El objetivo estratégico de Feijóo, si hubiera ganado las elecciones, consistía en anular todavía con mayor eficacia la independencia del poder judicial... El actual CGPJ iba a reconquistar el control de los nombramientos de los 17 presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia. Y de todos los nuevos magistrados del Tribunal Supremo que deben ocupar las vacantes (22) pendientes. ¿Qué suponía esto? Lisa y llanamente: condicionar la doctrina constitucional durante décadas

 "Aunque este es un asunto que parece, solo digo parece, no interesar a los ciudadanos, sería bueno que vayan sabiendo esto: el fracaso de Alberto Núñez Feijóo en ocupar La Moncloa supondrá –si no se repiten elecciones y obtiene en ellas, junto con Santiago Abascal, la mayoría absoluta– el naufragio de su plan para dar otra vuelta de tuerca al Estado Judicial Español controlado, salvo el Tribunal Constitucional, por la derecha.

 Aunque parezca cosa de iniciados, el objetivo estratégico del presidente del PP y su círculo de asesores consiste en anular todavía con mayor eficacia la independencia del poder judicial y ponerla en manos del poder económico, a través de los grandes despachos de abogados.

Una de las medidas más relevantes que pensaba poner en práctica inmediatamente –«devolver» la función de nombrar a jueces y magistrados– era precisamente eso. El actual CGPJ iba a reconquistar el control de los nombramientos de los 17 presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia. Y de todos los nuevos magistrados del Tribunal Supremo que deben ocupar las vacantes (22) pendientes. ¿Qué suponía esto? Lisa y llanamente: condicionar la doctrina constitucional durante décadas.

¿Por qué? Feijóo prometía, aparte de devolver las funciones para hacer esos nombramientos, cambiar el sistema de elección del CGPJ, plan que requería tiempo para aprobar una nueva ley orgánica del Poder Judicial. No menos de nueve meses o un año. Mientras tanto, se mantenía indefinidamente al actual CGPJ caducado y mutilado. Este Consejo debe tener 20 miembros a los que se une el presidente del Tribunal Supremo, que lo preside. Fue elegido por cinco años a primeros de diciembre de 2013.

En noviembre de 2018, el presidente del PP, Pablo Casado (89 escaños), propuso al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez (120 escaños), nombrar a Manuel Marchena para presidir el TS y el CGPJ. Marchena, consultado por el exministro de Justicia Rafael Catalá –que llevó la negociación con la ministra de Justicia, Dolores Delgado–, dio su luz verde. Sánchez aceptó. Se pusieron de acuerdo en el nombre de Marchena y el PP no propuso cambiar el sistema de elección de los miembros del CGPJ. Ambos no reunían la mayoría de tres quintos exigida para modificar ciertas leyes, en este caso la ley orgánica del Poder Judicial de 1985. El pacto naufragó al filtrarse el nombre de Marchena.

Desde entonces, el PP puso como pretexto que con el procedimiento vigente, cuyas últimas modificaciones se hicieron en los gobiernos de Aznar y de Rajoy, no apoyaría la renovación del CGPJ caducado. Desde la UE se exhortó a hacer los nombramientos con el sistema actual y luego, en todo caso, cambiar el sistema de elección. En este proceso, el Gobierno consideró que un CGPJ caducado ya no podía seguir haciendo nombramientos. Εl Senado aprobó en marzo de 2021 la ley que anuló esa facultad. Feijóo pareció entrar en razón pero cuando el pacto para la renovación estaba sobre la mesa giró de posición y rechazó firmar el acuerdo porque el Gobierno eliminaba el delito de sedición en el Código Penal.

 Lo que queda del CGPJ de 2013 (sin su presidente, Carlos Lesmes, que dimitió en octubre de 2022, y otras bajas por jubilación, fallecimiento o dimisión) debía, pues, según el plan Feijóo, realizar todos los nombramientos pendientes. Son alrededor de 100. Todos altos cargos y magistrados del Supremo. Quienes van a dirigir la justicia durante la próxima década. Ya circulaban, en las semanas previas al 23J, listas de amigos de los actuales vocales conservadores del CGPJ. El plan suponía un ataque a la Constitución. Porque entregaba las facultades de gobierno del Poder Judicial a un órgano que tiene una duración tasada de cinco años y prácticamente lo duplica. Porque, además, las bajas producidas han alterado los equilibrios profesionales, establecidos por la Constitución, de 12 jueces y 8 juristas. Las bajas han afectado más a los jueces, que son los que se jubilan, y menos a los abogados, que hoy son los que de hecho han pasado a mandar mucho más. Y son ellos quienes se preparaban para hacer los nuevos nombramientos cuando supieron que Feijóo les concedería este enorme poder.

Tres son hoy hombres fuertes del CGPJ: su nuevo presidente en funciones desde el 19 de julio, Vicente Guilarte (letrado-director de la Asesoría Jurídica del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España), José María 'Mario' Macías (socio del bufete Cuatrecases Gonçalves Pereira) y Enrique Lucas (director de la oficina de Bilbao del bufete Gómez-Acebo & Pombo).

 «Un juez que falle a favor de los consumidores y en contra de los bancos, puede despedirse de llegar al Tribunal Supremo», dice una fuente judicial consultada.

 Y por fin, el equilibrio ideológico, que pretende defender la Constitución, también se ha roto. Entre los vocales progresistas del CGPJ se han producido tres vacantes por lo que la mayoría conservadora sigue siendo absoluta, sin reflejar los cambios electorales de 2019. En definitiva: ha fracasado el intento de Feijóo de otorgar la facultad constitucional de nombramientos de los altos cargos judiciales a lo que ya son los restos del viejo CGPJ. Ello hubiera configurado una nueva composición de la justicia española absolutamente deslegitimada, ajena al modelo constitucional y entregada a los grandes bufetes de abogados."                (Ernesto Ekaizer , El Periódico, 05/08/23)

La Audiencia Nacional condena por tercera vez al PP por beneficiarse de la trama Gürtel... El tribunal concluye que la formación usó mordidas para “pagar eventos del partido” y que sus cargos crearon una “dinámica de beneficio mutuo” para “perpetuarse” en el puesto

 "La Audiencia Nacional inflige otro golpe al PP por el caso Gürtel. La Sala de lo Penal ha condenado por tercera vez al partido por beneficiarse de la trama liderada por Francisco Correa, que anidó durante años en el seno de la formación. 

En este caso, por los sucios negocios de la red en el municipio de Boadilla del Monte (Madrid). Según consta en la sentencia, a la que accedió EL PAÍS, los magistrados confirman la tesis de la Fiscalía y sentencian a los populares a pagar 204.198,64 euros como partícipes a título lucrativo. El tribunal concluye que se usaron mordidas para “pagar eventos” de la fuerza política, ahora presidida por Alberto Núñez Feijóo, y que sus cargos crearon una corrupta “dinámica de beneficio mutuo” con las empresas de Correa para “perpetuarse” en el puesto.

Durante la instrucción, los investigadores ya concluyeron —y así lo confirmaron en el juicio hasta 17 acusados que confesaron los hechos— que Gürtel desembarcó en el Ayuntamiento de Boadilla gracias a la relación de Correa con dirigentes del PP. De esta forma, una vez que controlaron la Administración a través de sus influencias, manipularon contratos públicos y concedieron adjudicaciones a cambio de sobornos, que acabaron costeando actos electorales del partido conservador. Según afirmó Arturo González Panero, exalcalde de la localidad y conocido por el mote de El Albondiguilla, la cúpula nacional y la regional de la formación conocían este funcionamiento irregular.

