Radiografía de la corrupción en España: de los 15 años de 'Gürtel' a los pelotazos de las mascarillas

 "La gran marca de la corrupción política en España es Gürtel, la red corrupta que anidó en varias comunidades gobernadas por el PP y en el propio seno del partido, condenado dos veces por lucrarse de la trama. Pero un nuevo fenómeno corrupto podría desplazar de la memoria colectiva esta marca como el paradigma de la corrupción pública. 

Los contratos de emergencia durante la pandemia para adquirir mascarillas y otros productos de protección irrumpen en los juzgados, tres años después de ejecutarse, con sospechas de corruptelas relacionadas con tráfico de influencias y comisiones desmesuradas. 

El 15 aniversario del inicio del caso Gürtel, en febrero pasado, ha quedado ninguneado por la eclosión de un nuevo caso de corrupción, el llamado caso Koldo, sobre los contratos de mascarillas adquiridos por varias administraciones públicas por 54 millones de euros vinculados a un exasesor del que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el Gobierno de Pedro Sánchez.

El 9 de febrero de 2009, el entonces juez Baltasar Garzón inició la investigación del caso Gürtel , que se ha saldado por el momento con cerca de 70 condenados, y aún hoy quedan juicios pendientes. Uno de ellos es el derivado de la pieza Arganda, sobre las adjudicaciones irregulares en la localidad del sureste de Madrid, fijado para el 24 de junio próximo.

La foto que dejó para la posteridad la plana mayor del Partido Popular, el 11 de febrero de 2009, arropando al presidente del partido, Mariano Rajoy, tras la rueda de prensa por las primeras detenciones ordenadas por Garzón, cobra hoy un valor especial. No solo porque algunos de aquellos dirigentes resultaron luego condenados en diversas piezas separadas del caso Gürtel, como Ana Mato, exministra de Sanidad, sino también porque demuestra que la estrategia defensiva del PP ante sus casos de corrupción se transmite a las nuevas generaciones.

Victimismo como defensa

Si entonces Rajoy acusaba a los jueces y fiscales de emprender una persecución contra el PP, 15 años después otra dirigente del partido, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, hace exactamente lo mismo cuando trata de defenderse de la acusación de lucrarse de los fraudes fiscales cometidos por su pareja.

Cuando la Fiscalía presentó una denuncia contra Alberto González Amador, pareja de Ayuso, por defraudar 350.000 euros procedente de comisiones por actuar como intermediario en la compra-venta de mascarillas, la presidenta de Madrid no dudó en culpar al mismísimo presidente del Gobierno de emprender una "cacería" contra ella y su familia. 

El juez Joaquim Bosch, autor de uno de los ensayos más certeros sobre la corrupción en España, La patria en la cartera: Pasado y presente de la corrupción en España, publicado por Ariel, cree que los últimos casos de corrupción sobre la compra de mascarillas en la pandemia  "eran previsibles, porque es sabido que cuando disminuyen los controles, aumentan las prácticas corruptas".

Para Bosch, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Moncada (València), "el gran problema de España es la corrupción estrictamente política y ahí estamos en los niveles más altos de Europa. En casi todos los territorios tenemos como procesados a concejales, alcaldes, presidentes autonómicos o presidentes de diputación. La corrupción que llega a los juzgados es solo la punta del iceberg".

Radiografía actual en los juzgados

La corrupción pública, es decir, aquella que protagonizan funcionarios, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos y que afecta esencialmente al dinero público, se saldó el año pasado en España con 38 sentencias condenatorias, de un total de 54. Los tribunales concluyeron 32 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral contra 185 personas y 71 sociedades mercantiles, según informa el CGPJ. 

Dos de esos procesados son Alberto Luceño y Luis Medina, los comisionistas que se hicieron de oro en plena pandemia, al ingresar casi siete millones de euros por hacer de intermediarios en la compra de material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid.

El juez Adolfo Carretero dictó auto de apertura de juicio oral contra los dos comisionistas en octubre de 2023 y la Fiscalía pide un total de 24 años de prisión para ambos por los delitos de estafa y falsedad documental. Indica el juez que Luceño y Medina inflaron el precio de las mascarillas un 60%; un 81% en el caso de los guantes; y un 71% en el de los test; sobrecostes que fueron a parar a sus propios bolsillos en forma de comisiones. Luceño obtuvo 5,1 millones de dólares y el aristócrata Luis Medina, un millón.

Sin embargo, desde los primeros momentos de la investigación, el juez  Carretero y la Fiscalía no quisieron profundizar en la posible responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid, que abonó casi 12 millones de dólares a una empresa de Malasia, Leno, por la compra del material sanitario, con la que jamás cruzó una palabra o un mail si no fue a través del comisionista Luceño. Él y Medina pudieron llegar hasta el consistorio gracias a un primo del alcalde Almeida. 

Nueve delitos detrás de la corrupción

La corrupción política y la administrativa engloban los siguientes delitos: prevaricación urbanística; prevaricación de funcionarios públicos; malversación; cohecho; infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos; tráfico de influencias; fraudes y exacciones ilegales; negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función; y receptación y blanqueo de capitales. 

En el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora anualmente la organización Transparencia Internacional (TI), España figura en el puesto 36 de 180 países, con una puntuación de 60 sobre 100 --en la que cuanto mayor es la puntuación menor es la presencia de corrupción--."España debe emprender un esfuerzo importante para mejorar su posición. Aún hay muchas reformas legislativas contra la corrupción pendientes. El cumplimiento de los objetivos fijados en el IV Plan de Gobierno Abierto van lentos", dice a este diario Silvina Bacigalupo, presidenta de Transparencia Internacional España, que además subraya: "Una economía como la española tendría que aspirar a tener mejor puntuación en el ranking mundial, pero sobre en comparación con los Estados miembros de la UE ".

España se sitúa en el mapa global de Transparencia Internacional junto a Letonia y San Vicente y las Granadinas; en un puesto por encima de Botsuana, y dos por encima de Catar. Dentro de los Estados miembros de la UE, España se sitúa en el puesto 14 de los 27, por debajo de Portugal y por encima de Italia. 

25.000 contratos bajo sospecha

En 2012, el Estado español obtuvo la mejor puntuación de la historia, con 65 puntos, tras lo cual llegó el batacazo con la corrupción de los gobiernos del PP, alcanzando en 2017 la peor puntuación, 57 puntos. Tras la moción de censura que desbancó a Mariano Rajoy de la presidencia del Gobierno, España fue ganando puntos hasta lograr 62 en 2020. 

Silvina Bacigalupo, que es Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, explica que los avances o los retrocesos en la lucha contra la corrupción tienen reflejo directo en el Índice de Percepción de la Corrupción. Su organización recomienda a España para mejorar en el Índice, entre otras cosas, no demorar más la renovación del CGPJ; suprimir el programa de visados dorados, sobre la adquisición del permiso de residencia o la nacionalidad española para extranjeros que inviertan en España; el impulso en la regulación del registro de grupos de interés; y la mejora de la transparencia parlamentaria.

"Los casos de presunta corrupción que están aflorando ahora sobre la compra de material sanitario en la pandemia se reflejarán en el Índice del año que viene o del siguiente --indica la presidenta de Transparencia Internacional España--. Uno de los indicadores importantes que mide el Índice es precisamente el enjuiciamiento de los casos de corrupción, si esos casos se investigan judicialmente, si hay condenas o si quedan impunes". 

Comisiones de investigación

Durante la pandemia por la covid se produjeron en toda España unos 25.000 contratos de emergencia por parte de las administraciones públicas para dotarse de material sanitario. "No significa que se tenga que hacer una auditoría general, pero sí de aquellos donde afloren irregularidades", considera Bacigalupo. 

