Así se forraron los socios de Puigdemont: 25 millones en ayudas públicas en 15 años. El clan de 'Catalonia Today'

"Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Esta máxima, cobra toda su dimensión en política. Y si se mezcla la política con los negocios, los resultados son ya espectaculares. La materialización de esa filosofía se plasma en el círculo empresarial del 'expresident' Carles Puigdemont, que creó su buque insignia 'Catalonia Today' en el año 2003.

 Todos lo que han estado en ese proyecto acabaron aumentando sus caudales y obtuvieron casi 25 millones de euros del erario público, según la cronología y documentación en poder de El Confidencial.

'Catalonia Today' comenzó sus operaciones el 13 de noviembre de 2003 con un capital de 3.006 euros. Su domicilio se estableció en Sant Cugat del Vallès, la ciudad más grande en manos de CiU en aquellos momentos. Su objeto social era "la recopilación y procesamiento de información de interés público destinado a ser ofrecida en cualquier tipo de soporte a terceros". 

La intención era confeccionar un periódico con noticias de Cataluña en inglés para extranjeros residentes en Cataluña. Y le sirvió a Puigdemont para arañar subvenciones y para fichar como columnistas a determinados amigos que, a la postre se convertirían en 'soldados' del independentismo más recalcitrante. 

Sus administradores solidarios eran Carles Puigdemont, Ramon Grau Soldevila y Francisco Fornells Sala. Curiosamente, ese objeto social es el mismo que el de la empresa Información Pública Local, propiedad de Ramon Grau, con la que 'Catalonia Today' compartió su primer domicilio social en la localidad de Sant Cugat, el feudo convergente por excelencia.

Al año siguiente, se nombra un consejo de administración donde entran ya los representantes del grupo Hermes, con Joan Vall Clara a la cabeza. Entran en ese consejo los anteriores administradores y se añaden como consejero a José Luis Galí Pérez. 

Mateu Ballbé ofició como secretario no consejero hasta que años más tarde entró también como consejero. En el 2005, aterrizó en la compañía otro personaje que a la postre sería decisivo en el devenir económico de la Generalitat: Josep-Ramon Sanromà i Celma, que fue consejero hasta el año 2009.

El presidente del Instituto Catalán de Finanzas

Sanromà es el actual consejero delegado y presidente en funciones del Instituto Catalán de Finanzas (ICF). Fichado para el cargo en el año 2011 por Artur Mas, su cometido era preparar al ICF para convertirlo en el Banco Central de Cataluña en el momento en que Cataluña fuese independiente. 

Como curiosidad, cabe destacar que su currículum profesional distribuido desde la Generalitat omite cualquier referencia a su alianza empresarial con Puigdemont: de su paso por el semanario creado por Puigdemont, ni rastro. 

Es más, deja un vacío en su trayectoria de un año (2005 a 2006). Recoge, eso sí, que fue socio director de Artisan Partners entre 2006 y 2011, director general para España y Portugal de Deutsche Bank de 1990 a 2005 y que tuvo "varios cargos de dirección" en Banca Catalana, Banco Vizcaya y Banco Atlántico. Desde 2005 a 2006, pues, hay un vacío inexplicable.

El actual presidente del ICF mantuvo cargos en las empresas Argaro Inversiones (donde comparte responsabilidades con José Luis Galí, otro de los consejeros de 'Catalonia Today'), Rosan 53, Domus Indus Capital y The Yellow Trust. Sanromà es el único de los consejeros de 'Catalonia Today' que no ha recibido un chorro de subvenciones, aunque desde el 2011 mantiene un salario a cuenta del erario público de 119.571,62 euros anuales, según los datos de 2016.

Joan Vall, factótum del grupo Hermés

El resto de los implicados en el proyecto, en cambio, son los protagonistas de subvenciones públicas que, desde el año 2003, ascienden a casi 25 millones de euros. El más importante es Joan Vall Clara, factótum del grupo Hermés, editora del diario 'El Punt Avui' y de varios medios locales. El grupo diversificó su estructura para poder recibir subvenciones diversas a través de empresas que, aparentemente, no tenían nada que ver entre ellas, excepto los accionistas.

La estrategia era muy clara: en el año 2005, por ejemplo, el 'conseller primer' le inyectaba a Comit Premsa BCN 544.500 euros para potenciar la política comercial del diario y a otra empresa del grupo, Comercialitzadora i Editora, otros 456.450 euros para mejorar el posicionamiento de su división de deportes (esta subvención se mantendría, con diferentes cifras pero siempre con cientos de miles de euros anuales, a lo largo de años; la partida más escandalosa fue la de 2004, cuando recibió por la consolidación del medio más de 1.117.000 euros). 

Eso, claro, al margen de flecos de casi 100.000 euros para nuevos suplementos y más de 155.000 euros para la implantación de "un nuevo sistema editorial para una mejora de la coordinación de las diferentes redacciones del grupo".

Otra fórmula para pasar desapercibidos era hacer llegar las ayudas a través de diferentes consejerías. Así, por ejemplo, el departamento de Bienestar y Familia, o el de Acción Social, conformaban contratos con las empresas 'amigas' y daban exorbitantes subvenciones por suscripciones públicas. 

