Ahorraron en cemento, “El hormigón tenía pocas varillas”... Los técnicos instan a usar estructuras con más garantías tras el derrumbe de Peñíscola. La baja calidad de los materiales puede ser una de las causas del colapso del edificio

 "El edificio de apartamentos que se derrumbó en Peñíscola (Castellón) y que acabó con la vida de dos personas se levantó con una estructura de muros de carga paralelos sobre los que se apoyaba el forjado. Es el sistema conocido como de adosado. Es legal, fiable y estable. Pero falló uno de esos muros y se produjo un efecto dominó, la caída de un castillo de naipes.

 Los técnicos coinciden en que, muy posiblemente, no fue una única causa lo que provocó el desplome del edificio. Un fallo o defecto en la estructura, un corrimiento de tierras, o, la utilización de materiales de baja calidad, “aunque estándar para la época en la que se construyó”, tal como ha esgrimido el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Peñíscola, Ramón Mallasén, pueden haberse acumulado hasta provocar el colapso completo del edificio. “El hormigón tenía pocas varillas”, añade una fuente de la investigación. Esas varillas son las que, en un momento dado, pueden sostener un pilar, de manera que se deforme pero no se caiga del todo.

En lo que sí coinciden los expertos es en que, aunque el de muros paralelos es un sistema muy utilizado, los hay mejores, más garantistas, los realizados con hormigón armado y con una estructura tridimensional, a modo de cajas de zapatos, de manera que es más difícil que, cuando cae una parte, colapse todo. El problema es que estos son más caros y dificultan un diseño atractivo, sobre todo, para la costa, en donde se apuesta por espacios más diáfanos y grandes ventanales.

El director general de Calidad y Rehabilitación de la Generalitat, Alberto Rubio —que, además, es arquitecto de profesión— ha querido hacer un llamamiento a la calma ante la alarma creada por el uso de la estructura. “Es frecuente y también se usa en áreas metropolitanas y, si se construye y diseña bien, son estables”, asegura. Sin embargo, también ha realizado una crítica abierta a “la manera en la que usamos las viviendas” y al escaso mantenimiento que, de forma generalizada, se les hace.

 Desde 2011 la ley obliga a que los edificios de más de 50 años pasen una inspección técnica que se ha de renovar cada 10 (el de Peñíscola tiene 30). Las autonomías tienen capacidad para endurecer esta condición y para implantar medidas coercitivas en el caso de que no se cumpla. El decano del colegio de arquitectos de la Comunidad Valenciana, Luis Sendra, no es partidario de rebajar los plazos ni de atribuir solo a la administración la responsabilidad del mantenimiento de edificios que son privados. “Es una pena que se aprenda con sangre y hubiera sido mejor que no hubiera pasado nada, pero lo ocurrido en Peñíscola nos ha de enseñar a que, del mismo modo que cuidamos los vehículos y les cambiamos el aceite o las ruedas más allá de las exigencias de la ITV, los edificios también precisan de un mantenimiento”.

El catedrático del departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad Politécnica de Valencia, Manuel Ramírez, cree que las autonomías deberían aprovechar para adecuar las inspecciones a las especificidades de construcción que precisa cada territorio. Porque no es lo mismo construir en la costa, donde los inmuebles están más expuestos, que en el interior. “Existe una laxitud en las normas”, asegura. “En el litoral debería haber más control que en ciudades por el impacto del entorno”, alega quien, además, ha restaurado edificios de Patrimonio histórico como la Lonja de Valencia, del siglo XV, y tiene base para destacar la existencia de construcciones de hace 500 años con mayor solidez que las actuales.

Sin embargo hay quien es más tajante, el también catedrático de Estructuras de la Politécnica Javier Benlloch, es claro: “Yo no me compraría una casa con una estructura de muros paralelos”. Y, con la misma claridad, duda de la eficacia de un mayor y estricto mantenimiento: “Es muy complicado predecir los problemas. Las estructuras avisan, a veces, pero otras no y, al final, los controles se convertirían en un papel con la firma de un responsable que tendría que asumir las consecuencias de fallos”. Aun así, admite que se podrían detectar algunos defectos pero que rebajar la edad a la que los edificios deben someterse a una inspección “no es la solución”.

Quien busca una solución común es José Miguel Adam, profesor e ingeniero de Caminos, Canales y Puertos e investigador de la Universitat Politècnica de València (UPV) que lidera un proyecto, financiado por la Unión Europea, para la segmentación de edificios con el fin de evitar la propagación de fallos por toda la construcción. “Se trata de evitar la propagación de fallos iniciales que desencadenen en el colapso del edificio”, explica.

El joven rescatado sale de la UCI

Mientras unos y otros estudian las posibles causas del derrumbe, los propietarios de los edificios de la urbanización que quedaron en pie pudieron acceder ayer a las viviendas para recoger enseres. Por turnos, acompañadas de bomberos y Guardia Civil, los propietarios tuvieron 10 minutos para recoger lo más importante de sus casas, advertidos de que, al mínimo ruido o movimiento de la estructura, sería evacuados. La buena noticia llegó desde el Hospital de Vinaròs donde el joven rescatado con vida en la madrugada del jueves, ha dejado la UCI."                  (María Fabra, El País, 28/08/21)

El grave rol del puerto de Bilbao en la trama de las consultoras. Se evidencia que existen lazos muy cercanos entre el sector público vasco y el cártel de consultoras que le asesora sobre la realización de sus propias funciones políticas. Prácticas contra la competencia, confianza ilegítima, manipulación de contratos y puertas giratorias en la Autoridad Portuaria

 "Uno de los argumentos principales de las administraciones públicas vascas para bloquear todo tipo de investigación interna en el cártel de las consultoras ha sido echar balones fuera sobre su responsabilidad. 

Alba Urresola declaró este martes en el Parlamento Vasco que el organismo del que es presidenta, la Autoridad Vasca de la Competencia, no aparece en ningún correo de la investigación y que por ello no debe ser objeto de fiscalización. 

Del mismo modo, Pedro María Azpiazu, Consejero de Economía del Gobierno Vasco, sostiene que sugerir el conocimiento de la existencia de prácticas irregulares es caldo de cultivo para estas empresas, quienes emplean el argumento para invalidar la decisión de la Comisión Nacional del Mercado y Competencia (CNMC)

Por su parte, el hombre con más galones a la hora de depurar y aclarar este asunto, el exdiputado General de Bizkaia, José Luis Bilbao, se paseó el viernes por el Parlamento Vasco sin decir ni una sola palabra sobre su labor: si los 101 contratos negociados sin publicidad se han licitado correctamente, qué habría que hacer con esos expedientes para dilucidar la responsabilidad administrativa o si el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, que ahora preside, podría aportar algo a la investigación. En cambio, Bilbao se ha limitado a afirmar: “Mis relaciones con mis amigos son mías y de nadie más. No tengo por qué explicar a nadie con quién tomo un pote o dejo de tomarlo”.

Correspondencia con “la confianza legítima”

¿Hasta qué punto las administraciones no querían saber, o no sabían? Y si es así, ¿cómo se justifica que no conocieran la trama ni aún participando en eventos con los ‘cartelistas’? Según señala la investigación de la CNMC en su página 175, “uno de los casos más graves” en la trama norte se produjo en el intercambio de correos electrónicos entre los responsables del Puerto de Bilbao y los de Deloitte en 2016. Concretamente, se refiere a un contrato de “servicios de consultoría para la elaboración de un estudio de análisis de la contribución socioeconómica del Puerto de Bilbao a la CAPV”.

