxima distinción republicana, la Legión de Honor, siendo presidente Nicolas Sarkozy.

Su sobresaliente currículum (doctor y miembro de la Real Academia de Ingeniería) y su afamado éxito como “virtuoso de las empresas en quiebra” (compró en 1987 por 100 pesetas su empresa matriz, Obrascón, una de las diez mayores empresas de construcción en los años 70) se mezcla hoy con sombras de amaños en concursos públicos, sobrecostes, sobornos o donaciones ilegales, que recorren Mallorca, Madrid, Barcelona y vuelan hasta México. 

El que fuera Empresario del Año en 2011 está cada vez más cercado por las investigaciones policiales: la semana pasada, el juez Eloy Velasco, que instruye la Operación Púnica, ordenó sendos registros en la sede del imperio OHL y en el domicilio de su yerno, Javier López Madrid. 

Los papeles de Bárcenas y ahora los de Granados sitúan a Villar Mir como uno de los principales mecenas B del PP, con pagos de 530.000 euros entre 2004 y 2008, y del PP de Madrid, con dos pagos por un valor total de dos millones.

En todos los casos abiertos parece representarse la misma función: el venerable empresario de referencia reparte favores entre sus validos, un grupo de políticos, jerárquicamente organizados, que alimentan la riqueza de éste para provecho mutuo. 

Según el informe de la UDEF remitido al juez Ruz, los pagos que presuntamente efectuó OHL al PP entre 2004 y 2009 coinciden con adjudicaciones a la empresa por valor de 7.758 millones de euros entre 2002 y 2009, de los cuales 4.652 millones proceden de administraciones gobernadas por el Partido Popular. Según el informe, OHL es la empresa que más contratos recibió en esas comunidades.

Uno de los primeros guiones de las tramas de corrupción que han rodeado a Villar Mir se representó en público con la declaración ante el fiscal Pedro Horrach de Aina Castillo, ex consejera de Salud del gobierno balear del PP, que acusó a Jaume Matas –ahora cortesano arrepentido– de haberla presionado para amañar en 2006 las condiciones del concurso para la construcción del hospital de Son Espases, en Mallorca, de modo que resultara en favor de OHL. 

Aquella era la obra de mayor envergadura del gobierno balear, valorada en 778 millones de euros, y según contó el Diario de Mallorca, la operación se fraguó en el más famoso centro internacional de negocios de Madrid, el palco del estadio Bernabéu.

 Finalmente, tras el revuelo mediático originado por algunas filtraciones, y la posterior revisión del concurso, la obra fue adjudicada a ACS. Según declaró la exconsejera, la razón fue que, si Florentino Pérez no obtenía la obra, en Génova “iba a haber un problema político”. Esto parece apuntar a diferencias entre distintas cortes (Mallorca y Madrid), y sobre el rey al cual favorecer (Pérez o Villar Mir).

En otros casos, se han puesto en evidencia supuestas irregularidades en la ejecución de grandes obras adjudicadas por el Estado, y que conllevaron elevados sobrecostes y demoras. Por ejemplo, en el polémico tramo del Ave de Hospitalet-La Torrasa, el Tribunal de Cuentas investigó el sobrecoste del 230% de la obra adjudicada a OHL en 2005. 

Por dicho tramo, que se ha hecho popular por las filtraciones de agua que afectan al recorrido, la constructora percibió 214,3 millones, de los 125 presupuestados inicialmente. En 2007, Adif decidió finiquitar el contrato con OHL, y encargó su finalización a Sacyr. Finalmente la obra costó 354 millones de euros.

La publicitada política de expansión internacional de OHL no solo no ha servido para despejar sospechas, sino que se ha convertido en el mayor quebradero de cabeza de la constructora. Varios de los directivos de su filial en México, y en particular su consejero delegado Pablo Wallentin (hoy cesado), se han visto involucrados en una serie de grabaciones policiales en las que hablaban de supuestos sobornos a jueces, el incremento del precio de la tarifa de una autopista, o el pago de unas vacaciones al secretario de Estado de Comunicación, Apolinar Mena Vegas. 

