"(...) Ábalos, que hizo en junio de 2018 una aplaudida defensa de la
moción de censura contra Mariano Rajoy - la primera triunfante en
nuestra democracia que presentó el secretario general socialista, Pedro
Sánchez- basada en la sentencia de la Audiencia Nacional en del caso Gurtel
-según la cual el Partido Popular había alimentado “en paralelo un
auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional-, Ábalos,
decíamos, se puso al servicio del rey de las coimaso mordidas, Victor de Aldama.
Y, a cambio de trabajar para él, usufructuó un chalé - búsqueda en
la que participó junto a su pareja de corrupción, Koldo García-,
valorado en unos 590.000 euros, que disfrutó en la Alcaidesa Playa ( La
Línea de la Concepción); logró que le pagarán el alquiler de un
apartamento que albergó a su novia; consiguió que el comisionista le
enviará a una persona a hacer las pruebas de covid-19 a su casa
particular durante la pandemia y que, también, periódicamente le
reservara para él y su familia una mesa en un restaurante.
La trama de corrupción se extendió como una telaraña por varios
ministerios – en medio de la noche oscura de la pandemia, todos los
gatos eran pardos- tanto para suministrar material sanitario como para
lanzar otras actividades ilícitas, como un negocio de venta de
hidrocarburos, o para organizar la recepción en Madrid del cicerone
Aldama -con negocios en Venezuela- a la vicepresidenta de Venezuela,
Delcy Rodríguez, en enero de 2020.
Aldama ignoraba que esa
presencia estaba prohibida por las sanciones de la Unión Europea, que
había reconocido a Juan Guaidó presidente “encargado” de Venezuela,
siguiendo la conducta del presidente norteamericano Donald Trump.
El intenso programa de actividades de Aldama, asumido como agenda por
Delcy, tuvo que ser suspendido por esa prohibición, pero Aldama recibió
en el salón de autoridades de Barajas de la vicepresidenta venezolana
para cerrar una operación de venta de 104 barras de oro de Venezuela.
Ábalos, que debía estar presente para dar fe de que el comisionista en
efecto tenía influencia sobre él, acudió a Barajas. Ábalos consideró
la de Aldama de hacerle compañía como una oferta que no podía rechazar, y
se cubrió las espaldas.
¿Cómo?
Aantes de acudir le informó al presidente Pedro Sánchez, al final de un largo whatsapp,
como quien no quiere la cosa, que mantendría un discreto encuentro para
fines distintos que se inventó -la gestión de las empresas españolas
en Venezuela- muy diferentes a los chanchullos de Aldama.
Sánchez contestó con un lacónico “bien”.
Ábalos comentó a Aldama que al menos le había dicho eso -”bien”-
porque al parecer se temía de que le podría poner a caer de un burro,
por así decir.
Aldama consiguió a través del asesor para todo, el
jefe de gabinete Koldo García -a sueldo de 10.000 mensuales, más otras
premios de Aldama-, y de Ábalos, entrar con facilidad en las comunidades
autónomas gobernadas por el PSOE empezando a vender material sanitario:
mascarillas y pruebas de PCR para detectar el virus.
Para el rey de las coimas era
solo el primer paso con el fin de apuntalar más tarde otros negocios,
según había tramado con su hermano Rubén, escolta de Ábalos durante
largos años y a través de quien comenzó una hermosa amistad, que diría
Rick (Humphrey Bogart) en Casablanca al jefe de policía francés Louis
(Claude Rains)
Su primera operación de venta de
mascarillas al Ministerio de Transporte le había permitido un beneficio
de 6,6 millones de euros (contrato de 53 millones a varios
departamentos, después de que se cayera a última hora un contrato de 4
millones para suministrar material a Correos), porque contó con
información privilegiada que le pasó su empleado, el asesor del ministro
Koldo García.
Y porque, según la UCO, Ábalos así lo autorizó.
De allí pasó Aldama al Ministerio del Interior, también para
colocar mascarillas, y luego a Industria, pero esta vez para montar un
desfalco a partir de la venta de combustible, operación por la que él y
sus cómplices fueron enviados a prisión el pasado jueves, día 10 de
octubre, por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Son 180
millones de euros lo que le debe a la Hacienda española. A todo esto, la
UCO cifra en 73 millones de euros el dinero que ha lavado para situarlo
fuera de España.
Otro eslabón del informe solicitado por el
juez Moreno es el rescate de la compañía aérea Air Europa por parte del
gobierno de Pedro Sánchez por 475 millones de dólares como consecuencia
de la situación creada por la pandemia.
Según señala, Aldama,
que era consejero en la empresa aérea, y Ábalos, hicieron posible ese
rescate por su prédica constante sobre el Gobierno.. Hay referencia a
reuniones para preparar ese rescate, pero no hay nuevos indicios de
carácter ilícito. Otras aerolíneas en la Unión Europea también
obtuvieron inyecciones de fondos públicos.
Eso sí, si la UCO
tuviera razón, dada la rotundidad de sus afirmaciones, ello dejaría
fuera de esa operación a Begoña Gómez, la esposa del presidente de
Gobierno, a quien también se le ha atribuido una participación por su
presunta relación con Aldama y con Javier Hidalgo, el primer ejecutivo
de Globalia, el grupo turístico español que participa en Air Europa.
Sin duda, el juez Juan Carlos Peinado, que ha intentado escarbar en el
rescate de Air Europa, verá una posibilidad de resucitar las
indagaciones con el informe de la Guardia Civil sobre el ya famoso
traido y llevado rescate de la aerolínea.
El reciente auto de
la sección 23 de la Audiencia de Madrid condiciona cualquier nueva
incursión en el tema a la aparición de nuevos indicios. Como tales,
indicios nuevos no hay. “Hay referencias a reuniones, pero en ningún
caso se menciona a Begoña Gómez. Por tanto, no hay materia para reabrir
la causa”, señala una fuente judicial.
La doble condición
de ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE hizo
posible que, con el respaldo de Ábalos, su mano derecha, Koldo García,
se paseara como “Pedro por su casa” en las CCAA gobernadas por el
partido, durante aquellos días aciagos del covid-19.
Y que cuando, por ejemplo, a su whatsapp del
17 de agosto de 2020, la presidenta de Baleares, Francina Armengol,
contestó que estaba muy ocupada, y más tarde le hiciera llegar el
teléfono de la consejera de Salud, Koldo, con su habitual desfachatez,
campechanía y psicopatía, se diera el lujo de enviarle otro mensaje:
“Vale, cariño, te mantengo informada de todo” (páginas 123 y 124 del
informe de la UCO)
El juez Moreno, según información
recogida por El Periódico, enviaráa la semana próxima a la Sala Segunda
del Tribunal Supremo su exposición razonada para imputar al diputado
Ábalos.
La Sala tendrá que pasarla por el proceso de
admisión, lo que llevará algunas semanas, habida cuenta de que tendrá
primero que solicitar informe a la Fiscalía del Supremo.
¿Adónde nos lleva esto?
A un hecho: a la situación que se deriva de la difusión instantánea del informe de la UCO.
Por un lado, se va a perder un tiempo vital para acceder a todo lo que
pueda esconder Ábalos en relación con los hechos descritos (cuentas
bancarias, mensajes telefónicos, correos, dispositivos).
¿Por qué?
Porque el juez Moreno no tiene competencia sobre Ábalos, está obligado
a pasar antes por la solicitud al Supremo y ello, según se ha apuntado,
lleva su tiempo.
Y esto no era inevitable.
Porque el
informe de UCO podía estar bajo secreto sumarial siempre que lo hubiera
resuelto el juez, lo que hubiese evitado su difusión hasta que la
situación procesal de Ábalos permitiese imputarle.
Última derivada: Ábalos está incinerado íntima y jurídicamente con este informe.
Los agentes señalan al comienzo de su informe de 233 folios y al
concluir que “todo lo expuesto debe entenderse en términos de presunción
por lo que quedan sometidas a valoración judicial”.
Pero con los detalles y conclusiones al alcance del público, el derecho de defensa ha quedado tocado.
Más le valía al diputado renunciar a su escaño y defenderse en la Audiencia Nacional.
Pero quizá porque necesitaba el dinero de su escaño de diputado y
porque erróneamente pensó que se defendería mejor en el Supremo rechazo
renunciar a el como le exigía el PSOE.
Ahora bien, ¿es este sistema de instrucción penal el que todos estamos contentos de consolidar?
"Los laboristas han prometido vaciar el pantano de Westminster si ganan las elecciones en el Reino Unido el mes que viene. Buena suerte.
Tras 14 años de gobierno conservador, el Reino Unido ocupa el puesto más bajo de su historia en el índice mundial de corrupción -un estudio anual sobre el soborno realizado por Transparencia Internacional-, mientras que la confianza pública en las instituciones políticas ha alcanzado mínimos internacionales.
Los escabrosos titulares sobre contratos de Covid concedidos a empresas con conexiones políticas, los partidos del antiguo gobierno de Boris Johnson que incumplen las normas y los legisladores de todo signo que se comportan mal han contribuido a crear una sensación de malestar ético en el Reino Unido, que se prepara para las elecciones del 4 de julio.
Los laboristas, que van camino de derrotar ampliamente a los conservadores el mes que viene, han denunciado la "sordidez" de los tories.
Pero bajo la superficie ya están apareciendo grietas.
El partido de la oposición, liderado por Keir Starmer, tiene puestas sus esperanzas en una nueva y amplia Comisión de Ética e Integridad. La idea es reunir la confusa red de reguladores de Westminster -a menudo tachada de desdentada- en un organismo poderoso que pueda exigir responsabilidades.
Pero los detalles del proyecto sugieren que los laboristas ya han suavizado partes de su gran plan para atajar el amiguismo.
En su día, el partido prometió prohibir que los parlamentarios tuvieran un segundo empleo, con "excepciones muy limitadas", a raíz de los numerosos casos de legisladores que trabajaban para empresas externas mientras ocupaban su escaño en la Cámara de los Comunes.
Sin embargo, en el programa electoral laborista se suavizó esa promesa y se limitó a prohibir "las funciones remuneradas de asesoramiento o consultoría", con la posibilidad de imponer más restricciones posteriormente.
Una promesa anterior de introducir una prohibición general de cinco años para que los ex ministros acepten trabajos de consultoría o de lobby una vez que dejen el gobierno también se ha suavizado para prohibir tales funciones sólo si están "relacionadas con su antiguo trabajo".
Así pues, mientras los laboristas se preparan para la victoria, los defensores de la lucha contra la corrupción se mantienen alerta. El gobierno de Starmer tendrá que demostrar rápidamente que da prioridad a la limpieza de Westminster, afirman, o se arriesga a perder la confianza de los votantes.
Daniel Bruce, director general de Transparency International UK, afirma que Starmer debe conseguir victorias "fáciles" para marcar la pauta. En primer lugar, los laboristas deben cumplir su promesa de dotar de un verdadero poder al asesor ético del primer ministro, que actualmente sólo puede investigar a los ministros si el primer ministro está de acuerdo.
"[Los laboristas] se han comprometido a hacerlo en su manifiesto", señaló Bruce. "Pueden hacerlo desde el primer día. Eso no requiere cambios en ningún instrumento. No es una disposición legal. Es sólo una cuestión de procedimiento". Perros nuevos, trucos viejos
Los partidos de la oposición tienen fama de prometer medidas drásticas contra el amiguismo, una promesa fácil de hacer cuando no se es quien ostenta el poder.
