Los tiempos de la Justicia española los marca el Santander, sobre todo cuando tiene que pagar a los ciudadanos a los que colocó cláusulas abusivas o cuando los jueces tienen que decidir sobre asuntos turbios que apuntan a la línea de flotación del banco.

 "Los tiempos de la Justicia española los marca el Santander, sobre todo cuando tiene que pagar a los ciudadanos a los que colocó cláusulas abusivas o cuando los jueces tienen que decidir sobre asuntos turbios que apuntan a la línea de flotación del banco.

En el caso de las cláusulas abusivas, el Santander tiende a retrasar los litigios todo lo que puede porque sabe que, al final, le va a tocar devolver el dinero a los clientes a los que colocó esas cláusulas ilegales.

Un ejemplo de ello es lo que sucede con las cláusulas suelo, y eso que hay doctrina del Tribunal del Supremo que determinó que era una práctica abusiva y, en consecuencia, ilegal, por lo que todas las entidades bancarias están obligadas a devolver lo cobrado de más tras la caída del Euribor.

Sin embargo, el Santander es como los falangistas y actúa inasequible al desaliento, litigando y litigando, llevando las reclamaciones a juicio, recurriendo y no pagando hasta que el cliente estafado reclama una ejecución de la sentencia.

Los datos oficiales demuestran cómo el Santander, con esta estrategia, está colapsando los juzgados y, en consecuencia, está impidiendo que se haga justicia…, cuando se hace. Según la base de datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo en los juzgados de la Comunidad de Madrid hay abiertas 70.027 causas de cláusula suelo. Fuentes judiciales consultadas por Diario16 señalan que más de 30.000 corresponden a Banco Santander. Es decir, un 42,9%.

Esto sólo es posible por la estrategia de litigación irresponsable que aplica el Santander. Abogados especialistas en cláusulas abusivas han confirmado a Diario16 que el Santander siempre va a juicio, independientemente de si la cantidad reclamada por los clientes es grande, mediana, pequeña o ínfima. «Nos llevan a juicio hasta por reclamaciones de comisiones de apertura que no llegan ni a los 500 euros», señala a este medio una letrada.

Si el Santander pierde en primera instancia, recurre a la Audiencia Provincial correspondiente y aquí se produce una verdadera crueldad: cuando la sentencia es favorable a los clientes, les obliga a reclamar la ejecución de la sentencia, por lo que se demora el tiempo para recuperar el dinero.

«Es todo lo contrario de lo que ocurre con el BBVA», sentencian las mismas fuentes consultadas.

Esta actitud del Santander ha sido condenada, incluso, por los tribunales en varias ocasiones. En 2020, el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Girona, en una sentencia sobre cláusulas hipotecarias abusivas, además de condenar a la entidad a devolver las cantidades cobradas de más, señaló que «la postura mantenida por la demandada [Banco Santander] merece que sea declarada su expresa temeridad. En efecto, i) la demandada mantiene una postura de oposición frontal sin estar debidamente justificada; ii) se verifica y mantiene tanto en la previa reclamación como en vía judicial abocando a la prestataria consumidora a acudir al Juzgado, con el colapso que supone; iii) y teniendo muy presente que la STS de fecha 23/12/2015 declara la nulidad de cláusula semejante y por lo tanto la demandada ya debería haberla suprimido y devuelto cantidades conforme jurisprudencia imperante; y iv) es más, conforme a la STS de fecha 23/1/2019 la cuestión relativa a la nulidad de gastos y restitución de cantidades ha quedado plenamente zanjada, y pese a ello la entidad sigue mostrando oposición».

Más recientemente, en 2022, fue la Audiencia Provincial de Barcelona la que condenó en costas por temeridad, ya que «el consumidor formuló reclamación con más de un año de antelación a la interposición de la demanda y no obtuvo respuesta alguna del banco».

A pesar de estas condenas, el Santander sigue adelante con esta estrategia de litigación irresponsable que está colapsando los juzgados y, según denuncian distintos juristas consultados, puede conculcar, incluso, la Constitución española, al impedir el normal desarrollo del derecho a la Justicia de la ciudadanía. Pero eso, al Santander, le da exactamente igual.

«Cuando el sistema está ideado para defender al grande y al poderoso y no para aplicar el principio de igualdad procesal el pequeño siempre tiene todas las de perder y de eso se valen las grandes corporaciones. Es David contra Goliat. Cuando se declara que un producto es ilícito, el Banco de España debería a obligar a todas las entidades a eliminarlo sin necesidad de que cada cliente acuda a los juzgados. De esa manera se eliminaría el exceso de litigiosidad que demora la Justicia y que es provocado por las grandes corporaciones», denuncia a Diario16 un letrado que conoce la estrategia de litigación del Santander.

Archivos rápidos o alargamientos artificiales

Sin embargo, cuando los asuntos a los que se enfrenta el Santander pueden sacudir su línea de flotación, los tiempos se recortan mucho. La presunta gran influencia que tienen sus abogados sobre los jueces de determinadas instancias u organismos judiciales provocan que las causas se archiven muy rápidamente o que, directamente, sean sobreseídas obviando, incluso, informes periciales de organismos oficiales.

El caso de blanqueo de capitales, instruido por el juez Pedraz, es un ejemplo de esto último. La causa la había llevado durante varios años el juez De la Mata y había reclamado al Banco de España un informe pericial sobre si el Santander formaba parte de una red de blanqueo de capitales junto a BNP y HSBC. De la Mata marchó a Eurojust y fue sustituido por Pedraz quien, en menos de un mes, ya había sobreseído la causa y absuelto al Santander.

La ocultación de 2.000 millones de euros por parte de la familia Botín en Suiza también tuvo un recorrido judicial muy corto, ya que el juez Fernando Andreu lo resolvió con el pago de la multa correspondiente y no inició actuaciones judiciales contra quienes habían reconocido una evasión fiscal de libro.

En otros casos, los tiempos de la Justicia se han acomodado a los intereses del Santander. Si interesa que se alargue, como sucede con el Caso Popular, se alargará. Si se topan con fiscales o jueces que pueden condenar, se crearán doctrinas «ad hoc» para salvarlos. Si, directamente, el golpe que pueden sufrir afecta a su presidenta o a la cúpula del banco, entonces se archiva."                (Esteban P. Cano, Diario16, 10/10/23)

Un abogado que era modelo de pasarela, un candidato de Plataforma per Catalunya que se convirtió en asesino, abogados, un notario corrupto y oficiales de la notaría, se unieron con un objetivo común: estafar a ancianos y quedarse con sus propiedades

 "Un abogado que era modelo de pasarela, un candidato de Plataforma per Catalunya que se convirtió en asesino y un notario corrupto se unieron con un objetivo común: estafar a ancianos y quedarse con sus propiedades. Esa es la conclusión a la que ha llegado el juez de instrucción 32 de Barcelona después de siete años de una costosa y laboriosa investigación que acumula más de 100 tomos y que ha dejado sin vivienda a 128 familias catalanas en la que se ha convertido en la mayor estafa inmobiliaria de España.

 En el auto al que ha tenido acceso La Vanguardia , el juez deja a un paso del juicio a 17 personas –hay dos más en paradero desconocido y dos fallecidos en este tiempo– como presuntos responsables de la gran estafa. No la cuantifica, pero el montante del engaño es de varios millones de euros. Como líderes de una organización criminal, el juez sitúa al abogado y modelo de pasarela, Francisco Comitre; al notario –suspendido de funciones– Enrique Peña, y a Artur Segarra, un estafador que, huyendo de la justicia por esta causa, se refugió en Tailandia, donde asesinó y descuartizó a David Bernat, un empresario de Lleida al que intentó sin éxito robarle su patrimonio. Segarra es uno de los acusados que, según el juez, se encuentran en paradero desconocido, pero es sabido que cumple condena por aquel asesinato en un correccional de Bangkok donde en un primer momento fue sentenciado a la pena capital que luego le fue conmutada por cadena perpetua.

 La trama, liderada por estas tres personas, se apropiaba de viviendas de personas mayores, aprovechándose de sus necesidades económicas y de su incapacidad para entender el papeleo jurídico. Les hicieron firmar documentos notariales y de compraventa que resultaron ser engañosos para quedarse con sus propiedades. En el auto, el juez sostiene que los acusados realizaron “distintas operaciones financieras” “aprovechándose de la situación económica acuciante en la que se encontraban las víctimas y de su escasa formación”.

 La estafa empezó con un anuncio en la prensa publicado a toda página en enero del 2013. “Rentas vitalicias para superar la crisis”, decía el eslogan. “Si tiene más de 65 años y un piso de propiedad consiga otra pensión”. Aquella publicidad ofrecía la posibilidad a personas mayores de hacer una hipoteca inversa o un usufructo vitalicio, por el cual los propietarios cedían la propiedad pero seguían ostentando el disfrute de la vivienda–el usufructo– hasta que murieran a cambio de percibir una renta mensual. En aquella época en la que todavía se notaban las consecuencias de la crisis económica del 2008, hubo personas mayores que querían saldar sus deudas y otras que quisieron complementar su jubilación a cuenta de sus propiedades y que se vieron atraídas por aquella oferta.

