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12.4.23

Políticos, abogados y blanqueo de capitales El negocio de los fideicomisos ha supuesto una alternativa muy segura de evasión fiscal y blanqueo de capitales para las grandes fortunas y empresas a los paraísos fiscales tradicionales

 "Una floreciente industria fiduciaria estadounidense está protegiendo cada vez más los activos de millonarios y multimillonarios internacionales al prometer niveles de protección y secreto que rivalizan o superan a los que se ofrecen en los paraísos fiscales en el extranjero. Ese escudo, que es casi absoluto, ha aislado a la industria de una supervisión significativa y le ha permitido forjar nuevos puntos de apoyo en los Estados del país norteamericano.

Los Papeles de Pandora, el escándalo destapado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) muestran una mirada sin precedentes sobre el dinero que fluye hacia los fideicomisos en los Estados Unidos al examinar más de 11,9 millones de documentos confidenciales mantenidos por proveedores de servicios corporativos y fiduciarios en todo el mundo.

La investigación identificó 206 fideicomisos con sede en Estados Unidos vinculados a 41 países que poseen activos combinados por valor de más de 1.000 millones de dólares.

Un sistema tan sofisticado y localizado sólo pudo concebirse e implementarse con el apoyo de los políticos que tienen el poder de legislar. Y así es. 

Competir con los paraísos fiscales

En 1995, mientras pescaba en Alaska, el abogado de Nueva York Jonathan Blattmachr esbozó una idea que posicionaría a Estados Unidos para competir con los paraísos fiscales del mundo: aislar los activos de los fideicomisos de impuestos y acreedores.

Millones de estadounidenses utilizan legalmente los fideicomisos para administrar el patrimonio (dinero, propiedades, empresas, arte) al confiar a una persona o entidad la posesión y uso de los activos para los beneficiarios del fideicomiso como, por ejemplo, hijos o nietos.

Las leyes limitaron durante siglos la duración de los fideicomisos, pero Dakota del Sur ayudó a liderar el movimiento para cambiar eso durante la Administración Reagan, creando fideicomisos que podrían transmitirse de generación en generación con poco o nada de obligaciones tributarias.

Blattmachr, uno de los primeros proponentes, recordó haberle dicho a un funcionario fiduciario en Delaware acerca de la idea antes de que el estado creara fideicomisos dinásticos en 1995. A partir de aquí, ese negocio comenzó a crecer como la espuma.

Sin embargo, este abogado no se quedó ahí y, durante sus vacaciones en Alaska, propuso un segundo cambio radical en la ley. Quería proteger los fideicomisos de las reclamaciones futuras de los acreedores, una práctica que ya se aplica en paraísos fiscales como las Islas Cook y Belice.

En unos meses, los políticos de Alaska aprobaron por abrumadora mayoría la legislación redactada por Blattmachr, su hermano y otros abogados.

La innovadora ley estimuló a otros estados, encerrados en la competencia para hacer crecer la industria fiduciaria, a promover una legislación de confianza que atrajera a clientes de todo el mundo.

Un senador de Dakota del Sur llegó a afirmar que «este tema para mí es tan emocionante como ver cómo se seca la pintura, pero entiendo la posición que ocupa nuestro estado en el negocio de los fideicomisos».

Los arquitectos de la industria se beneficiaron de los cambios

En 1997, antes de que se promulgara la nueva ley de fideicomisos en Alaska, Jonathan Blattmachr, su hermano y otros ayudaron a lanzar una de las compañías fiduciarias más importantes del estado. Ahora llamada Peak Trust Co., la empresa se ha expandido desde entonces a Nevada.

En New Hampshire, el líder empresarial Paul Montrone ayudó con éxito a abogar por una legislación histórica sobre fideicomisos en 2006. Un año antes, una compañía de responsabilidad limitada recién formada administrada por su hijo había encargado un estudio que encontró que la industria podía crear hasta 2.100 empleos y producir, al menos, 3,7 millones de dólares en ingresos anuales para el estado.

Montrone continuó en 2007 para cofundar Perspecta Trust, que publicitaba estrategias de riqueza para «individuos y familias de patrimonio neto ultra alto en todo el mundo».

Un informe preparado para el New Hampshire Trust Council y compartido con los políticos legisladores en 2019 estimó que de 225 a 275 personas trabajaban en la industria fiduciaria del estado. Una cifra insignificante.

Glenn Perlow, abogado general de la compañía y presidente del consejo fiduciario del estado, dijo en una entrevista que la industria ahora supervisa 600.000 millones en activos.

«La modernización de las leyes de fideicomiso de New Hampshire ha tenido un impacto positivo y significativo en la economía de nuestro estado, brindando nuevas oportunidades laborales con salarios superiores al promedio y la actividad económica que generan», dijo."                  (José Antonio Gómez , Diario16, 10/04/23)

22.11.22

La UE excluye a Estados Unidos de su lista negra a pesar de ser el mayor centro de blanqueo de capitales del mundo... Determinados estados de los Estados Unidos, como Dakota del Sur, Wyoming o Delaware, ya gestionan más de 500.000 millones de dólares a través de una industria fiduciaria que garantiza el secreto a las grandes fortunas del mundo

 "El Consejo de Europa decidió recientemente que se añadieran una serie de territorios a la exigua lista de paraísos fiscales de la Unión Europea, lo que eufemísticamente llaman en Bruselas «países no cooperadores a efectos fiscales». Esa lista, en la actualidad, está formada por: Samoa Americana, Anguila, Bahamas, Fiyi, Guam, Palaos, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Vanuatu.

Sólo por sentido común, resulta absolutamente sorprendente que nombres como Gibraltar, Islas Caimán, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo o Liechtenstein no se encuentren en esta lista, cuando son la vía de escape de las multinacionales y las grandes fortunas para esconder su dinero. Esto tiene una repercusión en el funcionamiento y en el estado del bienestar de los países miembros de la UE.

Estados Unidos, el mayor centro de blanqueo del mundo

En las últimas décadas, diferentes estados de Estados Unidos han implementado una serie de leyes que protegen y fomentan el blanqueo de capitales de las grandes fortunas mundiales. Nadie ha hecho nada para frenarlo y la Unión Europea, por supuesto, tampoco ha incluido al país norteamericano en su lista negra de paraísos fiscales.

Todo este proceso, además, se ha dado en medio de una hipocresía imperial. El propio gobierno federal de los Estados Unidos ha condenado durante mucho tiempo los paraísos fiscales, donde las reglas fiscales laxas atrajeron a oligarcas, magnates de los negocios y cleptócratas.

Un documento del Departamento de Estado señala que «negar a las personas corruptas el acceso a los sistemas financieros de Estados Unidos y del mundo envía un fuerte mensaje sobre nuestros valores y demuestra de manera significativa que hay consecuencias para quienes se involucran en la corrupción».

En 2018, Estados Unidos presionó con éxito a las Bahamas para que aprobara una legislación radical que exige que las empresas y ciertos fideicomisos declaren la propiedad en un registro gubernamental centralizado. En 2021, el Departamento de Estado publicó una lista de 353 «actores corruptos y antidemocráticos» de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Sin embargo, a lo largo de los años, mientras Estados Unidos presionaba a las Bahamas, Suiza y Nauru para cambiaran sus legislaciones fiscales, los líderes políticos de Wyoming, con la esperanza de poder generar empleos y aumentar los ingresos estatales, aprobaron una legislación para abrir la puerta al dinero sospechoso o, directamente, al dinero negro. Así renació el Cowboy Cocktail, una herramienta de secreto financiero ofrecida a los ricos del mundo que buscan ocultar, invertir y gastar su dinero con un nivel de anonimato de una efectividad que supera a la gran mayoría de paraísos fiscales.

A este territorio norteamericano ha llegado dinero en efectivo de millonarios y multimillonarios de todo el mundo. Las compañías fiduciarias en Wyoming administran en la actualidad, al menos, 31.500 millones de dólares en activos, según los datos oficiales. 

Otros estados, incluidos Dakota del Sur y Delaware, pronto siguieron el ejemplo de Wyoming y desde entonces han eclipsado al estado como paraíso fiscal. Hoy en día, las empresas fiduciarias de Dakota del Sur, ahora denominadas «El Gran Caimán de las Grandes Llanuras» gracias a las leyes estatales que facilitan de manera similar el secreto, administran 360.000 millones de dólares. De hecho, en 2020, 17 de las 20 jurisdicciones menos restrictivas del mundo para fideicomisos eran estados estadounidenses, según un informe del catedrático israelí Adam Hofri-Winogradow."            (J. A. Gómez, Diario16, 23/10/22)

4.10.22

España pierde en los paraísos fiscales de la Unión Europea más de 4.700 millones de euros en impuestos al año... Los tinglados societarios de las multinacionales españolas ubican en Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Bélgica, Chipre y Malta beneficios empresariales superiores a los 19.000 millones de euros aprovechando la baja presión tributaria de esos países.

 "Tres países comunitarios con sistemas tributarios low cost para los grandes grupos empresariales -Luxemburgo, Holanda e Irlanda- provocan, cada uno de ellos, una erosión en las arcas públicas españolas mayor que la que le generan el conjunto de los paraísos fiscales extracomunitarios, según revelan los trabajos de la Icrict (Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional), que acaba de actualizar sus estimaciones.

"La UE tolera esta situación", denuncia Susana Ruiz, responsable de justicia fiscal de la ONG de transparencia Oxfam-Intermón. "Nos cuesta asumir que Irlanda o Luxemburgo son paraísos fiscales", señala, al tiempo que dice que "España forma parte del grupo de cinco países que más dinero pierden con estas prácticas dentro de la UE".

Los datos recopilados por la comisión (aquí Estado por Estado), de la que forman parte economistas como Thomas Piketty o Gabriel Zucman, revelan un inquietante panorama en el que los seis países con sistemas tributarios low cost para grandes corporaciones hacen perder cada año algo más de 45.000 millones de euros a las cuatro principales economías de la UE (Alemania, Francia, Italia y España). Básicamente en el impuesto de sociedades, a base de facilitar el aparataje societario y tributario para que multinacionales de esos países localicen allí beneficios por valor de 346.000 millones de euros.

"Se nos llena la boca hablando de competencia y armonización en España y esto lo tenemos abandonado. Se ha ido creando la sensación de que solo hay offshoring en el Caribe, que lo hay, pero es más agresivo el que se produce dentro de la UE", señala Ruiz.

Tanto como para que esas cuatro economías principales vean esfumarse cada año una cifra casi cinco veces superior a través de los entresijos legales de sus socios comunitarios (45.335 millones por 9.404) que en los paraísos offshore: 20.430 y 4.537 desde Alemania, 12.535 y 2.875 desde Francia, 7.609 y 990 desde Italia, y 4.761 y 9.404 desde España.

Las mil filiales en España de un país con el PIB de Euskadi

El balance particular de España apunta a la fuga de 1.714 millones por Holanda, país en el que distintas multinacionales españolas declaran beneficios por valor de 6.856 millones; otra de 1.583 millones en Luxemburgo por ganancias por valor de 6.333, y a una más de 1.034 en Irlanda por unos resultados netos de 4.128, mientras en el conjunto del offshoring extracomunitario la pérdida asciende a 1.002 millones por unos rendimientos de 4.007, la mitad de ellos en Suiza.

A las cifras de los tres grandes países comunitarios de impuestos low cost para grandes empresas se les suman otros Estados. Bélgica, un país que decidió no gravar los dividendos como medio para captar matrices de grupos transnacionales y que actúa como sumidero de otros 349 millones de euros del impuesto de sociedades español por la localización allí de beneficios por valor de 1.397, fundamentalmente de los sectores químico y farmacéutico. Chipre, que genera una erosión de cinco por ganancias de veinte. Y Malta, cuya mella alcanza los 75 por rendimientos de 301.