 En una larga correspondencia, el responsable de compras de la Autoridad Portuaria de Bilbao, que firma el correo con su nombre, pide a la encargada de Deloitte, Ana Andueza, datos para preparar el contrato de asesoría. “Gracias, Ana, voy organizando lo del estudio [de] impacto. Necesito que me envíes las tres empresas para pedir ofertas”. A lo que Ana Andueza responde con los datos de dos firmas: BMASI y 97SyF, ambas cercanas al Partido Nacionalista Vasco.

De acuerdo al expediente de la CNMC, estas empresas se dan cuenta posteriormente de que el Puerto de Bilbao pretende sacar el contrato a un precio más bajo del acordado. “Es para matarles”, señala Ana Andueza. Y escribe entonces a Luis, cuya identidad no se explicita en la sentencia, instándole a cumplir el presupuesto (59.000 euros). “Por eso, la invitación la deberías sacar a 60.000 para que hagamos descuento”. Entonces, la avaricia de los consultores queda en evidencia: mil euros bastan para sentirse con la potestad de escribir a un alto responsable público a fin de que modificara una licitación. Finalmente, la situación degenera en Luis indicándole a Ana Andueza cuáles son las reglas de contratación pública en contratos menores. “Para hacer negociado sin publicidad son hasta 49.999 euros. El mes que viene hacemos otro parecido por otros 10.000 euros”.

 Relacionado con este mismo intercambuio de correos, es precisamente la responsable de Deloitte quien escribe a “la dirección comercial del puerto” para comunicar que Luis ha dado los nombres de tres personas (condenadas ahora a pagar un total de 145.000 euros por su participación en el cártel), dando a entender que esta persona les había contactado previamente. “Nos dice Luis que vais a invitar a las siguientes empresas.”

¿Quién es quién en este intercambio? Como explicaba el periodista Ahoztar Zelaieta, Leandro Ardanza (97 S&F) es el representante del grupo que dirige el ex burukide Aitor Alzola y montó una sociedad en Panamá junto a Pedro Altamira (“fontanero” del PNV) y Carlos Lambarri (ex viceConsejero de Hacienda y primer director de Euskaltel). Por otro lado, Sabin Azua (B+I Strategy) es hermano del ex vicelehendakari Azua y uno de los grandes adjudicatarios de los planes estratégicos del Gobierno Vasco y las Diputaciones, así como colega del ex lehendakari Ibarretxe, quien incluso presentó su libro. En esa invitación también estaba la socia vasca de Deloitte, una de las llamadas Big Four.

 Luis, según se desprende de los datos de la CNMC, es Luis Gabiola, el Director de Operaciones, Comercial y Logística de la Autoridad Portuaria de Bilbao. De hecho, su rol en la trama es la prueba que permite a la CNMC señalar que “no puede obviarse por esta Sala que existen algunos hechos protagonizados por algunos agentes de algunas administraciones que podrían no tener amparo en nuestro ordenamiento”. Y añadir que “existen hechos de los que podría deducirse que algunas administraciones pudieron haber tenido conocimiento de la existencia de prácticas contrarias a la competencia”. Ello va más allá de la “connivencia”, objeto de debate en los sucesivos plenos. Esta es una “conducta sancionable”, es decir, “antijurídica”. La causa, según la CNMC: “confianza ilegítima”.

En su declaración de esta semana en el Parlamento, Alba Urresola ha señalado que se ha llevado a cabo una politización sobre la actuación de la Autoridad Vasca de la Competencia en la trama del cártel norte que no se corresponde con su responsabilidad administrativa. En efecto, la Presidenta no ha sido identificada con ningún contrato (la investigación termina en fechas similares a las que ella llega al cargo), pero todavía no ha explicado cuál era su relación con Luis Gabiola en el momento de la investigación, pues existen distintas imágenes en donde aparecen juntos, y dónde quedan sus funciones fiscalizadoras si no aclara la relación del puerto en esta trama. La primera imagen es de apenas unas meses antes de que se registraran las sedes de las empresas, lo que dió lugar a los correos expuestos previamente. En la fotografía  también aparece Asier Atutxa, empresario de PwC y responsable del Puerto de Bilbao hasta 2018.

En dicho evento, que fue organizado por la empresa que actualmente asesora a Alba Urresola (M.B.N Comunicaciones), también puede verse posar con Luis Gabiola a la Consejera de Economía del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, y al de Hacienda, Pedro Aspiazu. A su vez, el lehendakari Iñigo Urkullu, y otros altos cargos del Gobierno Vasco, también coincidieron en el aniversario de Estrategia Empresarial (vinculado al PNV) con algunas de las consultoras multadas ahora por la CNMC (Idom, Deloitte y B+I Strategy). Hordago ha dado a conocer distintos hechos que pesan sobre las personas multadas por pertenencia al cártel, así como de destacados miembros de las instituciones vascas. Al respecto, la Autoridad Vasca de la Competencia Vasca se ha limitado a señalar que “por una foto” o porque su presidenta u otros miembros hayan trabajado en el pasado en empresas investigadas no se puede cuestionar la “independencia” de este órgano regulador. De nuevo, el rol de la AVC es fiscalizar a las mismas personas con las que toma “copichuelas”, en palabras de David Soto, diputado de Ellarrekin-Podemos.

Además, el 28 de noviembre de 2019, la presidenta de la AVC y otra vocal del organismo se sentaron junto a la plana mayor del Puerto de Bilbao, incluido Luis Gabiola, durante su primer desayuno informativo. Por entonces, la CNMC acababa de abrir un expediente a varias docenas de consultoras, concretamente aquellas con las que estaba manipulando contratos el alto directivo sentado a la vera de la Presidenta de la Competencia Vasca.

 Esta escena recuerda a cuando Alba Urresola no detectó un desfalco de medio millón cuando era encargada de control interno en la Fundación Guggenheim. En esa misma época Roberto Cearsolo ejerció como subdirector Financiero, es decir, trabajaba en el despacho de al lado.

 No obstante, el “grave” rol del Puerto de Bilbao en la trama de las consultoras se puede entender mejor ateniéndose a la ideología de este ente público. En la parte final de la intervención que inauguró los desayunos informartivos a los que asistió Urresola, el presidente de la Autoridad Portuaria, Ricardo Barkala, remarcó la urgente necesidad de cambiar el actual modelo de gobernanza portuaria, bajo la premisa de que existe un amplio consenso alrededor de la consideración de los puertos como “auténticas empresas”.

La corporativización del Puerto de Bilbao

Las prácticas corporativas de externalización que caracterizan a los entes privados, y cada vez más a los públicos, han sido una práctica habitual en la Autoridad Portuaria de Bilbao. También con las firmas multadas por cártel. Por ejemplo, con objetivo de promover la “innovación disruptiva como elemento de competitividad logística portuaria pública y privada”, facilitando así “la transición del sector a la economía 4.0”, el organismo adjudicó a KPMG e Insomnia la gestión del Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria o del Fondo de Innovación Puertos 4.0. Este fondo cuenta con una dotación aproximada de 12 millones de euros, gestionados por el Organismo Público Puertos del Estado. Dado que el Fondo se estructura en base a la forma administrativa de la adjudicación, ambas consultoras recibieron un contrato para administrar el Hub de Innovación público. Siguiendo los pliegos de la licitación, entre sus servicios se contemplaban poner a disposición espacios de co-working para start-ups, realizar demostraciones, presentaciones y jornadas, y habilitar una zona para recibir visitas de clientes y proveedores. Por así decirlo, la corporativización del ente viene facilitada por KPMG, quien administra y gestiona esta colaboración público-privada.

