Los cuatro presidentes del Ibex salpicados por el caso Villarejo: Sánchez Galán, Fainé, Brufau y Francisco González (iberdrola, La Caixa, Repsol y BBVA)

"No es una noticia positiva". Primera reacción de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, al ser preguntada por la imputación del presidente de Iberdrola en el 'caso Tándem'. Este tipo de informaciones "no son buenas" para la imagen de las empresas y personas afectadas, añadía. Por extensión, Calviño pensará lo mismo de Isidre Fainé (Fundación la Caixa), Antonio Brufau (Repsol). Porque Ignacio Galán no es el único máximo directivo salpicado por la presunta red corrupta del excomisario José Manuel Villarejo. También está siendo investigado Francisco González, el expresidente del BBVA.

Sánchez Galán es el último alto cargo de una empresa del Ibex-35 en sumarse a esta lista particular. El juez que lleva el caso considera que hay indicios suficientes para acusarle de un delito continuado de cohecho activo, delito contra la intimidad y falsedad en documento mercantil.

¿Qué pasará con ellos a partir de ahora? No está nada claro que sus puestos de trabajo peligren hasta que se resuelva la situación judicial. Los estatutos de ninguna de esas cuatro prevén la dimisión de un máximo responsable en caso de imputación. Aunque bien es cierto, Francisco González abandonó la presidencia del banco antes de que le llegara la decisión del magistrado de investigarle.

¿Qué tienen en común los cuatro en el caso Villarejo? Todos se dirigieron al entonces comisario José Manuel Villarejo para que “espiara”, presuntamente, a otros empresarios que habían puesto el ojo en sus compañías.
Caso Iberdrola y Florentino Pérez

En el caso de Iberdrola se investiga el presunto espionaje ilegal a varios empresarios y directivos. Pero el más conocido de ellos fue Florentino Pérez. El presidente de ACS y del Real Madrid había intentado ocupar un asiento en el consejo de Iberdrola. El auto explica que la investigación se centró en investigar a Pérez a fin de conocer cualquier circunstancia que, llegado el caso, pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto. También se espió a Manuel Pizarro, en ese momento presidente de la eléctrica competidora, Endesa.

En la mayoría de las causas están implicados los jefes de seguridad de esas empresas –en algunos casos policías retirados- que abrían la puerta a Villarejo y hacían de nexo con las entidades.

Antonio Asenjo era el jefe de seguridad de Iberdrola y hombre de máxima confianza de Sánchez Galán. Llegó a la compañía desde Prosegur, y también conocía al comisario jubilado desde hacía mucho tiempo.

En su declaración judicial el exjefe de seguridad declaró haber manipulado los conceptos de las facturas, ocultando así no solo el contenido concreto de los trabajos realizados sino también la intervención de Villarejo.

Según el juez, se trataría de facturas emitidas por servicios prestados al entonces comisario “ocultados mediante la manipulación de conceptos que se hicieron figurar en las mismas y conocidas exclusivamente por Ignacio Sánchez Galán”.

La actuación era similar en los otros casos: todo apunta a que Villarejo era el solucionador de problemas cuando los directivos veían amenazados sus sillones por rivales de su misma talla.
El hombre al que todos temían

En las causas de Repsol y Caixabank y la del BBVA, el objetivo a espiar era el mismo: Luis del Rivero, el que era presidente de Sacyr Vallehermoso. En el caso de la petrolera, del Rivero aumentó su participación y los directivos, según el auto, temían que quisiera lanzar una OPA con la petrolera Pemex (también accionista de Repsol).

Tanto Brufau como Fainé en su declaración ante el juez del pasado 7 de mayo se desvincularon de la contratación de Villarejo. “No tengo el más mínimo conocimiento de las actuaciones que se llevaron a cabo", señaló el presidente la Fundación La Caixa, según varias fuentes que estaban presentes.

El trabajo de Villarejo para Repsol y Caixabank se llamó "Proyecto Wine" y consistía en espiar y anular los intentos de Luis del Rivero de hacerse con el poder de Repsol. Los responsables de ficharle fueron los directores de seguridad de ambas compañías.

¿Estaban al tanto Fainé y Brufau? En la documentación que Repsol entregó al juez se decía que "probablemente en alguna de las habituales conversaciones que Antonio Brufau mantenía con el presidente de Caixabank, y dada la confluencia de intereses que ambos mantenían para defenderse frente Luis del Rivero, acordaron compartir los servicios de información”.

