Baltasar Garzón: "Hay determinados jueces y magistrados que favorecen el juego político a PP y Vox"

 "Baltasar Garzón (Jaén, 1955) asegura que el fascismo tiene muchos disfraces y ese es, precisamente, el nombre que ha elegido para titular su nuevo libro, editado por Planeta. Un fascismo presente en el mundo judicial, del que él procede. "Se ven comportamientos fascistas y autoritarios que tendrían que superarse", explica en entrevista con infoLibre. Garzón lo atribuye a la herencia franquista que, a su juicio, no ha desaparecido de la cúpula judicial.

 "No hubo un antes y un después y todavía se nota en algunos aspectos", ahonda. Pero el juez también identifica estos disfraces en otros ámbitos como el crimen organizado, el narcotráfico o el terrorismo. "Se trata de grupos violentos que tratan de imponer su criterio a la fuerza y que para ello se valen de todas las armas, llegando a financiar campañas electorales para controlar un país", expone.

Garzón fue el primer condenado del caso Gürtel. Investigar la mayor trama de corrupción política conocida hasta la fecha le costó la toga. El 9 de febrero de 2012, el Tribunal Supremo le inhabilitó 11 años por prevaricación, un plazo que ya ha cumplido. "Me siento con ganas de volver a ejercer como juez y satisfecho por el reconocimiento que se me ha hecho desde Naciones Unidas", asegura. Sin embargo, el Gobierno todavía no ha respondido a su requerimiento. "Las cosas de palacio no es que vayan despacio, es que son inescrutables. No sé cuándo, cómo ni de qué manera tomarán la decisión", lamenta.(...)

¿Se siente más libre ahora que cuando ejercía como juez?

Sí, por razones obvias, porque al ejercer como juez tienes unos límites que no puedes traspasar y tocar. Aun hoy, cuando me preguntan sobre hechos concretos, no me puedo pronunciar más allá de lo que es conocido. Le puedo dar un sesgo, una impresión, pero no puedo desvelar hechos internos de la instrucción. Yo siempre lo he entendido así, siempre he sido muy respetuoso, por eso tampoco entiendo las dinámicas de hoy día cuando veo que los procesos judiciales se debaten en los medios de comunicación y no de una forma sosegada y profunda. Eso me ha preocupado siempre.

Y, aun así, tiene ganas de volver a ejercer tras la condena a once años de inhabilitación....

El año pasado, el 25 de agosto, llegó la notificación del dictamen de Naciones Unidas, que dictó una resolución por unanimidad en la que se establece que mi procedimiento fue arbitrario, que no hubo todos los mecanismos de defensa, que se cercenaron derechos fundamentales y que se me debería de reparar. Se establecía también la falta de previsibilidad de la sentencia, en el sentido de que me condenaron por un delito que todavía no sé bien cuál fue. Sí, el cajón desastre es prevaricación, pero me gustarían explicaciones concretas más allá de palabras grandilocuentes, que son contrastadas por el comité. Me siento con ganas de volver a ejercer como juez y satisfecho por el reconocimiento que se me ha hecho desde Naciones Unidas. Estoy a la espera de que se cumpla ese dictamen, ya lo he solicitado, pero no ha sido atendido de momento. Ya han pasado nueve meses desde el dictamen y me temo que tendré que volver a andar el camino judicial correspondiente. El Estado es, a veces, renuente cuando se trata de cumplir con los derechos de los ciudadanos y atiende quizá más a las estructuras institucionales y, utilizando una expresión muy castiza, a nadar y guardar la ropa.

En el libro hace alusión a su condena y expresa que el daño es irreparable, por el desprestigio que le han causado.

Son once años de inhabilitación, once años de imposibilidad de ejercer la profesión por la que luché, por la que estudié, a la que me dediqué con vocación, con ganas, con las mismas que puedo tener ahora, en defensa de la sociedad dándolo todo. Lo di todo, como doy por hecho que debería hacerse siempre. Ocurrió esto y no voy a quejarme ni a decir qué he hecho yo para merecer esto. Ocurre y punto. Hay que seguir hacia delante, tomar impulso y continuar. Al final se me da la razón y nadie me va a devolver esos once años. Ni a mí ni a los ciudadanos, que tenían derecho al juez predeterminado por la ley. Yo no manifesté mi voluntad de irme, otra cosa es que hubiera tomado la decisión de cambiar o marcharme. Es difícil la reparación, pero bienvenida aunque sea simplemente moral, aunque sea por la satisfacción de las personas que me rodean y me quieren y que, de alguna forma, se han visto resarcidas porque a nivel internacional se diga que no se actuó bien ante el juez que estaba investigando la corrupción.

¿Por qué cree que el Gobierno todavía no le ha contestado?

Las cosas de palacio no es que vayan despacio, es que son inescrutables. No sé cuándo, cómo ni de qué manera tomarán la decisión. Alguna deben de tomar. De momento la que han tomado no ha sido la mejor. El pasado 23 de abril contestaron a mi abogada diciendo que no podían darle una respuesta porque no acreditaba la representación en la que actuaba. Me parece un poco brutal, porque llevábamos tres años litigando esta abogada y yo contra el Gobierno y el Estado español. Por tanto, sí sabían quién era. Ahora le hemos vuelto a decir que sí, que es mi representante.... ¿qué más quieren?

En el libro pone de manifiesto la diferencia que existe entre una justicia que es conservadora y la mayoría progresista que hay en España. ¿Por qué diría que hay tanta distancia y cómo cree que se soluciona?

Es una de las grandes contradicciones que hay en nuestro país. En la España de hoy la justicia tiene un componente conservador o ultraconservador, lo que afecta a la confianza de las personas que ideológicamente se sitúan en el lado progresista de la sociedad. Aunque hay épocas en las que ha gobernado la derecha, el equilibrio entre ambas fuerzas en el Congreso siempre ha estado a la par en número de votos y participación. España es un país progresista, podemos decir, como mínimo, de centro izquierda. No de derechas, ni de ultramontana ni de ultraderecha como ahora. Así que creo que algo está funcionando mal en una justicia que sigue radicalizándose más. Los órganos de la justicia tienen que ser los que protejan a esa sociedad que va por unos derroteros distintos de los que siguen esos administradores de justicia. Esa interpretación de las leyes es fundamental que sea progresista, porque los problemas y los retos a los que nos enfrentamos son muy grandes, y una visión retrógrada frente a ellos solo nos va a dar inseguridad y espacios opacos.

También dice que la separación de poderes es un "mantra tan anodino como falso".

El poder judicial es un contrapoder, un contrapoder de los demás poderes. Por tanto no tiene que ir cada uno por su sitio, tiene que haber una sincronía. El titular del poder judicial es el pueblo, los jueces y juezas son administradores del mismo. No se pueden confundir los planos y decir: 'somos el poder judicial'. Los jueces ejercemos la jurisdicción, pero el poder judicial no es nuestro. Y respecto al Consejo General del Poder Judicial, la derecha aboga ahora por que los jueces se elijan a sí mismos. Y esto hay que hilvanarlo con lo que decíamos al principio del componente ultraconservador de la judicatura. Si fuera así, ya sabemos cuál seria la composición sistemática del consejo: una extensión corporativa de lo que es la carrera judicial. Si es un organismo que tiene competencias mas allá de las estrictamente corporativas, es decir, que te afecta a ti y me afecta a mí, porque diseña el mecanismo de política criminal, hace informes que exceden de lo que es la corporación judicial, no podemos prescindir de que en ese órgano estén representantes populares, no solo de los jueces. No creo que sea adecuado que los jueces se gobiernen a sí mismos a través de las asociaciones judiciales. Es más, creo que habría que profundizar en cómo se financian y quién las financia. Al final, esto también tiene mucho que ver con los disfraces del fascismo, es decir, con el ansia de controlar el poder hacia un segmento concreto de esa profesión y no en beneficio de la ciudadanía. Cuando se dice que así seria más independiente, hay que tener cuidado....

¿Deberían haber dimitido los vocales y el presidente del CGPJ después de tantos años de mandato caducado?

Sí, no me valen las justificaciones. Por dignidad política, dignidad ciudadana y dignidad hacia la justicia. Si el poder político no ha sido capaz de establecer una renovación, tendría que haberse producido esa disolución de un organismo nacido de una mayoría absoluta del PP, con consejeros que ya se están jubilando. De ser un verdadero gobierno de los jueces ha pasado a ser un simulacro de la nada. 

¿Por qué cree que no lo han hecho?

El problema es considerar que los jueces son una especie de ente diferente de lo que realmente son: servidores públicos al servicio de la ciudadanía para generar confianza a través de la administración de justicia. Todo lo que difiera de esa dinámica no es verdaderamente justicia, es otra cosa diferente. Una acumulación de poder para después colocar por afectos y desafectos cada pieza donde interese, y en los que el mérito no es el principal motivo de ascenso. En el caso del PP, si ejerce algo de forma perfectamente diferenciada al resto, es que sabe recompensar a quienes considera que han sido favorables a determinadas posturas. No voy a decir nada más…

Me suena que uno está de consejero de la Comunidad de Madrid...

