El Caso 'Plus Ultra' se complica: aparece una fiscal amiga... se investiga al comisario Jesús María Gómez Martín por haber podido recibir 7000 euros y botellas de vino de la trama porque habría intermediado para ayudar en varios procesos legales a los miembros... el juez Ismael Moreno había quedado en varias ocasiones con Miguel Palomero para arreglarle un problema de unas tierras a sus hijos... Esto es solo una relación de hechos (Antonio Maestre)

AntonioMaestre  @AntonioMaestre

La variante Miguel Palomero en el caso Plus Ultra que está pasando muy desapercibida en la vorágine de Zapatero. 

En las conversaciones incautadas aparece que hay que hacer una "Kitchen gabinet" para parar el proceso y que hay 50.000 euros para jueces, policías y funcionarios. Eso no dejaría de ser una conversación. Jueces, fiscales y policía. Veamos. 

1-El caso es que parece que hay una "fiscal amiga". Pues bien: La fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, ha iniciado un expediente contra la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y contra la fiscal María Luis Llop que pidió el archivo de la investigación sobre el rescate de la aerolínea en 2021. Se investiga. 

2-Calama investiga al comisario Jesús María Gómez Martín por haber podido recibir 7000 euros y botellas de vino de la trama porque habría intermediado para ayudar en varios procesos legales a los miembros. Se investiga. 

3-El juez Ismael Moreno de la AN se inhibió por su relación con Miguel Palomero y finalmente acabó en el juez Calama. Fue el juez Ismael Moreno el que rechazó la denuncia de la Fiscalía por primera vez en noviembre de 2024 del caso Plus Ultra por falta de competencia. 

Pues bien, el juez Ismael Moreno había quedado en varias ocasiones con Miguel Palomero para arreglarle un problema de unas tierras a sus hijos. El abogado no le cobró y la gestión se saldó con una comida entre ambos el 22 de enero de 2024. Meses antes de que rechazara la querella. No se investiga. Esto es solo una relación de hechos.

9:33 a. m. · 27 may. 2026 ·22,5 mil Visualizaciones

Villarejo manipulaba a jueces de la Audiencia Nacional y a la Fiscalía Anticorrupción

 "Si dentro de la polcía existía una presunta organización liderada por Villarejo, junto con Juan Antonio González, José Luis Olivera y su amplia estructura de policías, los tentáculos dentro de la Justicia también fue crucial para la apertura de otras investigaciones que convenían a los clientes de Cenyt por ejemplo contra Ignacio González, Pérez Dolset o el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos. La misión de estos fiscales y jueces, dejar pasar los informes policiales fabricados con información falsa, al servicio, presuntamente, de clientes o ‘socios’ como Mauricio Casals o Cospedal.

El objetivo era eliminar enemigos políticos o adversarios empresariales, no solo político, y para eso el comisario José Manuel Villarejo y su lobby de socorristas utilizaban los recursos y a los mandos a su alcance del Ministerio del Interior, pero también a los que tenían a su alcance dentro del Ministerio de Justicia. Es más, es que este era uno de los argumentos de venta que publicitaba el comisario Villarejo en la web del Grupo Cenyt.

En la agenda del comisario hay nombres destacados del mundo de la justicia, de hecho creó una empresa através de la que daban charlas de Derecho ilustres como el abogado Adolfo Prego (hermano de la periodista Victoria Prego), el actual fiscal de acción disciplinaria y exfiscal Anticorrupción Manuel Moix y el fallecido fiscal general del Estado, Manuel Maza.

En el caso del nuevo fiscal promotor de la acción disciplinaria, Manuel Moix, colocado en contra del criterio del Consejo Fiscal por Álvaro García Ortiz, actual Fiscal General del Estado, sorprende sobre todo por que tanto Moix como la predecesora de García Ortíz y su pareja, es decir, Dolores Delgado y Baltasar Garzón son de los miembros de la judicatura que asiduamente aparecen en los apuntes y los audios del comisario Villarejo.

No son los únicos, los jueces Fernando Andreu, Santiago Pedraz o la jueza Teresa Palacios son otros de los que acudían a las comidas una vez al mes, a las que también asistía puntualmente los empresarios Mauricio Casals y Adrián de la Joya, quienes como la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal tienen una suerte extraordinaria cada vez que un caso que les compromete cae en manos del también juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón.

El encargo de Cospedal contra González

Al igual que la familia del expresident Jordi Pujol solicitó al juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Manuel García Castellón, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González pidió personarse en la causa Tándem, ya que estaba seguro que desde las propias filas del PP le habían hecho diferentes encargos a Villarejo contra él.

Primero fue el caso del ático de Estepona (Málaga), que finalmente quedó archivado, para el que Villarejo utilizó toda su artillería: periodistas a los que filtró el informe como una investigación de la UDEF sin serlo y estos así lo publicaron; el fiscal Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, a quien ya conocía por la causa Astapa; la jueza, también antigua conocida, y su propia asociación Transparencia y Justicia, quien se personó como acusación popular al igual que el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), cuando lo presidía su gran amigo José Manuel Sánchez Fornet.

Ese espionaje del ático venía a favorecer a tres opositores de González, el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y a la exultante nueva secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y al propio Mariano Rajoy, con quien el dirigente madrileño se había enfrentado.

En diferentes conversariones con amigos que constan en el sumario, como la periodista Ana Rosa Quintana, con el comisarioi Juan Antonio González o con Mauricio Casals, el consejero de Atresmedia y presidente de La Razón, Villarejo deja claro que ha sido el PP y Cospedal quienes le han hecho el encargo, pero que “no ha trincado nada”, (...)

Villarejo: Yo solo se la he hecho a Ignacio González...

Mauricio Casals:Es muy inocentón y con lo de Ignacio lo está pasando mal, eh..

Villarejo: ¡Yo sí que lo he pasado mal! Y además yo no he trincado nada, conmigo no ha repartido nadie nada y encima me han repartido hasta en el carné de identidad. 

Una de las piezas por las que está imputado Ignacio González en la causa Lezo es la relativa al tren de Navalcarnero. Una supuesta comisión que el expresidente madrileño habría cobrado del exconsejero de OHL, Javier López Madrid. Sin embargo, los proyectos y el concurso del tren quedó cerrado cuando María Dolores de Cospedal era la consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid, justo antes de ascender a la secretaría general del PP, y los 1,4 millones de euros no cayeron en ninguna cuenta de González en Suiza, si no en la del socio del comisario Villarejo, Adrián de la Joya.

 Aún así, el juez García Castellón, que instruye Lezo al igual que Tándem, no ha querido cuzar los datos que aparecen en una causa y en otra, hasta el punto de que el expresidente madrileño escribió a la propia Unidad de Asuntos Internos, quien le ha contestado que ha remitido toda la información relaciona con él al juez. Al igual que pasó con la familia Pujol sin que a García Castellón le pareciera suficiente para dejarle personarse

Filtraciones de la Fiscalía Anticorrupción

Pero otra de las cosas que algunas partes comienzan a reprocharle a García Castellón, es que tampoco se haga cargo en sus causas de las filtaciones a la prensa desde Fiscalía Anticorrupción. El empresario Javier Pérez Dolset, víctima en la causa Tándem e imputado junto a Mauricio Casals y Mihail Fridman en la causa Hanta -ambas instruídas por Castellón- asegura que “la Fiscalía Anticorrupción filtró a la prensa, en marzo de 2017, que me estaba investigando cuando yo en ese momento era un denunciante que estaba recibiendo amenazas y al que querían quitar su empresa, como finalmente hicieron”.

Según han confirmado a Crónica Libre, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción, un miembro de dicho cuerpo se reunió con varios directivos y periodistas de El Confidencial para filtrarles que estaba investigando a Javier Pérez Dolset. Como resultado de aquella revelación de una investigación secreta, el diario publicó el 1 de abril de 2017 la noticia correspondiente. Crónica Libre ha podido comprobar la veracidad de la filtración por una segunda fuente.