Con esos departamentos llegó a firmar contratos por valor de casi 100.000 euros por departamento y año y con Gobernación llegó a firmar otro contrato por más de 300.000 euros por suscripciones en un solo ejercicio. Todas estas ayudas fueron concedidas por consejeros de ERC.

Las empresas ligadas a Vall recibieron, desde el 2003, la friolera de algo más de 18.750.000 euros en ayudas públicas de la Generalitat. De ellas, Hermés Comunicació percibió unos 8,5 millones de euros y la empresa Comercialitzadora i Editora de la Coordinadora de Mitjans SL percibió más de 7,7 millones. 

La 'Revista Presència' recibió desde 2004 a 2016 más de 1.150.000 euros. Además de seis licencias para frecuencias de radio digital terrestre, la compañía Comit Premsa BCN (en la que también tuvo cargo Gordillo) se llevó sólo de 2004 a 2006 más de 879.000 euros. Otras compañías ligadas a Vall, como Control de Serveis per a Mitjans de Comunicació SL, Taller d’Iniciatives Editorials, Maig 2011 SL, Ben Plantada Edicions, Premsa Vallès Occidental SL o XCorporació Catalana de Comunicació recibieron diversas subvenciones.

José Luis Galí, 2 millones y Mateu Ballbé, casi 3

José Luis Galí, otro de los consejeros de 'Catalonia Today', logró más de 1,8 millones de euros para su empresa Gestión del Conocimiento desde el año 2006 hasta el 2010, esencialmente a través del impulso de un portal agrario en Internet. Otra de sus compañías, Ameyal, logró dos contratos de asistencia técnica ambiental en obras públicas de Gisa en la demarcación de Girona. En total, se embolsó 2.040.000 euros.

Mateu Ballbé roza, asimismo, los 3 millones de euros en subvenciones públicas desde el año 2003, casi todos ellos a través de ayudas para la formación ocupacional o formación profesional canalizados por medio del Centre Cultural i Esportiu Xaloc SA.

Grau: 385.581 euros para 'El Singular Digital'

Más curioso es el caso de Ramon Grau Soldevila, un empresario convergente que entró en el negocio de 'Catalonia Today'. Este empresario logró algo más de 49.000 euros en subvenciones a través de su empresa Tot Cerdanyola y 385.581,38 euros para desarrollar el proyecto de 'El Singular Digital', un periódico por Internet que ahora se llama elmon.cat. En realidad, ese había de ser el medio de referencia del nacionalismo convergente, pero el proyecto no salió como se esperaba. En 'El Singular Digital' convergía también Mateu Ballbé Turu.

 La puesta en marcha de este proyecto se hizo a través de Tot Cerdanyola, pero el dominio era propiedad de Informació Pública Local (IPL), que a su vez era propiedad de la inmobiliaria Gratroy SL. Esta empresa tiene una decena de marcas registradas con los nombres de Tot Barcelona, Tot Cerdanyola, Tot Sant Cugat, Tot Collserola, Tot Sarrià, Tot Zona Alta…). 

Como ya quedó patente en párrafos anteriores, IPL compartía domicilio con 'Catalonia Today', la empresa matriz de Puigdemont. Y una parte del proyecto siguió luego adelante para crear un 'holding' convergente en torno a 'El Singular Digital' mientras que Puigdemont desgajó una parte de ese proyecto para gestionar en persona 'Catalonia Today'.

Sin embargo, los negocios más curiosos de Grau hacen referencia al arte: su empresa Nevis Lane gestiona, al parecer, dos galerías de arte. Y para esa gestión logró que la consejería de Cultura le sufragase gastos de publicidad. En el año 2009, con el republicano Joan Manuel Treserras, consiguió una subvención de 17.402,26 euros para "la edición de catálogos de las exposiciones de Grau Garriga y de Carles Vergès y las diversas acciones de promoción de la programación de la galería". 

Ramon Grau (sobrino de Grau Garriga, uno de los homenajeados en su galería) es el actual presidente de la Asociación de Medios de Información y Comunicación (AMIC), una entidad que pretende actuar como patronal de empresas editoras de prensa en Cataluña. 

Asimismo, logró casi 9.000 euros más para promocionar la galería Odó Art y casi 3.700 euros para "adquisición de diferente equipamiento tecnológico para la galería". Todas estas ayudas fueron canalizadas a través del Instituto Catalán de las Industrias Culturales (ICIC), un organismo dependiente de la consejería de Cultura.

Grau era íntimo del que fue alcalde de Sant Cugat y luego consejero de Territori, Lluís Recoder, el mismo que vendió apresuradamente Aigües Ter-Llobregat (ATLL), la mayor venta en la historia de un activo de la Generalitat, que ahora los tribunales han anulado. El avispado empresario convergente se valió de sus contactos para editar en Sant Cugat 'Els Quatre cantons' y ser el empresario de referencia de Convergència en el negocio de la información local."                    (Antonio Hernández, El Confidencial, 10/03/18)

En 2017. Corrupción política al más alto nives, corrupción judicial, corrupción de banqueros... así que, ¡a la cárcel los humoristas!

"Acaba un año intenso en lo judicial, que empezó con grandes juicios de corrupción como Nóos y Gürtel y ha acabado arrasado por el tsunami del proceso independentista catalán. Estos han sido los diez mejores momentos en los tribunales en 2017.