Esta dinámica se produjo en Boadilla “a partir de 2001 y hasta 2009, cuando este [Consistorio] estuvo controlado por el PP”, subrayan ahora los jueces de la Audiencia Nacional, en un fallo fechado el pasado 5 de abril. “Correa negociaba personalmente la adjudicación de contratos públicos, contraviniendo las normas que rigen la contratación pública, con la finalidad de que se adjudicaran a las empresas seleccionadas por el grupo a cambio del pago de una comisión, o para sus propias empresas, remunerando a los cargos públicos, con competencia o capacidad de influencia en las contrataciones”, remachan los magistrados.

En esa línea ya incidió también en el juicio el inspector jefe Manuel Morocho, principal investigador de la red corrupta: “Correa se convertía en el ejecutor y canalizador de fondos, cualquiera que fuera su origen, que el partido ponía a su disposición para poder financiar esos actos”.

La lista de condenados es larga. La Audiencia falla contra Correa, actualmente en prisión, a quien impone 13 años y 6 meses de cárcel por cohecho, fraude y tráfico de influencias, entre otros delitos. También contra Pablo Crespo, su número dos y exsecretario de Organización del PP gallego (13 años y 6 meses); Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla (36 años y 11 meses); José Luis Izquierdo, contable de la red corrupta (1 año y 6 meses); José Ramón Blanco Balín, asesor fiscal de la trama (2 años y 9 meses); los constructores José Luis Martínez Parra (2 años), Alfonso García-Pozuelo (1 año, 6 meses y 1 día) y José Luis Ulibarri (1 año y 6 meses); el empresario Jacobo Gordon (1 año y 4 meses), exsocio de Alejandro Agag (yerno de José María Aznar, expresidente del Gobierno); César Tomás Martín Morales, exgerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (7 años y 3 meses); y el exdiputado popular Alfonso Bosch, alias El Neveras, que sustituyó a Martín Morales al frente de la empresa de suelo de Boadilla (4 años y 4 meses).

El resto de condenados son Rafael Martínez Molinero, Antonio de Miguel Reyes, Isabel Jordán, José Javier Nombela, Luis de Miguel Pérez —que admitió en el juicio que “ideó toda la estructura societaria” de la red corrupta—, Javier del Valle, Carlos Jorge Martínez Massa, Rodolfo Benigno Ruiz, Juan Jesús Siguero, Juan Carlos Rey y Gonzalo Naranjo. El tribunal absuelve a María del Carmen García Moreno, contra la que se retiró la acusación al inicio de la vista oral, y a Francisco Pastor de Luz, exconcejal del PP en Boadilla del Monte y exgerente del Patronato de Cultura, por no existir acreditación suficiente de su intervención en la trama. Este exedil se emocionó durante el juicio y, entre lágrimas, defendió su honradez: “Yo he ocupado honradamente esos cargos. Y, además, orgulloso de haber pertenecido al Partido Popular. Que quede bien claro”.

Esta es la tercera condena dictada contra el PP por el caso Gürtel. En las dos anteriores ya se le sentenció a pagar 369.111,8 euros por beneficiarse de la trama. La primera resolución se emitió en 2018, cuando la Audiencia falló en contra de los populares por su implicación en los negocios de la red corrupta: fue por el juicio de la línea de investigación bautizada como Época I, que provocó la posterior moción de censura del PSOE que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy. La segunda condena llegó el pasado año, cuando el tribunal consideró probado que el PP pagó en negro la obra de su sede de la calle Génova, en Madrid.

“Puso su cargo a disposición de Correa”

El relato del tribunal resulta abrumador. “González Panero, alcalde de Boadilla, puso su cargo a disposición del grupo de Correa a cambio de ser remunerado por ello. Durante el periodo de 2000 a 2009, fue presidente local del PP, ejerciendo su influencia sobre funcionarios y empleados para conseguir que las adjudicaciones se concedieran conforme a los intereses de [la trama]”, subraya la sentencia, que impone la pena más alta al exregidor. Los magistrados echan así por tierra los intentos del exdirigente popular de atenuar su condena. En el último momento, cuando las pruebas lo acorralaban, El Albondiguilla confesó y comenzó a colaborar. Para los jueces, era tarde.

“EI tribunal rechaza que su declaración en el plenario sea relevante para aplicarle la atenuante analógica de confesión en juicio, ni tampoco apreciarle la atenuante de reparación del daño ante el nulo esfuerzo realizado por él para hacer frente al daño causado”, ha explicado la Audiencia Nacional. Es más, el fallo recuerda que, además de las mordidas que se repartieron los implicados, Correa hizo diversos regalos a Panero “en atención” a su colaboración: entre ellos, viajes a Miami y Grecia, ropa, bolsos, calzado, abrigos, una pantalla de plasma...

Por su parte, los magistrados otorgan una consideración distinta al testimonio de los otros 16 confesos, entre los que están Correa y Crespo. “La declaración de todos [los arrepentidos], salvo la de González Panero, merece una valoración positiva”, escribe la Sala de lo Penal, que les aplica la atenuante de confesión. El tribunal destaca, incluso, el “cambio de actitud” de Correa, que “ha cooperado en la repatriación del dinero de sus cuentas en Suiza”.

"Gürtel es el paradigma de la corrupción y el Partido Popular es su profeta"

José Luis Peñas decidió dar un paso al frente en 2007. Este exconcejal del PP en Majadahonda (Madrid), amigo cercano de Francisco Correa, acudió a la Policía para denunciar una de las mayores tramas de corrupción de la historia reciente del país. Acompañado por su abogado, Ángel Galindo, narró a los agentes toda una batería de irregularidades que conducían hasta el núcleo de la formación. Ahora, casi 15 años después, celebra esta nueva sentencia de la Audiencia Nacional: "Es una satisfacción personal más. Ver que aquella denuncia mía, única en la historia democrática, se va cumpliendo inexorablemente... Es una prueba de lo que dije, he dicho y diré. El PP es, sin duda, el peor partido para los españoles. Y es, asimismo, el partido más corrupto de los últimos 50 años en Europa".

"Este viaje, largo y sufrido, siempre en compañía de mi abogado y referente en la lucha por la democracia, Ángel Galindo, está sirviendo para demostrar que la sola voluntad de un individuo y la constatación de la verdad, puede cambiar no solo la realidad sino la propia historia. Gürtel es el paradigma de la corrupción y el Partido Popular es su profeta". Peñas fue condenado por la propia Audiencia a casi cinco años de cárcel por beneficiarse de la trama en el juicio de Época I, aunque se le reconoció en la sentencia su importante papel como arrepentido. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Supremo han apoyado que se le indulte parcialmente para que siga como funcionario del Ayuntamiento de Madrid —trabaja de conserje en un edificio municipal del distrito de Aravaca—. Una medida que el Gobierno tiene pendiente resolver."                    (J. J. Gálvez, El País, 08/04/22)

El PP paró en 2010 la expulsión de Ángel Carromero por manipular las listas de afiliados para ganar votaciones

 "Ángel Carromero, amigo y colaborador de Pablo Casado desde los inicios de ambos en Nuevas Generaciones, la organización juvenil del PP, se dio de baja esta pasada semana como militante del partido tras su presunta implicación en el origen del intento de espionaje a Isabel Díaz Ayuso, pero ya estuvo a punto de ser expulsado de esa organización en febrero de 2010.