Además, Miguel Ángel Fernández, jefe de seguridad e intermediario entre Caixabank y Villarejo, confirmó ante el juez el conocimiento y la participación de Fainé con el que aseguró haber despachado sobre la investigación a Luis del Rivero.
BBVA también contra Del Rivero

BBVA también recurrió a Villarejo cuando Del Rivero intentó hacerse con el banco en 2004. Fue a raíz de una comunicación que envió Sacyr a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. "Tenemos la oportunidad de adquirir una participación significativa en el BBVA”.

El banco se dirigió a Villajero para frenar los pies a Del Rivero en un proyecto que se llamó 'F.G'. según la investigación. Se realizaron campañas de descrédito en medios de comunicación y se espiaron 869 comunicaciones telefónicas en tres meses.

Según Del Rivero, desistió de la operación tras el incendio del Windsor, porque comprendió que le iba "a costar la vida". Aunque fuentes del BBVA aseguran que en realidad la operación había decaído antes.

Aún así, el BBVA siguió contando con los servicios de Villarejo durante 15 años. El juez está convencido de que detrás estaba Francisco González. Y lo cree porque le han señalado directamente sus subordinados. Pero González lo niega todo y así se lo dijo al juez el 18 de noviembre de 2019 cuando declaró. El caso todavía está en fase de instrucción, todavía queda un largo recorrido hasta ver a estos cuatro directivos en el banquillo."              (Isabel Sanz/Carles García Baena , NIUS, 24/06/21)

La "acción final" de Villarejo para el BBVA: destruir papeles en el incendio del Windsor. Rivero: “Desistí de la operación para entrar en el BBVA cuando vi arder la Torre Windsor”...

 "Hoy se cumplen 14 años desde que el rascacielos Windsor ardió en uno de los mayores incendios registrados en décadas en Madrid. 

Y también hoy revela Moncloa.com que este siniestro tuvo relación con los documentos que se guardaban en las oficinas de la auditoria Deloitte —comprometedores para el presidente del BBVA, Francisco González— y con el comisario retirado Jose Manuel Villarejo, quien en un resumen del trabajo realizado para esta entidad bancaria, anotó una "acción final" con la frase: "Eliminar rastros documentales de la Firma de Auditoría DEL". Después del incendio, informó a los responsables de la entidad bancaria de que los servicios para los que fue contratado se "cumplieron totalmente". De este modo, Villarejo se atribuye la presunta destrucción de estos documentos clave, por lo que esta revelación obliga a revisar este suceso.

 Los documentos eliminados formaban parte de la operación Trampa. En ella, Villarejo ayudaba supuestamente a Francisco González (FG) a evitar que los empresarios Luis del Rivero, Juan Abelló y el ex ministro de Industria socialista, Miguel Sebastián, le arrebataran la presidencia del BBVA.

En 2005 la Fiscalía Anticorrupción investigaba la venta de la cartera de valores de Francisco González a Merryl Linch, llamada FG Valores, por presuntas irregularidades, y había pedido estos documentos, ubicados en la sede de Deloitte en el edificio Windsor, justo un día antes del siniestro. Días después, Deloitte confirmó a la Fiscalía que los papeles habían sido destruidos entre las llamas.

 Lo que para entonces no se conocía era que había contratado al comisario José Manuel Villarejo. BBVA pagó a Villarejo, solo entre 2012 y 2017, unos cinco millones de euros, según informa Moncloa.com. Una cantidad abonada incluso cuando el comisario ya estaba en prisión, que ponen de nuevo el foco en el incendio del edificio Windsor. 

¿Qué sucedió realmente?

Aquella noche a las 23.08 horas del sábado 12 de febrero de 2005 se activó el sistema de detección de fuego de la Torre Windsor en la planta 21 del edificio. A las 23.30 horas las llamas envolvían la parte superior del emblemático rascacielos del corazón financiero de la capital. Días después apareció una grabación en la que se ven varias figuras en diferentes plantas del rascacielos y la declaración de Eva, una abogada que aseguró haber estado trabajando en el despacho 2.109 de la planta 21 la tarde del sábado, hasta minutos antes de declararse el incendio, y que fumaba pero que creyó haber apagado todos los cigarrillos.

