Extrabajadores de Banca Privada d’Andorra: “Delito, ilegal, cárcel…Destruiremos los discos duros”... Decenas de correos internos de exempleados revelan cómo la dirección del banco facilitó el ingreso de dinero sucio de sus clientes y falsificó información para garantizar la seguridad “fiscal y penal” de la entidad

 "La dirección de Banca Privada d’Andorra (BPA) pilotó una hoja de ruta para encubrir los secretos inconfesables de sus clientes, ocultar información financiera a las autoridades y garantizar la seguridad “fiscal y penal” de esta entidad, intervenida en 2015 tras la denuncia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por actuar presuntamente como lavadora de fondos de grupos criminales de Rusia, China y Venezuela.

Así lo confirman decenas de correos de exempleados incluidos en un informe elaborado en junio de 2022 por la auditora y consultora PwC. Los mensajes desnudan los métodos ilegales para captar clientes en América, la transferencia irregular de centenares de millones a Andorra a través de tinglados societarios opacos y el envío prohibido de tarjetas Visa a algunos clientes, entre otras irregularidades.

Con 7.000 millones gestionados, la dirección de la que fuera la cuarta entidad de Andorra, un microestado de 79.000 habitantes entre España y Francia, blindado hasta 2017 por el secreto bancario, conocía la operativa y calificó por escrito estas maniobras: “Delito”, “ilegal”, “tapadera” o “situación irregular”, según recogían unas misivas, que también advertían de las consecuencias de este modus operandi: “Cárcel o inhabilitación de hasta 10 años”.

Higini Cierco, uno de los propietarios del banco, niega las acusaciones, califica a la entidad como “modélica” y afirma que operaba “en la legalidad”.

Argentina, México y Uruguay

Los mensajes del informe de PwC revelan cómo los extrabajadores de las filiales del banco en Argentina, México y Uruguay transportaban la documentación sensible de sus clientes en maletas y fundas de ordenadores portátiles. También, cómo temían inspecciones de reguladores y auguraban que podrían acabar “en la cárcel”. “300 hojas en la bolsa del portátil o en una mochila son difíciles de ocultar”, pronosticaba en julio de 2009 un empleado en un correo con copia al exresponsable del área internacional Pablo Laplana y al exdirector general adjunto Xavier Mayol. “El transporte de documentación tiene repercusión de delito penal, me voy a la cárcel y con eso no juego ni se lo permito a nadie”, recelaba otro trabajador un mes después en una misiva remitida a los citados exejecutivos.

En un correo dirigido a cuatro exdirectivos, entre los que se encontraba Laplana, una empleada se mostraba en 2009 comprensiva con los miembros de la plantilla reacios a transportar información sensible de cheques y tarjetas de crédito de clientes. “El tema es más delicado. Quien tenga miedo, mejor que se abstenga porque es por la única razón, la evasión de divisas, que te detienen, es delito penal, seas residente donde seas”, apuntaba. Otro mensaje de diciembre de 2011 reconocía las anomalías en Latinoamérica: “En Uruguay estamos en una situación irregular que puede comportar sanciones económicas de hasta 300.000 dólares e inhabilitación de hasta 10 años”.

Según las comunicaciones, la dirección del banco maniobró presuntamente para mantener a buen recaudo la información de clientes que colocaron en la entidad fondos a través de casas de cambio, un mecanismo que la policía de Andorra conecta con tramas de blanqueo por la dificultad de rastrear el origen del dinero. La divulgación de esta información comportaba —según otro correo— “un enorme riesgo para los de aquí y para el banco en caso de una inspección”. “Cada mes, tengo que decidir cómo sale la documentación, si en mi maleta o en la de alguno de los directivos de la BPA a los que le enchufo todo lo que puedo cuando pasan. A todos, sin excepción”, reconocía en julio de 2009 otro antiguo empleado de esta entidad financiera a la que recurrió el clan del expresidente catalán Jordi Pujol para refugiar más de cinco millones entre 2006 y 2015.

Junto a las casas de cambio, otro de los sistemas empleados para transferir el dinero de América a Andorra fueron los entramados societarios opacos. Tinglados que canalizaban los fondos desde sociedades panameñas creadas por el banco. La mecánica se desarrollaba “sin documentación justificativa (a veces fabricada ad hoc)”. Y, según los auditores, tenía por objeto “dificultar la trazabilidad”. “El origen y el destino final de los fondos eran desconocidos”, concluyen.

Para evitar filtraciones, un empleado propuso en septiembre de 2009 un plan. “Ir sacando [la información] y, ni locos, guardarla aquí o tener un escondite, con un montón de fajos. Si nos los encuentran un día, porque me siguen, por goteras del vecino, estamos muertos [sic]”, sugirió el trabajador.

Y es que la eventualidad de una fuga de datos llegó a convertirse en una obsesión. “Decisión de la dirección del banco, destruiremos los discos duros”, reconocía en enero de 2011 un trabajador. “Quiero estar todo el día en la oficina con el informático para borrar y triturar todo lo que haga falta”, añadía otro en junio de 2010. “Quiero hacer una consulta sobre un botón que lo borra todo”, añadía un tercero.

Formateo de información sensible

El análisis de los correos confirma que las órdenes venían de arriba. “A petición de Joan Cejudo [exsubdirector general de la BPA y exmiembro del comité de cumplimiento], hay que proceder a la destrucción física, además del formateo previo, de los discos duros que hay en la oficina de Argentina”, remataba otro correo. En enero de 2011, un empleado enmarcaba el borrado de los discos duros en una táctica para garantizar la seguridad “fiscal y penal” de la plantilla. “Sería conveniente hacer lo mismo que hicimos en México, poner una nueva base de datos, y avisarles de que no guarden ningún correo”, desvela otra comunicación.

Las cautelas de exempleados, comunicadas en copia a la dirección, pretendían ocultar las presuntas prácticas de blanqueo que el banco prestaba a grupos criminales. La BPA tuvo como clientes a la trama Odebrecht, principal red de pago de sobornos de Latinoamérica, y al grupo de exjerarcas chavistas que saqueó más de 2.000 millones de la principal empresa de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), según los documentos.

Los empleados reconocían en sus misivas las malas praxis. “Sería falsificar documentación... que es lo de siempre”, señaló un trabajador.

Los nuevos correos que contiene el informe de PwC forman parte de una querella contra la BPA presentada por la Agencia de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) de Andorra que fue admitida a trámite el pasado marzo. Los mensajes revelan supuestamente que el banco trabajó para ocultar el dinero del delito y “fondos de origen dudoso”. Y que la plantilla conocía su procedencia. “Toda la plata sale de las subvenciones estatales. En lugar de invertir [los fondos] en el país, los sacan fuera para que se pierda el control. No sé de dónde saca M. estos clientes con vinculaciones políticas tan evidentes”, indicó un trabajador de BPA Argentina en octubre de 2009. “En este caso, al parecer, hay un lío de comisiones a alguien del Gobierno”, recogía otro correo.

Dinero sucio de la corrupción

La BPA fue también presuntamente el destino del dinero sucio de la corrupción. “En 2010, se les coló una transferencia de unos 300.000 dólares, que resultaron ser coimas [sobornos] de Ricardo Jaime”, admitía un mensaje de marzo de 2012. Jaime fue un secretario de Transporte de los gabinetes de los expresidentes argentinos Néstor y Cristina Kirchner condenado por corrupción.

Una trabajadora de la institución financiera reconocía tener constancia del pago de un soborno de 250.000 dólares a un juez federal argentino para que frustrara unas pesquisas contra la entidad. “En parte nos ha beneficiado porque ya no investigarán tan directamente a BPA”, indicaba esta empleada en un mensaje dirigido al exdirector general adjunto Xavier Campos.

“En compliance (cumplimiento) sabemos muchas cosas, la cuestión es si las tenemos documentadas ante una inspección y la respuesta es no”, alertaba otro correo.

El informe de PwC revela que de la mala praxis recogida en los correos fue posible gracias a la cúpula de la entidad. Y destaca cómo bancos corresponsales como JP Morgan, Deutsche Bank, UBS Stanford y el Commerzbank de Fráncfort renunciaron a seguir trabajando con la BPA entre 2010 y 2014 por la entrada de fondos de origen dudoso. “Las presuntas prácticas irregulares se realizaron bajo el conocimiento, intervención y consentimiento del director general de la entidad y de determinados miembros de la alta dirección de la BPA”.