 Cuando estalló el caso en el 2014, la junta del Col·legi de Notaris de Catalunya decidió personarse en la causa para ejercer la acusación particular contra los responsables de la trama que estafaba a ancianos porque uno de los supuestos líderes era el notario, Enrique Peña. El colegio, en una decisión sin precedentes, solicitó al Ministerio de Justicia la suspensión cautelar que finalmente fue aceptada en febrero del 2016. Desde entonces, este notario no puede ejercer. El colegio reafirma su compromiso con las víctimas y asegura que seguirá hasta el final para que se aclaren los hechos que son objeto de la investigación a fin de defender a los afectados y reafirmar la respetabilidad de su profesión.

Los estafadores se anunciaban con el nombre de Gestió Vitalícia, aunque después fueron creando hasta 42 nuevas sociedades con otros nombres pero que ofrecían productos similares. Cuando los ancianos llamaban a la empresa quienes les visitaban eran Comitre, abogado con buena presencia, y Segarra, comercial de buena labia y verborrea. Cuando debían elevar la escritura pública, los clientes eran siempre derivados al mismo notario, Enrique Peña, que tenía un despacho en la Diagonal de Barcelona, lo que a ojos de todo el mundo era sinónimo de respetabilidad. A los ancianos les hacían firmar un poder para cancelar las cargas– un trámite que siempre hace el banco–, y luego los estafadores utilizaban ese poder para vender la propiedad a una tercera persona, que era un testaferro de su misma trama.

 Los ancianos “terminaban por firmar, sin conocimiento y sin ser debidamente informados de ello, las ventas de sus propiedades por un precio muy inferior al real valor de los inmueble”, establece el juez. Así, por medio de esta ingeniería jurídica, los abogados, notarios y demás miembros de la trama, entre los que también había abogados y oficiales de la notaría, lograban apoderarse de las viviendas de los ancianos, que en muchas ocasiones fueron obligados a abandonar sus casas. Y, por si fuera poco, por medio de los testaferros solicitaban una hipoteca para comprar la vivienda que después dejaban impagada

. En otras ocasiones, simplemente los clientes pedían un préstamo poniendo sus casas como garantía, pero en realidad firmaban la venta de sus domicilios. Estas eran las fórmulas del engaño que utilizaron en 128 ocasiones, aunque se sospecha que puede haber muchas más que no han podido demostrarse. Las viviendas estaban situadas en Catalu-nya, en la zona alta de Barcelona, Teià, Santa Coloma de Gramanet, Viladecans, Terrassa, Calella, Arenys de Munt, Vielha...

La causa estalló en el 2014, se denominó operación Cocoon y desde entonces las víctimas no han podido recuperar sus viviendas. Se encuentran paralizadas en el registro de la propiedad con órdenes de prohibición de disponer, lo que significa que nadie puede tocar la titularidad a expensas de lo que determine el proceso judicial, pero que en este caso sigue a nombre de los estafadores.

 Este diario ha intentado contactar con algunas de las víctimas, pero la mayoría son personas de avanzada edad que no se encuentran capacitadas para hablar de lo que les ocurrió. Otras tantas han muerto, con lo que son sus herederos los que empujan para que los estafadores de sus familiares acaben condenados. A pesar de que hay más de un centenar de afectados, solo veinte familias han querido o podido personarse. “Es indignante lo que han tenido que vivir estas personas”, cuenta un abogado que prefiere mantener el anonimato.

 “Las victimas son todas personas muy mayores, que no pueden entender cómo un proceso judicial pueda durar tantos años y que no puedan recuperar sus propiedades cuando ya se ha descubierto que fueron víctimas de una estafa. Están desesperadas, tristes y algunas con graves problemas económicos derivados de los hechos”, relata otra abogada que destaca la impotencia que sintieron las víctimas. “Nadie les creía, cada afectado denunció por su cuenta la estafa y jueces y fiscales archivaban sus denuncias porque confiaban más en la palabra de un notario que en la de una persona mayor humilde. No fue hasta que se destapó el caso que se pudio unir a todas las víctimas y comprobar que, efectivamente, todas habían sido victimas de gravísimas estafas perpetradas en una notaría de la Diagonal”.

Comitre pasó varios meses en prisión preventiva y ahora sigue ejerciendo como abogado en el turno de oficio. El notario Enrique Peña, que fue encarcelado, fue suspendido a petición del Col·legi de Notaris de Catalunya."                     (Toni Muñoz, La Vanguardia, 05/12/21)

Más de 220.000 consumidores han denunciado abusos de sus bancos en una década

 "Más de 220.000 consumidores han denunciado ante el Banco de España haber sufrido prácticas abusivas a manos de las entidades financieras con las que trabajan en la última década. Y alrededor de 150.000 de ellos han acabado recuperando las cantidades que les habían cobrado de más.

Las memorias de reclamaciones del emisor recogen cómo entre 2011 y 2020 esta institución recibió un total de 220.900 quejas cuya tramitación se tradujo en la devolución de 21,27 millones de euros, ya fuera a instancias del propio consumidor o tras recibir informes del Banco de España que le daban la razón a este.

Se trata en la mayoría de los casos de pequeñas cantidades de dinero cuyo promedio anual ha oscilado entre los 84 y los 455 euros y que en alrededor de dos tercios de las ocasiones terminan con la entrega del dinero que reclama el usuario por considerar que se lo habían cobrado de más o pagado de menos.

 Ese elevado volumen de reclamaciones, de menor entidad salvo escasas excepciones que las que acaban en los tribunales, se ha ido acumulando en la década prodigiosa de la banca española, la misma en la que su proceso de reestructuración tras un costoso rescate a base de dinero público  se ha producido de manera simultánea al afloramiento del fraude hipotecario, en el que las entidades ya han admitido que sometieron a prácticas abusivas por valor de 3.000 millones de euros a más de medio millón de familias  a una retahíla de sentencias sonrojantes  del Tribunal de Justicia de la UE y a un crecimiento exponencial del cobro de comisiones por la prestación de servicios bancarios que ya se ha convertido en una pata estructural del negocio bancario español.

 En cualquier caso, la querencia de la banca española por el abuso hipotecario queda también reflejada con claridad en los listados de causas de las reclamaciones, que llevan cuatro años con las hipotecas como el producto financiero que más quejas provoca, aunque con una trayectoria descendente: cuatro de cada cinco reclamaciones en 2017 (32.684) y poco más de la cuarta parte en 2020 (5.725).

"Las hipotecas siguen ocupando la primera posición, pero van perdiendo peso en un reflejo de cómo se va limpiando el fraude hipotecario, aunque quedan aspectos abiertos como el del IRPH", señalan fuentes de Asufìn (Asociación de Usuarios Financieros), que también destacan cómo el número de reclamaciones en general aumentó casi un 50% en el primer año de la pandemia, en el que se dio el volumen de devoluciones más elevado de la década, por encima de los tres millones de euros.

Las quejas por tarjetas aumentan exponencialmente

Tras las hipotecas, la principal fuente de reclamaciones de los usuarios de la banca se concentra en las tarjetas, cuya conflictividad ya es pareja a la que generan los préstamos garantizados por inmuebles tras haber superado a la que provocaban las cuentas y depósitos bancarios y los créditos personales.

"El número de quejas por las tarjetas está aumentando de una manera exponencial", destacan desde Asufín a la vista de la cadencia: tras estar cerca de duplicarse en dos años (1.475 en 2017 y 2.619 en 2019), el año pasado lo hicieron con creces al alcanzar las 5.622, principalmente debido al mayor uso de este medio de pago por el confinamiento y el rechazo a manejar efectivo por temor a los contagios.

 En este sentido, las mismas fuentes destacan la problemática que está causando la comercialización de tarjetas ‘revolving’, un producto de acceso sencillo para financiar compras o disponer de efectivo cuyo crédito llega a 8.000 euros y cuyo interés específico limitó el Supremo al 20% anual tras considerar usurario el 27% que aplicaba Wizink. El TAE medio del sector es del 18,88%, según un estudio de la asociación, aunque el de algunas entidades supera el 23%.

 "Estamos en una época absolutamente propicia para este tipo de productos, que en realidad son una bomba que se coloca en las manos del consumidor y al que le puede explotar. Usar una tarjeta ‘revolving’ supone tener todas las facilidades para verse enredado en un problema de deuda", añaden desde Asufín.

