"La explotación sexual de niños tutelados en Mallorca existe desde hace décadas, a mí intentaron prostituirme en los 90"

"Joana entró con 13 años en un centro de menores de Palma, dependiente del Govern balear. Fue a principios de los años 90.

 "Me escapaba constantemente. Una de las veces llevaba en la calle tres días, estaba muerta de hambre y de frío. De madrugada, una furgoneta paró cerca de la plaza de España. El hombre me ofreció irme a su casa. Yo sabía lo que iba a pasar. Me pidió que me duchara, después me puso una camisa suya y me tiró sobre su cama. Me violó. Cuando terminó, me dio de comer y me ofreció 2.000 pesetas. Entonces le clavé el cuchillo en la mano, cogí su cartera y salí corriendo. Los captadores te obligan a sentirte prostituida".

Joana repasa con dolor los peores años de su vida: "Tengo 41 años y no quiero que las niñas pasen por lo que pasé yo. Ya no me da miedo contarlo, nadie me hará más daño del que me hicieron. A las instituciones no les interesa que esto salga, pero es más grave de lo que la gente piensa. Hay mucho dinero detrás", asegura.

La denuncia por violación de una niña tutelada de 13 años, atacada por seis adolescentes en el barrio palmesano de Corea durante la pasada Nochebuena, ha obligado al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (cuya competencia gestiona el Consell de Mallorca) a reconocer que tienen constancia de 16 casos de explotación sexual infantil en sus centros.

La Fiscalía de Baleares, que ha abierto una investigación, asegura en un comunicado que "en los últimos años se han denunciado en Fiscalía diferentes casos concretos de conductas que afectan a menores de edad por hechos similares o parecidos que, como no puede ser de otra manera, siempre se han investigado". Por su parte, el Defensor del Pueblo ha decidido actuar de oficio para indagar en el tema y ya ha solicitado información al Consell.

En este momento hay en Baleares 359 menores tutelados por el IMAS en los 31 centros que gestiona (5 públicos y 26 concertados). Por un lado están los centros dependientes del Consell de Mallorca, que tutelan a menores desprotegidos y cuyo régimen es semiabierto. Por otro, los centros socioeducativos o centros de reforma, a los que llegan menores sobre los que pesan medidas judiciales. Los últimos dependen directamente del Govern.

Las más vulnerables

"Las niñas de los centros tutelados son las más vulnerables porque no tienen nada ni a nadie. Se callan porque están aterrorizadas y porque piensan que ellas tienen la culpa. Pero no solo pasa con las niñas, la explotación sexual de menores tutelados afecta también a los varones. Y las instituciones llevan más de 30 años mirando para otro lado".

En la última semana, en un caso diferente a las menores tuteladas explotadas sexualmente, la Consellería de Asuntos Sociales del Gobierno balear ha admitido que en los últimos cuatro años ha despedido a cinco educadores del centro Es Pinaret por "conductas sexuales inadecuadas". La coincidencia temporal hace que se mezclen los dos casos.

Joana recuerda que en su época los centros eran mixtos, pero la presencia de las chicas era casi anecdótica. En cualquier caso, los comportamientos abusivos estaban a la orden del día. "Uno de los educadores nos agarraba el culo", rememora.

La reacción para intentar mantenerse 'a salvo' era vestirse con la peor ropa: "Me ponía muy muy fea para que nadie se fijara en mí. Siempre tenía novio porque era la única manera de que no me tocaran. Y cuando alguien se acercaba más de la cuenta, les decía que tenía sida", resume.

Un problema que va a más

El tema de la prostitución sobrevolaba ya entonces esas instituciones."Me han intentado prostituir muchas veces", dice Joana, en presente, sobre el año escaso que permaneció en aquel centro. "A una compañera se lo propusieron y aceptó. Entonces ella intentó captarme a mí, para dejarlo ella".

Su historia refleja una realidad silenciada que, de acuerdo con los especialistas, va en aumento. "Es significativo el aumento en toda España, pero especialmente en el Mediterráneo turístico", sostiene un pedagogo que ha estado durante años trabajando en centros tutelados, y que prefiere que no se publique su nombre.

Para Joana, la llegada al centro de menores fue el colofón de otras situaciones traumáticas. "Mis padres vivían del turismo, eran taxistas, siempre estaban ocupados, trabajaban doce horas, de día y de noche. En invierno algo menos, pero recuerdo que con cinco años me iba sola a pescar, enfrente de casa. Siempre les eché en cara que no estuvieran conmigo. Nunca me faltó nada material, pero yo solo necesitaba atención", explica. Y hace hincapié en la situación de indefensión en la que se encuentran muchos de los menores tutelados.

"En Baleares y en la España mediterránea hay muchas chicas descuidadas por sus familias durante seis meses al año. La prevalencia de la cultura del ocio es una incitación a la sobreestimulación. Es nuestro paisaje urbano, donde el puro hedonismo está más presente. El turismo de marcha es la zona más vulnerable para los primeros contactos con la prostitución", agrega el especialista.

"Yo no necesitaba una billetera, necesitaba atención", sentencia Joana, que pone el foco en la soledad de su infancia. "A mí me criaba mi hermana mayor, que era adolescente, por eso empecé a ir con gente más mayor que yo. Era habitual que me escapara de casa. Fue mi padre quien me metió en un centro porque era una niña problemática. De hecho, antes de eso, fui violada por un hombre de más de 60 años, a escasos 20 metros de mi casa. Tenía nueve años. ¿Qué hacía yo sola en la calle con esa edad?", se pregunta.