Por este motivo, los principales directivos del banco están imputados por blanqueo en distintas causas en Andorra. El que fuera responsable de la entidad en México, Joan March Masson, figura como investigado en las pesquisas contra Juan Ramón Collado, abogado Enrique Peña Nieto, presidente de este país entre 2012 y 2018; el exjefe del área internacional Pablo Laplana está encausado en la pieza principal. Y el que fuera CEO del banco, Joan Pau Miquel, figura también como imputado en la causa que indaga la red de pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Higini Cierco: “La BPA era un banco modélico que operaba en la legalidad”

Higini Cierco, uno de los propietarios de la Banca Privada d’Andorra (BPA), responde a El PAÍS que el documento de la auditora PWC es un “informe de parte” encargado por el Gobierno de Andorra. Se trata –dice- de “un nuevo intento para justificar la expropiación ilegal de BPA”. Cierco califica al banco de “modélico y rentable” y añade que operaba “con rigor y dentro de la legalidad”. 
“El informe hace referencia a asuntos no relacionados con la nota de FinCEN, que fue utilizada por el Gobierno para nacionalizar el banco en 2015. La BPA reportó todos los clientes considerados posiblemente problemáticos a las autoridades pertinentes, de conformidad con la normativa andorrana. Los esfuerzos de los accionistas y empleados por mejorar las normas contra el blanqueo fueron reconocidos por los tribunales españoles cuando examinaron el asunto en 2019”. 
Cierco afirma que la intervención perjudicó a 700 familias, a trabajadores de BPA y a empleados de la filial española, Banco Madrid. Sostiene que la medida también fue negativa para cientos de clientes y accionistas. “Perdimos en la expropiación ilegal unos 500 millones de euros”, indica.  
En su opinión, la medida contra el banco fue el resultado de “una nota verbal de la embajada de Estados Unidos en Madrid que coincidió con oscuros intereses (del Gobierno del PP) para obtener información de clientes concretos de BPA”. Se refiere a las cuentas andorranas del clan Pujol [la familia del expresidente de la Generalitat ocultó entre 2006 y 2015 más de cinco millones] y el intento de miembros de la denominada policía patriótica de obtener esa información.  
Cierco fue citado a declarar, a petición propia, en la Comisión de Investigación del Congreso que investiga las actuaciones irregulares de varios mandos policiales. "           (José María Irujo , Joaquín Gil , El País,  03/07/23)

Las grandes fortunas de Andorra se hicieron asesinando y robando a refugiados de la Guerra Mundial y la Guerra Civil. Los pastores que los tenían que hacer cruzar el Pirineo, los robaban los diamantes o el oro y los dejaban abandonados en la nieve, atados con alambre...

"Editor de mil21, columnista en diversos medios, fue director de La Crónica de Almería y del semanario El Caso. Joaquín Abad ha publicado recientemente «Andorra connection», la continuación de «El andorrano», donde relaciona el pequeño país pirenaico con delincuencia, corrupción y fortunas de turbio origen.

¿A qué viene tanta obsesión con Andorra?

Cuando dirigía La Crónica, en Almería, tuve problemas con la mafia. Me querían matar. Cuando la Guardia Civil me recomendaba que me oculta, solía hacerlo en Andorra. La propietaria del hotel donde iba me decía que los empresarios andorranos eran criminales, antiguos pastores. Me fue explicando historias y pensé que eran dignas de un libro. Andorra connection explica el que en Cataluña todo el mundo sabe del dinero que se esconden en Andorra.

¿Qué es esto que todo el mundo sabe?

Las grandes fortunas de Andorra se hicieron asesinando y robando a refugiados de la Guerra Mundial y la Guerra Civil. Los pastores que los tenían que hacer cruzar el Pirineo, los robaban los diamantes o el oro y los dejaban abandonados en la nieve, atados con alambre. Con el deshielo aparecían los cadáveres.

Cuando vemos una gran fortuna debemos sospechar?

Cuando dirigía El Caso, el editor me solía decir que detrás de todas las grandes fortunas hay un pasado criminal. De hecho, hicimos una serie sobre los grandes banqueros del mundo, y los orígenes había tráfico de alcohol o de petróleo, estraperlo, mafias ... Después, la tercera generación de las familias suele legalizarse.

¿Qué me dice de las fortunas no andorranas que hay en los bancos de Andorra?

El dinero de los sobornos a jefes de gobierno sudamericanos ingresaban a través de Andorra. Y la gente del narcotráfico utiliza todos los paraísos fiscales que pueden, y Andorra es uno.

Si hay dinero de sobornos y comisiones, debe haber también dinero catalán.

Parece que en el inicio de negocio bancario andorrano estaba la iglesia y los catalanes, todos para ocultar el dinero al fisco español. Hasta Pujol y los políticos del 3%.

O sea, que el pobre Pujol no hacía más que seguir una costumbre ancestral.

Esto parece (risas).

Andorra es un anacronismo?

Creo que sí. Menos de la mitad de sus habitantes son andorranos. Los herederos de quien ha controlado siempre el contrabando de tabaco se han hecho con el tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Son siempre los mismos alternándose en el poder.

Anacronismo también en derechos laborales?

En Andorra no hay derechos laborales. Los miles de portugueses que trabajan no tienen ningún derecho, trabajan de sol a sol para poder comer y dormir. Allí los trabajadores nunca han tenido derechos, ni creo que tengan más, porque el sistema que hay no lo consentirá. El sistema se sostiene por los bajos salarios y la falta de derechos laborales.

Hay un código de silencio respecto de Andorra?

Siempre ha sido. Es una sociedad muy opaca, hay una omertà. No hablan porque casi todo el mundo en Andorra ha vivido del contrabando y otros crímenes, y desde hace generaciones hay una ley del silencio para no pisarse entre ellos.

Por vecindad, las relaciones entre Cataluña y Andorra han sido fructíferas?

Andorra ha sido como una provincia más de Cataluña.

Una provincia donde poder esconder el dinero. Esto es un gran invento.

Y muchas más cosas. Se ha escondido también gente de ETA, del GAL, delincuentes de todo tipo buscados en otros países ...

Tras estos libros que publica, continúa yendo tranquilamente en Andorra?

Evidentemente. Hay sigo yendo y publicaré más libros sobre Andorra. No es el último, este."                  (Albert Soler, Diari de Girona, 31/01/20)

La oscura herencia en Andorra de los Pujol... una descripción

"El informe forma parte de la investigación por blanqueo que desarrolla un juzgado de Andorra sobre seis miembros de la familia Pujol. Y concluye que la saga del dirigente que pilotó Cataluña 23 años no justificó en el país pirenaico la procedencia de su fortuna. O, lo que es lo mismo, que no acreditó la supuesta herencia que Jordi Pujol recibió de su padre, Florenci, un banquero fallecido en 1980 que hizo fortuna con el contrabando de divisas.

Los Pujol debieron ser calificados como “no aptos” en la BPA. Utilizaron un entramado de "ocultación". Y tejieron una estructura sobre una madeja de diez cuentas numeradas y fundaciones panameñas, según la auditoría.

El trabajo de PwC fue encargado por la Agencia de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), el homólogo del FROB español que Andorra creó tras la intervención de la BPA, en 2015.

El texto desgrana las transacciones en este banco de la esposa del expresidente, Marta Ferrusola, y cuatro de sus siete hijos: Marta, Mireia, Pere y Josep. Estas son sus claves:

Ferrusola: entrada por la puerta grande

La matriarca del clan desembarcó en el banco en diciembre de 2010 por la puerta grande. El contrato de apertura de su cuenta numerada llevó estampada la firma del entonces director general y consejero delegado de la entidad, Joan Pau Miquel.

A sus 83 años, la esposa del expresidente de la Generalitat catalana se escudó tras una coraza financiera –cuenta cifrada y sociedad panameña con testaferro- para blindar los 868.000 euros que manejó entre 2010 y 2014. Marta Ferrusola también recurrió a fundaciones para mover los beneficios de sus inversiones, cartera de preferentes de Repsol incluida.

