Villarejo vuelve a señalar a Rajoy y revela que tenía dos números de teléfono para informarle sobre Kitchen

 "Señala que el propio Cosidó le dijo que dejara todo "por un asunto muy urgente" y que el propio presidente tenía interés personal.

 El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha enviado un nuevo escrito al juez de la Audiencia Nacional que instruye la pieza separada 'Kitchen' en el que afirma que le dieron dos teléfonos de contacto con el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy para que pudiera tener una "interlocución directa" con él y así evitar posibles discrepancias entre lo que le llegaba a través de la cadena de mando y lo que él como agente de inteligencia transmitía.

En un escrito de 19 páginas redactado por el propio Villarejo, que ejerce su propia codefensa, y al que ha tenido acceso Europa Press, el comisario indica que esa línea directa con Rajoy era para evitar lo que ocurrió en la 'operación Cataluña', cuando surgió "más de una discrepancia" entre lo que él aportaba y lo que realmente le llegaba al presidente.

Sobre su entrada en la operación Kitchen, el operativo que se organizó para supuestamente sustraer información sensible al PP que estaba en poder de su extesorero Luis Bárcenas, indica que se produce con posterioridad al comienzo de la misma y ante el fracaso de otros en captar "fuentes humanas". Cabe recordar que en este operativo se logró que el chofer de la familia de Bárcenas, Sergio Ríos, fuera confidente.

 Según el comisario, fue el entonces director general de la Policía Ignacio Cosidó quien le comunicó que dejara todos los temas que estuviera haciendo "por un asunto muy urgente" y que el propio Rajoy tenía interés personal. Le añadió, siempre según él, que el director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino le pondría al corriente de ello.

Así, recuerda, entendió que era continuación de su intervención la 'Operación Cataluña' porque se daban "los mismos intervinientes, paralelos procedimientos y similares objetivos, en una nueva actuación donde el presidente del Gobierno volvía a querer estar informado puntualmente, casi a diario".

Al hilo, Villarejo añade que como en otras ocasiones la Unidad de Asuntos Internos (UAI) le daba apoyo con vigilancias e incluso con seguridad en las citas programadas, y que era el entonces jefe Marcelino Martín Blas quien coordinaba personalmente el manejo de fondos reservados "pagando él a ciertos colaboradores".

Sus interlocutores "paralelos"

Por otro lado, explica que como interlocutores tenía tanto al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, además del DAO y agentes del CNI. Como "interlocutores paralelos" cita a la Presidencia, a la entonces secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y "colateralmente" a la vicepresidenta del Gobierno que era Soraya Sáenz de Santamaría "por otros contactos".

 Además, en su escrito --que dice que sirve como adelanto a su declaración del día 2 de julio-- apunta que al igual que ocurrió en Cataluña, "en Kitchen había interés del PP por lo que le concernía como partido del Gobierno, pero también razones de Estado, en función de localizar y en la medida de lo posible neutralizar lo que afectaba a sus más altas Instituciones".

Sobre esa operación Cataluña, apunta que le molestó que la información que él fue facilitando sobre la familia Pujol, "lejos de ponerla a disposición judicial, se utilizaba para negociar con el ex president de la Generalitat", Jordi Pujol. Según explica, esto propició que tuviera "varios encuentros muy tensos" con Martínez donde le advirtió de que, si no iban a considerar judicializar la información que les aportaba, deberían abonarle al menos los gastos por esa "actividad para ellos privada".

Al hilo, se arroga que, gracias a sus notas incluidas en un borrador de la UDEF, CIU cayera de 62 escaños a 50, y que eso sirvió para neutralizar "los planes independentistas que el clan Pujo pilotaba". Apunta que dado su éxito no le extrañó que le volvieran a llamar "ya que fue felicitado por todos los interlocutores por el resultado de sus trabajos en Cataluña, incluso por el propio Rajoy.

Sobre esa felicitación, indica que el expresidente lo hizo de forma "discreta y privadamente a través del teléfono de Cospedal. Y añade que ahora que ha recobrado la libertad tras permanecer más de tres años en prisión provisional ha podido localizar uno de los dos números de teléfono que en su día le facilitaron para contactar directamente con el presidente Rajoy.