"Si salgo yo, tal vez salgan muchísimas más"

"Hay gente que está normalizando que las malas de esta historia son las niñas. Y eso es lo peor que puede pasar", abunda esta ex menor tutelada. Ella es una de las personas que ha puesto en marcha ACCESI, Agrupación Ciudadana Contra la Explotación Sexual Infantil. Están a la espera del permiso oficial para concentrarse ante la puerta del IMAS el próximo lunes, 27 de enero.

Pasaron años hasta que Joana consiguió tener una vida algo más tranquila. Se sacó el curso de vigilante de seguridad y durante un tiempo trabajó en Es Pinaret, un centro socioeducativo en Palma, "donde nos tenían prohibido hablar con los niños tutelados". También lo hizo en la estación Intermodal, el intercambiador principal de Mallorca, frente a la plaza de España.

En 2016, evitó que un hombre captara sexualmente a un menor de 13 años en los baños de la estación. "Hace dos años dejé ese trabajo, la intervención en la Intermodal me afectó mucho. La estación es un antro de pederastas. Muchos niños tutelados se reúnen allí, en el parque, en los túneles, en los baños y en las salidas de emergencia. Es un sitio abierto donde tienen facilidad para escaparse".

Ella confía en que su testimonio sea solo el primero: "Remover toda esta mierda me duele, pero tengo que hacerlo porque si salgo yo, tal vez salgan muchísimas más".                  (Raquel Agüeros, eldiario.es, 22/01/20)

La Audiencia Nacional investigará a los cónsules que avalan los vientres de alquiler

"La Asociación L’Escola AC, dirigida por la abogada especializada en Derechos Humanos, Núria González, presentó hace una semana una denuncia ante la Fiscalía General del Estado con el objetivo de que se abriesen diligencias para investigar el entramado que se esconde tras las agencias que promueven la gestación mediante vientres de alquiler y los cónsules que validan las inscripciones registrales. Ésta no era ni mucho menos la primera denuncia que la abogada interponía ante la Fiscalía, pero sí que ha sido la primera vez que ha recibido una respuesta favorable. 

Según ha confirmado González a eltaquigrafo.com, y según ha podido comprobar este medio, la Fiscalía General del Estado habría remitido dicha denuncia a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, como órgano competente para su investigación. Ahora, todo parece indiciar que la Audiencia abrirá diligencias para investigar, como se solicita, a varias agencias de vientres de alquiler que podrían estar cometiendo posibles delitos contra la filiación familiar y pertenencia a una organización criminal. 

En dicha denuncia, L’Escola AC también señalaba a los cónsules que, presuntamente, han validado las inscripciones en los consulados de España en el exterior, después de que una sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2014 considerara que los contratos de gestación subrogada eran nulos de pleno derecho y, por lo tanto, inaplicables en el derecho español. A estos cónsules, González los presenta como autores de un presunto delito de prevaricación. Llama la atención, pues, que aun ser una práctica prohibida en nuestro país, existan estas presuntas artimañas legales entre los cónsules que permiten la inscripción de estos bebés. 

Años de investigación personal 

Tras años de investigación, González y su equipo han podido constatar que las agencias de vientres de alquiler, a pesar de ser una práctica prohibida por la legislación española, operan con total impunidad en nuestro país. Es más, González tuvo acceso, en primera persona, al hacerse pasar por una cliente en una de estas agencias, a toda una serie de procesos de posible falsificación y gestión irregular —subvirtiendo las reglas establecidas en la Ley 14/2016, sobre técnicas de reproducción asistida—, así como respecto a opciones de financiación de los costes de la reproducción. Para ello, la abogada ya ha presentado en varias ocasiones, ante la Fiscalía, los documentos que dicha agencia le facilitó y un audio en el que ella se hace pasar por una posible interesada, para que se abra una investigación acorde a los indicios presentados. 

Es por ello que, junto con la última denuncia presentada hace escasos días, la abogada pudo adjuntar documentación suficiente para que se abra una investigación sobre varias agencias de vientres de alquiler y los cónsules españoles que avalan los registros. Dicha denuncia, fue presentada aprovechando que la recién nombrada Fiscal General del Estado, la exministra de Justicia, Dolores Delgado, se pronunció el pasado verano en contra de los vientres de alquiler, asegurando que la práctica debía ser investigada. 

Cónsules en el punto de mira 

González recalca la mala praxis de los Cónsules Generales de España residentes en todos aquellos países que han permitido la inscripción de menores nacidos por gestación subrogada, «contraviniendo, presuntamente y a sabiendas, la legislación española». Es por ello, por lo que en la misma denuncia también se insta a que inicien los trámites necesarios para lograr la anulación de la Instrucción de 5 de octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y Notariado,que permite la inscripción registral de los bebés nacidos mediante un vientre de alquiler, en los consulados de España en el extranjero, a través de un posible fraude de ley. 

Así pues, desde L’Escola AC se esperaba con cierto optimismo que la voluntad expresa y pública de la exministra en contra de la explotación reproductiva de las mujeres, se tradujera en una respuesta afirmativa a las instancias que en la denuncia se le presentaban. La asociación de González queda a la espera de nuevas informaciones, ahora de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y se ofrece, una vez más, para resolver y participar en los procesos que sean necesarios para que la investigación sea efectiva y real."                (Miriam de Saint Germain, el taquígrafo, 24/01/20)

La diputada que avisó del escándalo de los menores en Mallorca y la tacharon de loca

"A Xelo Huertas, exdiputada y expresidenta del Parlamento balear, le acusaron de demagoga, exagerada y alarmista durante más de un año. 

Le repetían que no entendía nada, que vivía en una especie de fantasía por insinuar que el IMAS [Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales] necesitaba ser auditado y que se estaban cometiendo irregularidades muy graves, tanto en el diagnóstico de algunas retiradas de tutela de menores a los padres como luego en el cuidado de esos niños en los distintos centros y pisos tutelados. "Recuerdo esos meses como una verdadera pesadilla. Trataron de ridiculizarme, de humillarme incluso. Esperaban que me debilitara y me marchara", cuenta Huertas.