Por ejemplo, el ex Primer Ministro laborista Tony Blair presentó su aplastante campaña de 1997 como un antídoto contra años de escándalos conservadores, afirmando que su partido sería "más puro que la pureza".
En 2010, el flamante líder conservador David Cameron prometió importantes reformas en materia de transparencia y gobernanza cuando un escándalo protagonizado por legisladores que reclamaban gastos desorbitados financiados por los contribuyentes hundió la confianza pública.
Sin embargo, una vez en el Gobierno, cada uno de los antiguos agitadores de la oposición se vio pronto acosado por sus propios escándalos, y algunas de sus promesas más valiosas se vieron desbaratadas por los acontecimientos y la inercia.
Los cambios iniciales de Cameron -mejorar el acceso público a los datos de la Administración, endurecer las normas de contratación pública y presentar el primer registro británico de grupos de presión- se vieron eclipsados por su propia implicación en un gran escándalo de grupos de presión. El registro de grupos de presión que en su día promocionó ha sido tan ridiculizado que los propios grupos de presión han pedido normas más estrictas para evitar que los políticos manchen la reputación de su sector.
La postura de Blair de "más santo que tú" se vio pronto puesta a prueba por sus propios escándalos de dinero por acceso. Tras dejar el gobierno, se maldijo a sí mismo como un "ingenuo, tonto e irresponsable papanatas" por haber introducido la pionera Ley de Libertad de Información del Reino Unido.
"La tentación de los partidos políticos es hablar con dureza de ética cuando están en la oposición, pero dejar pasar las cosas cuando están en el gobierno", afirma Alex Thomas, director de programas del Instituto de Estudios Gubernamentales.
"En los últimos años hemos visto cómo unas normas éticas estrictas ayudan a los gobiernos a trabajar bien y a no meterse en líos", añadió. "Será importante que cualquier gobierno entrante se tome en serio esta agenda y aplique la reforma".
El dilema del reparto
En la actual campaña electoral, los laboristas han insistido en que realmente introducirán grandes cambios en la forma en que Westminster vigila los malos comportamientos.
La semana pasada, durante la presentación del manifiesto de su partido, Starmer fue preguntado por su compromiso con el programa y dijo que pondría en marcha las reformas "de inmediato". El líder laborista pareció reconocer el profundo cinismo de los votantes ante las sucesivas promesas de hacer las cosas de otra manera: "Sé que nadie creerá que ha cambiado hasta que vea la acción que sigue".
La jefa de gabinete de Starmer, Sue Gray -retirada del corazón de la función pública, donde trabajó como temida jefa de ética y decoro de Whitehall- al menos conoce el terreno. Pero no está claro si impulsará el cambio o simplemente perpetuará un sistema que ha marcado sus propios deberes durante demasiado tiempo.
Una persona que la ha visto en acción en el gobierno, y a la que se le ha concedido el anonimato para hablar con franqueza, cree que Gray querrá realmente mejorar el régimen de ética y normas en el gobierno, pero que hacerlo no será una de sus prioridades.
"Es una de sus aficiones y algo que le preocupaba cuando estaba en el gobierno", dijo la persona. "Si hay cambios, querrá participar en esas conversaciones. Pero también es pragmática y habrá cosas mucho más importantes que necesiten atención, al menos al principio".
"Está en una posición tan poderosa", dijo Sue Hawley, directora del grupo de campaña Spotlight on Corruption. "Ella podrá pensar en formas de hacerlo más eficazmente".
En cualquier caso, la erradicación de la corrupción tiene la extraña costumbre de bajar en la lista de prioridades cuando un nuevo gobierno -de repente abrumado por los retos nacionales e internacionales- toma posesión.
Un conjunto radical de promesas normativas presentadas por los demócratas liberales de centro-izquierda -tradicionalmente el tercer partido de Gran Bretaña, que parece que esta vez aumentará su número de diputados- da a los activistas algunos motivos para el optimismo. Hawley sostiene que la previsible afluencia de nuevos diputados liberaldemócratas creará un entorno político "constructivo" para ampliar las ideas laboristas y mantener la honradez de la nueva administración.
Sea cual sea la composición del próximo Parlamento, los observadores de la corrupción en Westminster sostienen que la inacción ya no es una opción.
"Estas cuestiones deben estudiarse detenidamente con los expertos pertinentes", dijo Bruce. "Pero poner las cosas en marcha... en los primeros 100 días es lo correcto".
"El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, elegido a su vez por el PP como representante del partido en la comisión de mascarillas, está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por la adjudicación de miles de contratos exprés que la Junta de Andalucía efectuó durante la pandemia.
Una investigación que se abrió en mayo de 2022, tal y como publicó en
exclusiva ElPlural.com, y cuyos plazos han sido ampliados hasta en dos
ocasiones por la Fiscalía que dirige Alejandro Luzón.
Según han explicado fuentes del Ministerio Público a este medio, "las
Diligencias de Investigación siguen abiertas, ya que se ha ampliado el
plazo para la investigación hasta mayo de este año, pues la prórroga se
firmó en el mes de diciembre". Con esta última prórroga, Luzón mantiene “en tramitación” la investigación relativa a los contratos efectuados por la Junta de Andalucía durante la pandemia.
Ampliación de la investigación al menos hasta mayo
En cuanto a las prórrogas de la investigación, a diferencia de lo que
ocurre con el resto de la Fiscalía, Anticorrupción puede, debido a la
complejidad de los asuntos a tratar, solicitar más plazos de ampliaciónde las DIP que el resto.
Por tanto, podría darse el caso de que, llegado el mes de mayo, se
vuelva a solicitar una nueva prórroga de los plazos de investigación.
En definitiva, la Fiscalía Anticorrupción tiene todavía más de un mes para seguir investigando los contratos bajo sospecha que el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla realizó en el año 2020 de
acuerdo a las nuevas normas de contratación de personal que
emitió la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior
antes de recurrir a una nueva petición de prórroga. Cabe recordar al
respecto de esta causa que Elías Bendodo lideraba entonces la mencionada Consejería andaluza.
Una investigación que se remonta a 2022
Fue el 5 de abril de 2022 cuando el PSOE de
Andalucía denunció a Elías Bendodo ante la Fiscalía por presuntamente
“prevaricar” con la adjudicación de 4.000 contratos exprés de empleos
públicos en Andalucía. Los socialistas pidieron entonces al
Ministerio Público que abriese una investigación contra el número tres
de Feijóo sobre los contratos de urgencia durante la pandemia.
Desde el PSOE planteron un posible delito de “prevaricación administrativa” y señalaron en su denuncia directamente al entonces consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo.
Las Diligencias de Investigación se abrieron inicialmente el 6 de mayo de 2022. Un año más tarde, el 17 de febrero de 2023, Alejandro Luzón, decidió ampliar el plazo de "las Diligencias de Investigación, asignadas a la Delegación Anticorrupción de Sevilla” para seguir investigando el asunto. El hecho de que la Fiscalía esté investigando por tanto tiempo las contrataciones implica la posible existencia de indicios.
Contratación exprés de la Junta de Andalucía durante el Covid
En marzo de 2020, en el primer mes de Covid, la Consejería de
Presidencia, Administración Pública e Interior emitió nuevas normas de
contratación de personal, poniendo con ello en el foco de la polémica al
que por aquel entonces era hombre fuerte del presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla.
El sistema para captar personal temporal, conocido como
contrataciones exprés, había sido rechazado por la justicia en el plano
Contencioso-Administrativo, pero las actuaciones pasaron a ser objeto de
estudio por parte de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada, lo que implicaba la existencia de indicios penales en el asunto.
El modelo de contratación de la Junta permitía que después de la
publicación de la oferta de empleo en la web de la administración, y
solo con la presentación de emails por parte de los concurrentes en un plazo de 24 horas,
con titulación y declaración responsable, pudieran hacerse con la
plaza. Para ello, está claro, tenían que haberse enterado de la
existencia de una convocatoria que tan solo estaba abierta durante un
día.
El resultado de la gestión dejó más de 3.400 plazas
en distintas convocatorias, ya que en algunas ofertas no se concretaron
el número de puestos a cubrir, mientras que el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA) y la justicia Contencioso-Administrativa
anularon las bautizadas como ‘contrataciones de los vigilantes de la playa’,
al considerar que vulneraban derechos “constitucionalmente
consagrados”. Hay que subrayar que este modelo de contratación a la
sombra de las urgencias Covid no respeta los principios de igualdad,
mérito y capacidad.
Tal y como explicaría hace cosa de un año ElPlural.com, la Junta
obedeció con las cautelares dictaminadas por la Justicia y los interinos
exprés pasarían a mantener solo, al menos, sus retribuciones y
cotizaciones. Ello, después de que los gabinetes jurídicos de la
administración recurrieran las sentencias, con el rechazo generalizado
de los tribunales y sin recurso de amparo por parte de los servicios
jurídicos del gobierno andaluz, que trató de borrar cualquier rastro de
las contrataciones a través de una resolución de la Dirección general de
Recursos Humanos de febrero de 2022, que anulaba las contrataciones y derechos a los interinos, desapareciendo así los puntos para baremación, antigüedad o experiencia obtenidos por estos contratos.
Sin embargo, esto no alejó la sombra de sospecha sobre los contratos
de Bendodo, ya que sindicatos denunciaron la anulación que decretó
Recursos Humanos, defendiendo que la carga agravante no podía recaer sobre los trabajadores
que habían visto mermados unos derechos que habían conseguido a través
de su puesto de trabajo en la administración. Pero del caso se
desprenden otras actuaciones que fueron objeto de polémica, como que se hiciera pública una orden para deshacer el entuerto
-normalmente las administraciones recurren sistemáticamente o cuentan
con el respaldo del Consejo Consultivo o técnicos o letrados propios- o
que del proceso se excluyera a ciertas personas -mujeres embarazadas, enfermos oncológicos, portadores de VIH o mayores de 60 años- a pesar de que el trabajo a desempeñar nada tenía que ver con la gestión sanitaria.
No fue el único hecho que levantó polvareda por aquel entonces en lo
que a contratos Covid se refiere, y es que tras lo relativo a las
contrataciones exprés saldrían a la luz concesiones a aseguradoras
privadas. Aquellos contratos se prolongaron en el tiempo suspendiendo
garantías administrativas. Un ejemplo de estas contrataciones fue el de
Barveal, una compañía sin sede ni trabajadores y que había recibido
pérdidas, pero que a pesar de todo recibió a dedo cuatro millones de
euros para arreglar carreteras.
El equipo de Bendodo niega que esté siendo investigado
Ante esta noticia, desde el equipo del portavoz del PP en la comisión
de mascarillas aseguran a ElPlural.com lo siguiente: "Elías Bendodo no
está investigado por la Fiscalía y no ha recibido ninguna notificación
al respecto en ningún momento". Un hecho, el de no haber recibido ninguna notificación que no implica, para nada, que no sea objeto de investigación.
Y si no, que le pregunten a Koldo García, cuya causa estuvo en DIP y
solo se enteró de que estaba siendo investigado después de que se
judicializara cuando alguien dio un chivatazo a la trama corrupta."