Su presidenta, Patricia Suárez, considera que "no pueden seguir siendo tan sumamente accesibles unas tarjetas que son auténticas bombas de crédito" y que suponen "un peligro para el consumidor" por la "falta de transparencia del mecanismo de amortización" que le lleva "a pensar, erróneamente, que adquiere una tarjeta de facilidad de pagos cuando en realidad contrata una línea de crédito abierta que le atrapa en una espiral de deuda".

Dos de cada tres informes dan la razón al usuario

Esos consumidores acaban obteniendo un resarcimiento en más de la mitad de las reclamaciones que presentan. "Son reclamaciones de usuarios, a los que resultan favorables una buena parte de las resoluciones que emite el Banco de España", explican fuentes del emisor.

Los expedientes tienen tres finales posibles: la entidad denunciada se allana antes de que finalice la tramitación a las pretensiones del cliente; este desiste, ya sea por haber alcanzado algún tipo de acuerdo o por llevar el asunto a los tribunales, o hay un informe de conclusiones que puede ser favorable a una de las dos partes.

A esas opciones se les suma la de la inadmisión, que se produce cuando el Banco de España rechaza tramitar la denuncia por no ser competente. Eso ocurre, por ejemplo, cuando la queja se refiere a un seguro o a una suplantación de personalidad, situaciones en las que el asunto debe dirigirse, respectivamente, al Ministerio de Economía y a la Policía o los juzgados.

Según recoge la memoria del año pasado , las entidades financieras rectificaron su posición en el 70% de los casos en los que el Banco de España respaldaba la tesis del cliente, con mayor frecuencia antes de la emisión del informe (2.143) que tras recibirlo (1.159).

No lo hicieron en otro 30% (1.453) de situaciones en las que el criterio del emisor le era desfavorable, un porcentaje de rechazo bajo al tratarse de resoluciones no vinculantes ante las que la última palabra sobre su acatamiento es del banco denunciado.

El criterio del Banco de España resultó favorable al usuario en dos de cada tres ocasiones en las que hubo informe (4.755 por 2.339), cifras a las que hay que sumarles 5309 desistimientos y la remisión de 5.816 asuntos al Servicio de Atención al Cliente y de otros 1.008 a organismos como la CNMV (565), la Dirección General de Seguros (401) o la Agencia Española de Protección de Datos (42)."          (Eduardo Bayona, Público, 07/08/21)

Wirecard, Deutsche Bank, Merkel, SPD. Incluso en la mejor tela alemana cae una mancha

 "Wirecard se benefició de un fuerte apoyo político y reclutó a ex ministros y personas influyentes en círculos de poder para beneficiarse de sus conexiones.

Alemania se ve consumida por el mayor escándalo financiero desde la Segunda Guerra Mundial. La leyenda de la buena regulación del sistema financiero, que dejó atrás un cementerio de víctimas hace una década, ha vuelto a colapsar, incluso allí donde se anunció que sería más estricta. Debemos aprender algo de esto, y el espectáculo no es bonito.

Una estrella en el firmamento

Cuando, en 2018, Wirecard, empresa financiera que procesa pagos electrónicos y que ascendió en el mundo empresarial de Alemania, ingresó en el Dax, el índice de referencia de su bolsa de valores, fue celebrado como un éxito. Reemplazó a Commerzbank en el índice, el segundo banco más grande del país, e incluso anunció que estaba considerando comprar Deutsche Bank, uno de los mayores bancos europeos. En poco tiempo, se convirtió en un gigante. Dos años después, con unas pérdidas abrumadoras y 2.000 millones de euros desaparecidos en las cuentas, con cuatro administradores bajo custodia judicial, incluido el CEO, con uno de los directivos en busca y captura por la policía, Wirecard es el símbolo del fraude.

No habían faltado advertencias. Los periodistas del Financial Times, que cuenta la historia en detalle, habían publicado sus sospechas hace dos años, tras cuidadosas investigaciones. La empresa se movilizó y la justicia de Munich amenazó a los periodistas. Un alto funcionario alemán dice ahora al periódico que "el nivel de delincuencia en Wirecard ha superado con creces el poder de mi imaginación". El consultor que certificó las cuentas, Ernst & Young y el propio Deutsche Bank, que fue socio en algunas de las operaciones más importantes de la agencia financiera, también están bajo presión.

Vínculos políticos

Como en muchos otros casos, y esto se repite como un reloj de cuco, Wirecard se benefició de un fuerte apoyo político y reclutó a ex ministros y personas influyentes en los círculos de poder para beneficiarse de sus conexiones. Estas conexiones llegan tanto a Merkel como a Scholz, el ministro de Hacienda que será el candidato socialdemócrata en las elecciones de 2021, por lo que la investigación parlamentaria que estudiará este caso tiene contornos difíciles de cálculo partidario.

Scholz supervisa BaFin, la agencia pública que regula el mercado financiero, pero también la Unidad de Inteligencia Financiera, que investiga el lavado de dinero y ahora se sabe que ha producido varios informes sobre actividades sospechosas de Wirecard, que pueden haber sido decenas, pero nunca los remitió al fiscal. Así, sus socios de derecha en el gobierno acusan al socialdemócrata de negligencia. El problema es que la propia canciller Merkel se encuentra en una situación comprometedora: en septiembre del año pasado recibió a un exministro de Defensa, Karl-Theodor zu Guttenberg, que tiene como cliente a Wirecard y que llegó a pedirle que intercediese ante las autoridades chinas para permitir la compra de una empresa de pagos, AllScore Financial. En su viaje a Beijing, días después, la canciller planteó el problema al gobierno chino. La empresa fue comprada en noviembre por 109 millones de euros. Wirecard acaba de quebrar.

Empresas que son agencias financieras

Hay un patrón en estos meteoritos corporativos, que capturan enormes inversiones que prometen éxito y son alimentados por la creencia en la magia financiera. Otro ejemplo alemán que demuestra cómo engañar al mercado, a los inversores y al público, es el de Hertz, que se declaró en concurso de acreedores en mayo de este año, con una deuda de 19.000 millones de euros. La agencia de alquiler de coches se ha convertido, a lo largo de los años, en un banco en la sombra, creando una cascada de empresas, llamadas "vehículos especiales" (el nombre no es una alusión al alquiler de coches), algunas refugiadas en paraísos fiscales, que recolectaban inversiones financieras a las que prometían una gran rentabilidad, prestaban a otra empresa del grupo y ésta, eventualmente, a otra, llegando más tarde al negocio automotriz.

El flujo de pagos de los alquileres debía alimentar estos canales, que absorben los beneficios de las operaciones en forma de intereses y con ventajas fiscales. El esquema funciona a medida que crece. Si se detiene, se desmorona. Sucedió con Hertz y Wirecard. Y todos tenían la obligación de saber que así sería."                (Francisco Louça  , Sin Permiso, 25/10/2020)

La banca internacional no es sólo un colaborador necesario de las grandes organizaciones y mafias criminales y terroristas, cuyo dinero blanquean, tal y como de nuevo se acaba de descubrir en los últimos días, es ella misma una fuente constante de actividad criminal como demuestran las docenas de casos que se han descubierto en los últimos años dentro y fuera de España

"(...)  La banca internacional no es sólo un colaborador necesario de las grandes organizaciones y mafias criminales y terroristas, cuyo dinero blanquean, tal y como de nuevo se acaba de descubrir en los últimos días. 

 

Es ella misma una fuente constante de actividad criminal como demuestran las docenas de casos que se han descubierto en los últimos años dentro y fuera de España: la manipulación del Libor, la evasión fiscal, la malversación de fondos, la venta de hipotecas basura, el fraude de las acciones preferentes, el continuo falseamiento de la información a la clientela, el cobro de comisiones abusivas o indebidas, la manipulación de cuentas con la ayuda de las auditoras... por no hablar del dinero clara u ocultamente recibido de los Estados y que nunca se devuelve. (...)

 

El fiscal general de Estados Unidos Eric Holder declaró con toda sinceridad ante el Congreso que no había procesado a algunos bancos porque eran tan grandes que cobrarles las multas que merecieran podría dañar a la economía (aquí).

 

 Y en España lo hemos podido comprobar en la persona de los banqueros más poderosos. Así ocurrió con el vicepresidente y consejero delegado del Banco de Santander, Alfredo Sáenz. 

 

Fue condenado por amañar documentos y hacer chantaje confabulado con un juez corrupto (aquí) pero diferentes indultos y reformas legales y los retardos del Banco de España le permitieron seguir en el cargo a pesar de tener antecedentes penales. 

 

Y algo peor sucedió con Emilio Botín: debido a las irregularidades que cometió como responsable máximo del Banco de Santander, la acusación solicitó para él un total de 170 años de prisión y una multa de 46,2 millones de euros, además de una responsabilidad civil de 84,9 millones de euros, que era el perjuicio causado con su actuación a la Hacienda Pública. 