El Congreso de los Diputados ha aprobado la creación de una comisión de investigación sobre la compra de mascarillas durante la pandemia por parte de todas las administraciones públicas, que se centrará especialmente en el caso Koldo, el caso del novio de Ayuso, el caso de las mascarillas adulteradas que compró el Ayuntamiento de Madrid, además del caso Luceño y Medina. El Senado desarrollará otra comisión similar.

"Las comisiones de investigación parlamentarias me parecen bien siempre que no se conviertan en un disparador del adversario político. Ojalá esta vez sirvan para generar políticas preventivas de la corrupción", dice el juez Joaquim Bosch."              (Ana María Pascual, Público, 29/03/24)

García Castellón y el ‘lawfare’ reversible: “línea roja” de protección a la dirección del PP y un centenar de casos archivados... A las instrucciones desproporcionadas contra la izquierda y los independentistas se suma la insistencia del juez de la Audiencia Nacional en no investigar a Cospedal o Rajoy en el caso Kitchen y a las masivas exculpaciones de cargos del PP madrileño en las causas de corrupción Púnica y Lezo

 "La utilización de la justicia para atacar al adversario político tiene su reverso en la protección de uno de los contendientes. La actuación de Manuel García Castellón recoge indicios de ambas versiones de la politización de la justicia en los últimos años, tanto en la actuación desproporcionada contra la izquierda y los independentistas como en la protección de la principal formación de la derecha, el Partido Popular. Alrededor de la dirección del partido, el magistrado trazó una infranqueable “línea roja” para evitar una investigación, según denunció la Fiscalía Anticorrupción en el caso Kitchen. Para 270 investigados en las causas de corrupción Púnica y Lezo, el juez dictó autos de archivo; un centenar de ellos corresponden a cargos públicos del PP. 

La negativa del juez a circunscribir la operación parapolicial de espionaje a Luis Bárcenas al Ministerio del Interior delimitó las responsabilidades en personas ajenas al Partido Popular, ya fueran los policías investigados o los políticos Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez. El ex ministro fue expulsado del partido; Martínez militó apenas dos años y rompió su carnet. Había indicios acumulados de que las maniobras contra el ex tesorero del PP eran conocidas -si no dirigidas- desde Génova, en cuyos despachos de la zona noble estaban los mayores interesados en que alcanzaran su objetivo.

El juez dictó el fin de la instrucción de la pieza 7 del caso Villarejo, denominada Kitchen, el 29 de julio de 2021, último día laborable antes de las vacaciones estivales de aquel año. El recurso de la Fiscalía Anticorrupción llegó en septiembre. En él, los fiscales calificaban de “sorpresivo” el cierre de la investigación, cuando aún quedaban diligencias por practicar. Reconocían que los indicios contra los policías y los políticos de Interior eran más contundentes que contra la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el presidente Mariano Rajoy, pero ¿por qué no quería indagar el juez sobre los que apuntaban a la cúpula del PP?

En la página 67 del extenso recurso, Anticorrupción afirmó: “Lo que parece es que ese paso no se quiere dar. Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación. Kitchen, en la instrucción, no es más que esto, se llega a decir por el instructor después de describir los hechos que se conocían al inicio de la pieza separada número 7 [Kitchen]”.

En el momento de los hechos que se investigaban, Cospedal era presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, pero ni desempeñaba un puesto en el Gobierno ni mucho menos en el Ministerio del Interior. Pese a ello se reunió en múltiples ocasiones con Villarejo, un policía ajeno a la causa judicial de Gürtel y la caja B pero que presumía de haberla cortocircuitado para que no alcanzara a la cúpula del PP. Consta en las anotaciones de su agenda, a la que Asuntos Internos y Anticorrupción dan credibilidad tras constatarla con hechos que están acreditados. En ellas se recogen las visitas a la sede del PP del comisario, por el garaje, sin que nadie pudiera verlo. También, los pagos que habría recibido de Cospedal, a través del jefe de gabinete de esta. E incluso la grabación en la que la entonces número dos del partido y su marido encargan “trabajos puntuales” al policía. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó todos los recursos y apoyó el archivo de la causa. 

El cierre de la instrucción también afectaba a Mariano Rajoy, ex presidente del Gobierno y del Partido Popular. El juez había abierto una línea de investigación, mucho más incipiente, sobre si era cierto que Villarejo se comunicaba directamente con él, como el comisario había asegurado ante el Congreso de los Diputados. Cuando El País publicó meses después un audio en el que Cospedal pide por teléfono al comisario que “pare” la publicación de los papeles de Bárcenas, la contabilidad del dinero negro del partido, el juez tampoco vio motivos para reabrir la investigación. La instancia superior volvió a darle la razón. 

Los indicios de que Cospedal habría dirigido las actuaciones tendentes a anular las causas judiciales contra el partido renacen en una pieza que lleva instruyéndose poco más de un año y de la que solo se supo cuando la Sala de lo Penal, esta vez en contra del criterio del juez, le ordenó reabrirla. Los magistrados consideraban que García Castellón no había practicado las diligencias mínimas solicitada por el principal perjudicado y le obligaron a llamar a declarar, entre otros, a María Dolores de Cospedal como testigo. Ese perjudicado, el abogado Javier Gómez de Liaño, acaba de solicitar nuevas diligencias sobre las que el juez debe decidir. La pieza trata de esclarecer una maniobra para atribuir delitos al entonces letrado de Bárcenas por orden de un “lobby jurídico” detrás del cual estaría el PP y la propia Cospedal.

Púnica, Lezo y tres ex presidentes madrileños

Manuel García Castellón regresó a su plaza en el Juzgado Central de Instrucción número 6 en 2017. En aquel momento, el juzgado estaba empantanado con dos voluminosos casos de corrupción sobre la gestión del Partido Popular en la Comunidad de Madrid: Púnica y Lezo. Junto a los casos Gürtel y PP, se trataba de las causas que provocaban un mayor desgaste al partido: tres presidentes de la Comunidad de Madrid han estado imputados –Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González– así como el secretario general del PP provincial Francisco Granados. Los dos últimos han pasado largas temporadas en prisión. 

 En ambas causas de corrupción han resultado eximidos de responsabilidad 270 investigados, de los que un centenar son cargos del PP y otras personas vinculadas al partido, según un cálculo adelantado por El Plural. De las distintas piezas que componen las macrocausas hay una que ata a ambas y que destaca sobre el resto, la que investiga la financiación irregular del partido en Madrid. En la misma, García Castellón dictó el sobreseimiento provisional de 57 personas de las que 23 son cargos del PP.

En este cálculo se incluyen los archivos que fueron apoyados por la Fiscalía Anticorrupción o ratificados por la Sala de lo Penal, si bien algunos de los casos más destacados quedaron fuera de la causa con la oposición del Ministerio Público. Las fiscales del caso Púnica aspiraban al procesamiento de Esperanza Aguirre, pero una orden del fiscal jefe de Anticorrupción hizo que no firmaran el informe final en el que quedaba fuera la ex presidenta."                          (Pedro Águeda  , eldiario.es, 9 de diciembre de 2023)

La interminable operación Púnica: a juicio la rama local de una trama que llega hasta la 'caja B' del PP de Aguirre

 "Un lunes de octubre de 2014 la Guardia Civil ejecutaba una de las mayores operaciones anticorrupción de la historia de España. La operación Púnica arrancaba con la detención de Francisco Granados y más de medio centenar de personas acusadas de formar parte de una red de corrupción municipal y regional asentada, sobre todo, en la Comunidad de Madrid. Casi una década después el caso acumula más de diez piezas separadas, una condena firme y tres ramificaciones a la espera de juicio. La última, hace unos días, cuando la Audiencia Nacional procesó a 21 personas por contratos irregularmente adjudicados en tres localidades madrileñas.