Estos hechos, y un litigio que la sociedad española mantiene con la empresa mexicana Infraiber, han provocado la auditoría de todos los contratos firmados por OHL con el gobierno mexicano y la posterior caída en la cotización de su filial mexicana.

Otro de los frentes foráneos, el megaproyecto del AVE a la Meca, está siendo motivo habitual de disputa con el gobierno de Arabia Saudí. El proyecto, el mayor conseguido nunca por una empresa nacional en el exterior, fue concedido al consorcio liderado por Adif (21,05%) y OHL (6,21%) por 6.700 millones de euros, pero tras los sobrecostes podría elevarse hasta los 16.200 millones. 

Dichos sobrecostes y la tardanza en las obras hicieron tambalearse el proyecto, lo que obligó al marqués a recurrir a su viejo amigo Juan Carlos de Borbón, impulsor del contrato original, quien realizó un viaje relámpago a Riad en enero de 2015 para pacificar a sus pares saudíes y promover un nuevo plan de obra que integra los sobrecostes y un nuevo calendario.

A estas dudas sobre sus relaciones con la administración, ya sea nacional o extranjera, se suma el apoyo constante de Villa Mir a la cúpula del PP. OHL figura en los papeles de Bárcenas en los ejercicios de 2004, 2006 y 2008, con aportaciones de 100.000, 180.000 y 250.000 euros, respectivamente.

 Eran los tiempos en que Rajoy se hacía con el timón del partido, y en los que trababa amistad con otros empresarios como Gabriel Escarrer (propietario de Meliá), dueño del yate que utilizaba, junto a Matas, durante sus veraneos en Mallorca. Como muestra de la complicidad entre Rajoy y Villar Mir (paralela a la amistad entre Aznar y Florentino Pérez), quedan los 300.000 euros que, según Bárcenas, OHL dio al PP para la campaña de 2011, que depositó a Rajoy a La Moncloa con una cómoda mayoría absoluta.

Villar Mir es uno de los “hombres de estado” que apareció hace unas semanas en la portada de Expansión solicitando la gran coalición entre PP y PSOE. “Es lo mejor para el bienestar”, afirmaba el marqués. También ha dicho que Manuela Carmena puede ser una gran alcaldesa para Madrid, quizá esperando su apoyo al polémico megaproyecto del centro comercial Canalejas, valorado en 400 millones, y situado a 100 metros de la Puerta del Sol Vodafone.
Si finalmente no saliera, Villar Mir tampoco se quedaría en la calle. 

Tras tres décadas construyendo grandes obras, el exministro de Hacienda ha tenido la suerte de ser uno de los pocos españoles que ha sorteado la Gran Recesión con éxito y holgura: entre 2007 y 2015, su fortuna se multiplicó por cuatro, pasando de 1.350 millones a 5.700 millones. El marqués ha entrado así por la puerta de honor en la lista Forbes de las 10 mayores fortunas (3º en 2015) en España, que actualmente poseen algo menos del 10% del PIB español (90.148 millones).

Preguntado en una entrevista en El País en 2011 por la crisis económica, Villar Mir exhibía con orgullo cómo había capeado la recesión gracias a la internacionalización de la empresa y la diversificación del negocio, reduciendo la dependencia del mercado español, de cuyos excesos se desmarcaba: “Duplicar la construcción de viviendas nos ha llevado a la crisis actual”, decía en la entrevista, en la que glosaba las virtudes de mirar hacia afuera, comparando a España con otros países, como Alemania, donde, decía, “es normal que, cuando una empresa está en dificultades, los obreros se ofrezcan a trabajar más y cobrar menos para salvarla. En este país eso no lo hace nadie”. 