 

Sin embargo, recibiendo órdenes de la entonces Vicepresidenta del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, la Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, y el Ministerio Fiscal pidieron el sobreseimiento de la causa y el Tribunal Supremo cambió su propia doctrina anterior utilizando esas peticiones para no encausarlo (aquí). (...)"       (Juan Torres López, Público, 25/09/20)

El hombre al que el banco le hizo perder 6,5 millones de la Bonoloto: “Estoy muerto en vida”. Un empleado del Banco de Santander le recomendó invertir todo el dinero en productos financieros tóxicos

 "Francisco Guerrero, de 68 años, tiene grabada a fuego la fecha del 14 de diciembre de 2005. Ese día, este albañil nacido en Barbate (Cádiz) y residente en Castellón desde hace más de cinco décadas ganó 6,47 millones de euros en la Bonoloto. Ese día, también, empezó su desgracia. Guerrero, “el hombre más feliz del mundo” hasta ese momento, puso todo el dinero en manos de un empleado del Santander que le recomendó invertir íntegramente el dinero en productos financieros que resultaron ser tóxicos. 

El premiado, trabajador autónomo y absolutamente lego en asuntos de inversiones, no solo perdió el dinero sino también todas las propiedades que había conseguido levantar en una vida de trabajo. La Audiencia Provincial de Castellón celebró este jueves el juicio civil de la demanda de Guerrero y su familia contra el banco, el cuarto proceso de un periplo judicial de 14 años. “Estoy muerto en vida”, repite una y otra vez.

Aquel 14 de diciembre, Francisco Guerrero supo que era millonario al llegar a casa del trabajo. “Pensé que el premio eran pesetas, porque en euros la cantidad se me escapaba”, reconoce. La alegría se tornó impotencia apenas dos años después, por casualidad y sin haber saboreado el premio. “[El empleado del Santander] me dijo que el dinero allí estaría en buen sitio, que era un plazo fijo sin riesgo y me iban a dar un 17%, no sabía ni lo que era. Confié ciegamente y me destrozaron la vida”, solloza a las puertas de la Audiencia Provincial de Castellón.

Francisco lo perdió todo, incluida la parte (el 40%) que reservó para sus cuatro hijos (650.000 euros a cada uno). No llegó a tocar un céntimo. Los tribunales ya le han dado la razón en tres ocasiones. “He ganado los tres juicios con la verdad”, dice. El último hace escasas dos semanas. En 2016 y 2018 sendos fallos condenaron al banco a pagarle 1,06 millones de euros más intereses a él y otros 1,2 millones más intereses a sus hijos. Pero Guerrero asegura que las deudas generadas por los productos tóxicos se han llevado todo lo recuperado, ya que avaló la compra de esos productos con sus propiedades, que quedaron hipotecadas “en una época en la que él era solvente”, señala su representante legal.

Ahora afronta la última fase del proceso, con la que agota la vía civil. Reclama más de dos millones de euros por otra parte de las inversiones realizadas y que también perdió. En función de la sentencia, dice su representante legal, recurrirán a la vía penal.

A las secuelas económicas (“vivo como ‘okupa’ en mi propia casa”, al no haber podido hacer frente a las cuotas hipotecarias de la vivienda, ubicada en un pequeño pueblo de Castellón) se unen las que han minado su salud. Sufre depresión y un trastorno crónico de ansiedad generalizada que se desencadena a partir del conflicto bancario, según constata el informe psiquiátrico que acompaña la última demanda. “Estoy en tratamiento psicológico; estoy enfermo. No me lo merezco”, incide.

Según consta en la última sentencia favorable, emitida por el Juzgado de Primera Instancia de Castellón el 26 de febrero, y que condena al Banco Santander a restituir alrededor de 163.000 euros a Guerrero y dos de sus hijas por daños y perjuicios, tras ganar el sorteo de la Bonoloto el dinero fue depositado en Barclays Bank. “Debido a la mala gestión del banco, trasladaron las cuentas a Banco Santander Central Hispano en enero de 2007, y en marzo de 2007 se produjo el traslado total”.

Francisco Guerrero, sin estudios y “totalmente ignorante en cuestiones financieras” —afirman las sentencias— invirtió los 6,5 millones de euros en el Banco Santander en lo que creyó que eran depósitos a plazo fijo sin riesgo pero en lugar de eso contrató productos tóxicos de alto riesgo, que no solo le hicieron perder todo lo invertido, sino que le generaron deudas. Según los dos fallos anteriores y favorables a la víctima, a los demandantes no se les informó de los riesgos que podían conllevar estos productos, “fiándose en todo momento de la información que les proporcionaba el banco”. Aseguran que no existió información precontractual, ni se determinó el perfil inversor de los demandantes.

“No he ido a la escuela”

“No he ido nunca a la escuela; no sé ni lo que es la rentabilidad. Me das un pico y una pala y te hago una obra, pero de bancos no sé nada”, insiste Guerrero. No fue hasta dos años después cuando Francisco supo que el premio se había esfumado sin ni siquiera pasar por sus manos. A pesar de convertirse en millonario de un día para otro, siguió trabajando como albañil, dejando aparcado el premio en lo que él creía un lugar seguro. Fue a raíz de una dolencia en la rodilla cuando se enteró de la mala noticia. Se dirigió a su banco a sacar 30.000 euros para una operación en Barcelona y le dijeron que no tenía nada.

Hoy Guerrero apura su último cartucho. “Estamos luchando y reclamando todo el daño que tengo yo, porque estoy arruinado, muerto en vida. Y a ver si el Banco Santander paga el daño que me ha hecho. Confío en los jueces, en la justicia. Este juicio lo tengo que ganar yo porque me lo merezco”, asevera. La nostalgia le invade al echar la vista atrás. Cuando trabajaba como marinero, en el campo, la hostelería o de albañil. Hasta montarse una pequeña empresa de reformas. “Me toca la lotería y esa ha sido la muerte mía. Me han quitado la casa, los terrenos que tenía de trabajar en la obra, la vida… ¿qué más quieren quitarme?”.

“No está bien lo que han hecho conmigo, no. Antes era feliz. El más feliz del mundo”, concluye."                    (María Pitarch, El País, 06/03/20)

El escándalo contable de WIRECARD: 1900 millones desaparecidos

"La digitalización y la innovación tecnológica abaratan la prestación de servicios financieros, contribuyendo al crecimiento de la organización y su volumen financiero, pero generan una complejidad contable que facilita los fraudes propios con la connivencia de las firmas auditoras. Mientras el mundo estaba agarrotado y con razón por la pandemia mundial del Coronavirus, se desarrollaba y estallaba un gran escándalo que ha sacudido al mundo financiero. Una firma alemana, Wirecard AG se ha visto envuelta en un fraude contable corporativo y en un proceso de quiebra, que implica la desaparición de 1.900 millones de euros, la detención de varios altos ejecutivos; deja en entredicho a la firma auditora de cuentas EY (antes Ernst and Young) y revela graves fallos de la supervisión financiera en Alemania.

La gravedad de este escándalo financiero, que algún experto asemeja al famoso caso ENRON en los EEUU, ha planteado la urgencia de que el Parlamento Europeo realice un examen riguroso de esta firma financiera global; del gran fracaso del supervisor alemán BaFin y la escasa fiabilidad de las auditorias de cuentas; y en general, sobre la deficiente regulación de las transacciones financieras que aún sufrimos en la Unión Europea. El escándalo de Wirecard abarca una serie de fraudes contables que condujeron a la insolvencia de esta firma procesadora de pagos y proveedor de servicios financieros, con sede en Munich, Alemania, y que forma parte del índice bursátil DAX.

 Ya el 30 de enero de 2019, las acciones de Wirecard se desplomaron luego de que el Financial Times informara que un alto ejecutivo era sospechoso de "falsificación de cuentas" y de "lavado de dinero sucio" y de “round-tripping”, término que designa una serie de transacciones de ida y vuelta entre filiales destinadas a inflar el volumen financiero de la compañía en Asia y el Pacífico. Y desde entonces se han sucedido los rumores hasta su declaración de quiebra en 25 de junio de 2020. En este ensayo, intentaremos explicar el alcance del escándalo de Wirecard resumiendo lo sucedido según los datos conocidos hasta ahora y las cuestiones suscitadas.