El caso, en realidad, había arrancado casi un año antes, cuando la Fiscalía de Suiza contactó con las autoridades españolas para explicar que habían encontrado varias cuentas sospechosas y ligadas a un político español. Meses después Francisco Granados era arrestado por orden del sexto juzgado de la Audiencia Nacional. Mano derecha de Esperanza Aguirre durante años en la Comunidad de Madrid, había dejado sus puestos en política y su escaño en el Senado meses antes por tener cuentas en Suiza desde 1999.

El estallido de la operación Púnica desveló que el problema no era solo que Granados hubiera amasado su fortuna en Suiza a espaldas del fisco español. La investigación hizo aflorar una red de corrupción que atravesaba una docena de municipios en Madrid, León, Murcia y la Comunitat Valenciana con adjudicaciones millonarias manipuladas a favor de determinados empresarios y con la financiación irregular del PP de Esperanza Aguirre de fondo.

El caso con epicentro en el Valdemoro de Granados estuvo a punto de irse a pique por un chivatazo pero finalmente se llevó por delante a media docena de alcaldes, puso a la filial española de GDF Suez en el centro de la trama de contratos amañados y sacó de las profundidades del Registro Mercantil al empresario David Marjaliza. De conseguidor de la trama a colaborador de alta gama para los investigadores, el hombre que reconoció haber quemado carros de la compra llenos de documentación comprometedora es el protagonista de la última pieza enviada a juicio por Manuel García Castellón.

El auto de procesamiento de esta ramificación del caso deja al borde de juicio a 21 personas por la adjudicación irregular de más de 30 contratos públicos a empresas ligadas a Marjaliza en Valdemoro y Torrejón de Velasco, entonces gobernadas por el Partido Popular, y Serranillos del Valle, localidad gobernada entonces por el partido independiente Unión Democrática Madrileña. La trama se quitó el corsé del ladrillo y se lanzó a captar el máximo de servicios posibles: el estacionamiento regulado, la recogida de ropa usada, la explotación de cafeterías, párquines, pistas de pádel, los comedores escolares, la grúa municipal o la asistencia jurídica del consistorio.

Según los investigadores y según ha reconocido el propio empresario, en esos años (2010-2014) David Marjaliza se convirtió en uno más en los procesos públicos de adjudicación. Influía sin mucho esfuerzo en las decisiones municipales para que sus empresas se hicieran con unos contratos que, en ocasiones, no eran muy cuantiosos pero sí garantizaban décadas de acceso a las arcas públicas. Algunas de estas concesiones estaban programadas para durar hasta 40 años. A cambio, pago de comisiones o incluso encuestas “de contenido político” para valorar la imagen del alcalde de Torrejón de Velasco por el PP.

Los datos de esta pieza separada ilustran cómo Valdemoro se convirtió en el gran feudo municipal de la trama. El ayuntamiento que dirigió Francisco Granados hasta su salto a la política regional en 2003 de la mano de Esperanza Aguirre cuenta en este caso con tres ex alcaldes en la nómina de acusados: José Carlos Boza, José Miguel Moreno y el propio Granados. Con ellos nueve altos cargos del consistorio, incluyendo varios concejales, acusados de hasta siete delitos relacionados con la corrupción política y empresarial. Entre los expedientes bajo sospecha, el proyecto de construcción de un centro comercial con bolera y gimnasio con 75 años de negocio por delante.

De Cofely a la financiación ilegal del PP

La operación Púnica pertenece a la época dorada del naming de las causas de corrupción. En la actualidad una causa se bautiza como 'Mediador' si hay un empresario que hace de mediador, o 'Cuarteles' si la trama se desarrolla en cuarteles de la Guardia Civil. Pero hubo una época de filigranas en la que la Guardia Civil o la Policía Nacional llamaban 'Gürtel' a una causa porque así se decía en alemán el apellido de Francisco Correa, o 'Pokémon' si había tantos imputados que era imposible hacerse con todos. La Púnica debe su nombre al término en latín para referirse al árbol del granado, y eso lleva directamente al PP de Madrid, su cúpula y su financiación con Francisco Granados al frente.

Hay otras dos piezas listas para juicio de la docena que llegaron a abrirse. Una de ellas ahonda en la vertiente municipal de la trama: 37 personas al banquillo, entre ellas alcaldes de Torrejón de Velasco (PP), Moraleja de En Medio (PP), Parla (PSOE), Alcalá de Henares (PP), Valdemoro (PP), Collado Villalba (PP), Móstoles (PP) y Serranillos del Valle (UDM) por adjudicaciones irregulares a la multinacional Cofely por valor de casi 224 millones de euros y con David Marjaliza nuevamente como conseguidor para que los contratos de eficiencia energética cayeran en manos de la filial española del gigante gasístico francés GDF Suez. El mayor pelotazo de la trama fueron los 60 millones que Móstoles adjudicó a Cofely con Daniel Ortiz, diputado regional del PP hasta 2016, como alcalde.

La tercera pieza, ya acabada y lista para juicio, llevó a los investigadores a las cuentas del Partido Popular de Esperanza Aguirre y al centro de su autoproclamado estanque de ranas. García Castellón propuso el pasado mes de octubre que ocho personas fueran juzgadas por la financiación irregular del PP en dos elecciones regionales y unas generales entre 2007 y 2011, aunque una parte importante estuviera prescrita. Ocho procesados entre los que está Francisco Granados, el gerente del partido Beltrán Gutiérrez y el exconsejero madrileño Borja Sarasola. Y también 71 sobreseimientos, entre ellos el de Esperanza Aguirre, que una vez más evitará el banquillo de los acusados

Según el juez, los años faraónicos de Esperanza Aguirre fueron también los años de la financiación irregular de su partido y algunas de las campañas que la encumbraron en política. En 2011 el partido afirmó ante la Cámara de Cuentas que había gastado algo menos de tres millones de euros en las elecciones regionales en las que Aguirre había doblado en votos al PSOE. La realidad era que habían gastado más de siete millones, muy por encima del límite legal, y la diferencia estaba en la 'caja B' de dinero opaco que amasaba y gestionaban Granados y Gutiérrez.

Un dinero que salió de una docena de empresas que trabajaron en la campaña y que facturaban los trabajos de forma irregular para que la cuenta real del PP no llamara la atención y sacar adelante la contratación de espacios publicitarios en prensa y radio, comprar más de 300 banderas de poliéster o una campaña publicitaria relacionada con Nuevas Generaciones, entre otras cosas. Según la investigación hubo más pero está todo prescrito: por ejemplo en las elecciones de 2007, con la inauguración bajo sospecha de la línea de Metro que a día de hoy se traga las casas de los vecinos de San Fernando de Henares.

La financiación supuestamente irregular del PP, emulando a sus primos segundos de la Gürtel en Majadahonda o Pozuelo de Alarcón, no salpicará legalmente a Esperanza Aguirre. El juez García Castellón decidió dejar a la principal beneficiada de esa financiación fuera del procesamiento en una decisión que terminó por confirmar la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. No hay pruebas, afirman los jueces, que permitan acusar a Aguirre de conocer y permitir estas irregularidades.

Todas las ramas del punica granatum

Con la trama Gürtel ya en buena parte juzgada y sentenciada, la Púnica es la que promete copar el calendario de corrupción de la Audiencia Nacional en los próximos años, y no solo por estas tres piezas separadas con auto de procesamiento ya dictado. El negocio urbanístico de Valdemoro, los trabajos de imagen de Alejandro de Pedro o los manejos de Francisco Granados en la propia Comunidad de Madrid siguen en la cola de asuntos pendientes de la Audiencia.

Las dimensiones de la causa, con varios cientos de imputados a lo largo de su tramitación, han dejado hueco para las confesiones de David Marjaliza y Francisco Granados, hilo conductor de todas las piezas y supuestos cabecillas de la trama, con el dedo del segundo apuntando sin éxito a Aguirre. Pero algunas derivadas han llevado, por ejemplo, hasta la política actual.