Además de que fuentes de la Fiscalía Anticorrupción conocían, y confirmaron a este diario, que la investigación del caso ZED había sido manipulada por el comisario jefe de la UDEF André Vega, y poco a poco se va descubriendo que presuntamente el motivo era que Planeta le había prometido un retiro dorado, el abogado de Pérez Dolset también lo ha puesto en conocimiento de García Castellón a través de sus escritos, sin que el juez se haya pronunciado al respecto.

El comisario André Vega es uno de los miembros de la UDEF, identificado por Crónica Libre, que presuntamente, se dedicaban a fabricar informes falsos con objetivos comerciales dentro de la estructura de Villarejo. Existen pruebas documentales de la participación de André Vega en, al menos, los encargos del BBVA a Villarejo (pieza 9) y encargo de Grupo Planeta para investigar a Blas Herrero (pieza 12).

Recordemos que, en este momento, los ejecutivos de Planeta Luis Elías y Antonio López se encuentran a la espera de juicio por contratar al comisario Villarejo en la Pieza 12 de Tandem. Anticorrupcción pide para ellos, 4 años de cárcel.

Las cuentas falsas de Panamá

Así mismo, este diario desveló este verano la participación de Mauricio Casals y Antonio García Ferreras en, al menos, 4 operaciones, con el comisario Villarejo. En concreto los de la falsificación y difusión de cuentas falsas en Panamá de Pablo Iglesias, Xavier Trías, Juan Luis Cebrián y el ministro Soria.

Ahora conocemos que Pérez Dolset presentó una denuncia contra el Grupo Planeta y los integrantes del Grupo de Mikhail Fridman en agosto de 2016 en la Fiscalía Anticorrupción. Inmediatamente después, irrumpe en la investigación el Comisario André Vega para manipularla, llamando a declarar en la sede de la Policía a los representantes de Planeta que le habían prometido un retiro dorado, era diciembre de 2016.

Tras esta entrevista, el Comisario dirigió una Nota informativa policial a la Fiscalía Anticorrupción para que fueran entrevistados como testigos en la Fiscalía tanto Luis Elías como José Lara García, secretario del consejo y consejero delegado de Grupo Planeta respectivamente. Esta nota Informativa ha desaparecido de los registros, según ha podido constatar Crónica Libre.

Las declaraciones, que tuvieron lugar en enero y febrero de 2016  y vinieron seguidas de una serie de una serie de documentos que entregó el Grupo Planeta, que a la postre se ha demostrado que eran falsos. Crónica Libre, ha comprobado dichos documentos y cotejándolos con la información publicada por el diario El Confidencial el 1 de Abril de 2017. Se puede comprobar que su contenido es básicamente idéntico, por lo que podemos concluir que un miembro de la Fiscalía, por razones que desconocemos hasta la fecha, filtró la documentación recibida de André Vega y Planeta, tras hacerla suya y darle la calificación de Investigado a Javier Pérez Dolset.

Sin embargo, a pesar de la contundente filtración, no se realizó decreto confirmando la investigación, por lo que esta también podría ser irregular. De hecho, Crónica Libre ha podido comprobar como semanas más tarde se le firmaban actas de perjudicado a Pérez Dolset."             (Patricia López, Crónica Libre, 04/10/22)

Moix, el jefe Anticorrupción que dimitió por tener una 'offshore', dirigirá los expedientes disciplinarios de los fiscales

"Manuel Moix, actual fiscal de Sala en el Tribunal Supremo (TS) que estuvo al frente de la Fiscalía Anticorrupción hasta que renunció por el escándalo de su participación en una sociedad offshore panameña desvelado por infoLibre–puedes consultar aquí todo el dosier del caso– ha sido designado nuevo Promotor de la Acción Disciplinaria del Ministerio Público. Eso sí, sin el apoyo mayoritario del Consejo Fiscal.

Según ha informado la Fiscalía General del Estado (FGE) en un comunicado, también se ha nombrado al fiscal de la Audiencia Nacional Manuel Campoy como su sustituto en dicho cargo. A partir de ahora, el ex fiscal jefe de Anticorrupción será el encargado de incoar y tramitar los expedientes disciplinarios en el Ministerio Público.

Las fuentes fiscales consultadas por Europa Press indican que la designación de Moix ha salido adelante tan solo con el apoyo de las dos vocales natas del Consejo Fiscal: el teniente fiscal del Tribunal Supremo y la inspectora jefe, María Ángeles Sánchez Conde y María Antonia Sanz, respectivamente.

Ninguno de los nueve vocales electivos le han respaldado, ya que en su mayoría –los seis de la Asociación de Fiscales (AF) y el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)– se han decantado por Francisco Moreno, fiscal de sala que desempeña la Jefatura de la Unidad de Apoyo al fiscal general.

No obstante, cabe recordar que el Consejo Fiscal se limita a expresar su parecer en materia de nombramientos y finalmente es su presidente, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien decide. Las fuentes recalcan que se ha primado su conocimiento del derecho contencioso-administrativo.

El criterio del fiscal general también se impuso con la propuesta de nombramiento para cubrir la plaza de fiscal de sala de la Sala de lo Militar del TS, que fue adjudicada a su predecesora, Dolores Delgado, a pesar de que solo votaron a su favor las vocales natas y los dos vocales electivos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecieron tanto ella como su sucesor en el cargo.

Las citadas fuentes han indicado que entre los motivos que han pesado en los vocales electivos del Consejo Fiscal para no arropar a Moix destaca su salida de la Fiscalía Anticorrupción.

Una sociedad 'offshore'

Moix estuvo al mando de Anticorrupción apenas tres meses, de marzo a junio de 2017. Tuvo que presentar su renuncia "irrevocable por motivos personales" tras la polémica desatada después de que este diario desvelara que desde 2012 era dueño junto a sus hermanos del 25% de una sociedad offshore constituida en 1988 en Panamá con una propiedad inmobiliaria en Collado Villalba (Madrid).

Nacido en 1958 y de tendencia conservadora, defendió desde el primer momento que estaba al día con Hacienda y que ya declaró la propiedad de la vivienda, un chalet valorado en más de medio millón de euros que heredó de sus padres.

Esa última polémica estuvo precedida por otras referidas a la gestión del departamento y a varios enfrentamientos con algunos miembros de su equipo respecto de investigaciones que afectan al Partido Popular, como son los casos Púnica y Lezo.

En relación al último, este diario destapó, poco antes de hacer público lo de la sociedad panameña, que como fiscal de Madrid había impedido hasta en tres ocasiones que se investigara la trama societaria creada por el expresidente madrileño Ignacio González y su familia para lucrarse con la construcción y explotación del campo de golf del Canal de Isabel II.

"Se llama Moix y es un tío serio y bueno", decía el exlíder del Ejecutivo madrileño sobre el fiscal a su amigo Eduardo Zaplana hace años en una charla telefónica. Una intervención, pinchada por la UCO de la Guardia Civil, que arrancaba así así: "Yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción, ¿sabes? Y... yo creo que va a ser él, si sale es cojonudo".                 (InfoLibre, 30/09/22)

Acusaciones falsas de pederastia y bulos sobre su vida íntima: así se fraguó el acoso contra el fiscal Subirán en el 'caso Cursach': dos policías locales de Palma de Mallorca, según le informan, han irrumpido en una reunión de la cúpula policial en el Cuartel de San Fernando de la capital balear lanzando amenazas contra la jueza del Juzgado de Instrucción 12 de Palma, Carmen González, que les investigaba, y contra él propio fiscal... Las amenazas sobre tiros a una juez y a un fiscal acabaron en nada. Se abrió una investigación, pero ninguno de los mandos policiales presentes en la reunión dio la misma versión: uno estaba mirando por la ventana y no se enteró de nada; otro escuchó los insultos a la jueza pero no los referidos al fiscal; y así con todos los presentes

 "Verano de 2015. El fiscal Miguel Ángel Subirán pone en conocimiento de sus superiores que dos policías locales de Palma de Mallorca, según le informan, han irrumpido en una reunión de la cúpula policial en el Cuartel de San Fernando de la capital balear lanzando amenazas contra la jueza del Juzgado de Instrucción 12 de Palma, Carmen González, que les investigaba, y contra él propio fiscal.