Un grupo empresarial con filiales en varios continentes

Wirecard AG es una compañía global de tecnologías y servicios financieros fundada en 1999, con sede en Alemania, que opera en todos los continentes del mundo desde 2017 y actualmente se encuentra en proceso de quiebra. Tiene su domicilio central en Aschheim, un municipio cercano a Munich, Baviera. Es un tipo de banco alemán con licencia completa y ofrece a los clientes servicios de transacciones de pago electrónico, gestión de riesgos y tarjetas físicas y virtuales emitidas y procesadas. A partir de 2017, la compañía operaba en todos los continentes, cotizaba en la Bolsa de Frankfurt y formaba parte del índice bursátil DAX. Proporciona servicios a más de 279 000 clientes corporativos de todo el mundo y ofrece numerosas aplicaciones de pago móvil y la propia aplicación de pago móvil de Wirecard, denominada Boon. (Wikipedia ofrece abundantes datos)

Dispone de filiales en todos los continentes, desde Alemania hasta Melbourne y Hong Kong. Wirecard Card Solutions Ltd. tiene una filial en Newcastle upon Tyne, Reino Unido, con una licencia de dinero electrónico que le permite emitir tarjetas virtuales; así como una sucursal en América del Norte después de que adquirió los servicios de tarjetas prepago del Citi. En 2016 Wirecard se hizo cargo de la empresa brasileña MOIP. El año anterior, en 2015, ingresó al mercado hindú con la adquisición del negocio de pagos de Great Indian Retail Group. Desde 2014, Wirecard ha estado fortaleciendo sus operaciones en la región Asia-Pacífico, Medio Oriente y África. También está activa en Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Turquía y Brasil. En 2019, el SoftBank invirtió en Wirecard, y también está representada en Beijing. Toda una firma financiera de alcance global.

Gama de productos y servicios comercializados

Wirecard es una firma proveedora internacional de productos y servicios en las áreas de pagos móviles, comercio electrónico, digitalización y tecnología financiera. Esto tradicionalmente comprende la integración de métodos de pago, transacciones de pago a través del comercio electrónico, así como transacciones de pago en la caja estacionaria (POS). En estas áreas, Wirecard actualmente trabaja en cooperación con 280,000 compañías (a diciembre de 2018), incluyendo Allianz, KLM, Qatar Airways, Rakuten.com y Transport for London, entre otras. En 2018 el volumen de transacciones los 125.000 millones de dólares.

Desde 2015, Wirecard ofrece a los consumidores la aplicación de pago móvil totalmente digitalizada, Boon, que funciona independientemente de los bancos u operadores de red, y se basa en una Mastercard virtual y se ejecuta en dispositivos móviles con los sistemas operativos Android o iOS. La versión de Android está actualmente disponible en Alemania y otros países europeos, entre ellos España. En España, el 1 d agosto de 2020 Google Pay ofrecía la instalación de la app Boon (Pay-Contactless Payments. Wirecard. Technologies GmbH) para pagos sin contacto a través de teléfonos inteligentes. En este sector de los pagos móviles, Wirecard ha negociado varios contratos con proveedores de telecomunicaciones para servicios técnicos con respecto a los pagos de teléfonos inteligentes móviles.

Las sospechas de fraudes contables

A la compañía Wirecard AG,l centro de un escándalo financiero internacional, las acusaciones de malas prácticas contables le habían seguido desde los primeros días de su constitución, llegando a su punto máximo en 2019 después de que, como mencionamos arriba, el Financial Times publicara una serie de investigaciones junto con quejas de denunciantes y documentos internos. Wirecard anunció el 22 de junio de 2020 que los datos financieros de los años anteriores podrían ser incorrectos. Según un informe del SüddeutscheZeitung (3/7/2020) la fiscalía alemana supone que la compañía ha manipulado los balances desde 2014. El 25 de junio de 2020, Wirecard solicitó la insolvencia después de las revelaciones de que faltaban 1.900 millones de euros, el cese y detención de su CEO Markus Braun, varios miembros de la junta directiva y otros ejecutivos han sido arrestados o implicados en procesos penales.

El escándalo de Wirecard está teniendo un desarrollo complejo y multipaís. Aunque se haya descubrió este año, los rumores de irregularidades que datan de 2008. Estos rumores incluían sugerencias de irregularidades en el balance y un expediente de acusaciones de lavado de dinero. Los que criticaron a Wirecard fueron víctimas de campañas de piratería, aunque el autor de estas nunca fue encontrado.

En 2018, el personal legal de la sede de Wirecard en Singapur comenzó una investigación sobre tres miembros del equipo de finanzas. Esto se produjo después de que un denunciante los alertó sobre un plan para enviar dinero a la India de manera fraudulenta a través de terceros. Aunque nada salió de esta investigación, el Financial Times fue alertado de la investigación y la posterior inacción. Wirecard desestimó la reclamación y también lo hizo el BaFin, el regulador financiero alemán. En realidad el Financial Times llevó a cabo una investigación sobre la manipulación del mercado. Y en 2019 la policía de Singapur registró las oficinas de Wirecard. El mismo año, reciben una inyección de efectivo de 900 millones de euros de SoftBank, así como una aprobación de las cuentas de 2018 por la auditora EY (Ernst & Young).

Las revelaciones del Financial Times han jugado un importante papel en el conocimiento de este escándalo financiero, puesto que ha estado observando de cerca la firma Wirecard. Y a fines de 2019 publicaron documentos que indicaban que las ganancias en las unidades en Dublín y Dubai estaban infladas de manera fraudulenta. A pesar de negar esto, Wirecard designaba a la auditora KPMG para llevar a cabo una auditoría especial, que no se terminó en la fecha prevista en 2020 y que la auditora principal EY pospuso s publicación y los resultados de todo el año. Cuando el informe finalmente se publicó en abril, KPMG alegó que no podía verificar que fueran genuinas las operaciones que habían aportado la "mayor parte" de las ganancias reportadas de 2016 a 2018. A partir de ahí se suceden una serie de informaciones confusas sobre el dinero en los bancos filipinos.

Mientras el mundo comenzaba a salir del encierro de la covid-19, los fiscales de Munich iniciaron una investigación sobre el presidente ejecutivo Markus Braun y otros tres miembros de la junta ejecutiva. Unas semanas más tarde, el 16 de junio, los bancos filipinos BPI y BDO informan a la auditora EY que los documentos que detallan los saldos de 1.900 millones de euros son "espurios". Y el 18 de junio, en lugar de publicar sus resultados de auditoría para 2019, anuncian que les faltan 1.600 millones de euros. Desde el anuncio de la pérdida de 1.600 millones de euros, el banco central de Filipinas confirmó que el dinero nunca ingresó al sistema financiero del país y desde entonces el director ejecutivo ha sido arrestado. EY se negó a cerrar sesión en las cuentas de la empresa en 2019 y Wirecard ha retirado sus resultados financieros para 2019 y el primer trimestre de 2020.

El hecho es que Wirecard presentó una demanda de insolvencia el 25 de junio, en medio de las confusas informaciones de las auditoras, que las autoridades alemanas habrán de clarificar.

El inexplicado papel jugado por la auditora EY/Ernst & Young

El peor escándalo contable de Alemania en décadas ha puesto el foco en la auditora EY (antes Ernst and Young); que realizó auditorías no calificadas a Wirecard durante más de una década; y actualmente sus trabajos están siendo examinados por Apas, el organismo alemán de supervisión de auditores del país, El mes pasado, la auditora EY afirmó que terceros le habían proporcionado a la empresa documentación falsa en relación con la auditoría de Wirecard de 2019, según Financial Times (FT,19/7/2020)

Estar envuelto en tal escándalo es lo último que la industria contable quería o necesitaba, afirman profesionales experimentados en su web donde ofrecen un intento de explicación de lo sucedido. Desde que se desarrolló el escándalo, se informó que la auditora EY no solicitó información crucial de la cuenta al Banco OCC de Singapur para confirmar que tenía los mil millones de euros en efectivo a nombre de Wirecard. Este procedimiento rutinario de auditoría podría haber descubierto el fraude mucho antes. El nuevo director ejecutivo de Wirecard también ha señalado que los controles básicos deberían haber sido suficientes para descubrir el escándalo.

Sin embargo, la auditora EY ha hablado sobre el escándalo mediante un memorando a los socios principales, en el que se atribuye la responsabilidad de descubrir el fraude. Esto a pesar del hecho de que firmaron la revisión de las cuentas durante más de una década y las preguntas sobre las prácticas contables de Wirecard fueron cada vez más cuestionadas por periodistas e inversores. Por lo que inversores europeos han pedido una "investigación exhaustiva" del trabajo de la auditora EY a cargo del regulador financiero alemán.

El fraude solo se descubrió en los últimos diez días, lo que significa que esta historia sigue desarrollándose sin que aún se conozca el final. A pesar de la solicitud de insolvencia, Wirecard tiene la intención de continuar operando. Naturalmente, se harán preguntas sobre cómo lograron estafar a los inversores y sobre el papel de EY durante tanto tiempo. Y esto, sin duda, socará aún más la confianza en los auditores, subraya referido el grupo de profesionales de la auditoria.

Informes de auditorías de cuentas cuestionados

El caso de la auditora EY, nuevo nombre de la veterana Ernst & Young, se suma a los numerosos escándalos contables ya históricos que demuestran la irresponsabilidad de las grandes firmas auditoras que tienen poco respeto por su responsabilidad pública, por los derechos de los accionistas y los ciudadanos, por las normas que pretenden la independencia de la función auditora, la profesionalidad y la ética, como analizamos y destacamos en nuestro libro El casino que nos gobierna (capitulo3, la contabilidad falaz de los jugadores; Parte III. Los reguladores del casino en la sombra).