1. Orden de detención para Puigdemont: El 3 de noviembre la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela cursó la orden internacional de detención contra el presidente cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont, que retiró el 5 de diciembre el magistrado del Supremo Pablo Llarena. 

El jefe del Govern, destituido en aplicación del artículo 155 de la Constitución, huyó a Bélgica y no se presentó a la citación judicial como investigado por un delito de rebelión que se produjo tras la proclamación de la independencia de Cataluña. Su vicepresidente, Oriol Junqueras, y otros ocho exconsellers fueron enviados a prisión. 

El Supremo asumió en noviembre toda la causa y excarceló a todos los investigados salvo a Junqueras, al exconseller de Interior Joaquim Forn y los líderes de las entidades soberanistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Además, el 13 de marzo el expresident de la Generalitat Artur Mas fue condenado a dos años de inhabilitación por organizar la consulta del 9N de 2014.

2. Rajoy ante la Gürtel: El 27 de julio, por primera vez en la historia de la democracia española, un presidente del Gobierno declaró como testigo en un caso de corrupción. Mariano Rajoy compareció en la sesión 101 del juicio para asegurar que “jamás” recibió donativos en efectivo de empresarios. 

Tres meses antes, Esperanza Aguirre abandonó la sede de la Audiencia Nacional entre lágrimas por la decepción que le había provocado la detención del que fue su número 2, Ignacio González, y en enero declaró Luis Bárcenas para rebautizar la contabilidad B del PP como “contabilidad extracontable”.

3. Absuelta la infanta, cárcel para su marido: El 17 de febrero la Audiencia de Palma absolvió a la infanta Cristina en el caso Nóos y condenó a Iñaki Urdangarin, cuñado del rey Felipe, a seis años y tres meses de cárcel, trece menos de los que solicitaba para él la Fiscalía. En su recurso ante el Tribunal Supremo, el Ministerio Público solicitó que la pena se incrementara hasta los diez años de cárcel.  (...)

5. Ignacio González, detenido: El 19 de abril, un día antes de que Esperanza Aguirre declarara en el juicio de la Gürtel, la Guardia Civil detuvo al que fuera su número dos y presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por el saqueo del Canal de Isabel II. 

Fue enviado a prisión como presunto líder de una “organización criminal” que habría cobrado comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. Tras casi siete meses de prisión, González salió de la cárcel visiblemente desmejorado y proclamando su inocencia.

6. Blesa se suicida tras ser condenado por las black: El 19 de julio el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa apareció muerto en una finca de Córdoba tras pegarse un tiro de escopeta en el pecho. 

En febrero había sido condenado a seis años de cárcel por un delito de apropiación indebida por haber utilizado el reparto de tarjetas black opacas al fisco entre sus consejeros como forma de remuneración y compra de voluntades. Rodrigo Rato fue condenado a cuatro años y medio de cárcel.  (...)

9. Cerco al humor en Twitter: El 29 de marzo la tuitera Cassandra Vera fue condenada a un año de cárcel por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo que cometió al escribir 13 tuits en los que bromeaba sobre el asesinato del presidente del Gobierno franquista Luis Carrero Blanco. 

Su caso y el del cantante de Def con Dos, César Strawberry, condenado en enero por el Supremo a un año de cárcel por el mismo delito, agitó el debate sobre los límites del humor y la libertad de expresión.

10. Rebelión en Anticorrupción: El 1 de junio dimitió el fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix después de que el diario Infolibre revelara que la residencia familiar que comparte con sus tres hermanos era propiedad de una empresa radicada en el paraíso fiscal de Panamá. 

Su salida se produjo después de que varios  fiscales de su departamento se revelaran contra él por intentar controlar la investigación del caso Lezo en contra del criterio de sus subordinados."           (Alfonso Pérez medina, Cuarto Poder, 26/12/17)

Operación contra la trama del agua en Girona durante la etapa de Puigdemont

"La Guardia Civil ha lanzado un operativo a primera hora de esta mañana contra la presunta malversación de caudales públicos del Ayuntamiento de Girona a través de la empresa municipal del agua que afecta a la etapa en la que era alcalde el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Se prevén registros en tres empresas y en domicilios de directivos del ente municipal del agua. El dispositivo está coordinado por la Fiscalía Anticorrupción y se produce por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Girona, que investiga esta trama desde julio de 2016.

Según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas al caso, los agentes han entrado en la empresa municipal del agua de capital mixto, Agissa SA; en la empresa privada que controla el 80% de las acciones de ese ente, Girona SA, y en una filial de esta última compañía, Prodaisa SA, también de capital privado. Además, la Guardia Civil está registrando los domicilios de los tres principales implicados hasta ahora. 

Se trata de Narcís Piferrer, consejero delegado de Agissa hasta junio de 2016; Xavier Ballell, sucesor de Píferrer y director técnico de la empresa pública cuando se produjeron los presuntos desvíos; y el empresario Joan de Llobet, consejero de Agissa y, presuntamente, uno de los grandes beneficiados por el presunto desfalco del Ayuntamiento de Girona.

Las mismas fuentes precisan que los agentes también tienen orden de requerir documentación relacionada con la causa en el consistorio gerundense. Aunque las pesquisas no afectan directamente a Puigdemont, que se encuentra aforado por su actual condición de presidente de la Generalitat, se analiza ya el presunto desvío de fondos durante la etapa en la que fue máximo mandatario de la ciudad (2011-2016). En concreto, el dirigente del PDeCAT habría renovado la concesión municipal del agua a Girona SA introduciendo cambios en el acuerdo que perjudicaban a los consumidores del servicio. 