(risas)

En los últimos años también estamos viendo una ofensiva judicial (lawfare) por parte de Vox y el PP. ¿Cómo lo ve?

Es otro de los disfraces del fascismo. La guerra jurídica, aprovechar las instituciones judiciales para desviarlas de lo que tienen que hacer y utilizarlas en provecho propio en contra de un enemigo político. El acudir a los tribunales presentando querellas o denuncias se ha convertido en un elemento más del debate en contra de otros. Esto se dio en los años 80, pero lo superamos. Yo recibí muchas de estas denuncia y les pedía que resolvieran sus problemas y dejaran en paz a la justicia. Hay determinados jueces y magistrados que favorecen el juego político de PP y Vox. Son denuncias estrambóticas o con poca consistencia que no van a llegar a nada. Pero el daño lo van produciendo y, con ello, el desprestigio de las instituciones judiciales. Hay que tener más valentía para tomar decisiones y detectar esas maniobras, esa utilización, esa manipulación de las instituciones.

¿Cómo valora que el Tribunal Supremo haya admitido a trámite los recursos de PP, Vox y Cs que en su día desestimó?

Es una posibilidad que existe en la normativa española, pero últimamente se están produciendo determinadas invasiones de algunas salas del Tribunal Supremo más allá de lo que les corresponde. Me parece bien que se pueda valorar el uso que se ha hecho de algunos indultos, pero a ver qué argumentos se dan y por qué razones. Y también quiénes están interesados y cómo van a resolver esa cuestión. Últimamente algunas resoluciones dejan mucho que desear. (...)

¿Podemos concluir que el mundo judicial también tiene tintes fascistas?

Es una visión elitista, aislada, que normalmente tiene quien ejerce un tipo de poder. Son cuestiones sutiles. La carrera es muy endogámica, está mas abierta en la actualidad que antes, pero hay dinámicas perversas que tienden hacia esa conceptuación. Es una relación vertical del juzgador al justiciable. No nos vamos a poner como colegas. Pero en mi despacho, por ejemplo, cuando entraban presuntos terroristas, narcotraficantes, etc. jamás entraban esposados y tampoco entraba la policía a mi despacho. Tuve enfrentamientos con la policía por esto y es verdad que alguno se me echó encima pero yo creía que lo tenia que aguantar, porque mi idea de la justicia no es represiva, sino igualitaria."       (Marta Monforte Jaén  , InfoLibre, 25 de mayo de 2022)

“La decapitación del fiscal Ignacio Stampa atenta contra la instrucción del caso Villarejo”

 "Es uno de los periodistas de tribunales de mayor prestigio. Presentó en Lanzarote su último libro, ‘El Rey al desnudo’. Diario de Lanzarote publicó una primera parte de la entrevista, centrada en el libro, y publica ahora la segunda parte, en la que habla de la situación de la Justicia y del periodismo.

-En una conversación grabada por el propio comisario, el exjuez Baltasar Garzón le decía a Villarejo que era un mal necesario. ¿Está de acuerdo?

-Personajes como Villarejo hay muchos en la historia y a veces hacen de comadronas, muy a su pesar, porque su objetivo de acumular información suele ser el de obtener una ventaja personal. Villarejo considera que el juez De Egea es un “juez de Estado” porque le protegía. Abrió las diligencias por los audios en la segunda quincena de julio y las canceló el 7 de septiembre, con agosto de por medio, y no hizo nada. Incluso lo dice, que esta investigación es un cáncer que hay que extirpar de la Audiencia Nacional. Villarejo, desesperado, filtra esos audios de su conversación con Corinna. 

Relato, a través de un capítulo del libro que se llama El Gordo (Enrique García Castaño), que es un personaje clave porque es el policía que le da el material técnico a Villarejo para grabar y el que provee de todo el material de seguimiento a los jueces de la Audiencia Nacional y las operaciones policiales. Villarejo es incontrolable.

-Pero ha sido muy útil a muchos...

-Ahora salen los contratos de Iberdrola, el caso de Sánchez Galán, que le han tenido diez o doce años a su servicio para espiar a los demás, y varias empresas del Ibex. Los periodistas comentábamos en los años 80 sobre dos grandes personajes, Conde y De la Rosa, que se dedicaban a fabricar dossieres con investigadores privados y esto parecía un sacrilegio. Ahora vemos que durante décadas, las grandes compañías del Ibex tenían los servicios de Villarejo y se chantajeaban unas a otras.

 -El primer capítulo de su libro está dedicado a ‘El Gordo’, Enrique García Castaño, que fue número dos de la Policía. Ahora está defendido por el bufete de Garzón. Sorprende este papel del exjuez, que, además, es pareja de la fiscal general del Estado, que acabó por no renovar la comisión de servicios del fiscal Ignacio Stampa en Anticorrupción.

-Es evidente que, pese a que esto ha salido, no ha sido objeto de seguimiento de los principales periódicos. Eso revela que Garzón tiene un peso determinado, por su historia de relaciones con la prensa. No se le da la gravedad que debería tener, porque es la pareja de la fiscal general del Estado, que es la principal responsable de la decapitación de Ignacio Stampa. Algunos sabemos lo que ella piensa, pero no ha explicado los argumentos y ha aprovechado la circunstancia de tener que nombrar fiscales fijos en Anticorrupción para no renovar el nombramiento. La Unión Progresista de Fiscales y la asociación conservadora, a la que pertenecía Stampa, entendieron enseguida cuál era el propósito de Dolores Delgado, que no le iba a dar la plaza fija, y no dieron una batalla que consideraron perdida de antemano. El único sentido de la decapitación de Stampa, la persona que más conoce el caso Villarejo, es un atentado contra la propia instrucción. No digo que no pueda ser sustituido, pero yo he seguido tribunales durante 35 años y la instrucción de un caso es fundamental. Es el caso día a día, hora a hora, cuando almacenas la información, tipificas los delitos y están en tu cabeza, eres una fuente colosal y es imposible que la decapitación de un fiscal que está en un caso no tenga consecuencias sobre el mismo y la instrucción posterior. El bufete de Garzón defendió a varios imputados en el caso Tándem, no él personalmente, que se ocupó más de Enrique García Castaño, que era un hombre con el que tenía excelentes relaciones. Cuando era juez, este personaje te permitía hacer todos los atajos que necesitabas, primero porque era policía y el argumento de los jueces, muchas veces, es: “lo pide la Policía”. En este caso lo hacía la Policía, no solo lo pedía.

-Los riesgos de los atajos. Nadie se queja si está a favor, pero la línea es muy delgada...

-Cuando estalla el caso y se producen algunas filtraciones, ya Garzón empieza a atacar a Stampa, desde el mismo comienzo, y finalmente eso se convertirá en obsesión y Dolores Delgado ejecuta la decapitación de Stampa.

 -Ignacio Stampa tuvo aquí en Lanzarote un gran protagonismo en casos de corrupción en los que incluso estuvieron implicados dos letrados del Tribunal Constitucional. Uno era Ángel Aguallo, que aparece en su libro. También aparecen otros bufetes de abogados que siempre orbitan en torno a los casos de corrupción y exjueces o exfiscales. Da la impresión de que no son muchos, pero que siempre son los mismos personajes...

-Hay que entender que vivimos en España en un sistema judicial. Se ha filtrado que hay una ponencia del magistrado García Trevijano que no declara inconstitucional el confinamiento, pero que se tenía que haber hecho con estado de excepción. Aquí lo importante es declararlo inconstitucional aunque por un problema terminológico. [La entrevista se realizó antes de que se conociera la sentencia sobre el confinamiento]. Se trata de darle una patada al Gobierno de Pedro Sánchez y darle la razón a Vox, que puso el recurso. Vivimos en un estado judicial donde los jueces se creen que estaban a la vanguardia. El informe sobre los indultos no tiene precedentes. Trata de reescribir la sentencia del procés de 2019. Ha sido mejor acogido por la derecha que la sentencia porque Marchena había abierto la expectativa de que la sentencia iba a ser por rebelión, no por sedición, y eso decepcionó. El informe dice que es un autoindulto del Gobierno y es más satisfactorio. Lo mismo con operaciones como contra Stampa, que la ejecutora es la fiscal general, pero no se le ha acusado de nada. De todos los procedimientos abiertos, no hay ningún cargo contra él. Toda la patraña que han montado con Podemos se ha disipado y, lo peor de todo, desde nuestra perspectiva como periodistas es que a los medios que jalearon la investigación contra Stampa, que la alimentaron y se inventaron historias les ha parecido muy bien que destituyan a un fiscal que es la base del caso Villarejo.

-Se habla de las puertas giratorias de la política, pero las de la judicatura no se quedan atrás. Hay exjueces y exfiscales que, después, como abogados, usan sus relaciones personales y profesionales. ¿El valor añadido que tienen estos abogados es el conocimiento de las personas que están en los tribunales y en la Fiscalía?