(JOSÉ MARÍA GARRIDO / LORETO OCHANDO / RUBÉN ROZAS, El Plural, 05/04/24)
"El informe de la Guardia Civil sobre el caso Koldo, al que ha tenido acceso Diario16, aporta más detalles sobre las conexiones de la trama corrupta, no solo con el Gobierno del PSOE, sino con el Partido Popular.
Según el atestado, del análisis del extracto anterior se observa que,
según Juan Carlos Cueto (uno de los empresarios implicados en el cobro
de comisiones por la compraventa de mascarillas en lo peor de la
pandemia), Koldo García (asesor del exministro José Luis Ábalos) se reuniría con terceras personas “en la sede del partido tal”
para, supuestamente, tratar sobre la reclamación de la Administración
de Baleares contra Soluciones de Gestión, la empresa tapadera que
canalizaba las mordidas.
“Esta afirmación, unida a que Koldo dijo que tenía una reunión a las 10.15 horas en Génova [sede del Partido Popular en Madrid],
se colige que el mismo se podría reunir con miembros del PP para tratar
del referido asunto”, aseguran los agentes, cuyas pesquisas obran en
poder del sumario del magistrado Ismael Moreno. No obstante, ambos
interlocutores “no muestran mucha esperanza en que este asunto se
solucione, afirmando Cueto: Estamos ya de los nervios no, lo siguiente”, de lo que se vuelve a evidenciar la preocupación del presunto comisionista por el problema de la mercantil Soluciones de Gestión.
“Al hilo de lo anterior, se informa de que por parte de esta Unidad
se realizó un control de actividades sobre Koldo ese día, exponiéndose a
continuación los hechos de interés en relación a los indicios
desarrollados en el presente epígrafe”, asegura el informe policial.
“Adicionalmente, cabe mencionar que, a instancias de esta Unidad, el día
9 de enero de 2024 el magistrado autorizó captación y grabación de las
comunicaciones orales directas mediante un sistema de grabación de
sonido ambiente digital en las reuniones que mantuviesen Cueto, Koldo, Aldama yRodríguez García,
entre ellos y/o con terceras personas que se produjesen desde el día 9
de enero de 2024 hasta el 15 de enero de 2024”. Con estas pesquisas se
trataba de determinar si entre esos terceros había más políticos
implicados.
Así las cosas, a las 08.35 horas del día 10 de enero de 2024, la Guardia Civil observó la llegada de Koldo a la estación de tren de Chamartín de Madrid. Una vez allí, el empresario Ignacio Arjona Morell le recogió en un vehículo Audi Q8”.
Posteriormente, ambos mantuvieron una reunión en la cafetería
Gallofa&CO ubicada en Paseo de la Habana de Madrid, donde
permanecieron reunidos desde las 09.10 hasta las 09.43 horas. Arjona ha
trabajado para compañías como Sacyr y Ferrovial, que ha tenido a su
cargo proyectos como la ampliación de los aeropuertos de Barajas y El
Prat o la construcción de los túneles del AVE en Guadarrama o Pajares.
Desde su nuevo cargo en Grupo Avintia, ha dirigido la división de
Construcción e Industrial, reforzando el área e impulsando nuevas áreas
de negocio como la obra civil, proyectos de infraestructuras y energía.
Además, de los audios interceptados se desprende que “son claras las
advertencias de Rodríguez García a Koldo sobre no confiar en Cueto.
Además, bajo este contexto, Rodríguez García afirma que Cueto ha ganado
‘20 kilos’, a juicio policial, en referencia a las ganancias obtenidas
con los contratos investigados”, añade el sumario.
“Continuando con el control de actividades realizado sobre Koldo el
día 10 de enero de 2024, a las 16.32 horas, el asesor de Ábalos abandonó
el establecimiento La Chalana para dirigirse en la motocicleta Suzuki
hasta la calle Conde de Xiquena de Madrid, y entrar junto a Pombo [Jacobo Pombo] al número 10 de la citadacalle”, añade el sumario. La instrucción de la causa sitúa a Pombo –que hace años participó en actos de FAES (el laboratorio de ideas del PP) y de Nuevas Generaciones (los cachorros del partido)– como uno de los contactos de la trama Koldo. Además, el empresario cántabro preside hoy el lobby Global Youth Leadership Forum (GYLF Forum), por donde pasan personajes muy relevantes de la vida política de este país para charlas y conferencias.
Según la Guardia Civil, “cabe mencionar que, analizados los actos
notariales en los que Pombo ha participado, aparece vinculado al
domicilio calle Conde de Xiquena número 10 de Madrid a través de la asociación Centro de Estudios Políticos Globalización y Relaciones Internacionales (CEPGRI)”.
Es decir, que los agentes han investigado a fondo a esta persona
íntimamente relacionada con Génova 13. “En relación a esta asociación,
en el informe sobre el análisis de la información laboral, tributaria y
financiera de Koldo y su entorno se detalló que en el año 2021 se
ingresaron en cuentas vinculadas al investigado la cuantía de 438,85
euros procedentes del CEPGRI”, según el sumario. Una relación cuanto
menos comercial que los investigadores de la UCO de la Guardia Civil
están analizando a fondo." (Marcos López, Diario16, 10/04/24)
"La gran marca de la corrupción política en España es Gürtel, la red corrupta que anidó en varias comunidades gobernadas por el PP
y en el propio seno del partido, condenado dos veces por lucrarse de la
trama. Pero un nuevo fenómeno corrupto podría desplazar de la memoria
colectiva esta marca como el paradigma de la corrupción pública.
Los contratos de emergencia
durante la pandemia para adquirir mascarillas y otros productos de
protección irrumpen en los juzgados, tres años después de ejecutarse,
con sospechas de corruptelas relacionadas con tráfico de influencias y comisiones desmesuradas.
El 15 aniversario del inicio del caso Gürtel, en febrero pasado,ha quedado ninguneado por la eclosión de un nuevo caso de corrupción, el llamadocaso Koldo,
sobre los contratos de mascarillas adquiridos por varias
administraciones públicas por 54 millones de euros vinculados a un
exasesor del que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el Gobierno de Pedro Sánchez.
El 9 de febrero de 2009, el entonces juez Baltasar Garzón inició la investigación del caso Gürtel
, que se ha saldado por el momento con cerca de 70 condenados, y aún
hoy quedan juicios pendientes. Uno de ellos es el derivado de la pieza
Arganda, sobre las adjudicaciones irregulares en la localidad del
sureste de Madrid, fijado para el 24 de junio próximo.
La foto que dejó para la posteridad la plana mayor del Partido Popular, el 11 de febrero de 2009, arropando al presidente del partido, Mariano Rajoy,
tras la rueda de prensa por las primeras detenciones ordenadas por
Garzón, cobra hoy un valor especial. No solo porque algunos de aquellos
dirigentes resultaron luego condenados en diversas piezas separadas del caso Gürtel, como Ana Mato, exministra de Sanidad,
sino también porque demuestra que la estrategia defensiva del PP ante
sus casos de corrupción se transmite a las nuevas generaciones.
Victimismo como defensa
Si entonces Rajoy
acusaba a los jueces y fiscales de emprender una persecución contra el
PP, 15 años después otra dirigente del partido, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, hace exactamente lo mismo cuando trata de defenderse de la acusación de lucrarse de los fraudes fiscales cometidos por su pareja.
Cuando la Fiscalía presentó una denuncia contra Alberto González Amador, pareja de Ayuso, por defraudar 350.000 euros procedente de comisiones por actuar como intermediario en la compra-venta de mascarillas,
la presidenta de Madrid no dudó en culpar al mismísimo presidente del
Gobierno de emprender una "cacería" contra ella y su familia.
El juez Joaquim Bosch, autor de uno de los ensayos más certeros sobre la corrupción en España, La patria en la cartera: Pasado y presente de la corrupción en España, publicado por Ariel,
cree que los últimos casos de corrupción sobre la compra de mascarillas
en la pandemia "eran previsibles, porque es sabido que cuando
disminuyen los controles, aumentan las prácticas corruptas".
Para Bosch, titular
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Moncada (València),
"el gran problema de España es la corrupción estrictamente política y
ahí estamos en los niveles más altos de Europa. En casi todos los
territorios tenemos como procesados a concejales, alcaldes, presidentes
autonómicos o presidentes de diputación. La corrupción que llega a los
juzgados es solo la punta del iceberg".
Radiografía actual en los juzgados
La corrupción pública,
es decir, aquella que protagonizan funcionarios, gobernantes y
políticos en el ejercicio de sus cargos y que afecta esencialmente al dinero público,
se saldó el año pasado en España con 38 sentencias condenatorias, de un
total de 54. Los tribunales concluyeron 32 procedimientos por
corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral contra
185 personas y 71 sociedades mercantiles, según informa el CGPJ.
Dos de esos procesados son Alberto Luceño y Luis Medina,
los comisionistas que se hicieron de oro en plena pandemia, al ingresar
casi siete millones de euros por hacer de intermediarios en la compra
de material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid.
El juez Adolfo Carretero
dictó auto de apertura de juicio oral contra los dos comisionistas en
octubre de 2023 y la Fiscalía pide un total de 24 años de prisión para
ambos por los delitos de estafa y falsedad documental. Indica el juez que Luceño y Medina
inflaron el precio de las mascarillas un 60%; un 81% en el caso de los
guantes; y un 71% en el de los test; sobrecostes que fueron a parar a
sus propios bolsillos en forma de comisiones. Luceño obtuvo 5,1 millones
de dólares y el aristócrata Luis Medina, un millón.
Sin embargo, desde los primeros momentos de la investigación, el juez Carretero y la Fiscalía no quisieron profundizar en la posible responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid,
que abonó casi 12 millones de dólares a una empresa de Malasia, Leno,
por la compra del material sanitario, con la que jamás cruzó una palabra
o un mail si no fue a través del comisionista Luceño. Él y Medina
pudieron llegar hasta el consistorio gracias a un primo del alcalde Almeida.
Nueve delitos detrás de la corrupción
La corrupción
política y la administrativa engloban los siguientes delitos:
prevaricación urbanística; prevaricación de funcionarios públicos; malversación; cohecho;
infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos;
tráfico de influencias; fraudes y exacciones ilegales; negociaciones y
actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el
ejercicio de su función; y receptación y blanqueo de capitales.
En el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora anualmente la organización Transparencia Internacional (TI),
España figura en el puesto 36 de 180 países, con una puntuación de 60
sobre 100 --en la que cuanto mayor es la puntuación menor es la
presencia de corrupción--."España debe emprender un esfuerzo importante
para mejorar su posición. Aún hay muchas reformas legislativas contra la
corrupción pendientes. El cumplimiento de los objetivos fijados en el
IV Plan de Gobierno Abierto van lentos", dice a este diario Silvina Bacigalupo, presidenta de Transparencia Internacional España,
que además subraya: "Una economía como la española tendría que aspirar a
tener mejor puntuación en el ranking mundial, pero sobre en comparación
con los Estados miembros de la UE ".
España se sitúa en el mapa global de Transparencia Internacional junto a Letonia y San Vicente y las Granadinas;
en un puesto por encima de Botsuana, y dos por encima de Catar. Dentro
de los Estados miembros de la UE, España se sitúa en el puesto 14 de los
27, por debajo de Portugal y por encima de Italia.