La instrucción arrancó tras una querella de la CUP contra cuatro directivos de la concesionaria que gestiona el abastecimiento de agua en Girona, Agissa SA, por perjudicar presuntamente al 20% de la sociedad en manos municipales para beneficiar a la parte privada, Girona SA, propietaria del 80% restante de las acciones. 

El juez imputó por administración desleal y apropiación indebida al consejero delegado de Agissa hasta junio de 2016, Narcís Piferrer, y a su sucesor en el cargo, Xavier Ballell, que era director técnico del ente cuando se produjeron los supuestos desvíos. Se les acusa de haber autorizado contrataciones irregulares de Agissa con empresas filiales de Girona SA a precios muy superiores de los reales o por servicios que ni siquiera llegaban a prestarse.

La CUP pidió un aluvión de diligencias para profundizar en el perjuicio ocasionado a los ciudadanos pero no había conseguido ir más allá del papel jugado por estos consejeros. El escenario cambió en junio cuando trascendió que la Agencia Tributaria había elaborado, a petición del juez de El Vendrell, un exhaustivo informe sobre Agissa que detectó repartos injustificados de dividendos por valor de 10 millones de euros, salarios de directivos que nunca debieron abonarse que suman otros 5 millones de euros y créditos concedidos por Girona SA a la empresa mixta con tipos de interés del 12% fuera de mercado, entre otras irregularidades.

El fraude habría empezado en 1998, cuando el entonces alcalde del PSC Joaquín Nadal adjudicó por primera vez el abastecimiento a Agissa. Sin embargo, el informe de la Agencia Tributaria, que fue remitido hace unas semanas al Juzgado número 2 de Girona, también denuncia el proceso que utilizó el Gobierno municipal de Carles Puigdemont para renovar la concesión en 2013. 

Según fuentes cercanas al procedimiento, no constan los criterios que empleó el actual jefe del Ejecutivo catalán para justificar la prórroga. Ni se pidieron cuentas de las inversiones que Agissa debía haber ejecutado en la red municipal de distribución durante los años anteriores ni se garantizó que se harían obras en los años siguientes. Falló la supervisión pública de un servicio tan esencial como el que prestaba esta empresa mixta.

Además, según Hacienda, el equipo de Puigdemont cambió el sistema de reparto de dividendos pero generó un problema mayor. En concreto, “se modifica la proporción de reparto a favor de los ayuntamientos. […] Pasan a percibir casi medio millón de euros más al año, al doblar —sin ninguna lógica económica— el importe a percibir por el canon derivado del alquiler de las instalaciones municipales de la red de abastecimiento, cargando así a Agissa y al consumidor final […] mayor importe de las tarifas que no va a determinar una mejor calidad del servicio puesto que se disminuyen notablemente las inversiones en mejora de las instalaciones”.

El caso tiene otra derivada que también va más allá de la querella inicial de la CUP. Los investigadores sospechan que los sobrecostes generados por todas esas presuntas irregularidades pudieron servir para financiar campañas electorales de la antigua CiU y Junts Pel Sí. Se han descubierto pagos desde Girona SA a una agencia de comunicación que trabajaba para el partido, AMR Publicitat SL, por valor de 138.090 euros entre 2010 y 2015. El administrador de esa agencia de publicidad es Antoni María Rigau, hermano de la exconsejera de la Generalitat y expresidenta del Consejo Nacional de CDC Irene Rigau."                (El Confidencial, 19/09/17)

Puigdemont, diputados y senadores de CiU cooperaron en la trama del 3% para cobrar mordidas

"Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) funcionaba como una máquina para recaudar dinero a través de comisiones. El 3% que pagaban los empresarios no era una actividad exclusiva del tesorero del partido, sino que en el funcionamiento de la red clientelar participaban también otros cargos de la formación, como diputados y senadores.

Así se pone de manifiesto en el sumario del caso 3%, que instruye el juez de El Vendrell Josep Bosch. El empresario Josep Manel Bassols llegó a convencer a Carles Puigdemont, entonces alcalde de Girona y hoy presidente de la Generalitat, para cambiar los métodos de contratación del consistorio y beneficiarse así de las adjudicaciones directas.

Para entender a fondo el asunto es preciso tener en cuenta que Bassols, que actuaba aquí en nombre de la empresa Oproler (y que fue detenido por la Guardia Civil junto a su jefe Sergio Lerma) no solo era militante de Convergència, sino que había sido responsable de las campañas electorales del partido en las demarcaciones gerundenses.

El informe añade más tarde que, tras la documentación y correos aprehendidos a Bassols, “se observa cómo el alcalde y los otros cargos de Girona, según las propias anotaciones de Bassols, aceptan tales reuniones y mediaciones con BIMSA y están de acuerdo en mediar, informar e intentar efectuar ‘adjudicaciones directas’, consensuar pliegos, etcétera”.