Dicha colaboración entre un organismo público y una consultora ha resultado tan exitosa que ambas, junto a otras grandes empresas vascas, crearon una organización para posicionar a Bizkaia como un espacio innovador de apoyo a las start-ups y a los jóvenes emprendedores: Bilbao PortLab at the Biscay Bay StartUp Campus (BBSC). Esta organización forma parte de Biscay Startup Bay, la estrategia de la Diputación Foral de Bizkaia diseñada para convertir a la provincia en el primer hub de comunicación a nivel mundial.

 Por otro lado, Idom también ha hecho tratos con el Puerto de Bilbao. En diciembre de 2003, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria adjudicó a la empresa de ingeniería la realización del proyecto constructivo del nuevo Puesto de Inspección Fronteriza (PIF), que se ubicará en la zona comprendida entre el antiguo Rompeolas de Santurtzi y las actuales instalaciones de ATM, en el Muelle Nº 1. Gracias a las memorias del Puerto de Bilbao, ya que en los boletines públicos no hay rastro alguno de esta u otras adjudicaciones, se sabe que las nuevas instalaciones tendrían una superficie aproximada de 2.000 metros cuadrados, lo que suponía quintuplicar su tamaño en relación a las anteriores.

Ciertamente, convertir al puerto en un catalizador de dinero público hacia empresas privadas sólo es posible mediante informes poco halagüeños sobre el futuro de la Autoridad Portuoria, como el publicado por PricewaterhouseCoopers. Así es como se crea una predisposición positiva a seguir ampliando la infraestructura y delegando su gestión a las consultoras. El documento citado fue presentado por PwC y las consejeras del Gobierno Vasco de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, y Justicia y Trabajo, María Jesús San José. En este ttabajo se especula con que los barcos dedicados al transporte de automóviles serán más grandes, no podrán entrar por la bocana por la que se accede al puerto de Pasajes y será necesario estudiar el destino de la dársena. Asímismo, también se habla de las mejoras que tendrá que implementar el puerto de Bilbao para conseguir ser el puerto de Euskadi. Por supuesto, a base de meter más dinero público en la operación.

Del cártel al puerto y viceversa

De entre todas, la adjudicación a PricewaterhouseCoopers más paradigmática es la “asistencia técnica para la elaboración del Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria de Bilbao (2018-2022)”, por un valor de 150.000 euros. Ocurrió a principios de 2017, cuando la entidad pública estaba dirigida por Asier Atuxa, hijo del ex-consejero de Interior del Gobierno Vasco, Juan María Atutxa (PNV). Apenas un año después, Atutxa cruzaba la puerta giratoria desde el Puerto de Bilbao hasta PwC.

 Cabe recordar que Ricardo Barkala, el actuar presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, fue el sucesor de Atuxa, cuya ponencia estaba escuchando Alba Urresola durante el desayuno informativo del puerto. Barkala también aparece en los correos de la CNMC, concretamente en un mensaje entre Ana Andueza y Sabin Azua en donde se pedía una cobertura para un análisis de usos e impacto de la plaza de toros de Vista Alegre. Barkala, como Primer Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Bilbao (2015 y 2018), era entonces el responsable de la adjudicación.

Volviendo a la consultora PwC, la buena relación entre las administraciones vascas y esta empresa se palpa en muchos otros aspectos. Como desveló Hordago-El Salto, seis días antes del evento de Estrategia Empresarial en el que se juntaron Atuxa y Urresola, la Autoridad Vasca de la Competencia adjudicó un contrato a PwC por una cuantía de 18.029 euros para realizar un análisis económico y el estudio sobre pisos turísticos. Unos meses antes, en marzo, también el encargó la redacción de una guía sobre la nueva Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017) por 12.100 euros.

 Y, desde que se ha conocido que la empresa estaba siendo investigada, las administraciones vascas han adjudicado 20.3 millones a PwC."                   (Ekaitz Cancela, El Salto, 01/07/21)

La imagen del Colegio de Arquitectos de Madrid sufre un daño irreparable con el “caso Monasterio”

"El “caso Monasterio” ha provocado una profunda fractura y un daño irreparable en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). 

 Tras el escándalo, los titulares espectaculares y las horas de tertulias televisivas, lo que queda es que el asunto se ha terminado cerrando deprisa y corriendo, en falso, sin indagar demasiado en si, entre los años 2000 y 2009, la líder de Vox Madrid, Rocío Monasterio, firmó proyectos de obra sin tener la titulación, tal como asegura el diario El País. Es cierto que el COAM no puede actuar contra la diputada y portavoz del partido ultraderechista en la Asamblea de Madrid. 

Los estatutos del colegio establecen claramente que la Junta Directiva de la organización colegial solo es competente para sancionar una conducta determinada cuando se trata de un colegiado y la diputada de Vox no estaba dada de alta cuando se produjeron los hechos. Como también es cierto que de haberse producido alguna conducta irregular ya habría prescrito, según consta en los estatutos de la institución. De ahí que el resultado de la investigación interna abierta por el COAM no podía ser otro que el archivo del asunto, tal como ha ocurrido finalmente.

Sin embargo, el “caso Monasterio” deja en la opinión pública española –muy atenta a este asunto por la relevancia política de la afectada y por el auge que ha adquirido la extrema derecha en los últimos años−, un cierto regusto amargo, una extraña sensación relacionada con el hecho de que, una vez más, los poderosos controlan los resortes del poder y más tarde o más temprano terminan saliéndose con la suya. 

A esa impresión generalizada de que se ha echado tierra encima prematuramente, y de que se podría haber hecho mucho más para aclarar si Monasterio firmó aquellos proyectos arquitectónicos sin estar en posesión del título oficial, ha contribuido la cuanto menos insuficiente y tibia gestión del COAM, dirigido por la decana Belén Hermida, que el viernes trataba de sofocar el incendio al convocar una rueda de prensa urgente para decir que ella siempre ha defendido a sus colegiados del “intrusismo” (como no podía ser de otra manera) y para acabar reconociendo (quizá ya algo tarde) que firmar planos sin ser arquitecto es una “irregularidad”. 

No obstante, algunas dudas quedaron sobre la mesa, sin resolver, como si es cierto que la “hemeroteca revela al menos 11 artículos en los que la dirigente de Vox se presentaba en esas fechas como titulada sin serlo y que el COAM tuvo ya noticia en 2005 de que no era colegiada”, según revelan los periodistas del El País.

El intrusismo es una práctica que se da en todos los oficios y que compromete gravemente el principio de seguridad jurídica y el derecho de los consumidores a ser atendidos por profesionales con su debido título académico y su respectivo número de colegiación. El Código Penal tipifica como delito de intrusismo la siguiente conducta: “El que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente, incurrirá en la pena de multa de doce a veinticuatro meses”.

Firmar proyectos de obra sin la preceptiva titulación en una actividad tan compleja y delicada como la arquitectura es una grave irregularidad que supone una quiebra del sistema en todos sus niveles. Piénsese, por ejemplo, las consecuencias que podría acarrear que un edificio se viniera abajo y se descubriera que las licencias del inmueble no estaban en regla o que los arquitectos firmantes del proyecto no eran tales, sino intrusos. 