"Lo estamos alimentando. Tenemos un problema cuando creamos la imagen de que la rentabilidad no depende tanto de la calidad del producto como de la creatividad fiscal para pagar los mínimos impuestos posibles", apunta la responsable de justicia fiscal de Oxfam-Intermón, que llama la atención sobre los fluidos vínculos del sistema societario español con el de Luxemburgo.

Este país, cuya actividad económica arroja como resultado un PIB que el año pasado superó por primera vez los 70.000 millones de euros, similar al de Euskadi, es el quinto por número de filiales de sus empresas en España: tiene 1.032, según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), una cifra que únicamente superan Alemania (1.454), Francia (1.343), EEUU (1.269) y Reino Unido (1.166).

Esa vasta red de sucursales luxemburguesas, que ocupan a 172.000 empleados y cuyo volumen de negocio alcanzó en 2020, en plena pandemia, los 38.805 millones de euros (equivale a más de la mitad del PIB del país) tras subcontratar operaciones por 22.200, canaliza hacia las matrices radicadas en el micro Estado una parte importante de los beneficios que esas firmas obtienen en España.

El mecanismo, no obstante, opera también desde España hacia el exterior, donde las multinacionales españolas mantienen una malla de 5.972 filiales que suman un volumen de negocio de 187.963 millones y emplean a 714.652 trabajadores, también según los datos del INE.

El informe país por país de la Agencia Tributaria, cuya última edición se basa en los datos de 2019, ofrece algunas cifras de interés para conocer el entramado internacional de las grandes empresas españolas: las 124 cuya cifra de negocio global supera los 750 millones de euros declaran manejar 14.753 sociedades filiales, el grueso de las cuales (9.810) tienen su domicilio fiscal en el extranjero.

Esa malla societaria facilita que 23 de esos grupos acumularan ese año beneficios por 160.620 millones de euros, por los que pagaron un impuesto de sociedades de solo el 2,6%. Mientras que la presión fiscal general se queda en el 16,7% y la de los que solo pagan fuera en el 9,2%, muy lejos del 25% nominal de España en ambos casos y también en el segundo del 15% en el que el G-20 y la OCDE acordaron situar el tributo global a los beneficios empresariales.

La elevada productividad por empleado en Malta, Luxemburgo, Países Bajos e Irlanda

Por otro lado, la Agencia Tributaria llama la atención sobre cómo "aumenta la brecha entre la localización de ingresos e impuestos" de ese grupo de empresas, con una escala en la que el 64,5% de los activos y el 55% de la facturación están radicados en España pero solo declaran allí el 43% de su beneficio y "el 33% del impuesto que pagan". Y también pone el acento en un dato: "Las mayores productividades por empleado se concentran en Malta, Luxemburgo, Países Bajos e Irlanda, en todas ellas más de tres veces la productividad media".

"Luxemburgo es el país más utilizado por las empresas españolas, junto con el estado de Delaware (EEUU)", indica Ruiz, que advierte de que "no hacer nada sobre este sistema solo beneficia a los países y las sociedades que los aplican y se benefician de ellos. El paraíso crea las condiciones, pero quien las utiliza es la empresa".

La Comisión Europea tiene previsto actualizar el próximo 4 de octubre su lista de paraísos fiscales, en la que no se prevé, ni de lejos, que pueda acabar siendo incluido alguno de esos seis países europeos, a los que el informe de la Icrict atribuye los siguientes registros: Irlanda importa el 61% de sus ingresos por beneficios empresariales al localizar distintas empresas en ese país ganancias por valor de 106.000 millones de euros; Bélgica, el 55% (46.000); Luxemburgo, el 49% (57.000); Holanda, el 28% (106.000); Chipre, el 92% (19.000), y, por último, Malta, el 36% (12.000).

La deslocalización de 346.000 millones de euros en beneficios empresariales

Entre los seis suman una deslocalización de 346.000 millones de euros en beneficios empresariales que dejan de tributar en los países de origen de las matrices de esos grupos multinacionales.

El impuesto global, que España, Alemania, Francia e Italia están dispuestos a aplicar mientras Polonia y Hungría pretenden vetarlo como palanca para inclinar a su favor negociaciones sobre otros asuntos en el ámbito comunitario, no entrará en el orden del día de la reunión del Ecofín, el órgano que reúne a los ministros de finanzas de la UE, convocada para octubre.

Este tributo debería actuar como un mecanismo de compensación que acabara elevando al 15% la presión fiscal para las multinacionales, que pagarían en el país de sus matrices lo que no acabaran desembolsando en el resto de áreas en las que operan.

"Las grandes empresas que operan a nivel transfronterizo y, sobre todo, las que están muy digitalizadas se aprovechan de la actual inacción política, mientras la mayoría de los ciudadanos se enfrentan a una crisis del coste de vida y muchos países en desarrollo y mercados emergentes se enfrentan a una crisis de la deuda", concluye el informe de la Icrict sobre las medidas fiscales de emergencia para hacer frente a la crisis de inflación, en el que insta a los Estados partidarios del impuesto global a "seguir adelante y considerar sus propias medidas alternativas, formuladas si es posible de forma coordinada, para aplicarlas activamente y sin demora"."                (Eduardo Bayona, Público, 30/09/22)

19.9.22

El fraude fiscal (centrándose únicamente en los ingresos que consiguen escapar del impuesto sobre el IRPF) aumenta según crece la renta: el 0,1% más rico oculta el 23% de sus ingresos

 "El fraude fiscal en España, centrándose únicamente en los ingresos que consiguen escapar del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), se agrava a medida que crece la riqueza de los contribuyentes. En consecuencia, la brecha recaudatoria en esta figura impositiva ronda los 7.000 millones de euros al año.

En la gran mayoría de los tramos poblacionales analizados el cumplimiento tributario es casi pleno, ya que la inmensa mayoría de los contribuyentes ocultan una parte mínima de su renta, aproximadamente el 3%. El fraude, sin embargo, va aumentando según lo hace el patrimonio, llegando al 13% de ingresos no declarados en el IRPF en el 0,4% más rico y a un máximo del 23% en el caso del 0,1% más acaudalado de la población. Al otro lado, el 10% más pobre ocultaría en torno al 8% de su renta, una cifra similar a la que deja de declarar el 5% mejor posicionado.

 Los datos provienen del informe Desigualdad y pacto social, coordinado por el catedrático y economista Luis Ayala Cañón y elaborado por la Fundación La Caixa. Según recoge el documento, “el cumplimiento desciende a medida que ascendemos en la escala de rentas, especialmente entre el 5% más rico”, algo que impacta de lleno en la progresividad del sistema tributario y en la recaudación.

La ocultación de rentas incluye la evasión, elusión y vaciamiento de la base impositiva del impuesto. Por ello, “dado que el fraude se concentra en determinados tipos de renta, y entre los que tienen niveles de renta altos, la progresividad efectiva del impuesto acaba siendo menor”, explica el informe.

A su vez, al ser el IRPF un impuesto progresivo, que el fraude se concentre entre la población con más renta conlleva una fuerte pérdida de recaudación. La brecha tributaria asociada a estas prácticas, según estiman desde la fundación de la entidad bancaria, se situó en 7.101 millones de euros en 2017 (último año con datos disponibles), que corresponden a un 9% de la recaudación potencial por IRPF en dicho ejercicio y a un 0,7% del PIB.

Para elaborar todos estos cálculos, los expertos que han redactado el informe han comparado los datos de recaudación del IRPF con los obtenidos a través de la Contabilidad Nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, mientras que la participación del trabajo en la renta declarada en el impuesto ha oscilado alrededor del 80% en los últimos 40 años, en los datos de Estadística dicha participación es de unos 10 puntos menos (en torno al 70%). “Como la Contabilidad Nacional suele considerarse un marco de referencia fiable, que captura todas las rentas al margen de su tratamiento fiscal, este hecho apunta a que una parte importante de las rentas no salariales no se declaran correctamente en el IRPF”, apuntan.

Dentro de todos los apartados vinculados al fraude fiscal, el informe de la Fundación La Caixa anima a prestar especial atención al procedente de los rendimientos de inversiones no declaradas en el exterior, “dado que el uso de paraísos fiscales suele estar protagonizado por grandes fortunas”. Según los cálculos, las rentas ocultas podrían alcanzar el 30% de las rentas financieras sí declaradas (unos 15.000 millones), por lo que las rentas encubiertas rondarían los 4.500 millones de euros.

Soluciones

Existen una serie de aspectos y cambios normativos que pueden limitar el fraude y sus efectos inequitativos y regresivos. Los expertos, por ejemplo, recomiendan dejar de tratar las rentas de modo diferente según su origen, mediante privilegios fiscales o mecanismos de valoración e imputación deficientes. “Estos tratamientos diferenciados generan desigualdad entre los contribuyentes, por mucho que se haga de manera legal”. En concreto, podría aplicarse una definición amplia de la base imponible que limite privilegios fiscales y exenciones. Esto incluye “gravar los valores reales de las rentas, por ejemplo, mediante la eliminación de la estimación objetiva y el uso de valores más próximos a los del mercado en las rentas imputadas”.

Otro aspecto a tener en cuenta sería la posible armonización autonómica, ya que la existencia de diferenciales fiscales entre regiones incentiva cambios en la residencia fiscal de los contribuyentes. El documento, por ello, propone “impulsar la armonización fiscal, tanto internacional como dentro del estado autonómico, con el objetivo de dificultar la ocultación de rentas en paraísos fiscales y las dinámicas de competencia a la baja."                  (Cinco Días, 26/09/22)

12.7.22

Diez modalidades escogidas por multimillonarios para evadir impuestos a una escala colosal: Una IRA [Cuenta Individual de Jubilación] de 5.000 millones de dólares... la compra de un equipo deportivo... 18 multimillonarios declararon tener unos ingresos tan bajos que podían optar a ayudas del gobierno, y recibieron cheques de estimulo en 2020... las familias ricas transfieren miles de millones a los herederos mediante fideicomisos para evitar los impuestos de patrimonio

 "Después de un año de informar sobre las maquinaciones fiscales de los ultrarricos, ProPublica destaca las principales técnicas de evasión de impuestos que proporcionan enormes beneficios a los multimillonarios.

El pasado mes de junio, y partiendo de la mayor cantidad de datos fiscales confidenciales de Estados Unidos obtenidos en la historia, ProPublica lanzó  una serie de reportajes que documentaban las principales formas de evasión de impuestos de los ultrarricos, estrategias que en gran medida no están al alcance de la mayoría de los contribuyentes. Con motivo del primer aniversario de ese lanzamiento, hemos decidido reunir un rápido resumen de las técnicas -todas ellas pueden generar un ahorro fiscal a gran escala- desveladas en dicha serie.

1. Efecto de ultrarriqueza

Nuestra primera historia desvelaba de qué manera multimillonarios como Elon Musk, Warren Buffett y Jeff Bezos fueron capaces de amasar varias de las mayores fortunas de la historia pagando notablemente pocos impuestos en relación a su inmensa riqueza. Lo hicieron en parte evitando vender sus ingentes posesiones consistentes en acciones. El sistema estadounidense grava los ingresos. La venta de acciones genera ingresos, por lo que evitan los ingresos tal y como los define el sistema. Mientras tanto, los multimillonarios pueden aprovechar su riqueza pidiendo un préstamo. Y los préstamos no están sujetos a impuestos (Buffett declaró   que seguía la ley y que prefería que su riqueza fuera a la caridad; los demás no comentaron más allá de un "¿...?" de Musk).