El 11 de julio de 2013, Bassols mantuvo una reunión de 3 horas con J. Roura, según consta en los documentos que le fueron incautados. La Guardia Civil identifica a esta persona como "Joaquín Roura, arquitecto municipal del Ayuntamiento de Girona". El objetivo era hablar de “promover adjudicaciones directas” del consistorio y el resultado, según las anotaciones de Bassols, fue que debía establecer una sede de su empresa en Girona o presentarse a las licitaciones con una empresa de esta ciudad.

Una semana después, el 18 de julio, el empresario mantuvo otra comida/reunión de cinco horas, cuya finalidad era tratar con el senador Joan Bagué de las “adjudicaciones directas del Ayuntamiento de Girona”. Con la teniente de alcalde habló, entre otras cosas, de una visita posterior para “consensuar el pliego de obra de las calles del barrio Sant Narcís”. Cinco días después de estas reuniones, se publican las bases de esa contratación.

Puigdemont cede:

El 12 de septiembre del mismo año, tras una nueva y maratoniana reunión de 5 horas (comida incluida) con el senador Bagué para hablar otra vez de “adjudicaciones directas del Ayuntamiento de Girona”, el mensaje de Bassols a Lerma no puede ser más positivo: “Cambian sistema de adjudicación e invitarán”, comunica Bassols a Lerma.

O sea, que el empresario se había salido con la suya, Puigdemont había claudicado y Girona les invitaría a participar en nuevas licitaciones que se podrían realizar de forma directa. La sucesión de hechos invita a la duda: tras la reunión de julio, se publican las licitaciones y, en septiembre, se cambian las normas de adjudicación conforme le interesaba al otrora responsable electoral de CDC. Todo demasiado sospechoso.

Llegar a este resultado fue fruto de un intenso acercamiento al alcalde de Girona. Ya el 17 de febrero de 2012, Josep Manel Bassols escribía a Sergio Lerma: “Ayer, día 16, me pidieron que fuera a una conferencia del alcalde de Girona en el Fòrum Europa. Posterior a la conferencia, sesiones de trabajo con cargos institucionales: alcaldes/alcaldesas, diputados/diputadas y cargos del Gobierno de la Generalitat. Fue bien de cara a futuros contactos y a poder insistir que sacaran obra y nos la adjudicaran, claro”.

Dos días después, se hacía una foto con el alcalde de Girona, Carles Puigdemont, en el Camp Nou durante el encuentro que enfrentaba al FC Barcelona con el Valencia, que tuvo lugar el 19 de ese mes. Al día siguiente, Bassols escribía a su jefe: “Ayer llevé al fútbol al alcalde de Girona (junto con su esposa y un arquitecto de confianza suya). La lluvia nos respetó y el resultado (del partido y de la invitación) fue magnífico. Espero nos ayude a entrar en el Ayuntamiento de Girona”.

La relación con Bagué, por otro lado, fue intensamente productiva. En un archivo titulado ‘Nadales 2013’, se plasma una lista de “obsequios navideños”, donde se detallan las personas que la empresa agasaja o mima y a la que envía regalos por Navidad, entre ellas el tesorero convergente, Andreu Viloca, pero también Joan Bagué Roura, de los que se acompaña su dirección particular y su teléfono móvil.

“Redireccionar intenciones delictivas”

El partido, sin embargo, movilizó a más dirigentes para contentar a los empresarios. En otro de los informes del sumario se afirma que el despliegue de Bassols es tal que “llega a ‘solicitar’ a la que en ese momento ocupaba el cargo de subdirectora de Estudios y Coordinación del Departamento de Gobernación de la Generalitat, previa invitación a comida, una provisión de liquidaciones para averiguar qué administraciones locales tendrán liquidez para pagar las obras públicas que liciten, y así redireccionar sus intenciones delictivas hacia éstas, a través, por ejemplo, de senadores nacionales como Joan Bagué, de Girona, el cual era además jefe de comarca de CDC, o de diputados de CDC como Jordi Xuclà”.

De los correos enviados por Bassols a Lerma también se desprende que sus frecuentes reuniones con el senador Bagué “no solo evidencian que las mismas tienen el propósito de fructificar la influencia que el senador puede tener en las licitaciones ofertadas por entidades públicas dependientes o administradas por cargos electos de CDC, sino que en un caso particular, como se pone de manifiesto en el parte comercial, Bassols concretará reuniones con el citado senador con el claro objetivo de que el mismo interceda utilizando su influencia en el Ayuntamiento de Girona, con el propósito de lograr un cambio de sistema de contratación en dicho consistorio, que les permita adjudicar obra pública de una forma directa”. Como muestra, detallan la larga reunión con Bagué y la teniente de alcalde gerundense del 18 de julio del 2013.

En la agenda del empresario, por ejemplo, estaba incluida una comida en Madrid el día 12 de abril de 2012 con el diputado Pere Macias para hablar de “gestiones concesiones”. Macias había sido, curiosamente, alcalde de Olot (Girona), además de consejero de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat. Y al día siguiente tenía una reunión de dos horas con Jordi Xuclà para el 13 de abril del 2012, cuyo objeto era “gestiones y seguimiento de ayuntamientos”.

Según la Guardia Civil, los contactos “están orientados a canalizar a través del diputado las gestiones que el constructor tiene previsto o pendientes de realizar con ayuntamientos gobernados por CDC, en definitiva, con el propósito de obtener la información privilegiada que este parlamentario le pueda facilitar y que le permita mantener un control de la situación económica y de la oferta pública de dichos consistorios”.