 El Comité Nacional de Derechos y Garantías de Nuevas Generaciones (NN GG) propuso su exclusión por una falta muy grave: cambiar ficticiamente al menos 50 afiliaciones de militantes madrileños del barrio de Salamanca al de Moncloa-Aravaca, a fin de favorecer así al candidato Casado en barrios donde se esperaba que obtuviera menos votos.

Muchos de esos traslados de afiliación se hicieron sin el consentimiento de los afectados. Otras actuaciones similares en más zonas de la capital y la Comunidad no llegaron a concretarse en expedientes. Ángel Carromero era entonces el secretario de Organización de Casado, que de 2005 a 2013 desempeñó el cargo de presidente de NN GG en Madrid, donde se concretaron varias denuncias sobre esos métodos, sin ningún éxito. En el caso de Carromero, el PP paró la expulsión por un conflicto de competencias entre la dirección nacional, la madrileña y sus enfrentadas ramas juveniles.

En aquellos años, entre 2004 y 2015, las relaciones entre el PP nacional que presidía Mariano Rajoy y el de Madrid, que controlaban Esperanza Aguirre y sus escuderos Ignacio González y Francisco Granados, eran tensas, con recelos y todo tipo de enfrentamientos más o menos soterrados, como se evidenció en el polémico congreso nacional del partido de Valencia en 2008, en el que finalmente la dirigente madrileña no presentó candidatura alternativa. Lo mismo ocurría entre sus organizaciones juveniles, que presidían Ignacio Uriarte, en toda España, y un joven Pablo Casado, impulsado directamente por Aguirre, en Madrid.

Los obstáculos que se interponían podían ser a veces menores, como organizar un acto para Rajoy con 500 jóvenes en la capital y que no acudiera nadie de NN GG de Madrid; pero en otras ocasiones tuvieron más trascendencia.

Carromero —al que Casado había intentado situar como su secretario general de la organización juvenil madrileña tras alzarse como presidente con 24 años en su décimo Congreso, en mayo de 2005, con el 76% de los votos— se tuvo que contentar después con ser secretario de organización y presidente del distrito de Salamanca.

“Operaciones especiales”

Casado le concedió a partir de ahí otra función como responsable de unas inconcretas “operaciones especiales”, según confiesan varias fuentes del PP.

Esa relación se ha mantenido en el tiempo hasta esta pasada semana, tras estallar el caso Ayuso y sus derivadas que acabaron con la carrera política de Casado y de su mano derecha, Teodoro García Egea, que en los últimos tiempos también estrechó como secretario general del PP contactos con Carromero, según diversas fuentes del partido.

El caso sobre la expulsión frustrada de Carromero comienza a fraguarse entre el 9 de febrero y el 20 de octubre de 2009. Carromero es entonces presidente de NN GG del distrito de Salamanca; y Casado, presidente de las de Madrid; Aguirre, presidenta del PP de Madrid; y Rajoy, del PP nacional. En esas fechas la dirección nacional de NN GG recibe la denuncia de que se han formalizado 50 cambios de afiliación desde el distrito de Carromero al de Moncloa-Aravaca previos a la elección allí de una nueva dirección; unos traslados que “no han solicitado los interesados”.

Las hojas que aprueban esos cambios están selladas con el logo oficial de NN GG de Madrid y por Carromero. Siete de esos afiliados en mudanza aportan una declaración firmada en la que denuncian que “nunca han solicitado su traslado de afiliación” y que esta se ha gestionado “contra su voluntad”. Y añaden que Carromero les ha “presionado para que además votasen a un determinado candidato en el congreso de su nuevo distrito”.

El Comité Nacional de Derechos y Garantías de NN GG inicia un expediente disciplinario contra Carromero en diciembre de 2009 y le cita a declarar en su defensa el 16 de enero en Génova 13, la sede central del PP. Carromero acudió pero optó por no alegar nada; y entregó tres documentos aportados no a ese mismo comité de NNGG sino al de la estructura del partido en Madrid, donde mandaba Aguirre, para esgrimir una cuestión de competencias que al final fue clave para bloquear la sanción.

 El comité nacional de NNGG, sin embargo, rebatió esos argumentos y concluyó que ese órgano era el competente para juzgar esa actuación tan grave. En la resolución del expediente contra Carromero, la cúpula nacional de Nuevas Generaciones, próxima entonces a Rajoy, determina que en las actuaciones de Carromero no había cumplido varios artículos de sus estatutos sobre convocatorias de congresos internos y solicitudes de afiliación, y culminan su investigación acordando no solo que su actuación era muy grave y merecedora de expulsión sino apuntando una posible razón de fondo: “Ya sea por un más que posible interés electoral como si no lo es”. EL PAÍS ha tenido acceso a todos esos documentos.

Fuentes de la dirección del partido al corriente de esos comportamientos conceden que ese caso de trasvase de militantes del barrio de Salamanca se constató también en otros distritos y municipios de Madrid coincidiendo con elecciones locales y previas a congresos. Y apuntan siempre a Carromero como el autor de esas operaciones especiales para Casado, que en esos años había dejado su escaño de diputado en la Asamblea de Madrid para ser jefe de gabinete de Manuel Pizarro y José María Aznar.

El expediente y la sanción contra Carromero no llegó a ningún puerto. Se estudió en distintos órganos, se frenó y se archivó. El Comité de Derechos y Garantías y la dirección nacional de NN GG elevaron su solicitud de expulsión a ese comité pero del PP de Madrid, que dependía entonces de Cristina Cifuentes. Fuentes de la dirección de ese organismo recuerdan ahora que decidieron trasladar esa propuesta a la dirección de Nuevas Generaciones de Madrid, que controlaban Casado y Carromero, por delegación de Aguirre, la presidenta provincial del aparato que ahora quiere dominar Isabel Díaz Ayuso.

Fuentes de la cúpula nacional del partido y de NN GG en aquellos años apuntan que Cifuentes pidió instrucciones al respecto a la entonces coordinadora nacional del partido, Ana Mato, y que esta lo paró todo tras comentárselo a Aguirre. Mato lo niega. El entorno de Cifuentes no recuerda bien aquel proceso, pero no reconoce presiones. Aguirre tampoco tiene frescos los pormenores, pero aclara: “No extraña lo más mínimo, esas eran sus maneras. Casado me preguntó en 2012, antes del incidente de Carromero en Cuba [fue detenido tras sufrir un accidente de coche que provocó la muerte de dos disidentes anticastristas], que qué me parecía para sustituirle. Yo no sabía quién era. Luego fui a la cárcel a visitarle y hasta le presenté un libro, pero cuando llegué en 2015 al grupo municipal ya estaba ahí y me hizo todo tipo de chalaneos”.

Casado lo sabía y decía: “Le tienen envidia”

Fernando González Jaén se afilió al PP de Pinto en el año 2005, el mismo en el que Pablo Casado se presentó para presidir Nuevas Generaciones de Madrid. Ahora ya no milita, lamenta toda aquella etapa y echa chispas cuando habla de Casado y su amigo Ángel Carromero: “Pablo sabía los métodos de Carromero, se lo decíamos todos y los justificaba, decía que le criticaban por envidia, porque se desvivía”.