-Jesús Santos, por ejemplo, es una persona que es abogado del PP en Gürtel o la caja B. Nadie dice que era fiscal de la Audiencia Nacional, enviado, gracias a su relación con Manuel García Castellón también, como agregado de enlace en Italia. Vaya destino. García Castellón estuvo siete años en Francia y cinco en Italia. Eso no lo haces sin contactos. Santos, abogado de Cospedal, era fiscal y tiene sus contactos. Es abogado, pero eso es lo de menos.

-¿Y esto cómo se resuelve? ¿Es necesaria una reforma profunda?

-Vivimos en un estado judicial donde esto tiende a ser cada vez más frecuente y más impune. Se hizo una reforma durante los últimos diez años, si se analizan la cantidad de fiscales que han salido de Anticorrupción y se han incorporado a la defensa de algunos delincuentes, es notable, como con Fabra.

-O jueces de la Audiencia Nacional, como José Antonio Choclán, que en Canarias lleva varios casos sonados...

-Y es abogado de Correa, y ahora está para los asuntos de Corinna en la Audiencia Nacional. Eso es una cama redonda que se ha ido incrementando con el paso del tiempo.

-En Canarias, altos cargos de la Consejería de Justicia son jueces y, después, en un sitio tan pequeño, vuelven a la judicatura...

-Cada vez se convierte en más habitual y nos acostumbramos a ello. Por supuesto que habría que hacer una reforma e impedir que se utilicen puestos de carácter público en la defensa de personajes para temas de corrupción. Eso es así. Sánchez Junco, el asesor y abogado de Juan Carlos I, pues ha sido de la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Provincial de Madrid. Ahí coincidió con Juan Ignacio Campos, el actual número dos de la Fiscalía General del Estado y jefe de la investigación del rey Juan Carlos.

-Esto parece un terrible conchabeo. ¿Es más que una sensación?

-No, no. Es un sistema consolidado y al que se ha dado normalidad. Nadie se lleva las manos a la cabeza con esto. En la operación contra Stampa, la prensa no juega un papel de denuncia, todo lo contrario. Villarejo recibía una acogida muy fuerte cuando atacaba a Stampa diciendo que era podemita.

 -Y después nos extrañamos de la pérdida de credibilidad de la prensa.

-Los servicios de información de la Policía y la Guardia Civil operan con un conocimiento y un dominio de los medios de comunicación que es notable, en el sentido de que colocan su mercancía primero en los diarios digitales con largos informes, y que estos diarios consideran como la verdad revelada. Ahí no hay presunción de inocencia ni nada. Y los medios de prensa escrita se ven obligados a seguirlo, a repetir lo que publican.

-Las llamadas cloacas son necesarias como fuente, pero da la impresión de que algunos las convierten solo en una correa de transmisión, sin más...

-Para la UCO, la UDEF, que no son neutrales, es muy importante ese flujo de información porque fija de alguna manera las claves de la investigación. Para ellos, la prensa actúa como correa sin tener en cuenta que también representan intereses determinados, que tienen un objetivo al fijar el titular. Y todo funciona como una simbiosis a la que se añaden los jueces que filtran información sobre lo que va a hacer la Fiscalía, por ejemplo sobre lo que les desagrada, pero todo ese sistema está consolidado y eso no existía en otra época.

 -Es decir, que se pone la prensa al servicio del sistema judicial y entonces no hace el papel que le corresponde.

-Así es, porque creen que de esa manera van a obtener más información y eso alimenta su competencia con los otros medios, y en realidad es una competencia para ver quién sale diez minutos antes con la misma información. Es estéril."                    

(Entrevista a Ernesto Ekaizer, Saúl García, Diario de Lanzarote, 21/08/21)

El Comité de Derechos Humanos de la ONU considera que el Supremo condenó al juez Garzón sin garantías. El órgano exhorta a España a “borrar los antecedentes penales” del magistrado condenado por prevaricación por las escuchas ilegales del caso Gürtel

 "El Comité de Derechos Humanos de la ONU considera que existen “dudas” objetivamente justificadas de que el exjuez Baltasar Garzón tuviera “acceso a un tribunal independiente e imparcial” en los procesos seguidos contra él por prevaricación en el Supremo, por los casos Franquismo y Gürtel, el último de los cuales acabó por apartarle de la carrera judicial en febrero de 2012. 

En un dictamen, el órgano considera que el Supremo vulneró el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado internacional ratificado por España en 1977, y no respetó el derecho de Garzón a un proceso “con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial”.

En su resolución, el Comité determina que España “tiene la obligación” de, entre otras medidas, “borrar los antecedentes penales” del exjuez y ahora abogado, y de proporcionarle “una compensación adecuada por el daño sufrido”. De cumplir el Estado con esta exigencia del ente de Naciones Unidas se allanaría la vuelta de Garzón a la judicatura.

Garzón fue condenado en febrero de 2012 a 11 años de inhabilitación por el Tribunal Supremo tras ordenar, siendo instructor del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, una grabación ilegal en prisión de las conversaciones de los principales cabecillas de aquella trama de corrupción que afecta al PP desde 2009 y sus abogados defensores. Desde entonces, el exjuez, gran impulsor de la justicia universal, y que instruyó grandes sumarios contra el terrorismo y el narcotráfico en el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional se ha dedicado a la abogacía.

 Según el Comité, en el caso de su condena por la instrucción irregular del caso Gürtel, la conducta de Garzón “no constituyó una conducta o incompetencia grave que pudiera justificar su condena penal, resultando en la pérdida definitiva de su cargo, sino más bien una posible interpretación de las disposiciones legales aplicables”.

Sobre la supuesta falta de apariencia de imparcialidad de la Sala de lo Penal del Supremo, que condenó a Garzón, el órgano de la ONU tiene en cuenta que se aceptó la recusación de cinco de los magistrados. Sin embargo, pone de relieve que “dos de los magistrados que lo condenaron en el caso Gürtel lo habían asimismo enjuiciado en el caso Franquismo, y que los juicios orales por ambas causas tuvieron lugar con cinco días de diferencia”. Estos dos magistrados, pese a haber sido recusados permanecieron en el tribunal sentenciador.

El Comité observa asimismo que España, durante la resolución de este expediente sobre Garzón “no ha refutado la alegación” del exjuez según la cual uno de aquellos dos magistrados, quien fue el juez instructor principal en el caso Franquismo, Luciano Varela, “habría mostrado su falta de imparcialidad a lo largo del proceso por el caso, en particular, mediante su repetida asistencia a los demandantes en la modificación de sus escritos de acusación” contra Garzón.

El organismo supranacional considera que, con la información proporcionada por Garzón, “las dudas de este sobre la imparcialidad de los tribunales sentenciadores se encuentran objetivamente justificadas” y que “no se puede concluir, en consecuencia, que dichos tribunales gozaran, para un observador razonable, de la apariencia de imparcialidad necesaria para su enjuiciamiento”.

El Comité de Derechos Humanos da la razón y ampara a Garzón en otra de sus quejas: la inexistencia de una segunda instancia penal a la que recurrir su condena, ya que fue juzgado por el Supremo, el máximo órgano judicial español, al gozar de aforamiento por su condición de juez. 

“Si bien la legislación de un Estado parte puede disponer en ciertas ocasiones que una persona, en razón de su cargo, sea juzgada por un tribunal de mayor jerarquía que el que naturalmente correspondería, esta circunstancia no puede por sí sola menoscabar el derecho del acusado a la revisión de su sentencia y condena”. 

Por ello, al no haber posibilidad de revisión del fallo, el Comité concluye que se violó su derecho reconocido por el artículo 14, párrafo 5 del Pacto, que establece que “toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”, lo que no sucedió en el caso de Baltasar Garzón."            (Fernando J. Pérez, El País, 25/08/21)

Villarejo, Dolores Delgado y Baltasar Garzón: un triángulo que pone en jaque la 'causa Tándem'

 "La agenda del comisario José Manuel Villarejo que fue incautada en el registro tras su detención —y cuyos apuntes han sido incluidos en el sumario de forma parcial y selectiva y repartidos por distintas piezas— consigna al menos dos encuentros en 2017, año de su detención, entre la actual Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, y el policía encarcelado. 

Es decir, dos coincidencias a pocos meses de su detención, el 3 de noviembre de 2017, y no una sola como dijo la entonces ministra de Justicia "tener recuerdo" hace ahora algo más de dos años. Lo afirmó en septiembre de 2018, mes en el que se cumplía casi un año de prisión para el comisario y en el que se filtró un audio de un almuerzo celebrado en 2009 en el que se oía a la hoy Fiscal General compartir, como una más, bromas de pésimo gusto y confidencias junto a su novio, Baltasar Garzón, y Villarejo. 

La documentación sumarial, más las propias declaraciones públicas del exjuez y ahora abogado, apuntan, además, a una relación estrecha y sostenida en el tiempo entre Baltasar Garzón y el comisario que se extendió hasta al menos el 3 de octubre de 2017, 30 días antes de su detención. En la actualidad, el bufete de Garzón coordina la defensa letrada de destacados mandos policiales con un papel protagonista en la macrocausa Tándem o Caso Villarejo.