Locos por el fútbol y la ópera

Xuclà fue uno de los invitados por Oproler en enero del 2014 al encuentro de fútbol entre el Atlético de Madrid y el Barça. Una comunicación de Bassols a Lerma especifica que "J.A. Rosell no puede asistir (quedamos para el Bernabéu). Fernando imposible. J. Bagué ídem. J. Xuclà sí asistirá. Antonio responde el jueves”. Según el código interno utilizado por los dos empresarios, ‘Fernando’ era Francesc Sánchez, dirigente de CDC, mientras que ‘Antonio’ era Andreu Viloca, tesorero del partido y su contacto para lograr adjudicaciones y entregar donativos a cambio. Rosell no era otro que Josep Antoni Rosell, director general de Infraestructures, el mayor cargo público del Gobierno de Mas que fue detenido en la operación. Con posterioridad, también Sánchez y Viloca fueron detenidos.

Y es que los partidos de fútbol eran la debilidad de los cargos de CDC. El 7 de octubre del 2012, Viloca aceptó la invitación para asistir en Madrid a un encuentro entre el Real Madrid y el Barça. Acudió acompañado por su esposa. Y Rosell pidió para ese partido cuatro entradas. Al día siguiente, Bassols se desplaza al despacho de Rosell para hablar del “seguimiento de la obra de Manresa”, una licitación que se encontraba todavía en curso y que acabaría siendo adjudicada a Oproler.

Al día siguiente, el empresario se reúne con el otro invitado ilustre del palco del Bernabéu, Andreu Viloca. Éste era mimado por Oproler: la compañía le invitó, en diciembre de 2013, a una ópera en el teatro Real, a la que asistió también en compañía de su esposa.

No son los únicos cuadros convergentes implicados en el asunto. Mención aparte merece la relación de Bassols y otros empresarios con Germà Gordó, que en tiempos había sido responsable de finanzas de CDC y luego consejero de Justicia. De Gordó existen varios informes sobre los indicios que se han descubierto en su contra.

En un documento localizado en los ordenadores de Oproler, por otra parte, se encontró también información sobre su jefe de obra civil, José María Zaragoza, del que destaca que, además de mantener amistad con el director de obra civil de BIMSA (la adjudicadora del polémico túnel de las Glories de Barcelona, que está siendo investigada), también tiene diversos contactos importante, entre ellos con “J. Sendra (senador Tarragona)”. Eso es lo que afirma un informe de la Guardia Civil fechado el 28 de octubre de 2016. La relación de dirigentes convergentes que mediaban entre Administración y empresarios, pues, se va extendiendo paulatinamente." (El Confidencial, 20/03/17)

Como la senyera, con Pujol, la estelada está sirviendo para tapar la podredumbre que emana de demasiadas instituciones catalanas...

"La trama empezó a destaparse en junio de 2014 a raíz de la denuncia de Montserrat Gassull, entonces concejala de ERC en Torredembarra (Tarragona). 

Esta edil puso en conocimiento de la dirección de su partido las graves irregularidades detectadas en este consistorio pero su partido hizo caso omiso de sus denuncias lo cual provocó que abandonara esta formación y decidiera denunciar los hechos supuestamente delictivos ante la administración de justicia. 

Para ERC este caso resultaba terriblemente incómodo en un momento en que se estaba fraguando la coalición Junts pel Sí con CDC y prefirió mirar para otro lado para salvaguardar el proceso soberanista.

Las denuncias de Gassull, tramitadas en el juzgado de instrucción n.1 de El Vendrell, motivaron la llamada Operación Petrum, desarrollada en varias fases, en el marco de lo que la prensa denominó caso 3%. El citado juzgado investigó el pago de comisiones ilegales a la constructora Teyco, propiedad de la familia Sumarroca, fundadores de CDC y del entorno íntimo de Jordi Pujol, que implicó a diversos ayuntamientos gobernados por Convergència.

 Las investigaciones motivaron la detención de Andreu Viloca, tesorero del partido y administrador de la fundación convergente CatDem y el registro de la sede de CDC. Viloca que permaneció mes y medio en prisión preventiva fue liberado tras abonar su partido la fianza de 250.000 euros y, a diferencia de Bárcenas, continuó en el cargo.

La actual Operación Termyca resulta una derivada de este caso que ahora se ha centrado en las actividades de la consultoría Efial que operaba en 80 municipios, la mitad de los cuales en Catalunya y gobernados por Convergència. Una empresa que, por así decirlo, rizaba el rizo en las prácticas privatizadoras y externalizadoras de las administraciones locales.

 Por ejemplo, se encargaba de la gestión de las concesiones y contratos municipales en el núcleo duro competencial de los ayuntamientos. Un foco de corrupción que, al parecer, acababa en cuentas corrientes del Principado de Andorra. La investigación tiene una inquietante derivada política, pues se ha hecho público que el Ayuntamiento de Girona, en la época en la que era alcalde Carles Puigdemont, adjudicó a dedo seis contratos a Efial por valor de 113.000 euros, relacionados con un bien público como el agua.

Conspiraciones y complicidades

El hecho de que las investigaciones del juzgado de instrucción n. 1 de El Vendrell contaran con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción y la Oficina Antifraude de Catalunya, ahora bajo sospecha tras la revelación de las conversaciones entre su director Daniel de Alfonso y el ministro en funciones del Interior, Jorge Fernández Díaz, sirvió de pretexto para que el ejecutivo catalán atribuyera estas investigaciones a una conspiración españolista orquestada por el ministro.