En 2013, en el X Congreso de la organización juvenil para relevar a Casado y en el que la dirección nacional vetó a Carromero por el oscuro incidente de Cuba, González Jaén tomó partido a favor de un amigo y competidor de la candidata oficial del aparato. Carromero y Casado apoyaron a Ana Pérez, una militante de Torrejón de Ardoz. González Jaén ha denunciado estos días en su muro de Facebook públicamente que les hicieron todo tipo de jugarretas: “Pusieron el congreso en casa de nuestra rival, Alcalá de Henares. ¿Se podía votar todo el día? Nada, de 16 a 17. ¿Un domingo? Sábado, un día en que jugaban Real Madrid y Barcelona. Se negaron a poner una mesa electoral en Madrid para que pudiesen votar más personas o a poner buses”. Pérez ganó con el 55,2% de los votos."              (Javier Casqueiro, El País, 28/02/21)

El policía de la caja B relata cómo el jefe de la brigada política del PP boicoteó su investigación con un traslado forzoso

 "El comisario Manuel Morocho, responsable policial de las investigaciones Gürtel y caja B, ha relatado esta tarde en el Congreso cómo el jefe operativo de la Policía en tiempos del PP, Eugenio Pino, jefe de la brigada política, le obligó a compatibilizar su destino en la UDEF, a cargo de los casos de corrupción de la formación conservadora, con una nueva ocupación en la Dirección Adjunta Operativa. «Suponía una barrera más al curso de la investigación», ha dicho ante la comisión de investigación de Kitchen. Sobrecarga de trabajo

Morocho es un testigo clave en el caso de espionaje a Bárcenas porque cualquier investigación acerca de dónde escondía el dinero el ex tesorero del PP o sus testaferros debería haberse puesto en su conocimiento y el del juez Pablo Ruz si de verdad esos fueran sus objetivos, como defienden los imputados, y no un operativo «parapolicial» para sabotear la investigación de la financiación irregular del PP en beneficio de dirigentes del PP, como considera el juez y la Fiscalía Anticorrupción. «El objetivo era sacarme de la unidad y trasladar al Ministerio que yo ya no trabajaba en la UDEF para calmar», ha dicho Morocho.

Los policías imputados intentaron blanquear la maniobra introduciendo datos «sesgados», según el término utilizado por Morocho, en una base de datos policial. Esa maniobra de blanqueo es así denunciada por Fiscalía y juez. Sin embargo, el portavoz del PP, Eloy Suárez, se ha alineado con ese proceder de los imputados y de su condición exculpatoria de los mismos durante su intervención de ataque al compareciente, al que ha acusado de trabajar contra el Partido Popular.

El comisario Morocho ha explicado que puso aquel traslado en conocimiento del juez Ruz y la Fiscalía. También ha explicado que el comisario Pino no le dio ninguna opción y que aquella «sobrecarga de trabajo» dificultó mucho su trabajo de investigación en los casos de corrupción del PP.

El traslado fue a la Brigada de Análisis de Revisión de Casos (BARC) de la DAO, uno de los instrumentos de la brigada política que fue disuelto con el cambio de Gobierno. Allí se le encargó, entre otros asuntos, analizar el documento Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA), que Morocho ha dicho que incluía fuentes «cerradas y abiertas» que le impedían construir una «trazabilidad» de las mismas y que desconfió de su procedencia.

«Se incluían una serie de notas, informaciones, titulares con una visión no neutral ante el punto de vista político de lo que se manifestaba», ha dicho sobre el documento «apócrifo» sobre Podemos y Pablo Iglesias. Además, descartó delitos que allí se apuntaban porque Podemos, partido al que no llegó a mencionar, estaba en fase de formación en el periodo aludido y no le afectaba la Ley de Partidos Políticos. El informe PISA contra Podemos, ha dicho, se redactó «con el fin de provocar el inicio de algo más».                      (EuropDirect, 25/03/21. Este artículo ha sido publicado originalmente en este sitio  )

Funcionarios de la Comunidad alertaron por escrito al Gobierno de Ignacio González de la corrupción del 1% en los contratos públicos

"Funcionarios de la Consejería de Transportes denunciaron hace más de seis años ante responsables políticos lo que les parecía, y era, un evidente caso de corrupción: cómo el PP de Madrid desviaba dinero público para pagar sus campañas electorales a través del 1% destinado a publicidad en las adjudicaciones de la Comunidad de Madrid. 

 Los trabajadores públicos, en su mayoría ingenieros, encontraron pruebas de esta supuesta malversación desde 2009 y lo denunciaron ante los responsables públicos. Presentaron esa denuncia por varias vías: a través de documentos por escrito y de forma presencial en una reunión en la que estuvieron presentes políticos y técnicos de la Administración regional.

A principios de 2013, los funcionarios del Gobierno regional que presidía Ignacio González enviaron una carta denunciando los "pagos exigidos a determinados adjudicatarios de obras" al entonces consejero de Transportes de Madrid, Pablo Cavero. La Junta de Personal (una suerte de comité de empresa del funcionariado) aprobó una segunda carta también dirigida al mismo consejero con copia a la mesa de la Asamblea de Madrid y a los grupos parlamentarios. 

También mantuvieron una reunión con el entonces número dos de Transportes, Borja Carabante, actual concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid que preside José Luis Martínez-Almeida, un encuentro que adelantó infoLibre y cuyos detalles revela ahora eldiario.es.

Todas aquellas alertas fueron ignoradas. Hoy las malas prácticas que estos funcionarios denunciaron, hace ya seis años, están siendo investigadas por la Justicia. El juez Manuel García Castellón y la Fiscalía Anticorrupción han puesto la lupa en una cláusula administrativa que los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González incluyeron en los pliegos de los contratos públicos. 

Esa cláusula obligaba a las empresas adjudicatarias a abonar el 1% del presupuesto de cada contrato para sufragar campañas publicitarias que se realizaban por un coste mucho menor o que ni se llegaban a hacer. Ese dinero finalmente acababa en el partido o en el bolsillo de dirigentes del PP, según el último auto de García Castellón en el que imputa, entre otros, a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.

Ahora dos documentos, que obran en poder de eldiario.es y que se reproducen al final de esta información, demuestran que los trabajadores alertaron de estas prácticas que consideraron cuanto menos “una inmoralidad”. La primera carta fue registrada por la Junta de Personal en la Consejería de Transportes el 4 de marzo de 2013.

La alerta se produjo después de que los directores de obra manifestaran su miedo a que se les estuviese obligando a certificar gastos irreales, ya que como comprobaron, algunas de esas campañas de publicidad no se estaban realizando y porque las empresas adjudicatarias comenzaron a pedirles permiso por esos gastos.

"Nos extrañó mucho la forma de enviar facturas a adjudicatarios de obras por parte de empresas que nada tenían que ver en el contrato, que no habían sido revisadas ni contrastadas por los funcionarios responsables de los contratos y que desconocían su existencia", asegura a eldiario.es un director de obra de la Consejería de Transportes de aquella época. “En ocasiones, se llegaron a recibir dos facturas de sendas empresas por los mismos supuestos trabajos efectuados. Ni los conceptos ni los precios ni las cantidades habían sido objeto de control alguno”, añade.

En el escrito remitido a la dirección política de la Consejería de Transportes, la Junta de Personal manifestó que “este tipo de prácticas” chocaban “de manera frontal” con el “buen hacer, con atención a las leyes y sus reglamentos” de su trabajo y solicitaron el listado de las empresas publicitarias elegidas a dedo por los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, el importe total destinado a este objeto y los criterios de contratación que se habían seguido para su elección. Los trabajadores públicos pidieron también una reunión con el entonces consejero de Transportes, Pablo Cavero.