En 2017 se le ocurrió hurgar en una herida que muchos profesionales conocían y que algunos incluso denunciaban en privado: la falta de recursos y las negligencias de la institución. Presentó una Propuesta No de Ley (PNL) para remodelar el IMAS y encargar una auditoría externa de los últimos diez años. Ahí comenzó su calvario.

 El Parlamento balear tardó un año en llevar su propuesta al pleno. "Durante meses me pidieron que la retirase, que iba a generar alarma si la llevaba al pleno, que ya existían mecanismos legales y que funcionaban correctamente. Pero me negué", recuerda la exdiputada. Finalmente, el 13 de marzo de 2018, el Parlamento debatió la propuesta y el tripartito en el gobierno (PSIB y Més per Mallorca con el apoyo de Podemos) se lanzó a degüello.

"Está acusando al IMAS de no actuar correctamente. Dice que los técnicos se sienten menospreciados en sus actuaciones. Usted no hace un diagnóstico sino que pone en cuestión todo un sistema y genera desconfianza sobre los profesionales y expertos en la materia", le afeó el Partido Socialista de las Islas Balares (PSIB), líder de la alianza de gobierno, por boca de la diputada Conxa Obrador. "Estamos convencidos de que el bienestar de los menores no se asegura ni mediatizando ni haciendo espectáculo de un tema tan delicado, sino con prevención", le criticó David Abril, de Més per Mallorca, que la tildó de irresponsable e ironizó con que Huertas se creía que vivía en una película de Hollywood.

En la misma línea la acusó Marta Maicas, de Podemos, quien pidió sacar del foco mediático a los menores vulnerables y exigió a la prensa autocensura en sus informacioness. La PNL se votó con el rechazo abrumador de la cámara. Solo Ciudadanos apoyó a Huertas.

El rechazo frontal de los responsables políticos a la sola insinuación de que el IMAS estaba enfermo resulta hoy perturbador, una vez desvelado que al menos 16 menores tuteladas por la administración (los expertos aseguran que ha habido y hay muchas más) se prostituían de manera regular en bares, pisos ocupados y hoteles de alto nivel a cambio de dinero, drogas o teléfonos móviles. En algunos centros tutelados, la práctica totalidad de las niñas, de edades entre los 13 y los 16 años, se escapaba de las instalaciones para prostituirse y drogarse, tal como ha revelado sus propios cuidadores a 'Diario de Mallorca'.

Actualmente, hay 359 menores tutelados en Baleares en 30 centros públicos o concertados, todos víctimas potenciales de las redes de captación de menores vulnerables en las cuales participaban adultos y otros adolescentes tutelados a modo de gancho. Se trata de uno de los mayores escándalos en materia social de la historia reciente de España. La Fiscalía de Menores ha comenzado a investigar los distintos sucesos. Ningún responsable político ha dimitido ni, según ha confirmado el Govern, tiene intención de hacerlo.

"Mi sentimiento al recordar la actitud del gobierno balear es de dolor y tristeza; pienso que probablemente hubiéramos podido salvar algún caso [de prostitución de menores] si hubieran considerado mi propuesta de dotarse de más recursos y mejores mecanismos. La gente me pregunta hoy por la calle si me sorprende cómo han reaccionado el Govern y les digo que para nada. No esperaba otra cosa. Conociéndolos cómo son, que su única motivación es su interés particular, no me sorprende absolutamente nada. Aquí no va a dimitir ni dios. Que la presidenta del gobierno [Francina Armengol] esté callada y no pida responsabilidades, o que las asuma ella misma, los retrata como gobernantes y como personas".

También recuerda cómo pidió a Serafín Carballo, Defensor del Menor balear, que intercediera en esta causa en el transcurso de una mesa sobre infancia en 2017. "Él sabía lo que estaba ocurriendo. Le insistí en el mal funcionamiento, en la desprotección y la poca transparencia que había. Pero me respondió que todo estaba bien e hizo como el que oye llover. Ahora en todo este escándalo ni se le ha visto ni se le espera".

Según las fuentes consultadas por 'Diario de Mallorca', la corrupción de menores tutelados por el IMAS era un secreto a voces entre los profesionales sociales y agentes policiales. "A mí comenzaron a llegarme informes entre 2014 y 2015, que fue cuando pasé del activismo social a la política. Me venían a contar que no tenían recursos personales ni económicos y el mal funcionamiento interno de la institución. Eso me llevó a plantear una auditoría a cargo de una comisión parlamentaria, con la participación de profesionales de prestigio de fuera de las islas para que no se taparan unos a otros", apunta Huertas.

Víctima de 'mobbing'

La primera persona en dar voz a esta tragedia fue miembro de Podemos hasta 2017, años en que fue expulsada del partido por desavenencias internas. Eso la llevó a abandonar la presidencia del Parlament e incorporarse al grupo mixto como diputada. Tenía muy claro cuál iba a ser su primera batalla, la reforma y auditoría urgente del IMAS, aunque no esperaba que le costara el repudio y las críticas de sus compañeros ("fui víctima de 'mobbing'", asegura).

"Hacía años que familias y trabajadores sociales me contaban lo mal que estaba todo. He sido activista toda mi vida y conozco a varios profesionales. Ellos habían hecho denuncias internas pero no podían alzar la voz porque se jugaban el sueldo, mientras los políticos lo que hacían era meter esos informes internos en un cajón. Entonces no me hablaron de casos de prostitución, al menos a mí nunca me lo dijeron tal cual, pero sí se sabía que las chicas se escapaban frecuentemente de los centros y de los pisos. Me lo contaban así de claro. Y que llamaban a la policía y les decían 'se nos ha escapado un niño', y la policía les respondía 'bueno, muy bien, lo vamos a buscar y os lo traeremos y luego se os volverá a escapar'. Aquello era un viva la virgen".