25.000 contratos bajo sospecha
En 2012, el Estado
español obtuvo la mejor puntuación de la historia, con 65 puntos, tras
lo cual llegó el batacazo con la corrupción de los gobiernos del PP,
alcanzando en 2017 la peor puntuación, 57 puntos. Tras la moción de
censura que desbancó a Mariano Rajoy de la presidencia del Gobierno,
España fue ganando puntos hasta lograr 62 en 2020.
Silvina Bacigalupo, que es Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, explica
que los avances o los retrocesos en la lucha contra la corrupción
tienen reflejo directo en el Índice de Percepción de la Corrupción. Su
organización recomienda a España para mejorar en el Índice, entre otras
cosas, no demorar más la renovación del CGPJ; suprimir el programa de visados dorados,
sobre la adquisición del permiso de residencia o la nacionalidad
española para extranjeros que inviertan en España; el impulso en la
regulación del registro de grupos de interés; y la mejora de la transparencia parlamentaria.
"Los casos de
presunta corrupción que están aflorando ahora sobre la compra de
material sanitario en la pandemia se reflejarán en el Índice del año que
viene o del siguiente --indica la presidenta de Transparencia Internacional España--.
Uno de los indicadores importantes que mide el Índice es precisamente
el enjuiciamiento de los casos de corrupción, si esos casos se
investigan judicialmente, si hay condenas o si quedan impunes".
Comisiones de investigación
Durante la
pandemia por la covid se produjeron en toda España unos 25.000 contratos
de emergencia por parte de las administraciones públicas para dotarse
de material sanitario. "No significa que se tenga que hacer una
auditoría general, pero sí de aquellos donde afloren irregularidades",
considera Bacigalupo.
El Congreso de los Diputados
ha aprobado la creación de una comisión de investigación sobre la
compra de mascarillas durante la pandemia por parte de todas las
administraciones públicas, que se centrará especialmente en el caso Koldo, el caso del novio de Ayuso, el caso de las mascarillas adulteradas que compró el Ayuntamiento de Madrid, además del caso Luceño y Medina. El Senado desarrollará otra comisión similar.
"Las comisiones de
investigación parlamentarias me parecen bien siempre que no se
conviertan en un disparador del adversario político. Ojalá esta vez
sirvan para generar políticas preventivas de la corrupción", dice el juez Joaquim Bosch." (Ana María Pascual, Público, 29/03/24)
"En una sociedad
cada vez más orientada hacia el desempeño, las métricas son importantes.
Lo que medimos afecta lo que hacemos”, sostenía
el informe de 2008 de la Comisión sobre la Medición del Desempeño
Económico. “Con las métricas equivocadas, estaremos luchando por las
cosas equivocadas”.
La Comisión estaba desafiando la primacía del PIB como la métrica del
desarrollo. Pero la misma observación se aplica a la corrupción, que se
mide convencionalmente -y engañosamente- como un problema
unidimensional.
Los índices de corrupción global, entre ellos el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional y el Índice de Control de la Corrupción
del Banco Mundial, les asignan una calificación única a los países.
Estas métricas demuestran consistentemente que los países ricos están
“muy limpios”, mientras que los países pobres son “altamente corruptos”.
Por ejemplo, el IPC de 2023
ubica al Reino Unido (puesto 71) como el vigésimo país menos corrupto
del mundo, mucho más limpio que China (42) y Brasil (36). La mayoría de
los usuarios del IPC, entre ellos medios, empresas y analistas,
interpretan estos números como un hecho.
Ahora bien, ¿los países más ricos realmente son menos corruptos
que los más pobres? Las métricas unidimensionales como el IPC eclipsan
el hecho de que las variedades cualitativamente diferentes de corrupción
no se pueden reducir a una calificación única. Estas métricas también sub-miden
sistemáticamente lo que yo llamo “corrupción de los ricos” -que tiende a
ser legalizada, institucionalizada y ambiguamente poco ética- por
contraposición a la “corrupción de los pobres”.
En los países más pobres, la corrupción adopta formas claramente
ilegales y escandalosas, como robar fondos públicos y aceptar sobornos.
En los países ricos, en cambio, muchos creen que el problema ha
desaparecido. En The Quest for Good Governance (La búsqueda de una buena gobernanza),
Alina Mungui-Pippidi llega a concluir que las economías avanzadas han
alcanzado un estado final de “universalismo ético”, donde “el mismo
trato se aplica a todos”. Gran Bretaña es “el ejemplo histórico clásico”
en este sentido, a lo que agrega que “el imperio británico se fragmenta
habitado principalmente por poblaciones de ascendencia europea”. En
resumidas cuentas, el Occidente rico está limpio.
Pero dado el actual ascenso del populismo
en las democracias de altos ingresos, lo que en gran medida es una
reacción contra las ventajas desmesuradas de las que gozan los ricos y
los individuos con conexiones políticas, el “universalismo ético” parece
más ilusorio que real. Como reveló un informe despiadado de 2020 publicado por el New York Times,
la mitad de los contratos gubernamentales del Reino Unido para
suministros médicos durante la pandemia del COVID-19 fueron hechos con
“empresas dirigidas por amigos y socios de políticos” a través de un
“canal VIP” especial.
¿Cómo puede ser, entonces, que el IPC calificara al Reino Unido como el vigésimo país menos corrupto? La calificación no se basa en encuestas realizadas internamente por Transparencia Internacional, sino en una combinación de diversas encuestas de terceros.
Casi todas ellas provienen de organizaciones occidentales como la
Unidad de Inteligencia de The Economist, y tienden a depender
considerablemente de respuestas de ejecutivos de empresas occidentales.
Por otra parte, las palabras que se emplean en estas encuestas suelen
ser vagas. Por ejemplo, el Anuario de Competitividad Mundial, una de
las fuentes del IPC, les presenta a los ejecutivos de empresas una
opción binaria burda: “Sobornos y corrupción: existen o no existen”. No
sorprende que el IPC muestre, año tras año, que los países ricos están
“muy limpios”, aún si sus ciudadanos comunes no están de acuerdo.
Consciente de que no había otras alternativas para estas métricas convencionales, a pesar de varias críticas (inclusive del propio creador del IPC), dirigí el Índice de Corrupción Desglosada.
Al igual que el IPC, el ICD es una métrica de corrupción basada en
percepciones que depende de encuestas de expertos. Sin embargo, desglosa
la corrupción en cuatro variedades distintas:
robo pequeño (extorsión por parte de funcionarios de poca monta), robo
grande (malversación de fondos por parte de los políticos), dinero para
acelerar trámites (pequeños sobornos para superar obstáculos
burocráticos o asedio) y dinero de acceso (grandes pagos a cambio de
privilegios exclusivos y lucrativos como contratos y rescates).
Mientras que las tres primeras variedades de corrupción -endémicas en
los países pobres- son abiertamente ilegales y directamente nocivas, el
dinero de acceso podría ser ilegal (como en el caso del soborno) o
permisible (como en las finanzas de campaña). Los métodos sofisticados
de compra de privilegios pueden involucrar a instituciones enteras donde
ningún individuo es corrupto. Por ejemplo, el lavado de dinero, para el
cual Londres es un nodo bien conocido, puede implicar la transferencia
fluida de fondos a través de las fronteras mediante instituciones
financieras sumamente respetadas. En Estados Unidos, los bancos
colectivamente gastaron miles de millones de dólares en hacer lobby a favor de regulaciones laxas, lo que condujo a la crisis financiera de 2008 y, sin embargo, solo un banquero fue imputado.
El ICD
usa una encuesta de expertos original para calificar los cuatro tipos
de corrupción. A fin de mejorar la calidad de la medición, empleo
viñetas estilizadas en las que se les pide a los participantes que
califiquen la prevalencia de escenarios representativos específicos en
lugar de niveles de corrupción general. Más abajo se puede visualizar mi
prototipo, que abarca 15 países. El resultado total del ICD de cada
país aparece en la parte superior y se desglosa en las cuatro categorías
de corrupción. Cada cuadro coloreado representa el tipo más dominante.
Ahora podemos comparar no solo los niveles agregados de corrupción
percibida, sino también el tipo y configuración de la corrupción en los
diferentes países.
Una comparación reveladora se produce entre Estados Unidos y China.
Estados Unidos, en general, es menos corrupto que China, pero la brecha
se achica al máximo en la categoría de dinero de acceso, el tipo
dominante de corrupción en ambos países. En particular, la calificación
de dinero de acceso de Estados Unidos es más alta que la de países de
ingresos más bajos como Tailandia y Ghana. Si nos basáramos
exclusivamente en calificaciones generales, llegaríamos a la conclusión
de que Estados Unidos está limpio. Pero cuando se desagregan las
calificaciones, podemos explicar el atractivo de las promesas populistas
de “drenar el pantano”.
Aún más interesante es el hecho de que, en Estados Unidos y China,
prevalecen diferentes formas de dinero de acceso. En una comparación
basada en una viñeta sobre aceptación de sobornos a través de las redes
personales de los políticos, China domina claramente. Sin embargo,
cuando pasamos a prácticas de “puerta giratoria” y captura regulatoria a
través del lobby, Estados Unidos pasa a ocupar la delantera.
En resumen, el dinero de acceso en Estados Unidos es principalmente institucional, mientras que el problema en China
sigue enredado en relaciones personales que involucran sobornos y pilas
de dinero escondido. China no necesariamente es más corrupta que
Estados Unidos, pero su corrupción ciertamente tiene una calidad
diferente.
Una mala medición de la corrupción no es un simple tecnicismo.
Esencialmente, refuerza el mensaje ilusorio, hipócrita y muchas veces
eurocéntrico de que los países de altos ingresos han alcanzado un estado
duradero de pureza ética. En realidad,
la corrupción no necesariamente desapareció cuando los países se
volvieron más ricos -más bien, evolucionó, volviéndose más sofisticada e
imperceptible.
Debemos seguir combatiendo la “corrupción de los pobres”. Pero, al
desagregar la corrupción, las democracias capitalistas también pueden
dirigir la atención necesaria, de manera urgente, hacia algunos de sus
problemas más apremiantes, entre ellos la creciente desigualdad, la
caída de la confianza pública en el gobierno y lo que la administradora
de USAID, Samantha Power, llama “corrupción moderna”
(como las redes transaccionales de finanzas ilícitas). Superar estos
desafíos exige medirlos con precisión, y no hacer de cuenta que no
existen."
(Yuen Yuen Ang, Professor of Political Economy at Johns Hopkins University. Revista de prensa, 26/03/24. Este artículo se publicó originalmente en Project Syndicate.)
"Sibucu, una empresa de tan solo cuatro trabajadores y
sin ninguna relación conocida con el sector sanitario se terminó
convirtiendo en una distribuidora habitual de material contra el
Covid durante la pandemia, lo que le llevó a crecer en aproximadamente
un 4.000% en 2020.
Aquel año, en el que las administraciones -entre ellas Madrid y Galicia con Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo
a la cabeza- recurrían a la empresa que más fácil se lo ponía para
acceder a material sanitario para salvar vidas, esta sociedad -que
controla la empresa de iluminación MoonOff- cerró el curso con una facturación de más de 31 millones de euros. Venía de una cifra de negocio de algo de menos de 765.000 euros en 2019.
Lo que es lo mismo, Sibucu multiplicó hasta por diez sus beneficios, saltando de un resultado positivo de 344.000 euros hasta los 3,2 millones en tan solo un año.