En una segunda carta aprobada por la Junta de Personal y que se dirigía también al consejero, a la Mesa de la Asamblea de Madrid y a todos los grupos parlamentarios representados en ella, los trabajadores públicos manifiestan su preocupación por esta cláusula e insisten en las posibles irregularidades. Los trabajadores públicos querían incluso que se pusiera en marcha una comisión de investigación en el parlamento madrileño.

"La falta de control nos parece sumamente grave; en primer lugar porque no se puede exigir este pago de manera directa y, aparentemente, sin mediar ningún tipo de gestión por parte de los adjudicatarios, y en segundo lugar porque se atenta contra la libertad de mercado. Dichas prácticas se vienen llevando a cabo, al menos, desde el 2009 hasta la actualidad", detalla el escrito.

Los máximos responsables de la consejería solicitaron entonces una reunión con los funcionarios. El encuentro se produjo el 22 de abril de 2013, según confirman a este periódico cuatro de los asistentes. Los trabajadores públicos expusieron de nuevo sus dudas por el cobro del 1% que llevaba produciéndose durante años. No asistió el consejero pero sí su viceconsejero, Borja Carabante, que ocupa actualmente el cargo de concejal de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid que preside José Luis Martínez-Almeida. Por parte del Gobierno regional también estuvieron Matilde García Duarte, entonces secretaria general técnica de la Consejería, y Eva García Camaño, subdirectora de personal (cargo que continúa ostentando).

En representación de los trabajadores asistieron Francisco Barrueco (secretario de la Junta de Personal), José Luis Soria (vocal de la Junta de Personal), Federico Millán (Vocal de la Junta de personal) y Mariano Martín (CSIF).

"La reunión fue muy desagradable. Carabante la empezó diciéndonos que si la Junta de Personal no tenía otra cosa de la que preocuparse que del 1%”, recuerda en declaraciones a eldiario.es José Luis Soria. “Se puso a gritar y negó que hubiera alguna irregularidad”, añade Francisco Barrueco, secretario de la Junta de Personal. El encuentro se terminó sin que los funcionarios lograran la información que habían solicitado, recuerdan ambos. "No entiendo cómo Carabante no ha sido llamado a declarar ni como testigo", afirma Soria.

“A raíz de esa reunión esta práctica que se estuvo produciendo durante años se terminó”, asegura Barrueco y otros funcionarios con los que ha contactado este periódico. El edil del PP ha declinado hacer algún tipo de valoración cuando este periódico se ha puesto en contacto con él para recabar su versión, aunque ha admitido la reunión.

La subdirectora de personal, Eva García Camaño, asegura a este diario que no recuerda el encuentro: “Podría ser, no lo niego, pero no me acuerdo de absolutamente nada”.

Por su parte, Matilde García Duarte, secretaria general técnica de la Consejería de Transportes desde enero de 2012 nombrada por el Gobierno de Aguirre hasta 2015, asegura a este diario que tampoco la recuerda, aunque tampoco la niega: “Si hay personas que me sitúan allí, será así". García Duarte defiende que al poco de su llegada, la cláusula del 1% de eliminó de los pliegos de los contratos, versión que coincide con la del funcionariado que recuerda que la reunión con Carabante fue un punto de inflexión. Aunque los motivos que esgrime la exsecretaria técnica de Transportes Matilde García Duarte para poner fin a esas prácticas son distintos: “Al poco de entrar yo esa cláusula se eliminó porque no tenía sentido. Estábamos en plena crisis y suponía incrementar los presupuestos de las obras”.

Empresas elegidas a dedo por el PP

Las empresas que se llevaban ese 1% de los contratos públicos eran escogidas a dedo por el PP: no había ningún concurso previo, aseguran los funcionarios. Su tesis coincide con la del magistrado que investiga la trama Púnica en las piezas que aluden al desvío de fondos públicos hacia el Partido Popular. Fueron el Gobierno de Aguirre primero y después el de González quienes decidieron qué empresas de comunicación cobrarían ese porcentaje de la contratación pública. La Audiencia Nacional acumula indicios de que en muchos casos el dinero acabó financiando campañas electorales del PP o en cuentas personales de algunos dirigentes populares.

Según detallan a eldiario.es varios funcionarios de la Consejería de Transportes, la persona encargada de comunicar el abono de estos conceptos era Arturo Rodríguez Escribano, entonces asesor de Carabante y concejal de Hacienda, Personal, Régimen Interno y Seguridad del Ayuntamiento de Loeches. Rodríguez Escribano tenía un despacho en uno de los altillos del edificio de la Consejería y era el que llamaba a las empresas adjudicatarias para anticipar que otras empresas facturarían el 1%. Este medio ha intentado ponerse en contacto con Rodríguez sin éxito.

Varios contratos de diferentes consejerías están siendo fiscalizados, entre ellos Sanidad, Transportes y Hacienda. En el último auto judicial, García Castellón describe un desfalco de 3,07 millones de euros de las arcas públicas a través de estos supuestos contratos de "publicidad simulada" por la construcción de hospitales y centros sanitarios. En el caso de los fondos de publicidad asignados a la construcción de carreteras que denunciaron los funcionarios en 2013, la investigación se encuentra todavía en una fase preliminar. "Se investiga qué personas se situaron detrás de las adjudicaciones e introducción de la cláusula de reserva del 1% en los pliegos de las licitaciones de transportes", recoge el último auto judicial del pasado 2 de septiembre."                         (Fátima Caballero, eldiario.es, 23/09/19)

Jaume Roures, en las cloacas

"El empresario Jaume Roures, factótum del grupo Mediapro, ha hecho un paréntesis en la gestión de los 70 cargos que ocupa en las sociedades de este conglomerado audiovisual para ponerse detrás la cámara y asumir la dirección del documental Las cloacas de Interior, presentado el pasado 28 de junio en el cine Aribau, junto a Jordi Évole. 

El eje argumental de este reportaje son los artículos que han publicado, en los últimos meses, los periodistas Patricia López y Carlos Enrique Bayo en el diario www.publico.es, editado por la sociedad Display Connectors SL, de la cual Jaume Roures es apoderado.

En la "guerra de comisarios" que se desató en la cúpula policial durante el mandato del ministro Jorge Fernández Díaz, el diario www. publico.es se ha posicionado junto al comisario Marcelino Martín Blas, mientras que su archienemigo, el comisario José Manuel Villarejo, cuenta con el apoyo de El Mundo y de OK Diario. 

 En vigilias de las elecciones generales del 26 de junio del año pasado, y con el objetivo obvio de intentar influir en su resultado, el diario www.publico.es difundió unos audios grabados en su despacho entre el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director de la Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso.

Estas grabaciones constituyen uno de los platos fuertes del documental Las cloacas de Interior, que cuenta, entre los testigos que hacen declaraciones, con la participación del comisario, actualmente jubilado, Marcelino Martín Blas, que ha sido señalado como el inductor de la filtración de estas conversas al diario www.publico.es.

El reportaje firmado por Jaume Roures se inserta en una estrategia mucho más amplia que busca la exculpación judicial del clan Pujol a partir de situarlos como víctimas de una operación de guerra sucia orquestada desde las cloacas del Estado español. 