2. Una IRA [Cuenta Individual de Jubilación] de 5.000 millones de dólares

Otros multimillonarios utilizaron formas menos convencionales para evitar los ingresos, tal como descubrimos. Peter Thiel, magnate de la tecnología, amasó una cuenta Roth IRA de 5.000 millones de dólares, un tipo de cuenta que protege los ingresos de los impuestos y que está pensada para ayudar a los ahorradores de clase media y baja a prepararse para la jubilación. Ya en 1999, Thiel metió en la cuenta acciones de bajo valor de la empresa que se convertiría en PayPal, una maniobra que, según los abogados fiscalistas, corría el riesgo de incumplir las normas de la Hacienda norteamericana [el IRS, Internal Revenue Service] (no está claro si el gobierno impugnó la maniobra). Y se dispuso a cosechar miles de millones en ganancias no gravadas fiscalmente (Thiel no respondió a las preguntas del primer artículo).

3. El truco de salón de los 1.000 millones de dólares: convertir las operaciones con elevados tipos fiscales en ingresos con bajos tipos de impuestos

Hasta cuando los multimillonarios de la tecnología muestran ingresos en su declaración de impuestos, tienden a pagar tipos impositivos relativamente bajos. Esto se debe al tipo de ingresos que tienen: las ganancias de las inversiones a largo plazo, como la venta de acciones, están sujetas a un tipo impositivo más bajo. Pero, ¿qué haces si ganas más de mil millones de dólares al año, y los obtienes en gran medida de las operaciones a corto plazo? ¿Aceptas simplemente que vas a pagar un tipo más elevado por todos esos ingresos? Tal como informamos esta semana, Jeff Yass, director de una de las empresas más rentables de Wall Street, no aceptó dócilmente este destino. En lugar de ello, su empresa, Susquehanna International Group, encontró formas creativas de transformar el tipo de ingresos equivocado en el correcto, generando un ahorro fiscal que superó los 1.000 millones de dólares en sólo seis años (Susquehanna declinó hacer comentarios, pero en un caso judicial centrado en acusaciones similares, mantuvo que cumple la ley).

4: La magia de la propiedad deportiva: ganar dinero mientras se declaran (legalmente) pérdidas

El código fiscal ofrece a los propietarios de negocios una serie de métodos para borrar los ingresos a través de deducciones, y ninguno más impresionante que la compra de un equipo deportivo, como hizo el expresidente de Microsoft, Steve Ballmer, con los Clippers de Los Ángeles Clippers. No importa que el equipo sea realmente rentable y crezca en valor. Puede seguir suponiendo una pérdida total (en algunos casos, descubrimos que los propietarios pueden deducir el contrato de un jugador no una, sino dos veces. Se les permite hacer deducciones comparables a las de los equipamientos de fábrica que pierden valor a medida que envejecen, aun cuando los equipos casi inevitablemente ganan en valor). Esa es una de las razones por las que los propietarios tienden a pagar tipos impositivos mucho más bajos que los deportistas a los que emplean, o incluso las personas que sirven cerveza en el estadio del equipo. En nuestro artículo, encontramos a un trabajador de los Clippers que ganaba 45.000 dólares al año y pagaba un tipo impositivo más alto que el multimillonario Ballmer (Ballmer declaró que paga los impuestos que debe).

5. Construir, perforar y ahorrar: los negocios inmobiliario y petrolero pueden ser ambos paraísos fiscales

En ciertos sectores, como el inmobiliario o el del petróleo y el gas, las exenciones fiscales son tan abundantes que los multimillonarios pueden borrar sus ingresos por completo mientras se van enriqueciendo. Así es como el promotor inmobiliario Stephen Ross (que casualmente es también dueño de los Miami Dolphins) pasó diez años sin pagar impuesto alguno sobre la renta. Ross declaró que siguió la ley. Otro magnate, este en el negocio del petróleo, se las arregló para aprovechar un pozo casi sin fondo de deducciones mediante uno de los mayores vertidos de petróleo de la historia (los representantes del magnate no respondieron a la solicitud de comentarios).

6. Hasta los pasatiempos de un multimillonario pueden ser rentables a la hora de pagar impuestos

Las deducciones por aficiones y proyectos secundarios, que los ultrarricos pueden estructurar como negocios, son otra opción divertida. Para algunos multimillonarios, son los caballos de carreras: descubrimos que seis propietarios de purasangres en el Derby de Kentucky de 2021 habían conseguido un total de 600 millones de dólares en deducciones fiscales por sus operaciones de carreras de caballos. Para otros, como el fundador de Beanie Babies, Ty Warner, son los hoteles de lujo. El multimillonario despilfarró en un par de lugares emblemáticos de la cadena Four Seasons y luego pasó 12 años sin pagar ningún impuesto sobre la renta (los representantes de Warner no respondieron a la solicitud de comentarios).

7. ¿Cree que sus impuestos son demasiado altos? Cambie las leyes fiscales

A veces, vale la pena luchar por una nueva exención fiscal. Para los multimillonarios que contribuyeron con millones a los políticos republicanos, la recompensa llegó en forma de “gran y hermoso recorte de impuestos” de Trump para las empresas exentas. Descubrimos que el cambio remitió en un solo año 1.000 millones de dólares en ahorros fiscales solamente en 82 hogares ultrarricos. Algunos propietarios de negocios también aumentaron sus ahorros con un truco: recortaron sus propios salarios y categorizaron el dinero en su lugar como ingresos exentos.

8. Por qué los multimillonarios del sector tecnológico pagan menos que los gestores de fondos de cobertura

Con tantas opciones para reducir los impuestos, los estadounidenses más ricos suelen manejar tipos impositivos bajos. Analizamos los ingresos e impuestos de las 400 personas que más ganan del país, las que tienen una media de ingresos de más de 110 millones de dólares al año. En general, el grupo pagaba tipos relativamente bajos, pero ciertos segmentos (multimillonarios de la tecnología, herederos, ejecutivos de capital privado) destacaban incluso dentro de esta población de élite porque podían recurrir al tipo de técnicas detalladas anteriormente (también recurrían a estas técnicas políticos ricos, como los gobernadores de Colorado y Virginia Occidental).

9. Hermano, ¿me puedes dar un cheque de estímulo?

Pero los verdaderos protagonistas fueron los multimillonarios que declararon tener unos ingresos tan bajos que podían optar a ayudas del gobierno. Al menos 18 multimillionarios recibieron cheques de estimulo  en 2020, porque sus declaraciones de impuestos los situaban por debajo del límite de ingresos (150.000 dólares para un matrimonio).

10. Fíate de esto: de qué manera transfieren las familias ricas miles de millones a los herederos mientras evitan los impuestos

Los agujeros en el impuesto sobre el patrimonio, según lo que nos encontramos, son aún más notables. Hay formas muy conocidas de asegurarse de que el Tío Sam no reciba su parte de la fortuna que se transmite a los herederos, y la más común es a través de un fideicomiso. Nadie puede decir hasta qué punto es común, pero encontramos pruebas de que al menos la mitad de las cien personas más ricas habían recurrido a fideicomisos para eludir el impuesto de patrimonio. En otro artículo, seguíamos a tres dinastías centenarias a lo largo de generaciones, mostrando cómo utilizaron fideicomisos para evitar los impuestos, de modo que una fortuna pudo pasar desde el magnate original de principios del siglo XX hasta, por ejemplo, una tataranieta que recientemente cobró 210 millones de dólares antes de cumplir 19 años."                

(Paul Kiel , se ocupa de finanzas empresariales y de consumo en ProPublica. Sin Permiso, 10/07/22)

16.6.22

Stiglitz y Piketty urgen a crear un registro mundial que aflore la riqueza oculta en paraísos fiscales... El registro debería ser público, abierto e incluir desde inmuebles y cuentas bancarias hasta fideicomisos, criptomonedas, yates y todo tipo de vehículos legales para poseer activos

 "Las crisis económicas se suceden sin dar tiempo a que los ciudadanos y las empresas se recuperen: con la Gran Recesión en los talones y cuando el covid-19 aún colea, la guerra en Ucrania ha puesto la energía por las nubes y ésta, a su vez, ha desatado la inflación en Occidente. Y, mientras las cuentas de las empresas titubean, el daño en las nóminas y los hogares se multiplica. Los gobiernos deben entonces acudir con todas sus herramientas para sostener el tejido productivo y el bienestar ciudadano. Enseguida saltan las tensiones presupuestarias y se hace urgente y necesario contar con recursos para contener los precios y proporcionar ayudas sociales.

Esos ingresos proceden de los impuestos. “El dinero necesario está en realidad muy cerca, escondido en los paraísos fiscales y llevamos décadas de retraso en la aplicación de los mecanismos para develarlo”, apunta la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT), a la que pertenecen el premio Nobel Joseph Stiglitz, el economista Thomas Piketty y el director del Observatorio Fiscal de la UE Gabriel Zucman, entre otros expertos internacionales.

Según sus cálculos, el 10% del PIB mundial se esconde en paraísos fiscales, unos ocho billones de dólares, que permiten al 1% más rico de la población, que posee hasta el 40% de la riqueza en algunos países, evadir hasta el 25% del impuesto sobre la renta. Lo consiguen gracias a las sofisticadas estructuras financieras que crean banqueros, contables y abogados para ocultar dónde los más pudientes tienen sus activos o siquiera si realmente los poseen.

El mecanismo que la comisión propone para aflorar esa riqueza oculta, billones en recursos que podrían servir para financiar el desarrollo sostenible en todo el planeta, es crear un Registro Global de Activos (GAR por sus siglas en inglés). Ese registro debería vincular todos los tipos de activos, empresas y vehículos legales posibles con sus propietarios efectivos, las personas físicas que realmente los poseen, controlan o se benefician de ellos. Sería una base de datos mundial y exhaustiva que todas las autoridades del planeta podrían consultar para luchar contra la evasión fiscal, la corrupción y la delincuencia internacional.

Para convertir en realidad lo que la misma comisión no duda en calificar de “utopía”, sus miembros consideran necesaria “una combinación de voluntad política y presión mundial concertada” y reclaman una cumbre internacional urgente. En cualquier caso, sus impulsores creen que el registro mundial “no es un paso inmediato”, sino el fin de un proceso “muy gradual” que empieza por la constitución de registros nacionales de propietarios reales, su extensión a todo tipo de activos y, finalmente, su interconexión hasta crear un registro europeo o latinoamericano, por ejemplo, según explica José Antonio Ocampo, exministro de Finanzas de Colombia y presidente de la ICRICT. Además, sostiene que no haría falta que una institución internacional se encargara de gestionar el registro mundial, aunque sí precisaría un “acuerdo global” para ponerlo en marcha.

Ese registro mundial debería incluir todos los activos relevantes y las estructuras creadas para poseerlos: no sólo los inmuebles y las cuentas bancarias o cajas de seguridad, sino también los fideicomisos y holdings, al igual que las criptomonedas e incluso las colecciones de arte, joyas, yates, aviones y otros artículos de lujo. Además, el registro tendría que ser público, con un formato de datos en abierto y accesible tanto para las instituciones gubernamentales como para cualquier ciudadano.

Como queda dicho, debería nacer de la interconexión de los registros de propietarios reales existentes en cada país. En la Unión Europea, las directivas contra el blanqueo ya obligan a los Estados miembros a crear registros nacionales de titularidades reales y ya existen planes para conectarlos.

El director del Observatorio Fiscal de la UE, Gabriel Zucman, rechaza que la idea de un registro mundial sea especialmente “revolucionaria”. “Los registros de la propiedad y mercantiles llevan siglos funcionando; en Francia, el primero se creó en 1791. ¿Por qué, si tenemos desde hace siglos registros para inmuebles y tierras, tiene que ser diferente para los activos financieros?”, se pregunta. Según aclara, no hace falta “reiventar la rueda”, basta con modernizar y “actualizar a la realidad de la riqueza del siglo XXII” los registros que ya existen.