Neus Munté, vicepresidenta de la Generalitat, compareció ante los medios para acusar a Fernández Díaz de ser el “autor intelectual” del operativo y vincularlo al congreso de refundación de su partido que se inicia este viernes 8 de julio.

 Una argumentación calcada a la que Jordi Pujol utilizó con éxito en el caso Banca Catalana y que sirvió de pauta para exculparse de los múltiples casos de corrupción que acompañaron su largo mandato, hasta su autoinculpación que provocó un terremoto en el partido que está en el origen de la refundación.

 Las manifestaciones de Munté están en abierta contradicción con el hecho que la iniciativa de las investigaciones corresponda a un juzgado y un juez catalán, Jordi Bosch. Además resulta incongruente que, si la operación ha sido impulsada por Fernández Díaz, estén siendo investigados numerosos ayuntamientos del PP en Madrid y el resto de España. Tampoco dio una explicación satisfactoria a la circunstancia que Daniel de Alonso accediera al cargo a propuesta de Convergència.

El escándalo ha motivado el espeso silencio de ERC, visiblemente incómodo por un turbio asunto que vuelve a empañar su pacto con CDC en un tema de especial sensibilidad política y del que ERC había hecho bandera política. También llama la atención la postura del PSC.

 Su secretario general, Miquel Iceta, tras consultar con la sección de su partido en Girona, donde gobiernan juntos CDC y PSC, manifestó que ésta le había asegurado que no existía ninguna irregularidad y que, por tanto, no apoyaría una comparecencia parlamentaria de Puigdemont para dar explicaciones sobre el caso. Incidentalmente, hemos de apuntar a la “transversalidad” de los socialistas catalanes que gobiernan en Barcelona con Ada Colau, con Convergència en Girona, con Ciutadans en Lleida y con PP y Unió en Tarragona. Una transversalidad que muchos atribuyen no a su centralidad política, sino a su interés por ocupar cargos.

Ahora bien, el dato que resulta más relevador es comprobar cómo entre amplios sectores del electorado independentista han funcionado a la perfección las explicaciones de Munté, quien precisamente ha sido propuesta por Artur Mas, para codirigir la refundada Convergència.

La refundación del partido del catalanismo conservador, recientemente reconvertido al independentismo, no parece que vaya asumir la más mínima responsabilidad por la corrupción estructural que le rodea y que cuenta con la complicidad de importantes sectores de la clase política y la sociedad catalana. 

Como la senyera, con Pujol, la estelada está sirviendo para tapar la podredumbre que emana de demasiadas instituciones catalanas. En este tema existen bien pocas diferencias entre el comportamiento de la sociedad catalana y española, donde la unidad nacional en un caso y la independencia en el otro están siendo utilizadas eficazmente para tapar la corrupción."                   (Antonio Santamaría, El Viejo Topo, 10-07-16)

La operación Termyca vuelve a atrapar a la élite funcionarial alimentada por CDC... incluido un asesor de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat

"La gran operación contra el desvío de dinero público desde ayuntamientos, que ayer se saldó con la detención de 11 personas, estaba preparada desde el mes de febrero pasado, según ha podido conocer El Confidencial de fuentes cercanas a las investigaciones. 

Por dos veces, el magistrado que lleva el tema, Josep Bosch, decidió suspender la operación para no interferir en la campaña electoral, puesto que “podría malinterpretarse” la actuación de la justicia si esta realizaba registros y detenciones antes de las elecciones.

 “Se decidió como fecha más idónea el 5 de julio, una vez pasadas las elecciones, para que nadie pudiese decir nada. Pero esta fecha fue fijada hace casi tres meses, por lo que si alguien dice que esto es fruto de una conspiración después de la divulgación de las conversaciones del ministro Fernández Díaz, miente descaradamente”, subrayan las fuentes.

La operación se saldó no solo con 11 detenidos, sino también con 48 registros (ocho en ayuntamientos, siete en entidades públicas, 12 en sociedades mercantiles, 14 en domicilios particulares y siete en despachos profesionales) ordenados por el juez a instancias de la Fiscalía. 

Estas fuentes explican que la mecánica era sencilla: para disimular, los cargos políticos creaban la “figura instrumental” de entidades públicas empresariales locales. De este modo, sorteaban la fiscalización del interventor o del secretario del Ayuntamiento en cuestión. 

A través de este organismo público, otorgaban contratos a las empresas ‘amigas’. En otras palabras, se desviaba dinero público municipal a la empresa pública creada exclusivamente para ese fin y de esta a Efial.

La sorpresa saltó cuando entre los detenidos figuraba Josep Manel Bassols, un viejo conocido de los investigadores, que ya le habían echado el guante el 21 de octubre de 2015, cuando era delegado en Cataluña de la empresa Oproler, cuyas actividades también se están investigando.