Pero al avispado empresario multimedia -que fue trabajador de TV3, como su socio Tatxo Benet- se le escapa un detalle muy grande: el comisario Marcelino Martín Blas fue quién, con supuestas amenazas y chantajes a los hermanos Cierco, consiguió la prueba documental de las cuentas que tenía una parte de la familia Pujol en la Banca Privada de Andorra (BPA).

La difusión de esta prueba documental por el diario El Mundo, el 7 de julio del 2014, provocó que, pocos días después, Jordi Pujol confesara la existencia de un tesoro escondido en paraísos fiscales y enterrara, de este modo, su prestigio y el de toda su familia. Al estreno del documental Las cloacas de Interior asistieron, entre otros, Carme Forcadell, Artur Mas, Xavier Trias, Gabriel Rufián y Lluís Llach."                  (J. Reixach , El Triangle, 09-07-2017)

El exdirector de la sanidad extremeña ficha por una empresa a la que adjudicó contratos, al mes de dejar su puesto oficial

"Albino Navarro, que fue hasta el pasado mes de diciembre director gerente del SES, ha fichado por la empresa Eulen, que trabaja con el Servicio Extremeño de Salud en cuestiones como limpieza, mantenimiento, servicios auxiliares y servicios sociosanitarios, según afirma la empresa.

Los socialistas en Extremadura denuncian que la decisión de Navarro de entrar en la empresa es carente de “ética”, porque “se ha producido al mes de haber dejado el cargo de director gerente del Servicio Extremeño de Salud y después, curiosamente, de que la consejería de Salud y el Servicio Extremeño de salud haya adjudicado la seguridad de sus servicios centrales a la misma compañía.

Los socialistas han recordado que Navarro es “el gran privatizador de la sanidad de Extremadura, desde su época en Insalud, cuando ocupaba un puesto en una dirección general y “por lo tanto hizo verdaderas barbaridades en la distribución de recursos” y, también, “como gerente le debemos una herencia: el copago sanitario, al que Monago ha accedido, así como el cierre de urgencias rurales”.  (...)

“A mi no me importa lo que uno pueda hacer, lo que no me gusta es que me tomen por tonto, y un señor que dijo a los extremeños que se iba porque estaba malo no puede haberse curado en un mes”, indicó Vara, que cree necesario actuar para evitar situaciones de este tipo. En su opinión, hay que establecer un sistema de incompatibilidades más severo «o realmente estas cosas pueden seguir pasando”.        (El Plural, 19/01/2013)

Entre tesoreros anda el juego: Bárcenas y Sanchís -salpicado por el caso Naseiro- comparten negocios

"Luis Bárcenas comparte negocios en Argentina con uno de sus predecesores en el partido, Ángel Sanchís, tesorero del PP hasta 1988. Como el propio Bárcenas que dejó su escaño como senador, Sanchís se vio obligado a dimitir en 1990 como diputado tras verse salpicado en el caso Naseiro, el primer escándalo de financiación ilegal del PP. 

Pero el propio extesorero Naseiro, centro de aquella investigación, declaró por la Gürtel ante el juez Pedreira para asegurar que Bárcenas había pedido un crédito express de 350.000 euros -que canceló en apenas un mes- para comprar cuadros.

El hilo conductor de los tesoreros

El PP insiste en presentar los problemas judiciales y las cuentas opacas de su extesorero Bárcenas como un problema particular. Pero existe un hilo conductor de negocios y transacciones entre los últimos responsables de las cuentas del partido, todos ellos salpicados por las acusaciones de irregularidades.

Bárcenas y Sánchís comparten sociedad y transacciones

En la información de las cuentas de Suiza con hasta 22 millones de euros remitidos al juez Pablo Ruz que investiga la Gürtel, figura que el extesorero incluyó entre las empresas en las que participaba la argentina La Moraleja SA, dedicada al negocio agrario, según publica eldiario.es. 

 Esa empresa la preside el también exterorero del PP Ángel Sanchís, que dimitió en 1990 salpicado por el caso Naseiro, el escándalo de financiación ilegal que fue tumbada porque las escuchas que constataban el delito se obtuvieron para investigar un caso de narcotráfico, y no para las irregularidades en las cuentas populares que salieron entonces a la luz.

Dinero transferido poco después de que estallara la Gürtel

La Moraleja SA exporta a través de Brixco SA, la sociedad a la que Bárcenas transfirió un millón de euros a una cuenta del HSBC en Nueva York en marzo de 2009, después de haber vaciado las cuentas de Suiza.

La documentación incluye una nota del banco del 20 de febrero de 2009 que reza: “Nos anuncia [Bárcenas] la visita para hoy de uno de sus amigos, el señor Ángel Sanchis Perales que es una persona de toda su confianza y que le representa con una carta debidamente firmada por él, para consultar la posición actual y plantear algunas preguntas sobre su cuenta”.

 Sanchís acudió al banco suizo Dredsner para comunicar que “el cliente” había decidido “liquidar una parte de su cartera de valores” y que daría las órdenes correspondiente de transferencia. Apenas habían pasado tres semanas desde el estallido del caso Gürtel. Según Bárcenas, el dinero no guardaba ninguna relación con el PP, pero en el sumario consta al menos esa cuenta que vincula a dos extesoreros del partido.

Naseiro también avaló una de las coartadas de Bárcenas

Pero el hilo conductor entre los responsables de las cuentas populares no se detiene ahí. El propio el extesorero nacional del PP Rosendo Naseiro tuvo que comparecer ante el juez Antonio Pedreira para declarar en relación a la Gürtel. Ante el magistrado mantuvo la versión de Bárcenas de que le había pedido prestados a éste 350.000 euros en 2002 para comprar obras de arte. 

Sobre esa cantidad pesaban sospechas de irregularidades, pero Bárcenas mantuvo ante el mismo juez que pidió un crédito para prestarle el dinero a Naseiro –el crédito fue cancelado apenas un mes después- y este finalmente adujo que había obtenido el dinero con su propio dinero y que adquirió los cuadros. Eso sí, el extesorero del PP admitió que no tiene facturas de las obras adquiridas."    (El Plural, 18/01/2013)

Al secretario general de Alianza Popular sí le consta: "Todo el mundo, o miraba a otro lado, o recibía"

"El que fuera secretario general de Alianza Popular --partido del que se fundó el PP-- entre 1979 y 1986, Jorge Verstrynge, ha asegurado este viernes que los sobresueldos en dinero negro a dirigentes comenzaron a repartirse en el año 1988. 

Pero además, considera que ningún miembro de la cúpula del partido puede decir que desconocía esta práctica porque "todo el mundo, o miraba para otro lado, o recibía".

En el programa Las mañanas de Cuatro Verstrynge ha garantizado que durante su etapa como secretario general no tenían lugar estos pagos en negro "porque no había dinero" y además "porque no era la práctica". "Si alguien trabajaba bien le subías el sueldo y punto pelota", ha asegurado. 

Sin embargo, ha apuntado que la entrega de sobresueldos en dinero negro comenzó a aplicarse a partir del año 1988, provocando además "indignación" entre los trabajadores del partido "que veían cómo personajes que ya recibían un buen sueldo existía un rumor persistente de que se recibían sobres".

Verstrynge, que ha reconocido sentir "gran tristeza" al ver cómo algunos de sus compañeros de partido "han degenerado", ha insistido en que el reparto de dinero negro comenzó en el año 1988 cuando Manuel Fraga estaba "a punto" de dejar la dirección del partido. 