Aun así, los promotores del registro mundial son conscientes de los “enormes“ obstáculos políticos a los que se enfrenta su iniciativa, pero también creen que ahora la disposición de los gobiernos es mayor, explica Jayati Ghosh, profesora de Economía de la Universidad de Massachusetts y asesora de la ONU, una vez que éstos han tomado conciencia, tras la invasión de Ucrania y la dificultad para encontrar los bienes de los oligarcas rusos, de que carecer de este tipo de información es un auténtico inconveniente.

España, aún sin registro abierto

En el caso de España, el Colegio de Registradores ya gestiona un Registro de Titularidades Reales (Retir), creado en 2018, pero a él sólo pueden acceder la Agencia Tributaria, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), la CNMV, el Tribunal de Cuentas, las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y la Fiscalía.

El Ministerio de Justicia está elaborando un real decreto para crear un registro centralizado y abierto para todos los ciudadanos, tal y como exige la UE. En estos momentos se encuentra en fase de audiencia pública. Pero, de acuerdo con el borrador dado a conocer, los datos a los que podrán acceder los particulares están restringidos y se requiere el pago de una tasa y la firma electrónica.

Otros países comunitarios como Letonia y Dinamarca ofrecen los datos sobre propietarios efectivos como datos abiertos. También el Reino Unido. En cambio, en Luxemburgo –uno de los principales centros financieros de la UE–, el registro de titularidades reales cuenta con limitaciones de acceso. En Estados Unidos, la Ley de Transparencia Corporativa de 2019 obliga a las empresas a revelar quiénes son sus propietarios reales. Pero en Asia Oriental sólo el 20% de los países y en África Subsahariana sólo el 21% de ellos tienen leyes sobre los beneficiarios finales de las empresas.

Legitimidad democrática

El registro mundial se convertiría así en el culmen de toda una serie de pasos que la comunidad internacional está tardando en dar. Muy poco a poco, se está consiguiendo que los países intercambien de forma automática información sobre cuentas bancarias y las multinacionales emitan informes de los negocios que llevan a cabo en cada uno de los países donde operan.

Como se ha podido comprobar en el último mes con los intentos de los gobiernos occidentales para sancionar a los oligarcas rusos, no existen registros nacionales e internacionales de valores financieros, criptomonedas, yates, colecciones de arte, bienes inmuebles… “El rastreo de esta riqueza es una medida urgente para proteger las democracias”, apremia la comisión, que apunta, por tanto, más allá de la economía y sus crisis. A su juicio, un registro mundial que permita luchar contra la pérdida de recursos fiscales y la impunidad de “cleptócratas y organizaciones criminales” es un instrumento básico para “reforzar el contrato social”. La ICRICT vincula así “el consentimiento fiscal” con la legitimidad de las instituciones democráticas."                    (Begoña P. Ramírez  , InfoLibre, 19 de abril de 2022)

14.3.22

España pierde al menos 6.350 millones al año por la evasión fiscal de multinacionales y grandes fortunas... De esta cantidad, unos 4.500 millones de euros son evadidos por las multinacionales y unos 1.850 millones evadidos por las grandes riquezas... Reino Unido, sus territorios de ultramar, Países Bajos, Luxemburgo y Suiza son responsables del 55% de las pérdidas de impuestos globales al resto de Estados

 "483.000 millones de dólares. Unos 425.000 millones de euros. Esa cantidad es lo que pierden los países año a año en recaudación de impuestos debido a la evasión de las grandes empresas y las grandes riquezas, según el último informe The State of Tax Justice 2021 publicado de manera conjunta por Tax Justice Network, Global Alliance for Tax Justice y el federación de sindicatos global Public Services International.

 Los 483.000 millones de dólares que se pierden en los paraísos fiscales al año son suficientes para cubrir tres veces el coste de la compra y distribución de dos dosis de la vacuna Covid-19 para la población mundial. De esa cantidad, el informe señala que 312.000 millones de dólares se pierden por el abuso de las multinacionales, su evasión transfronteriza y el uso de paraísos fiscales. El resto, 171.000 millones, corresponde a la evasión fiscal en paraísos fiscales de las grandes fortunas.

El análisis dedica un apartado a España. Según estas tres organizaciones, el Estado español pierde cada año 7.222 millones de dólares, unos 6.350 millones de euros, por culpa de la evasión de impuestos de las grandes empresas y fortunas. De esta cantidad, unos 4.500 millones de euros son evadidos por las multinacionales y unos 1.850 millones evadidos por las grandes riquezas.

 O lo que es lo mismo, la Hacienda española pierde cada año un 2,5% del total de ingresos fiscales o 136 euros por cada uno de los habitantes del país. En el cálculo de las vacunas que se podrían administrar con las cantidades evadidas cada año, el apartado español del informe señala que con lo que pierde España con la evasión de impuestos se podría vacunar a 419 millones de personas, nueve veces la población española, o el 8,51% del presupuesto total dedicado a sanidad.

La punta de iceberg

Los 425.000 millones de dólares son tan solo las pérdidas directas. Es decir, son datos extraídos de las propias declaraciones de las empresas, así como los datos bancarios que recopilan los gobiernos y que las organizaciones han recolectado y analizado. Pero, según alertan, este cálculo deja fuera las pérdidas indirectas como “las pérdidas de reacción en cadena que se derivan de los abusos fiscales que aceleran la carrera hacia el abismo y hacen bajar los tipos impositivos a nivel mundial”. El FMI estima que las pérdidas indirectas derivadas del abuso fiscal global por parte de las empresas multinacionales son, como mínimo, tres veces mayores que las pérdidas directas.

Según Miroslav Palanský, analista de datos de Tax Justice Network, dichas cantidades son solo “la punta del iceberg, lo que podemos ver por encima de la superficie gracias a algunos avances recientes en materia de transparencia fiscal, pero sabemos que hay muchos más abusos fiscales por debajo de la superficie que cuestan magnitudes más en pérdidas fiscales“.

Países ricos y sus islas

Pese a esa imagen de isla paradisiaca, lo que demuestra una vez más la nueva investigación es que la mayor parte de la evasión de impuestos es provocada y facilitada por los países de la OCDE. Un 78% del agujero fiscal global, 332.000 millones de euros, se debe a los Estados de este club de países ricos. 

Reino Unido vuelve a encabezar la lista. Más de un tercio de las pérdidas fiscales globales, el 39%, es facilitada a través del Reino Unido y la red que conforma la City londinense con sus territorios de ultramar, como las Islas Vírgenes Británica, la Isla de Jersey o Gibraltar.

 Dicha tela de araña británica, junto a otros países en el corazón de Europa -Países Bajos, Luxemburgo y Suiza- son responsables del 55% de las pérdidas de impuestos globales al resto de Estados, unos 236.000 millones de euros anuales.

“Los impuestos pueden ser nuestra herramienta más poderosa para abordar la desigualdad, pero en su lugar se han convertido en algo totalmente opcional para los superricos”, lamenta Alex Cobham, director de Tax Justice Network, que ha señalado que “debemos reprogramar el sistema fiscal mundial para proteger el bienestar y los medios de vida de las personas por encima de los deseos de los más ricos, o las crueles desigualdades que ha puesto de manifiesto la pandemia quedarán definitivamente grabadas”.                (Yago Álvarez, El Salto, 16/11/21)

9.3.22

El banco Credit Suisse mantuvo cuentas de dictadores, criminales y políticos corruptos de todo el mundo

 "Un jefe de espías de Yemen implicado en torturas. Los hijos de uno de los hombres fuertes de Azerbaiyán que gobierna su propio feudo montañoso privado. 

Funcionarios acusados de saquear la riqueza petrolera de Venezuela y de acelerar el hundimiento del país en la crisis humanitaria.

Vienen de todos los rincones del planeta, están vinculados con un régimen autoritario o corrupto y se han enriquecido de maneras diferentes. Pero hay algo que les une: dónde guardaban su dinero. 

 Por encima de sus relojes de lujo, sus montañas nevadas y su excelente chocolate, Suiza es sobre todo conocida por el secretismo de su sector bancario. Y en el corazón de esa industria está Credit Suisse, que a lo largo de sus 166 años de historia se ha convertido en una de las más importantes instituciones financieras del mundo.

Con cerca de 50.000 trabajadores y 1,5 billones de francos suizos en activos que le gestionan a 1.5 millones de clientes, este coloso financiero es “sólo” el segundo banco más grande de Suiza (por detrás de UBS). Una evidencia del predominio de este sector en la próspera y pudiente nación alpina.

Pero este brillante éxito tiene su lado oscuro, como revela la investigación periodística Suisse Secrets, basada en una filtración realizada hace más de un año al periódico alemán Süddeutsche Zeitung por una fuente anónima. Se trata de datos sobre más de 18.000 cuentas abiertas en el banco Credit Suisse. En la investigación han participado 48 medios y 163 periodistas de 39 países, coordinados por la organización OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) y el Süddeutsche Zeitung. infoLibre es el único medio español que forma parte de este proyecto. [Puedes ver aquí la lista con todos los medios que participan en Suisse Secrets y las claves del proyecto, leer aquí las motivaciones que llevaron a la fuente a realizar la filtración y consultar aquí la versión oficial del banco].

Clientes problemáticos

Los documentos filtrados distan mucho de ser una lista completa de los clientes del banco, pero brindan una visión reveladora de lo que esconde la cortina del secreto bancario suizo.

Los periodistas pasaron meses revisando los datos e identificaron que docenas de cuentas pertenecían a políticos corruptos, criminales, espías, dictadores y personajes con un historial de vínculos con sociedades en paraísos fiscales. No se trata de nombres desconocidos, una simple búsqueda en Google permitía muchas veces identificar sus fechorías. Pese a ello, sus cuentas, que en conjunto acumularon más de 8.000 millones de dólares, permanecieron abiertas durante años.

Los clientes de Credit Suisse incluyen a la familia de un jefe de inteligencia de Egipto que supervisó la tortura de sospechosos de terrorismo para la CIA estadounidense; un italiano acusado de blanquear fondos para la organización criminal ‘Ndrangheta; un ejecutivo alemán que sobornó a altos cargos del gobierno nigeriano a cambio de contratos en las telecomunicaciones; y el rey Abdalá II de Jordania, que tuvo una cuenta que alcanzó un pico de 230 millones de francos suizos, mientras que su país recibía miles de millones de ayuda extranjera.

En Venezuela, élites acusadas de saquear PDVSA, la empresa petrolera estatal, movieron cientos de millones de dólares a cuentas de Credit Suisse. El dinero fluyó en un momento en el que las arcas públicas eran robadas, lo que precipitó el hundimiento económico que ha forzado a seis millones de personas a salir del país y colocó a otras muchas al borde de la hambruna. El banco mantuvo abiertas las cuentas de esos clientes venezolanos, incluso cuando su implicación en casos de corrupción había quedado expuesta en los medios.

Expertos en cumplimiento bancario que examinaron los hallazgos de OCCRP afirmaron que muchas de esas personas nunca tendrían que haber sido aceptadas por Credit Suisse.

“La gente no debe tener acceso al sistema financiero si lo que están ingresando es dinero producto de la corrupción”, explicó Graham Barrow, un experto independiente en criminalidad financiera. “El banco tiene claramente el deber de asegurar que los fondos que maneja tienen un origen claro y legítimo”.

Credit Suisse no es el único culpable. Muchos de los grandes bancos y entidades financieras han enfrentado escándalos similares. Muchos prometieron reformarse. Y, sin embargo –como revelan proyectos como este– siguen permitiendo a clientes problemáticos mantener sus fortunas a buen recaudo en uno de los lugares más seguros y fiables del mundo.