De ahí que cualquier Colegio, en este caso el de arquitectos, deba intervenir, hasta sus últimas consecuencias, para aclarar cualquier hecho que tenga que ver con un supuesto caso de intrusismo profesional. Y ahí es donde surge la gran pregunta: ¿Ha hecho el COAM todo lo que estaba en sus manos en el “caso Monasterio”? Quizá a nivel interno y administrativo sí, pero no a nivel judicial. Lo que pedían los arquitectos madrileños colegiados y la ética deontológica profesional, recogida en los estatutos, era que la propia decana hubiese actuado de oficio, instando a sus equipos jurídicos a llevar el caso a los tribunales, si es preciso, para que sean los jueces quienes diriman si ha habido alguna conducta reprochable con el consiguiente perjuicio para la imagen de la institución colegial. 

Una demanda, denuncia o incluso querella, en la que el COAM se personara como parte afectada o como acusación particular en defensa de los intereses de los profesionales, era lo que pedía este asunto. Ni más ni menos. Sin embargo, el equipo directivo de la decana (ellos sabrán por qué) ha preferido limitar el expediente a la esfera corporativa, privada, interna, extendiéndose la idea de que el COAM ha querido quitarse la patata caliente de este oscuro episodio que huele mal desde el principio.

No hace falta recordar que en los últimos tiempos se han dado abundantes casos de políticos implicados en falsificación de másteres y títulos universitarios y que algunos de ellos han terminado en los juzgados. El “caso Monasterio” debería haber seguido cuanto menos el mismo camino, aunque finalmente se demostrara que la diputada de Vox era inocente o que los hechos habían prescrito. En ese procedimiento se podría haber aportado como prueba el vídeo de una comparecencia judicial en la que Monasterio reconoce que no tenía la titulación cuando firmó aquellos certificados, tal como asegura El País.

En la rueda de prensa, la decana ha tenido que dar explicaciones no solo de por qué se ha archivado el asunto, sino de las últimas dimisiones que se han producido en su Junta Directiva, compañeros sin duda indignados con la gestión que el colegio profesional ha hecho de este caso. 

Al ser preguntada sobre cómo definiría la actitud de alguien que firma planos justificando que es arquitecto cuando no lo es, la decana solo ha podido responder que el Colegio defiende “a diario a sus colegiados del intrusismo” y que para ella Monasterio es “una colegiada más”. Con todo, ha terminado por comparar el caso con un médico o un abogado que ejerce sin serlo para calificarlo de “una irregularidad” (una irregularidad que va a quedar sin castigo, habría que añadir).

En cuanto a las dimisiones que se han producido a raíz del escándalo, la decana confirma que han sido tres los cargos que han decidido dejar sus puestos: el del secretario y dos vocales. Hermida recuerda que, según los estatutos, la Junta puede funcionar hasta con un mínimo de cinco personas, “y ahora son seis”. Pero que la organización colegial pueda seguir funcionando, aunque sea en cuadro, no significa nada. Lo más grave de todo es el “desprestigio” y la imagen del COAM, que queda por los suelos, por culpa de una gestión que no ha sido ni todo lo eficaz ni todo lo contundente que cabría esperarse de una organización seria y respetada como esta."                       (José Antequra, Diario16, 01/03/20)

Pilar Martínez, exconcejal de Urbanismo de Madrid (del PP): “Espinosa y Monasterio promovían un negocio fraudulento”

"La concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid durante la era de Alberto Ruiz-Gallardón, Pilar Martínez (PP), quien en su día hizo campaña en contra del fraude de ley y la especulación que suponían la construcción de lofts ilegales en la ciudad, ha arremetido contra Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, y su esposa, Rocío Monasterio, líder de ese partido en la Comunidad de Madrid.

 "Espinosa y Monasterio fueron promotores de un negocio fraudulento que tuvo efectos nefastos. Incumplieron reiteradamente la normativa urbanística, perjudicaron el modelo de ciudad que queríamos. Además de toda la inseguridad jurídica que vivieron los compradores, eso es un fraude claro. Unas personas como ellas, sin ética en la esfera privada, no pueden protegerse en los partidos políticos.

 No deberían admitir personas así. No tienen cabida en lo público", dice Martínez en una entrevista con este periódico, que ha desvelado nueve de los once casos de irregularidades urbanísticas de la pareja.

Martínez fue la máxima responsable de Urbanismo de 2004 a 2011, durante el boom inmobiliario en la capital, justo la época en la que Monasterio y Espinosa se enriquecieron con este tipo de proyectos. La política ha entregado esta semana un dosier en la sede de su partido, en Génova 13, denunciando las prácticas ilegales de la pareja, cuyo principal negocio era reformar locales de uso industrial para convertirlos en viviendas. Sus clientes dicen que les prometían unas licencias de habitabilidad que, al final, nunca llegaban, algo que ellos niegan. El valor real de lo que compraban era inferior al precio que desembolsaban sus compradores.

"Es evidente que no tienen ética. Su negocio se basaba en obtener beneficios gracias a una gestión irresponsable, fraudulenta y opaca. Tienen beneficios injustificados y el problema se lo dejan a otro, al comprador", continúa Martínez, la primera política de su partido que se manifiesta públicamente en contra de las obras irregulares que durante años impulsaron Espinosa como promotor y Monasterio como arquitecta, cuando en ese tiempo (2002-2008) ni siquiera tenía acabada la carrera. Martínez, colaboradora de máxima confianza de Gallardón, impulsó en julio de 2006 una modificación de las normas urbanísticas al plan general para frenar la proliferación de lofts ilegales.

Además, inició una campaña de inspección en toda la ciudad para abrir expedientes sancionadores que afectaron directamente al matrimonio de Vox, como en el edificio construido de forma irregular en la calle Albarracín, 58. "Sus promociones toparon con mis decisiones políticas. Hacían casas encubiertas. Desde Urbanismo intentamos evitar el fraude a futuros compradores de buena fe. Nunca iba a ser residencial lo que estas personas compraban", explica. Entre otros, el propio vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, y el actor Arturo Valls, que ha presentado una demanda, resultaron perjudicados al hacer negocios con ellos.

Por todo esto, Martínez dice sufrir una venganza política tras presentarse como candidata a la alcaldía de Villaviciosa de Odón en las pasadas elecciones municipales. Se refiere al veto que Vox levantó contra ella en las mesas de negociaciones que conformaron con el PP. Para evitar que Pilar Martínez llegase al poder se tuvo que dar uno de los acuerdos más insólitos de toda España: el candidato de Ciudadanos, la cuarta fuerza más votada, fue elegido alcalde con los votos de Vox, PSOE, Más Madrid y un partido independiente. Extraños compañeros de viaje para conseguir que, a cualquier precio, la política del PP se quedase en la oposición.

El veto surgió en esos encuentros para llegar a un acuerdo nacional de gobernabilidad en el mayor número de Ayuntamientos y regiones posibles. El partido que dirige Santiago Abascal trazó una línea roja: en ningún caso consentiría que Martínez fuera investida alcaldesa, según confirman fuentes populares presentes en la discusión.

Entre tantos asuntos clave llamaba la atención que Vox pusiera tanto empeño en este municipio madrileño de 28.000 habitantes. Ahora, la incógnita parece resuelta para Martínez, que vincula el veto a Vox a sus años al frente de Urbanismo. El apoyo de Vox es necesario para el PP en lugares clave, como el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Martínez dice haber puesto el caso en manos de la dirección nacional de su partido: "Les conté que Espinosa y Monasterio me han represaliado por haber hecho mi trabajo. Le dije al PP nacional que iba a darlo a conocer públicamente. No pusieron ninguna objeción".