 "Empieza con él, pero durante la época anterior no tuvo lugar. Supongo que se le ocurriría a Ángel Sanchís que era entonces tesorero y luego a Luis Bárcenas, y a partir de ahí siguió. Evidentemente todos los presidentes no podían no saber que eso se estaba produciendo. Ni los secretarios generales", ha continuado.

A su juicio, el caso de Bárcenas es un ejemplo de cómo "un tesorero se ha hecho con un partido", que "en parte es víctima y en parte está comprado". Pero además, ha sostenido que el dinero localizado en cuentas en Suiza no puede ser sólo del extesorero, sino que él ha actuado "de banquero de otros".     (Público, 18/01/2013)

Una bomba en el corazón del PP. Los indicios de corrupción hallados sobre Bárcenas salpican a todo el partido

"Luis Bárcenas Gutiérrez (Huelva, 1957) ha trabajado desde siempre en el corazón económico del PP, primero como gerente del partido y mano derecha del tesorero, Álvaro Lapuerta, y tras la jubilación de éste, como tesorero en la nueva Ejecutiva que diseñó a su gusto Mariano Rajoy en el congreso nacional de 2008.

Su implicación en el caso Gürtel, una extensa trama de corrupción que salpicó a cuatro comunidades autónomas gobernadas por el PP y a una docena de Ayuntamientos, llevó la preocupación al núcleo duro del partido, que forzó una comparecencia pública para defenderse. (...)

Rajoy pronunció en febrero de 2009, unos días después de que estallara el escándalo, una frase solemne: “No es una trama del PP, sino contra el PP”. Algunos de los dirigentes que se hicieron la foto de la unidad con Rajoy para responder a las gruesas sospechas de corrupción que apuntaban al partido eran los mismos que gobernaban las comunidades que más colaboraron en el enriquecimiento ilegal de la red Gürtel, como Francisco Camps, que acabó dimitiendo, o Esperanza Aguirre.

Bárcenas era el guardián de todos los secretos económicos y laborales del PP nacional cuando el juez Baltasar Garzón desarticuló una red dirigida por Francisco Correa, un empresario muy conocido en la dirección del partido. De hecho, hasta 2008 Correa, con su red de empresas, se encargaba de organizar todos los actos electorales del PP y se relacionaba directamente con Luis Bárcenas. (...)

Rajoy le defendió un año entero, hasta que Bárcenas pidió su baja como militante del PP en abril de 2010 y unos días después dejó su escaño en el Senado. Desde entonces, intenta defenderse en una extensa causa judicial en la que se investigan no sólo las comisiones ilegales cobradas supuestamente por Bárcenas de la red corrupta, sino otras actuaciones sospechosas de quien estuvo durante muchos años en el corazón económico del PP. 

Son las que siguen:

» Inversiones en el extranjero. En uno de los registros la policía halló un apunte manuscrito con el nombre “LBárcenas” que daba cuenta de un negocio ilegal de promoción inmobiliaria a través de una sociedad creada por Correa en el extranjero. El nombre del beneficiario de esa promoción inmobiliaria era “Rosalía Iglesias”, la esposa de Bárcenas, que aparecería en otras operaciones sospechosas del entonces gerente del PP.

» Comisiones de la trama corrupta. El sumario del caso Gürtel está salpicado de referencias a dirigentes del PP que cobraron comisiones ilegales de la trama. En la contabilidad que llevaba Correa de estos regalos, identificaba a los beneficiarios con sus iniciales o con sus apodos. La fiscalía anticorrupción, la Abogacía del Estado, la policía y los jueces que han pasado por esta causa siempre han considerado que las iniciales L.B. correspondían a Luis Bárcenas, aunque él lo negó ante el Supremo e incluso apuntó el nombre de un constructor, Luis Delso, al que se referían los jefes de la red corrupta como “Luis el cabrón”. Ni el Supremo ni la Audiencia Nacional creyeron a Bárcenas.

» La compraventa frustrada de bodegones. El Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España apuntó una operación sospechosa en 2002, cuyo protagonista fue Bárcenas. Había retirado de un banco 325.000 euros en billetes de 500 en diciembre de ese año y los devolvió un mes después. La policía consideró que era una típica operación de blanqueo de capitales y Bárcenas se defendió revelando que era un dinero que le había pedido Rosendo Naseiro, exdirigente del PP, para comprar dos bodegones. La operación no llegó a buen fin, pero la sospechosa sobre Bárcenas se hizo más grande.

» 500.000 euros en billetes de 500. La investigación también descubrió que la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, ingresó en una sucursal de Caja Madrid en 2006 hasta 500.000 euros en billetes de 500. La Agencia Tributaria abrió un expediente por esta operación que Bárcenas intentó justificar dos años después con una historia que no se creen los investigadores. Según el extesorero del PP, ese dinero corresponde a la venta de dos cuadros que compró en 1987 por 1.803 euros y vendió en 2006 por 558.196 euros, sin tener que pagar impuestos por la plusvalía debido al tiempo transcurrido entre la compra y la venta.

» Dinero en Suiza. En 2010, la investigación del caso Gürtel acreditó a través de una de las primeras comisiones rogatorias enviadas a Suiza que Luis Bárcenas intentó obtener una tarjeta de crédito con un límite de gasto mensual de 25.000 euros, lo que disparó las sospechas de que el extesorero del PP escondía dinero en Suiza.

“Pone de manifiesto”, señalaba entonces un informe policial, “la intención de realizar operaciones de elevada cuantía con la tarjeta y precisa la acreditación de una solvencia. De dicha información podemos concluir que Luis Bárcenas tiene intereses económicos en el exterior, y que se concretan en posiciones bancarias de una entidad financiera ubicada en Suiza de las que es beneficiario económico”. Tres años después, el resultado de nuevas comisiones rogatorias ha confirmado la sospecha."    (El País, 17/01/2013)

Un profesor denuncia las presiones de un alto cargo de Ana Mato para que suba la nota de su hijo

"El director del Departamento de Cirugía, Oftalmología, Otorrinolaringología y Fisioterapia de la Universidad de Valladolid, Carlos Vaquero, un catedrático de Cirugía con 39 años de experiencia, ha denunciado ante el rectorado las "presiones" y "amenazas" que ha recibido por parte del director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Javier Castrodeza Sanz, miembro del equipo de Ana Mato. Sanidad ha reconocido que el político ‘popular’ contactó con el cirujano, y lo consideró algo “lógico entre compañeros".

 

En declaraciones a la Cadena SER, el cirujano reconoció haber vivido una “pesadilla” durante un mes por las presiones del político del Partido Popular, quien fue director general de Salud Pública y director general de Planificación en la Junta de Castilla-La Mancha, antes de ser fichado por la ministra de Sanidad, Ana Mato.

Una matrícula de honor para su hijo

El político presionó al médico de diferentes maneras, entre ellas a través de mensajes a su teléfono móvil. Perseguía que su hijo, en el último curso de Medicina, recibiera una matrícula de honor, retirándosela a otro alumno, en lugar de un 9,4 en una asignatura fundamental en la carrera. 

El rector, Marcos Sacristán, ha respaldado la posición del profesor porque no se puede “claudicar” ante este método.