A mediados de marzo la incredulidad saltó a los ciudadanos cuando el informe elaborado por los bomberos sobre el vídeo fantasmagórico grabado por un aficionado aseguraba que las siluetas que se vislumbran son un reflejo óptico de un edificio cercano, lo que contradecía al estudio realizado por la Policía científica, que indicaba que podía tratarse de personas. Nueva incertidumbre creada.

La Policía halló un butrón en la zona de garajes del subterráneo de Azca. Nunca se ha sabido quién realizó el agujero y por qué. Pero no fue la única. La Policía halló un butrón en la zona de garajes del subterráneo de Azca, que pudo ser realizado esa noche por alguna persona para salir del Windsor, al que supuestamente accedió por otro lugar. Nunca se ha sabido quién realizó el agujero y por qué. 

Sin embargo, estas nuevas revelaciones podrían suponer un vuelco respecto a la versión oficial del origen del mediático incendio del rascacielo Windsor.

El juez pide los documentos sobre el Windsor

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha solicitado esta mañana a Moncloa.com la entrega de la documentación publicada hoy sobre el incendio del edificio Windsor.

Según cuenta este diario, una agente de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía se personó poco antes del mediodía en las oficinas para hacer entrega del requerimiento judicial. "      (Público, 12/02/19)

 

 "Luis del Rivero, presidente de Sacyr en 2004, cuando trató de entrar en el consejo del BBVA, compareció ayer como testigo ante la Audiencia Nacional, que investiga las actuaciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo en relación con esta entidad financiera. 

El empresario aseguró que su operación fracasó por la campaña de acoso con difamaciones en algunos medios y tras el incendio del edificio Windsor en Madrid, que relacionó con una defensa de Francisco González, expresidente del BBVA, tras la venta de FG Valores a Merril Lynch y la posterior investigación de la Fiscalía Anticorrupción.

El abogado de González sostuvo que hasta marzo no se supo que los documentos de FG Valores estaban en el Windsor por lo que cuestionó la versión de Del Rivero. También dijo que Sacyr solo tuvo opciones sobre acciones, no títulos, algo que desmintió Del Rivero diciendo que cuando vendieron los títulos obtuvieron 148 millones.

“Desistí de entrar en el BBVA cuando vi arder la Torre Windsor”, afirmó Del Rivero. El empresario aseguró que no quería hacer imputaciones o acusaciones directas, pero sí estableció una relación entre el incendio de la torre de la zona financiera de Madrid y el expresidente del BBVA, Francisco González. En ese edificio estaba la sede de Deloitte, la auditora que guardaba los documentos de la venta de FG Valores a Merrill Lynch, una operación que la Fiscalía Anticorrupción investigaba por posibles deficiencias contables en la sociedad de valores del banquero.

Tras el incendio no se pudieron entregar los documentos, de los que no había más copias, según la consultora. El caso quedó archivado. Ni las investigaciones de la policía ni de la justicia pudieron demostrar que el incendio fuera intencionado, ni que el incidente tuviera relación con la destrucción de documentos que sugiere Del Rivero.

Los detalles sobre el incendio

A preguntas de su abogado, explicó que tras el incendio dio orden a Société Générale para vender las acciones. Anticorrupción le pidió que aclarara la relación entre un hecho y otro. Con imprecisiones, Rivero dijo que, para él, el incendio fue una demostración de cómo se pueden hacer desaparecer documentos porque era de dominio público, “y el consejo de Sacyr lo sabía, que Anticorrupción investigaba los papeles de la compra de FG Valores por parte de Merrill Lynch”.

El abogado de González le preguntó si en el consejo de Sacyr se habló del incendio del Windsor como un motivo para deshacer la operación. Del Rivero no lo aclaró. A continuación le cuestionó su teoría al decir que hasta marzo no se supo que los papeles de FG Valores estaban en el Windsor por lo que no era posible que en febrero desistiera de la operación por este motivo. El constructor aseguró que él tenía sus fuentes y que sí sabía en aquel momento que ahí estaban los papeles que reclamó Anticorrupción.

 El letrado que defiende a González cuestionó la capacidad financiera de Sacyr para hacer la operación y le recordó los hechos relevantes en donde la constructora decía que tenía opciones. El constructor admitió que eran opciones sobre acciones y que la compra real de títulos era del 0,4% del BBVA.