Ante el escándalo de la firma Widecard proyectado en los medios alemanes y europeos, las Comisiones de Asuntos Jurídicos y de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo han remitido una carta conjunta a la Comisión europea en Bruselas sobre tarjetas electrónicas y las normas de auditoría europeas, en la que se le pide que examine detenidamente los eventos que rodearon la quiebra de Wirecard, evalúe el papel de la Autoridad Federal alemana de Supervisión Financiera (BaFin) y de los supervisores europeos y obtenga las correspondientes conclusiones con respecto a las debilidades en el marco legal europeo en materia de servicios financieros, como ejemplifican el caso de las auditoras y sus graves conflictos de intereses desde el momento en que conciertan su retribución con aquellas entidades cuyas cuentas van a revisar y a juzgar. 

Como ha subrayado el eurodiputado Sven Giegold, portavoz de política financiera y económica del grupo Verdes / EPT: "Los graves conflictos de intereses de las principales firmas de auditoría deben detenerse. Las normas de la UE sobre auditoría deben cambiarse para que los auditores ya no sean seleccionados y pagados directamente por la empresa auditada. Las firmas de auditoría y el negocio de asesoramiento deben estar completamente separados. La auditoría de la UE La Directiva debe revisarse rápida y fundamentalmente". “Es vergonzoso pero necesario que el supervisor financiero alemán BaFin esté en el centro de nuestras preguntas críticas. La posición actual del BaFin es perjudicial para Alemania como centro financiero. Las reservas legales y la aplicación inconsistente de reglas importantes son malos consejos para la supervisión financiera"." (La Europa opaca de las finanzas, 06/08/20)

El Supremo declara “usurario” el interés de las tarjetas ‘revolving’... por un préstamo, concedido inicialmente al 26,82% TAE y que ascendió luego al 27,24% de interés

"El Tribunal Supremo ha anulado un préstamo concedido mediante tarjeta revolving o de pago aplazado que tenía unos intereses del 27% TAE. Lo considera usurario por aplicar un tipo de interés superior al precio normal del dinero y manifiestamente desproporcionado. 

La banca, que tiene préstamos ligados a tarjetas de crédito y revolving por valor de 13.600 millones de euros, se jugaba mucho con esta sentencia. El alto tribunal ha estudiado un caso concreto de una clienta de WiZink, pero su conclusión sienta jurisprudencia y afecta a millones de clientes potenciales.

La clienta pidió la anulación de su préstamo basándose en la Ley de Usura, una norma de 1908 aún en vigor que prohíbe prestar dinero con intereses “leoninos”. Una de las claves de este caso estaba en lo que se considera “interés notablemente superior al normal del dinero”, es decir, con qué hay que comparar los intereses de entre el 24 y el 27% que suelen cobrar la mayoría de las tarjetas que han llegado a los tribunales. Una sentencia previa del Supremo consideró usura un TAE del 24,6%, que era “más del doble del interés medio ordinario en operaciones de consumo” de la época, entre 2001 y 2009.

El problema es que desde hace unos años el Banco de España publica estadísticas que diferencian entre los préstamos personales (con intereses más bajos, del 7-8%) y los específicos de las tarjetas revolving (entre el 19 y el 20%). Cuando se publicaban de manera unificada se hacía la media y el 25% TAE era usura porque suponía más del doble. En la sentencia conocida este miércoles los magistrados optan por considerar que el interés con el que hay que comparar es el de las revolving, en contra de lo que defendía el abogado de la clienta, pero aun así lo consideran abusivo y, por tanto, nulo.

Los magistrados consideran que el tipo medio del que se parte para realizar la comparación, que ronda el 20% anual, “es ya muy elevado”. “Cuanto más elevado sea el índice a tomar como referencia en calidad de ‘interés normal del dinero’, menos margen hay para incrementar el precio de la operación de crédito sin incurrir en usura”, argumenta el tribunal, que añade: “De no seguirse este criterio, se daría el absurdo de que para que una operación de crédito revolving pudiera ser considerada usuraria, por ser el interés notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado con las circunstancias del caso, el interés tendría que acercarse al 50%”.

El tribunal aprovecha también para reiterar algo que ya manifestó en su sentencia de 2015 sobre las revolving: que los bancos no pueden cobrar intereses tan altos amparándose en que muchos de sus clientes luego no pueden pagarlos, principalmente porque conceden créditos sin estudiar la solvencia de los clientes. 

Dicen los magistrados que “no puede justificarse la fijación de un interés notablemente superior al normal del dinero por el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil [...] y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario". Y añaden algo que no decían en 2015, “mediante técnicas de comercialización agresivas”.

Efecto de bola de nieve

Uno de los principales reclamos de estas tarjetas son los célebres “cómodos plazos” en los que se puede devolver el crédito, mensualidades muy bajas que son las que pueden permitirse consumidores con ingresos bajos. El problema de las revolving es que las cuotas bajas ni siquiera cubren los intereses, que se suman y financian con el resto de operaciones. Se crea así una especie de efecto de bola de nieve: los usuarios van pagando las cuotas pero la deuda nunca termina de pagarse. Hay personas que han llegado a acumular cinco de estas tarjetas, porque durante la Gran Recesión las entidades las comercializaban profusamente.

El Banco de España ha alertado en varias ocasiones del problema. Incluso creó hace unos meses un simulador en su página web para informar a los clientes de la fecha de vencimiento de la última cuota y el importe total de los intereses pagados. Cuando se introducen los datos de condiciones reales de una de estas tarjetas revolving (3.000 euros de capital pendiente, interés del 27,24% y cuota mensual de 50 euros), salta un aviso en rojo que dice: “Atención, con esta cuota la deuda se convertirá en indefinida e incluso irá aumentando con el tiempo”.

Hasta hace unos meses las entidades venían aceptando los fallos en su contra de los tribunales. Solían perder en primera instancia, recurrían a las audiencias provinciales, donde volvían a perder, y pagaban. Pero Wizink, la antigua filial de Banco Popular que acumula la mayoría de este tipo de demandas, decidió llevar el pleito hasta el Tribunal Supremo. 

Un intento previo de que el Supremo aclarara por fin la cuestión -la gran mayoría de audiencias provinciales estaban dando la razón a los clientes pero unas pocas se la daban a los bancos al comparar el interés con el de las revolving y calcular si era el doble- se acabó suspendiendo. Fuentes jurídicas sospechan que el cliente renunció tras llegar a un acuerdo económico con la entidad, Bankia.

Los jueces del alto tribunal han examinado el caso de E. Q., una mujer de Santander que en 2012 contrató una tarjeta de crédito Visa Citi Oro, hoy de Wizink (esta firma compró los negocios de tarjetas de Citibank y Barclays en España), con un interés del 27% TAE. Un tribunal lo consideró usura en octubre de 2018. Wizink recurrió y la Audiencia Provincial de Cantabria volvió a dar la razón a la clienta y declaró el contrato nulo basándose en la Ley de Represión de la Usura.

El abogado de E. Q., Celestino García Carreño, que empezó en 2016 a demandar a los bancos por las revolving y lleva más de 1.000 sentencias ganadas, sostuvo en su escrito de oposición al recurso que estas tarjetas no son más que otra forma de crédito al consumo, es decir, el negocio habitual de los bancos, y que daba igual si se hacía con un crédito convencional o mediante un trozo de plástico. La segmentación que hacen los bancos, sostuvo, es “artificial e interesada” y solo pretende perpetuar “un tipo de interés usurario injustificable”.

La Asociación Española de Banca (AEB) emitió un comunicado a última hora de la tarde en el que asegura que la sentencia “no cuestiona la validez de este producto financiero y confirma que sus tipos de interés deben compararse con los de este tipo de productos, diferente del resto de financiación al consumo”. Añade que la sentencia “limita sus efectos al caso analizado, sin que pueda deducirse ninguna consecuencia sobre el conjunto de este tipo de productos”. 

En términos similares se pronunció WiZink en otro comunicado, donde añade: “El Tribunal Supremo se desmarca del criterio establecido en la sentencia de 2015, y no establece un criterio fijo para entender qué puede considerarse ‘notablemente superior’ a la referencia del mercado”. Afirma también que “en cualquier caso, y como indica la sentencia, habrá que analizar caso por caso atendiendo a las circunstancias de cada cliente”                              (Elena G. Sevillano, El País, 04/03/20)

¿Por qué esta ola de delitos financieros a nivel mundial? Porque los delitos financieros no son ningún error de funcionamiento, sino una característica de nuestro sistema financiero global...

"Los delitos financieros no son ningún error de funcionamiento, sino una característica de nuestro sistema financiero global. Este precursor mensaje de la economista Susan Strange es hoy más urgente que nunca.