“La ironía es que Suiza se ha convertido en el lugar al que va el dinero sucio porque es un país puro, bien administrado, confiable”, destaca James Henry, asesor senior de la organización británica Tax Justice Network que ha estudiado la evasión fiscal en Credit Suisse. “El modelo de negocio de tomar dinero de países pobres es el problema”.

Respondiendo a un cuestionario sobre los hallazgos del proyecto Suisse Secrets, el banco suizo señaló que la gestión del riesgo era “el núcleo” de su negocio. Si bien se negó a discutir casos individuales descubiertos por periodistas por razones de confidencialidad, Credit Suisse señaló que eran "predominantemente históricos" y que el 90% de las cuentas problemáticas identificadas por los periodistas "están hoy cerradas o estaban en proceso de cierre antes de recibir las consultas” de los reporteros 

“Como institución financiera líder a nivel mundial, Credit Suisse es profundamente consciente de su responsabilidad, con los clientes y el sistema financiero en su conjunto, de garantizar que las normas de conducta más estrictas se mantengan”, agregó. 

Desde el interior del banco

OCCRP habló con más de una docena de antiguos y actuales empleados para entender cómo se explica que el banco haya aceptado a tantos clientes problemáticos. Ninguno quiso dar su nombre, señalando que el banco es muy proclive a arrastrar extrabajadores a los tribunales. Tampoco compartieron pruebas de lo que dijeron. Pero muchos de los entrevistados mencionaron los mismos problemas y hubo consenso sobre algunos de estos.

Mientras que algunos defienden que el cumplimiento era diligente y había mejorado considerablemente en los últimos años, la mayoría habla de una cultura corporativa altamente tóxica que incentivaba a tomar riesgos a cambio de beneficios y bonus.

Los empleados señalaron que los bonus están condicionados al “nuevo dinero neto” que traían al banco.

“El banco alienta al banquero a mirar hacia otro lado con una cuenta que saben que es tóxica”, indica un ejecutivo experimentado. “Si tú cierras esta cuenta tóxica, especialmente si la cuenta excede de los 20 millones, el banquero se encuentra a sí mismo en un profundo agujero. Un profundo agujero del que es casi imposible salir”.

Y eso conduce a una cultura, señalan, donde hay dos tipos de reglas para dos tipos de clientes: los ricos y los muy ricos.

“La debida diligencia con clientes y cuentas, digamos al nivel de un millón, es muy exhaustiva”, describe un antiguo ejecutivo senior. “Pero cuando se trata de cuentas de alto valor neto, los jefes alientan a todos a mirar hacia otro lado y los gerentes se sienten intimidados por sus bonus y su seguridad laboral”.

Además, hay grandes cuentas que son mantenidas tan en secreto que solo unos pocos ejecutivos senior saben quiénes son sus propietarios.

“Cuando alguien quiere realizar un blanqueo de capitales después de haber saqueado bienes del país, por ejemplo, necesita transferir el dinero. Así que los titulares de grandes cuentas van directamente a los gerentes de muy alto nivel”, señala un ejecutivo.

El sistema se basaba en la negación plausible, dijeron antiguos empleados. A los empleados se les dan normas estrictas, pero no sólo no las hacen cumplir para las grandes cuentas, sino que hay incentivos para ignorarlas.

"El departamento de cumplimiento del banco es maestro de la negación plausible", afirma el ex alto directivo. "Nunca hagas una pregunta de la que no quieras saber la respuesta".

“Nunca es culpa del banco, es siempre ese empleado ‘manzana podrida’ el que es responsable si pasa algo malo”, denuncia un antiguo trabajador.

El resultado final es una desconexión entre el banco y sus empleados. “El tipo de gente que atrae el banco son mercenarios, que lo que buscan es enriquecerse en primer lugar. Entendiendo posiblemente que no hay una relación real con el banco. Tú solo estás allí mientras ganes dinero, sin importar cómo lo ganes”, critica un gerente.

“No tienes que preocuparte por lo que vaya a pasar dentro de ocho o diez años porque es poco probable que estés allí. Normalmente, ese es el tiempo en que tardan esos acuerdos en estallar”, explica.

Estas fuentes internas se hacen eco de las acusaciones que Credit Suisse afronta en este momento, en la primera causa penal contra un banco helvético en Suiza. Los fiscales sostienen que Credit Suisse permitió a un grupo de narcotraficantes búlgaros blanquear 146 millones de euros procedentes de la droga a través de sus cuentas.

Gerentes senior están acusados de ignorar numerosas advertencias que vinculaban a estos clientes búlgaros con actividades poco recomendables. Eso incluye depositar dinero en efectivo, que se movieron en coche de Sofía a Suiza, y que al menos otro banco suizo rechazó. Incluso después de que asesinaran a dos de los criminales y que medios los identificaran como traficantes de cocaína, el banco miró hacia otro lado.

Una banquera que trató con los búlgaros testificó que Credit Suisse la instruyó cuidadosamente sobre cómo presentarse ante clientes potenciales y sobre la importancia del secreto bancario suizo, pero no sobre el cumplimiento, según informó el diario Financial Times. Como prueba, uno de sus exámenes de cumplimiento fue presentado ante el tribunal. Ella solo respondió correctamente una cuarta parte de las preguntas.

La acusación citaba el "incumplimiento" por parte de Credit Suisse en adoptar "medidas organizativas razonables y necesarias para evitar que se produzcan actividades de blanqueo de capitales."

Una historia de secretos

La reputación de Suiza como garante del secreto bancario se remonta varios siglos atrás.

En 1713, el Consejo de Ginebra prohibió a los banqueros divulgar detalles de sus clientes para salvaguardar los intereses de la monarquía francesa, que quería mantener ocultos sus negocios con bancos en un país protestante ‘herético’.

El estatus internacional de neutralidad de Suiza, reconocido en el siglo XIX, ayudó a traer grandes cantidades de capital desde el extranjero, al igual que un sector turístico en expansión que intentaba atraer a los más ricos de Europa para largas estadías en palacios junto a lagos o en sanatorios alpinos.

“Para añadir algo que otros países no tenían, también adoptaron medidas fiscales para estimular la llegada de personas ricas desde el extranjero para largas estancias en Suiza”, explica Sébastien Guex, profesor de Historia en la Universidad de Lausana que estudia el sistema bancario suizo.

Suiza se convirtió en un paraíso fiscal y empezó a competir con Francia y otros grandes Estados europeos para atraer capital extranjero. Fuera por las montañas o por las leyes, aquello funcionó. Extranjeros adinerados comenzaron a llegar con su dinero.

Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, los millonarios europeos giraron sus miradas hacia Suiza para protegerse de la inestabilidad económica y de los aumentos de impuestos por el esfuerzo bélico. En la Segunda Guerra Mundial se repitió el patrón y, mientras que la mayor parte de Europa quedó en ruinas, la neutral Suiza salió indemne y con depósitos de todas partes.

En 1934, Suiza reforzó su secretismo con la Ley Bancaria, que castigaba con cárcel a cualquier empleado bancario que revelara información confidencial de un cliente.

Recientemente, Suiza ha realizado cambios en la regulación de su sector bancario.

Tras la crisis financiera iniciada en 2008, el país levantó el velo sobre miles de cuentas después de que un empleado de UBS le diera información a fiscales estadounidenses sobre la manera en la que el banco ayudaba a estadounidenses a esconder sus activos.

Pero el acuerdo también garantizó que Estados Unidos desestimara los cargos por permitir la evasión fiscal y aumentó la condena máxima por violar las leyes de secreto bancario de solo seis meses a tres años.

Expertos dicen que esa ley esencialmente criminaliza a los denunciantes de irregularidades, silenciando fuentes internas e incluso periodistas que quieran exponer irregularidades en un banco suizo.

El artículo 47 de la Ley Bancaria suiza pone a los periodistas del país en riesgo de ser procesados por la simple posesión de datos bancarios privados, aunque no sean publicados. Por esta razón, Tamedia, un grupo de medios suizo declinó colaborar en la investigación de Suisse Secrets.

"Esta ley es una restricción masiva de la libertad de prensa en Suiza", denuncia Arthur Rutishause, de Tamedia. "Sólo sirve para censurar e intimidar a los medios de comunicación. La ley puede proteger a los delincuentes y sus bienes. Los periodistas que intentan desenmascararlos se arriesgan a un proceso penal".

“Parece una ley del siglo XIX”, sostiene Jeffrey Neiman, un abogado estadounidense que representa a denunciantes de Credit Suisse. “Esa ley demoniza a aquellos que presentan buena información para exponer la corrupción”, añadió.

Comprando el secretismo

Si Credit Suisse vendía secretismo, tenía muchos compradores.

Los documentos filtrados analizados por los periodistas muestran cuentas vinculadas a varios presuntos autores de violaciones de derechos humanos, como el antiguo ministro de defensa argelino Khaled Nezzar. Como jefe de las fuerzas armadas, Nezzar era considerado el líder de facto de Argelia de 1991 a 1993, cuando estalló una guerra civil marcada por las atrocidades contra civiles.   

A pesar de que las acusaciones en su contra eran bien conocidas, Nezzar aparece como cliente de Credit Suisse, con dos cuentas que acumularon activos de al menos dos millones de francos suizos. Estuvieron activas hasta 2013, dos años después de que una investigación sobre su implicación en crímenes de guerra fuera abierta en Suiza.

Sus abogados aseguraron que Nezzar “niega toda mala acción. No cometió y tampoco ordenó crímenes de guerra. No proveyó asistencia y tampoco permitió intencionadamente la comisión de crímenes de guerra”. 

Los dos hijos de uno de los hombres fuertes de Azerbaiyán, que gobierna con mano de hierro una región aislada del país, también tenían cuentas en Credit Suisse. Mientras que el régimen de su padre imponía sus brutales caprichos a la población de Najicheván –en un momento incluso prohibió hornear pan en casa o colgar la ropa en los balcones–, Rza y Seymur Talibov usaron sus cuentas en Suiza para ingresar millones de dólares de empresas de papel asociadas a sistemas de blanqueo de dinero.

Credit Suisse también ofreció servicios bancarios a figuras involucradas en escándalos de corrupción en algunos de los países más pobres del mundo. En Angola, un banquero caído en desgracia, investigado en Portugal tras la quiebra del banco que dirigía con 5.700 millones de dólares de deuda imposible de rastrear, tenía varias cuentas de Credit Suisse, algunas de las cuales están siendo examinadas por fiscales de Portugal. 

En Kenya, Credit Suisse ofreció servicios bancarios a un actor clave en un enorme escándalo de corrupción incluso después de que las autoridades lo declararan fugitivo. Millones de dólares parecen haber sido retirados de la cuenta, mientras que investigadores en Suiza y Kenya intentaban rastrear los fondos robados.

En los datos filtrados también aparecen varios nombres de Asia Central. Aunque sólo constituyen una pequeña fracción de los clientes identificados por los periodistas, por sus cuentas pasaron miles de millones de francos suizos. Estas personas representan a gran parte de la élite centroasiática, incluidos oligarcas que se enriquecieron con la extracción de recursos naturales, ministros y otros altos funcionarios, algunos de los cuales han sido condenados por corrupción masiva. Incluso los hijos de dos ex presidentes, Nursultan Nazarbayev de Kazajistán, e Islam Karimov de Uzbekistán, controlaban cuentas de Credit Suisse, mientras ambos seguían en el poder.

Carlos Luis Aguilera Borjas, el antiguo jefe de la inteligencia venezolana, era otro de los clientes de Credit Suisse. Aguilera era cercano al expresidente Hugo Chávez, fallecido en 2013. En 2001, Chávez colocó a Aguilera como jefe del servicio secreto, donde mantuvo un perfil bajo, evitando entrevistas y fotografías. Lo llamaban El invisible. “Nadie lo ve. Yo sí sé dónde está”, dijo Chávez en 2002 en una retransmisión nacional de su programa semanal de televisión Aló Presidente. Pero Aguilera cayó en desgracia a mediados de ese año, pues no pudo prevenir el golpe de Estado que estuvo a punto de derrocar a Chávez. Salió del servicio secreto y, tras otro cargo en el Gobierno, saltó de lleno al sector privado, donde amasó una fortuna que pocos venezolanos pueden imaginar.