JOSÉ MARÍA IRUJO / JOAQUÍN GIL

Cuando el clan Pujol desembarcó en la Banca Privada d’Andorra (BPA), se enfrentó al cuestionario de rigor. Un cortafuegos para impedir que se cuelen en la entidad fortunas de dudosa procedencia.

Cinco de los siete hijos del expresidente catalán respondieron “no” a la pregunta “¿Es usted una Persona Expuesta Políticamente (PEP)?”. Un término que define a cargos públicos, excargos y familiares que deben ser sometidos a una monitorización especial para prevenir el blanqueo, según la recomendación de 2012 del Grupo de Acción Financiera (Gafi), un organismo creado en 1989 por el G-7.

Frente al criterio de sus descendientes, la matriarca del clan, Marta Ferrusola, escribió en el formulario que sí era una Persona Expuesta Políticamente.
¿A qué responde esta contradicción? Pese a las recomendaciones del Gafi, Andorra tiene su propia legislación sobre los perfiles de riesgo. Y, con la ley del país pirenaico en la mano, ninguno de los miembros del clan Pujol era un cliente sospechoso cuando abrió sus cuentas en la BPA.

Marta Ferrusola y sus hijos Marta, Pere y Mireia aterrizaron en la BPA en diciembre de 2010. Entonces, en el Principado regía un decreto de 2009 sobre los PEP’s que liberaba de este calificativo a los parientes directos de políticos un año después de que su allegado hubiera abandonado el cargo. Y Jordi Pujol dejó la presidencia de la Generalitat en 2003.

Con la ley andorrana en la mano, tampoco Josep Pujol, que aterrizó en la BPA en 2006, sería PEP.

Fuentes próximas a la familia Pujol explican así la contradicción de Marta Ferrusola al calificarse de Persona Expuesta Políticamente. “Los cuestionarios no los rellenaban los clientes, sino los empleados de la BPA”.

El informe menciona también los vínculos de la matriarca con otro tipo de fundaciones: “Durante el tiempo que su marido ejerció como político, asumió cargos simbólicos en fundaciones y entidades de carácter benéfico”.

Marta: “hija de una importante familia”

Marta Pujol Ferrusola era para la BPA la “hija de una importante familia catalana”. Sin más. Y así figuró en los archivos internos del banco.

La descendiente de los Pujol-Ferrusola se presentó como arquitecta ante la institución financiera, donde movió 700.000 euros entre 2010 y 2014.

La auditoría de PwC es tajante con ella: “No dispone de ningún tipo de documento para acreditar el origen de sus fondos”.

Mireia: la fisioterapeuta millonaria

Cuando la fisioterapeuta Mireia Pujol Ferrusola abrió una cuenta en la BPA, definió así las razones para elegir esta entidad: “ahorro y seguridad”. Lo dejó escrito en el documento interno que debe rellenar el cliente que toca a la puerta de un banco en el Principado, el Know your customer (conozca a su cliente, en inglés).

La hija del factótum convergente manejó en Andorra el segundo patrimonio más importante de su familia: 1,2 millones de euros.

Pere: “sin necesidad de dinero”

Pere Pujol Ferrusola aterrizó en la BPA “presentado por un tercero”. Ingeniero agrónomo de profesión, este hijo de Jordi Pujol depositó 650.000 euros en la entidad entre 2010 y 2014. Y, según los empleados del banco, no preveía sacar sus fondos. “No tiene necesidad de dinero”, dejaron escrito los trabajadores. Como el resto de sus hermanos, no justificó el origen de su fortuna, según PwC.

Josep: misterioso ingreso en efectivo de 800.000 euros

La cuenta en la BPA de Josep Pujol Ferrusola, que movió 2,1 millones, fue la más activa del clan. La auditoría de PwC cuestiona transacciones como un ingreso en efectivo de 800.000 euros en febrero de 2010. El tercer hijo de la familia vinculó la procedencia de este dinero al cobro de un préstamo. “Se duda de la existencia del préstamo, entendiéndose como un vehículo para el blanqueo de capitales”, sentencia la consultora.

Fuentes próximas a la familia Pujol se muestran muy críticas con la auditoría de PwC. “No hay en el informe ningún hecho que demuestre que el dinero de Andorra tuvo un origen irregular”, sostienen. "Es fácil verlo todo así cuando ya han ocurrido los hechos", añaden.

En paralelo a las pesquisas en Andorra, el clan Pujol se encuentra bajo el foco en España. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga al expresidente catalán, su esposa y sus siete hijos por blanqueo, fraude fiscal y falsedad documental. A través de una madeja de cuentas, la familia ocultó presuntamente 30 millones en Andorra, Estados Unidos, Paraguay, México y Argentina.

Andorra, de 78.000 habitantes, permaneció blindada por el secreto bancario hasta el pasado año. Y la BPA fue intervenida por las autoridades de este país pirenaico en marzo de 2015 por un presunto delito de blanqueo. Los dueños de esta entidad, que llegó a tener 9.000 clientes y 8.000 millones de volumen de negocio, niegan estas acusaciones.

JOAQUÍN GIL / JOSÉ MARÍA IRUJO

El benjamín del clan Pujol, Oleguer Pujol Ferrusola, no reparo en reconocer el pasado diciembre en un juzgado de Andorra que ocultó su patrimonio en el país pirenaico mediante un alambicado entramado de fundaciones. ¿El objetivo? Evitar “un Falciani”. 

O, lo que es lo mismo, que un trabajador de la institución financiera filtrara su nombre. Aludía así al escándalo desatado en 2009 por el informático Helvé Falciani, que afloró el fraude fiscal de más de 100.000 clientes de su antigua empresa, el banco HSBC.

“Me propusieron crear un producto financiero dentro de la BPA, una fundación con el objetivo principal de evitar que nos hicieran un Falciani”, confesó Oleguer Pujol.

El pequeño de la familia declaró ante la titular del juzgado número dos de Andorra. La jueza le citó en calidad de inculpado –término de la ley andorrana que sustituye al investigado- por un presunto delito de blanqueo.

Oleguer Pujol pasa por ser un experto en finanzas. Como prueba: Le dijo a la magistrada que trabajó entre 1997 y 2002 como representante de fondos inmobiliarios en España y Portugal del banco de inversión estadounidense Morgan Stanley.

El benjamín de los Pujol-Ferrusola manejó entre 2012 y 2014 una cuenta en la BPA donde figuró como titular la fundación panameña Kamala Foundation, que llegó a acumular un saldo de 812.770 euros."                 (Joaquín Gil ,  José María Irujo , El País, 21/06/18)

La 'caja b' del banco donde los Pujol ocultaron su fortuna

"La Banca Privada d’Andorra (BPA), la entidad financiera elegida por el clan Pujol para ocultar su fortuna, manejó una caja b. Un sistema de pagos secreto que permitió abonar más de 46 millones de euros en comisiones a 120 directivos, empleados e intermediarios del banco. 

El esquema se ideó para burlar al fisco y los controles de prevención de blanqueo, según los últimos datos de la investigación que dirige la magistrada andorrana Canòlic Mingorance.

El circuito de pagos paralelo funcionó entre 2007 y 2015. Las autoridades del Principado intervinieron este último año la entidad por un presunto delito de blanqueo.

La caja b operó a través de una sociedad panameña participada en un 50% por el que fuera director general y consejero delegado de BPA, Joan Pau Miquel. Aunque sobre el papel, la mercantil se dedicaba a asesorar a la entidad bancaria -su único cliente-, la finalidad real era mover el dinero destinado a primas y comisiones de directivos, empleados y comerciales.

Las transferencias del sistema paralelo se ordenaron a espaldas del Consejo de Administración del banco. Y ni siquiera los miembros de este órgano de gobierno conocieron que, tras la mercantil, se amagaba el máximo ejecutivo de la BPA, según la investigación judicial.

El exdirector general y exconsejero delegado de la Banca Privada d’Andorra (BPA) Joan Pau Miquel maniobró para proteger su millonario patrimonio de las garras de la Justicia tras ser arrestado, según la Policía de Andorra.