"Vais a conseguir que con una pistola haga una tontería", "Me da igual 20 que 30 años", expresiones que recogió la prensa local según fuentes presenciales, mencionando que los agentes se estaban refiriendo al "mariconazo del fiscal" y a la "hija de puta de la juez". 

Las amenazas sobre tiros a una juez y a un fiscal acabaron en nada. Se abrió una investigación, pero ninguno de los mandos policiales presentes en la reunión dio la misma versión: uno estaba mirando por la ventana y no se enteró de nada; otro escuchó los insultos a la jueza pero no los referidos al fiscal; y así con todos los presentes. Comenzaba entonces una larga campaña de acoso para el fiscal Subirán en completa soledad.

El motivo fue la investigación en curso entonces sobre la mafia en la Policía Local de Palma y sus vinculaciones con el Grupo Cursach, el más poderoso emporio empresarial de la noche mallorquina, liderado por Bartolomé Cursach. El caso Cursach, cuya investigación realizada por el fiscal Subirán y por el juez que sustituyó a Carmen González cuando esta pidió el traslado, en ese mismo verano de 2015, Manuel Penalva, ha quedado desnortado al no llevar la Fiscalía Anticorrupción todas las pruebas, audios y testigos. Los 17 procesados han quedado absueltos en medio del perdón pronunciado al borde del llanto por el fiscal Tomás Herranz.

En cambio, el juez Penalva y el fiscal Subirán van a ser enjuiciados en unos meses. Contra ellos penden acusaciones de revelación de secretos, detenciones ilegales y obstrucción a la justicia en varias piezas derivadas de la investigación sobre la mafia policial. En total, la Fiscalía Anticorrupción pide 118 años para Penalva y 121 para Subirán. 

Según ha podido saber Público, en su escrito de defensa el fiscal Subirán ha incorporado una grabación sobre la campaña de acoso que sufrió y que incluso le situaba como investigado por delitos de pederastia en los juzgados de Inca (Mallorca). Una trampa para periodistas, a tenor del contenido y del contexto del audio. En la grabación, el fiscal se cerciora de que la persona, un periodista, que le transmitió esa información la recuerda de cara a una posible testifical en el juicio.

Falsa causa abierta por pederastia

SUBIRÁN: Lo primero, lo de siempre, ¿te pillo bien, te pillo mal?
PERIODISTA: Sí, sí, me pillas bien, conduciendo con el manos libres, pero bien.
S: Bueno, mira, te quería decir lo siguiente: el abogado nuestro, si sigues un poco la película, Barinaga, un abogado de Logroño que nos sigue, bueno, ha hecho uso, bueno, en un escrito, ha hecho uso o va a hacer uso de aquello que me contaste tú de Garau que te había, que os había dicho a vosotros, los periodistas o los medios de comunicación, que yo tenía abierta una causa en los juzgados de Inca por pedofilia o pederastia o como se diga.
P: Sí, me suena. Ahora mismo al 100% no me acuerdo.
S: ¿Te acuerdas que estando aquí en la MDQ coincidimos comiendo un bocata y me lo contaste?
P: ¿Eh? Sí, correcto. Sí.
S: Bueno, pues no era, más ni menos, que esto. Que el abogado me lo ha contado esta mañana y a mí no me ha parecido bien no contártelo a ti. Ya está. ¿Me entiendes? Eso. Fui yo además el que te pregunté al final: "¿Pero quién te ha dicho eso?" y me dijeses tú: "Jaime Garau". Ya está. Punto.
P: Sí, correcto.
S: Correcto, sí. Se lo he contado al abogado y el abogado ha hecho uso de esto. 

Este diario ha intentado ponerse en contacto con Jaime Garau, policía local de Palma de Mallorca, sin éxito: ni ha respondido al teléfono ni ha contestado al correo electrónico enviado durante la tarde de este lunes. 

Garau fue procesado en la pieza separada Talavera del caso Cursach por un presunto delito de obstrucción a la justicia, junto con un funcionario de prisiones. Ambos estaban acusados de intimidar a 'el Ico', hijo de la narcotraficante La Paca, para que firmara en la cárcel una carta retractándose de las declaraciones que había hecho sobre Garau por cobrarle presuntamente mordidas para no acabar cerrándole su bar de copas. Jaime Garau resultó absuelto.

Según ha podido saber este diario, Subirán conoció la confidencia en 2019 y la puso en conocimiento de sus superiores: presuntamente un policía se estaba encargando de divulgar que estaba siendo investigado por pederastia. Pero la Fiscalía no tomó cartas en el asunto, según ha podido saber este diario de fuentes jurídicas. 

Robos, seguimientos y allanamientos

El juez Penalva y el fiscal Subirán han recibido todo tipo de amenazas, seguimientos, allanamiento de sus domicilios, robos y campañas difamatorias en buena parte de la prensa local. Dos veces se encontraron la puerta de sus casas abiertas de par en par, en una clara amenaza, les quemaron los coches, al fiscal le robaron la moto. El acoso acabó con sus carreras y hoy están jubilados por estrés traumático. 

Fuentes cercanas a Miguel Ángel Subirán relatan a este diario el episodio vivido por el fiscal en el que un individuo del Este le sorprendió por la noche y le insultó, pasándose el dedo por el cuello en varias ocasiones en señal de amenaza y le presionó en el hombro hasta que Subirán acabó arrodillado en el suelo frente a él.

El entorno de Bartolomé Cursach, los policías investigados y sus abogados iniciaron una campaña en prensa para desacreditar al juez Penalva y al fiscal Subirán, al que incluso llegaron a tildar de "desequilibrado", como pudo comprobar este diario. Algunos medios de comunicación baleares parecían el altavoz de los investigados. 

A esta campaña en prensa se unió el hallazgo, gracias a la intervención de las conversaciones telefónicas de dos periodistas de Palma y al posterior requisamiento de sus móviles, de un chat que mantenían Subirán y varios agentes de la Unidad de Blanqueo de Capitales que intervenían en la investigación. Basándose en el contenido de los mensajes, los abogados de los investigados denunciaron presiones del fiscal y del juez a los testigos que sostenían las acusaciones en el caso. 

Recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha anulado como prueba la información obtenida mediante la incautación de los móviles a los dos periodistas de Mallorca, lo que podría influir en el juicio contra el juez y el fiscal ya que nunca se habría llegado al chat mencionado sin el espionaje a los informadores.

Insinuaciones de relaciones entre el fiscal y un policía

Pero la campaña contra el fiscal y el juez también procede de la propia Fiscalía Anticorrupción. El fiscal Tomás Herranz indicó en su informe final en el juicio del caso Cursach que Subirán no investigó a un policía porque mantenía una relación sentimental con él, según había manifestado un testigo. Sin embargo, nadie testificó en el juicio sobre ese rumor, según ha comprobado Público. ¿De dónde sacó Herranz semejante información como para lanzarla en el alegato final de la Fiscalía?