 Y prosigue indignada: "Lo grave es que a estos niños se los quitaron a sus familias por temas menores. Algunos porque se escapaban de casa, y ahora resulta que el IMAS los tutela y se les escapan para prostituirse. Las chicas dicen 'voy a dar una vuelta' y no regresan. No es culpa de los profesionales. Si tú destinas a un educador a controlar un piso con ocho menores, es muy complicado que puedas atenderlos como merecen".

El rechazo del Parlamento balear a esta voz de alarma en 2017 y 2018 fue taxativo. En el primer punto de su propuesta no de ley, la exdiputada pedía algo tan básico como esto: "El Parlamento de las Islas Baleares insta al Gobierno balear (mediante la oficina de defensa de los derechos del menor) a acometer las reformas normativas necesarias para mejorar e impulsar mejoras en los Servicios de Menores y Familia de nuestra comunidad, de acuerdo con los Consejos Insulares, dotándolos de recursos suficientes para hacerlo". 

Pero el punto fue rechazado de plano por el tripartito, que argumentó que ya existen mecanismos, como la propia Ley del Menor que estaba entonces en proyecto y fue aprobada en febrero de 2019. Los siguientes puntos de la PNL, que entre otros pedía una auditoría de los últimos diez años que habría levantado las alfombras de la gestión de los servicios sociales tanto de PSIB como de PP, fue rechazado por todo el arco parlamentario a excepción de Ciudadanos.

Al inicio de su intervención en el pleno de marzo de 2018, Huertas protestó, harta de haber aguantado el acoso parlamentario durante un año: "Es inadmisible que la administración responda sintiéndose ofendida, más cuando afecta a menores de familias desestructuradas con pocos recursos. Lo que no haré es cerrar los ojos y hacerme la sorda ante el grito angustiante de familias, madres y padres, que pierden sus hijos con razón o sin, pero que ven con angustia el alejamiento de quienes más quieren". Para su desgracia, su premonitora batalla cayó en saco roto."                 (David Brunat, El Confidencial, 25/01/20)

Detenidas 20 personas por trata de mujeres e invertir sus beneficios en negocios inmobiliarios

"La historia que contó aquella chica huida de las calles de La Junquera (Girona) sorprendió a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil: "Decía que había sido su hermana quien la animó, con 16 años, a irse a Francia para supuestamente a hacer la campaña de la patata, pero en realidad allí fue a caer en manos de un tratante de mujeres rumano que la explotó sexualmente en Portugal, Liechtenstein, Reino Unido, Alemania, Escocia, otra vez en Portugal... Finalmente, la vendió a otros miembros de la organización —también rumanos, con cuerpo de gimnasio llamativamente tatuados— que la explotaron en España, en las calles de la Junquera. Cuando logró huir tenía ya 24 años".

Es el relato estremecedor de uno de los agentes de la Sección de Trata de Seres Humanos que, con la colaboración de Europol, han desmantelado una red de trata de mujeres rumanas que operaba en La Junquera (Girona) y en Valencia. Los agentes han detenido a 20 personas pertenecientes a los distintos eslabones de la red —captadores y reclutadores, transportistas, explotadores y los blanqueadores de los beneficios obtenidos— y han sido liberadas 13 mujeres, que estaban siendo explotadas sexualmente hasta 14 horas diarias.

 "Con solo ropa interior, fuese invierno o verano" y en condiciones de semiesclavitud, aseguran fuentes del caso. La chica, también rumana, que dio lugar a la investigación es ahora una importante testigo protegida sobre la que han pivotado unas pesquisas que comenzaron en febrero de 2018 y que han culminado con la detención de los principales implicados hace una semana.

Inversiones inmobiliarias

Entre los detenidos se encuentran los dos jefes de la organización, que fueron apresados "uno en Rumanía y otro en Portugal". Los 18 restantes fueron arrestados en España, tras ocho registros domiciliarios. La mayoría de ellos proceden de la ciudad rumana de Targu Mures, cercana a Bucarest.

La operación, bautizada como Lora, supone la caída de una importante red internacional de explotación de mujeres, que invertía sus beneficios en negocios inmobiliarios en Rumanía: "Compraban y vendían casas de lujo", aseguran los investigadores, que pudieron comprobar que uno de los detenidos movió medio millón de euros en solo seis meses, "todo proveniente de la explotación de las mujeres".

El resto de las víctimas cayeron en las garras de la organización por el método llamado Lover boy: "Algunos de sus integrantes enamoraban a sus víctimas y les prometían una vida mejor en España", relatan los investigadores, que destacan que los registros de Europol evidenciaron que no se trataba de un caso aislado.

Una gran parte de los controladores de las víctimas eran supuestamente sus parejas sentimentales, "que se pasaban el día recaudando el dinero de las mujeres, jugando a la consola en sus casas y gastando lo que no mandaban a su país en bingos y casas de apuestas", señalan fuentes de la investigación. No tenían reparo alguno en que sus parejas mantuvieran relaciones con otros hombres "e, incluso, se las intercambiaban entre ellos y creaban recelos entre las mujeres que dominaban", explican los agentes. En alguno de los casos, alguno de los explotadores llegó a controlar hasta a siete mujeres, las cuales eran obligadas a ejercer la prostitución en calles controladas por su propia organización, según fuentes del caso.

Fornidos en gimnasios, "cuando se producían disputas o encontronazos por el control del territorio donde operaba la red, no tenían ninguna reparo en emplear la violencia contra otras organizaciones rivales", aseguran los investigadores.