Dolores Delgado está en el centro de la actualidad por partida doble. De un lado, por el papel que ha podido desempeñar su Fiscalía en la filtración a la prensa este martes de una investigación de Anticorrupción iniciada en 2019 (DI 12/2019) —y de la que hasta ayer nada se sabía— sobre el uso de medios de pago por miembros de la familia del rey. La publicación de esta filtración ha motivado un confuso comunicado de prensa de su departamento en el que solo han quedado claras dos cosas: que traspasa dicha investigación a la fiscalía del Tribunal Supremo y que el medio agraciado con la filtración la publicó cinco días después de que la Fiscal General ordenase el pasado 29 de octubre el inicio de una inspección a Anticorrupción "sobre las condiciones de custodia y acceso a sus expedientes". El otro motivo por el que Delgado está en el foco es por haber apartado recientemente de la macrocausa Tándem a uno de los dos fiscales anticorrupción del caso, Ignacio Stampa, que fue quien inició la investigación, junto a su colega el fiscal Miguel Serrano, en abril de 2017, que culminó con la detención de Villarejo el siguiente 3 de noviembre y con la subsiguiente apertura judicial en el Juzgado Central nº 6 de la Audiencia Nacional.

Para el sustituto de Stampa no será fácil, por no decir que será casi imposible, ponerse rápidamente al día en un caso que ya acumula 28 investigaciones independientes (o piezas separadas, en la jerga judicial), y miles de folios y horas de audios y de declaraciones de perjudicados, investigados y testigos. De toda la documentación se desprende un abanico de tropelías (extorsiones de varias modalidades, generación de problemas para ofrecerse seguidamente a resolverlos, evasión y blanqueo, estafas, destrucción de competidores, servicios de alzamiento de bienes, interferencia en el mercado bursátil, etc.), ejecutadas por una organización transversal y multidisciplinar, en la que Villarejo es solo una pieza más de un engranaje con varios eslabones que actúan de forma engrasada: el eslabón policial, el judicial y de la abogacía, el empresarial y el mediático.

La pareja Delgado-Garzón y sus vínculos con Villarejo

Distintas fuentes consultadas por Público consideran que, con esta decisión, la Fiscal General perjudica gravemente el esclarecimiento de los hechos investigados y por investigar, echando por tierra los recursos públicos invertidos hasta la fecha. Reputados juristas que prefieren mantenerse en el anonimato califican incluso la decisión de "escandalosa", en tanto en cuanto consideran que Delgado debería haberse abstenido de decidir acerca de Stampa, dado que tanto ella como su pareja, Baltasar Garzón ("Balta" o "BG" para Villarejo), están afectados personalmente por la causa y, al menos, en el caso de su novio, por partida triple:

1) Mantiene una relación personal y de antiguo con Villarejo y sus cómplices más directos, como el comisario Enrique García Castaño. 

2) Hay indicios que apuntan a una colaboración del abogado en proyectos del comisario y de Adrián de la Joya, de acuerdo con los apuntes de su agenda y con la tipología de los asuntos que trataba de contratar o contrataba Villarejo.

3) A través de su bufete ILOCAD Baltasar Garzón Abogados, con seis abogados en plantilla, Garzón ejerce la defensa letrada de varios investigados muy relevantes en la causa: nada menos que del comisario exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño; del exjefe del puesto fronterizo y exaltocargo de la Comisaría General de Extranjería Carlos Salamanca; y, hasta fechas recientes, también del exmando de ambos, el exDirector Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, a quien ahora defiende el letrado de su sindicato policial después de que desde el propio despacho de Garzón se le pusiesen trabas para continuar prestándole asistencia, según ha podido saber Público. Fuentes consultadas no descartan que el movimiento responda a procurar la mejor estrategia de defensa para Enrique García Castaño, íntimo amigo del exjuez.

También ha generado asombro en el mundo de la judicatura la forma en la que se ha triangulado y argumentado la decisión de apartar a Stampa: una votación no vinculante del Consejo Fiscal que no otorgó un solo voto de confianza a Ignacio Stampa basándose en el ruido y la mala imagen que para la Fiscalía suponía, según argumentaron, la campaña de descrédito contra el fiscal, ejecutada con precisión por el ejército mediático del comisario. Con el subordinado directo de la Fiscal General a la cabeza (declaró en la web de Inda que "sentía asco" aunque posteriormente se disculpó), hubo una cascada de acusaciones a Stampa (sin pruebas y con informes oficiales que no lo consideran probado) de haber mantenido una relación impropia con una letrada de Unidas Podemos personada en la causa Tándem (en el lado de la acusación, al igual que el fiscal). Hasta el momento no hay constancia de malestar entre los fiscales por la relación de pareja que mantiene la máxima responsable de los fiscales con Baltasar Garzón, que trabaja en la defensa de algunos de los implicados en Tándem.

Ya en 2017 Villarejo hablaba a sus clientes del ascendiente de  Garzón sobre Delgado 

La relación sentimental de la hoy Fiscal General era voxpopuli mucho antes de ser "oficializada" este octubre por ella misma. Tanto es así que Villarejo y sus cómplices vendían dicho noviazgo a sus clientes sin pudor como un elemento de valor a la hora de convencerles de una supuesta contratación de los servicios de Baltasar Garzón, contrataciones que éste ha negado. En su promoción de Garzón, el comisario y sus socios destacaban su relación como prueba de su ascendiente sobre Dolores Delgado, a la sazón fiscal en la Audiencia Nacional, y en un puesto, según Villarejo, de sumo interés para los intereses de los clientes.

Baste el ejemplo de una conversación que Villarejo y De la Joya mantienen el 17 de julio de 2017 con Álvaro Pérez Maura, hermano de Ángel Pérez Maura, sobre el que pesa una doble amenaza: por un lado, una petición de extradición desde Guatemala —impulsada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)— por supuestamente pagar un soborno y, por otro, el riesgo de una apertura de la causa en la Audiencia Nacional por la existencia de unos correos electrónicos.

 –Álvaro Perez Maura: En Colombia y entonces en las reuniones de aquí, el "Mago" le ve [aquí se refiere a Baltasar Garzón], está con él [se refiere a Iván Velasquez, director de la CICIG], le acompaña aaa la Audiencia...
–Villarejo: Sí, le acom..., le ayuda, le AYUDA a las relaciones, lo que él quería, él quería tener una reunión en vez de a puerta fría, una reunión más razonable con lo que es la Fiscalía de la Audiencia...
–De la Joya: Bueno, no es solamente eso, es que la Lola es la que se mete en la reunión, la Lola es la novia del Balta.
–Villarejo: Bueno, es una amiga joder, no entres en...
–Álvaro Pérez Maura: La Lola es la que está en...
–De la Joya: En la Audiencia Nacional, es la fiscal jefe de extradiciones y yihadismo, que comimos con ella el...
–Villarejo: Lola DELGADO, María Dolores DELGADO, que es la responsable...

Durante la misma conversación, Villarejo y De la Joya insistían a sus clientes en la capacidad y ascendiente con el que se contaba en la Audiencia Nacional y en lo "tronca" (amiga) que era "Lola" de él y, sobre todo, de Baltasar Garzón (alias "Balta"):

-Villarejo: Entonces es, la reunión se mantiene con el fiscal jefe y con la responsable de todo lo que es el tema de extradiciones [Dolores Delgado, según Villarejo] y con lo que es el tema, fundamentalmente de yihadismo, terrorismo etc, etc..., que es esta María Dolores ¿no?, Lola ¿no?, que es muy amiga y muy muy, además yo la conozco también, muy tronca, muy amiga mía, pero vamos, muy amiga de Balta...

Lo explícito de los audios de Villarejo obligó a la Fiscalía a emitir un comunicado exonerando a Delgado 

Tan explícito fue Villarejo en sus conversaciones con los hermanos Pérez Maura, protagonistas de la pieza PIT, que la Fiscalía General del Estado se vio obligada a emitir un comunicado en el que afirmaba que Delgado no participó en la tramitación de la solicitud de extradición contra Ángel Pérez Maura. Asuntos Internos descartó transacciones económicas entre Garzón y Villarejo por este asunto u otros, si bien tampoco se detalla qué tipo de diligencias se practicaron para determinar que Garzón no tuvo relación mercantil. En cualquier caso, la no interacción dineraria con Villarejo no sería un elemento concluyente: en la misma pieza PIT, por ejemplo, los cobros y pagos se distribuían entre varios participantes (Villarejo, De la Joya, Enrique Maestre y los hermanos Pérez Maura) y en Nueva York —referido a otro asunto en el que no se nombra a Garzón— Villalonga es el que se ofrece a actuar de cajero por su condición opaca de residente en Mónaco.