Fue en 2016 cuando, tal y como ha contado elDiario.es, el nuevo equipo de Gobierno de la localidad de Arroyomolinos afirmó que había descubierto a la ex concejala de Juventud destruyendo documentación que tenía guardada en tres bolsas de basura. Esa concejala es la hoy alcaldesa de la localidad pero también vicesecretaria de organización territorial del PP de Madrid, en la práctica número 3 de Isabel Díaz Ayuso y está imputada por un juzgado de Navalcarnero. Acusada de adjudicar más de 670.000 euros a un empresario del que, además, cobraba por el alquiler de un piso al doble del precio de mercado. Varios de sus familiares trabajaron, además, para este empresario."                 (Alberto Pozas, eldiario.es, 30/04/23)

Una década de corrupción con Esperanza Aguirre al frente... Este fenomenal pillaje de fondos públicos fue perpetrado por distintas tramas corruptas que ya figuran entre las más extensas conocidas en democracia: hay más de 100 implicados entre cargos públicos y empresarios... Pero ni el PP de Madrid está acusado como partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos por sus dirigentes y por distintas empresas privadas, ni Esperanza Aguirre está procesada en ninguna de las causas judiciales de la corrupción... aunque los principales colaboradores de la expresidenta estén amenazados de cárcel

 "Una decena de investigaciones judiciales a lo largo de los últimos 15 años ha destapado múltiples casos de grave corrupción en los gobiernos de la Comunidad de Madrid que presidió Esperanza Aguirre entre 2003 y 2012. Este fenomenal pillaje de fondos públicos fue perpetrado por distintas tramas corruptas que ya figuran entre las más extensas conocidas en democracia: hay más de 100 implicados entre cargos públicos y empresarios.

Muchos de los delitos supuestamente consumados que están todavía pendientes de juicio beneficiaron a Esperanza Aguirre, candidata en dos campañas electorales para las que el PP de Madrid dispuso de más dinero del legalmente autorizado, de origen supuestamente ilícito y oculto al Tribunal de Cuentas.

Pero ni el PP de Madrid está acusado como partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos por sus dirigentes y por distintas empresas privadas, ni Esperanza Aguirre está procesada en ninguna de las causas judiciales de la corrupción.

La expresidenta no sabía nada, según confiesa ella misma, y el fiscal no halla indicios suficientes para atribuir a Esperanza Aguirre una “ignorancia deliberada” que pudiera inculparla. Este principio del derecho sirve para castigar a quienes “no quieren saber aquello que pueden y deben conocer, y se benefician de la situación”.

Los principales colaboradores de la expresidenta están amenazados de cárcel y viven bajo sospecha desde hace años. La lista de damnificados es cada vez más larga: sus dos vicepresidentes, algunos de sus consejeros, su jefa de prensa, el secretario general y el gerente del PP madrileño, a quienes Aguirre nombró y con los que despachaba habitualmente, están imputados, o procesados.

Esta situación que exculpa a Aguirre sobre la corrupción en instituciones y órganos que ella misma presidía genera una notable controversia. “No basta con que Aguirre presidiera los tres órganos donde se han producido los delitos: Fundescam, el PP de Madrid y el Gobierno de la Comunidad. Ningún subordinado suyo la señaló en los interrogatorios como conocedora de esa situación. Y con esos mimbres, no se puede acusar”, explica un fiscal anticorrupción conocedor del caso.

Uno de los procesados en los sumarios que afectan al PP de Madrid le responde: “Es surrealista que todos los que trabajaron a su alrededor y en su beneficio estén acusados de graves delitos por los que no se lucraron y ella haya sido exculpada por la Fiscalía Anticorrupción. Nadie se puede creer que en los tres órganos que presidía se produjeran irregularidades y que ella nunca supiera nada”.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón decidirá a quién sienta en el banquillo en el caso de la caja b del PP-Madrid con la que se financiaron las campañas electorales de 2007 y 2011. Este instructor ha concluido otras investigaciones que seguían abiertas por diversas tramas de corrupción vinculadas a dirigentes del PP de Madrid. Decenas de políticos y empresarios han sido procesados. En un caso, por el pago de mordidas a siete alcaldes del PP —más uno del PSOE y otro de un partido local— a cambio de adjudicar contratos de eficiencia energética a la empresa Cofely; en otro, por amañar concursos a favor de Water Music, una firma especializada en la organización de fiestas populares.

Vicepresidentes, consejeros y directores generales de los tres gobiernos de Esperanza Aguirre y una docena de alcaldes del PP de la Comunidad de Madrid están o han estado ya en prisión, están procesados pendientes de juicio o están imputados por graves delitos de corrupción en una decena de causas: Gürtel (dos etapas ya sentenciadas); Ciudad de la Justicia, Canal de Isabel II, Campo de Golf, Tren de Navalcarnero, Reputación online, caja b del PP-Madrid, fiestas municipales o publicidad institucional.

Esperanza Aguirre ganó por mayoría absoluta las segundas elecciones autonómicas madrileñas celebradas en octubre de 2003. Los primeros comicios de ese año, en mayo, se arruinaron por una espantada. El tamayazo —la traición de dos diputados socialistas que evitó un Gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid— provocó la repetición electoral y el PP de Aguirre logró la mayoría absoluta que había perdido unos meses antes. Desde entonces y hasta que dejó el cargo institucional, se sucedieron alrededor de la presidenta madrileña múltiples actividades ilegales y corruptas cometidas por sus principales colaboradores.

‘Caso Gürtel’. Alberto López Viejo, escudero para los actos de autobombo

Alberto López viejo está condenado a 27 años de cárcel por su enriquecimiento ilícito como colaborador de la trama Gürtel, una red empresarial corrupta que colonizó varias administraciones gobernadas por el PP donde recibió contratos a cambio de comisiones ilegales. Era el hombre de confianza de Esperanza Aguirre para los actos de propaganda. “Diseñó una novedosa política de comunicación con mayor presencia de la presidenta, que llevaba aparejada un incremento o multiplicación de sus actos institucionales”, escribe el Tribunal Supremo. López Viejo fue viceconsejero de Presidencia y consejero de Transportes con Aguirre. Llegó a adjudicar actos de la presidenta por 6,5 millones de euros al grupo empresarial de Francisco Correa, quien obtuvo un beneficio de 2,6 millones por estos contratos para cuya adjudicación se prescindía de “las más elementales normas”. López Viejo cobraba una mordida del 10% de lo facturado en cada evento contratado. Entre 2004 y 2008 se hicieron decenas de actos institucionales de Esperanza Aguirre con este sistema corrupto. La sentencia del Supremo establece que la red Gürtel se enriqueció gracias a cientos de contratos a dedo del Gobierno de la Comunidad de Madrid y al trato de favor en al menos cuatro grandes municipios madrileños gobernados por el PP.

Procesado Ignacio González por un campo de golf que ideó la presidenta

Esperanza Aguirre se trajo de un viaje a Japón la idea de levantar un campo de golf en el centro de Madrid: “Lo vi en Tokio y en las películas”. Aprovechando unos terrenos del Canal de Isabel II, el Gobierno regional se puso manos a la obra pese a la resistencia del Ayuntamiento de Madrid, que no acababa de autorizar la obra. Ignacio González era entonces presidente del Canal de Isabel II y “urdió un sistema para que las adjudicaciones recayeran en algún momento en una empresa vinculada a sus familiares, lo que les permitió embolsarse supuestamente más de medio millón de euros”, según el juez Manuel García Castellón. González, mano derecha de Aguirre como vicepresidente autonómico cuando ocurrieron los hechos, está procesado y la Fiscalía le pide cuatro años de cárcel.