En 2007, Aguilera se convirtió en el principal accionista de Inversiones Dirca S.A., una sociedad venezolana que el año siguiente le aseguró un contrato de 1.850 millones de dólares para renovar el metro de Caracas a un consorcio empresarial español. No hubo un proceso de licitación pública y Aguilera se llevó una comisión del 4.8%, que equivalía a cerca de 90 millones. En el 2011, se abrieron dos cuentas a nombre de Aguilera que alcanzaron un balance de al menos 7,8 millones de francos suizos. Las cuentas de Aguilera estaban abiertas bien entrada la década pasada, cuando los datos del proyecto Suisse Secrets fueron recopilados. 

“Por definición, él es de alto riesgo”, dice Barrow, el experto en criminalidad financiera. Añadió que los bancos son responsables de asegurarse que las fuentes de los fondos de sus clientes con conexiones políticas sean legítimas.

Aguilera no respondió a las preguntas que OCCRP le envió por correo electrónico. 

Escándalo tras escándalo

Credit Suisse se ha comprometido repetidamente a luchar contra los fondos ilícitos, después de una serie de escándalos que estallaron hace dos décadas tras la muerte del dictador nigeriano Sani Abacha. Tras el fallecimiento de Abacha en 1998 se conoció que Credit Suisse ayudó a esconder parte de los miles de millones de dólares que su familia saqueó del país.

En un esfuerzo por aplacar esa revelación, el entonces presidente del banco dijo en 2000 que había "mejorado continuamente los procedimientos de control y su cumplimiento".

Ese mismo año, Credit Suisse se convirtió en miembro fundador del Grupo Wolfsberg, una asociación bancaria internacional creada para frenar los flujos financieros ilícitos.

"El banco se esforzará por aceptar sólo a aquellos clientes cuya fuente de riqueza y fondos puedan establecerse razonablemente como legítimos", rezaba una declaración de la misión del Grupo Wolfsberg en 2000.

Sin embargo, las promesas de limpieza de Credit Suisse no evitaron que la entidad terminara vinculada a otros casos delictivos.

"Al banco le gusta decir que son sólo banqueros deshonestos", afirma Jeffrey Neiman, el abogado estadounidense. "Pero, ¿cuántos banqueros deshonestos hay que tener para empezar a tener un banco deshonesto?".

Neiman no representa a la fuente de la filtración de Suisse Secrets. Pero uno de sus clientes es un denunciante que en febrero de 2021 declaró en un tribunal de Estados Unidos que Credit Suisse seguía ayudando a estadounidenses a ocultar ilegalmente cientos de millones de dólares en paraísos fiscales. De ser cierto, esto supondría una violación a un compromiso que el banco tomó en 2014, cuando llegó a un acuerdo con la justicia de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia y la poderosa Comisión de Finanzas del Senado investigan actualmente si Credit Suisse siguió facilitando la evasión fiscal después de llegar al acuerdo y pagar una multa récord de 1.300 millones de dólares en 2014.

El presidente del banco en aquel momento, Urs Rohner, admitió errores en su manejo del escándalo de evasión de impuestos, pero le dijo a un canal de televisión suizo que él mismo tenía “las manos limpias”.

Recordando este incidente en una entrevista reciente con OCCRP, el parlamentario suizo del Partido Verde Gerhard Andrey indicó que aún siente incredulidad porque los ejecutivos de Credit Suisse nunca asumieran su responsabilidad por este escándalo.

"¡Es la cabeza de la empresa! Si eres director general o presidente, no puedes decir: 'No tiene nada que ver conmigo', porque eres responsable de definir la cultura corporativa", destaca Andrey por teléfono desde el Parlamento suizo. "La cultura la definen de arriba abajo los altos cargos, el consejo de administración y los ejecutivos".

Expertos sostienen que las multas no son suficientes. Los bancos grandes y pudientes no van a cambiar hasta que no se enfrentan a regulaciones más estrictas, como suspender sus licencias o acusar a gerentes de manera individual.

Frank Vogl, antiguo responsable en el Banco Mundial y ahora un activista contra la cleptocracia, sostiene que los banqueros parecen tratar las multas, incluso muy abultadas, simplemente como “un coste más de hacer negocios”. Recuerda que las autoridades judiciales estadounidenses y europeas han lanzado en los últimos años un “asombroso” número de casos contra Suiza y bancos suizos, “pero ningún director ejecutivo de estos bancos ha sido acusado personalmente, ni siquiera perdió su trabajo por esos crímenes”.

“Los CEO tienen que ir a la cárcel para que esto tenga efecto”, mantiene Henry, del Tax Justice Network, señalando que la multa de 1.300 millones de dólares era incluso deducible de impuestos.

Aunque los críticos acusan a Credit Suisse de negligencia, atribuyen gran parte de la culpa al gobierno suizo, responsable de un entorno normativo laxo y de leyes que castigan a quienes denuncian la corrupción.

Stefan Lenz, exfiscal federal helvético que investigó importantes casos de corrupción, señaló que hay muy pocas investigaciones que apuntan a los bancos suizos o a sus directivos por aceptar dinero ilícito. "Parece haber una falta de voluntad política y de recursos para la aplicación de la ley", indicó Lenz a OCCRP.

Andrey, el parlamentario del Partido Verde, insta al Gobierno a tomar medidas por el bien de sus ciudadanos. "Estoy orgulloso de ser suizo", dice. "Me duele que los bancos estropeen la reputación de mi país con este comportamiento".

“La gente está enojada con los escándalos que ya han salido a la luz, y no sabemos cuántos escándalos desconocidos habrá", concluye.

SE VENDE PRIVACIDAD

Un periodista de OCCRP contactó con Credit Suisse y preguntó si podía abrir una cuenta para un inversor de un país africano. Los representantes del banco fueron precavidos con lo que decían y preferían comunicarse por teléfono en lugar de correo electrónico. Desde el principio dejaron claro que lo que vendían era privacidad.

“Hay muy poca gente, incluso dentro del banco, que vaya a tener acceso a la información de su cuenta”, aseguró a los reporteros un vicepresidente de Credit Suisse.

“La información se trata estrictamente con reserva y es compartida sólo de ser necesario”, dijo otro banquero en un correo electrónico.

Aunque Credit Suisse todavía ofrece lo que denominan “relaciones numeradas” –con un costo de unos 3.000 euros al año–, el banco guió al inversor africano hacia otras opciones.

“Las cuentas numeradas son un servicio que gradualmente estamos retirando, ya que las protecciones que ofrecen han disminuido mucho en los últimos años”, afirmó un vicepresidente basado en Zurich, encargado de los mercados emergentes.

El secretismo de las cuentas numeradas recibió una serie de golpes en la década de 2010, cuando repetidos escándalos de evasión fiscal generaron una presión internacional para que Suiza compartiera información fiscal de los clientes con gobiernos extranjeros. Aunque ese acuerdo excluía a países en desarrollo, a los que Credit Suisse calificó como sus mayores objetivos de mercado.

Altos ejecutivos de Credit Suisse propusieron varias alternativas a las cuentas numeradas en su presentación al potencial cliente, entre ellas la de colocar su dinero en un trust.

Los trusts son un vehículo financiero común en numerosas jurisdicciones, pero están en el punto de mira de quienes abogan por la transparencia porque permiten a los verdaderos dueños ocultarse detrás de apoderados, que pueden actuar como accionistas y directores.

En la presentación, Credit Suisse indicó que su personal puede actuar como apoderados, como directores de fideicomisos (trusts), holdings (grupo de empresas) y de cuentas bancarias. Estas se pueden también registrar a nombre de compañías holdings anónimas. Este servicio crearía capas legales de propiedad que permitirían a individuos adinerados distanciarse de su fortuna.

Los trusts no eran comunes en Suiza hasta hace poco. En buena medida porque el secreto bancario jugaba ese papel. Pero eso puede estar a punto de cambiar. El mes pasado, Suiza introdujo un nuevo borrador de ley que puede permitir a los banqueros crear trusts por primera vez.

Sébastien Guex, profesor de Historia en la Universidad de Lausana que estudia el sistema bancario suizo, señaló que esto era una reacción directa a los nuevos acuerdos de intercambio de información fiscal que exponían la riqueza almacenada en los bancos suizos a un mayor escrutinio.

“Los bancos suizos han encontrado soluciones que les permitirán continuar escondiendo la riqueza de los clientes más interesantes, aquellos que traen los mayores beneficios, por ejemplo los famosos ultrarricos”, dijo a The Guardian.

“Estas soluciones implican la creación de sistemas de evasión fiscal para su clientela basados en fundaciones familiares o, más aún, en la institución legal anglosajona, el trust”, concluyó."    

( OCCRP / Süddeutsche Zeitung, InfoLibre, 20 de febrero de 2022)

 

"¿Qué es ‘Suisse Secrets’? Todo lo que necesitas saber sobre la filtración del banco suizo.

 1. ¿Qué es Suisse Secrets?

Suisse Secrets es una investigación internacional sobre uno de los bancos más ricos e importantes del mundo.

Más de 160 periodistas, de 48 medios de comunicación en 39 países de todo el mundo analizaron durante meses información sobre cuentas bancarias filtradas de Credit Suisse, la segunda entidad financiera de Suiza. La filtración incluyó más de 18.000 cuentas, que entre todas llegaron a reunir más de 100.000 millones de dólares. Es la única filtración periodística conocida de datos de clientes de un gran banco suizo.

Suiza es un destino muy conocido para el dinero del mundo entero, en parte por sus leyes sobre el secreto bancario. Tener una cuenta en un banco suizo no es algo irregular. Pero se supone que los bancos tienen que evitar los clientes que obtuvieron dinero ilegalmente o que están implicados en delitos. Esta investigación identificó docenas de funcionarios o políticos corruptos, delincuentes y violadores de los derechos humanos entre los titulares de cuentas en Credit Suisse.

A pesar de su notoriedad –que en algunos casos era obvia con una simple búsqueda en Google– algunos de esos clientes mantuvieron sus relaciones con Credit Suisse durante años. Aunque es posible que algunas cuentas hayan sido congeladas por las autoridades.

El proyecto Suisse Secrets investiga los titulares de estas cuentas, cuyo uso del secreto bancario suizo es un ejemplo de cómo la industria financiera internacional permite en ocasiones el robo y la corrupción. A lo largo de los años, Credit Suisse ha prometido una y otra vez reformar sus prácticas de debida diligencia. Este proyecto resalta la necesidad de aumentar la responsabilidad del sector.