Ante la insistencia en que no tenía títulos sino opciones, Del Rivero aseguró que tuvo un préstamo sobre acciones pignoradas de Sacyr que le daba derecho a títulos del banco: “La prueba es que tras la venta, tuvimos un beneficio real de 148 millones”. El abogado de Villarejo también le cuestionó su falta de recursos. El exdirectivo de Sacyr replicó que poco después invirtieron “más de 6.000 millones en acciones de Repsol”. “Sí teníamos músculo financiero”, añadió.

Neguri y Sacyr sumaban el 9% del BBVA

Del Rivero afirmó que junto a los viejos accionistas del BBVA, 82 familias vascas que aportarían casi otro 5%, podían reunir hasta el 9% del capital. Su intención era pedir de tres a cinco consejeros en el BBVA. Recordó que Jaime Caruana, entonces gobernador del Banco de España y hoy consejero del BBVA, les dijo que para tener un consejero necesitaría el 6,6% del capital y que si llegaban al 10% les exigiría lanzar una opa porque consideraba que era posición de dominio, aunque el límite legal para opas era el 25%.

Para Del Rivero este argumento choca con el hecho de que de todo el consejo del BBVA, “solo Telefónica tenía el 1% de las acciones”. “Todos los demás consejeros no tenían nada y a nosotros se nos exigía tanto. Creo que la actuación del gobernador fue premiada después cuando se le hizo consejero del BBVA”, afirmó.

Respecto a otras razones que acabaron con la operación, Del Rivero aseguró que fue “la campaña brutal que realizaron varios medios de comunicación, con falsedades” como atribuirle delitos ecológicos y robo de agua en Murcia, “que publicó El Mundo en primera página y otras informaciones de El Confidencial y ABC “que me demostraron la gran capacidad de penetración de Villarejo en estos grupo”.

También declararon los principales ejecutivos que acompañaron a Del Rivero. Todos dijeron que lo peor fue “la campaña mediática salvaje de todos los medios”. El magistrado, Manuel García Castellón, preguntó a varios de los testigos si la campaña fue general o más de unos medios de derechas o de izquierdas. Coincidieron en señalar que fue general, “alimentada por González y el banco”, indicó José Domingo Ampuero, exvicepresidente del BBVA que fue obligado a dimitir por el entonces presidente tras conocerse las inversiones del banco en Jersey. En su opinión, la operación fracasó por ese acoso contra su reputación. “Hasta mis escoltas se dedicaban a espiarme”, dijo.

Miguel Sebastián, exdirectivo del BBVA y director de la oficina económica de La Moncloa en 2004, negó la participación del Santander en la operación, como sugirieron los papeles de Villarejo. Aseguró que fue víctima de una campaña mediática de desprestigio dirigida por el banco que le perjudicó profesionalmente cuando optó a otros trabajos y que fue atacado al hacer pública su homosexualidad. “No lo he ocultado en mi círculo privado, pero no es algo que me gusta hacer público. Me dijeron que el presidente del banco me estaba buscando novios, pero no los encontraba porque no hacía más que trabajar”, comentó.

Asaltos a la CNMV y a la casa de Arenillas

Carlos Arenillas, exvicepresidente de la CNMV, también declaró como testigo con uno de los relatos más duros de la jornada. Comentó lo que entiende que fue el resultado de la actuación de Villarejo por orden del BBVA: un asalto a la sede de la Comisión en julio de 2005, otro a su vivienda en diciembre de 2004, varios seguimientos físicos a su coche —la policía nunca aclaró quiénes los hicieron— y pinchazos de su móvil. En su opinión, estas actuaciones que se hacían con cierto exhibicionismo buscaban mandar el mensaje de que ellos podían llegar a todos los sitios, “transmitir la sensación de que éramos vulnerables”.

Arenillas también citó la existencia de una denuncia falsa contra Intermoney, su anterior empresa, que la CNMV investigó, aunque el entonces presidente, Manuel Conthe, no le informó. No supo de la existencia de esta denuncia falsa, “de la que habla Villarejo y Julio Corrochano, el exjefe de Seguridad del BBVA en varias ocasiones en las grabaciones, hasta que Conthe abandonó la CNMV y me lo contó algún funcionario”, dijo. Y añadió: “Fui hostigado por varios medios y sufrí acoso político”.     (Iñígo de Barrón, El País, 14/04/21)

La Audiencia Nacional imputa al expresidente del BBVA Francisco González por el ‘caso Villarejo’

 "Manuel García-Castellón, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ha decidido este jueves imputar a Francisco González, expresidente del BBVA y uno de los banqueros más poderosos de España durante las últimas décadas.