La agenda de Villarejo refleja un cuarto encuentro 

Ante la filtración en septiembre de 2018 y por el entorno de Villarejo de una grabación que aún no ha sido localizada en la fonoteca incautada al comisario, la entonces ministra de Justicia negó cualquier tipo de relación con el comisario encarcelado en una serie de comunicados sucesivos y contradictorios. En uno de ellos se podía leer en su punto 4: "Tal y como manifestó ayer la propia ministra, Dolores Delgado no ha tenido ningún tipo de relación personal, profesional, oficial o no oficial con José Villarejo más allá de haber coincidido con él en compañía de otras personas en algún evento". En una información que recoge la Cadena Ser el 24 de septiembre de 2018 citando fuentes del ministerio de Justicia, se afirma que Delgado solo "tenía recuerdo" de haber mantenido a lo largo de su vida y por cualquier motivo tres únicos encuentros con Villarejo que viene a definir como no intencionados y/o circunstanciales.

Uno primero que no ubica en el tiempo, en el que su pareja (entonces no oficializada) Baltasar Garzón le presenta a Villarejo durante unas jornadas jurídicas que tampoco identificó [Villarejo comenta en audios ser socio de un foro jurídico llamado Justicia y Opinión "desde hace muchos años", que organiza eventos  en el Ateneo de Madrid y donde interacciona, según él, con fiscales de postín].

El segundo, el 23 de octubre 2009 (objeto del audio filtrado), en el restaurante Rianxo de Madrid, junto a también Baltasar Garzón y un grupo de mandos policiales del círculo estrecho del comisario. Se trataba de un almuerzo-homenaje a Villarejo con motivo de la medalla que se le concedió a propuesta de su jefe, también presente y ya fallecido, el DAO Miguel Ángel Fernández Chico. Acerca del motivo de su asistencia, Delgado afirmó que nunca estuvo en la lista de invitados y que acudió en condición de acompañante de Garzón y a petición de éste. No obstante, podía escucharse nítidamente a Delgado compartir, como una más, bromas y comentarios de mal gusto sobre colegas, así como celebrar sin timidez los métodos parapoliciales de Villarejo. No se trataba, además, de una coincidencia en un "evento", sino de una celebración íntima, a la que estaban convocados los amigos de confianza, con los que el comisario interaccionaba con sus empresas hoy bajo investigación.

El tercer encuentro, también en un restaurante, tiene lugar el 4 de julio de 2017, es decir, a tan solo cinco meses de la detención del comisario y de uno de los comensales, Carlos Salamanca. Para este último encuentro reconocido, el más polémico por su proximidad a la detención de Villarejo, Delgado argumentó, según publicó la Cadena Ser citando fuentes de su departamento, que se trató de algo fortuito y circunstancial, alegando que llegó "a los postres" y que obedeció al único propósito de "coordinar con José Luis Olivera, responsable entonces del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), algunas acciones de la lucha contra el yihadismo radical", asunto que ocupaba entonces su tiempo como fiscal en la Audiencia Nacional.

Para entonces Villarejo ya estaba investigado en dos causas muy mediáticas que la entonces fiscal de la Audiencia Nacional no podía desconocer: el caso Elisa Pinto y el de la grabación ilegal al CNI dentro del caso del Pequeño Nicolás. La agenda de Villarejo desmiente la casualidad que alega Delgado, puesto que en ella constan dos entradas en las que dicho almuerzo se planifica: una del 29 de junio de 2017 en la que figura Baltasar Garzón como asistente pero ella no, y otra del día anterior donde sí está programada su asistencia.

Con respecto del importante asunto de "yihadismo radical" que condujo a Delgado a dicho encuentro, no se dieron explicaciones acerca del extraño lugar elegido y sobre el hecho de que, como apunta la agenda de Villarejo para tal día, al almuerzo asistieron, además de Villarejo, Olivera y Salamanca, personas civiles, ajenas por tanto a asuntos confidenciales de seguridad nacional, como, por ejemplo, su novio, que ejerce la abogacía privada, y Pedro Olivera, el hermano de José Luis Olivera, que trataba de iniciar un negocio con Villarejo, según otros apuntes de su agenda.

Además, un pantallazo de un apunte de la agenda de Villarejo en la pieza PIT —cuyo secreto se levantó en mayo de 2019— desmiente su versión. En una anotación fechada el 4 de julio, día del almuerzo, Villarejo recoge lo que destaca de lo escuchado a "BG" y "Lola". Apunta que en el almuerzo efectivamente se habló de "terrorismo", pero no en los términos que alegó Delgado, sino en relación al aprovechamiento que "Balta" y ella podían sacar de una periodista, sobre la cual se expresaron en términos chabacanos. En este punto conviene, no obstante, extremar la prudencia, ya que así como en general no se detectan invenciones con respecto de fechas, llamadas, reuniones y asistentes en los apuntes de la agenda de Villarejo que figuran desperdigados por el sumario, sí que se aprecian algunas exageraciones o inexactitudes con respecto de lo que dijeron o no dijeron las personas con las que apunta que tuvo contactos.

Por otro lado, la agenda de Villarejo tampoco coincide con la versión de la entonces ministra en cuanto al número de encuentros. El comisario tiene agendada una reunión más, y también a pocos meses de su detención, el 24 de mayo de 2017, a la que, según sus notas, asistirían Delgado, Carlos Salamanca, Baltasar Garzón y "Andreu", en referencia probable al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

Del estudio del contenido sumarial de las diferentes piezas cuyo secreto ya está levantado no se puede concluir que no haya más anotaciones con respecto de "eventos" (así los definió Delgado) agendados o supuestamente celebrados con la hoy Fiscal General del Estado. Los dos mencionados para 2017 pueden no ser los únicos apuntados para ese año o en años anteriores, porque como se indicaba al principio de este artículo, la agenda del comisario no ésta aún incorporada en su totalidad al sumario. Las agendas incautadas en el registro a Villarejo se encuentran etiquetadas por el juzgado como indicios BE33, BE45 y BE54. Las siglas BE indican que la documentación fue localizada en el domicilio habitual de Villarejo, el llamado chalé de Montecillo, enclavado en un encinar de ensueño y frente a los principescos jardines del Palacio del Infante Don Luis en Boadilla del Monte.

La relación de Garzón con los investigados está acreditada

Además de su condición de socio director y fundador del bufete ILOCAD, a cargo de la defensa de varios mandos policiales protagonistas del caso, existen múltiples indicios que evidencian una relación de amistad, confianza y colaboración incluso profesional entre Baltasar Garzón y varios de los investigados. Garzón dibuja a Villarejo como un buen policía en uno de los capítulos de un amable y novelado podcast de Prisa radio emitido el 20 de octubre de 2016; en él afirma que, en todo caso, el comisario cumple órdenes, algo que el exjuez ratificó en el programa Salvados, donde Villarejo aireó sus invenciones y del que salió encantado, según puede deducirse de los archivos informáticos que grabó durante su concepción (bajo una carpeta titulada "cauces") y de su colección de crónicas publicadas tras su emisión.

La agenda de Villarejo indica una relación fluida y de confianza con Garzón hasta al menos el 3 de octubre de 2017, tan solo 30 días antes de la detención del comisario .

 El apoyo y preocupación de Garzón por el cerco a García Castaño y a Villarejo y el destape de sus actividades es palpable en los meses anteriores a su detención, y se evidencia en la frecuencia de contactos (llamadas y reuniones, ya sea en solitario o en compañía de su novia) y en la llamada que efectúa a Villarejo el 6 de febrero de 2017 tras el cese de García Castaño y la publicación ese mismo día por Público de parte del inmenso e impactante patrimonio de Villarejo. En dicha conversación, grabada por Villarejo e incorporada a la pieza PIT, Garzón informa a Villarejo de que se ha puesto en contacto con su abogado de cabecera, Ernesto Díaz Bastién, para informarse "objetivamente" sobre sus temas, y le conmina a quedar esa misma tarde en su despacho para hablar tranquilos y en privado. Del tono en el que se expresa Garzón es difícil colegir si la preocupación del exjuez reside en el futuro de García Castaño, en el de Villarejo, en el de ambos o si se preocupa también por sí mismo."        (Pilar L. López de Lara, P. López, Público, 04/11/20)

Los héroes invisibles del ‘caso Gürtel’: No tendría que haber sido tan difícil que un asunto tan vital para la salud democrática del país, haya podido acabar con éxito gracias al trabajo de funcionarios que se han jugado sus carreras. El sistema tendría que haberlos blindado, pero no hay voluntad política...

"El nombre del emisor del mensaje y de los receptores no tiene importancia. Entre otras cosas, porque ellos quieren seguir siendo invisibles, y las contadas veces que cuentan su historia lo hacen bajo el compromiso de confidencialidad. 

Los retrató muy bien Antonio Muñoz Molina en un artículo publicado en 2014 en EL PAÍS y titulado La corrupción y el mérito.

 El escritor explicaba de qué forma el descrédito y el deterioro de la función pública favorecen el ejercicio de la arbitrariedad política y las decisiones corruptas.