Los datos de Suisse Secrets fueron obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que coordinó el proyecto junto con Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Este es el listado de medios y organizaciones que participan en Suisse Secrets:

1. Africa Uncensored (Kenia), 2. Alqatiba.com (Túnez), 3. Armando.info (Venezuela), 4. Center for Investigative Reporting (Bosnia y Herzegovina), 5. Confluence Media (India) ,6. Depeches du Mali (Malí), 7. Diario Rombe (Guinea Ecuatorial), 8. Efecto Cocuyo (Venezuela), 9. Expresso (Portugal), 10. Fact Focus (Pakistán), 11. Hetq (Armenia), 12. Impact.sn (Senegal), 13. Infobae (Argentina), 14. infoLibre, 15. Interferencia de Radioemisoras UCR (Costa Rica), 16. Investico (Países Bajos), 17. Investigative Reporting Lab (Macedonia del Norte), 18. IrpiMedia (Italia), 19. Kloop (Kirguistán), 20. KRIK (Serbia), 21. L'Evénement (Níger), 22. La Nación (Argentina), 23. La Stampa (Italia), 24. Le Monde (Francia), 25. Le Soir (Bélgica), 26. Miami Herald (Estados Unidos), 27. NewsHawks (Zimbabue), 28. Norddeutscher Rundfunk (Alemania), 29. OCCRP, 30. Piaui (Brasil), 31. Prachatai ,(Tailandia), 32. Premium Times (Nigeria), 33. Profil (Austria), 34. Reporter.lu (Luxemburgo), 35. Shomrim (Israel), 36. Slidstvo.info (Ucrania), 37. Süddeutsche Zeitung (Alemania), 38. Sveriges Television (Suecia), 39. The Guardian (Reino Unido), 40. The Namibian (Namibia), 41. The New York Times (Estados Unidos), 42. The News (Pakistán), 43. Trece Costa Rica Noticias (Costa Rica), 44. Turkmen News (Turkmenistán), 45. Twala.info (Argelia), 46. Verdade (Mozambique), 47. Vlast (Kazajistán), 48. Westdeutscher Rundfunk (Alemania)

2. ¿De dónde salen los datos? ¿Qué se sabe de ellos?

Hace más de un año, una fuente anónima facilitó los datos de Suisse Secrets al periódico alemán Süddeutsche Zeitung. No se sabe nada sobre la identidad de la fuente.

Sin embargo, la fuente proporcionó una declaración en la que explicaba sus motivaciones. Entre otras cosas indicaba lo siguiente:

"Creo que las leyes del secreto bancario suizo son inmorales. El pretexto de proteger la privacidad financiera no es más que una hoja de parra que cubre el vergonzoso papel de los bancos suizos como colaboradores de los evasores fiscales. [...] Esta situación permite la corrupción y priva a los países en desarrollo de unos ingresos fiscales más que necesarios”.

“Quiero subrayar que la responsabilidad de esta situación no recae sobre los bancos suizos, sino más bien sobre el sistema jurídico suizo. Los bancos simplemente están siendo buenos capitalistas al maximizar los beneficios dentro del marco legal en el que operan. En pocas palabras, los legisladores suizos son responsables de permitir los delitos financieros y, en virtud de su democracia directa, el pueblo suizo tiene el poder de hacer algo al respecto”.

Soy consciente de que tener una cuenta offshore en un banco suizo no implica necesariamente evasión fiscal o cualquier otro delito financiero. Estoy seguro de que algunas de las cuentas tienen una razón legítima para existir o que han sido declaradas a las autoridades fiscales, cumpliendo con la legislación pertinente. Sin embargo, es probable que un número importante de estas cuentas se haya abierto con el único propósito de ocultar el patrimonio de su titular”.

La declaración completa fue publicada por el Süddeutsche Zeitung en inglés y en alemán. Aquí puedes consultarla en español.

3. ¿Qué contienen los datos filtrados?

Los datos filtrados incluyen información sobre más de 18.000 cuentas de Credit Suisse y 30.000 titulares de las mismas (algunas personas son titulares de varias cuentas, mientras que muchas cuentas son controladas por varias personas).

La información sobre cada cuenta incluye: el número de cuenta, el nombre del titular o de los titulares, las fechas de apertura y de cierre y el importe máximo que se registró en la cuenta. No se indica si son cuentas corrientes, de ahorro o de inversión.

Credit Suisse tiene múltiples filiales y además ha adquirido varios bancos a lo largo de los años. Los datos no indican si algunas de estas cuentas se abrieron en uno de esos otros bancos antes de ser trasladadas a Credit Suisse, o si pertenecen a una filial. En esta investigación se hace referencia a todas las cuentas como "Credit Suisse".

Una parte de los titulares de las cuentas son personas físicas, mientras que otros son entidades jurídicas, en su práctica totalidad empresas. Estos titulares están domiciliados en más de 120 jurisdicciones diferentes y representan más de 160 nacionalidades.

La cantidad total de dinero en las cuentas, teniendo en cuenta el importe máximo, llegó a superar los 100.000 millones de dólares (unos 88.000 millones de euros al cambio actual). El importe medio de las cuenta asciende a 7,5 millones de francos suizos en su punto más alto, pero más de una docena de cuentas concentraron más de 1.000 millones de francos suizos (unos 960 millones de euros a día de hoy). Estas cifras sólo indican el pico monetario que alcanzó una cuenta, no la cantidad total de dinero que se movió a través de las mismas a lo largo de los años. Ese dato se desconoce, pero es probable que sea mucho mayor.

Los datos de la filtración no llegan hasta la actualidad, aunque muchas de las cuentas permanecieron abiertas hasta bien entrada la década pasada. Los años con más aperturas de cuentas fueron 2007 y 2008. El año de mayor cierre de cuentas fue 2014, que coincide con la introducción de una nueva normativa en Suiza de intercambio automático de información fiscal de clientes con residencia en el extranjero. La cuenta media estuvo abierta por un periodo de 11 años.

4. ¿Por qué no hay clientes de algunos países en los datos?

Aunque los datos filtrados de Credit Suisse incluyen información sobre clientes de más de 120 jurisdicciones, hay pocos titulares de algunos países, entre ellos algunos de los más poblados del mundo como Estados Unidos, Rusia, China y Brasil. Y lo mismo ocurre con España.

Aunque la razón no es del todo clara, buena parte de los clientes incluidos en la filtración son de países que no firmaron el Estándar Común de Información (Common Reporting Standard / CRS), una iniciativa mundial contra la evasión fiscal que exige a los países el intercambio automático de información bancaria básica con las autoridades fiscales. Algunos países que aparecen en los datos firmaron el CRS hace pocos años.

Esta hipótesis la confirmaría el hecho de que los nacionales de países poco representados que aparecen en la filtración, en ocasiones residían en Estados que no habían firmado el CRS cuando abrieron cuentas en el banco.

Los países que aparecen con mayor frecuencia en los datos, como Egipto, Ucrania y Venezuela, aún no se han comprometido a intercambiar información en el marco del CRS.

Un caso atípico es el de Estados Unidos. No firmó el CRS, pero hay pocos ciudadanos en la filtración. Sin embargo, Estados Unidos tiene numerosos tratados fiscales bilaterales, incluido uno con Suiza, que le da a las autoridades fiscales acceso mutuo a información bancaria de clientes sospechosos de evasión fiscal y otros delitos financieros. 

5. ¿Cómo se ha comprobado la veracidad de los datos? ¿Qué sabemos y qué no sabemos?

Los periodistas pasaron meses cotejando los datos con otras fuentes, como registros mercantiles, boletines oficiales, expedientes judiciales, investigaciones penales y entrevistas con expertos.  

En docenas de casos, los números de cuenta de la filtración coinciden con cuentas identificadas en documentos externos. Las fechas de nacimiento de más de 150 titulares de cuentas en la filtración también son las mismas que las que hay en registros públicos.

Los periodistas también confirmaron la existencia de algunas cuentas de Suisse Secrets en otras dos filtraciones de datos bancarios, obtenidas años antes.

Las cuentas de los hijos de un alto funcionario de Azerbaiyán y uno de sus socios aparecen en las bases de datos de los proyectos Troika y Azerbaiyán, dos grandes sistemas de blanqueo de capitales revelados por OCCRP. Los registros de transacciones muestran que empresas pantalla asociadas al blaqueo de capitales enviaron millones de dólares a cuentas de Credit Suisse durante varios años.

Los periodistas también se pusieron en contacto con clientes cuya información se filtró. En varios casos, confirmaron la existencia de las cuentas.

Amparándose en la confidencialidad de su relación con los clientes, Credit Suisse ni confirmó ni negó la veracidad de los datos filtrados.

Sin embargo, y se trata de una limitación importante, los periodistas no pudieron establecer si las cuentas que examinaron fueron congeladas en algún momento. Algunos clientes afirmaron que sus cuentas habían sido congeladas, pero no hay un patrón claro en los datos que permita proyectar estos casos a toda la filtración.

6. ¿Cómo seleccionaron los periodistas la información que iban a publicar? ¿Qué pasa con la privacidad?

Abrir una cuenta en un banco suizo no es un delito, y todos los periodistas que trabajaron en este proyecto lo tenían muy presente. En el periodismo responsable, no hay justificación para publicar datos bancarios privados sin un interés público evidente.

Por eso el proyecto Suisse Secrets usó los datos filtrados –que nunca se publicarán en bruto– sólo como punto de partida.

Los periodistas pasaron meses confirmando la veracidad de la filtración e investigando a los clientes de Credit Suisse. Sólo se publicaron artículos cuando había razones para sospechar que los clientes estaban usando el sistema bancario suizo para ocultar fondos. Se usó un criterio editorial conservador y se decidió no informar sobre cientos de cuentas que planteaban dudas.

Se decidieron publicar aquellos casos que se referían a clientes que se sabía que eran de alto riesgo: personas expuestas políticamente (PEP), acusadas o condenadas por delitos graves, o con un historial de conexiones con paraísos fiscales. Por tanto, se excluyó íntegramente de la investigación a todas aquellas personas con un perfil privado, sin ningún tipo de proyección pública.

Un ejemplo es el de Rodoljub Radulović, capo de uno de los principales cárteles de narcotráfico de Europa del Este, que encabeza el traficante serbio Darko Sarić. Radulović abrió una cuenta en Credit Suisse a pesar de un largo historial de escándalos financieros en Estados Unidos. Luego usó esa cuenta para lavar más de tres millones de euros del narcotráfico, según fiscales serbios.

Otro caso es el de Eduard Seidel, que fue alto ejecutivo de la compañía alemana Siemens en Nigeria. Sus cuentas acumularon decenas de millones de francos suizos. A pesar de que su rol en un importante escándalo de sobornos en Nigeria ya era conocido, dos cuentas suyas permanecieron abiertas durante casi una década.

También está el caso de Muller Conrad Rautenbach, un magnate minero que se ha jactado abiertamente de estar dispuesto a pagar sobornos para llegar a la cima. Estados Unidos y la Unión Europea lo han sancionado. Pero abrió cuentas con altas sumas de dinero en Credit Suisse, incluso después de que la ONU advirtiera sobre sus supuestos vínculos con acuerdos mineros corruptos en la República Democrática del Congo.

El panorama más amplio que une todos estos casos es el de una importante institución financiera que permitió a sus clientes ocultar activos blanqueados o robados. Casi todas las historias se basan en información disponible públicamente, lo que significa que el departamento de debida diligencia (due dilligence) de Credit Suisse también tendría que haberlo sabido.

"Todo el mundo debería tener algún tipo de acceso al sistema bancario", sostiene Graham Barrow, especialista en delitos financieros. "Lo que no debería poder hacer es usar el sistema bancario para introducir riqueza adquirida de forma corrupta y legalizarla".

Al final, el objetivo del periodismo de investigación es identificar y exponer los fallos del sistema. En los últimos 20 años, más de una docena de grandes escándalos ligados a corrupción, evasión fiscal, blanqueo de dinero u otros delitos de sus clientes han involucrado a Credit Suisse. En el pasado, el banco pagó múltiples multas y llegó a varios acuerdos con las autoridades. Y de manera periódica, prometió reforzar sus prácticas de cumplimiento. Pero los escándalos no han parado.

7. ¿Cuál es la responsabilidad de un banco respecto a sus clientes?

Los periodistas hablaron con múltiples expertos financieros, reguladores y conocedores de la banca sobre las precauciones que Credit Suisse debería haber tomado para prevenir la llegada de clientes sospechosos.

Ross Delton, abogado estadounidense y experto en lucha antiblanqueo, destaca que no se prohíbe que las personas de alto riesgo y políticamente expuestas abran cuentas, pero deben ser objeto de un mayor escrutinio. “Hay que examinar el origen de su patrimonio y un alto directivo debe aprobar su incorporación”, explica.