 Tras solicitarlo la Fiscalía Anticorrupción esta misma semana por los presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos, el magistrado ha acordado citarlo como investigado el próximo 18 de noviembre en el marco de la causa que sigue la pista de los presuntos pagos de la entidad financiera al comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien supuestamente espió por orden del banco a líderes políticos y empresariales a partir de 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control del grupo bancario, que finalmente no tuvo éxito.

Esta decisión del magistrado otorga una nueva dimensión a esta pieza separada del caso Villarejo, donde las pesquisas se centran en los contratos que la entidad firmó con el policía retirado durante 13 años y por un importe superior a los 10 millones de euros. El ministerio público, de hecho, no solo apunta al expresidente del BBVA, sino que también pidió esta semana la imputación de Juan Asúa, actual asesor del presidente Carlos Torres; de Eduardo Arbizu, exresponsable legal; de Manuel Castro, exjefe de riesgos; de Eduardo Ortega, director de los servicios jurídicos; y de otro directivo del banco, José Manuel García Crespo. Todos han sido citados ya como investigados, según informan fuentes jurídicas.

Tras conocerse este miércoles la petición de la Fiscalía, González ya emitió un comunicado para anunciar "su plena disposición a colaborar con la Justicia". Una posición que, según aseveró, mantiene desde que estallase el escándalo: "En mayo de 2018, nada más tener conocimiento a través de lo publicado en un medio de comunicación de la contratación de la empresa Cenyt, vinculada al excomisario Villarejo, por parte del banco, impulsé una investigación interna en BBVA", dijo en otra nota pública difundida el 30 de julio de 2019.

El ex número uno del BBVA, aupado por el PP, abandonó todos sus cargos en el banco el pasado marzo. En una carta enviada al actual presidente, Carlos Torres, el banquero aseguraba entonces que renunciaba "temporalmente" a su cargo de presidente de honor y de la fundación. González insistió entonces en que también se hacía a un lado para evitar que se le utilizara para "dañar a la entidad", que había encabezado desde 1999. Ese fue el año en el que el BBV se fusionó con la antigua banca pública Argentaria, a cuya presidencia había llegado en 1996 nombrado por el Gobierno del popular José María Aznar.

El caso BBVA estalló en mayo de 2018, cuando Público difundió las primeras facturas pagadas por el banco a Villarejo por valor de más de 200.000 euros —importe que, posteriormente, se elevó a más de 10 millones—. Entonces, González aseguró que inició una investigación interna, pero no descubrió nada. Apenas unos meses después, Torres se haría con la presidencia de la entidad y reorganizó las pesquisas: contrató a los despachos de abogados de Garrigues y de Uría, así como al auditor PwC. Los descubrimientos realizados se han enviado a la Audiencia Nacional, donde también se encuentra imputado el BBVA como persona jurídica y cuyo representante ha sido citado el próximo miércoles.

Estas nuevas declaraciones se sumarán ahora a las de más de una decena de altos cargos del banco que han pasado por la Audiencia para someterse al interrogatorio del juez. Entro otros, Ángel Cano, que ejerció como consejero delegado de BBVA entre 2009 y 2015 y que se negó a declarar. O Julio Corrochano, comisario de Policía Nacional y exjefe de Seguridad del banco, que fue puesto en libertad bajo fianza de 300.000 euros. También César Bilbao, exresponsable de Seguridad del BBVA en Latinoamérica, que reconoció en otra pieza separada que facilitó datos de clientes de la entidad a la red policial corrupta liderada por Villarejo."                  (J. J. Gálvez, El País, 14/11/19)

"La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional la imputación del expresidente del BBVA Francisco González por los contratos que suscribió la entidad con el comisario jubilado en prisión provisional José Manuel Villarejo, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El Ministerio Público ha dirigido un escrito al juez instructor del conocido como caso Villarejo para que cite a declarar a González en calidad de investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos, según las fuentes consultadas.

Junto a Francisco González, ha pedido la imputación de Juan Asúa, asesor de cabecera del actual presidente de la entidad financiera, Carlos Torres, quien en diciembre de 2018 le nombró Senior Advisor to the Chairman. En los años objeto de las pesquisas fue responsable del BBVA en España y Portugal y responsable de Corporate&Investment, sucesivamente.