El PP nunca supo por qué el nombre de Martínez estuvo sobre la mesa con tanta insistencia. El no de Vox fue rotundo desde el principio. Los dirigentes sentados en la mesa de negociación, en la que estuvo Espinosa de los Monteros, no se movieron ni un centímetro de su posición inicial. Los partidos sopesaron alternativas, como buscar otra candidata, pero tanto la formación de Génova como la propia Martínez, la más votada en las elecciones, se negaron al no recibir una explicación convincente.

Martínez no fue entonces capaz de explicar lo que había ocurrido ese 15 de junio, el día de la investidura. Hasta que en una ocasión, en septiembre, discutió en un acto con un político de Vox que, de acuerdo con su testimonio, zanjó el pleito con esta frase: "En la regional de mi partido no te pueden ni ver". En ese consejo se sienta Rocío Monasterio. Martínez ató hilos y llegó a la conclusión, nunca desmentida por las altas esferas de su partido según ella, de que su labor como concejal está detrás de la decisión política en Villaviciosa de Odón.

En el PP continúan sin tener una explicación clara sobre las razones por las que Vox vetó a Martínez. La principal hipótesis que manejan, de puertas para adentro, es que María de la Cabeza Ruiz Solás, diputada nacional de Vox y concejal de Villaviciosa de Odón, siente una animadversión personal hacia Martínez, un sentimiento que ha sabido transmitir a la cúpula del partido. Durante la campaña en Villaviciosa, muy tensa, Martínez denunció a la Guardia Civil que De la Cabeza repartió panfletos difamatorios contra ella.

Otra de las explicaciones posibles es que Vox se negase a apoyar a Martínez porque le salpicaban dos casos judiciales. La política estuvo imputada en una ocasión, al igual que todo el Gobierno de la Comunidad de Madrid, por la compra del Canal de Isabel II de la sociedad colombiana Inassa y en otra por un presunto delito contra la ordenación del territorio. En el primer caso la causa fue archivada al no encontrar el juez indicios de delito y, en el segundo, resultó absuelta, según una sentencia judicial firme.

La política cree que su comportamiento "ético" en un puesto tan delicado como era el suyo, donde convergen intereses cruzados, la ha llevado a esta situación. "Se trata de una represalia de carácter político a quien impidió comportamientos irregulares y lesivos para los madrileños", añade. Y repite: "Espinosa promovió una actividad de negocio fraudulenta. Rocío Monasterio fue la colaboradora necesaria".                  (Juan d. Quesada, Íñigo Domínguez, El País, 18/01/20)

Rocío Monasterio tramitó planos de obra con visados falseados hasta 2016

"La líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, utilizó un falso visado del Colegio de Aparejadores en los planos de la obra de un loft de 2005, según advirtió públicamente esta entidad en noviembre, pero el expediente municipal del caso, al que ha tenido acceso este periódico, revela ahora que siguió usando ese sello en más trámites hasta 2016.

 En ese caso, a día de hoy, no habría prescrito un hipotético delito de falsificación en documento público, que caduca a los cinco años. Casi dos meses después de trascender el uso de visados falsos, el Ayuntamiento de Madrid aún no se ha pronunciado y afirma que no es su misión investigarlo.

Monasterio, que actuó como arquitecta de 2002 a 2009 sin tener el título, tramitó planos con el visado falseado en una petición de licencia que presentó en el Ayuntamiento el 20 de julio de 2016. Fue registrado a las 9.35, según consta en la solicitud. Ella misma, que entonces ya estaba en Vox, estampa su firma de puño y letra al final del documento. En estos dos meses desde que trascendió el uso de visados falseados, Monasterio no ha dado ninguna explicación. 

 Contactada este jueves, un portavoz dijo que responderá a todo la próxima semana en las alegaciones que presentará ante el Colegio de Arquitectos de Madrid, que ha abierto una investigación contra ella por presunto intrusismo profesional tras una denuncia de Más Madrid.

El loft en cuestión es el del presentador televisivo Arturo Valls, en la calle Rodas 7 de Madrid, un caso que ha culminado con una demanda del actor contra Monasterio. Fue una obra realizada sin licencia, en un local que convirtió en vivienda. Es una práctica que se repite en varios de los 11 casos de irregularidades urbanísticas conocidos hasta ahora de la líder de Vox y su esposo, el portavoz de la formación en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.

El proyecto estuvo salpicado de problemas, entre ellos una orden de demolición municipal, y los trámites burocráticos duraron más de una década. En el arranque del procedimiento, Monasterio tramitó en 2005 un estudio inicial con siete planos visados por el Colegio de Aparejadores. El visado es un sello oficial de la entidad que certifica que la obra cumple con los requisitos exigidos. Es una pegatina timbrada que se colocaba sobre los planos. En este caso, tenía el número 0511764 y fecha del 3 de junio de 2005. Sin embargo, en gestiones sucesivas en 2011 y 2016 Monasterio no volvió a visar los nuevos planos que presentaba, sino que utilizó el mismo sello de 2005. La sospecha es que hizo un corta y pega.

La publicación de uno de esos visados el pasado 22 de noviembre fue lo que hizo saltar la alarma del Colegio de Aparejadores, que advirtió: “No se corresponde con ningún documento que obre en los archivos de esta corporación”. Y explicaba: “El sello de visado 0511764 que aparece en la imagen del documento publicada por EL PAÍS en realidad fue emitido para otra intervención, un estudio y valoración para el acondicionamiento de local para vivienda”. Es decir, fue impreso solo para ese informe inicial, que es el que figura en los archivos de la institución. Todo lo demás no ha pasado por el Colegio de Aparejadores, pero con el sello da la falsa impresión de que sí lo ha hecho.

Este periódico ha tenido acceso a ese primer estudio de 2005, en el que aparece el sello auténtico en siete planos y varias páginas más, y ha comprobado que se repite en los planos presentados en los trámites posteriores de 2011 y 2016. En 2011 aparecen 42 nuevos planos, de los que 19 tienen la copia del sello 0511764. Y Monasterio volvió a entregar otra vez esos 42 planos en los nuevos trámites de 2016.

En el timbre del visado figura el nombre de la colegiada que lo presentó. Se trata de una profesional que trabajó en el estudio de Rocío Monasterio solo entre 2004 y 2006, según consta en su currículum. EL PAÍS se ha puesto en contacto con ella pero no ha querido hacer declaraciones. Según el Colegio de Aparejadores, ella “no sabía nada de este asunto” ni que ese sello con su nombre se había seguido utilizando tras su marcha en los años posteriores.

Tras la advertencia pública del Colegio de Aparejadores en noviembre, este periódico preguntó al Ayuntamiento de Madrid si se abriría una investigación sobre los visados en su poder y si se iba a estudiar si existió un presunto delito de falsedad en acto público o cualquier otro delito. Urbanismo informó de que había “pedido el expediente de la calle Rodas 7 y lo va a remitir a su departamento de servicios jurídicos para que lo analicen y tomar las medidas que correspondan”.

Han pasado casi dos meses, pero el Ayuntamiento de Madrid, en manos de PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox, aún no se ha pronunciado sobre los visados falsos tramitados en sus oficinas. A preguntas de este diario ha explicado que no es su misión investigarlo. Asegura que sus servicios jurídicos “solo han estado estudiando la situación urbanística de este caso particular” y no entraron a analizar los visados.