El director del Departamento de Cirugía, Oftalmología, Otorrinolaringología y Fisioterapia de la Universidad de Valladolid ha dicho que las presiones del político popular le han recordado las maneras de la dictadura franquista, cuando “determinados alumnos obtenían el aprobado de determinadas asignaturas uniformados delante del profesor y, además, lo que hacían es coger la pistola y dejarla encima de la mesa, más que nada para estar un poco más cómodos”.

Sanidad ve lógico el asunto

Fuentes del Ministerio de Sanidad admitieron que Javier Castrodeza había mantenido contactos con Carlos Vaquero porque han sido compañeros de docencia en la Facultad y “es lo lógico entre compañeros”. El motivo, según esas fuentes, fue anunciarle que su hijo presentaría una reclamación por lo que considera un error claro."           (El Plural, 25/07/2012)

Mapa dela corrupción del PP

"- Hay un eje Galicia-Madrid-Valencia-Murcia-Baleares donde se concentran los casos de corrupción.

- Entre el ladrillazo de las Rías Gallegas y las costas de levante, existen puntos de contacto y personajes ubicuos.

- La trama Gürtel es mucho más extensa y letal de lo que nos imaginábamos. Si es bien cierto que también existen casos de corrupción en el PSOE y en IU (sobretodo en Andalucía), la extensión y la profundidad de la malversación Popular está en un plano destacado. (...)

- La corrupción salpica muy profundamente al PP porque en muchos casos toca no sólo a los que tienen cargos públicos sino también a sus familiares, dando la sensación de que más que hablar de delitos puntuales, lo que deja entreverse es todo un estilo de vida."

Fuente: 'KEEP PP WEAK - Help keep el Partido Popular out of Government' de Leo Bassi

http://www.ppleaks.com/

Empresas de dirigentes del PP copan el negocio inmobiliario en San Cibrao. El teniente de alcalde está ligado a las constructoras del polígono

"José Méndez Grande, teniente de alcalde del PP de San Cibrao de Viñas (sede del Parque Tecnológico de Galicia y del principal polígono industrial orensano), posee empresas dedicadas a la promoción, instalaciones eléctricas y una estación de servicio y está vinculado a través de sus socios a las principales inmobiliarias que operan en el polígono. Méndez es concejal delegado de polígonos empresariales, consejero en el Parque Tecnológico de Galicia e integrante de la junta de gobierno que asume las competencias urbanísticas del municipio. El grupo socialista ha denunciado reiteradamente la existencia de una "trama empresarial" en San Cibrao y ha responsabilizado a la alcaldesa y diputada provincial, Elisa Nogueira, que lleva 32 años al frente del ayuntamiento, de favorecer a determinados promotores vinculados al PP "mediante adjudicaciones de dudosa legalidad y que perjudican el interés general".

El teniente de alcalde tiene como socio en su inmobiliaria Promociones Reboredo a Antonio Blanco Salgado. Promociones Reboredo está participada por Proyco Barreiros, constituida por Blanco Salgado. Ambas realizaron "prácticamente en su totalidad", según el PSOE, las naves del polígono de Barreiros, en el municipio de San Cibrao. Blanco Salgado comparte sociedad en las empresas del teniente de alcalde y al mismo tiempo tienen socios comunes en otras de sus firmas con Inversiones Gabián, sociedad que compró los terrenos de la antigua fábrica de Citroën y los urbanizó en parcelas. Adquirió 300.000 metros cuadrados por 900 millones de pesetas y los vendió a 9.000 pesetas el metro cuadrado. (...)

El teniente de alcalde de San Cibrao está también vinculado a través de sus socios al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ourense y ex alcalde, Enrique Nóvoa. La empresa de José Méndez, Electricidad Vari, fue constituida al 50% con Juan Manuel Ferreiro Díaz (ya desvinculado), que fue consejero de Santymex, en la que participan dos empresas de Nóvoa: Ourenmex y Galmex. Otra de las constructoras con importante obra privada en el polígono es Construcciones y Proyectos Lorenzo. El hijo del administrador fue en la lista del PP en las pasadas municipales. Electricidad Vari y Construcciones Lorenzo tienen sus sedes en portales contiguos en San Cibrao.

En obras municipales se sitúa como segunda adjudicataria Consernor, vinculada a dirigentes del PP a través de los clubes de fútbol y baloncesto de Ourense, que figuran en su accionariado." (El País, ed. Galicia, Galicia, 09/12/2008, p. 3)

El dinero negro de la política... urbanística

Dos grabaciones de voz autorizadas por una juez de Vigo, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, prueban que la promotora Construcuatro, de la que el presidente del PP de Pontevedra, Telmo Martín, es consejero delegado, percibió distintas cantidades en dinero negro -20.400 euros de un comprador y 24.265 de otro- a cambio de venderles viviendas protegidas. Las cintas evidencian además las amenazas de los intermediarios a los clientes. "Si no pagas este mes, olvídate del piso", advierte uno de los mediadores que también percibió 8.000 euros por la venta. (El País, ed. Galicia, Galicia, 08/10/2007, pp. 31)

El presidente del PP en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, volvió a salir ayer en defensa del flamante presidente de su partido en Pontevedra. "Telmo Martín lleva muchos años acosado por muchos partidos políticos y siempre ganó las elecciones", declaró Feijóo. (El País, ed. Galicia, Galicia, 08-10-07, pp. 31)

Telmo Martín: "Es el precio a pagar por estar en política". El PP sostiene que no tomará medidas internas ni entrará en "juicios paralelos". (EL PAÍS, ed. Galicia, Galicia, 09/10/2007)

Primero enladrillar, después ya se verá

Murcia planea urbanizar 11.000 hectáreas de costa virgen aunque el Constitucional falle en su contra. El Gobierno autonómico permitirá enladrillar el enclave incluso si el tribunal deroga la ley que lo avala.

El mayor complejo urbanístico de España se llama Marina de Cope y está en el litoral virgen de Murcia.

El Gobierno de Murcia, del PP, eligió ese espacio, un parque natural, para impulsar un gigantesco desarrollo urbanístico que albergará a 60.000 personas. Para ello, desprotegió por ley 11.000 hectáreas de terreno en la costa. El PSOE llevó al Constitucional la ley, y el abogado del Estado, los ecologistas y el consejo jurídico de Murcia han pedido que no se urbanice el suelo hasta que falle el alto tribunal…. El abogado de la comunidad ha remitido un escrito al juzgado en el que advierte de que un eventual fallo en contra del Constitucional derogará la ley, pero eso no implica que los lugares dejen de ser urbanizables.

La jugada tranquiliza a los promotores al garantizar la entrada de las máquinas en la costa virgen. (El País, Sociedad, 01/04/2007, pp. 40)

Lo público, para lo privado.. por ley

"Castilla y León se inventa’ una ley para tramitar una gran urbanización en suelo protegido. La Junta evita así que un juez pueda frenar 800 chalés.

La Junta de Castilla y León, del PP, ha promovido como proyecto de ley la construcción de 800 chalés, dos torres de oficinas y un parque empresarial en un terreno protegido junto al río Duero en Soria. Las Cortes autonómicas tienen previsto aprobar la ley mañana, en el último punto del último pleno de la legislatura, gracias a la mayoría absoluta del PP." (El País, Portada, 13-03-07)

¿Se dejó comprar toda la cámara por el "ladrillo"? ¿Convencimiento repentino de la necesidad de edificar en terrenos protegidos para el desarrollo local? ¿Yo hago lo que me da la gana, en donde me da la gana y cuando me da la gana, si me rinde? Corrupción "as usual".