En cuanto a las personas condenadas por corrupción, "ese es un nivel totalmente diferente". "En ese caso, la cuestión debería ser si se acepta al cliente", indica Delton. Lo mismo ocurre con las personas condenadas por narcotráfico, que aparecen en listas de sanciones o tienen alertas de la Interpol.

"Aunque a los bancos no les gusta decir que no, se supone que tienen que decir que no", afirma Delton. "La probabilidad de que el banco se use para blanquear dinero es en estos casos tan alta que, para empezar, la cuenta no debería abrirse".

Otros especialistas señalan por qué instituciones como Credit Suisse pueden llegar a ignorar estas normas. "Los bancos pueden hacer el cálculo de que ganarán más dinero por tener ese negocio que lo que les costará en reputación", sostiene Graham Barrow, especialista en delitos financieros.

Otra cuestión pertinente para un banco del tamaño de Credit Suisse es el grado de responsabilidad que debe asumir a la hora de adquirir nuevos clientes mediante fusiones. Por ejemplo, en marzo de 2013 entraron al banco 13.000 millones de dólares en activos de clientes de alto valor de la división de gestión de Morgan Stanley.

Monika Roth, abogada y jurista suiza especializada en legislación del mercado financiero y delitos de cuello blanco, declara que no hay un plazo oficial para que un banco realice controles sobre los clientes procedentes de una fusión. “Pero el banco sigue siendo responsable del riesgo de incorporarlos'', añade.

"Cuanto más exótico sea el lugar, más susceptible de corrupción, más vulnerable el país de origen o de residencia del cliente. Cuanto más alto sea el patrimonio aportado, más rápido hay que hacerlo", indica.

"Normalmente, antes de que se apruebe la fusión, debería haber una amplia investigación, incluso sobre los riesgos de blanqueo de capitales", destaca Maira Martini, de Transparencia Internacional. "No es justificable decir que no eran conscientes [de los riesgos de blanqueo] porque los clientes venían de otro banco".

8. ¿Qué dicen los expertos que hay que cambiar?

Muchos expertos financieros consultados sobre Credit Suisse y los clientes dudosos identificados por los periodistas sugirieron que el problema no son solo fallos en los procesos de debida diligencia del propio banco. Señalaron la debilidad de la normativa en todo el sector bancario suizo.

Hervé Falciani, un ingeniero de sistemas franco-italiano al que se le atribuye haber expuesto a más de 130.000 presuntos evasores fiscales que eran clientes de la división suiza de HSBC, es tajante: "El sistema es el problema".

“La única forma de sacar a la luz sus fechorías es encontrar la manera de penetrar el velo de secreto que lo protege”, denuncia.

"¿Ve usted una semana sin un escándalo, un escándalo fiscal o un escándalo de blanqueo de capitales en el que no se mencione a Suiza?", se pregunta retóricamente Sebastian Geux, un historiador suizo que ha estudiado el sector bancario de su país durante casi cuatro décadas.

El problema básico, según los especialistas, es la aplicación insuficiente de la normativa.

James Henry, economista y asesor de Tax Justice Network (Red por la Justicia Fiscal), explica que la "sanción básica" para los bancos que operan en Suiza es el pago de una multa. Pero "esto es sólo un error de redondeo" que trasladan a sus clientes o algo que tratan como "el coste de hacer negocios".

En 2014, Credit Suisse pagó una multa de 2.600 millones de dólares del Departamento de Justicia de Estados Unidos por "una conspiración para ayudar a los evasores fiscales de Estados Unidos". Esa sanción era deducible de impuestos, recuerda Henry. Nadie fue a la cárcel y nadie perdió su licencia bancaria. "Algunos directores generales tienen que ir a la cárcel", apunta. "Tienen que ir a la cárcel de verdad para que esto les afecte".

La legislación suiza también dificulta que los periodistas informen sobre delitos financieros.

El artículo 47 de la Ley Bancaria suiza pone a los periodistas del país en riesgo de ser procesados por la mera posesión de datos bancarios privados, aunque no los lleguen a publicar. Por esta razón, Tamedia, un grupo mediático suizo, decidió no participar en la investigación de Suisse Secrets.

"Esta ley es una restricción masiva de la libertad de prensa en Suiza", denuncia Arthur Rutishause, director de Tamedia. "Sólo sirve para censurar e intimidar a los medios de comunicación. La ley puede proteger a los delincuentes y sus bienes. Los periodistas que intentan desenmascararlos se arriesgan a un proceso penal".

9. ¿Cuál es el punto de vista de Credit Suisse? ¿Cómo ha respondido el banco?

En respuesta a una lista detallada de preguntas enviadas por los periodistas de Suisse Secrets, el banco proporcionó la siguiente declaración:

"Credit Suisse rechaza enérgicamente las acusaciones e inferencias sobre las supuestas prácticas comerciales del banco. Los asuntos presentados son predominantemente históricos, en algunos casos se remontan a la década de 1970, y los relatos de estos asuntos se basan en información parcial y selectiva sacada de contexto, lo que resulta en interpretaciones tendenciosas de la conducta comercial del banco. Si bien Credit Suisse no puede hacer comentarios sobre posibles relaciones con clientes, podemos confirmar que se han tomado medidas de acuerdo con las políticas y los requisitos normativos aplicables en los momentos pertinentes, y que ya han sido atendidas las cuestiones relacionadas.

Como institución financiera líder a nivel mundial, Credit Suisse es profundamente consciente de su responsabilidad, ante los clientes y el sistema financiero en su conjunto, de garantizar que las normas de conducta más estrictas se mantengan. Estas acusaciones de medios de comunicación parecen ser un esfuerzo concertado para desacreditar al banco y al mercado financiero suizo, que ha experimentado cambios significativos en los últimos años. En consonancia con las reformas financieras en todo el sector y en Suiza, Credit Suisse ha adoptado una serie de importantes medidas adicionales en la última década, incluyendo inversiones considerables en la lucha contra la delincuencia financiera. En todo el banco, Credit Suisse sigue reforzando su marco de cumplimiento y control, y como hemos dejado claro, nuestra estrategia sitúa la gestión del riesgo en el centro de nuestro negocio".

Credit Suisse también proporcionó respuestas adicionales sobre varios temas. Tras lo que el banco describió como una "revisión preliminar" de "un gran volumen de cuentas" sobre las que los reporteros hicieron preguntas, el banco señaló que "más del 90 por ciento" están ahora "cerradas o en proceso de cierre".

"En cuanto a las cuentas activas restantes", escribió un portavoz de Credit Suisse, “estamos convencidos de que se han adoptado las debidas diligencias, revisiones y otras medidas de control, incluyendo los cierres de cuentas pendientes”.

Dicho portavoz escribió que Credit Suisse tiene “una estricta política de tolerancia cero frente a la evasión fiscal”, “sólo desea tratar con clientes que cumplan con los requisitos fiscales” y “ha implementado numerosos programas de cumplimiento fiscal de clientes que abarcan múltiples jurisdicciones”.

En cuanto a la prevención del blanqueo de capitales, el representante escribió que Credit Suisse cuenta con "estrictos mecanismos de control" y “lleva a cabo una revisión de nombres de acuerdo con los estándares del sector (...) tanto al abrir las cuentas como durante su existencia”.

“En los casos en los que identificamos cualquier relación que hubiera podido ser usada para el blanqueo de dinero u otras actividades ilícitas, tomamos medidas rápidas y decisivas”, destacó el portavoz.

Credit Suisse también enumeró una serie de iniciativas de gestión de riesgos que "ya se han completado o están en curso" como parte de una "revisión de riesgos a gran escala en todo el banco" que tuvo lugar en 2021. Entre ellas se encuentran:

● “Revisión de los riesgos fundamentales, examinando cómo se evalúan, gestionan y controlan en todo el grupo”.

● “Definición clara de las funciones, responsabilidades y rendición de cuentas en todas las divisiones, ya que Credit Suisse sigue aplicando los esfuerzos de corrección iniciados a principios del año 2021”.

● “Desarrollo de herramientas y procesos para mejorar la rendición de cuentas y la propiedad de las empresas, como primera línea de defensa para riesgos y controles”.

● “Revisión del proceso y la estructura de compensación, incorporando la sensibilidad al riesgo en el desempeño y objetivos no financieros en las evaluaciones mejoradas de rendimiento”.

● “Fomento de una cultura que refuerce la importancia de la responsabilidad personal”.

Citando la legislación suiza sobre el secreto bancario, la entidad no proporcionó ninguna respuesta sobre los clientes específicos identificados por los reporteros como problemáticos.

"Seguiremos analizando los asuntos y tomaremos medidas adicionales si es necesario", añadió el representante de Credit Suisse.

10. ¿Cuál es la respuesta de OCCRP a las críticas de Credit Suisse?

En última instancia, los bancos occidentales como Credit Suisse manejan la mayor parte del dinero criminal y corrupto del mundo. Por lo tanto, tienen la cuota de responsabilidad más grande para identificarlo y restringirlo. Credit Suisse reconoce que está obligado a seguir procedimientos estrictos que ayuden al banco a entender quiénes son sus clientes y a verificar que sus fuentes de ingresos son legítimas. Cuando el banco no lleva a cabo esta debida diligencia, la delincuencia y la corrupción se vuelven más fáciles, más lucrativas y más exitosas. Y lo denunciaremos.

Lo hacemos porque el secreto financiero es más que una abstracción académica: el dinero opaco significa poder opaco. Cuando el dinero corrupto puede fluir sin obstáculos en el sistema financiero, hay más delincuencia, más extremismo y se debilitan más las normas democráticas. El dinero negro es considerado ya por muchos países como un importante problema de seguridad nacional. 

El sistema suizo, que valora el secreto por encima de la responsabilidad, es especialmente propenso al mal uso. Los bancos suizos tienen un largo historial de aceptación de clientes nocivos, desde los nazis hasta algunos de los peores dictadores del mundo moderno. Se han comprometido en múltiples ocasiones –y de hecho han actuado– para eliminar muchos clientes sospechosos de sus listas. Estas actuaciones son positivas. Pero sólo rinden cuentas a un sistema regulador constreñido por leyes de confidencialidad y a un gobierno que da prioridad al secreto. La filtración de datos en la que se basa el proyecto Suisse Secrets representa una oportunidad única para que los periodistas exijan responsabilidades a este sistema.

Creemos que las docenas de ejemplos que citamos plantean serias dudas sobre la eficacia y el compromiso de Credit Suisse para cumplir con sus responsabilidades. Sin dar información que lo corrobore, Credit Suisse afirma que resolvió el "90 por ciento" de los casos que les planteamos. Incluso si aceptamos eso, aún hay una serie de presuntos corruptos o criminales que tienen cuentas en Suiza. Y hablamos sólo de casos por los que preguntaron los periodistas. Podría haber muchos más.  

Credit Suisse también señaló que los casos sobre los que escribimos son "históricos". Pero eso es irrelevante. Nuestros datos muestran que el banco conservó clientes durante años, a pesar de que se sabía que habían sido acusados de crímenes graves o eran familiares de personas poderosas en regímenes autocráticos. En algunos casos, los titulares de cuentas que aparecen en los datos confirmaron que esas cuentas siguen abiertas.

Incluso muchos empleados de Credit Suisse que tuvieron contactos con periodistas de esta investigación, indicaron que hay normas especiales en el banco para los clientes más ricos, con independencia de su posible historial delictivo, y que no se ha hecho lo suficiente para eliminar los fondos ilícitos. 

Una de las personas creyó eso con fuerza y pasó a la acción: la fuente que filtró los datos bancarios."     (OCCRP / infoLibre, 20 de febrero de 2022)