El pasado 16 de diciembre el responsable del área, Mariano Fuentes, de Ciudadanos, compareció en el pleno de la Comisión de Desarrollo Urbano y dio explicaciones sobre el caso. Comenzó así: “Hemos finalizado el expediente de la calle Rodas número 7 porque existía un expediente abierto desde disciplina urbanística en el área de Urbanismo. Es justamente ese expediente en el que hubo una nota de prensa por parte del Colegio de Aparejadores indicando que la documentación que había aportado el promotor no se correspondía con la que estaba archivada como guarda y custodia dentro del mismo colegio”. Pero no dijo nada de los visados falsos y se limitó a relatar las incidencias del caso. Por ejemplo, confirmó que había tres expedientes, en 2005, 2011 y 2016.

Portavoces municipales han precisado que “el delegado dio cuenta detallada de todo lo que está dentro de su competencia en este caso, que es la situación urbanística. Si hay o no un posible delito de falsedad documental no le corresponde al Ayuntamiento investigarlo”.

La comparecencia dejó claro, en todo caso, que la obra fue totalmente ilegal. Todos los expedientes “fueron archivados sin conceder licencia alguna”. “Las incorrecciones, las irregularidades y las deficiencias, que las hay muchas, en la distinta documentación aportada por el promotor y por los técnicos contratados, no desembocaron en derecho alguno”, concluyó Fuentes."                (Íñigo domínguez,  Juan Diego Quesada, El País, 17/01/20)

El Colegio de Arquitectos archiva la denuncia por intrusismo contra Monasterio porque solo investiga a sus miembros... Sería impensable que el Colegio de Médicos decidiera no actuar en el caso de que un estudiante de medicina hubiera ejercido como médico titulado antes de haber obtenido el título...

Marta Flich‏Cuenta verificada @martaflich

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“Sería impensable que el Colegio de Médicos decidiera no actuar en el caso de que un estudiante de medicina hubiera ejercido como médico titulado antes de haber obtenido el título y realizado el MIR. “

Marta Flich agregado,

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ÚLTIMA HORA | El Colegio de Arquitectos de Madrid (@COAMadrid) archiva la denuncia por intrusismo contra Monasterio porque cuando cometió las infracciones denunciadas no era colegiada https://elpais.com/ccaa/2019/11/28/madrid/1574941656_652277.html?ssm=TW_CM …

9:28 - 28 nov. 2019

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"El Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) ha archivado este jueves la denuncia por intrusismo contra Rocío Monasterio alegando que no la pueden investigar porque cuando cometió las presuntas infracciones no era colegiada. El motivo esgrimido ha causado sorpresa a otros arquitectos porque equivaldría a dar vía libre a quienes ejerzan la profesión sin título. 

Monasterio se hizo pasar por arquitecta entre 2002 y 2009, según numerosas pruebas recabadas por este diario. Firmó planos y se presentó como arquitecta ante clientes y en artículos de prensa. En realidad no completó la carrera hasta octubre de 2009. Se colegió el 21 de diciembre de ese año. 

La actual líder de Vox en Madrid ha negado su culpa, pero no ha desmontado las pruebas.

El órgano del COAM que rechazó la denuncia, la Comisión de Deontología, dice que las leyes y estatutos de la profesión le impiden sancionar a Monasterio: "Se trata de actos ejecutados precisamente por quien no ostentaba la condición de arquitecto colegiado en el momento de su comisión, por lo que la competencia para su conocimiento queda extramuros de las competencias de esta comisión". 

El COAM remite al denunciante a los tribunales, según el escrito, del que informó en primer lugar el medio digital OK Diario. La denuncia había sido presentada por el arquitecto y concejal de Más Madrid José Manuel Calvo, que asegura que se enteró por esa web del rechazo a su pretensión.

Muchos arquitectos no han entendido el motivo dado para no entrar al fondo del asunto. "No soy jurista pero me extraña mucho el razonamiento", dice el arquitecto Fernando Landecho, miembro de la junta de representantes del COAM. La Comisión de Deontología cita dos artículos, de la ley de colegios profesionales de 1974 y del real decreto de 2002 que aprueba los estatutos de los colegios, que parecen prohibir las sanciones a personas no colegiadas. Su texto restringe su competencia disciplinaria a "acciones y omisiones de los arquitectos".

De todos modos, la denuncia tampoco tenía posibilidad de éxito porque los hechos ocurrieron hace más de una década y ya han prescrito, tanto en la vía disciplinaria del COAM como en la penal. Por ese motivo, arquitectos de Madrid han exigido una declaración de condena de la decana, Belén Hermida. Durante más de un mes de goteo de casos de irregularidades, Hermida no se pronunció. Solo la semana pasada se excusó diciendo que debía permanecer imparcial. La Comisión de Deontología, a la que corresponde la investigación y sanción de los colegiados, es un órgano independiente de la junta de gobierno. Está compuesta por nueve arquitectos colegiados designados por sorteo.

Esa declaración exigida a Hermida ha llegado este mismo jueves en forma de un comunicado de prensa del colegio profesional madrileño junto con el órgano que representa a los arquitectos españoles. En él, ambos dicen rechazar "cualquier comportamiento reprobable, en el caso de que se hubiese producido". 

"Subrayamos que nuestro trabajo y el de todos los colegios de arquitectos del país promueve y garantiza las actuaciones profesionales adecuadas para preservar el interés general de la ciudadanía", dice el comunicado de prensa. 

La nota enumera deberes de los arquitectos presuntamente infringidos por Monasterio: titulación, colegiación obligatoria, visado y autorizaciones administrativas. El denunciante de los hechos supuestamente ilegales de la dirigente de Vox, el concejal José Manuel Calvo, ha afirmado que la respuesta del Colegio de Arquitectos "trata de escurrir el bulto sobre un tema muy serio".

"Sería impensable que el Colegio de Médicos decidiera no actuar en el caso de que un estudiante de medicina hubiera ejercido como médico titulado antes de haber obtenido el título y realizado el MIR. No compartimos la resolución del colegio, y por tanto recurriremos. Este caso sienta un precedente muy peligroso de cara al futuro de toda la profesión", ha añadido.

Monasterio cometió las supuestas ilegalidades en los años del boom inmobiliario, antes de su entrada en política. Además de operar sin título, ha sido acusada de engaño por sus clientes. Desde octubre ha sido constante la revelación de casos de irregularidades sobre aquellos años.

Otros arquitectos madrileños dicen estar indignados por el hecho de que Monasterio salga indemne a pesar de las pruebas contra ella. "Los colegios de arquitectos deberían tener un mayor peso y ámbito de actuación en casos como el ocurrido", dice Isabel Saiz de Arce, que fue vicesecretaria de la junta de gobierno del COAM."                   (F. Peinado, I. Domínguez, El País, 28/11/19)

Una exfuncionaria se declara culpable en el caso Guateque y admite que cobró 2.500 euros por una licencia

"Sara López Moreno, exfuncionaria de la Junta de Distrito madrileño de San Blas, se ha declarado este jueves culpable en el juicio del 'caso Guateque' y ha admitido que cobró de un intermediario 2.500 euros por facilitar que una licencia saliera adelante.

 

Así lo ha reconocido ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid tras preguntarle si se declaraba inocente o culpable. López afronta una pena de cuatro años y cuatro meses de cárcel por su implicación en el caso.

Al inicio de su escueto interrogatorio, el fiscal le ha preguntado si aconsejó a un promotor contratar a Antonio Sanz Escribano, uno de los supuestos intermediarios de la trama, para que le llevara los trámites de obtención de una licencia.