El despilfarro millonario de la Ciudad de la Justicia

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha enviado a juicio el caso de la Ciudad de la Justicia de la Comunidad de Madrid, uno de los proyectos estrella de Esperanza Aguirre que se quedó empantanado en medio del escándalo. El exvicepresidente regional Alfredo Prada se sentará en el banquillo como máximo responsable de aquel despilfarro de fondos públicos a través de contratos amañados por más de 40 millones de euros. La Fiscalía pide ocho años de cárcel para el exvicepresidente por los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos. En una conversación de Aguirre con el comisario José Manuel Villarejo en marzo de 2014, muchos años antes de iniciarse la investigación del caso Ciudad de la Justicia, la expresidenta madrileña consideraba que su exvicepresidente Alfredo Prada era un “choricete” y explicaba que por esa razón lo había echado de su Gobierno.

La compra ruinosa de una empresa brasileña previa mordida de cuatro millones

El Canal de Isabel II, la joya de la corona de las empresas públicas madrileñas, se compró en 2012 una pequeña sociedad brasileña, Emissao, por 30 millones de dólares. En esa operación, los compradores eran directivos de Inassa, filial colombiana del Canal de Isabel II, y pactaron en secreto con el vendedor llevarse casi cuatro millones de euros en comisiones. El cerebro de esa operación, y principal directivo de Inassa, fue Edmundo Rodríguez Sobrino, a la vez consejero del diario La Razón. Cuando estalló el escándalo, los directivos del periódico presionaron a quien entonces era presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para que dejara de investigar un caso que afectaba de lleno a uno de sus consejeros. Fue inútil.

El juez Manuel García Castellón ha procesado a los directivos que participaron en esa compra y a Ignacio González, el expresidente autonómico que supuestamente iba a cobrar una parte de la mordida pactada con el vendedor brasileño aunque González nunca retiró el dinero que le correspondía.

Gastos electorales excesivos en 2007 y 2011 con dinero de origen ilícito

Tras casi siete años de investigación judicial del caso Púnica, la Fiscalía Anticorrupción ha concluido que el PP de la Comunidad de Madrid incurrió en gastos electorales muy superiores a los declarados al Tribunal de Cuentas, gastos que excedían los permitidos por la ley. La candidata que se benefició de este supuesto “dopaje electoral” fue Esperanza Aguirre, que ganó ambos comicios con mayoría absoluta. “La contabilidad presentada ante el órgano fiscalizador no respondía a la realidad de lo sucedido”, escribe el fiscal. Para ejecutar ese plan, del que supuestamente no sabía nada quien era presidenta del PP de Madrid y del Gobierno autonómico, “era necesario contar con empresarios afines que, realizando el servicio, posteriormente lo facturasen bajo otros conceptos”. El fiscal también detalla que el PP necesitaba “fuentes de captación de recursos, bien opacas, bien alterando el destino declarado y trasladar esos recursos a los prestadores de servicios, bien en metálico o bien a través de facturas alteradas”. Este mecanismo se repitió en, al menos, dos elecciones autonómicas. Pero el fiscal solo culpa al gerente del partido, Beltrán Gutiérrez, y al secretario general del PP de Madrid en 2011, Francisco Granados.

La tapadera de Fundescam para financiar mítines

Fundescam es una fundación del PP de Madrid que presidió Esperanza Aguirre. Se financiaba con subvenciones de la Comunidad de Madrid y con donaciones de empresarios privados, muchos de ellos contratistas de la propia administración regional. Los fondos de Fundescam, según la ley, solo podían utilizarse para la organización de seminarios, cursos, estudios y cosas similares. Pero el dinero de Fundescam se utilizó reiteradamente para actos electorales, según la investigación judicial. “Desviar fondos de una subvención para una finalidad distinta al motivo de su concesión y encubrir ese hecho con falseamiento de la facturación supone un delito de fraude y falsedad documental”, según la Fiscalía Anticorrupción.

Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid en la campaña electoral de 2011, le recordó al juez algunas anomalías que apreció en aquel momento. “Esas empresas no estaban contratadas por el partido y esas empresas, según constan en otros sumarios, habían sido contratadas por la Comunidad de Madrid, entiendo que esa fue la forma de remunerarles”. El Fiscal Anticorrupción le considera culpable de aquellos hechos y relata las maniobras de empresas como El Laboratorio de Almagro, “principal suministradora de servicios para la campaña” de Esperanza Aguirre, que facturó 1,2 millones de euros pero solo cobró 137.000 euros desde la cuenta electoral del PP.

Propaganda de la presidenta en redes sociales pagada con fondos públicos

La empresa EICO, de Alejandro de Pedro, llegó a un acuerdo con el Gobierno de la Comunidad de Madrid para cuidar la imagen de Esperanza Aguirre en internet. Y para ello crearon una serie de cuentas donde se ensalzaba a la presidenta autonómica y se contrarrestaban las críticas o noticias negativas de otros medios. Por ese trabajo, EICO cobró dinero público de la Comunidad de Madrid. El fiscal anticorrupción sostiene que “se decidió realizar adjudicaciones directas a EICO haciendo constar unos contratos menores de trabajos online para la Comunidad de Madrid pese a que tales trabajos jamás se hicieron, siendo la simple cobertura formal para poder abonar los otros sin levantar sospechas”.

El 1% de las constructoras que repartió el Gobierno regional entre empresas que trabajaban para el PP

El Gobierno de Esperanza Aguirre impuso en los concursos de obras (carreteras, hospitales, vivienda pública…) una cláusula por la que la empresa constructora que ganara el concurso tenía que dedicar un 1% del presupuesto a publicitar los trabajos. Ese 1% nunca lo gestionaron las constructoras sino los distintos departamentos de la Comunidad de Madrid, que en muchos casos adjudicaron ese 1% a empresas privadas como pago por los trabajos electorales hechos para el PP.

Pero Aguirre, según el fiscal anticorrupción, no conoció todos estos detalles: “Del resultado de la instrucción no puede considerarse acreditada la participación de Esperanza Aguirre Gil de Biedma en los hechos delictivos expuestos en la presente pieza separada, pues, más allá de la prescripción de los delitos electores asociados a las elecciones autonómicas del 2007 y del 2011, lo cierto es que no se han evidenciado indicios que permitan afirmar que la misma era conocedora de los mismos”. Anticorrupción recuerda en su relato exculpatorio de la expresidenta madrileña una conversación grabada durante la investigación en la que Aguirre le cuenta a Ignacio González que el PP de Madrid se excedió en los gastos electorales pero no incumplió la ley con los gastos de Fundescam. “Lo anterior podría plantear si se situó en lo que se ha denominado ignorancia deliberada, pero afirmar tal cuestión, considerando la ausencia de indicios, resulta insuficiente para sostener una acusación”."          

(José Manuel Romero , El País, 24/07/22)

El PP de Madrid y las ranas de la corrupción. Un repaso a la situación judicial de 46 genoveses madrileños... entre ellos se pueden encontrar: 1 Ministra, 2 Presidentas regionales del PPM, 2 ex Secretarios Generales, 1 Tesorero regional, 1 Gerente, 3 ex Presidentes de la CM,11 ex Consejeros, 6 altos cargos, 19 alcaldes, etc...

 "El anuncio de Pablo Casado de la venta de Génova 13 para justificar la cadena de derrotas electorales desde que es Presidente, así como los casos de corrupción que le rodean ha sacado a la superficie informativa lo que quizá no se conocía tanto y es que en la 1ª Planta de la sede nacional están alojados los genoveses del PP de Madrid.

Este dato no es baladí si tenemos en cuenta tanto el origen de Casado y buena parte de su actual dirección como el hecho cierto que son los genoveses madrileños los que encabezan el ranking de condenados, procesados e investigados por corrupción en casos como Gürtel, Púnica, Lezo, Kitchen, Campus de la Justicia, etc….