El carácter itinerante de varios de los integrantes de la organización obligó a solicitar la cooperación internacional, siendo emitidas distintas órdenes europeas de detención y entrega que dieron como resultado el arresto de dos de los principales miembros, en Rumanía y Portugal.

Entrega

El considerado como líder de la organización Investigada, que había efectuado una huida hacia distintos países de Europa, decidió entregarse la pasada semana en un Juzgado de Figueras (Girona), siendo decretado, de forma inmediata, su ingreso en prisión. Europol, por su parte, dio soporte al equipo investigador y aportó información policial.

La operación se ha desarrollado a lo largo de los últimos meses y se realizó simultáneamente en Rumanía, Portugal y España. Los agentes se incautaron de numerosa documentación, anotaciones relacionadas con la explotación sexual de las mujeres, dinero en efectivo y tres vehículos de alta gama que la organización tenía en su poder.

La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, y ha sido desarrollada por la Sección de Trata de Seres Humanos de la Unidad Central Operativa (UCO) y las Comandancias de la Guardia Civil de Burgos, Girona y Valencia, contando con la colaboración del Servicio Aéreo, GRS, UTPJ, EUROPOL, la Embajada de España en Rumanía y la ONG APIP ACAM. Para su culminación, "ha sido fundamental el trabajo conjunto que se ha realizado y se sigue realizando con los cuerpos policiales de Portugal, Rumanía, Alemania y Francia".          (Patricia Ortega, El País, 21/05/19)

La Fiscalía de Barcelona llama a declarar como testigo a la abogada que destapó el negocio de los vientres de alquiler

"Una maniobra de acoso y derribo”, así define la abogada Nuria González haber tenido de declarar como testigo ante la Fiscalía de Barcelona en la mañana de este lunes, después de que la organización Son Nuestros Hijos, le interpusiera una denuncia por la supuesta comisión de un delito de falsedad documental por parte de una agencia de gestación subrogada. Al acudir como testigo, la abogada no ha podido tener acceso a la denuncia.

Sin embargo, tal como afirma González a Público, el objetivo de su declaración no era el de aclarar las prácticas de dichas empresas que los propios denunciantes conocen a la perfección, sino el de intentar achacarle a la autora de la publicación  Vientres de Alquiler el conocimiento de la comisión de delitos que no habría denunciado e imputarle un delito de encubrimiento.

“Todo parte del reportaje publicado en Público el pasado mes de septiembre, que bajo el título Cuando lo que te compras es un bebé, denunciaba una práctica ilegal en nuestro país como es la de los bebés comprados por vientres de alquiler y en el que, de todas las irregularidades que se denunciaban, solo una les ha parecido irrespetuosa: cuando hablaba de cómo estas agencias pueden llegar a hacer informes falsos sobre el estado de salud de la compradora de bebés para hacer la compraventa. El resto les parece fabuloso”, comenta la jurista.

Los denunciantes afirmaban que González había encubierto esta práctica con el único fin de lucrarse con la publicación de su libro Vientres de Alquiler (Editorial LoQueNoExiste). Sin embargo, ella afirma que no hay nada más lejos de la realidad. “Es curioso cómo el reportaje que se publica en septiembre no les molesta hasta el mes de febrero, que es cuando interponen la demanda. Justo un mes después de que salga a la venta el libro en el que se publica el mismo reportaje y en el que, además, denuncio los intereses ocultos detrás de términos asépticos como maternidad subrogada, padres comitentes, producto final, donaciones o compensaciones. En el libro hablo sin tapujos de la realidad de los vientres de alquiler, padres contratantes, bebés cosificados y mercantilizados y el pago del precio estipulado por una práctica ilegal en España y permitida en solo 12 países de todo el mundo”, añade la abogada.

“Está claro que han querido ir a por mí porque denunciar la realidad que ellos intentan edulcorar les molesta y mucho. Intentan con la coerción callar las voces de quienes conocemos y denunciamos esta flagrante violación contra los derechos humanos y reproductivos de las mujeres”, añade la jurista.

“Madre es solo la que la pare”

Sin embargo, en palabras de la afectada, su testificación “ha sido como el tiro por la culata para los surropapis y surromamis. Hacía meses que yo misma había presentado denuncia por la actividad empresarial de seis agencias de gestación subrogada y de varios Cónsules Generales de España y en mi declaración me he ratificado en lo ya denunciado”, afirma.

Por todo ello, advierte, el resultado es que la denuncia presentada por Son Nuestros Hijos muy probablemente será archivada. “Su único objetivo era meterme en un brete cuando la realidad es que la Audiencia Nacional se quita el tema de encima y a sabiendas de que se están cometiendo delitos e irregularidades en lugar de perseguirlos y llamar a declarar a quienes los cometen. Sin embargo me encuentro con la situación de declarar yo”, continúa González.

“Además, tal y como la propia Audiencia apunta en su Auto 14 de este año, en el que afirma que la única madre que se puede llamar como tal, porque lo es, es la que pare. La Audiencia se quita el tema de encima porque son actos que se comenten fuera de nuestras fronteras, donde no puede actuar, y en lugar de llamar a declarar a quienes cometen el delito me citan a mí”, señala. 

Por otro lado, la abogada catalana señala que llamarla a testificar tiene un único fin: “Es una manera de querer meterme miedo y de hacer que no tuviera acceso a la denuncia presentada. Siendo testigo no se puede acceder a nada. No tienes copia de la demanda”, prosigue.

Para esta reputada feminista “es muy indignante que haya hombres y mujeres que llegan a los aeropuertos con niños que han sido comprados y que no se les detenga nada más pisar territorio español y que quienes somos decentes y defendemos la dignidad, tanto de esas madres que son obligadas por pobreza a perder su dignidad como de sus bebes, tengamos que ir a testificar a un juzgado”, comenta la autora de Vientres de alquiler.