Desde que empezó la crisis, menos del 20% de la facturación y solo el 38% de la plantilla de OHL están en España.

No obstante, su ostentación de autonomía contrasta con algunas cifras, como los 7.758 millones que ingresó por adjudicaciones de la administración pública entre 2002 y 2009 o los créditos por valor de 535 millones que recibió entre 2009 y 2011 de Caja Madrid, antes de ser intervenida, a tipo de interés del 0%.

El primer dato muestra cierta dependencia, pues sus ingresos por adjudicaciones públicas en España significaron un tercio (32,33%) de todos sus ingresos durante ese periodo (su resultado de negocio neto sumó 23.993 millones entre 2002 y 2009). 

En cuanto al último dato, no tendría por qué ser muestra de dependencia si no fuera por la presencia de su yerno, Javier López Madrid, en el consejo de administración de Caja Madrid en 2010, 2011, y posteriormente en Bankia hasta la salida de Rodrigo Rato. Por si no fuera suficiente con esta ayudasu yerno gastó 34.800 euros de su correspondiente tarjeta black.

Su desinterés por el mercado español no ha frenado a Villar Mir a la hora de enfrentarse al Estado. En 2014, el Grupo OHL presentó una demanda contra el Ministerio de Fomento por no cumplir la cláusula del contrato de adjudicación de la autopista de peaje Madrid-Aeropuerto (M-12), que establecía una compensación en caso de que el tráfico no fuera suficiente para generar unos ingresos que compensaran los costes financieros.

 OHL reclamó al Estado 64,89 millones, el 20% del coste de construcción de la autopista. En octubre del año pasado, la sociedad que gestionaba dicha autopista fue liquidada. Por ende, se estima que la responsabilidad patrimonial del Estado asociada a la liquidación de la concesión es de 305,47 millones de euros (el 93% de los 327,81 millones por la que fue adjudicada a OHL).

Una empresa bien conectada con el Estado

La máxima figura actual de OHL es un dejavú: Josep Piqué ha pasado por el Senado, por el Congreso, por el Parlament catalán y por varios ministerios hasta ser portavoz del gobierno de Aznar, y hoy es el consejero delegado del Grupo OHL. Antes, otros como Baltasar Aymerich Corominas ocuparon puesto en el consejo; éste último fue Subsecretario de Obras Públicas y Urbanismo en el último gobierno de UCD.

No obstante, la conexión de OHL con el Estado tiene otra caras menos conocidas. En las listas del PP por Madrid para las elecciones del 20D aparecía en tercer lugar Isabel García Tejerina, sólo por detrás de Rajoy y su número dos, Soraya Sáenz de Santamaría. Tejerina fue directora general de agricultura y alimentación durante la época de Aznar, y es la ministra de Agricultura y Medio Ambiente en funciones. 

Además, fue durante ocho años alto cargo en empresas del Grupo OHL: consejera de la sociedad argelina Fertial S.P.A y directora de planificación estratégica en Fertiberia S.A. Esta última empresa tiene una sentencia de 2010 de la Audiencia Nacional por incumplimiento del contrato de concesión (por acumulación de residuos tóxicos de más de 120 millones de toneladas de fosfoyesos) por la que pagó 21,9 millones de euros en 2011 para hacer frente a la restauración de las marismas de Mendaña (Huelva), donde se depositan los fosfoyesos.

Otro exempleado de Villar Mir menos conocido y muy bien situado es Juan Trinidad, que fue asesor jurídico de OHL y hoy es diputado de Ciudadanos por la Asamblea de Madrid y miembro de la Mesa que decide los temas que se debaten, y los que no. Trinidad era el número ocho de la lista y fue sorprendentemente elevado a vicepresidente primero de la Mesa. Cuando el presidente esté ausente, él será quien decida el orden del día."                (Rubén Juste de Ancos - ctxt.es , en Attac España, 23/03/16)