 Asimismo, Anticorrupción ha pedido que se cite como investigado a quien hasta el pasado mes de julio, cuando fue cesado, ostentaba el cargo de responsable de Regulación y Control Interno del BBVA, Eduardo Arbizu, cuya salida trascendió un día después de que el juez imputase formalmente a la entidad financiera por el caso Villarejo. Como en el caso de González y Asúa, se pide imputación por cohecho y revelación de secretos, de acuerdo a las fuentes consultadas.

 

Precisamente, en esta tanda de citaciones Anticorrupción pide que se cite al banco como persona jurídica, después de que se suspendiese la comparecencia inicialmente prevista por razones de agenda del juzgado y quedase pendiente de nuevo señalamiento por motivos relacionados con la defensa, de acuerdo a las fuentes consultadas.

Junto los mencionados responsables de la entidad, la Fiscalía ha pedido que se cite a personas del entorno de Villarejo ya investigadas en la causa y que participaron en mayor o menor medida en los contratos objeto de las pesquisas, 13 años de encargos por importe superior a los 10 millones de euros y que iban desde supuestas tareas de espionaje para frustrar la entrada en el banco de la constructora Sacyr, hasta frenar la presunta extorsión de una asociación de consumidores pasando por analizar la situación de morosos como Martinsa o Prasa.

Una decena de altos cargos investigados

Las pesquisas se siguen en la novena pieza separada de esta macrocausa que ya tiene 18 líneas distintas de investigación y que se prevé superará la veintena antes de que acabe el año, habida cuenta de la multitud de proyectos y clientes del "clan parapolicial" mafioso que habría estado liderando Villarejo a través de sus empresas y de los que dejó constancia en los más de 40 terabytes de información que se le intervinieron cuando fue detenido, en noviembre de 2017.

En total, una decena de altos cargos del banco cuando se celebraron esos contratos han sido llamados a declarar como investigados en la Audiencia Nacional, incluido el que fuera CEO de la entidad, Ángel Cano, y el otrora jefe de Seguridad, Julio Corrochano, de quien se presume era el interlocutor de Villarejo y para quien el juez impuso una fianza de 300.000 euros.

Asimismo, están investigados su sustituta en el cargo, Inés Díaz Ochagavia; el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero; el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González, el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección Ricardo Gómez Barredo y a su ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas.

Todos a excepción de Béjar, que ya ha acudido varias veces a la Audiencia Nacional y ha prestado declaración, se han venido acogiendo a su derecho a guardar silencio por el secreto de actuaciones, que impide a los afectados conocer lo que obra en la causa contra ellos.

No obstante, el BBVA viene anunciando su absoluta disposición a colaborar con la justicia, ante la que ya habría presentado un informe forensic encargado expresamente para conocer el pormenor de las relaciones con las mercantiles de Villarejo durante la etapa bajo la lupa, cuando presidía la entidad Francisco González."                     (Público/13/11/19)

El juez imputa al BBVA por revelar secretos, cohecho y corrupción en el ‘caso Villarejo’

"El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón imputó este lunes al BBVA como persona jurídica en el caso Villarejo. El juez atribuye a la entidad presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios.

 Estos son los mismos delitos que aprecia la Fiscalía. El magistrado rechaza, en línea con los fiscales, la petición del BBVA de personarse en la causa como perjudicado. Comisiones Obreras, el principal sindicato del banco, acusó al expresidente de la entidad Francisco González de ser “hoy por hoy, el principal responsable de la pérdida de reputación del banco” y pidió “resolver cualquier relación formal” con él. Carlos Torres, presidente del BBVA, manifestó en una nota que su prioridad era “el esclarecimiento de los hechos”.

García-Castellón imputó este lunes al segundo banco español como persona jurídica en el llamado caso Tándem, la novena de las diez piezas que componen el macrosumario sobre los negocios del comisario de policía jubilado José Villarejo. Lo hizo después de estudiar el informe aportado por la Fiscalía Anticorrupción en el que solicitaba esa medida, según una nota remitida por la Audiencia Nacional.

 “El ministerio público considera que desde el BBVA se produjeron contrataciones y pagos ilícitos a la mercantil Cenyt, cuyo titular era Villarejo, que afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad, durante un prolongado periodo temporal”, concluye la explicación de la Audiencia. La causa permanece secreta.