 “Lo asombroso”, continuaba Muñoz Molina, “es que en semejantes condiciones haya tantos servidores públicos en España que siguen cumpliendo con dedicación y eficacia admirables las tareas vitales que les corresponden: enfermeros, médicos, profesores, policías, inspectores de Hacienda, jueces, científicos, interventores, administradores escrupulosos del dinero de todos”.

Se da la circunstancia de que, para desgracia de Bárcenas y de sus compinches, un grupo de esos ciudadanos justos estaba de guardia en la Audiencia Nacional la mañana del 21 de diciembre de 2011. 

Dos camiones de la empresa Madrileña de Mudanzas, procedentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), descargaron los miles de folios de un sumario que en 2009 había empezado a instruir el juez Baltasar Garzón.

 “Se daban todas las circunstancias”, dice ahora uno de los investigadores, “para que el proceso se hundiera y el juicio nunca se llegara a celebrar. Se trataba de una causa con aforados, que utilizaron de forma torticera su condición según les iba conviniendo. 

 Bárcenas, que era senador, lo utilizó para que la Audiencia Nacional se inhibiera a favor del Tribunal Supremo, y otros de los procesados, que eran diputados autonómicos, lograron que el proceso fuese al TSJM. Cuando vieron que las cosas allí pintaban mal, dimitieron para que volviese a la Audiencia Nacional, y empezaron las presiones aquí.

 Por si fuera poco, consiguieron cargarse a Garzón, que en mayo de 2010 fue suspendido de forma cautelar y en febrero de 2012 expulsado de la carrera judicial. Aquello no pintaba bien. Nunca durante todos estos años nos quitamos la sensación de que esto se podía venir abajo en cualquier momento”.

Pero resistió. O, mejor dicho, resistieron. Resistió el juez Pablo Ruz, que en el momento de asumir la instrucción tenía 36 años y una capacidad infinita para motivar a los colaboradores, y el magistrado José de la Mata. Y resistieron las fiscales, todas mujeres, a quienes Luis Bárcenas llamaba despectivamente “las niñas”. 

Eso sí, cuando comprobó su eficacia —“hubo momentos clave de la investigación en que la inteligencia de la fiscal Concha Sabadell lo iluminó todo”, asegura una fuente—, el extesorero del PP hizo todo lo posible para que el Gobierno la quitara de en medio, como también pretendió hacer con Manuel Morocho, el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que destapó el caso y que, el pasado mes de noviembre, durante su comparecencia ante comisión de investigación del Congreso, admitió haber recibido presiones y denuncias del PP con el objetivo de “desestabilizar” la investigación. 

Aguantaron también los funcionarios de Hacienda y el abogado del Estado, que emitieron informes muy contundentes contra la trama. Y también algunos de sus superiores jerárquicos supieron estar a la altura. 

Una fuente de la Audiencia Nacional asegura que “Antonio Salinas, el entonces fiscal jefe anticorrupción, avaló en todo momento el trabajo de las fiscales e incluso llegó a desaparecer literalmente en momentos clave para evitar que una orden terminante de sus superiores pudiese cortocircuitar la investigación”.

De ahí que, el jueves, a eso del mediodía, una emoción discreta embargara a muchos funcionarios de la Audiencia Nacional. Uno de ellos advierte: “No tendría que haber sido tan difícil. No es lógico que un asunto tan importante como este, tan vital para la salud democrática del país, haya podido acabar con éxito gracias al trabajo de funcionarios que, en algunos casos, se han jugado sus carreras. El sistema tendría que haberlos blindado, pero no hay voluntad política”.

Hay quien dice en el PP que la sentencia de Bárcenas es la prueba de su respeto por el poder judicial. “Nada más lejos de la realidad”, dice un alto representante de la Audiencia Nacional. “Raro es el servidor público vinculado al caso Gürtel que no haya recibido presiones. 

O ya no se acuerdan de que los informes de Bárcenas contra la UDEF o decenas de tretas parecidas”, señala la misma fuente. Sin olvidar que, en un primer momento de la instrucción, la Comunidad de Madrid (en manos del PP) infiltró a un licenciado en Derecho para que apoyase al juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel entre 2009 y mediados de 2012. 

Durante al menos un año, Rafael N. G. tuvo acceso a toda la investigación secreta que afectaba a cargos del PP y a las resoluciones del magistrado, aquejado de graves problemas de movilidad."              (Pablo Ordaz, El País, 26/05/18)

Una denuncia contra magistrados del Tribunal Supremo

"Se ha sabido de un encuentro, parece que en una comida, del exministro Ángel Acebes, ahora imputado en la causa de Gürtel, y Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS). Un hecho ciertamente vergonzoso y preocupante por numerosas razones.

Estos encuentros hacen recordar que el 7 de mayo de 2012 un grupo de juristas, ante la conclusión de los procesos contra el juez Garzón, en el ejercicio del derecho constitucional de petición, presentó un escrito ante el entonces presidente del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, en el que exponía una serie de conductas privadas de magistrados del Supremo que habían participado en los procesos contra Garzón y reclamaba que se adoptaran las medidas adecuadas.

Hasta ahora, el CGPJ no ha respondido a dicha reclamación, incumpliendo abiertamente las obligaciones que le impone la L.O. 4/2001, que regula aquel derecho.Un ejemplo mas de cómo las Instituciones públicas menosprecian los derechos civiles de los ciudadanos.

El escrito concluía así: “Ante los hechos descritos, que suscitan serias dudas sobre el cumplimiento por dichos magistrados del TS del régimen de incompatibilidades y prohibiciones, con la consiguiente afectación claramente perturbadora no solo de su ética profesional sino de su imparcialidad tanto objetiva como subjetiva, se solicita que se proceda a la comprobación y esclarecimiento de los referidos hechos que, por su naturaleza, pueden incidir en la validez de sus decisiones jurisdiccionales y, en consecuencia, en su posible nulidad.

Y, particular, la determinación de la totalidad de Seminarios, Cursos y Conferencias impartidos por dichos magistrados, sus patrocinadores y la retribución percibida por cada uno de dichos magistrados y por cada una de dichas actividades.

Y, en su caso, que se acuerde la incoación de Diligencias Informativas o Expedientes disciplinarios contra los magistrados que, según resulta de los datos expuestos, hayan infringido el régimen orgánico de ‘prohibiciones e incompatibilidades’, deduciéndose, en su caso, el testimonio que proceda al Fiscal General del Estado para que proceda a la investigación de la posible comisión de delitos de cohecho”.

Los hechos eran estos:

1.- Schola Iuris, Instituto Europeo de Práctica Jurídica.

“El Instituto de Práctica Jurídica Schola Iuris es una entidad de carácter privado que pretende fomentar en su campo de actividad, la Formación, valores tales como la excelencia, la calidad, el humanismo o la cercanía al alumno que, con un enfoque eminentemente práctico, sirva de puente para la para la incorporación eficiente al mundo del trabajo y de la empresa. Una de las características más importantes de Schola Iuris es su Profesorado.

Así lo reconocen los alumnos que se han formado con nosotros. Con su prestigio, conocimientos, y sus dotes pedagógicas y humanas se han ganado a pulso una altísima valoración, que hacen de Schola Iuris una institución líder en España en sus áreas formativas” (domicilio social: c/Arturo Soria, 301. Madrid).

Su titular es la sociedad Procard Europa S. L. con un capital social de 3.010 euros de la que es administrador único el director de dicho instituto, Ángel Benseny Pellicer, psicólogo forense de los Juzgados de 1º Instancia de Madrid. Director que, a la vez, es administrador solidario con María Ángeles Mora Martínez de la sociedad Servicios Promocionales Asociados Millenium S. L., de igual capital social que la anterior.

Ofrece másters privados, cursos de Especialización y Formación Profesional. En relación al máster de Derecho Penal Práctico, “sin duda alguna el punto fuerte de este Master lo conforman el magnífico plantel de Profesores en el ámbito judicial español”.

Plantel en el que figuran los magistrados del TS Maza Martín, Sánchez Melgar y Manuel Marchena, como hemos dicho ahora presidente de la Sala Segunda del TS, más numerosos jueces y fiscales que figuran como reclamo para los cursos de este Centro.

Además, entre otros, del letrado D. Luis Rodríguez Ramos, al que luego nos referiremos. Máster en el que los alumnos pagan por matrícula 14.000 euros. Asimismo, se ofrece un Curso de Derecho Penal En Genética y Nuevas Tecnologías en el que figuran como profesores los magistrados del TS Maza Martín y Sánchez Melgar.

Resulta preocupante, para la imagen de jueces y magistrados, hallar en internet desde hace varios años una enumeración de jueces, en particular los del TS, como reclamo para los cursos de una academia privada.

La oferta educativa de Schola Iuris incluye, conjuntamente con los citados magistrados, numerosos letrados que asumieron la defensa de imputados en el proceso por la trama de corrupción conocida como Gürtel, como el Sr. Rodríguez Ramos, vicedecano del Colegio de Abogados de Madrid.