La Fiscalía General del Estado tiene la oportunidad de poder responder a esta pregunta, de llegar al fondo del asunto. El policía sobre el que se refirió Herranz, Vicente Gómez, le ha denunciado ante la Fiscalía General por esa insinuación falsa y carente de sustento, según su denuncia. Junto a su hermano, Juan Miguel, también policía, han puesto en conocimiento del fiscal general las acusaciones que vertió el fiscal Herranz contra ambos, que acudieron al juicio como testigos de la vinculación de los policías mafiosos con el Grupo Cursach."                   (Ana María Pascual , Público, 28/02/23)

Almudena Lastra, la controvertida jefa de los fiscales de Madrid

 "Almudena Lastra, la fiscala superior de la Comunidad de Madrid, fue muy criticada cuando se reunió con representantes de los familiares de las 7.291 personas mayores fallecidas que vivían en las residencias de la tercera edad y que no fueron trasladadas a los hospitales.

Lastra manifestó, entonces, que “en la Comunidad de Madrid no pasó nada que no pasara en otra comunidad” y, sobre los llamados protocolos de la vergüenza, las órdenes de la Consejería de Salud para que no se derivasen a los hospitales a los ancianos “más vulnerables”, señaló que “simplemente eran unas recomendaciones, nunca unas prohibiciones”.

Ahora han arreciado las críticas al conocerse su sentencia en la que señala que los insultos racistas al futbolista del Real Madrid, Vinicius, el 18 de septiembre de 2022 en los aledaños del Civitas Metropolitano cuando se iba a disputar un encuentro con el Atlético de Madrid, fueron lanzados “en un contexto de máxima rivalidad”, que “sólo duraron unos segundos” y que “no se pudieron identificar a sus autores”.

En otras palabras, que no había delito de odio alguno qué investigar por lo que archivaba las denuncias presentadas. Uno de los denunciantes, Esteban Ibarra, presidente del Movimiento Contra la Intolerancia, calificó de “barbaridad” la sentencia. Y tal vez sea por decisiones como ésta por lo que se ha desatado una campaña contra la imagen de este país al que califican de racista. El “Caso Vinicius” se ha convertido en un asunto de calado internacional con intervenciones de dirigentes y amenazas de conflictos de extraterritorialidad de por medio.

La fiscalía de Madrid, desde que Almudena Lastra se hizo cargo de la institución en mayo de 2021, ha tomado decisiones controvertidas. La última, no presentarse en los interrogatorios que lleva a cabo el juez contra tres altos cargos del Ministerio de Sanidad durante el estado de alarma por la pandemia. El Ministerio Público pide el archivo por considerar que no hubo delito en esta causa en la que se investigan si hubo irregularidades en la adjudicación de los contratos COVID. Se ha repetido hasta la saciedad que, por muy en desacuerdo que esté la fiscalía con las diligencias abiertas por un juez, su obligación es estar presente en ellas. Y en esta ocasión se ha ausentado lo que podría significar, si así se acuerda, una seria amonestación al subordinado de Lastra encargado de la causa.

Más relevante de cara a la opinión pública fue la decisión de la fiscalía de pedir el archivo de la compra de mascarillas que acabó beneficiando al hermano de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. En este asunto no intervino directamente la fiscalía superior de Madrid, sino anticorrupción, aunque bajo la coordinación de la unidad madrileña. El argumento utilizado señala que “del análisis y tramitación del contrato de 1,5 millones de suministro de mascarillas, su objeto, precio y ejecución, no permite concretar ilegalidad alguna”. La Fiscalía omitió un importante detalle: las mascarillas adquiridas eran de un modelo mas barato que las que se acordaba en el contrato, y no estaban homologadas de forma directa por Europa.

En otro asunto referido a la presunta venta fraudulenta de mascarillas, esta vez al Ayuntamiento de Madrid, el fiscal pide para los principales investigados, el empresario Alberto Luceño y el aristócrata Luis Medina, 15 y 9 años de prisión respectivamente. Hasta ahí todo correcto. Lo que ocurre es que durante la instrucción se pudo constatar que en la estafa debieron intervenir otros sujetos. Se interrogó a la responsable de compras del Consistorio, Elena Collado, y al director general de emergencias, Enrique López. Ambos dicen desconocer la naturaleza de la operación e insisten en que los contratos se llevaron a cabo con arreglo a la normativa. Aún así, las acusaciones particulares insisten en que hay una responsabilidad penal sobre todo en el caso de Elena Collado.  

Tampoco se ha podido esclarecer si hubo llamadas por parte de un presunto “primo” del alcalde recomendando a Luceño y Medina. Una llamada que sirvió para que ambos se introdujeran en el Ayuntamiento. Nada de esto han querido investigar en fiscalía que se conforman con responsabilizar a los dos presuntos culpables de un delito de estafa.

Dolores Delgado, cuando fue titular de la fiscalía general del Estado, pidió a los fiscales de las comunidades autónomas un informe sobre casos de abusos sexuales cometidos por religiosos en sus demarcaciones. En Madrid se contestó, en un primer informe, que no existían casos de esa naturaleza. Tuvieron que rectificar porque, al final, se descubrió uno en Alcalá de Henares que estaba en fase de diligencias previas. También hubo que reconocer la existencia de otros cinco casos más, pero, según se señala en el informe, “no intervienen miembros de la iglesia católica: uno es un monitor de gimnasia que trabajaba en un colegio religioso, tres son pastores evangélicos, y el último es dirigente de los testigos de jehová.

Hay más hechos polémicos protagonizados por la fiscala superior de Madrid, Almudena Lastra. Perplejidad en la opinión pública generaron sus declaraciones sobre la represión a los participantes en los botellones. Según Lastra, “es un problema social, no jurídico” y cree que “deben ser los padres los que resuelvan este problema en el seno de las familias”

Desde que Lastra se hizo cargo de la fiscalía de Madrid se critica la falta de diligencia en la institución. Una desidia que, tal y como se ha comprobado en este análisis, es evidente."         (Ernesto Carratalá, Diario16, 28/05/23)

Villarejo manipulaba a jueces de la Audiencia Nacional y a la Fiscalía Anticorrupción... La misión de estos fiscales y jueces, dejar pasar los informes policiales fabricados con información falsa, al servicio, presuntamente, de clientes o ‘socios’ como Mauricio Casals o Cospedal

 "Si dentro de la polcía existía una presunta organización liderada por Villarejo, junto con Juan Antonio González, José Luis Olivera y su amplia estructura de policías, los tentáculos dentro de la Justicia también fue crucial para la apertura de otras investigaciones que convenían a los clientes de Cenyt por ejemplo contra Ignacio González, Pérez Dolset o el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos. La misión de estos fiscales y jueces, dejar pasar los informes policiales fabricados con información falsa, al servicio, presuntamente, de clientes o ‘socios’ como Mauricio Casals o Cospedal.

El objetivo era eliminar enemigos políticos o adversarios empresariales, no solo político, y para eso el comisario José Manuel Villarejo y su lobby de socorristas utilizaban los recursos y a los mandos a su alcance del Ministerio del Interior, pero también a los que tenían a su alcance dentro del Ministerio de Justicia. Es más, es que este era uno de los argumentos de venta que publicitaba el comisario Villarejo en la web del Grupo Cenyt. 

 En la agenda del comisario hay nombres destacados del mundo de la justicia, de hecho creó una empresa através de la que daban charlas de Derecho ilustres como el abogado Adolfo Prego (hermano de la periodista Victoria Prego), el actual fiscal de acción disciplinaria y exfiscal Anticorrupción Manuel Moix y el fallecido fiscal general del Estado, Manuel Maza.

 En el caso del nuevo fiscal promotor de la acción disciplinaria, Manuel Moix, colocado en contra del criterio del Consejo Fiscal por Álvaro García Ortiz, actual Fiscal General del Estado, sorprende sobre todo por que tanto Moix como la predecesora de García Ortíz y su pareja, es decir, Dolores Delgado y Baltasar Garzón son de los miembros de la judicatura que asiduamente aparecen en los apuntes y los audios del comisario Villarejo.