En el mismo tramo de tiempo, el resultado de explotación se disparó
hasta los 4 millones de euros -estaba en 159.000 antes de la
pandemia-, el patrimonio neto se situó en 1,5 millones y los socios
acordaron repartir cerca de dos millones en dividendos: una cifra que
multiplicaba por tres su facturación en 2019.
Muchas autonomías recurrieron a la firma, pero Feijóo y Ayuso repitieron
En los últimos días, la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (Pladesemapesga) recordaba que la Xunta de Galicia, entonces gobernada por el ahora líder del PP- puso a la venta “mascarillas falsificadas”
tras cerrar contratos con esta compañía. Fuentes de la asociación
contaban a ElPlural.com que elevarían la causa ante la Oficina Europea
de Lucha contra el Fraude (OLAF) o el Tribunal de Justicia Europeo.
Hay que explicar que Sibucu 360 firmó acuerdos con distintas regiones y Ayuntamientos, incluido el de José Luis Martínez-Almeida antes de que los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño
contactaran con el Consistorio. Así las cosas, Sibucu la sociedad fue
la primera en hacer negocio con Cibeles, el 20 de marzo de 2020. En
total, se llevó 408.375 euros (IVA incluido) por 125.000 mascarillas quirúrgicas y 100.000 mascarillas FFP2
Pero las comunidades de Ayuso y Feijóo repitieron después de que la
compañía repartiera mascarillas con sellos falsos. En concreto, se
vertieron alertas sanitarias en mayo de 2020 por cuatro tipos importados
desde China, publicándose el riesgo en el sistema de alerta rápida para
productos no alimentarios (RAPEX) de la Unión Europea (UE) y en la red de alertas del Ministerio de Consumo.
De manera más detallada, parte de las mascarillas que distribuyó la
compañía tuvieron que retirarse por tener una certificación irregular,
ya que estaban validadas por un laboratorio italiano que carecía de
acreditación para ello. Esto impulsó la apertura de un expediente por parte del Instituto Galego de Consumo
ante el que uno de los socios expresó que se trataba de un “fraude del
laboratorio” que afectó a 80.000 mascarillas cuando se habían
distribuido 80 millones.
En Madrid, el 10 de agosto del primer año de pandemia el hospital La Paz invirtió medio millón de euros,
tal y como destapó ElPlural.com. Además, la Consejería de Sanidad
madrileña contrató con la misma empresa la venta de mascarillas y
filtros por valor de 14.980 euros -en julio- para el Hospital Ramón y Cajal.
Por su parte, la Xunta acudió de nuevo a los servicios de esta marca
en junio del año siguiente, después de haberle comprado 2,3 millones de
mascarillas por valor de 1.945.000 euros entre marzo y junio. Fueron 90.650 unidades de tipo FFP3
por valor de 43.512 euros, que se adquirieron para su distribución
entre el personal de hospitales y centros de salud de seis de las siete
áreas sanitarias de la región.
Historia de Sibucu
Sibucu 360 S.L se constituye en 2014 como una sociedad clásica de
tenencia de activos, pero más tarde iría ampliando su objeto social para
incluir la inversión inmobiliaria o los servicios de consultoría, entre otras actividades de prácticamente cualquier tipo, como el comercio de productos de perfumería.
Sin embargo, fue la implantación de MoonOff en China la que le permitió
disponer de la capacidad para importar material sanitario en el momento
de máxima emergencia.
En 2018 se convierte en administradora única de la empresa de
iluminación coincidiendo con la inhabilitación por fraude fiscal de José Ramón García, fundador de Blusens e impulsor de MoonOff -de la cual sería máximo responsable hasta el momento de su condena- y conocido por Feijóo.
Respecto del entonces responsable gallego, cabe destacar que la firma llegó a ofertar mascarillas un 15% más baratas
que el resto de los competidores y un 134% por debajo del coste de la
oferta más cara. Lo que es lo mismo, la Xunta llegó a adquirir
mascarillas por 50 céntimos la unidad.
Versión de Sibucu 360
Tras las informaciones publicadas por ElPlural.com, la empresa ha
dado su versión de los hechos y matizado algunas cuestiones que ha
explicado a través de un comunicado.
Desde la entidad señalan que la compañía tiene “entre más de sus
2.000 clientes de productos sanitarios y equipos de protección
individual a administraciones públicas como comunidades autónomas,
diputaciones y ayuntamientos de todos los signos políticos; distribución
farmacéutica, farmacias, supermercados, grandes superficies, hospitales
o empresas del sector privado” y que “de los 142 millones de unidades
unidades de producto sanitario y EPIs entregadas, no más de un 20% se distribuyó a administraciones públicas hasta la fecha”. Asimismo, sostienen que se trata de firmas “homologadas” a todos los niveles.
A pesar de ello, no niegan haber importado una partida de “80.000 mascarillas” entre “más de 142 millones de unidades de producto sanitario”. “En seguida comunicamos la incidencia a los clientes afectados y se notificó en el RAPEX para poder recuperar esas unidades”, aspotillan.
En la misma línea, aseguran que “ni Sibucu ni ninguno de sus socios han tenido ni tienen vinculación con ningún partido político” y que “ni
la Comunidad ni la Xunta se encuentran entre los clientes a los que
fueron entregadas y, posteriormente, recogidas las unidades marcadas de
forma incorrecta”, aunque ambas entidades acudieron a la firma después de conocer la incidencia." (Rubén Rozas, El Plural, 29/02/24)
"En julio de 2011, mientras se preparaba para debutar como
diputada en la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso vivía pendiente del
email. Una compañía participada por su padre, un empresario con
larga trayectoria en el sector sanitario, especializado, entre otras
cosas, en la venta de instrumental y maquinaria, no estaba en
disposición de devolver un aval de 400.000 euros concedido por la empresa semipública Avalmadrid.
Preocupada
por las repercusiones que eso podía tener en el patrimonio de su
familia, la hoy líder conservadora contactó con el ente avalista para
pedir información, tal y como reveló EL PAÍS. Nacía el caso Avalmadrid,
primero de una ristra de cuatro polémicas por los negocios de la
familia y del entorno de Ayuso con el mundo sanitario que han culminado
este martes al conocerse que su actual pareja, Alberto González Amador, ha sido denunciado por presuntamente defraudar 350.951 euros a Hacienda en sus negocios (principalmente con QuirónSalud, según recoge la denuncia).
Caso Avalmadrid.
Esta entidad semipública, según el discutido dictamen de una comisión
de investigación de la Asamblea, habría dado un trato “preferente” y
“personalizado” a Ayuso en 2011, cuando informó a la entonces diputada popular
sobre las condiciones de un aval concedido a una empresa participada
por su padre (MC Infortécnica) para que lograra un crédito de 400.000
euros. El dinero nunca se recuperó en su totalidad. Y, antes de
cualquier impago, la hoy presidenta de la Comunidad aceptó la donación
del piso paterno, que así quedó luego fuera del alcance de los acreedores.
La operación había despertado dudas incluso dentro de Avalmadrid.
“El inmueble no cumple la actual normativa urbanística”, advertían los
tasadores tras visitar la nave del padre de Ayuso, que servía de
principal aval, situada en un polígono industrial de Sotillo de la
Adrada (Ávila). “Existe la posibilidad de que parte del inmueble sea
derribado sin que el propietario pueda reclamar indemnización alguna”.
Cuando
empezaron los impagos, y no logró recuperar dinero tras negociar,
Avalmadrid decidió cederle la deuda a una empresa especializada en
cobros —una práctica que el ente tuvo que abandonar años después por la
polémica que causó que se conociera su empleo—. Nadie quiso la nave que
había servido de garantía. Todo fue denunciado a la Fiscalía, que no
observó delito alguno y archivó el asunto.
Caso Tomás Díaz Ayuso.
Es 11 de noviembre de 2021. La oposición en bloque abandona el pleno de
la Asamblea de Madrid para protestar porque se haya expulsado a la
socialista María del Carmen López por decir lo siguiente sobre Tomás Díaz Ayuso,
hermano de la presidenta y comisionista en el sector sanitario: “Se
dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a
qué empresa hay que contratar”.
Para entonces, el PP de
Pablo Casado llevaba meses investigando un contrato de la Comunidad de
Madrid con la empresa Priviet para lograr mascarillas durante lo peor de
la pandemia a cambio de 1,5 millones de euros. El encargo fue concedido
por la vía de emergencia (a dedo) a una empresa liderada por un amigo
de la infancia de los hermanos Díaz Ayuso en Sotillo de la Adrada
(Ávila). Priviet Sportive SL, que se dedicaba al negocio textil y
ganadero, obtuvo el encargo el 1 de abril de 2020, tras presentar un breve email con la oferta.
A cambio, entregó 250.000 mascarillas FPP2 y FPP3 a 6,05 euros cada
una. Como resultado, el hermano de la presidenta, que negó conocer el
contrato, obtuvo una comisión de 234.000 euros.
Desde
entonces, el caso ha sido desestimado por las Fiscalías española y
europea, pues los investigadores no encontraron prueba alguna de tráfico
de influencias (“ninguna indicación, llamada, recomendación o
sugerencia de autoridad o funcionario interesándose por esta
contratación”) ni conflicto de interés prohibido por la ley, puesto que
su hermano no era administrador o accionista de Priviet. En cambio, sus
consecuencias políticas fueron de primera magnitud: le costó el puesto a
Casado, que dejó paso a Alberto Núñez Feijóo como líder del PP.
Sismédica. La presidenta regional es propietaria al 50% de la sociedad limitada Sismédica, según su declaración de bienes oficial,
que recoge que el valor de la compañía es de 1.502,53 euros. El
administrador de la sociedad es su hermano Tomás. La ocupación principal
son los bienes inmuebles, aunque en su objeto social se incluye que
también realiza labores como “la compraventa, importación, exportación” y
distribución de “productos de electromedicina” y “en general de
materiales y productos de carácter científico”. La empresa no figuraba
en la primera declaración de bienes de la presidenta regional en la
Asamblea, que fue posteriormente rectificada para incluirla.
Caso González Amador.
La Fiscalía firmó el 13 de febrero una denuncia por dos delitos de
defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil
contra un grupo de cinco personas que incluye a Alberto González Amador,
pareja de Ayuso, según un escrito adelantado por eldiario.es y al que accedió EL PAÍS.
El
total de lo presuntamente defraudado a través de una trama de facturas
falsas ascendería a 350.951 euros, según los cálculos de Hacienda,
correspondientes a los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, en los que
los denunciados realizaron negocios relacionados con la pandemia del
coronavirus, siendo el principal cliente el gigante sanitario Quirón.
Este grupo gestiona cuatro hospitales de la red pública de la Comunidad
de Madrid ―Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Rey Juan Carlos, el
Infanta Elena y el Hospital General de Villalba―. De Quirón proviene
también la actual consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute." (Juan José Mateo, El País, 12/03/24)
"La corrupción que salpica al Ministerio de Transportes
durante el mandato de José Luis Ábalos —su principal colaborador, Koldo
García, cobró supuestamente comisiones ilegales por facilitar el negocio
a una empresa determinada— ha resucitado la sospecha sobre el colosal
pillaje que se produjo en la venta de mascarillas al sector público
aprovechando la situación de emergencia de los tres primeros meses de
pandemia. Varios cientos de empresarios dieron grandes pelotazos
—beneficios millonarios, fáciles y rápidos— a costa de vender
mascarillas a las administraciones por precios desorbitados. El sector
público adjudicó en ese periodo hasta 2.000 millones de euros en
material sanitario sin apenas controles, suspendidos por el decreto de
alarma: se permitió contratar de emergencia productos sanitarios sin
concurrencia de ofertas, ni límite de precios, ni acreditación de
solvencia o de experiencia en el sector. El Congreso y el Senado se
disponen ahora a investigar esos hechos tras estallar el escándalo del
denominado caso Koldo.