Noticias algo buenas para los que andan preocupados por si se produce una oleada de delitos financieros al estilo de la serie de televisión McMafia: en el Reino Unido se ha puesto en funcionamiento una nueva agencia gubernamental encargada de combatirlos, el Centro Nacional de Delitos Económicos (NECC).

Digo "algo" porque los delitos financieros están mucho más arraigados en nuestros sistemas financieros y políticos de lo que solemos estar dispuestos a reconocer.

Desde el escándalo de la manipulación de la LIBOR a los secretos offshore de los Papeles de Panamá y el "dinero oscuro" de la campaña del referéndum del Brexit, están en todas partes. He tenido la oportunidad de colaborar con el grupo anticorrupción Global Witness y he podido comprobar de primera mano cómo, en algunos de los países más pobres del mundo, la gente común sufre las consecuencias de la corrupción y los delitos financieros.

 Hemos denunciado acuerdos sospechosos en materia de minería y petróleo en África Central a través de los cuales más de mil millones de dólares de dinero público desesperadamente necesarios se han perdido en paraísos fiscales. El caso implica tanto a países occidentales como africanos.

 Los acuerdos se canalizaron a través de un enrevesado entramado de empresas fantasma con sede en las Islas Vírgenes Británicas, algunas de ellas vinculadas a compañías cotizadas en Londres, Toronto y otras bolsas. Aunque el NECC dispusiera de suficientes recursos y colaboraciones, el trabajo que tiene por delante es sin duda ingente.

Una de las razones por las que se toleran todos estos delitos financieros es que se ha borrado el registro de aquellos que han arrojado alguna luz sobre su naturaleza sistémica. A la cabeza de mi lista de superestrellas económicas ignoradas está la profesora de la London School of Economics Susan Strange, una de las fundadoras de la economía política internacional como materia de estudio e investigación.

A través de una serie de libros innovadores - States and Markets, The Retreat of the State and Mad Money - Strange mostró que la epidemia de delitos financieros era consecuencia de decisiones políticas concretas.

"Esta ola de delitos financieros que empezó en la década de 1970 y fue creciendo en años posteriores no es casual", escribió Strange.

Sería difícil diseñar un sistema mejor adaptado a las necesidades de los narcotraficantes y otros comerciantes ilícitos que el sistema bancario global.

Sería difícil diseñar un sistema, dijo, "más adecuado que el sistema bancario global para las necesidades de los narcotraficantes y otros comerciantes ilícitos cuyo objetivo es ocultar a la policía el origen de sus enormes ganancias ilegales".

Para Strange, el blanqueo de dinero, la evasión fiscal y la malversación de fondos públicos son el resultado del colapso, en los años 70, del orden financiero de posguerra. Y describió cuatro maneras en que la política y la epidemia de delitos financieros estan íntimamente relacionadas:

1) El dinero es global, la regulación es nacional

La globalización financiera no es inevitable en absoluto, dijo Strange, sino que nace a partir de una serie de decisiones políticas. Significa que el dinero global puede saltarse libremente las fronteras para ponerse fuera del alcance de las leyes y la supervisión nacionales. Para los operadores inteligentes, los impuestos, las regulaciones y el cumplimiento de las normas se convierten en una opción y no una obligación. Strange argumentó que los organismos internacionales carecen de poder para controlar el dinero global y que solo una coordinación entre las principales economías del mundo podría ponerle coto.

2) Los paraísos fiscales son una invitación al fraude y al desvío de fondos

A menos que uno tenga donde guardar dinero en efectivo, las posibilidades de saqueo del dinero público y de las empresas estatales son limitadas.
La existencia de paraísos fiscales es una "invitación abierta", dijo Strange, a que los políticos corruptos roben a su gente.
El secreto bancario en los paraísos fiscales permite que el dinero procedente de la evasión fiscal, el narcotráfico y la malversación de fondos públicos se mezcle con el de negocios legítimos, hasta que se vuelven imposibles de distinguir uno de otro.

3) Los bonos extravagantes de los banqueros contaminan la política

Para Strange, los bonos "obscenamente cuantiosos" que suelen pagarse en los mercados financieros conducen a una especie de "contaminación moral" que "refuerza y acelera el crecimiento de los vínculos entre las finanzas y la política". Strange reconoció que la corrupción y el soborno eran un problema tanto en Londres y Nueva York como en Asia, África y América Latina.
“El soborno y la corrupción en la política no son nada nuevos. Lo que ha aumentado es su escala y alcance, junto con el dominio de las finanzas sobre la economía real", escribió.

4) El dinero es poder político

La globalización ha redefinido la política, argumentó Strange. El poder político no se encuentra únicamente en los gobiernos, sino que el dinero y los mercados también lo detentan. A medida que los operadores privados, legítimos e ilegítimos, se enriquecen, aumenta su poder para moldear el sistema mundial. Privados de ingresos fiscales, los Estados se debilitan y ceden terreno, en una espiral que se retroalimenta. Y los mercados financieros globales se adueñan de la política nacional."               (OpenDemocracy, Nat Dyer, 30/11/18)

Condenas de hasta 12 años de cárcel para los responsables de Fórum Filatélico por estafa. "Fue el paradigma de las estafas piramidales"

"Más de doce años han tenido que esperar las 268.000 personas que se vieron atrapadas en la estructura piramidal de Fórum Filatélico. Más de una década desde la intervención judicial para ver cómo los responsables de la sociedad de inversión son finalmente condenados a penas de hasta 12 años de cárcel por los delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales y blanqueo de capitales.

 "Fue el paradigma de las estafas piramidales", subrayan los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en una sentencia publicada este viernes.

La resolución llega cuatro meses después de que el juicio quedase visto para sentencia. Una vista oral que se prolongó durante cerca de ocho meses y por donde desfilaron más de 150 personas, entre acusados, testigos y peritos. 

“[La estafa del Fórum Filatélico fue un hecho insólito e incapaz de repetirse. Fue el mayor fraude de la historia de España”, resumió durante la fase de conclusiones finales el fiscal Juan Pavía, que pidió 19 años de cárcel para el principal implicado en la trama, Francisco Briones, presidente de la sociedad de inversión. 

El Ministerio Público también solicitó 11 años y un día de prisión para los exconsejeros Miguel Ángel Hijón, Agustín Fernández, Francisco José López Gilarte y Juan Maciá.

El día que sacudió a los inversores

Los perjudicados por esta estructura piramidal tienen un dia grabado en la memoria: el 6 de mayo de 2006. El juez Fernando Grande-Marlaska intervino Fórum Filatélico, una sociedad de inversión en sellos de correos que llevaba casi dos décadas captando ahorradores y que ofrecía una rentabilidad muy superior a la banca.

 Pero aquella jornada, donde también se ordenó la entrada en Afinsa —una empresa que actuaba de forma similar—, todo saltó por los aires. Se destapó el modelo de negocio, basado en un esquema piramidal que consistía en garantizar grandes intereses a los clientes financiando sus beneficios con el dinero que aportaban los nuevos inversores reclutados.

Los afectados vieron entonces como se esfumaban sus ahorros. Los sellos adquiridos por Fórum estaban absolutamente sobrevalorados. El entramado afirmaba que contaba con estampillas por valor de 4.347 millones de euros, cuando su tasación por peritos independientes apenas sumaba 390,8 millones. 

Además, según mantiene la Fiscalía, los fondos captados por la sociedad —11.200 millones de euros entre 2000 y 2015— se habían evaporado. 

No solo carecía de patrimonio para devolver las aportaciones, sino que los montantes recaudados durante años se habían destinado a “alimentar la propia maquinaria piramidal”; a satisfacer las “cuantiosas retribuciones” recibidas por sus directivos; y a desviarse a toda una red de empresas extranjeras que se usaban para el blanqueo.

La justicia mercantil ya condenó en 2015 a los resposables de Fórum —Briones, Hijón, López, Fernández y Maciá, así como al administrador José Manuel Carlos Llorca, que se encuentra actualmente fugado de España—.

 La resolución los consideró culpables del concurso de la sociedad y les oblibaba a pagar 2.259 millones de euros a los perjudicados. Por su parte, la Audiencia Nacional condenó en 2016 a 12 años de prisión a 11 de los 13 directivos de Afinsa procesados por hechos similares."                  (J. J. Gálvez, El País, 13/07/18)

La fiscalía acusa a doce exdirectivos de banca por complicidad en el mayor fraude económico de Galicia

"El fiscal de delitos económicos del área de Vigo ha presentado escrito de acusación contra doce exdirectivos de sucursales bancarias de Vigo (La Caixa, BBVA, Banesto y Banco de Galicia) que al menos entre 2007 y 2011 dieron presuntamente cobertura a la mayor operación de facturas falsas descubierta en Galicia. Esta trama se ha cifrado en 150 millones de euros y fue diseñada por José Manuel Costas, dueño del grupo de empresas de carpintería Las Cinco Jotas y uno de los fugitivos más buscados por Interpol.