No son los únicos, los jueces Fernando Andreu, Santiago Pedraz o la jueza Teresa Palacios son otros de los que acudían a las comidas una vez al mes, a las que también asistía puntualmente los empresarios Mauricio Casals y Adrián de la Joya, quienes como la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal tienen una suerte extraordinaria cada vez que un caso que les compromete cae en manos del también juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón.

El encargo de Cospedal contra González

Al igual que la familia del expresident Jordi Pujol solicitó al juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Manuel García Castellón, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González pidió personarse en la causa Tándem, ya que estaba seguro que desde las propias filas del PP le habían hecho diferentes encargos a Villarejo contra él.

Primero fue el caso del ático de Estepona (Málaga), que finalmente quedó archivado, para el que Villarejo utilizó toda su artillería: periodistas a los que filtró el informe como una investigación de la UDEF sin serlo y estos así lo publicaron; el fiscal Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, a quien ya conocía por la causa Astapa; la jueza, también antigua conocida, y su propia asociación Transparencia y Justicia, quien se personó como acusación popular al igual que el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), cuando lo presidía su gran amigo José Manuel Sánchez Fornet.

 Ese espionaje del ático venía a favorecer a tres opositores de González, el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y a la exultante nueva secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y al propio Mariano Rajoy, con quien el dirigente madrileño se había enfrentado.

En diferentes conversariones con amigos que constan en el sumario, como la periodista Ana Rosa Quintana, con el comisarioi Juan Antonio González o con Mauricio Casals, el consejero de Atresmedia y presidente de La Razón, Villarejo deja claro que ha sido el PP y Cospedal quienes le han hecho el encargo, pero que «no ha trincado nada», como se puede escuchar a continuación:

Villarejo: Yo solo se la he hecho a Ignacio González...  Mauricio Casals:

Es muy inocentón y con lo de Ignacio lo está pasando mal, eh..  Villarejo: 

 ¡Yo sí que lo he pasado mal! Y además yo no he trincado nada, 

conmigo no ha repartido nadie nada y encima me han

 repartido hasta en el carné de identidad. 

Una de las piezas por las que está imputado Ignacio González en la causa Lezo es la relativa al tren de Navalcarnero. Una supuesta comisión que el expresidente madrileño habría cobrado del exconsejero de OHL, Javier López Madrid. Sin embargo, los proyectos y el concurso del tren quedó cerrado cuando María Dolores de Cospedal era la consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid, justo antes de ascender a la secretaría general del PP, y los 1,4 millones de euros no cayeron en ninguna cuenta de González en Suiza, si no en la del socio del comisario Villarejo, Adrián de la Joya. 

 Aún así, el juez García Castellón, que instruye Lezo al igual que Tándem, no ha querido cuzar los datos que aparecen en una causa y en otra, hasta el punto de que el expresidente madrileño escribió a la propia Unidad de Asuntos Internos, quien le ha contestado que ha remitido toda la información relaciona con él al juez. Al igual que pasó con la familia Pujol sin que a García Castellón le pareciera suficiente para dejarle personarse

Filtraciones de la Fiscalía Anticorrupción

Pero otra de las cosas que algunas partes comienzan a reprocharle a García Castellón, es que tampoco se haga cargo en sus causas de las filtaciones a la prensa desde Fiscalía Anticorrupción. El empresario Javier Pérez Dolset, víctima en la causa Tándem e imputado junto a Mauricio Casals y Mihail Fridman en la causa Hanta -ambas instruídas por Castellón- asegura que «la Fiscalía Anticorrupción filtró a la prensa, en marzo de 2017, que me estaba investigando cuando yo en ese momento era un denunciante que estaba recibiendo amenazas y al que querían quitar su empresa, como finalmente hicieron».

Según han confirmado a Crónica Libre, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción, un miembro de dicho cuerpo se reunió con varios directivos y periodistas de El Confidencial para filtrarles que estaba investigando a Javier Pérez Dolset. Como resultado de aquella revelación de una investigación secreta, el diario publicó el 1 de abril de 2017 la noticia correspondiente. Crónica Libre ha podido comprobar la veracidad de la filtración por una segunda fuente.

Además de que fuentes de la Fiscalía Anticorrupción conocían, y confirmaron a este diario, que la investigación del caso ZED había sido manipulada por el comisario jefe de la UDEF André Vega, y poco a poco se va descubriendo que presuntamente el motivo era que Planeta le había prometido un retiro dorado, el abogado de Pérez Dolset también lo ha puesto en conocimiento de García Castellón a través de sus escritos, sin que el juez se haya pronunciado al respecto.

El comisario André Vega es uno de los miembros de la UDEF, identificado por Crónica Libre, que presuntamente, se dedicaban a fabricar informes falsos con objetivos comerciales dentro de la estructura de Villarejo. Existen pruebas documentales de la participación de André Vega en, al menos, los encargos del BBVA a Villarejo (pieza 9) y encargo de Grupo Planeta para investigar a Blas Herrero (pieza 12).

Recordemos que, en este momento, los ejecutivos de Planeta Luis Elías y Antonio López se encuentran a la espera de juicio por contratar al comisario Villarejo en la Pieza 12 de Tandem. Anticorrupcción pide para ellos, 4 años de cárcel.

Las cuentas falsas de Panamá

Así mismo, este diario desveló este verano la participación de Mauricio Casals y Antonio García Ferreras en, al menos, 4 operaciones, con el comisario Villarejo. En concreto los de la falsificación y difusión de cuentas falsas en Panamá de Pablo Iglesias, Xavier Trías, Juan Luis Cebrián y el ministro Soria.

Ahora conocemos que Pérez Dolset presentó una denuncia contra el Grupo Planeta y los integrantes del Grupo de Mikhail Fridman en agosto de 2016 en la Fiscalía Anticorrupción. Inmediatamente después, irrumpe en la investigación el Comisario André Vega para manipularla, llamando a declarar en la sede de la Policía a los representantes de Planeta que le habían prometido un retiro dorado, era diciembre de 2016.

Tras esta entrevista, el Comisario dirigió una Nota informativa policial a la Fiscalía Anticorrupción para que fueran entrevistados como testigos en la Fiscalía tanto Luis Elías como José Lara García, secretario del consejo y consejero delegado de Grupo Planeta respectivamente. Esta nota Informativa ha desaparecido de los registros, según ha podido constatar Crónica Libre.

Las declaraciones, que tuvieron lugar en enero y febrero de 2016  y vinieron seguidas de una serie de una serie de documentos que entregó el Grupo Planeta, que a la postre se ha demostrado que eran falsos. Crónica Libre, ha comprobado dichos documentos y cotejándolos con la información publicada por el diario El Confidencial el 1 de Abril de 2017. Se puede comprobar que su contenido es básicamente idéntico, por lo que podemos concluir que un miembro de la Fiscalía, por razones que desconocemos hasta la fecha, filtró la documentación recibida de André Vega y Planeta, tras hacerla suya y darle la calificación de Investigado a Javier Pérez Dolset.

Sin embargo, a pesar de la contundente filtración, no se realizó decreto confirmando la investigación, por lo que esta también podría ser irregular. De hecho, Crónica Libre ha podido comprobar como semanas más tarde se le firmaban actas de perjudicado a Pérez Dolset."                (Patricia López, Crónica Libre, 08/08/23)

El largo cuento de Villarejo, un policía corrupto disfrazado de agente encubierto... Ernesto Ekaizer desgrana cómo la Fiscalía General del Estado destituyó al fiscal cuya investigación ha sentado en el banquillo al comisario jubilado José Manuel Villarejo

 "¿Quién es José Manuel Villarejo, el hombre de la intriga española del momento, nacido el 3 de agosto de 1951 en El Carpio, donde vivió hasta el traslado de su familia de la comarca a la capital, a finales de esa década, y que entre otras actividades presumió de criador de caballos?