El
Tribunal de Cuentas fiscalizó entre 2020 y 2022 miles de contratos de
la administración central (ministerios de Sanidad, Transportes y otros),
de los ayuntamientos más poblados de España y de comunidades autónomas.
En la mayoría de estos contratos encontró numerosas irregularidades:
las adjudicatarias que no demostraban su solvencia ni habían acreditado
experiencia en el sector fijaban unos precios aparentemente excesivos,
pero no encontraban ningún reproche penal, ya que estas operaciones se
producían en un momento en el que las reglas estaban suspendidas por la
emergencia sanitaria que sufría el país.
En
esas condiciones, numerosos empresarios sin escrúpulos lograron
beneficios muy superiores a los de su actividad habitual. El Tribunal de
Cuentas puso en sus informes cientos de ejemplos de esta situación,
amparada por el decreto de alarma que el Gobierno aprobó el 14 de marzo
de 2020.
Ministerio de Sanidad: precio multiplicado por 10 en solo ocho días.
Sanidad pasó de pagar 0,27 euros por mascarilla el 20 de marzo de 2020 a
2,67 euros tan solo ocho días después. El precio más alto de
mascarillas que pagó el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria llegó el
3 de abril de 2020: 4,17 euros. Las investigaciones judiciales y
fiscales abiertas hasta el momento han acreditado que la mayoría de
intermediarios que ofrecieron mascarillas en las primeras semanas de la
pandemia las compraron en China a una media de dos euros.
Caos en el Ayuntamiento de Madrid: 93% de contratos a dedo, precios desorbitados y estafas millonarias. El
Tribunal de Cuentas fiscalizó 59 contratos covid del Ayuntamiento de
Madrid, la ciudad que más caras pagó las mascarillas al inicio de la
pandemia de las grandes ciudades fiscalizadas. Madrid tan solo pidió
ofertas a más de una empresa en el 7% de los contratos analizados; el
resto (93%) fue adjudicado a dedo, algo permitido en el decreto de
alarma. Entre esos contratos, hay dos que acabaron en los tribunales por
la estafa perpetrada por sus adjudicatarios. Una consultora con sede en
Nueva York propiedad de Philippe Solomon vendió 500.000 mascarillas por
2,5 millones de euros. El Ayuntamiento adelantó, a través de la Empresa
Funeraria, 1.250.000 euros. El material que llegó era tan defectuoso
que la coordinadora general de Presupuestos, Elena Collado, intentó
devolverlo sin éxito. La policía no localiza a Solomon en un primer
momento y el Ayuntamiento trata de recuperar en los tribunales el dinero
adelantado. El segundo contrato, de 11 millones de euros, fue adjudicado a los intermediarios Luis Medina y Alberto Luceño,
sin ninguna relación previa con el sector sanitario. Ambos llegaron a
la ventanilla del Ayuntamiento a través de un primo del alcalde, José
Luis Martínez-Almeida. Lograron 6 millones de euros en comisiones por su
intermediación en la venta de productos defectuosos —y además de los
más caros en aquellos días, a 6,24 euros por mascarilla— por lo que han
sido procesados.
La urgencia alimentó el pillaje: “Hay que cerrar esta noche, tenemos un millón a seis euros”. La
empresa mixta de Servicios Funerarios del Ayuntamiento de Madrid tenía
liquidez suficiente y mecanismos muy ágiles de tramitación para atender a
la emergencia sanitaria de la pandemia. Cuando el Ayuntamiento de
Madrid decidió contratar con Luceño y Medina, sin saber que estos iban a
cobrar comisiones multimillonarias, ordenó el 24 de marzo y de
madrugada a la empresa funeraria aprobar la adjudicación: “Nos ofrecen
un millón de mascarillas de grafeno, eficaces y de alta calidad a 6,6
euros por unidad. Debemos cerrar la operación esta noche con un anticipo
del 50%”. Algo parecido, aunque de consecuencias económicas menos
gravosas, ocurrió entre el Ministerio de Transportes y la empresa
Puertos del Estado. El subsecretario llamó: “Un suministrador tiene ocho
millones de mascarillas, si lo hacemos rápido lo conseguimos”. El
ministerio, previa orden firmada por Ábalos, pagó 2,5 euros por
mascarilla. La empresa que se benefició del contrato abonó supuestamente
comisiones ilegales al asesor principal del ministro, Koldo García. Es
el primer caso conocido donde una parte del pelotazo conseguido por la
adjudicataria acaba en manos de un empleado del ministerio que adjudicó
el contrato.
“Algunos sacaron un beneficio normal, pero otros dieron el sablazo”. Un
alcalde de una de las 12 grandes ciudades investigadas por el Tribunal
de Cuentas, explicó así la situación: “El problema no es que la empresa o
intermediario que nos ofrecía el material careciera de experiencia en
el sector sanitario, eso no era lo importante en aquel momento. El
problema fue el precio que cobraron por ese servicio. Algunos sacaron un
beneficio normal, pero otros dieron el sablazo. Y lo peor es que no se
puede hacer nada”. Uno de los “sablazos” más investigados por la
Fiscalía fue la venta de 250.000 mascarillas por 1,5 millones de euros
(un millón sacó en limpio el adjudicatario tras comprar por 2 euros lo
que vendió a seis euros). El beneficiado fue un empresario amigo de
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien fichó al
hermano de la dirigente popular para conseguir contratos de venta de
mascarillas. Tomás Díaz Ayuso cobró por ese trabajo 269.000 euros. Pero no se pudo demostrar tráfico de influencias.
El amigo y el hermano de Ayuso ofrecieron las mascarillas en la
ventanilla de la Consejería de Sanidad. Y se les adjudicó a dedo el
contrato sin saber que eran personas vinculadas a la presidenta
regional, según concluyó la Fiscalía.
Los tribunales absuelven la transparencia.
El entonces alcalde de Valladolid, Óscar Puente, hoy ministro de
Transportes, informó en abril de 2020 al pleno del Ayuntamiento que iban
a comprar mascarillas a un amigo suyo a 3,35 euros y así lo dejó dicho a
los grupos municipales tras consultar con el interventor ante una
situación de acuciante necesidad. El PP denuncia ahora esos hechos,
aunque en su día se presentó una querella de un particular que los
tribunales archivaron ante la transparencia que había seguido aquel
procedimiento, donde no hubo pago de comisiones ilegales a nadie." (José Manuel Romero, El País, 27/02/24)
La corrupción en torno a las mascarillas pone de manifiesto tres elementos que se eluden en la conversación pública:
- Por qué casi ningún país europeo tenía capacidad industrial para fabricar material sanitario.
- Por qué las cadenas comerciales internacionales se vinieron abajo.
- Por qué nuestras administraciones estaban tan debilitadas para no disponer de sistemas de importación propios lo que les hizo depender de contratistas.
Lo neoliberal y sus recortes públicos son la respuesta a las tres preguntas.
Detrás de la corrupción se halla la ausencia de ética, pero sobre todo un sistema económico ineficiente tras décadas de políticas erradas de la derecha.
A los hijos de la Thatcher les rechinan los dientes al leer esta evidencia. Basta romper el guión de la actualidad y poner el dedo en lo estructural para que empiecen los espumarajos. Su ineficiente modelo privatizador sólo nos ha traído disgustos. Hay que decirlo más.
La Scooter Suzuki 400 aparcada en Chamartín es propiedad de Koldo García Izaguirre
(Barakaldo, 1970), a quien la Fiscalía sitúa en el origen del negocio
corrupto cuando, a finales de marzo de 2020, el Ministerio de
Transportes compró a la empresa Soluciones de Gestión los primeros 8
millones de mascarillas por 20 millones de euros. Las Administraciones
públicas gastaron durante los tres primeros meses de la pandemia hasta
2.000 millones de euros en material de protección. Nadie escatimó un
euro en aquella rebatiña pública para lograr mascarillas a cualquier
precio.
Koldo García fue el asesor principal del ministro José Luis Ábalos entre 2018 y 2021; estaba a su servicio 24 horas al día y ese hecho le facilitó una notable ascendencia sobre los altos cargos de Transportes.
En plena crisis por la expansión del coronavirus y apremiados por la
necesidad de conseguir material sanitario de protección, fue García
quien buscó a un intermediario conocido, Víctor Aldama (presidente del
Zamora C. F.), y a una empresa del grupo Cueto, Soluciones de Gestión,
para traer mascarillas de China. Todo se hizo muy rápido; las reglas de
contratación quedaron aparcadas porque la urgencia era incompatible con
los trámites habituales: concursos, precios, condiciones...
Entre
el viernes 20 de marzo de 2020, apenas seis días después de que el
Gobierno hubiera decretado la alarma en el país, y el lunes 23 de marzo
se armó el expediente administrativo en la sociedad pública Puertos del
Estado, órgano encargado de adquirir las mascarillas. Fue el primero de
la media docena de contratos que Soluciones de Gestión logró con
diversos órganos públicos, todos gobernados por el PSOE y ahora bajo
investigación judicial.
El patrimonio de Koldo García aumentó sin justificación
alguna en este tiempo de emergencias. Sus ingresos en efectivo durante
2020 y 2021 dejaron una gigantesca sospecha. La Fiscalía Anticorrupción
atribuye el enriquecimiento del asesor de Ábalos al cobro de comisiones
ilegales que le pagaron los empresarios agradecidos por el buen negocio
de la venta de mascarillas. El juez escribe en el sumario que los
ingresos en efectivo de Koldo García en su cuenta del banco son de
origen desconocido. El sospechoso se ha negado a declarar.
Su supuesto pagador, el empresario Juan Carlos Cueto, es
dueño de un conglomerado en el que se incluye la firma Soluciones de
Gestión, una sociedad con escasa actividad hasta el comienzo de la
pandemia. La firma pasó de facturar una cantidad insignificante en 2019 a
54 millones en 2020. Cueto ganó más de nueve millones con este negocio,
según la investigación. Ahora utiliza dos vehículos con chófer para sus
desplazamientos; un Audi SQ7 y un Mercedes AMG GLE 53. A la hora de la
siesta del pasado 23 de octubre, la Guardia Civil colocó una baliza en
su Audi, y solo 24 horas después, los agentes hicieron lo mismo en su
Mercedes. Los movimientos del empresario, como los del asesor del
exministro, interesan a los investigadores. Desde que se abrió la causa
en septiembre, el juez ha autorizado la intervención de las
comunicaciones de los principales implicados en la trama (Koldo García y
su entorno familiar; Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama) mediante el
pinchazo de los 10 teléfonos móviles que utilizaban. También ha permitido la instalación de software espía para
recuperar la mayor información posible de esos dispositivos; aprobado
la instalación de mecanismos de localización y seguimiento de hasta 15
vehículos utilizados por la trama corrupta; y apoyado la petición de la
Guardia Civil para instalar micrófonos ambientales en algunos de los
lugares donde se citaban los líderes de la trama corrupta. Decenas de
guardias civiles han intervenido durante estos últimos seis meses en las
escuchas y los seguimientos.