Siete meses antes de que las autoridades del Principado intervinieran la BPA y detuvieran a Miquel, en marzo de 2015, el directivo donó todas las acciones de su sociedad panameña Feyman Investment Corp. a su esposa e hijos. La firma registró una ampliación de capital de 13,7 millones de euros en noviembre de 2015, cuando Miquel llevaba ocho meses en prisión.

Los investigadores sospechan que esta secuencia se ejecutó para permitir a la esposa del exconsejero delegado de la BPA controlar el patrimonio inmobiliario y los fondos que el exejecutivo manejó en una cuenta en el Rothschild Bank de Suiza. “Una vez intervenida la entidad bancaria y detenido, [Joan Pau Miquel] habría realizado una maniobra de ocultación de su patrimonio en beneficio de su esposa e hijos”, señalan los investigadores.

La sociedad utilizada para los pagos opacos, Landstreet International, aparece en las pesquisas de la Operación Bonus. Una causa judicial que indaga los presuntos delitos de abuso de posición dominante, administración desleal, falsedad de cuentas sociales y blanqueo de capitales.

La investigación revela que la BPA pagó desde 2007 a través de Landstreet International 35 millones de euros a 27 directivos y empleados del banco. Entre los beneficiarios figuraron el exconsejero delegado Joan Pau Miquel, que percibió 12,7 millones de euros; el exdirector general adjunto Xavier Mayol González (1,3 millones); y el que fuera accionista mayoritario de la entidad, Higini Cierco (648.500 euros).

La conexión chavista

La caja b se utilizó también para retribuir las comisiones de comerciales. Uno de ellos fue Luis Alejandro Rivero, gestor de las cuentas en la BPA del empresario Diego Salazar, primo del exministro de Energía de Venezuela Rafael Ramírez, y presunto miembro de la red que expolió la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). La BPA abonó 3,4 millones de euros a Rivero, según las pesquisas.

El financiero Gabriel Guillermo Salas Ely, de la agencia de fondos de inversión venezolana Inveramerica e intermediario que “facilitó la ocultación de dinero a PDVSA y Eléctrica de Caracas”, cobró 1,2 millones de euros de Landstreet International, según la Policía de Andorra.

2,9 millones para el asesor del presidente de Azerbaiyán

El abogado suizo Olivier Leon Georges Mestelan recibió -según las pesquisas- 2,9 millones de euros del sistema opaco. Los investigadores se refieren a Mestelan como “asesor” del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev.

La caja B de la BPA también transfirió en septiembre de 2008 un total de 603.382 euros a Oriol Puig, director del Servei Meteorològic de Catalunya y hermano del exconseller Felip Puig. La Policía de Andorra considera que el dinero que percibió Oriol Puig de la BPA “no estuvo justificado”.

Landstreet International manejó cuentas en el banco andorrano donde figuró como titular Josep Maria Frases Homedes, un andorrano de 50 años que la juez tilda de “testaferro”.

Por otra parte, junto al director general de BPA, propietario del 50% de la sociedad utilizada para los pagos opacos, figuraron en Landstreet International los gestores de fondos Javier Escoda y Daniel García, que controlaron, respectivamente, el 35% y 15% de las acciones de la firma panameña, según la Policía de Andorra.

El contrato de asesoramiento de Landstreet International fue acordado en junio de 2007 por el Consejo de Administración del banco. Durante su declaración judicial, Escoda y García aseguraron que desconocían que la mitad de la sociedad panameña era propiedad del director general de la BPA. Creían, dijeron, que las acciones estaban controladas por la entidad financiera. Y justificaron que figuraron como empleados de la BPA “por razones administrativas, para poder cotizar a la Seguridad Social andorrana y obtener la residencia en el Principado”.

Los dos gestores y socios minoritarios de Landstreet indicaron a la juez desconocer que la sociedad se utilizó, también, para el pago de primas a directivos y comisiones.

Comisiones a través de Suiza

Del rastreo de las cuentas de la sociedad panameña se ha podido determinar que Joan Pau Miquel ingresó 12,7 millones de euros, Javier Escoda 8,3 millones y Daniel García 4,4 millones. Los gestores cobraban sus comisiones en cuentas de la BPA y en otra que, según ellos, les abrió Miquel en el Rothschild Bank de Suiza.

EL PAÍS ha intentado sin éxito recabar la versión del exdirector general y exconsejero delegado de BPA, Joan Pau Miquel. El exdirectivo permaneció en prisión preventiva entre marzo de 2015 y enero de 2017.

Las autoridades andorranas intervinieron en marzo de 2015 la BPA por un presunto delito de blanqueo de capitales. Los dueños del banco, que llegó a tener 9.000 clientes y un volumen negocio de 8.000 millones de euros, niegan estas acusaciones. Andorra suprimió el pasado año el secreto bancario.

El exdirector general y exconsejero delegado de la Banca Privada d’Andorra (BPA) Joan Pau Miquel empleó la sociedad panameña Landstreet International, que operó como caja B del banco, como un “puente” para abonar primas y dádivas “en casos de corrupción”, según un auto de la juez andorrana que instruye la denominada Operación Bonus, Canòlic Mingorance.

Junto a la fortuna de la familia del expresidente de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol, la BPA fue la entidad elegida por el gigante brasileño de la construcción Odebrecht, implicado en la mayor trama de sobornos de América, y la red de blanqueo de Gao Ping.

“Mediante facturas falsas se obtenían ingresos de BPA de millones de euros y posteriormente se retribuían mediante pagos en efectivo con primas no pactadas ni declaradas a ciertos directivos de la entidad a su arbitrio”, recoge la juez.

“[Landstreet] también se empleó para retribuir a ciertos prescriptores que no querían figurar en la entidad bancaria por motivos de compliance (prevención de riegos), y para pagar dádivas en casos de corrupción”.

“Aprovechando que Landstreet era una sociedad off shore y que sus cuentas eran titularidad de un testaferro, la firma se convirtió en una sociedad pantalla, con cuentas puente, para cometer diversos ilícitos penales”, indica la juez."                 (Joaquín Gil, El País, 22/04/18)

El clan de los Pujol pudo financiar a CDC a través de sociedades con el dinero de Andorra

"El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata apunta que el clan familiar del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol pudo financiar irregularmente con parte del patrimonio que disponen en Andorra a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de empresas "que prestaron servicios" a la formación política, coincidiendo con la campaña electoral de las elecciones generales del año 2000.

De acuerdo con el auto al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado solicita una batería de diligencias entre las que se encuentra requerir todas las líneas de crédito concedidas entre 1999 y 2003 a las mercantiles Altraforma, Hispart y Winner Graph ya que estas sociedades “resultaron ser prestadoras de servicios de CDC” dirigiendo después sus facturas al Palau de la Música. Añade que las “facilidades crediticias” destinadas ascendieron a un total de 336 millones de pesetas (poco más de dos millones de euros)

El magistrado que instruye la causa sobre el origen presuntamente ilícito de la fortuna de la familia Pujol-Ferrusola, indica que el hijo primogénito del expresidente catalán pidió al representante de Banca Reig que le concediera una serie de avales para garantizar “facilidades crediticias” a las citadas mercantiles.

 “Por tanto, la liquidez gestada podría haberse utilizado para obtener recursos con los que pagar servicios” a la formación que presidía en aquel entonces su padre.

Igualmente atiende a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y solicita copia de facturas de las personas que conformaban en aquellos momentos el Palau de la Música catalán, institución que, según el magistrado, “habría servido para “recaudar fondos de distintas empresas adjudicatarias de obra pública”.

Además también libra exhorto al al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en relación con un procedimiento que se habría instruido entre los años 1997-1999 y en el que intervino Luis Prenafeta, exsecretario de Presidencia en la etapa de Jordi Pujol y que actualmente está siendo juzgado en este órgano por el caso Pretoria.

Sobre este punto De la Mata asegura que “se ha podido saber” que una constructora habría realizado pagos sin justificar a varias sociedades por un monto total de 458 millones de pesetas (2.752.635 euros) entre las que estarían Colil Capital, sociedad holandesa que abonó una transferencia en la cuenta que Pujol Ferrusola posee en Andorra.