Las condenas que solicita el fiscal son de dos años y nueve meses de prisión para cada uno de los acusados por delito continuado de falsedad en documento mercantil con quienes Costas supuestamente convino centenares de operativas fraudulentas por lo que pide la apertura de juicio contra ellos.

 Después de una larga investigación, la Fiscalía de Vigo estima que hay más bancos y empleados que colaboraron en el entramado por decisión de sus entonces directivos, pero no ha podido acusarles al haber prescrito los delitos.

En las oficinas bancarias investigadas se han documentado cerca de 200 operaciones irregulares de cargos y abonos, ingresos de cheques, pagarés y transferencias de diferentes importes, desde 470 euros a 100.000. De La Caixa el fiscal incide que “se hizo constar inverazmente la intervención de terceras personas de lo que los acusados eran conscientes, sin efectuar ninguna clase de comprobación sobre la veracidad de las firmas que aparecían en los documentos que entregaba José Manuel Costas”.

 La fiscalía acusa a la antigua directora, Nieves E.C.G., al que ejercía como subdirector e interventor de la entidad Juan Antonio R.O., y a la empleada del puesto de caja, M.S.C.

En otra sucursal del entonces Banco de Galicia, la fiscalía ha presentado cargos contra su antiguo director, Javier V.I., e interventor, Carlos Manuel C.M. por una operativa similar en la que también aparecía como autorizado de las cuentas el dueño de Las Cinco Jotas para realizar “abundantes movimientos de cargos y abonos, como ingresos de cheques, transferencias, traspasos de cuentas y retiradas de efectivo de considerable importe”.

Otra de las oficinas que participaron en la presunta falsificación es del BBVA. Su entonces director Adolfo Manuel L.C. y la empleada Raquel T. R. fueron acusados por el fiscal Juan Horro González. También del banco Banesto están procesadas las que fueran directoras de la sucursal investigada, Almudena V.P. y Sandra M.A, además de interventora Julia María V.L.

Quedó documentalmente acreditado que el carpintero fugado desde 1916 y condenado en sucesivos juicios por la emisión de facturas falsas junto con las sociedades mercantiles (la mayoría adjudicatarias de obras públicas) que se valieron para ello del grupo Las Cinco Jotas, creó una trama en la que los bancos actuaron como colaboradores necesarios. 

Costas, “se ocupaba personalmente de las operaciones bancarias y de la emisión de facturas inveraces”, señala el fiscal. Para ello, eran utilizados los nombres de personas físicas que trabajaban para sus empresas y que estaban dados de alta como trabajadores autónomos. 

Todos ellos, la mayoría rumanos, desconocían que estaban siendo utilizados hasta que uno descubrió que tenía a su nombre varias cuentas bancarias y lo denunció a la Agencia Tributaria en 2009.

Un año antes, el máximo responsable de la falsificación en cadena y administrador de Las Cinco Jotas, fue detenido por la policía cuando salía de una sucursal bancaria con una bolsa con 380.000 euros.

 Después de declarar en comisaría, José Manuel Costas pudo demostrar que el dinero lo había retirado de dos entidades el mismo día y que formaba parte del método empleado para facturar y cobrar durante años a través de los bancos a cambio de promesas incumplidas por parte de las empresas implicadas que se habían comprometido con el empresario a proporcionarle trabajo.

Pero no sería hasta el 30 de abril de 2009, cuando Hacienda registró las oficinas de la factoría de Las Cinco Jotas y destapó el verdadero alcance de la estafa que se venía perpetrando desde al menos 2005. Simulando ser clientes del grupo, las empresas desgravaban el IVA y reducían el impuesto de sociedades, pagando las facturas a través de varios bancos que luego le devolvían el importe en dinero negro.

La causa matriz derivó en 91 procesos contra 200 empresas implicadas de los que la mayoría se resolvieron con la atenuante de confesión y el pago de una multa a Hacienda y ahora pone punto final con el juicio a los doce empleados de la banca."                (Elisa Lois, El País, 06/06/18)

Las preferentes salían a cuenta: 20 millones en sanciones por 6.000 M. colocados

"Las multas que impuso la CNMV por las preferentes fueron anecdóticas. Las actuaciones disciplinarias adoptadas afectaron a diez grupos financieros y ascendieron a 20 millones de euros. Una cifra que no se puede comparar con los 6.235 millones que supusieron la colocación de las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, según expone el regulador en un informe en el que explica su papel en la crisisfinanciera española, remitido al Congreso.

De esta cifra, 2.060 millones correspondían a casos de gestión inadecuada de conflicto de interés en operaciones de case entre clientes y 4.175 millones al resto de casos de incumplimiento.

En total, fueron cerca de medio millón de personas las que se vieron afectadas por las preferentes emitidas por Bankia, Catalunya Caixa y Nova Caixa Galicia, que sufrieron pérdidas con motivo del rescate bancario. 

La CNMV expone que en 2009 fue cuando se produjo un significativo repunte de la emisión y de lacomercialización entre minoristas de estos instrumentos, motivados por "la necesidad de los bancos de obtener recursos propios computables y la dificultad de captarlos entre los inversores cualificados". 

Asimismo, recuerda que la normativa europea en materia de emisiones y ofertas públicas descansa en el principio de libertad de emisión, y ni la CNMV ni el resto de los supervisores europeos de valores disponían en ese momento de instrumentos de intervención que permitieran prohibir o limitar la colocación de estos productos entre los inversores minoristas y que tras el aumento, el regulador intensificó el uso de las herramientas legales que tenía a su disposición.

Incumplieron 22 normativas

Las actuaciones disciplinarias que llevó a cabo la CNMV se referían a un total de 22 incumplimientos de la normativa. Fueron seis casos por colocación de productos híbridos sin valorar la conveniencia, otros seis por incorrecta valoración de la conveniencia o idoneidad del producto para el cliente, ocho por inadecuada gestión de conflictos de interés y dos casos por información inadecuada.

Por otra parte, la CNMV también desarrolló actuaciones disciplinarias relacionadas con la comercialización de otros instrumentos computables como recursos propios, como emisiones de obligaciones convertibles y otros instrumentos complejos como derivados o estructurados, por parte de entidades bancarias que afectaron a seis grupos financieros. 

Considerando igualmente incumplimientos cometidos a nivel de todo el grupo, estas actuaciones se referían a un total de doce incumplimientos de la normativa. Fueron cuatro casos por colocación de los instrumentos sin valorar la conveniencia, otros cuatro por incorrecta valoración de la conveniencia o idoneidad del producto para el cliente, uno por inadecuada gestión de conflictos de interés y tres por inadecuada información. 

En estos casos, las sanciones impuestas por la CNMV ascendieron a 24 millones de euros, aunque  tampoco esta puede considerarse una cifra definitiva ya que muchos de estos expedientes sólo sonfirmes en vía administrativa y pueden ser revisados en el ámbito contencioso administrativo.

Además de estas, se han adoptado otras dos actuaciones disciplinarias contra sendas entidades bancarias por un deficiente funcionamiento de sus servicios de reclamaciones. Las sanciones por este motivo han ascendido a un millón de euros, y tampoco es definitiva. 

Las multas

• Barclays: una multa de 600.000 euros.
• Valores Santander: dos multas por un total de 16,9 millones de euros.
• Banco Pastor: una multa de 400.000 euros.
• Banco Santander: una multa de un millón de euros.
• C.A.M: cuatro multas que fueron suspendidas.
• LaCaixa: dos multas por un total de 5 millones de euros.
• CaixaBank: tres multas por 2,75 millones de euros en total.
• Liberbank: tres multas por 700.000 euros.
• Deutsche Bank: una multa de 600.000 euros. 
• C. España de Inversores: tres multas por un total de 1,1 millones.
• Nova Caixa Galicia: cuatro mulas por un importe de 2.050.000 euros. 
• Bankinter: dos multas por un importa total de 4,1 millones de euros. 
• Caja de Asturias: una multa por 200.000 euros.
• Caja de Extremadura: una multa por 500.000 euros. 
• Caja de Santander y Cantabria: una multa por 750.000 euros.
• Banco Popular: dos multas por un importe total de 1,5 millones.
• Caja Madrid (Cases): una multa de 2,1 millón de euros.
• Bankia: una multa de un millón de euros. 
• Caixa Catalunya: una multa de 1,1 millones de euros. 
• Catalunya Banc: una multa de 2 millones de euros. 
• BBVA Cases: una multa de 250.000 euros. 
• Popular Banca Privada: una multa de 300.000 euros. 
• Banco Mare Nostrum (BMN): una multa de 150.000 euros. 
• Caja Laboral Popular: una multa de 150.000 euros."         (David Cabrera, Vox Populi, 19/01/18)