Las conclusiones de quienes
han investigado desde septiembre han logrado avanzar en el
esclarecimiento de los delitos supuestamente cometidos por la trama:
cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a
organización criminal. Cuatro años después de los hechos, tan solo
siguen vivos dos asuntos relacionados con aquellos contratos: la
inspección tributaria a los empresarios Cueto y Aldama por los ingresos
declarados del negocio de las mascarillas, y la reclamación del Gobierno
balear que puso en marcha el PSOE, y que ahora tiene que defender el
PP, para la devolución de 2,6 millones de euros por la entrega de un
material de calidad inferior a la comprometida.
Enriquecimiento ilegal por uno de los negocios multimillonarios de la pandemia.
La pista del dinero destapó el delito. Antes de judicializar la
denuncia del PP de Madrid, presentada en marzo de 2022, la Fiscalía
Anticorrupción acreditó el enriquecimiento sospechoso de Koldo García
con una simple consulta a sus ingresos en el banco y los de su mujer.
Los ingresos en efectivo ―los de sus nóminas iban por transferencia― se
duplicaron en 2020 (75.000 euros) respecto al año anterior, y casi se
triplicaron en 2021 (95.033); en 2022 seguían muy altos (88.443 euros).
Los investigadores no encuentran explicación posible a un monto de
138.000 euros sobre todo el efectivo ingresado: “No hay justificación
alguna, no habiéndose encontrado tampoco ninguna extracción en cajero
que pudiera justificar el ingreso en efectivo en otra cuenta”. Además,
la investigación acreditó que Koldo García adquirió en septiembre de
2020 a su nombre una vivienda en Benidorm; que compró otra propiedad en
la misma ciudad en diciembre de 2020 para su mujer; y una más a su hija
menor de edad en marzo de 2022. Su hermano Joseba García participó en
estas adquisiciones y la Fiscalía Anticorrupción también analizó sus
ingresos bancarios, descubriendo la misma práctica: triplicó sus
ingresos en efectivo durante 2020 (191.000 euros) y siguió en 2021
(123.000).
De otra parte, la Fiscalía no encuentra
reparos a los contratos, pero la pista del dinero conseguido legalmente
por los empresarios que vendieron las mascarillas (Cueto ganó más de
nueve millones mientras Aldama se quedó con seis) también levantó
sospechas. La Agencia Tributaria encontró reparos a la manera de
tributar estos beneficios por parte de las empresas de Cueto y Aldama.
La red corrupta y su negocio fallido en Baleares: sin pruebas de cohecho. La
empresa Soluciones de Gestión atraviesa serios problemas de solvencia,
hasta el punto de que Juan Carlos Cueto, jefe del conglomerado
societario que controla esa firma, piensa en una dolorosa
reestructuración. El único arreglo posible, según las conversaciones
intervenidas en la investigación del caso Koldo, pasa porque
decaiga en el trámite administrativo la reclamación de 2,6 millones de
euros por el Gobierno balear. Soluciones de Gestión sirvió 1,4 millones
de mascarillas del tipo KN95 que, según concluyó en junio de 2020 el
laboratorio del Ministerio de Trabajo consultado por el Servicio balear
de Salud, eran de inferior calidad a las prometidas en el contrato. El
Ejecutivo socialista de Francina Armengol inició los trámites para la
devolución del dinero en marzo de 2023, con una comunicación a la
empresa, que respondió indignada. Pese a su protesta, el trámite para la
reclamación se puso en marcha en julio.
Las pruebas del sumario tan solo aclaran que
los empresarios llamaron a Koldo García para que los ayudase a evitar
el pago de los 2,6 millones a Baleares, tras insultar a los altos cargos
socialistas que iniciaron el expediente de reclamación. El exasesor del
ministro los tranquilizó, prometiéndoles que negociaría una solución
con altos dirigentes del PP. Pero la investigación no ha podido
acreditar que esas reuniones se produjeran ni que hubiera pagos a
funcionarios o políticos para evitar la reclamación.
Koldo
García, según las inferencias de la Guardia Civil, también anunció a
los empresarios que hablaría con el exministro Ábalos para que mediara
en el problema. Tampoco hay pruebas en el sumario de que esto se
produjera; tan solo un encuentro en el reservado de un restaurante en el
que los investigadores ignoran de qué se habló. Ábalos ha negado que
intermediara con nadie del PP, partido que también ha desmentido
cualquier contacto con dirigentes socialistas sobre este asunto.
Emboscadas a la trama para cazar al exministro Ábalos: sin resultados de momento. La
querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra siete
supuestos integrantes de la trama corrupta, enriquecidos gracias al
dinero del Ministerio de Transportes, no citaba en ningún momento a José
Luis Ábalos. Sin embargo, en los seis meses que han seguido a la
apertura de la investigación judicial, con pinchazos telefónicos y
seguimientos a los implicados de la trama, el nombre del exministro sí
aparece en algunas ocasiones.
La Guardia Civil llegó a
fotografiarlo mientras se veía en un restaurante con su antiguo asesor.
Pero todas las operaciones puestas en marcha para conocer si el
exministro estaba implicado en manejos ilegales con la trama corrupta se
han saldado, de momento, sin resultados claros.
La
acción de los investigadores más significativa tuvo lugar en los
primeros días de noviembre. Koldo García seguía colaborando, gratis, con
Ábalos. En una conversación grabada e incorporada al sumario, el
exasesor le pide a su hermano Joseba García que lleve al exministro una
documentación que le han dado en el Ministerio de Transportes. Koldo
García había comido el día anterior con el subsecretario del ministerio,
Jesús Manuel Gómez.
La Guardia Civil puso en marcha un
operativo para interceptar a Joseba García durante el trayecto entre
Polop de la Marina (Alicante), residencia de Koldo García donde debía
recoger los documentos, y el domicilio del exministro en Valencia. El
Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil se activó el 4 de
noviembre de 2023 para interceptar en la carretera a Joseba García y
averiguar qué documentos iba a entregar al exministro. El dispositivo de
control detuvo esa mañana a las 8.55 en el punto kilométrico 541,5 de
la autopista AP-7 en sentido Valencia el vehículo Ford Tourneo conducido
por Joseba García, quien les contó a los agentes que se dirigía a
Valencia para tomar un café con Ábalos en un bar que no recordaba, pero
que llevaba apuntado en el teléfono. “Al proceder al registro del
vehículo”, escribe el agente que intervino, “se observa encima del
asiento del copiloto un sobre de color blanco tamaño folio en cuyo
interior se hallan 3 documentos”. Los escritos hacen referencia al
litigio que mantenía un abogado, Ramiro Grau ―el mismo que se pasea
estos días por radios y televisiones asegurando que fue el quien
denunció la corrupción de Ábalos por el contrato de las mascarillas con
el ministerio―, que le negaba la documentación pedida sobre el
expediente de contratación con Soluciones de Gestión. Además, el sobre
que analizó el guardia civil también contenía en papel el informe de
fiscalización que el Tribunal de Cuentas hizo en 2022 sobre los
contratos de la covid-19, y que es accesible a través de la web de ese
organismo.
La
Guardia Civil sacó conclusiones sospechosas sobre estos hechos:
“Durante el tiempo en que Ábalos fue titular del ministerio fueron
adjudicados 10.757 contratos públicos, siendo reseñable la preocupación
mantenida por Koldo García por hacerle llegar aquellos contratos
relativos a los celebrados con la empresa Soluciones de Gestión”. “En
realidad”, explica Ábalos, “pedí esa documentación porque el próximo 4
de marzo se celebrará en un juzgado de plaza de Castilla la vista por la
demanda que le puse [al abogado Ramiro Grau]”. El exministro reclama
una indemnización de 70.000 euros por la publicación de siete artículos
en los que el letrado denunciaba la supuesta corrupción de Ábalos:
“Compró ocho millones de mascarillas defectuosas parece ser que a un
precio muy superior al de mercado”, “es una de las personas más
prepotentes e incompetentes del actual Gobierno”, dijo en esos
artículos.
Ni rastro de Ábalos, de momento, en las conversaciones grabadas.
Pese a las intervenciones de 10 teléfonos móviles (tres de ellos de
Koldo García), el balizamiento para el control y seguimiento de 15
vehículos, y el espionaje legal a las actividades privadas de los
implicados en el caso, el sumario no ha incorporado por ahora ninguna
conversación del exministro Ábalos con su asesor. Y eso pese a que,
según acredita la investigación, Koldo García seguía haciendo favores a
su antiguo jefe. Queda por conocer el contenido de todo lo requisado por
la Guardia Civil ―teléfonos móviles, tabletas, ordenadores,
documentación― en los domicilios de los querellados para saber si la
investigación destapará pruebas que apunten a la responsabilidad del
exministro de Transportes en los hechos." (José Manuel Romero, El País, 03/03/24)
"Quién es quién en el caso Koldo, la trama de cobro de comisiones en contratos de mascarillas durante lo peor de la pandemia.
La
Fiscalía sospecha de que se trata de una "organización criminal" que se
concertó para lograr contratos públicos y que Koldo García cobró para
"mediar y conseguir" adjudicaciones y después intentó "ocultar estos
cobros" y evitar su trazabilidad. Mientras siguen desvelándose nuevos
detalles del sumario del conocido como caso Koldo, estos son los nombres de los implicados hasta el momento:
Koldo García
Ostentó
cargos de asesor del exministro Ábalos, consejero de Renfe y vocal del
Consejo Rector del Organismo Público Puertos del Estado entre 2018 y
2021. Se cree que facilitó a la empresa mercantil Soluciones de Gestión y
Apoyo a las Empresas información sobre los procesos de adjudicación de
material sanitario y que intermedió para que ésta consiguiese varios
contratos.
A
cambio, los investigadores sospechan que recibió pagos, y ponen el foco
en su aumento patrimonial, de 1,5 millones de euros en dos años, y en
su intento, presuntamente, de ocultarlo a través de familiares como su
mujer, hija o hermano. La Fiscalía menciona en su querella reuniones
entre él y cargos del Ministerio de Transportes de entonces, como el
subsecretario Jesús Manuel Gómez, o el director general de EMFESA
Vicente Calzado.
Víctor de Aldama
Es
el actual presidente del Zamora CF. Los investigadores infieren de las
conversaciones intervenidas que podría ser un "comisionista" y creen que
los contratos investigados fueron un "proyecto conjunto" entre él y el
empresario Juan Carlos Cueto, por el que habría obtenido un benefició de
5,5 millones de euros.
Ambos
tendrían una "estrecha relación" con Koldo García, con quien De Aldama
habría contactado "al menos en una ocasión" para "agilizar trámites" con
el Ministerio de Transportes en contrataciones.
Joseba García
Es el hermano de Koldo García.
Habría actuado en la ocultación de la titularidad de inmuebles y habría
experimentado un notable aumento de patrimonio (recibió 267.774 euros
entre 2020 y 2022). Ha estado vinculado a organismos dependientes de
Transportes desde 2019, algo que "no puede desvincularse de la posición"
de su hermano.
La Guardia Civil registró su piso el 20 de
febrero. Según el acta del registro, en uno de los dormitorios se
localizó una caja fuerte. La abrieron con la llave que estaba guardada
en un mueble del salón, pero estaba vacía: "En el interior de la caja
fuerte no hay nada", recoge el acta de la Guardia Civil. Este hecho ocurrió dos semanas después de que su hermano Koldo supiese que estaba siendo investigado.