El juez, que precisa que esta operativa tuvo “como personaje troncal” a Prenafeta, concluye que las cuentas bancarias en Andorra a nombre del primogénito de los Pujol -en prisión hasta que no abone la fianza de 3 millones de euros fijadas por el juez para dejarle en libertad– tienen en parte origen en una cuenta bancaria titulada en España que podría haber sido receptora de pagos asociados a la corrupción y que luego eran desviados a terceros."                 (República.com, 05/10/17)

La corrupción que viene de Andorra

"Estamos ante una obra breve pero muy expresiva de los aspectos más oscuros de la sociedad e instituciones públicas en que vivimos. Obra que tiene su causa inmediata en el estallido de los “papeles de Panamá”. Habla de economía, de capitalismo depredador cuyo único objetivo es la obtención del máximo beneficio, de política, de puertas giratorias. 

El centro de la misma es un personaje de Andorra, Jordi Cinca Mateos, que ha conjugado la actividad política con la actividad empresarial, ésta en ese pozo inmenso de pobreza que es África.

Desde 1990 a 1996 ocupó cargos en la Administración andorrana, desde 1996 hasta 2011 dedicó su tiempo a la actividad económica privada y desde ese año es Ministro de Finanzas de Andorra.

Un Estado, un país, que desde el RD 1081/1991 es para el Estado español un  paraíso fiscal. Es decir, uno de los 48 Estados donde pueden ocultarse impunemente los fondos de origen ilícito o delictivo. Ciertamente, el Gobierno español ha firmado con el Principado sendos Convenios, en 2010, que entró en vigor el 26/2/2011, y en 2015, que lo hizo  el 26/2/2016.

Pero no han garantizado el intercambio automático de información económica y tributaria relevante. Ambas partes lo sabían. La obra que tengo el honor de presentar coincide con el momento, el 15 de septiembre de 2016, en que el Comisario de Asuntos Económicos de la Unión Europea, Pierre Moscovici, publica la lista de los treinta países catalogados como “no cooperantes” en la economía internacional, por no facilitar información en materia fiscal, que incluye a Andorra.

 Jordi Cinca es, pues, uno de los afectados por esta enésima llamada de atención sobre una de las plagas que azotan la economía internacional. Veremos si, finalmente, en 2017 se adoptan medidas definitivas contra espacios de impunidad que luego analizaremos.

Lo cierto es que Andorra hace tiempo que está de actualidad en nuestro país por su relación con importantes procesos judiciales. En el Caso Pretoria, la acusación del Fiscal hace referencia, entre otras, a la solicitud de cinco Comisiones Rogatorias al Principado para fundamentar la acusación de Macià Alavedra y LLuís Prenafeta por el delito de blanqueo de capitales. 

Tras la confesión autoinculpatoria de Jordi Pujol en Julio de 2014, el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona requirió, sin resultados, a Andorra para que informase de “la existencia de cuentas bancarias o instrumentos financieros de cualquier tipo” vinculados o relacionados con cualquiera de los miembros de la familia Pujol.

 ¿Participó de esa decisión Jordi Cinca? Pero hay más. Tanto la Recomendación 12 del GAFI de 1990 (organismo de la OCDE de prevención del blanqueo de capitales), como la Directiva 2005/60/CE y la Ley 10/2010 de prevención de dicho delito, exigen de forma muy expresa y rotunda que las Autoridades tributarias de todos los países actúen con especial “vigilancia” respecto cualquier clase de transacción financiera de “personas expuestas políticamente”, de “personas del medio político” o de “personas con responsabilidad pública”. 

¿Porque no lo hicieron las Autoridades de Andorra respecto de Jordi Pujol que desde 1980 ya mantenía una fortuna oculta en aquel país, producto, entre otros posibles orígenes, del fraude fiscal? ¿Cómo puede dudarse de evidentes complicidades, que aún perduran?

Jordi Cinca, tras su breve periodo en la política, vuelca su actividad, como financial manager, en la sociedad Orfund SA que, más tarde, constituiría el Grupo Orfund Holding SA, con las filiales NACI, DiAndorra y Blue Stone Inc. Con un objeto social: “la fundición de oro y comercio de diamantes”. 

Actividad que les llevo a mantener una intensa relación comercial con Autoridades de Estados africanos sumidos en guerras y la más extrema pobreza. Pero Jordi Cinca y sus socios, como corresponde a su religión de capitalismo depravado, se enriquecían. Particularmente con Liberia, a fin de cuentas, tan paraíso fiscal como Andorra, incluida en la lista “negra” de la UE. Pero ello, al negociante J. Cinca, obviamente, le era indiferente. 

Si resulta difícil conocer el alcance de su actividad económica en Sierra Leona y Liberia, consta en la obra un dato estremecedor y alarmante. Jordi Cinca ejerce su actividad empresarial en Liberia coincidiendo con el mandato como Presidente de Charles Taylor (1996-2003). Y, desde luego, no podía ignorar en modo alguno que su socio político y colaborador comercial fue uno de los dictadores más sanguinarios de África. 

Fue responsable de guerras civiles, de miles de asesinatos, de violaciones masivas de mujeres, del reclutamiento y muerte de miles de menores de 15 años, etc. Tan grave fue su actuación que la Corte Penal Internacional lo juzgó y condenó a 50 años de prisión por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Nunca había ocurrido algo así desde los juicios de Nuremberg. Este era el amigo de Jordi Cinca. Y lo refleja, con toda su crudeza, un documento que consta en el libro. 

En él, el dictador, el 9/12/1999, autoriza, con su firma, una importación, libre de impuestos, de diverso material para la filial de Orfund, Blue Stone. Es suficientemente expresivo para describir la relación entre ambos.

Después de esta provechosa e improductiva actividad, obtenida del durísimo trabajo de los más pobres, aun le quedaron energías para impulsar y participar en una sociedad en un lejano paraíso fiscal, en Panamá, la Mariette Holding Inc. En la que aun consta su firma el 4/2/2002.

Con estos antecedentes, fue nombrado Ministro de Finanzas en 2011. ¡Qué vergüenza!

 “Los paraísos fiscales pueden constituir un obstáculo insuperable para el desarrollo económico de los países pobres, usurpando la soberanía de otros países y creando incentivos para la delincuencia económica” (Parlamento Europeo, abril 2010)

Fragmento del prólogo firmado por Villarejo en la obra de Carlos  Quílez, ‘Diamantes sucios. La verdadera historia de Jordi Cinca, el responsable de las finanzas andorranas’. Editado por Crónica Global. Noviembre 2016.      (Carlos Jiménez Villarejo, La Lamentable, 07/12/16)

El ministro de Finanzas de Andorra se asoció con narcos para mover el oro

"El ministro de Finanzas de Andorra transportó lingotes en el avión de un traficante de drogas cuyos ingresos eran blanqueados en el Principado, según denuncia su socio en una querella .

El expresidente de la empresa Orfund, Joan Samarra, afirma que cada integrante de lo que califica como "negocio B" del ministro andorrano de Finanzas, Jordi Cinca, ponía su granito de arena para fortalecer la trama corrupta de tráfico de oro y diamantes y del consiguiente blanqueo de capitales generados por esa maquinaria criminal.

La querella que se ha presentado en los juzgados de Barcelona --a la que ha tenido acceso Crónica Global-- contra Cinca enumera a distintos supuestos miembros activos de esa citada trama. Uno de ellos es Fernando Fernández Robleda, a quien se le relaciona con una red de narcotráfico internacional y cuya logística e infraestructura fue utilizada por Cinca, siempre según la denuncia, para introducir oro en Andorra.

Oro en avioneta

Fernando Fernández Robleda poseía una logística de la que se aprovechó Cinca. Había llegado a transportar, desde Abidjan a la Seu d'Urgell, "ingentes cantidades de oro en el avión privado del narcotraficante", según reza la denuncia presentada ante la justicia.

Otro de los pilares de la trama que dirigía Cinca es Jesús Fernández Prada, socio del ministro andorrano en la filiales de Orfund en África. Se le relaciona con la compra de "diamantes de sangre" y con el tráfico de armas.