Por último, González se hace una pregunta que lanza al aire y deja caer a los órganos judiciales competentes. “¿Cómo es posible que haya altos cargos que son miembros de esas organizaciones que me denuncian, mientras que han comprado y traído a sus hijos a España, cuando el país de origen prohibía hacerlo en las fechas en la que lo hacen? A todos ellos les mando un mensaje en mi nombre y en el del colectivo feminista: que sigan perdiendo el tiempo".

"Nosotras no vamos a parar hasta lograr que sean reconocidos como lo que son, como autores de un ilícito penal de delitos contra la familia y alteración de la filiación, tal y como recoge nuestro Código Penal, y de la mercantilización de sus madres a través de un contrato. Les seguiremos tratando como lo que son: compradores de bebés y explotadores de mujeres. No vamos a parar hasta que no ceje la violación de los derechos humanos de quienes no adoptan sino que compran”, finaliza Nuria González."                    (Nuria Coronado, Público, 08/07/19)

Hay muchos pueblos en donde el 90% de su población solo tiene un riñón porque el otro lo ha vendido

"Expertos de la Organización Mundial de la Salud han denunciado numerosas veces que hay muchos pueblos, sobre todo en el Sudeste asiático, en donde el 90% de su población solo tiene un riñón porque el otro lo ha vendido a tramas organizadas para que sea trasplantado a personas pudientes de los países ricos.

Esa misma organización estima que uno de cada 10 trasplantes realizados en el mundo se hace con órganos obtenidos ilegalmente, generalmente mediante coacción y engaños de todo tipo y siempre aprovechándose de la miseria de quien los ofrece.

La escasez de donantes en algunos países ricos, como especialmente Israel, lleva a que muchas personas estén dispuestas a gastarse entre 150.000 y 200.000 dólares por un riñón por el que muchas veces no se llega a pagar ni 2.000 dólares a quien lo vende.

Un tráfico criminal que no se ha podido frenar ni a pesar del endurecimiento de la ley de ese país, que incluso ha llegado a prohibir que las aseguradoras se hagan cargo de trasplantes fuera de Israel. 

O a pesar de que alguna gran empresa sanitaria como Netcare Ltd. se haya declarado culpable por permitir trasplantes con riñones comprados en Brasil o Rumania en sus hospitales. 

Se conocen los estados que están mayormente implicados en este tráfico y es lógico pensar que no se puede llevar a cabo sin la colaboración de hospitales y cirujanos, pero ni aún así se erradica semejante vergüenza y las policías de todo el mundo, a pesar de tener éxitos parciales, resultan impotentes.

Es un negocio global más con el que ocurre más o menos lo mismo que con el dedicado a traficar con personas. No parece que haya manera de evitarlo.

Impresiona comprobar que en la época en que quedan grabados todos y cada uno de nuestros mensajes de correo o telefónicos, cuando los gobiernos pueden escuchar cualquier cosa que decimos y cuando se puede localizar de qué granja proviene una gota de leche o yema de huevo no sea posible acabar con estos crímenes horrendos. (...)"       ( Juan Torres López ,  El País,  8 DIC 2014)

Los chinos del chino del barrio

"(...) Tras años de investigación, viajes por toda Europa y analizar decenas de grandes casos criminales en España, Italia y Francia, Juan Pablo Cardenal y Heriberto Araújo construyen en la obra El Imperio invisible (Crítica) un relato que da cuenta al lector de cómo y hasta qué punto el sistema económico delictivo chino ha logrado propagarse por nuestras sociedades de forma más o menos oculta. Y de cómo ha podido levantar un imperio invisible. Antes de comenzar la entrevista una advertencia: No se trata de criminalizar a la población china, ni tampoco todos los chinos mantienen negocios de comercio fraudulento.

 

P: Una de las conclusiones de la obra es que se certifica "la existencia de una economía multimillonaria [china] que progresa y se hace fuerte por cauces ilícitos, como si de un imperio invisible se tratara, y cuya ventaja reside precisamente en las ventajas que reportan las ilegalidades". 

¿Existe una estimación de cuánto dinero puede mover la economía china en España entre cauces legales e ilegales?

Juan Pablo Cardenal: No se sabe. No lo saben ni los investigadores. No recuerdo haber visto ni cifras de la economía legal y de la ilegal es prácticamente imposible. Desde el punto de vista policial también es casi imposible. Hay muy poca información y no hay ningún estudio sobre el impacto en la economía. 

El tema es que es un fenómeno nuevo: en España había menos de 1.000 chinos hace 20 años y ahora hay 183.000. Lo que nuestras fuentes policiales tienen clarísimo es que hay un volumen de fraude altísimo pero cuantificar este fraude resulta dificilísimo.

P: En el caso individual de Gao Ping sí que se conoce que la trama que él había organizado había conseguido defraudar entre 800 y 1.200 millones de euros en sólo cuatro años.

J.P.C.: Sí. Pero nadie sabe el total. Hemos hecho la pregunta que nos haces a todas nuestras fuentes policiales y judiciales y nadie se aventura. Incluso gente que lleva años siguiendo este fenómeno no se atreve a dar una cifra global ni tampoco a dar una cifra sobre la trama que llevan tres o cuatro investigando. Es muy difícil.

P: ¿Cómo y cuándo comienza el fenómeno del imperio invisible chino que vosotros describís?

J.P.C.: Llega una primera oleada de chinos cuando España entra en la Comunidad Europea en el año 1986. Esta primera oleada de chinos, procedente de China u otros rincones del mundo, llenan el primer hueco: los restaurantes.

 Este mercado se satura relativamente rápido y, entonces, pasan a otro tipo de negocio: la importancia de productos asiáticos. Con este negocio empiezan a fraguarse todas las ilegalidades porque de lo que se trata es de importar mercancías que sean competitivas en este mercado.