A lo expuesto, debe añadirse el siguiente texto publicitario del citado Instituto: “Para los licenciados en Derecho, el título proporciona una alta especialización práctica en Derecho Penal y está reconocido por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid para el acceso al Turno de Oficio”.

Y añadía: “Cuenta además con un cuadro docente del más alto nivel, en el que se encuentran juristas con la experiencia y prestigio de D. Adolfo Prego, vocal del Consejo General del Poder Judicial; D. José Manuel Maza, magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo” y otros magistrados y fiscales.

En noviembre de 2004, el director del centro viaja a México y firma un preacuerdo con las universidades de Guadalajara y Chihuahua para permitir que licenciados en derecho mexicanos pudieran cursar en Madrid el máster en Derecho Penal Práctico de Schola Iuris.

La web de becas mba se refería a este viaje exponiendo que: “El preacuerdo se adoptó aprovechando la presencia de Don Ángel Benseny en Méjico con motivo de Primer Congreso Mundial de Procuración, Impartición de Justicia y Ciencias Forenses, celebrado en el Estado de Chihuahua. En dicho evento estuvo también presente D. José Manuel Maza, Magistrado del Tribunal Supremo de nuestro país y profesor de Schola Iuris (…)”.

Previamente, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Tabasco, Guillermo Narváez, había visitado Madrid donde se reunió con el presidente del CGPJ y del TS, según explicaba becas mba.com: “El director del Instituto Europeo de Práctica Jurídica Schola Iuris, D. Angel Benseny, tuvo la oportunidad de entrevistarse con él y presentarle la oferta formativa del Instituto que preside, especialmente el máster en Derecho Penal Práctico.

A la vista del excelente programa y del magnífico plantel de profesores, el Magistrado-Presidente D. Guillermo Narváez, acordó la promoción del mismo entre distintas instituciones del Estado en México…” En internet se puede encontrar al día de hoy esta oferta de Schola Iuris en diversos portales educativos.

En educaweb se anuncia el máster de Derecho Penal Económico y de la Empresa” de Schola Iuris con un precio de 2.200 euros por las 96 horas de duración. En el programa figura como docente, con dos módulos, el magistrado del TS José Manuel Maza.

Entre los letrados se encuentran el ya citado Rodríguez Ramos, que asumió la defensa de varios imputados en la causa penal contra la trama Gürtel, como Benjamín Martín Vasco (exDiputado en la Asamblea de Madrid), Jesús Merino Delgado (exDiputado en el Congreso de Diputados) y Guillermo Ortega Alonso (exalcalde de Majadahonda). Por último, el letrado D. Florentino Ortí Ponte se hizo cargo de la defensa del ex alcalde del PP de Arganda, Ginés López Rodríguez.

2.- La Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa, FIDE, cuenta con un consejo asesor empresarial cuya función es, según definición de la propia Fundación, la siguiente: “Promueven que la plataforma de reflexión que pretende ser la Fundación se amplíe a los diferentes sectores económicos, administrativos y jurídicos.

Contribuyen económicamente al desarrollo de las diferentes actividades. Está integrado por un conjunto de empresas y despachos que financian y participan decididamente a la Fundación”. (Domicilio social, c/Serrano 26,4º Dcha.) Fundación que cuenta con la colaboración de Caixa Galicia, Banc Sabadell, Banesto, Telefónica, Repsol, Gas Natural, Enagás y otras grandes empresas, así como importantes Despachos de Abogados como Rodríguez Ramos Abogados, Oliva-Ayala Abogados, Garrigues y, entre otros muchos, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

El magistrado Miguel Colmenero, ponente en el juicio oral contra el magistrado Sr. Garzón por la intervención legítima de las escuchas ya mencionadas de la trama Gürtel, que concluyó con la sentencia condenatoria del Magistrado acusado, figura desde el año 2007 en la dirección de un Foro de la Fundación.

Entre 2011 y 2012, el magistrado Colmenero participó en la dirección de dos foros: el de Jurisprudencia del Tribunal Supremo y el de Derecho Penal de los Negocios y la Empresa. En este último coincidió en la dirección, entre otros juristas, con la Sra. Silvina Bacigalupo Saggese, Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid y el Sr. Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles, socio del bufete Oliva-Ayala Abogados.

Este foro se viene realizando prácticamente con el mismo equipo desde 2007. Estos dos letrados tienen en común haber defendido a algunos de los imputados en el caso Gürtel. Silvina Bacigalupo se hizo cargo de la defensa de Francisco Javier del Valle Petersfeldt y Francisco Javier Sánchez Vera Gómez Trelles defendió a Jacobo Gordon Levenfel.

El letrado D. Horacio Oliva García asumió de la defensa de Manuel Delgado Solís y José Antonio Lopez Rubal. Por su parte, D. Ignacio Ayala Gómez, del mismo despacho, asumió la defensa de Alberto López Viejo (exConsejero del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y exdiputado regional).

Además, el magistrado Colmenero ha participado en otros dos Cursos de FIDE. El 23/2/2011 sobre el Delito de corrupción entre particulares con la intervención también de los letrados Sra. Bacigalupo y el Sr. Sanchez-Vera. El 19/5/2011, sobre el delito de “administración desleal”, acompañado de los mismos letrados.

Y el 4/10/2011, apenas cuatro meses antes del juicio oral contra el Magistrado Sr. Garzón por la causa de las escuchas, el letrado Rodríguez Ramos intervenía junto al magistrado Colmenero en un evento sobre Compliance y Derecho Penal.

En relación al proceso contra el Magistrado Sr. Garzón por su intervención en el proceso sobre la trama Gürtel, el letrado Rodríguez Ramos protagonizó un debate sobre la conveniencia de que el Colegio de Abogados de Madrid, del que es Vicedecano, se personara como acusación. El Colegio finalmente se decidió por emitir un informe.

El 9 de febrero de 2012 a las 19.30 de la tarde, el magistrado Sr. Garzón hizo público un comunicado manifestando su rechazo hacia la sentencia condenatoria que esa misma mañana le habían notificado. A esa misma hora, en la sede de FIDE, según su programa de actividades , estaba previsto que el magistrado Miguel Colmenero presentara la tercera edición de los Comentarios al Código Penal, obra coordinada por el Sr. Conde Pumpido, exfiscal general del Estado y magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

3.-Los magistrados antes citados del TS y diversos letrados figuran relacionados en el anuncio de un Curso en la Universidad Rey Juan Carlos.

El curso de Derecho Penal Económico cuenta con un Consejo Científico. Como Presidente figura el magistrado del TS Maza Martín. Entre los vocales de dicho Consejo se encuentra el letrado D. Gonzalo Rodríguez Mourullo, defensor del exdirigente del PP Pablo Crepo Sabarís, imputado en causa de Gürtel y, asimismo, ejerció la acusación particular contra el Magistrado Sr. Garzón en la Causa especial ya mencionada y derivada de aquel proceso.

En el plantel de profesores de dicha Universidad figuran los siete magistrados que compusieron la Sala que juzgó y condenó al Magistrado Sr. Garzón: D. Joaquín Giménez, presidente de la Sala; D. Miguel Colmenero, ponente de la sentencia; D.Manuel Marchena, D.Andrés Martínez Arrieta; D. Francisco Monterde; D.Luciano Varela; y D. Juan Ramón Berdugo.

En el capítulo de letrados profesores figuran letrados que en su día asumieron la defensa de imputados relacionados con la trama Gürtel. Es el caso de D. Ignacio Ayala, de Oliva Ayala Abogados; D.Joaquín Burkhalter, abogado de Cuatrecasas Gonçalves Pereira; Dña.Adriana de Buerba, de Perez Llorca-Andres de la Oliva abogados; D. Ángel González Franco; Rodríguez Ramos; Sánchez Vera, de Oliva- Ayala Abogados y el citado Rodríguez Mourullo.

Ignacio Ayala, defensor del entonces diputado regional del PP Alfonso Bosch Tejedor.

Joaquín Burkhalter, que asumió la defensa de Arturo Gianfranco Fasana.

Adriana de Buerba, defensora de Cesar Tomás Martín Morales, exvicepresidente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte.

Ángel González Franco defiende al imputado Santiago Lago Borstein.

Este máster fue una de las ofertas académicas fruto del convenio entre URJC y la empresa KPMG, que presenta así la cátedra: “Bienvenidos a la página web de la cátedra de Investigación Financiera y Forense KPMG-URJC. La lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, el fraude fiscal, los delitos socioeconómicos cometidos mediante las nuevas tecnologías”.

4.- Algunos de los citados magistrados del TS participaron hasta el 2007 en cursos de la Fundación FAES que preside José María Aznar. Más recientemente, han intervenido en eventos propiciados por la Fundación Wolters Kluwer cuyo consejo consultivo asesor está presidido por José María Michavila, ministro de Justicia con José María Aznar y en donde figura asimismo Ángel Acebes, quien fue Ministro de Administraciones Públicas y de Interior, también con Aznar.