Y si con ello consiguió una comisión de 2.500 euros por favorecer la marcha de esa licencia, dado que llamó en dos ocasiones a los responsables municipales de licencias. "Sí señoría", ha respondido al representante del Ministerio Fiscal.

No reconoce las conversaciones

Además, ha declarado Carmelo García, exfuncionario de la Gerencia de Urbanismo y propietario de la sociedad AC93, una de las empresas de la presunta red corrupta.

En su caso, ha negado todos los hechos que se le imputan y ha denunciado que casi le matan en la cárcel porque el juez Santiago Torres le acusó falsamente de 'chivato', algo que luego aclaró la prensa.

En su interrogatorio, ha subrayado que "jamás" pidió "un duro" en relación a una tienda de animales. "Nunca pedí nada", ha aseverado el exempleado público, que afronta una petición fiscal de 21 años de cárcel.

Además, se le ha preguntado sobre el expediente de la Clínica Ruber, que contrató a AC93 para unas obras de climatización en el edificio de la calle Juan Bravo de la capital. Al respecto, ha aseverado que nunca tuvo nada que ver con esta clínica.

Igualmente, ha negado que tuviera una conversación con el extécnico de Urbanismo Fernando Ruiz Torrejón acerca de un supuesto "requerimiento fuerte" a la citada clínica.

"No tengo ni idea porque yo no tuve esa conversación", ha dicho de forma rotunda, negando también otra conversación con el empresario Santiago Castillo. "Yo nunca hablo por teléfono", ha replicado secamente.

"Yo estuve en prisión y estaba hostigado por dos funcionarios en la cárcel, ya que el juez dijo que yo había confesado. Me tachó de chivato. Un día me llevaron al Juzgado. Me dijo el juez Torres: ¿Usted ha entregado tres millones a Fernando Ruiz? Dije que sí. Pero en ese momento hubiera dicho sí a todo", ha confesado.

"Estaba acojonado. Me iban a matar. Esos días entraron unos funcionarios. Me dieron una celda para mí. Si hubiera dicho que maté a mi padre, hubiera dicho que sí. Me iban a matar en la cárcel", ha manifestado.

Tras ello, el fiscal le ha dicho que por qué no denunció esto hechos. Y éste ha agregado que luego le quisieron "hacer otra jugada" porque le pidieron que diera datos. "Es muy fuerte. Estuve amenazado de muerte porque este señor dijo que era un chivato", ha agregado.

"Yo a esto nunca le presté mucha atención"

También ha prestado declaración Jesús Vicente García, arquitecto que colaboró en ocho proyectos con Antonio Sanz Escribano. Se enfrenta a dos años y medio de cárcel por participar en la tramitación irregular de una licencia con una dádiva de 15.000 euros para Victoriano Ceballos.

"Jamás me hablaron de esa cifra. Estoy educado en la honradez. Si hubiera visto algo hubiera cortado relación -con su socio-. Jamás me habló de dádivas", ha reiterado en varias ocasiones.

Tras declarar su inocencia, ha negado haber participado en los trámites para obtener una licencia para una sala de fiestas en un teatro de la calle Santa Brígida número 5, manifestando que solo se dedicó a hacer el proyecto de obras.

"No he tenido contacto con nadie de Medio Ambiente. Se debió dar entre Sanz Escribano y los técnicos", ha aseverado a preguntas del fiscal, a quien ha hablado de Sanz Escribano como "un gran profesional del sector".

"Yo a esto nunca le presté mucha atención. Le preguntaba: lo tienes controlada Antonio. Yo nunca participé. Era una relación de Antonio con Medio Ambiente", ha insistido.

Tras recordarle una conversación en la que le dijeron que los técnicos se dejaban querer, ha indicado que no lo entendía en relación a pagos, sino que se interesaban de forma habitual con los expedientes.

Finalmente, ha expuesto al tribunal lo que ha supuesto su implicación en esta causa, que le está "matando la vida". "Me ha creado una enfermedad por impotencia ante esta situación. Es demencial", ha apostillado."                     (Público, 19/01/17)

Hasta 13 técnicos y políticos del área de Urbanismo de Sanxenxo, están imputados por delitos urbanísticos

"El juzgado número 2 de Cambados acusa de los delitos de cohecho -percepción de sobornos- , prevaricación urbanística y tráfico de influencias al que fue gerente de urbanismo y arquiteco municipal de Sanxenxo, el municipio más turístico de Galicia Rafael Vázquez Abal, así como a una asesora suya, Ana Belén Louro Pais. Además, también imputa prevaricación urbanística al exconcejal de Urbanismo Ángel Casal Moldes, del PP.

Rafael Vázquez Abal sustituyó en la gerencia municipal, en diciembre de 2006, a la actual secretaria general de Urbanismo de la Xunta, Encarnación Rivas, también imputada en este caso. En 2009, la alcaldesa, Catalina González, le relevó de ese puesto y regresó a su plaza de arquitecto municipal. Tanto Vázquez Abal como su exasesora Belén Louro se han negado a declarar esta mañana ante el juez. Sí accedió a prestar testimonio el exconcejal Ángel Casal.

 

El juzgado de Cambados ha entrado de lleno a investigar el urbanismo de Sanxenxo. Hasta 13 técnicos y políticos del área de Urbanismo desde 2006 —entre ellos la alcaldesa, Catalina González (del PP), y la actual directora de Urbanismo de la Xunta, Encarnación Rivas— están imputados por presuntos delitos urbanísticos y prevaricación en relación con al menos cinco expedientes. 

La investigación ha destapado además en Sanxenxo la caja de los truenos: desde que se inició, los vecinos han recabado en las oficinas municipales documentación sobre otras 200 operaciones urbanísticas.

 Las denuncias se tramitaron en el juzgado en enero de 2012 e implican a miembros de este departamento con González pero también con el exregidor popular Telmo Martín. Desde entonces han estudiado la causa dos jueces instructores y un fiscal especializado en estos asuntos que han coincidido al apreciar indicios de presuntos delitos urbanísticos y prevaricación en varios expedientes de obras en este municipio de las Rías Baixas, ejemplo paradigmático del negocio del ladrillo.

 

Precisamente la que fuera su mano derecha en la Gerencia de Urbanismo, Encarnación Rivas, tiene previsto declarar hoy ante el juez Juan Manuel Hermo y el fiscal David de La Fuente. La inesperada imputación de Rivas se produce en relación, al menos, con uno de los expedientes sobre el que la técnica informó.

 Se trata de un edificio de dos bloques de viviendas en la calle Progreso que obtuvo licencia de primera ocupación en mayo de 2009. La denuncia del propietario de un terreno colindante desembocó en una orden judicial de derribo que el Ayuntamiento debe ejecutar junto a una millonaria indemnización. La actual directora de Urbanismo de la Xunta también es aludida en otro de los informes, relativo a cuatro chalés que la promotora Ferro Mesego, CB quería construir junto al cementerio de Dorrón.

 Rivas emitió un informe denegando el permiso. Alegaba que las licencias entraban en colisión con el informe vinculante de la delegación provincial de la Consellería de Sanidade, al no respetarse la distancia de 50 metros al camposanto.

El asunto se archivó pero, un año después de que Rivas abandonara el cargo, la promotora volvió a solicitar licencia, y la funcionaria Belén Louro Pais emitió un informe en sentido favorable a la ejecución de las obras, con el visto bueno del arquitecto técnico municipal. Con la aprobación de los técnicos, la alcaldesa dictó la resolución que concedía licencia para la construcción de los chalés y las obras comenzaron.