 El proceso es el siguiente: empiezan entrando mercancías de lícito comercio, sobre las cuales intentan pagar los menos impuestos posibles. De esta manera, crean una serie de estructuras societarias que les permiten colocar en el mercado productos que no han pagado los impuestos debidos. Esto genera una gran cantidad de dinero negro porque en torno al 70 u 80% de ese negocio es dinero negro. 

Una vez abierto ese canal de lícito comercio, nada les impide comenzar a importar otras mercancías de ilícito comercio, por ejemplo, contrabando de tabaco. Pero, al mismo tiempo, conforme avanza el imperio la inmigración ilegal se convierte en un negocio en sí mismo. 

De todos esos restaurantes que se crean en España en los años 90, es razonable pensar que muchos de ellos tenían como parte de su estructura de negocio la importación de compatriotas. Se les traía, a través, de encontrarles subterfugios a la ley por la vía de contratos de trabajo ficticios, la reagrupación familiar, visados de corta duración, etc.

 Esos inmigrantes ilegales, que habían contraído una deuda para venir aquí, devolvían su deuda con su mano de obra casi esclava. Por tanto, la vía de la inmigración ilegal está íntimamente vinculada con la explotación laboral, una explotación laboral que se produce en restaurantes, bazares o centros de producción.

P: Este modus operandi que acabas de describir, ¿es un patrón que se repite en el resto de países que habéis investigado como Francia o Italia y que se mantiene a lo largo del tiempo?

Heriberto Arauso: Esa es una de las grandes aportaciones de nuestro libro. Cuando nosotros empezamos a investigar la economía china contactamos con diferentes cuerpos de Policía y comenzamos a ver que los grandes casos de la criminalidad económica de ciudadanos chinos eran casi todos calcados y muchos de ellos tenían ramificaciones trasnacionales. 

Al principio, por ejemplo, no entendíamos por qué parte del dinero en efectivo que se había generado en negro, en España, salía en furgonetas o en barcos hasta Italia, a la localidad de Prato. Entonces, decidimos ampliar el marco de la investigación y hemos podido documentar que el crimen económico chino en nuestro país es un crimen organizado y trasnacional.

 El dinero que salía de España a Italia lo hacía porque en España los chinos habían montado una estructura de blanqueo de dinero brutal.

P: ¿Cómo es esta estructura?

 H.A.: Fundamentalmente, lo que hacían es dividir los millones de euros de beneficio que generaba la venta de textil en negro en paquetes de 1.999 euros, conseguían miles de pasaportes falsos o verdaderos y se iban a agencias de envíos de remesas y hacían múltiples envíos. (...)

Entre 2006 y 2009, un grupo criminal chino en Italia envió desde trece agencias de remesas en Italia la cifra de 4.500 millones de euros. La magnitud es extraordinaria.

P: ¿Esta estructura puede ser calificada como mafiosa?

H.A.: No. No es mafiosa. Es muy importante que quede claro porque nosotros en ningún momento lo decimos. No es mafioso porque no hay una estructura piramidal. No sabemos qué parte de la comunidad china hace eso y tenemos claro que no toda lo hace.

 La parte que comete esos delitos lo hace en núcleos o grupúsculos, islotes, que actúan casi por osmosis. Uno aprende de otro que lleva más tiempo cómo hace para meter un contenedor de mercancías y solo declarar el 40% y entonces lo replica. Pero los dos no son parte de la misma organización.

P: ¿Cómo sería el perfil medio del líder empresarial chino que defrauda?

H.A.: Hay dos ejemplos perfectos: Gao Ping y Luis Ye. Son empresarios que se dedican a actividades lícitas, generalmente vinculados con la restauración y a la importación y distribución de mercancía fabricada en China, cuyo leivmotiv es ganar el mayor dinero posible en el menor plazo de tiempo.

 Ven España o Europa como un lugar de paso para ganar tanto dinero como puedan. En esa voluntad estiran sus actividades hasta niveles que sobrepasan la legalidad. Pasan de, primero, declarar solo una pequeña parte de lo que importan a España a evolucionar importando contenedores de tabaco de contrabando o copias de camisetas de equipos de fútbol. Ese sería el resumen de lo que nosotros llamamos el crimen económico.

 P: Decís que no es una mafia pero a la vez habláis de tráfico de personas y de explotación laboral.

J.P.C.: Hay un matiz importante. A los chinos no les obliga nadie a venir a España. Nadie le obliga a contraer una deuda. El inmigrante quiere salir de China e ir a otra parte del mundo, preferiblemente a Europa y a EEUU porque quieren prosperar en su vida y encontrar oportunidades que no tienen en China.

 Entonces, contraen una primera deuda para que la organización les coloque en Europa. Devuelven esa deuda trabajando en restaurantes, bazares o talleres confección. ¿Por qué sabemos que es consentida?

 Porque en la operación de Mataró de 2009 se intervino 72 talleres y pillaron a 450 indocumentados chinos que trabajaban seis y siete días a la semana con jornadas diarios de 12 y 14 horas y tenían las puertas abiertas para largarse si querían. Pero no lo hacían. ¿Por qué? Porque ellos durante dos o tres años con su trabajo devuelven la deuda. (...)

P: ¿Qué pasa cuando han devuelto la deuda?

J.P.C: Están ilegales en el país. En ese momento entra un segundo nivel de deuda. La organización ayuda al inmigrante a través de sus estructuras societarias a regularizarse. Es decir, conseguir los papeles, obligatorio para poder convertirse en empresario y no estar ligado eternamente al trabajo ilegal. 

Esa segunda deuda también la pagan con trabajo, pero con la diferencia de que siendo legal pueden crear empresas y reagrupar a la familia, es decir, la razón que les trajo aquí. 