Es relevante, por su significación ideológica y política, que un magistrado miembro de la Sala que juzgó y condenó al Magistrado Sr. Garzón. D. Miguel Comenero, haya tenido relación con la Fundación FAES que preside Aznar.

Participó en cursos de la Fundación FAES durante los cursos 2005, 2006 y 2007, al menos, en cinco ocasiones. Concretamente, el 8 De Febrero de 2005, en un acto coordinado por el exmagistrado Adolfo Prego y el 21 de junio, también con el exmagistrado anterior. En 2007, el 26 de marzo. Y en 2008, los días 12 de junio y 12 de septiembre.

Durante los años 2005-2008, el exmagistrado Adolfo Prego consta que asistió a 27 actos convocados por dicha fundación del Partido Popular, al menos en tres de ellos como Coordinador o Ponente. Posteriormente, pese a su evidente y pública afinidad con el Partido Popular, integró la Sala y fue Ponente durante la instrucción del proceso contra el magistrado Sr. Garzón por haber incoado el Sumario 53/2008 sobre los crímenes del franquismo.

FAES, Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, es una Fundación privada sin ánimo de lucro que según se expresa en su propia presentación: “Trabaja en el ámbito de las ideas y las propuestas políticas.

Vinculada al Partido Popular desde su creación, en 1989, la Fundación FAES está presidida por José María Aznar. FAES es un gran laboratorio de ideas y programas cuya vocación es nutrir el pensamiento y la acción política del centro liberal y reformista”.

En 2006, el entonces fiscal del Tribunal Supremo y hoy magistrado Manuel Marchena obtenía el XX premio La Ley de artículos doctrinales. La Ley es una potente editorial jurídica dependiente de la Fundación Wolters Kluwer –perteneciente al grupo multinacional editorial Wolters Kluwer–. Su actividad se centra en la edición de publicaciones técnicas y profesionales, manuales y libros, y en la organización de seminarios presenciales y cursos on-line, en diferentes áreas: como Recursos Humanos, Finanzas, Contabilidad o Marketing, entre otros.

Su Consejo Asesor está presidido por el ex ministro de Justicia José María Michavila y en él se encuentran, entre otros, el también exministro Ángel Acebes, .Desde entonces,el magistrado Manuel Marchena, figura en algunos eventos de la Fundación Wolters Kluwer y en concreto como Jurado del premio La Ley de artículos doctrinales, del que es miembro desde hace varios años, coincidiendo en el Jurado con su ex olega Adolfo Prego y otros juristas como el Vicedecano del Colegio de Abogados de Madrid Rodríguez Ramos.

El magistrado Manuel Marchena ha intervenido también en el comité de Expertos del Observatorio de la Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía y La Ley de Walters Kluwer y su nombre aparece además junto al de Michavila en algún acto concreto como fue el encuentro profesional celebrado en Quintanilla de Onésimo a principios del año 2010. En esta ocasión el magistrado compartió el encuentro con otro magistrado del TS, Sánchez Melgar.

5.-El magistrado Manuel Marchena, en 2007, 2008 y 2009 participó en los Foros de las Evidencias Electrónicas que preside el despacho de abogados Garrigues. Consta el patrocinio de dicho Foro por Ancert, Cybex, El Derecho, Informática El Corte Inglés, Postal Trust, Secuware, Symantec y T-Systems.

En el Primer Congreso de la empresa INGEFOR Consultores, celebrado en 2008, también participó, conjuntamente con el Magistrado Maza Martín, con asistencia de diversos letrados del Despacho Garrigues y de otros, así como jueces de diversos órganos judiciales.

En marzo de 2009, el magistrado Marchena intervino, junto al Magistrado Sánchez Melgar, en la apertura del encuentro sobre la Responsabilidad de las personas jurídicas que organiza el Instituto de Fomento Empresarial, curso en el que la cuota de inscripción fue de 1.230 euros.

Igualmente participa, con el magistrado D. Miguel Colmenero, en la VII Semana Jurídica Malacitana celebrada en Noviembre de 2007 conjuntamente con letrados de los Despachos ya citados.

Según el CV de dicho magistrado, publicado por la Editorial Datadiar, ha sido Profesor del Master de Nuevas Tecnologías de la Información organizado por el Instituto de Informática Jurídica de la Facultad de Derecho de ICADE.

6.- En las Canarias, la entidad económica Caja7 patrocina diversos actos en los que intervienen los Magistrados de la Sala Segunda, Maza Martín y el letrado Choclan, defensor del imputado Correa en la causa penal contra la trama Gürtel y que actuó como acusador particular, en representación de dicho imputado,en la causa penal contra el Magistrado Sr. Garzón por las escuchas del caso Gürtel.

Bajo el patrocinio de Iuris Comer Canarias S. L.,empresa, entre otras actividades, de distribución de fondos bibliográficos, los días 25 y 26 de Junio de 2009, se celebra en Tenerife un Curso sobre La prueba ilícita penal en el que participó el expresidente de la Sala Juan Saavedra y el letrado Choclan.

Los días 25 y 26 de Junio de 2009, en la sede de Caja7, el expresidente de la Sala que acabamos de citar, interviene junto al citado letrado en unas Jornadas en Tenerife sobre la Prueba ilícita penal.

Mas tarde, los días 21 y 22 de enero de 2010, en la Universidad de Las Palmas participan en otro evento el letrado Choclan y el Magistrado Maza Martín sobre La delincuencia medioambiental en Canarias. Y, nuevamente, el 3 de Noviembre de 2011,con el patrocinio de Caja7 y otras entidades, como Iuris Vegueta, el letrado y magistrado anteriormente citados participan, de nuevo en Tenerife, en las III Jornadas de delincuencia y económica y blanqueo de capitales.

7.- El 26 de Octubre de 2007, se celebra en la Sala de Conferencias de Cajamar la VII Semana Jurídica Malacitana. Semana en la que, según informó Cajamar, participaron “miembros relevantes de la judicatura española”. Entre ellos, los magistrados Juan Saavedra, Manuel Marchena y Miguel Colmenero.

El 10 de noviembre de 2008, en la Sala ya citada se celebra una conferencia sobre La ejecución de las sentencias penales: disfunciones y carencias que modera el expresidente Saavedra.

Y en noviembre de 2009, Cajamar convoca un nuevo acto en Málaga sobre El Tribunal Supremo en la Constitución en el que también interviene el expresidente Saavedra. Acto que fue retransmitido por la empresa Datadiar, a la que luego nos referiremos.

8.- El 20 de mayo de 2011, el expresidente Saavedra preside el Jurado que ha de otorgar el Premio Cátedra José María Cervelló convocado por dicha cátedra, la IE Law School y el Despacho de Abogados Hermosilla y Gutiérrez de la Roza.

9.-Entre las numerosas actividades extrajudiciales del ex Presidente Saavedra, debe citarse su participación en las II Jornada Jurídica de Ceuta, convocada por el Gobierno de aquella ciudad para el 26 de Abril de 2011.

10.-En relación a Saavedra, debe destacarse su condición de miembro del Consejo Asesor del Centro de Formación Datadiar. Centro que dirige el letrado José Manuel Díaz-Arias, principal responsable del Bufete Díaz-Arias, con despachos en Madrid, Barcelona y California (EEUU).

Y que garantiza una “Formación Jurídica, Fiscal, y Contable en Internet, desarrollada con la última tecnología y guiada por los mas prestigiosos autores en cada materia”. Destaca en su oferta la “Consultoría Derecho de Nuevas Tecnologías y Juego Online”. En su oferta de servicios dice así: “Las bases de datos de Datadiar han sido homologadas por el Consejo General del Poder Judicial y son seleccionadas por jueces y magistrados para su consulta”.

Es decir, que, al parecer, magistrados de diversas instancias judiciales, entre los que figura el Presidente Saavedra, se han ocupado de realizar una labor de asesoramiento para la citada empresa. Así mismo, dispone de una oferta on line para la adquisición de publicaciones de ciertos magistrados o visionar sus conferencias. Como algunas de los referidos Maza Martín y Sánchez Melgar.

En dicho centro, el expresidente de la Sala desarrolla una intensa actividad docente, en la que también intervienen algunos de los citados magistrados.

Entre otras, los siguientes. Los días 12 y 13 de marzo de 2007, organiza unas Jornadas de Derecho Penal Económico que fueron presentadas por el expresidente Saavedra y en la participaron los magistrados Manuel Marchena y Maza Martín.

Los días 16 a 18 de noviembre de 2010, se celebran las Jornadas sobre el C. Penal en el juego on line, Jornadas que también fueron patrocinadas por el Centro Internacional Carlos V y la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR). En ellas participaron el ex Presidente Saavedra y los magistrados Marchena y Maza.

Desde aquella fecha, 2012, habría que pensar que dichas actividades han continuado. Lo que suscita una honda preocupación por la vigencia de la independencia judicial en el seno de tan alto Tribunal." (Carlos Jiménez Villarejo, Ex fiscal Anticorrupción, La Lamentable, 13/11/16)