Hoy al rebufo de la actualidad más actual ponemos a nuestros lectores al día la situación judicial de las decenas cargos públicos a los que no le ha quedado otra que contratar los servicios de un abogado. 

Entre los seleccionados se pueden encontrar 1 Ministra, 2 Presidentas regionales del PPM, 2 ex Secretarios Generales, 1 Tesorero regional, 1 Gerente, 3 ex Presidentes de la CM,11 ex Consejeros, 6 altos cargos, 19 alcaldes, etc. 

En estos momentos del listado que se adjunta se encuentran 4 en prisión cumpliendo pena tras la sentencia firme de la PS 1999-2005 del Caso Gürtel.

Como es natural nos hemos dejado en el tintero a un número indeterminado de genoveses que, gozando de la presunción de inocencia, sin embargo, con datos en la mano y en los sumarios son sospechosos habituales de estar siempre en medio de la corrupción más corrupta. Pongamos, por ejemplo, que hablamos de Pío García Escudero, de Isabel Díaz Ayuso o de Ana Camins.

El primero, que sin complejos ni vergüenza continúa en la Mesa del Senado como Vicepresidente habiendo sido su Presidente, tiene el dudoso honor de que su nombre figure en “Los Papeles de Bárcenas” y a la vez continuar, como quien no quiere la cosa, años después como Presidente del PP de Madrid.

La segunda, Isabel Díaz Ayuso. Sus vinculaciones en el Caso Púnica o en Avalmadrid son solo dos ejemplos de otros muchos a tener en cuenta. Dicho esto, no perdemos la confianza que algún día la justicia haga justicia y la llamen para explicar en sede judicial su papel de intermediaria con los hermanos De Pedro o con su colega Eva Piera y sus intereses familiares en Avalmadrid.

Y, por último, Ana Camins que refugiada en su condición de senadora territorial y diputada autonómica no puede evitar que su firma aparezca en las cuentas de Fundescam, una de las tapaderas de la financiación irregular del PP de Madrid. Amiga personal y desde hace años estrecha colaboradora de Pablo Casado es la candidata más firme a sustituir a Pío García Escudero en la Presidencia del PP de Madrid.

Mientras tanto vamos a los casos que sí están en los tribunales:

01. Investigados

1. Esperanza Aguirre. Ex Presidenta de la CM (2003-2012) y Presidenta del PP Madrid (2004-2016). Investigada en la PS 9 de Púnica sobre financiación ilícita del PP de Madrid.
2. Cristina Cifuentes Cuenca. Ex Presidenta de la CM (2015-2018) y ex Presidenta del PP regional. Investigada en la PS 9 de Púnica sobre financiación ilícita del PP de Madrid.
3. Lucía Figar Lacalle. Ex Consejera de Educación y ex Consejera de Educación y Empleo; También formó parte de su Ejecutiva Regional como Secretaria Ejecutiva de Comunicación. Investigada PS 10 Púnica.  
4. Juan José Güemes Barrios. Ex Consejero de Sanidad. Investigado en la PS 9 de Púnica sobre financiación ilícita del PP de Madrid.
5. Borja Sarasola Jaúdenes. Ex Consejero. Investigado en la PS 9 de Púnica sobre financiación ilícita del PP de Madrid.
6. Manuel Lamela Fernández. Ex Consejero de Sanidad. Investigado en la PS 9 de Púnica sobre financiación ilícita del PP de Madrid.
7. Gádor Ongíl Cores. Ex Consejera. Investigada en la PS 9 de Púnica sobre financiación ilícita del PP de Madrid.
8. José Ignacio Echevarría Echaniz. Ex Consejero, ex Presidente de la Asamblea de Madrid, ex Tesorero PPM. Investigado en la PS 9 de Púnica sobre financiación ilícita del PP de Madrid.
9. Salvador Victoria Bolívar. Ex Consejero de Asuntos Sociales; Secretario General del Consejo de Gobierno de la CM; Diputado en la Asamblea de Madrid y  Presidente del Comité Electoral del PP de Madrid. Investigado PS 10 Púnica
10. Isabel Gallego Navarrete. Ex Directora General de Medios de Comunicación de la CM. Investigada en la PS 10 Púnica
11. Pablo Balbín Seco. Ex Director de Comunicación de Ayuso. Jefe de gabinete de la concejal del Ayuntamiento de Madrid Andrea Levy. Investigado en la PS 10 Púnica
12. Raúl López Vaquero. Ex alcalde Coslada. Investigado en la PS 10 Púnica
13. Narciso de Foxá. Ex alcalde Majadahonda. Investigado en la PS 10 Púnica
14. Inmaculada Juárez. Ex alcaldesa de Algete. Investigada PS 7 Púnica contratos a Waiter Music.
15. David Erguido Cano. Ex Teniente de Alcalde de Algete y ex concejal Ayuntamiento de Madrid. Ex senador territorial. Investigado en PS 7 de Púnica
16. Lorenzo del Triunfo Calleja. Ex Director de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Algete; En la actualidad es asesor de la Junta Municipal de Distrito de Chamartín del Ayuntamiento de Madrid. Investigado en PS 7 de Púnica
17. Esteban Parro del Prado. Ex alcalde Móstoles.  Investigado PS 7 Púnica (contratos a Waiter Music)
18. María Jesús Juárez López. Ex alcaldesa de Chinchón. Investigada PS 7 Púnica (contratos a Waiter Music)
19. Daniel Ortiz Espejo. Ex alcalde Móstoles y ex Diputado en la Asamblea de Madrid. Investigado PS 6 Púnica (Cofely)
20. Agustín Juárez López de Coca. Ex Alcalde Collado-Villalba. Investigado PS 6 Púnica (Cofely)
21. Gonzalo Cubas Navarro. Ex Alcalde de Torrejón de Velasco. Investigado PS 6 Púnica (Cofely)
22. David Rodríguez Sanz. Ex Alcalde Ayuntamiento Casarrubuelos. Investigado PS 6 Púnica (Cofely)
23. José Carlos Boza Lechuga. Investigado por el JCI nº 6 de la Audiencia Nacional por la Operación Púnica Ex Alcalde de Valdemoro. 
24. Carlos Alberto Estrada Pita. Ex Alcalde de Moraleja de Enmedio. Investigado PS 6 Púnica (Cofely)
25. José Miguel Moreno. Ex Alcalde de Valdemoro. Ex diputado en la Asamblea Madrid. Investigado PS 6 Púnica (Cofely)
26. Mario Utrilla Palombi.  Ex Alcalde de Sevilla la Nueva. Ex diputado en la Asamblea Madrid. Investigado PS 6 Púnica (Cofely)
27. Carlos López Jimeno. Ex Director General de Industria, Energía y Minas en la Comunidad de Madrid. Investigado PS 6 Púnica (Cofely)
28. Borja Gutiérrez Iglesias. Ex Alcalde de Brunete . Investigado PS 6 Púnica (Cofely)
29. José Gutiérrez Granizo. Ex Secretario General PP Brunete. Investigado PS 6 Púnica (Cofely)
30. Antonio Sánchez Fernández. Alcalde de Serranillos del Valle. Investigado PS 6 Púnica (Cofely)