Patricia Úriz
Mujer
de Koldo García. Fue detenida este martes y salió en libertad. Es la
titular de gran parte de los bienes adquiridos con los ingresos del
exasesor de Ábalos.
José Luis Rodríguez
Es
el subteniente de la Guardia Civil destinado en el Ministerio de
Transportes que habría mantenido reuniones con Koldo García entre 2022 y
2023, y uno de los querellados por la Fiscalía. Hay "indicios" de "su
conocimiento y posible participación" en los hechos y, según el juez, es
también una "pieza clave en la gestión de los contratos investigados".
Aparece
como empleado de una empresa del Grupo Cueto y la Fiscalía le sitúa en
una operativa de compra de fincas rústicas en la comarca ourensana de
Barco de Valdeorras con las "plusvalías" que obtuvo presuntamente
Soluciones de Gestión de las adjudicaciones.
Juan Carlos Cueto
Otro
de los principales implicados, según el auto. "Líder" del grupo Cueto,
aunque tras una investigación policial dejó de figurar en los órganos
sociales del conglomerado, que es quien realmente controlaría a la
empresa que está bajo sospecha. Se investiga si, junto a Víctor de
Aldama, fue el responsable "de hecho" de los contratos investigados,
para lo que se habrían servido de Soluciones de Gestión como "empresa
instrumental". Se calcula que, presuntamente, habría obtenido un
beneficio de 9,6 millones de euros.
Soluciones
de Gestión y Apoyo a las Empresas es la empresa clave. Se constituyó en
2017 y, tras un periodo de inactividad, sus ingresos se dispararon en
2020 hasta los 54 millones de euros; después decayeron a los 845.670
euros en 2021. Fue adjudicataria de los contratos investigados. Entre
las irregularidades denunciadas se encuentra la ausencia de relación de
estos contratos con su objeto social -proporcionar servicios de
financiación, mantenimiento y funcionamiento de empresas e
instituciones-.
Íñigo Rotaeche
Es
el titular de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas,
aunque los investigadores creen que realmente la controlaba el grupo
Cueto.
Israel Pilar Ortiz
Es empresario. Aunque la
querella de la Fiscalía no se dirigió contra él, en uno de sus autos el
juez menciona su "protagonismo" en algunas conversaciones analizadas, en
las que se le consideraría el "enlace" o el "primer eslabón", y apunta
al posible cobro de comisiones.
Otros actores relacionados con el caso
Además
de los implicados directamente en la trama, en el sumario del juez se
habla de otras personas, según varias informaciones publicadas en
distintos medios:
José Luis Ábalos. El exministro de Fomento y
de Transportes, exsecretario de organización del PSOE y diputado, se ha
ido al grupo mixto del Congreso tras la suspensión de militancia de su
partido, por su relación con Koldo García. El juez Ismael Moreno señala a
Ábalos como intermediario de la trama
para solucionar la reclamación de 2,6 millones de Baleares sobre las
mascarillas defectuosas. La observación de las comunicaciones y
actividades realizadas por la Guardia Civil han permitido concluir que
estos intermediarios serían: José Luis Ábalos y Jacobo Pombo.
Jacobo
Pombo. Presidente del foro Global Youth Leadership Forum (GYLF) y
exdirector de Proyectos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
El juez sostiene que actuó, junto a Ábalos, como "intermediario" en las
"gestiones" realizadas por Koldo García para tratar de "solucionar" la
reclamación de 2,6 millones de euros que efectuó el Govern balear a la
empresa de la trama.
Francina
Armengol. El nombre de la presidenta del Congreso y expresidenta de
Baleares ha salido en las informaciones en relación a una reunión de
Ábalos y García el 10 de enero en una marisquería de Madrid con el fin
de que se llegase a un acuerdo sobre la reclamación de 2,6 millones
efectuada por la administración balear por un sobrecoste en una compra
de 1,5 millones de mascarillas. Fuentes cercanas a Armengol alegan que
ella "jamás" habló con el exministro para retirar esa reclamación.
Ángel
Víctor Torres. Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y
expresidente de Canarias. El gobierno insular contrató con la empresa
Soluciones de Gestión, investigada por la presunta trama de corrupción
en la venta de mascarillas. Torres no ha aclarado si Ábalos o Koldo
García le llamaron para recomendarle la empresa. La Guardia Civil señala al gobierno de Torres por amoldar contratos para la trama de Koldo con múltiples irregularidades.
Un tal Alberto. En la misma conversación que aparece en el auto, Koldo García también habla de un tal Alberto, al que ni García ni Cueto identifican. El número tres del PSOE, Santos Cerdán, se ha preguntado por su identidad: "Quién es ese Alberto, que aparece también en El Mundo... Miguel Tellado también está ahí en alguna reunión con Koldo... Veremos a ver lo que pasa y quién es ese Alberto"."
"Koldo García recurrió al PP para que la trama no pagara los 2,6 millones que le reclama Balears.
El levantamiento del secreto del sumario del ‘caso Koldo’ ha
revelado cómo la trama de corrupción en la que participaba el exasesor
de José Luis Ábalos no solo recurrió al político socialista como “intermediario”
para evitar el pago de 2,6 millones que le reclamaba el Gobierno de
Baleares por incumplir las condiciones de un contrato de mascarillas.
Koldo García habría utilizado igualmente a Jacobo Pombo, empresario que
llegó a trabajar hace años en la sede nacional del PP, y también
presumió de haber concertado una cita con Miguel Tellado, el portavoz
parlamentario del partido, quien, a su vez, se habría preocupado de
buscar un contacto en Illes Balears “de la línea de Pablo Casado”. El
juez cree que sus maniobras habrían “surtido efecto” porque el Govern
del PP dejó caducar la reclamación.
Los pinchazos telefónicos muestran la sorpresa entre los
investigados cuando conocieron la existencia de la reclamación del
Govern balear en octubre del año pasado. Una reacción que, en las
semanas siguientes, derivó en una gran inquietud. A partir de ahí, Koldo
García se empleó a fondo ejerciendo su “influencia” para que esa
reclamación económica no prosperara, como finalmente ocurrió.
Así lo refleja la intensa actividad de los implicados en la trama con
un frenético cruce de llamadas, citas en restaurantes o estaciones de
tren para abordar este asunto, según recogen los informes aportados a la
causa.
La preocupación era máxima ante la posibilidad de que la reclamación efectuada por el anterior Govern de Francina Armengol (PSOE)
saliera adelante y comprometiera la situación financiera de la empresa
instrumental que había resultado adjudicataria de los millonarios
contratos de mascarillas por valor de más de cincuenta millones de euros
en los peores meses de la pandemia. Las conversaciones entre los
implicados fueron registradas a finales de 2023, cuando ese expediente
estaba a punto de caducar y cuando ya era presidenta balear Marga
Prohens (PP).
El 18 de octubre, un día después de conocer la existencia de la
reclamación, el principal empresario de la trama, Juan Carlos Cueto,
habló con su socio –y tercer vértice de la investigación–, el también
empresario Víctor de Aldama, y le comentó que le diría a Koldo “que
pregunte a ver al otro subnormal que estaba ahí antes, que qué es lo que
ha pasado”. Esto es, reclamó su intermediación para que la persona que
estaba en la Administración balear anteriormente –cuando Armengol era
presidenta– le explicase qué estaba sucediendo.
Pero el Gobierno autonómico había cambiado tras las elecciones
de mayo. Y, por tanto, eran ahora otros los responsables de dar curso a
esa reclamación. Así, el 7 de noviembre de 2023, apenas tres semanas
después, emergen los primeros movimientos de Koldo en una nueva
dirección: el exasesor de Ábalos habla por primera vez de recurrir al
Partido Popular y su entorno, que ahora estaba al frente del Govern.
Los informes de la Guardia Civil recogen una llamada en la que
otro imputado, Iñigo Rotaeche, asegura en un pinchazo que Koldo le había
dicho que iba a intentar “tocar también a los otros”. Los
investigadores consideran que esos “otros” son miembros del “actual
Ejecutivo de Baleares [Partido Popular], con los que Koldo tendría
relación”. Ese mismo día, Koldo informó al empresario Cueto de que una
tercera persona “de las Islas” se pondría en contacto con él para darle
cita. Además, por primera vez, deja caer que los actuales dirigentes de
Baleares no tendrían inconveniente en sustituir las mascarillas objeto
de la reclamación o en “llegar a un acuerdo”.
Una semana después, el 14 de noviembre de 2023, Koldo es todavía
más claro y dice a otros de los investigados que en el actual equipo al
frente del Govern, dirigido por la popular Marga Prohens, están
dispuestos a hacer “borrón y cuenta nueva” con este asunto y
“colaborar”. Pero es en diciembre cuando Koldo habría decidido recurrir a
un escalón más alto dentro del PP: comunica al empresario Cueto que
había quedado con Miguel Tellado y un tal “Alberto”. Koldo dice que la
cita responde a que le acaban de llamar. Este jueves, a preguntas de los
periodistas, Tellado negó “rotundamente” haberse reunido con “ningún
miembro de la trama”, al igual que lo hizo el PP de Baleares.
Según otro de los pinchazos, el exasesor de Ábalos presumía de
haber acordado una cita en la sede nacional del PP, el pasado 10 de
enero. “He quedado a las 10.15 en Génova, ¿vale?”, le dice Koldo a Cueto
en otra de las escuchas. Es un hecho que, no obstante, la Guardia Civil
dice que no ha podido “contrastar”. De hecho, los agentes que fueron su
sombra en los últimos meses constataron que no fue a la sede de Génova
en ningún momento.
Ya el 7 de diciembre, a las 20.31 horas, Koldo llama de nuevo a
Cueto para informarle de que “todo va por buen camino”, pero que le
transmitían que “no hace falta que se vea a nadie y cuanto más
desapercibido pase, mejor”. Seguidamente, Koldo añade: “Utilizaré mis
medios para poderte poner en contacto”.
Una semana después, el 14 de diciembre, Koldo asegura que el
asunto del expediente de Balears estaba “más que hecho”. La UCO sospecha
que las gestiones que Koldo García estaba realizando con los actuales
responsables del Govern serían “un favor que tanto Koldo como su exjefe”
–en alusión a Ábalos– “habrían solicitado a cambio de otro 'favor'”.
El “intermediador” Jacobo Pombo
Sin embargo, Tellado no es la única figura relacionada con el PP
que los investigadores vinculan con las maniobras de Koldo para frenar
la millonaria reclamación de Baleares. Según los investigadores, los
pinchazos telefónicos y seguimientos a miembros de la trama permiten
“concluir” que, además del exministro, el otro “intermediador” sería
Jacobo Pombo, un joven empresario que llegó a trabajar hace años en la
sede nacional del PP, en el departamento de Relaciones Internacionales.
Los informes recogen que ambos llegaron a viajar juntos a Perú el pasado
enero.
El juez del caso subraya en varias de sus resoluciones que pocos
días antes de la fecha límite para ejecutar la reclamación –el 18 de
enero de 2024– los investigados dejaron de abordar este asunto en sus
conversaciones habituales. De esta circunstancia, concluye que “podría
haberse producido la caducidad de la reclamación” a la empresa
adjudicataria de los millonarios contratos de mascarillas. Y que, en
consecuencia, las maniobras de Koldo García para influir en la decisión
habrían “surtido efecto”.