Otra de las denuncias apunta a la licencia de construcción de dos chalés más en Dorrón, solicitada por la promotora Lucasor, y de tres viviendas en Bascuas promovidas por Canaleiro Inversión. A diferencia de los chalés de Dorrón —que no llegaron a terminarse porque la acción vecinal forzó la paralización de las obras—, en Bascuas el Ayuntamiento emitió el certificado de fin de obra y licencia de primera ocupación en dos de ellos. 

En medio de las denuncias por esta construcción se incoó un expediente de reposición de la legalidad urbanística porque al menos uno de los chalés incumple la normativa de los accesos. La investigación también se centra en el chalé del aparejador municipal en Padriñán. El técnico ejecutó cambios en el proyecto sin tener licencia para ello, obras que se vio obligado a paralizar cuando fue denunciado en el Ayuntamiento.

La alcaldesa, Catalina González, ha achacado su imputación a un ataque interno del sector del PP que se desgajó a raíz de su designación como candidata para las elecciones de 2011. González apuntó al “entorno” del exedil de Urbanismo Francisco Villaverde y la formación que este promovió, Sanxenxo Agrupación Liberal (SAL), que se escindió del PP ante esos comicios y por la que el propio Villaverde fue concejal hasta su renuncia en 2012. (...)

El PP gobierna Sanxenxo con el apoyo del edil del partido VIPS José Luis Rodríguez, exalcalde por el PSOE, azote de Martín en la oposición y ahora bien avenido socio de la regidora. Cuando se conoció la investigación judicial, en febrero de 2012, aseguró que dimitiría ante el “menor indicio” de que alguien en la corporación estuviese “manchado”. Ayer matizó: “Es que no hay nada. Ningún político merece estar imputado en estos casos. Las licencias fueron dadas con todos los informes técnicos favorables”. La oposición reclamó anoche en un pleno la dimisión de la alcaldesa."             (El País, 26/11/2013) 

Leopoldo Arnáiz, el arquitecto del 'tamayazo'

Leopoldo Arnáiz, a la izquierda, acude a la comisión de investigación del 'tamayazo'. / MIGUEL GENER

 "Una cuestión burocrática entre la fiscalía y el Juzgado de Instrucción 35 de Madrid sobre quién debe transcribir las declaraciones grabadas de unos imputados tiene bloqueada, desde hace nueve meses, una causa por supuesto blanqueo de capitales a gran escala. 

En ella figura como principal imputado Leopoldo Arnáiz, el arquitecto que, durante la época del boom inmobiliario, diseñó total o parcialmente el urbanismo de gran parte de los grandes municipios de la región. 

Y el hombre cuyos trazos podían multiplicar el valor de un suelo. Arnáiz, exfuncionario en excedencia de la Comunidad de Madrid, estuvo vinculado en su día al tamayazo, la deserción en junio de 2003 de dos diputados socialistas, lo que obligó a convocar nuevas elecciones en Madrid y propiciaron la llegada al Gobierno regional de Esperanza Aguirre.

 El inesperado testimonio de una exsocia de Arnáiz, Rosa Llanos, ante un juzgado civil de Madrid (el mercantil 4), ha destapado que Arnáiz posee un entramado de empresas inscritas en Londres y que supuestamente son dueñas de suelo y fincas en municipios en cuyo diseño urbanístico intervino. Su exsocia ha tasado en nada menos que 600 millones de euros el patrimonio de estas sociedades, opacas al fisco.  (...)

Arnáiz, dueño de uno de los despachos de arquitectura más importantes de España, ha trabajado como urbanista para Ayuntamientos socialistas, aunque está considerado como el arquitecto de cámara del PP madrileño. 

 Su despacho ha intervenido en gran parte de los desarrollos urbanístico, totales o parciales, de municipios como Alcorcón, Boadilla del Monte o Pinto, entre otras poblaciones. También ha desarrollado parte de su actividad urbanística en grandes municipios de Castilla -La Mancha y Castilla y León.

La sospecha es que Arnáiz pudo comprar terrenos baratos que luego él, como diseñador encargado por el Ayuntamiento, propuso para recalificar. Pero, supuestamente, tras ponerlos a nombre de sociedades suyas con testaferros. (...)

A la espera de que la fiscalía de Madrid, cuyo jefe es Eduardo Esteban, y el Juzgado de Instrucción 35 se pongan de acuerdo en quién debe transcribir los testimonios grabados de los imputados, IU no quiere que se cierre la investigación penal. Aduce que en el Juzgado 35 solo se han indagado dos de las 33 empresas, y que, por tanto, urge pedir al juzgado mercantil toda la documentación que recibió de Londres. 

Ya que, hasta el momento, las pesquisas del Juzgado 35 se han ceñido a las firmas Beltraex Nexo y Fersa. Pero son muchas más. “Tiene difícil explicación que un arquitecto que hace desarrollos urbanísticos y que sabe antes que nadie cómo y qué terrenos se van a recalificar, aparezca luego como dueño de algunos de ellos, puestos a nombre de sociedades en el extranjero”, señalan fuentes de la investigación.

 “Si el juzgado tira de la manta, pueden salir implicados muchos cargos públicos municipales”, añaden. Fuentes del despacho de Arnáiz rehusaron hablar alegando que el asunto está sub judice."       (El País, 07/04/2013)  

"Participación delictiva" de un arquitecto de Cee

"Los chanchullos ilegales en el Ayuntamiento de Cee se centran en los cuantiosos contratos públicos para acabar la Casa da Cultura. Es una gran obra iniciada hace ya 12 años y cuyo presupuesto se disparó a tres millones de euros.

El alcalde de esta localidad, Ramon Vigo, se las ingenió para conseguir que el constructor de Muxía Daniel Ogando se llevase en el último año la adjudicación de las obras más cuantiosas en ese edificio. Del abultado sumario de la Operación Orquesta se desprenden incluso manejos para beneficiar a Ogando en la apertura de plicas frente a ofertas de otros empresarios.

Uno de los principales implicados en esta trama es el arquitecto de la Casa da Cultura, José Carlos Leis Caruncho. "Su connivencia y participación delictiva ha quedado de sobra probada" dice el juez instructor de este sumario (...)

Leis Caruncho, que es el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Carnota, fracciona obras con el alcalde de Cee para que sean de adjudicación directa y así no tener que convocar concursos públicos, y negocia con Daniel Ogando directamente.

El arquitecto "no es más que la correa de transmisión de las ordenes del alcalde de Cee", destaca el juez, "y lejos de actuar con la objetividad, imparcialidad y autonomía propias de un buen profesional, acata servilmente las órdenes del alcalde en orden a quien han de adjudicarse las obras". (...)

Leis Caruncho, que tras declarar como imputado ante la Policía Nacional hace 15 días pasará a disposición judicial esta semana, preparó la documentación "y exigencias técnicas necesarias para beneficiar la oferta del señor Ogando, de qué criterios de ponderación serían más importantes para que su oferta se ajustase a tales exigencias".

"Es más", continúa el juez instructor, "incluso antes de haber sido adjudicadas definitivamente a Ogando ciertas obras municipales, Leis Caruncho se pone en contacto con él para tratar detalles de la ejecución de las mismas".

Uno de los beneficios personales que habría obtenido este arquitecto es conseguir que el constructor de Muxía "subcontrate a su esposa, Begoña", cuya profesión es diseñadora de interiores." (El País, Galicia, 10/04/2011, p. 2)