02. Procesados

1. Ignacio González González. Ex Presidente de la CM (2012-2015). Vicepresidente 1º; Portavoz del Gobierno; Consejero de Cultura y Deporte; Secretario General del PP (2012-2016) y Presidente del Comité Electoral (2008-2012). Procesado por la Audiencia Nacional en el Caso Lezo. Está también siendo investigado en la PS 9 de Púnica. 
2. Alfredo Prada Presa. Ex Vicepresidente y ex Consejero. Procesado Campo de la Justicia.
3. Pedro Calvo Poch. Ex Concejal Delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid; Ex Consejero de Medioambiente Comunidad de Madrid; ex Diputado Asamblea de Madrid, ex Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ex Senador y ex Presidente Nacional de NNGG. Procesado por la PS Inassa dentro del Caso Lezo.
4. Juan Bravo Rivera. Ex Presidente de ADIF; Consejero delegado Metro de Madrid; Subsecretario del Ministerio de Justicia; Concejal de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Madrid, ex Consejero del “Canal de Isabel II”. Consejero de Hacienda y Administración Pública CM, Viceconsejero de Hacienda y Director General de Presupuestos y Patrimonio de la CM. Procesado por la PS Inassa dentro del Caso Lezo.
5. Arturo Canalda González. Ex presidente de la Cámara de Cuentas de la CM. Ex Defensor del Menor de la CM; gerente del 112 y del Canal de Isabel II, Viceconsejero de Sanidad y miembro de los gabinetes de Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy. Procesado por la PS Inassa dentro del Caso Lezo.
6. Arturo González Panero. Ex Alcalde de Boadilla del Monte. Procesado por la Audiencia Nacional PS Boadilla del Caso Gürtel. 
7. Alfonso Bosch Tejedor. Ex diputado en la Asamblea de Madrid; ex gerente de la EMV de Boadilla del Monte y de Arganda del Rey. Ex secretario de Movilización del PP de Madrid.  Procesado por la Audiencia Nacional por la PS Boadilla del Monte.
8. Ginés López Rodríguez. Ex Alcalde de Arganda del Rey. Procesado por la Audiencia Nacional PS Arganda del Rey. 
9. Benjamín Martín Vasco. Ex Diputado en la Asamblea de Madrid. Portavoz adjunto del GPP; Procesado por la Audiencia Nacional por la PS Arganda del Rey.
10. Beltrán Gutiérrez Moliner. Ex Gerente regional del PP de Madrid y de Fundescam. Ha sido también condenado por el Caso de las tarjetas Black. Investigado en Púnica PS 9

03. Condenados

1. Ana Mato Adrover. Ex Ministra de Sanidad, ex diputada de la Asamblea de Madrid. Condenada por lucrarse en la PS 1999-2005 de Gürtel. 
2. Francisco Granados Lerena.  Condenado por la Audiencia Nacional por la PS, Talamino. Investigado en varias PS de Púnica Con Aguirre ha sido Consejero de Presidencia. Ex Consejero de Transportes e Infraestructuras; Consejero de Presidencia e Interior; Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Secretario General del PP (2004-2012); senador y Diputado en la Asamblea de Madrid.
3. Alberto López Viejo. En el Ayuntamiento de Madrid ha sido concejal de los Distritos de Usera y Carabanchel y Concejal de Limpieza Urbana y Desarrollo Ambiental. Diputado en la Asamblea de Madrid.  Viceconsejero de Presidencia y Consejero de Deportes. Condenado por la Audiencia Nacional en la PS 1ª Época 199-2005 del Caso Gürtel. Actualmente está en prisión.
4. Jesús Sepúlveda Recio. Condenado por la Audiencia Nacional en la PS 1ª Época 199-2005 del Caso Gürtel. Ex Alcalde de Pozuelo de Alarcón y ex Senador. Actualmente está en prisión.
5. Guillermo Ortega Alonso. Condenado por la Audiencia Nacional en la PS 1ª Época 199-2005 del Caso Gürtel. Ex Alcalde de Majadahonda. Ex Gerente del Mercado Puerta de Toledo en Madrid. Actualmente está en prisión.
6. Enrique Clemente Aguado. Condenado por el JCI nº 5 de la Audiencia Nacional en la PS 1ª Época 199-2005 del Caso Gürtel. Ha sido Director General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado y Viceconsejero de Inmigración y Cooperación. Actualmente está en prisión."                   (Los Genoveses, El Plural, 22/02/21)

Las tres grandes tramas que cercan al PP

(Gráfico: El País)

"Los "casos aislados" —según el PP— no son, en realidad, tan aislados. Así lo demuestran los lazos que vinculan los escándalos que han acorralado en las dos últimas semanas, de nuevo, a los populares. Tres investigaciones independientes a nivel judicial, pero que dibujan una auténtica tela de araña de corrupción construida en torno a la estructura política del partido y a sus contactos empresariales.

 Con nombres de personas y de compañías que se repiten. Tanto en la Operación Lezo, que estalló la semana pasada con la detención de Ignacio González. Como en Púnica, que mantiene en prisión provisional a Francisco Granados y que investiga la financiación irregular del PP de Madrid en una pieza separada aún bajo secreto de sumario. Y también en Gürtel, cuya trama principal se juzga en estos momentos en la Audiencia Nacional, con el extesorero Luis Bárcenas como pieza clave.

 El almirante español Blas de Lezo y Olabarrieta (1689-1741) da nombre a la última operación que ha puesto contra las cuerdas a la formación de Mariano Rajoy. La Guardia Civil arrestó la pasada semana al expresidente de Madrid, que emerge como cabecilla de una trama dedicada supuestamente a inflar contratos para desviar dinero público. 

Para ello se valió del Canal de Isabel II, desde donde utilizó, por ejemplo, a sus filiales latinoamericanas para comprar una compañía brasileña por 31 millones de dólares, cuando su valor patrimonial apenas llegaba a los 10 millones. Aunque ese es solo un hilo del que tirar.

Porque los agentes del instituto armado también investigan en Lezo la presunta adjudicación fraudulenta de la explotación de un campo de golf a una empresa de su hermano y cuñado —Pablo González y José Juan Caballero, respectivamente— y, a su vez, la financiación irregular del PP de Madrid. Un punto en el que, precisamente, entran en juego varios actores que repiten en Púnica. Javier López Madrid, consejero delegado de OHL, cercado por el pago de una comisión de 1,4 millones de euros para una adjudicación.

 Y José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia Informática de la CAM, imputado por inflar contratos con PriceWaterhouseCooper (PWC) e Indra para conseguir el millón de euros que González le solicitó en 2012 para pagar las deudas derivadas de la campaña electoral autonómica de 2011 y así "sanear las cuentas" del PP regional.

Implicado en la red liderada por Francisco Granados, a Nicolás también se le investiga por presuntos pagos a Alejandro de Pedro, el experto informático que se encargaba de los lavados de imagen de políticos del PP con dinero público. Un personaje que sirve para avanzar por esa tela de araña hasta Salvador Victoria, consejero de Presidencia y mano derecha de Ignacio González, y hasta la cúpula de un PP madrileño bañado por la corrupción.

Una formación donde desempeñaba otro rol fundamental Beltrán Gutiérrez, exgerente autonómico del partido, que guardaba en su domicilio cientos de facturas de Luis Bárcenas. Aquí, el salto a Gürtel. Con el extesorero nacional convertido en el gran nombre propio de la corrupción en España, que se sienta actualmente como acusado en el banquillo de la Audiencia Nacional, donde se juzga la primera etapa de la Gürtel: una red manejada por Francisco Correa y Álvaro Pérez, El Bigotes. Sí. Los que fueron como invitados a la boda de la hija del expresidente Aznar."               (El País, 30/04/17)

De Valdemoro a Singapur: así movían el dinero Granados y Marjaliza

"La Guardia Civil ha trazado el viaje que hacía el dinero de Francisco Granados y David Marjaliza desde Valdemoro hasta Singapur pasando por Suiza. El empresario cabecilla de la trama Púnica y su socio, exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, sacaban el dinero de España a través de un entramado de cuentas en el extranjero y lo recuperaban cuando era necesario. En total movieron cerca de 14 millones de euros.