El pueblo de El Carpio, ¿es el mismo que en su remoto origen, la Onvba (Onuba) de la comarca del Alto Guadalquivir, describió el caballero de la orden ecuestre de Roma, el escritor y militar romano Cayo Plinio Segundo o Plinio el Viejo (siglo I después de Cristo), allí donde se acuñaron, a veintiocho kilómetros al este de la provincia de Córdoba, las monedas con su nombre en medio de dos espigas de trigo?

El antiguo comisario, según el fiscal Miguel Serrano, es un hombre que practica un continuo “juego de espejos donde nada es lo que parece”. En palabras de Serrano: “Un funcionario policial corrupto envuelto en la bandera del patriota que busca un ánimo de lucro permanente”.

¿Un “comerciante” nato, como lo describe su compañero de la prisión de Estremera, el abogado y presuntamente socio Alfonso Pazos en un proyecto empresarial de monetización de informes reservados y clasificados, así como del ofrecimiento a cambio de dinero de su declaración judicial a favor de algunas de las antiguas víctimas de su espionaje, con el objetivo de conseguir la nulidad judicial de pruebas reunidas contra ellas?

“Creo que estamos perdiendo de vista el tema Villarejo. Todo lo que hizo Villarejo fue un montaje para ganar muchísimo dinero. El negocio de Villarejo era la pasta, la suya”.

¿Quién afirma esto?

¿Acaso Ignacio Stampa, el fiscal que inició las diligencias de investigación en marzo de 2017 desde la Fiscalía Anticorrupción?

No. Stampa fue apartado de la Fiscalía Anticorrupción el 27 de octubre de 2020 por la entonces fiscal general del Estado, Dolores Lola Delgado, mediante el simple expediente de denegarle una plaza fija, a horcajadas de un ficticio StampaGate con la inestimable colaboración de los enemigos de la investigación. No pudo Stampa, por tanto, subir al estrado del juicio oral de las piezas Iron, Land y Pintor para decir las palabras que hemos citado.

Quien lo afirma es un hombre que ha estado cuarenta y seis años en el servicio activo de la Policía Nacional.

“Yo no estoy en condiciones de valorar si Villarejo ha hecho mucho bien al Estado español o [si] ha dejado de hacerlo. Es que no me consta”. Es el comisario José García Losada, a cargo de la Comisaría General de Policía Judicial por primera vez en 2000 y una segunda entre julio de 2012 y octubre de 2013. Conoció a Villarejo en 1974; García Losada estaba destinado en esas fechas como policía a la actividad del cuerpo en Guipúzcoa, en concreto en San Sebastián, donde Villarejo ya llevaba un año. Tenían veintidós o veintitrés años.

En esta casa de los espejos, a modo de espectáculo de parque de atracciones, José Manuel Villarejo se mueve a sus anchas. El comisario García Losada ha narrado que Villarejo, después de muchos años, le visitó en 2000, cuando era por primera vez comisario general de la Policía Judicial, para decirle que era “un agente encubierto”. He aquí el relato de García Losada en la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. “Decirle a un comisario general de Policía Judicial que un policía es agente encubierto, manda…, conociendo la regulación del agente encubierto en España” [algo que requiere autorización de un juez].

García Losada es un apasionado de las estafas. “A mí me gusta mucho el mundo de las estafas y del timador español de toda la vida. Había una forma que se llama cuento largo. Es el timador que enrolla a las personas, a base de darles vueltas, con circunloquios, como por ejemplo en la estampita, el tocomocho, y están hasta que convencen a la víctima. Este señor [Villarejo], el tema del agente encubierto lo utiliza como cuento largo para los clientes que tiene. Todo esto lo hace para ganar dinero, él no lo hace por el bien del Estado, ni por la sociedad española. Es para llenarse bien de pastita. Todo el mundo sabía que este hombre tenía un negocio, entre comillas de detective privado, de agencia de información. Una incompatibilidad absoluta”.

Los fiscales Serrano y César de Rivas han sostenido que el negocio al que se refiere García Losada es el negocio de la “extorsión”. Que el trabajo de Villarejo era en gran parte, por no decir su actividad mollar, la extorsión y la creación de las condiciones para que sus clientes se vieran necesitados de información para ejercitarla. El espejo varía la percepción de las cosas. El espejo engaña.

Villarejo rechaza tajantemente las versiones que hemos reflejado. Sostiene que ha sido víctima de una conjura contra él por ser un policía independiente con un conglomerado de empresas que hacían de tapadera. Se ha colocado a sí mismo en el centro de todos los escenarios de aquellas operaciones de guerra sucia contra adversarios políticos y de cover-up, encubrimiento, practicadas desde la cúpula policial y la cúpula del Ministerio del Interior. No desde las cloacas mediante acciones parapoliciales. Desde la cabeza misma.

Y sobre García Losada, nuestro entonces comisario sostenía el 6 de diciembre de 2012, en la punta del ovillo de la llamada Operación Cataluña —el célebre borrador ficticio para frenar al independentismo catalán publicado por El Mundo al que Villarejo llamaba su “cañón Bertha”—, según una nota que cursaba a Chisco, uno de los sobrenombres, junto con Choco, que utilizaba para referirse a Francisco Martínez, entonces director de gabinete del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y poco después su número dos con el cargo de secretario de Estado de Seguridad, que era “muy flojo”. Esto es: no toleraba iniciativas irregulares, por no decir abiertamente ilegales, ni miraba para otro lado. García Losada demostró que lo que Villarejo considera su obra maestra para cortar las alas del independentismo —el borrador fabricado y atribuido a la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) en noviembre de 2012, en plenas elecciones autonómicas catalanas— era una manipulación deliberada."              

(Ernesto Ekaizer (Buenos Aires, 1949) es periodista de ‘El Periódico de Cataluña’ y fue director adjunto de EL PAÍS. Este extracto es un adelanto de su último libro, ‘Operación Jaque Mate. Cómo acabaron con el fiscal del caso Villarejo’,El País, 24/05/23)

Stampa, primer fiscal del ‘caso Villarejo... exintegrante de Anticorrupción, y apartado de la causa tras una campaña de acoso, relata los primeros pasos de la investigación: “Nos dijeron: ‘¿Ustedes saben dónde se están metiendo?”

 "Cuenta Ignacio Stampa, el primer fiscal del caso Villarejo, que cuando la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía procedía al primer registro de la casa de José Manuel Villarejo en noviembre de 2017, el comisario jubilado se le queda mirando en cierto momento. Conducido por los agentes, el antiguo agente acababa de regresar a su domicilio desde el hospital, después de fingir supuestamente un infarto, cuando se topa con Stampa y su compañero Miguel Serrano, ambos entonces destinados en la Fiscalía Anticorrupción (al primero lo acabarían apartando), impulsores de las pesquisas que cercaban por primera vez al bautizado como rey de las cloacas del Estado.

 “Yo recuerdo cuando entra. Y me mira como [diciendo]: ‘Esta escoria, qué hace aquí sentada en mi casa”, rememora años después Stampa, antes de detallar cómo descubrieron el archivo secreto del sospechoso en una caja fuerte de su salón: “Allí había tal cantidad de material informático, microcassettes y cosas, que te dices: ‘Es verdad, no es una leyenda, es verdad que lo graba todo desde hace 40 años”.

Las palabras del exintegrante de Anticorrupción —Serrano sigue en esa Fiscalía— resuenan con una enorme fuerza. Lo hacen en el podcast titulado El País de los demonios, producido por Spotify, con el periodista Álvaro de Cózar en la dirección y el guion, junto a Eva Lamarca. Un ejercicio de reporterismo con el que De Cózar, autor en 2016 de V, las cloacas del Estado, regresa a la oscura figura de Villarejo, ese policía que durante décadas se movió en las sombras. “Yo quería buscar una historia con la que cerrar el círculo”, explica el director, después de que el comisario también apareciera en otras tres series de audio que encabezó: XRey, sobre el rey emérito Juan Carlos I; Los papeles, sobre cómo EL PAÍS publicó los papeles de Bárcenas en 2013 y el PP intentó eliminar pruebas; y 22.424, sobre el caso Bankia.