Bassols es mucho más: es marido de la magistrada Núria Bassols, que sacó las castañas del fuego varias veces a Convergència. De hecho, cerró en falso el caso Casinos a finales de la década de los noventa, que luego otro juez reabrió. Una condena hubiese puesto en un aprieto a Artur Mas, que premió a la magistrada con un puesto en la Administración que él presidía: la nombró directora del programa de Políticas de Transparencia en la Consejería de Presidencia. Y a los tres meses, la ascendió a comisionada para la Transparencia y el Acceso a la Información, un cargo aderezado con más de 108.000 euros de salario bruto al año.

Amigos poderosos

La familia Bassols Bassols tiene buenos anclajes dentro de Convergència. De hecho, son buenos puntales del partido. Josep Manel fue alcalde de la localidad de Anglès entre 1995 y 2003. En 2011, fue elegido por Carles Puigdemont para dirigir su campaña municipal de candidato a la alcaldía de Girona, que ganó.

Bassols presume de conexiones poderosas. Entre sus amigos en las redes sociales pueden encontrarse consejeros de la Generalitat como Jordi Baiget, responsable de Empresa del Gobierno, o Meritxell Borràs, consejera de Gobernación; o exconsejeros como Santi Vila, Germà Gordó o Antoni Subirà; o dirigentes como Pere Macias o Damià Calvet. Pero también presume de amigos como Albert Sánchez Piñol, el futbolista Marc Bartra, la actriz Assumpta Serna, el empresario Tatxo Benet o la actriz Núria Feliu. De hecho, es miembro de un grupo de fans de esta última, aunque sus preferencias musicales se decantan por los Beatles.

Pero en su carrera política marcó un hito su ascenso a director de campaña de Puigdemont en 2011. Y de esa época vienen estos lodos: durante su ascendencia sobre Puigdemont, se firmaron seis contratos con Efial, que supusieron más de 112.000 euros de las arcas públicas gerundenses. Habrá que ver si esos contratos fueron troceados para no convocar concurso y realizar las adjudicaciones a los amiguetes.

En 2014, el Ayuntamiento de Puigdemont otorgó un contrato de 31.233,13 euros a Efial Consultoría para el “control financiero y de eficacia de la empresa mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter SA”. Fue el único contrato adjudicado por concurso. Otros se hicieron sin necesidad de él, porque su monto no sobrepasaba (por poco) los 18.000 euros, por lo que se pueden realizar adjudicaciones teniendo solo las ofertas de tres empresas. Así, Efial logró también contratos por una auditoría del servicio de contratación, otra del patrimonio, un estudio de la prórroga de la concesión del suministro de agua y un último de un estudio sobre el impacto de la Costa Brava. Falta por saber el tipo de adjudicación con el sexto.

El asesor de la Sindicatura de Cuentas

Curiosamente, Efial no había tenido contratos en Girona hasta la llegada de Puigdemont, que ganó el sillón municipal de la capital del Onyar con la consultora bajo el brazo. En la compañía de marras, además, estaba un hombre de Convergència acostumbrado a bregar en el terreno municipal: Antonio Martos Carrasco, que había tenido cargos en empresas municipales de l’Ametlla de Mar y de Ascó, dos de los ayuntamientos implicados en la trama.

El nombre de Martos es uno de los más importantes del escándalo. Entre otras cosas, fue gerente de La Cala Gestió, una empresa municipal de l’Ametlla. El presidente de La Cala Gestió es Andreu Martí, alcalde convergente de la localidad detenido ayer.

 En l’Ametlla, el despropósito es incluso mayor que en Girona: se investiga la adjudicación de dos contratos por valor de 465.000 y de 396.965 euros a Efial. Uno de ellos, concedido por la empresa pública Cala Gestió, la misma de la que era gerente el fundador de Efial. Todo quedaba en casa.

Otro tanto pasa con Ascó: la empresa pública Ascó Serveis tuvo como director general a Antonio Martos. Una vez este salió y montó Efial, su antigua compañía le adjudicó un contrato de 351.750 euros. En Tortosa, aunque no estuvo en empresas municipales, consiguió adjudicaciones a través del ente público Gumtsa, bajo sospecha ahora.

 Martos estuvo también en cargos de responsabilidad en la sociedad Barcelona Gestión Urbanística. En el consistorio de la capital catalana no hubo registros, pero sí petición de información. Por si fuera poco, Martos es asesor económico de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat.

Tras comenzar las investigaciones, en febrero pasado, Martos dejó sus cargos en Efial y adquirió todo el control de la sociedad Xavier Termens, socio suyo y exsubdirector general de Participaciones Públicas de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat. En el año 2010, junto a dos colegas, escribía un estudio titulado ‘Algunas reflexiones sobre el proceso de descentralización funcional en el sector público de la Generalitat de Cataluña’. 

En él, dejaba constancia de que “el proceso de descentralización horizontal de las funciones de la Administración de la Generalitat de Cataluña se ha caracterizado principalmente por la creación de entidades con personalidad diferenciada.

La elevada dimensión y complejidad organizativa que ha adquirido este sector público requieren, después de más de 30 años de autogobierno y con un nuevo estatuto de autonomía en vigor, de un análisis crítico del modelo organizativo existente que proporcione líneas orientativas para continuar el proceso de revisión y reforma iniciado por el Parlamento y el Gobierno dentro del plan de medidas contra la crisis económica y para la reducción del déficit público”.

 Eso era sobre el papel: en realidad, su abultada facturación a los entes públicos denotaba precisamente todo lo contrario."                     (Antonio Fernández, El Confidencial, 06/07/16)