Por último, hay un tercer nivel, que es pasar de explotado a explotador. Al final, toda esa explotación laboral del principio es un peaje que ellos están dispuestos a pagar para llegar a una vida mejor porque cuando salden su deuda tendrán vía libre para poner sus negocios.  (...)

P: ¿Qué papel tiene el Estado chino en esta criminalidad económica?

J.P.H.: Al Estado chino sólo se le puede responsabilizar por la inversión china del sector público y. el fenómeno que describimos sucede es el sector privado. No creo que el Estado chino esté movimiento los hilos de esto.Lo que no hace o sí hace, por omisión, es no colaborar con las autoridades europeas. 

Ni a nivel aduanero, clave para poder desmantelar esta trama, ni en el tema del contrabando de ropa falsificada, cuyo origen en un 80% es de China, ni en el caso de los inmigrantes ilegales.

 Los chinos, como principio general, no contestan a las solicitudes de las autoridades europeas. La no cooperación es tan grave que las autoridades españolas ya no mandan comisiones rogatorias a China, primero porque no contestan, y segundo por riesgo a que haya filtraciones. (...)

En el norte de Europa donde el motor de la economía es la exportación, véase Alemania o donde apenas se produce como en Holanda, la concepción es muy distinta. Piensan que hay una economía global y lo que entra debe salir y de lo que se trata es que en las aduanas la mercancía debe fluir. Eso imposibilita un control exhaustivo. Además, manualmente, única vía para detectar estos fraudes, es imposible controlar más del 5% del total de contenedores que se reciben.

 Así, también hemos documentado que conforme aumentan los controles, desaparece la llegada de material de China. Cuando la aduana de Valencia se pone dura, la mercancía china deja de llegar y se va a otros puertos. ¿Dónde? Probablemente a Hamburgo o a Reino Unido. (...)

J.P.H: Luego hay otra cosa. La competencia entre puertos. No sólo para atraer tráfico sino por la importancia de los puertos para sus ciudades. Imagina el caso de Valencia. Una de nuestras fuentes nos decía que un determinado puerto está dispuesto a asumir el tráfico que deja Valencia, un minuto después de que el puerto de Valencia haya aumentado sus controles. 

No es realista pensar que se puede hacer una política común de lucha contra la introducción ilegal de mercancías. Además, cada país tiene sus propias relaciones con China. Quien dirige el puerto de Constanza (Rumania) en el Mar Negro, ¿por qué debe endurecer sus controles? ¿Para que el tráfico se vaya a otro puerto? Por tanto, no existen incentivo para ser más estricto. (...)

P: Escriben que el fin de este tipo de criminalidad económica pasa por los hijos de los inmigrantes chinos. Son ellos los que, dicen, pueden ponerle fin por su sentimiento de pertenencia a España.

H.A.: Creo que el 'modus operandi' de esta criminalidad muestra que hay un pensamiento a corto plazo de hacer mucho dinero en el lugar de acogida. En el momento en el que esa concepción cambie y el dueño del negocio haya nacido aquí o pretenda quiera echar raíces se comenzará a contribuir más y a intentar también de beneficiarte de las posibles ventajas del Estado.

 Los grandes prohombres chinos están preocupados por que sus hijos se españolicen y dediquen más tiempo al ocio que al trabajo duro. Sus hijos hablan chino como segunda o tercera lengua, por tanto, yo creo que por ahí se intuye un cambio."                 (Público, 24/11/2013)

Unas 200 parejas pagaron a la mafia rusa para adoptar La policía estima que cada una abonó 56.000 euros por la adopción ilegal

"La policía ha desarticulado una red dedicada a la adopción ilegal de niños en Rusia, cuyos servicios abonaron unas 200 parejas españolas. Las parejas optaron por no seguir los rígidos trámites de adopción y pagaron a la trama 56.000 euros, cuatro veces más de lo estipulado en un proceso legal, según informó Europa Press. Este importe incluía, además de la tramitación de documentos, los gastos de viaje y alojamiento de las parejas.

La policía detuvo en Madrid el pasado fin de semana a una ciudadana rusa con nacionalidad española, Olga Zubakova Vasoba, como presunta jefa de la trama. Zubakova, que está en prisión preventiva en Madrid, ha sido reconocida por una pareja de Posadas (Córdoba) como la mujer que les facilitó un certificado de idoneidad y otros documentos falsos para adoptar a dos niños. La pareja regresó el miércoles por la noche de Rusia sin los pequeños, de dos años y medio, que han tenido que ser devueltos al orfanato del que los sacaron para entregárselos.

Los frustrados padres adoptivos declararon ante la policía durante dos horas a su llegada al aeropuerto de Barajas. Fueron puestos en libertad, pero los agentes les imputan un delito de falsificación de documento público y tendrán que declarar ante el juez en los próximos días. La pareja reconoció ante los investigadores que era consciente de que el procedimiento que estaban siguiendo en la adopción no era legal y que los documentos que les facilitó Zubakova eran falsos." (El País, ed. Galicia, Sociedad, 24/10/2008, p. 37)

El mejor negocio es la emigración

“P. ¿Podría hacer un ránking imaginario de la principal actividad de los grupos organizados? ¿Droga? ¿Prostitución?

R. El tráfico de seres humanos. Hay gente que está pagando muchísimo por que la traigan a Europa. Esto está generando muchísimos beneficios. A veces no es sólo una organización la que lo lleva todo, sino varios grupos que se encargan de diferentes cosas.” (MARÍA MARCOS SALVADOR (DIRECTORA DEL CENTRO DE INTELIGENCIA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO): "Las fronteras son permeables para capitales, personas y crimen organizado"; El País, Domingo, 29-07-07, pp. 10)