Con 10 episodios de unos 30 minutos de duración, Stampa asume parte del protagonismo en El País de los demonios, cuyos dos primeros capítulos ha podido escuchar este diario. El miembro del ministerio público, destinado ahora en la Fiscalía de Madrid, narra por primera vez en público su experiencia como primer fiscal del caso Villarejo: desde que Manuel Moix, entonces jefe de Anticorrupción, se lo encarga al poco de aterrizar en esta área especializada (“Nada más llegar sabes que eso es un marrón, un problema; y que no es un regalo. Inmediatamente pensé, por qué se lo van a dar al último que ha llegado”) hasta que lo apartan de las pesquisas tras sufrir una campaña de acoso mediático, además de los ataques de la ultraderecha y el propio Villarejo.

“Es una historia sobre cómo el sistema te hace un encargo y cómo después te deja caer”, resume De Cózar sobre el podcast, en el que el periodista llega a afirmar: “El sistema acabó tragándose al fiscal Stampa”. En los primeros episodios, Stampa explica que desembarcó en Anticorrupción desde la pequeña Fiscalía de Arrecife (Lanzarote), donde el “cacique principal de la isla” ya le había montado una campaña mediática en contra —“fue muy doloroso, pero aquello no fue nada con lo que me vino después”, avanza—. Él creía que llegaba a “la cima, por la trascendencia de los temas que allí se investigan”, pero no imaginaba lo que venía.

 Su compañero Miguel Serrano, según cuenta el propio Stampa en el podcast, sí lo advirtió: “Miguel Serrano me dijo, con la sabiduría propia que él me ha demostrado en este asunto, dos cosas que se han cumplido: Una, lo peor va a ser el fuego amigo; y dos, no vamos a llegar juntos al otro lado de la orilla”. En otro momento, el exfiscal de Anticorrupción también relata el terror que invadía a Francisco Menéndez, un antiguo cliente de Villarejo que se atrevió a colaborar con el ministerio público, y que facilitó los primeros documentos que sirvieron para abrir la investigación contra el comisario: “Menéndez nos muestra el miedo que tiene. Lo primero que nos dice es: ‘¿Ustedes saben dónde se están metiendo?”, rememora.

El relato de Stampa también se centra en uno de los grandes momentos de la investigación. Ese instante en el que los fiscales y los agentes de Asuntos Internos se topan con la caja fuerte del salón de Villarejo. Y la abren. Y descubren esa ingente cantidad de material, que ha provocado que la Audiencia Nacional abra ya 36 líneas de investigación sobre los tejemanejes del comisario jubilado: incluido encargos de espionajes de empresas del Ibex 35 y la Operación Kitchen, la trama parapolicial urdida en el Ministerio del Interior para robar al extesorero popular Luis Bárcenas documentos comprometedores que pudiera guardar sobre altos cargos del PP. “[Lo que contenía] era una demostración de la evolución tecnológica: microcassettes, disquetes, cds, pendrive... ¡Todo! ¡Era toda la gama”.

Stampa explica que, ante tal cantidad de material, un policía miró a los fiscales como diciendo: “Pero, ¿[nos llevamos] todo? ¿todo, todo?”. Y que él pensó: “Si hemos venido a esto. Hay que llevárselo”.

A la espera de sentencia

La investigación inicial de la Fiscalía acabó en el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, dirigido actualmente por el magistrado Manuel García-Castellón. Desde su arresto en noviembre de 2017, Villarejo permaneció más de tres años en prisión provisional. Quedó libre en marzo de 2021, ante la imposibilidad de que se celebrase el primer juicio contra él antes de cumplir cuatro años de encierro —máximo permitido por la ley—. Finalmente, a finales de ese 2021, comenzó la vista oral contra el comisario por tres de los presuntos encargos de espionaje que recibió, que quedó vista para sentencia en septiembre de 2022. El tribunal aún no ha dictado sentencia.

“Cuando hicimos V, las cloacas del Estado, hubo un montón de cosas que me contaron y que no pude incluir porque no podía probarlo. Pero que luego se ha demostrado”, revive Álvaro de Cózar. “No llegué a medir bien a Villarejo. Para mí, es un personaje enigmático. Porque, ¿qué es lo que quería? ¿Era solo por dinero? Me parece que no. Me parece que es algo que tiene más que ver con el poder... Con el poder que te da la información”, añade el periodista.

Los dos primeros capítulos ya están disponibles en Spotify, y cada semana se podrá encontrar en la plataforma una nueva entrega del podcast, que concluirá el 18 de abril."           (J. J. Gálvez, El País, 21/02/23)

La Justicia confirma la sanción del exfiscal jefe de Ourense por llegar a amenazar con la detención a una abogada que se quejó de su inactividad en una causa abierta contra el exalcalde de Ourense del PP

 "Florentino Delgado estuvo al frente de la fiscalía provincial de Ourense entre 2004 y 2019, hasta que obtuvo una plaza en el Ministerio Público de Madrid. En esos 15 años, Delgado fue sancionado dos veces por abusar de su cargo para atacar a sus enemigos y obtener beneficio personal: una por vivir ilegalmente durante años en un piso que pagaba la Xunta de Galicia, y otra por entorpecer una denuncia contra un alcalde del PP y amenazar a una abogada con detenerla. 

La primera sanción fue confirmada por la Audiencia Nacional en 2022 y ahora, según ha sabido elDiario.es, ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que ha ratificado la segunda: un total de 10 meses de suspensión y dos multas que suman 2.500 euros. Sus maniobras no fueron solo desconsideradas, sino que dejaron una “actitud intimidatoria” a la abogada, según los jueces.

El origen de este caso está en la causa judicial instada por la entonces concejala del PSOE en la ciudad, Áurea Soto, en torno a presuntas irregularidades cometidas por el gobierno anterior del PP en materia de aprovechamiento del suelo público de la localidad. Esa querella fue presentada por la abogada coruñesa Elena Díaz Valverde, que se encontró con que la inactividad de la Fiscalía ourensana entorpecía el avance del caso a un posible juicio.

La querella fue presentada en 2014 y Manuel Cabezas, alcalde del PP entre 1995 y 2007, fue absuelto el año pasado. Pero por el camino la queja de la letrada por la inactividad del Ministerio Público se tradujo en otras cuatro faltas –dos graves y dos muy graves– cometidas por Florentino Delgado. Todo arrancó cuando Delgado, como fiscal del caso contra el dirigente del PP ourensano, dejó siete meses sin contestar una petición de la acusación para llevarle a juicio o archivar la investigación.

Para entonces, destaca la Justicia, ya habían existido choques anteriores entre la letrada, la concejala y el fiscal por “fuertes discrepancias” y las denunciantes presentaron un escrito de impulso procesal para que la Fiscalía se pronunciara. Un asunto que terminó en manos de Florentino Delgado que decidió instruir un expediente dirigido contra él mismo, algo absolutamente ilegal como refleja su sanción.

A lo largo de su tramitación, llegó a llamar por teléfono al despacho de la abogada e, incluso, a citar a declarar a la letrada en calidad de testigo en cinco ocasiones bajo advertencia de ser detenida si no acudía. Una detención “improcedente”, recuerda su expediente sancionador, y que tenía un único objetivo: que ella diera marcha atrás en su denuncia. “El Fiscal Jefe pretendía con la citación referida que la letrada modificase los términos de la queja –que le afectaban directamente– y así poder archivar el expediente. En el marco de la causa penal contra el exalcalde del PP llegó a abrir diligencias penales contra la concejala del PSOE denunciante.