Tráfico de armas y de drogas

Fernández Prada y Fernández Robleda colaboran en diversos negocios de explotación maderera, cuyos beneficios se destinan, de acuerdo con la querella, a financiar la compra de armas en diversos países africanos.

Según la denuncia de Samarra, los dividendos de ese negocio maderero "se encontraban, en parte, ubicados en Crèdit Andorrà", el banco del que procedía profesionalmente Cinca.

Blanqueo en la banca andorrana

La querella relata cómo un testaferro libanés, socio de Cinca y apodado el Canadien, y Fernández Robledo "aportaban dinero que se empleaba en la compra de oro y diamantes. Luego las cantidades aportadas aparecían blanqueadas en cuentas de Crèdit Andorrà".

La querella también resalta la relaciones de Fernández Robledo y el señor de la guerra Alhaji Sekou Fofana, socio y amigo de Cinca, a quien la querella considera claves para la expansión del negocio del ministro de Finanzas andorrano en Liberia."               (Carlos Quílez, Crónica Global, 05/07/16)

“Venían con sacos de billetes y escoltados por mossos” (el cajero de los Pujol en Andorra)

"Los Pujol traían sacos de dinero, escoltados por mossos vestidos de paisano”. Lo relata con estas palabras un alto empleado de Andbank, la entidad financiera andorrana en la que la familia del ex president de la Generalitat ocultó durante décadas su fortuna, procedente del cobro de comisiones ilegales.

La conversación a la que ha tenido acceso OkDiario tuvo lugar el pasado día 10, en las oficinas centrales de Andbank situadas en la calle Manuel Cerqueda i Escaler de Escaldes-Engordany (Andorra).

El empleado que realiza este relato se dedica a gestionar personalmente la cartera de los clientes que tienen cuentas abiertas en la entidad.

En la grabación realizada en las propias oficinas de Andbank, el gestor explica lo que ha sido durante años un secreto a voces. En primer lugar, lamenta que “el nombre del país [Andorra] y del banco salga manchado por tratar con personas políticamente expuestas“.

Y a continuación alude a la “prepotencia” con la que actuaban los miembros de la familia Pujol cuando acudían a las oficinas de Andbank: “Estos señores, cuando venían con sacos de dinero, avisaban: oye, que vamos a cruzar la frontera. Se traían guardaespaldas, mossos vestidos de paisano armados. Avisaban a la Policía de aquí: oye, que vamos a hacer una visita a Andorra… por motivos de seguridad”.

Sólo se les ha descubierto la punta

El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional abrió una investigación al primogénito del clan, Jordi Pujol Ferrusola, después de que su ex novia Victoria Álvarez denunciara en 2010 los viajes que habían realizado a Andorra portando “bolsas llenas de billetes de 500 euros“.

Fue precisamente en 2010, tras estas revelaciones, cuando la familia Pujol cerró sus cuentas en Andbank y transfirió una parte de sus depósitos a la Banca Privada Andorrana (BPA), que el pasado mes de marzo fue intervenida después de que la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) de EEUU denunciara la existencia de prácticas de blanqueo de capitales procedentes de organizaciones criminales de China, Rusia y Venezuela.

En la grabación a la que ha tenido acceso OkDiario, el gestor de Andbank indica que fue su propio banco el que invitó a los Pujol a llevarse su dinero. “Se les dijo que se fueran porque, hay que ser gilipollas”, dice gráficamente, “te estamos informando de una directiva internacional de intercambio de información, y te la pasas por el forro. Y te llevas las cuentas a la BPA, que se lo comían todo”.

El gestor de fondos explica los problemas legales que han conducido a la intervención de la Banca Privada Andorrana (BPA) porque “como era el último banco, no tuvo cuidado de lo que le entraba”. Algo que llevó a esta última entidad a admitir, también, a los clientes en 2010, cuando ya resultaba evidente la procedencia ilícita de sus fondos: “Hay que ser capullos, les admitieron las cuentas y a través de BPA hacían un trasiego tremendo”.

La comisión rogatoria enviada por la Audiencia Nacional a Andorra ha puesto en evidencia ahora este “trasiego”, en el que los Pujol ingresaban en sus cuentas cantidades millonarias procedentes del cobro de comisiones, que luego repartían entre los distintos hermanos odesviaban a paraísos fiscales. Aunque el gestor de Andbank admite, en la grabación realizada el pasado día 10, que “lo que les han descubierto es solo la punta”.

El problema es la mujer, que es un bicho

El alto empleado de la entidad bancaria también alude a las actividades ilícitas que explicarían, a su juicio, una parte de la fortuna de los Pujol. Lo hace en los siguientes términos: “Esto lo sabemos todos, ibas a la Rambla de Cataluña, pagabas y tenías licencia, esto era vox populi. Alguien que quería una licencia para abrir un establecimiento, un puticlub, sobre todo puticlubs o casinos ilegales, [pagaba] y los Mossos no te visitaban”.

Y por último aclara: “Pero el problema no es él [el ex president Jordi Pujol], sino la familia, y sobre todo la mujer, que es un bicho“, remata en alusión a la consorte Marta Ferrusola.

El relato de este alto empleado de Andbank coincide con la declaración que un teniente coronel de la Guardia Civil, destinado en Andorra en los años 90, realizó el pasado mes de enero ante la comisión de investigación creada en el Parlament catalán sobre la corrupción.

El agente de la Guardia Civil relató que, hasta 1993, Marta Ferrusola viajaba a Andorra “cada dos o tres meses”, en ocasiones acompañada por alguno de sus hijos. El agente era el encargado de pedir al Gobierno andorrano la autorización para que los mossos que acompañaban a la mujer del president pudieran cruzar la frontera con sus armas."    (Fuente: Okdiario, en Somatemps, 18/12/15)

Pujol Jr utilizó la red de blanqueo del cártel de Sinaloa

"Casa de Cambio Monex. Ese es el nombre de la entidad financiera domiciliada en México DF que el cartel de Sinaloa (la principal organización de narcotráfico de aquel país) ha utilizado para blanquear decenas de millones de dólares de la cocaína.

Tal y como ha podido confirmar Crónica Global, esa misma sociedad ha sido utilizada por Jordi Pujol Ferrusola para el blanqueo de capitales de opaca procedencia, según se recoge en la investigación que el juez José de la Mata instruye sobre la trama de blanqueo de capitales provenientes de comisiones ilegales que ha dirigido, presuntamente, el hijo primogénito del ex presidente de la Generalitat.

Las mismas instrumentales

En el marco de la llamada operación Tacos, que hace cinco años instruyó el juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y dirigió la Guardia Civil, se identificaron varias empresas de aquel país receptoras de consecutivas transferencia de millones de dólares que, procedentes de la venta de grandes partidas de cocaína, se habían blanqueado en España a través de un complejo entramado financiero y bancario. Según sentencia firme, el máximo responsable en Barcelona de esa trama fue el octogenario abogado Joan Piqué Vidal.

El juicio por este caso se ha celebrado este año. Joan Piqué Vidal ha sido condenado a un año y tres meses de cárcel por su implicación en la operación Tacos contra una de las organizaciones criminales más potentes del planeta. Según la sentencia, Piqué era uno de los cerebros de la trama que llegó a blanquear más de 250 millones del cártel de Sinaloa. El abogado reconoció los hechos y el fiscal se avino a una condena de conformidad.

Joan Piqué Vidal fue el abogado defensor y hombre de confianza del ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol i Soley.  Le defendió, entre otros casos, en el sumario de Banca Catalana, del que Pujol salió indemne.

De Banca Catalana al 3%

Según las últimas resoluciones judiciales del juez José de la Mata, Jordi Pujol Ferrusola “remitió grandes cantidades de dinero a Casa de Cambio Monex procedentes de Andorra”.

En principio, según el juez, se trataría, aparentemente, de inversiones ligadas al negocio del juego, en concreto de los casinos,  de la mano de uno de los socios de Pujol Jr, el empresario Carlos Riva Palacio Magaña. De la Mata ha confirmado que Riva Palacio también tiene cuentas en el principado de Andorra y que habría intercambiado traspasos millonarios con las de Jordi Pujol Ferrusola."                (Crónica Global, 03/11/15)

ANDORRA – ¿Convenio de doble imposición o licencia para saquear España?