La Fiscalía pidió investigar si el banco contrató a Cenyt para espiar a diferentes personas con el objetivo de obtener diversa información sobre la constructora Sacyr. Esta firma trató de relevar a Francisco González de la presidencia del BBVA en 2004 y 2005. La novena pieza del caso Villarejo se centra en los trabajos desempeñados para el BBVA por el policía, que se encuentra en prisión preventiva desde noviembre de 2017. Villarejo trabajó bajo cuerda para el banco durante 13 años a cambio de unos 10 millones de euros.

La contratación y los pagos presuntamente ilícitos a Cenyt afectaron a varias áreas sensibles del BBVA y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado periodo. Villarejo prestó servicios al banco desde 2004 a 2017. La Fiscalía llega a estas conclusiones tras el análisis de la documentación en soporte papel y digital incautada en los registros practicados en el mes de noviembre de 2017 y de la documentación aportada por el propio BBVA.

Asimismo, el ministerio público destaca en su escrito que alguno de los directivos investigados, cuya identidad no se da a conocer al estar la causa secreta, supuestamente percibieron dádivas de Cenyt por facilitar tales contrataciones. En el auto por el que imputa al BBVA, el magistrado acuerda también requerir al banco para que designe a la persona que a partir de ahora representará a la entidad ante la Audiencia Nacional y que será citado a declarar en una fecha aún por determinar.

Tras la imputación, el sindicato Comisiones Obreras (CC OO) emitió un comunicado en el que instó a la dirección del banco a aprovechar la próxima presentación de resultados —que se celebrará este miércoles— para dar “las explicaciones oportunas” tras su imputación por su posible contratación de Villarejo para espiar a Sacyr. CC OO dice que el expresidente del BBVA Francisco González “es, hoy por hoy, el principal responsable de la pérdida de reputación del banco”. Por este motivo, considera imprescindible “resolver definitivamente cualquier relación formal o informal que el banco tenga con el anterior presidente, pues con independencia del grado de responsabilidad material y fáctica que pudiera tener —o que ésta solo se le pueda imputar a sus subordinados— se puede delegar la representación, pero nunca la responsabilidad”.

Comisiones cree que “la plantilla del BBVA se merece no solo una explicación convincente, sino también certidumbre, transparencia y respaldo, con arreglo al grado de profesionalidad y esfuerzo que viene desarrollando a lo largo de toda su trayectoria”.

También el presidente del BBVA, Carlos Torres, emitió un comunicado diciendo que el banco ha aportado “información a la causa desde su inicio y ha compartido también con la justicia de manera proactiva los hallazgos relevantes de la investigación forensic”, como admite tanto la Fiscalía como el juez. Y añade Torres: “Como ya dije en enero y he reiterado en múltiples ocasiones desde entonces, nuestra prioridad es el esclarecimiento de los hechos y la colaboración con la justicia y así seguirá siendo”.

El paso que ha dado el juez con la imputación al BBVA es posible desde diciembre de 2010, ya que lo permite la Ley Orgánica 5/2010, en el artículo 31 bis del Código Penal. Ahí se establece que puede existir “responsabilidad de la persona jurídica derivada del comportamiento ilícito de la persona física dentro de la estructura empresarial”. Es decir, que una empresa puede cometer un delito cuando alguno de sus directivos realiza una acción ilícita.

Obviamente, no hay penas de prisión para las empresas, pero sí pueden ser castigadas con importantes multas, porque la sociedad pudo haberse beneficiado de esas acciones ilegales. Esta decisión llega después de que la Audiencia Nacional imputara el pasado 3 de julio a ocho directivos y exdirectivos del BBVA —entre ellos, el que fuera consejero delegado, Ángel Cano— al entender que los pagos realizados a Villarejo por parte del banco, que superaron los 10 millones de euros, eran sospechosos de ser ilícitos. 

Además de Cano, en la lista de imputados del juez estaban Javier Malagón Navas, director en el área de Finanzas; Ricardo Gómez Barredo, exdirector de contabilidad y consejero del banco turco Garanti; Ignacio Pérez Caballero, director de red de Banca Comercial en España, y a Antonio Béjar, el que fuera hasta el pasado viernes presidente de Distrito Castellana Norte."                 (Íñigo de Barrón, Fernando J. Pérez, El País, 30/07/19)