La letrada llevó sus quejas hasta la Fiscalía General del Estado, Delgado fue apartado de su puesto y ahora es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que confirma la cuádruple sanción que le impuso el Ministerio Público después de investigar el caso: 10 meses de suspensión y dos multas que suman 2.500 euros. Por no abstenerse en el expediente que le afectaba, por ignorancia inexcusable y por abuso de autoridad, sobre esta abogada y sobre otra trabajadora de su mismo despacho.

El ahora miembro de la Fiscalía Provincial de Madrid alegó ante los jueces, por ejemplo, que existieron irregularidades durante la investigación, que el Inspector Jefe no fue imparcial y que él no sabía que la queja de la abogada estaba dirigida específicamente contra él. Los jueces de lo contencioso-administrativo contestan: “No es posible argumentar que el recurrente no estaba identificado en el expediente gubernativo recibido de la Fiscalía Superior de Galicia, pues es evidente que tenía conocimiento del asunto”.

También confirman la parte de la sanción correspondiente con las ilegales citaciones a declarar a la letrada Elena Díaz con advertencias de detención. “No es posible apercibir de detención al margen de un proceso penal abierto, o que deba ser abierto (...) nos encontramos ante el desconocimiento del ámbito de ejercicio de la propia potestad”, reprochan los jueces. No hubo solamente “un trato desconsiderado”, dicen los jueces, sino también “una limitación de los derechos profesionales de la letrada al no obtener ninguna respuesta a su queja, cuando no de una actitud intimidatoria respecto a la misma al recibir hasta cinco citaciones con apercibimiento de detención”.

La casa gratis de Delgado

Florentino Delgado llegó a Ourense a finales de 2004 después de pasar, entre otros destinos, por Ciudad Real. Ese mismo año empezó a vivir en una casa cuyo alquiler corría a cargo de la Xunta de Galicia con un contrato que, sobre el papel, debía durar cinco años. Pero menos de tres años después de mudarse, el fiscal jefe empezó a recibir cartas y avisos verbales de la administración gallega: iban a dejar de pagar el alquiler porque, en realidad, no tenían obligación de hacerlo.

Llegaron a cortarle el agua en un par de ocasiones, pero Delgado no dejó la casa, y advirtió a la Xunta de que podían estar incurriendo en un delito de “coacciones inmobiliarias” si seguían intentando echarle. En un momento dado, incluso, se tomó la Justicia por su mano y abrió diligencias por este delito contra la secretaria general técnica de Patrimonio, departamento que exigía que abandonase la vivienda o empezase a pagar su propio alquiler.

Esto se tradujo en una doble sanción que confirmó la Audiencia Nacional en enero del año pasado: un año de suspensión por abusar de su puesto y seis meses más por no apartarse de un asunto que le afectaba directamente, al igual que hizo en el caso de la abogada. En esta sentencia, la Audiencia Nacional le acusó de actuar de manera “consciente y clara” en el “prevalimiento y abuso de su cargo y condición para lograr mantenerse en la situación más allá de lo que le correspondía ante la voluntad clara y reiterada de la Administración de la finalización de una prebenda carente de base legal alguna más allá de la mera liberalidad”.                            (Alberto Pozas  , eldiario.es, 12 de marzo de 2023)

El poder judicial también se pudre por la cabeza... La putrefacción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se está extendiendo al conjunto de dicho poder y al Ministerio Fiscal

 "La putrefacción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se está extendiendo al conjunto de dicho poder y al Ministerio Fiscal. 

¿Qué dice la Constitución del CGPJ?

Que es un órgano de gobierno del poder judicial y, por tanto, es un órgano de naturaleza política. Justamente por eso, el CGPJ no puede formar parte de dicho poder, es decir, no puede ejercer la función jurisdiccional, que ejercen de manera exclusiva y excluyente los jueces y magistrados que integran el poder judicial (principio de exclusividad). 

Por ser un órgano de naturaleza política, sus miembros tienen que tener legitimación democrática. Y legitimación democrática visible.

(Los jueces y magistrados en cuanto portadores de un poder del Estado también tienen que tener legitimación democrática, pero dicha legitimación les viene de “su sumisión únicamente al imperio de la ley” (art. 117.1 CE). Los jueces y magistrados no reciben su legitimidad democrática de manera directa de las Cortes Generales, sino de la manifestación de voluntad de las Cortes Generales objetivada en la ley. La legitimación democrática de los jueces y magistrados es “objetiva y pretérita” y no resulta, en consecuencia, visible. El Congreso y el Senado no eligen a los jueces, sino que hacen la ley a la que los jueces están sometidos. De ahí que la primera obligación de los jueces y magistrados en el ejercicio de la función jurisdiccional sea la de “hacer visible” su legitimidad mediante “la motivación” de su decisión, es decir, la identificación de la ley y la interpretación de la misma con base en la cual han tomado la decisión que han tomado. “Las sentencias serán siempre motivadas” (art. 122.3 CE) Por “sentencias” hay que entender cualquier decisión de naturaleza jurisdiccional. La “motivación” es la forma en la que se hace visible lo invisible en el ejercicio de la función jurisdiccional).

La legitimación democrática de los miembros del CGPJ, por el contrario, sí tiene que ser una legitimación visible. Porque ellos no ejercen la función jurisdiccional, sino una función política, de “gobierno”.

Legitimación democrática visible solo la transmitimos los ciudadanos y ciudadanas mediante el ejercicio del derecho de sufragio y, con base en el resultado del ejercicio de ese derecho, las Cortes Generales, que es el único órgano constitucional que elegimos directamente los ciudadanos.

Como consecuencia de ello, es obvio que los miembros del CGPJ únicamente pueden ser elegidos por el Congreso de los Diputados y el Senado. Únicamente el órgano constitucional Cortes Generales puede trasmitir legitimidad democrática. No hay ningún otro que pueda hacerlo, porque nadie más la tiene.

De esta transmisión de la legitimidad democrática de manera exclusiva por las Cortes Generales deriva la exigencia de la renovación periódica de los miembros del CGPJ, vinculada a la renovación las propias Cortes. Aunque no se hace coincidir exactamente en el tiempo, solo se admite la desviación de un año. Las Cortes Generales cada cuatro años. El CGPJ cada cinco.   

De dicha transmisión de naturaleza política deriva también la exclusión de la prórroga del mandato. De la misma manera que es improrrogable el mandato de diputados y senadores, tampoco puede serlo el de los miembros del CGPJ. Porque se pierde la conexión en la transmisión de la legitimidad. Transcurrido el plazo del mandato, tanto los diputados y senadores como los miembros del CGPJ carecen de legitimidad para poder continuar ejerciendo la función que tienen constitucionalmente encomendada. Los diputados y senadores pierden la conexión con el “cuerpo electoral”. Los miembros del CGPJ con los depositarios de dicha legitimidad recibida del cuerpo electoral. 

Desde 2018 se está incumpliendo la Constitución de manera manifiesta. El CGPJ carece de legitimación democrática y no está, en consecuencia, en condiciones de ejercer la función de “gobierno” del poder judicial. La prórroga de un órgano de naturaleza política es “constitutivamente anticonstitucional” por la desconexión que supone con el principio de legitimidad democrática.

De esa situación “constitutivamente anticonstitucional” deriva la putrefacción del órgano, que salta a la vista. Y de la prolongación de dicha putrefacción deriva el desorden que empieza a hacerse visible en el conjunto del poder judicial y que se extiende al Ministerio Fiscal, a los Letrados de la Administración de Justicia y a los funcionarios, cuyo trabajo es imprescindible para el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. 

Pruebas de todo ello las estamos teniendo todos los días a través de la información que transmiten los diferentes medios de comunicación. Hasta que se vuelva a respetar la Constitución, el desorden irá a más, no pudiéndose excluir que lleguemos a un punto de no retorno, que no tenga solución en términos constitucionales.

La putrefacción del poder judicial también empieza por la cabeza."                (Javier Pérez Royo , eldiario.es, 4 de mayo de 2023)