"(...) la elevada presión fiscal que actualmente soportamos la mayoría de la población, se debe sobre todo al reparto injusto y desigual de la carga impositiva, la cual es soportada por las rentas medias y bajas. Es decir, que pagar impuestos no corresponde a los ciudadanos en general, ¡pagar impuestos es de pobres! (...)

¿Alguien puede entender que Andorra (país de aprox. 70.000 habitantes) tenga en jaque al gobierno español, negándose a facilitar la información requerida por nuestros jueces para investigar la evasión fiscal – con “presunto” delito de corrupción – como está sucediendo con el CASO PUJOL?

¿Qué tipo de acuerdo de intercambio de información fiscal firmó España con Andorra en el 2010, que posibilitó a Andorra dejar de ser considerado paraíso fiscal por España? Ciertamente uno que no beneficia en nada a nuestras finanzas públicas.

 Ahora, más que nunca, es urgente llevar a cabo una revisión de este acuerdo de intercambio de información, porque fue precisamente su suscripción la que posibilitó a la banca andorrana desembarcar en España abriendo oficinas de banca privada por todo el territorio nacional, al tiempo que se establecía en otras jurisdicciones en las que también prima el secreto bancario: Suiza, Mónaco Luxemburgo, Panamá, Bahamas, Uruguay, etc.  (...)

Andorra ha adoptado un nuevo modelo económico con el fin de atraer empresas que se instalen en el Principado, a través de la firma de CDI (Convenios de Doble Imposición). 

Si bien el espíritu original de los CDI era evitar que empresas y personas tributasen por un mismo concepto en dos estados, estos acuerdos han sido objeto de numerosos abusos, por lo que es necesario marcar unas líneas claras de actuación, que no resulten en una merma recaudatoria en el país de fiscalidad más elevada.

En esta misma línea, Andorra, también ha emprendido una serie de reformas legislativas de gran calado para propiciar que empresas internacionales se instalen en el Principado, tratando de emular unos modelos que ya están siendo aplicados por otros países como Luxemburgo, Holanda o Irlanda. 

Para ello  ha establecido un modelo fiscal homologable, pero con tasas impositivas incluso más agresivas para que resulten atractivas a los inversores. (Ver artículo relacionado AQUÍ) (...)

Así, con este acuerdo, el ejecutivo andorrano espera que se instalen en su territorio tanto sedes de empresas y holdings[2], como empresas vinculadas a nuevas tecnologías, al sector sanitario y educativo, al comercio internacional y centrales de ventas, entre otras. 

En este marco, las empresas que operen en España desde Andorra aplicarían la tributación andorrana, lo cual sería muy favorable para Andorra, pero no para España, por las deslocalizaciones que podría provocar y la pérdida de ingresos públicos.

 Mariano Rajoy ha firmado este convenio en el viaje realizado a Andorra los días 7 y 8 de Enero de 2015, y que ha supuesto la primera visita de un mandatario español al Principado. Es además un gran reclamo electoral para el Gobierno de Andorra, porque celebra elecciones generales dos meses después. (...)"               (Attac España,. 03/02/2015)

¿Qué hacía el ex-jefe de Inspección del Banco de España en el Banco Madrid, dónde se blanquaba el dinero de las mafias?

"Ha formado parte de esa élite de altos funcionarios por cuyas manos transita gran parte del poder de decisión y coerción del Estado; es el poder de los segundos niveles, de esos hombres que sin necesidad de dar la cara, porque no son ministros ni siquiera secretarios de Estado, mueven tras las bambalinas los hilos de decisiones que luego se plasman en el BOE, gobierne PSOE o lo haga el PP.

 Hablamos de José Pérez Fernández, Pepe Pérez, un “economista ilustrado” –así ha sido descrito- cuya brillante carrera acaba de terminar en oprobio al ser despedido de la presidencia del Banco Madrid, una pequeña entidad intervenida por el Banco de España (BdE) bajo la acusación de dedicarse a blanquear dinero negro de mafias diversas. Todo un baldón. 

Profesor ayudante en la cátedra de Luis Ángel Rojo, el padre putativo de todo economista de izquierda de cierto fuste surgido durante la Transición, Pérez siguió la senda de su maestro desde la Universidad al BdE, dispuesto a convertirse en “una de las figuras clave del sistema financiero español”, según elogio de sus exegetas.

 Tras incorporarse en 1972 al Servicio de Estudios de la entidad que Rojo dirigía, el propio Rojo, recién nombrado gobernador del BdE, lo nombró en 1992 director general de Inspección, es decir, jefe de policía del sistema bancario. 

Y en esto llegó la crisis de Banesto, cuya intervención (“había una clara insolvencia contable; se había consumido el capital. El banco no podía salir adelante sin un plan de saneamiento”) se llevó a cabo con los informes de los inspectores de Pérez. (...)

Tras la aventura, Pérez (“El padre de los SIP”), protagonizó otra curiosa pirueta. Ocurrió que la Banca Privada de Andorra (BPA) llevaba tiempo peleando por una licencia bancaria en España. Y el citado, quién mejor, se la gestionó con eficacia ante sus amigos del BdE. 

Se trataba de la ficha del Banco Madrid, por aquel entonces un cascarón vacío tras haber pasado de Banesto a Deutsche Bank (fue precisamente Pérez quien, como responsable de la Inspección, obligó a Conde a venderlo a los alemanes en febrero de 1993, por la nada despreciable suma de 42.000 millones de pesetas), y de Deutsche Bank a la Kutxa vasca, quien en el verano de 2010 la dejó en manos de BPA, no sin que antes Andorra se comprometiera con España a abandonar su estatus de paraíso fiscal.

 Y naturalmente fue MAFO –el personaje que ha hecho del antaño venerado BdE una de las instituciones públicas más corruptas de España- quien impuso a los andorranos a Pepe Pérez –que había quedado aislado en un Intermoney del que habían saltado sus pesos pesados- como presidente de Banco Madrid cual garantía de buena práctica bancaria.

El “pollo” inexplicable del Banco Madrid

La aventura terminó el pasado 10 de marzo, cuando el Departamento del Tesoro USA anunció que estaba investigando al BPA andorrano por haber facilitado transacciones para el lavado de dinero de organizaciones criminales rusas, venezolanas y chinas, por no mencionar personajes tan familiares ya para los españoles como Gao Ping. 

Y de pronto esa “buena práctica bancaria” que según el inefable MAFO garantizaba su amigo Pérez, saltó por los aires. (...)

Al “pollo” que se ha montado con Banco Madrid ha contribuido activamente las manifestaciones, desmedidas en opinión de no pocos, tanto del ministro de Economía, De Guindos, como del secretario de Estado, Fernández de Mesa, que en algún caso han llegado a mencionar la palabra maldita, “rescate”, (...)

comportamiento del Sepblac -Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales- que, después de haber investigado durante 10 meses las actividades del Banco Madrid, parece no encontró nada digno de ser enviado a la Fiscalía Anticorrupción, algo que hizo días atrás a uña de caballo cuando estalló la denuncia del Tesoro de los EEUU), (...)

 Uno de esos amigos, y muy destacado, es el tantas veces citado Pepe Pérez y sus colegas, que a la sombra de MAFO ganaron mucho dinero con las sustanciosas facturas pagadas por las Cajas a cuenta del invento de los SIP (las “fusiones frías”), sin dejar siquiera las migajas a la competencia.

El Banco Madrid camina directo hacia su liquidación, la senda que tendrían que haberse visto obligadas a transitar algunas de las cajas cuyo rescate tanto dinero público ha consumido tan dolorosa como innecesariamente. Esta puede ser la evidencia de cómo liquidar una entidad, o dejarla quebrar, no supone el fin del mundo para nadie, si acaso para los gestores y accionistas que consintieron las malas prácticas que les llevaron al desastre. 

En otro orden de cosas, el caso que nos ocupa encierra una llamativa metáfora moral relativa a uno de esos episodios financieros que jalonan la historia de la Transición y que, como la expropiación de Rumasa, más controversia social han producido: la intervención de Banesto: todos, o casi, los personajes principales que intervinieron en aquel episodio han visto sus carreras mancilladas por algún tipo de escándalo final. La venganza de don Mendo.