El sumario del caso Púnica, al que ha tenido acceso eldiario.es, recoge los movimientos de dinero entre 1999 y 2013, que en el caso de Marjaliza la Guardia Civil atribuye a operaciones inmobiliarias, y en el caso de Granados indica que se trata de fondos de origen "desconocido".

Los agentes han elaborado un "Diagrama de flujo" en el que detallan cómo se movía el dinero entre cuentas de diversos bancos, entre los que están el francés BNP Paribás, los suizos UBS y LGT o Standard Chatered, asentado en varios países entre los que se encuentra Singapur.

Según el informe de la Guardia Civil, Granados sacó de España más de un 1,6 millones de euros. Los transfirió a cuentas en Suiza que compartía con su mujer, María Nieves Alarcón. Ese dinero se movía entre esas cuentas hasta ir a parar a una cuenta que Marjaliza tenía en el país helvético.

El empresario sacó de España unos 11 millones de euros que se repartió entre tres cuentas suizas, de los que 8 están bloqueados. El resto viajó hacia Singapur, donde el cabecilla de la trama también ingresó el dinero de Granados y 1,6 millones que le transfirió la empresa Olfield Properties.

En el año 2013, Marjaliza recuperó 4,3 millones que tenía en su cuenta de Singapur y se los trajo a España, a su cuenta de Ibercaja. El juez que instruye el caso, Eloy Velasco, interrogó a los empleados de esta entidad, que no alertaron de que el dinero tenía un origen desconocido y podía tratarse de una operación de blanqueo."               (Marcos Pinheiro , eldiario.es, 19/10/2016)

La Gürtel... la trama podrida del PP... y de Azanr, de su yerno, de Rajoy...

Relación entre los procesados de la trama madrileña de Gürtel. Familiares, testaferros y miembros del Partido Popular en la red corrupta

"(...) El juez Baltasar Garzón había ordenado hacía cinco días una redada en una operación que se bautizó como Gürtel por la traducción al alemán del apellido de su supuesto cabecilla, Francisco Correa, un personaje peculiar que se hizo fuerte en aquel PP de la etapa final de José María Aznar, en teoría por organizar viajes y actos de campaña. 

Correa era mucho más que eso, como la investigación de este caso que ha durado casi siete años y medio puso en evidencia. Correa se había hecho amigo íntimo de casi todos en aquel PP, del yerno de Aznar y, sobre todo, de los responsables electorales en la sede central y también en las organizaciones territoriales de Madrid y Valencia. 

El caso Gürtel, que ha costado al PP al menos unos tres millones de votos y una pérdida brutal de prestigio, no lo destapó como ella se quiso apuntar más tarde la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre ni lo frenó ni controló jamás Rajoy. 

José Luis Peñas, entonces un modesto concejal del PP del Ayuntamiento de Majadahonda, se reunió entre 2005 y 2006 varias veces en Madrid y la zona norte de la comunidad con Correa y su lugarteniente, Álvaro Pérez, El Bigotes, para sondear la posibilidad de formar un partido independiente en aquella rica localidad. 

Peñas no daba crédito a las conversaciones fanfarronas y de taberna que escuchó, y optó por grabarlas con sonido de piano-bar de fondo. Correa presumía de sus contactos políticos y esbozaba algunas de sus ensoñaciones urbanísticas. Cuando Peñas acumuló suficiente material, acudió a la Guardia Civil, entregó las cintas y la investigación del caso llegó a las manos del juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional.

 Acusación y penas solicitadas en el ‘caso Gürtel’. Delitos imputados a los principales acusados en la trama de corrupción

Tras la redada y la explosión del escándalo el 6 de febrero de 2009 llegó la inaudita reunión de la cúpula nacional del PP con Rajoy. En el extremo izquierdo del escenario se situó Barberá y en el derecho, Camps. En medio se apretujaron Esperanza Aguirre, Federico Trillo, Ana Mato y hasta Javier Arenas y Alberto Ruiz Gallardón, de la vieja guardia popular en cuestión. 

Pero tampoco dejaron solo a Rajoy en aquel dramático momento sus nuevas escuderas, Soraya Sáenz de Santamaría y Dolores de Cospedal, que ya era la secretaria general tras el crítico congreso nacional del partido que se había celebrado hacía unos meses en Valencia y que estuvo a punto de derribar al líder por sus repetidas derrotas electorales. Fue un periodo crucial, que Rajoy no había olvidado, y que le dejó algunas ataduras simbólicas y políticas.

Rajoy no reconoció ningún error, ni admitió el problema ni actuó con rapidez contra la corrupción interna surgida en el PP. El presidente popular eligió el contraataque como defensa: “Esto no es una trama del PP, como algunos pretenden; esto es una trama contra el Partido Popular, que es una cosa muy distinta”.

El PP decidió entonces personarse en la causa abierta como perjudicado, denunció la operación en marcha y el líder se mojó en público hasta el punto de asegurar: “Todas las contrataciones de esta casa se han hecho en el marco de la legalidad. Todas, sin excepción, figuran en el Tribunal de Cuentas y de ninguna hemos recibido beneficio alguno”. 

La investigación desmontó rápido esa quimera. El PP pasó de acusador a acusado, sus letrados y sus dirigentes políticos empezaron a poner todo tipo de trabas a la investigación y al final la organización en su conjunto fue implicada por haber pagado con dinero negro incluso las obras de reforma de su emblemática sede central de la calle Génova.

El juez instructor y los fiscales no solo tienen ahora en su punto de mira por financiación irregular al PP en su conjunto, a los tres tesoreros nacionales que han llevado las cuentas de la organización desde hace 20 años y hasta el NIF del partido aparece como uno de los 21 responsables de una trama corrupta y de contabilidad b en la que se imputa de entrada, en este primer macroproceso, a 37 personas, de las cuales unos 20 son cargos ligados a la formación o empleados directos.

El nombre político más sonoro de esa operación es, además, Luis Bárcenas, al que Rajoy elevó el cargo de gerente a tesorero precisamente en el conflictivo congreso nacional de Valencia.

Rajoy se negaba a ver la evidencia de lo que todo el mundo en el PP intuía por el nivel de vida lujoso y por el comportamiento altanero de Bárcenas. Eran más que conocidos, y los matrimonios cenaban todos juntos en el chalé de Ana Mato y Jesús Sepúlveda. Pero Bárcenas levantaba más que suspicacias incluso en aquel PP de gastos sin freno. 

Estrenaba coches de alta gama, jugaba en el despacho a la Bolsa, se permitía las más extravagantes vacaciones en pistas de esquí, pero luego depuraba las facturas de los subalternos y los inferiores de nivel sin dar explicaciones. A alguno de los escasos jefes a los que respetaba hasta llegó a proponerle que se pusiera el sueldo que quisiera.

Rajoy, ante las primeras evidencias, le defendió a muerte aquel fatídico 11 de febrero de 2009: “Tengo que decir que la actuación del señor Bárcenas y la acusación que se ha hecho es absolutamente falsa... Estoy convencido de que nadie podrá probar que no es inocente. Esto es cuanto tengo que decir sobre ese asunto”. 

Pero el caso Gürtel se le complicó luego un poco. Bárcenas ha llegado a estar acusado de reunir ilegalmente hasta 50 millones de euros en diversas cuentas en Suiza. Rajoy tardó en desmarcarse. En julio de 2013 se conocieron unos mensajes privados que Rajoy envió por SMS en marzo de ese año a Bárcenas poco después de confirmarse judicialmente la cuantía de sus evasiones y que delataron su relación: “Luis, sé fuerte”.

El exedil José Luis Peñas, sentado este martes como imputado por este caso en la sala de la Audiencia Nacional en San Fernando, envió dos SMS de conclusión: “Conmigo empezó todo y sí, mereció la pena: Gürtel, el Estado de derecho contra la corrupción”.             (Natalia Junquera  , Javier Casqueiro , El País, 05/10/16)