 El dramatis personae de aquella operación habría de iniciarse por Alfredo Sáenz, el alto ejecutivo de un banco de la competencia que el BdE colocó al frente del banco intervenido y que, debiéndose al BBV presidido por Emilio Ybarra, a la hora de la subasta pasó la información fetén a un banco competidor, el Santander, cuyo presidente le premió después con 1.000 millones de pesetas en acciones de Banesto. Sáenz ha terminado condenado e inhabilitado por denuncia falsa, con el Tribunal Supremo rechazando el indulto que le fue otorgado por el Gobierno Zapatero.

José Pepe Pérez o el cazador cazado

Banesto fue adjudicado al Santander no obstante el “detalle” de que el sobre ganador iba sin firma en el momento de la apertura de plicas. El gobernador, el célebre Rojo, envió rápidamente a un propio para que Emilio Botín subsanara la deficiencia y pudiera así confirmarse la adjudicación. 

La operación fue un gran negocio para un Santander que a partir de entonces protagonizó su gran salto adelante hasta convertirse en uno de los mayores bancos del mundo, bajo la batuta inabarcable de un águila como don Emilio, el hombre dispuesto a firmar un pacto fáustico con la eterna juventud y cuya vida acabó de forma misteriosa en la soledad de una bañera con agua caliente un anochecer de septiembre del año pasado. 

Capital en el reparto de la obra, el tantas veces citado Rojo, la eminencia progre de todo economista progre que se precie, que fue capaz de aceptar un puesto en el Consejo de Administración del Santander después del episodio relatado, un error que marcaría para siempre su currículum.

Otros protagonistas menores también recibieron su óvolo, si bien notoriamente más modesto, caso de Miguel Martín, subgobernador del BdE en el momento de la intervención, que a propuesta del Santander ocupó durante años la presidencia de la Asociación de Banca Privada (AEB). 

Pero ha sido la defenestración de Pepe Pérez del Banco Madrid lo que ha venido a poner broche de bronce al episodio de Banesto. Quien tras la intervención se distinguiera por la dureza de sus manifestaciones contra Conde, ha venido a caer manchado por asuntos tan poco edificantes como el lavado de dinero de mafias internacionales. 

Aunque su presidencia no fuera ejecutiva, ¿nunca vio nada raro durante los años de su mandato como guardián de la ortodoxia? ¿No intuyó nada? ¿Nada sospechó? Pepe Pérez o el interventor intervenido. El cazador cazado. Cruel ironía del destino."          (Jesús Cacho, Vox Populi, 22/03/2015)

Ejecutivos de la Banca Privada de Andorra negociaron en Moscú con la mafia rusa

"Al menos dos directivos de la Banca Privada de Andorra, intervenida ayer por el Gobierno andorrano, viajaron a Moscú para negociar directamente con la cúpula de una mafia rusa con ramificaciones en las Islas Vírgenes británicas, islas Seychelles o Chipre y que fue destapada en España en la operación Clotilde, según apuntan las investigaciones judiciales abiertas en esta causa.

Así consta en una providencia de la Audiencia Nacional por la que se gira una comisión rogatoria a dicho paraíso fiscal para que intervenga los teléfonos de dos directivos de la Banca Privada de Andorra. Esta comisión rogatoria fue realizada el 22 de enero de 2013 por Eloy Velasco, titular del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional.

Santiago Roselló Piera, director financiero de la Banca Privada de Andorra, viajó al menos en cinco ocasiones a Rusia para reunirse, presuntamente, con los jefes de la mafia rusa entre los años 2011 y 2013, según dichas investigaciones.

Posteriormente delegaría esta relación en Francisco Javier Campos Tomás, vicepresidente, director y tesorero de la Banca Privada de Andorra en Panamá e investigado también por ser el presunto enlace entre la entidad financiera y la cúpula de la red rusa, según los indicios que constan en el caso.  En España la relación de la red con BPA se mantenía, al parecer, a través del directivo P. L, según las primeras investigaciones realizadas por la Guardia Civil.

La Banca Privada de Andorra, propiedad de la familia Cierco, es la entidad donde Jordi Pujol y su familia ocultaban su patrimonio millonario. Fue intervenida este martes por el Gobierno de Andorra, tras una denuncia formal presentada por el Tesoro de Estados Unidos de su vinculación con el lavado de dinero del crimen organizado internacional.

La división de Crímenes Financieros norteamericana acusa a BPA de ser partícipe activo en el blanqueo de dinero procedente de organizaciones criminales de Rusia, China y Venezuela.

Alto cargo de Gazprom
Las investigaciones a los directivos de la entidad financiera en Andorra  revelan cómo asesoraron a una red de blanqueo liderada por Víktor Arkhipovich Kanaykin, entonces director general de Producción de la empresa Spetsneftegaz, dedicada a la supervisión de los gasoductos de Gazprom, el gigante gasista controlado por el Estado ruso.
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Al parecer, Santiago Roselló habría ayudado en 2013 a Kanaykin, que estaba gravemente enfermo, a crear una fundación para ocultar su fortuna, repartir su patrimonio y para designar el tiempo que operaría esta fundación tras su fallecimiento.

Los indicios apuntan a que Roselló asistió en Moscú a reuniones con los directores de la red mafiosa radicados en otros paraísos fiscales.

Roselló tenía una amistad personal con el hombre de confianza de Kanaykin en España, Viktor Petrov, quien será juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por liderar la red de la operación Clotilde destapada en España y dedicada al blanqueo de capital ruso. Petrov está acusado de haber blanqueado un total de 56 millones de euros en operaciones urbanísticas realizadas en España, con epicentro en la localidad de Lloret de Mar.

Roselló viajó en varias ocasiones a Rusia en compañía de Javier Campos para reunirse con Kanaykin, Petrov y Andrey Zinchenko considerado el “financiero de la organización delictiva”, según la investigación judicial.

El grupo tiene una red de colaboradores situados estratégicamente en diversos países, como Islas Seychelles, Chipre, Andorra, República Checa e Islas Vírgenes Británicas, encargados del movimiento de capitales a través de empresas, sociedades o fundaciones.

Por su parte, la investigación apunta a que Petrov estaría relacionado con Semion Mogilevich, de origen ucraniano y considerado por el FBI como el capo de una red de mafias rusas que opera a nivel internacional.

Mogilevich es buscado por el FBI por haber participado en un fraude con miles de afectados norteamericanos en la década de los años 90, quienes vieron esfumados 150 millones de dólares. Así consta en la ficha de los diez delincuentes más buscados entre los que figuran este ucraniano.

Conoce la jerarquía y la estructura de la organización
Las investigaciones apuntan a que Roselló, el director financiero de BPA, trata a la red rusa de Kanaykin y Petron como cliente privilegiado. Es más, los investigadores creen que Roselló se ocupa “personalmente de la gestión y control de las cuentas bancarias de la organización investigada”.

Los investigadores apuntan a que Roselló “es pleno conocedor de la jerarquía existente en la organización” rusa. Conoce “perfectamente la estructura jerarquizada de la organización investigada, la estructura societaria de la misma así como los fines ilícitos de la misma”, sostiene la valoración de la Guardia Civil en la que se basa el juez para solicitar la intervención de sus teléfonos a las autoridades judiciales de Andorra en 2013.

Otro directivo de BPA también ha sido investigado en otro sumario que se instruye en la Audiencia Nacional. En concreto, trabajó en la red de blanqueo de la trama china de Gao Ping, el empresario encarcelado en la operación Emperador quien pagó comisiones elevadas a cambio de lavar el dinero de su organización.

Estados Unidos denuncia que otro ejecutivo de BPA colaboró en el desvío de fondos de la compañía estatal Petróleos de Venezuela.

La Banca Privada de Andorra se encargó de regularizar más de 3 millones de euros de la familia de Jordi Pujol en la Hacienda española, entre los años 2010 y 2011. Fue en 2011 cuando adquirió el Banco de Madrid, en una operación que se sospecha que iba a servir de puente para culminar la repatriación del dinero de la familia del expresident catalán."                  (Público, 10/03/2015)