El papel del CNI

Este apunte va en la línea de lo que declaró ante la Comisión Kitchen en el Congreso de los Diputados, cuando subrayó que se mensajeaba desde un teléfono con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre la evolución de la 'Operación Kitchen', cuyo encargo ya vinculó con la cúpula de la Policía y del Ministerio del Interior por el interés para captar información que tenía Bárcenas relacionada con el PP y también "altas instituciones del Estado".

Por otro lado, el comisario asevera que el CNI llevó a cabo vigilancias a los Bárcenas, y que coincidieron con agentes de la UCAO y de Asuntos Internos, lo que provocó ciertos roces porque el servicio secreto no compartía información con el resto de cuerpos. Indica además que éstos tenían acceso directo a la vida diaria de Bárcenas a través de Instituciones Penitenciarias y que incluso infiltró a presidiarios con identidades falsas.

Este hecho lo relaciona además con el intento de envenenamiento que describió en su última declaración el propio Bárcenas, y con el que dice haber sufrido él en la cárcel de Estremera.

En el escrito, Villarejo solicita al juez que le devuelvan sus diarios, agendas, que le fueron requisados en el registro de octubre de 2020 en el marco de la pieza separada número 28 o al menos que pueda consultarlos en su domicilio sin necesidad de tener que acercarse al juzgado. Y recuerda que en ellos hay datos sensibles que él ha ido anotando como agente de inteligencia.

"Que, también es incoherente, que los diarios personales, que contienen anotaciones de operaciones oficiales, contactos con miembros del CNI y otros datos relevantes, estén a disposición de todas las partes y no sea materia clasificada secreta, pero sí todas sus notas", apunta en referencia a unos apuntes que permanecen bajo secreto.

Pide nuevas declaraciones

Tras las alegaciones, el comisario interesa que el juez incorpore a la pieza la delcaracón judicial del inspector Manuel Morocho respecto a la presión sufrida por Asuntos Internos para evitar su trabajo de investigación en la causa Gürtel, y pide un careo suyo con ex altos cargos de Interior a los que acusa de mentir "a cambio de no ser acusados".

También pide la comparecencia de responsables del CNI, se refiere en más de una ocasión al exjefe de los espías españoles Félix Sanz Roldán, que a lo largo de estos años han coordinado labores de acción con él, y detalla que se debe citar a la actual secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, al agregado de la Embajada en Londres y el actual responsable de Inteligencia.

Por último, solicita al juez poder disponer de dinero que le permita poder hacer frente a gastos de hipotecas y préstamos, y apunta que "como consecuencia de estas medidas injustificadamente crueles y coercitivas, que solo buscan el estrangulamiento total de la economía familiar" se están ejecutando por impago, lo que supone pérdida de propiedades de manera gratuita y sin que exista condena alguna que lo justifique."                   (El Plural, 29/06/21)

Villarejo: "La operación Kitchen es imposible sin Rajoy"

 "La Cadena SER ha tenido acceso al audio íntegro del interrogatorio practicado el viernes pasado como imputado al comisario jubilado, José Manuel Villarejo, quien compareció ante el juez que instruye la operación Kitchen, el titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón.

 Más de tres horas y media ante el magistrado en las que detalló la supuesta participación de la cúpula del PP y del Gobierno, así como de agentes de la policía política y el CNI en la trama desarrollada entre 2013 y 2015 para robar y destruir las pruebas que guardase Bárcenas y pudieran perjudicar a la formación conservadora o a sus dirigentes en el caso de su caja b.

 Operación e implicaciones que cada vez cobran mayor verosimilitud para los investigadores, al cruzar las confesiones con las declaraciones de otros testigos y con las 13 agendas incautadas al comisario, un exhaustivo diario personal de la época investigada por la justicia, al que conceden credibilidad.

 En su declaración, Villarejo inculpó al presidente del Gobierno cuando tuvieron lugar los hechos, Mariano Rajoy. Dijo que es captado por el director de la Policía, Ignacio Cosidó, ante el "gran interés" de Rajoy, y que es "imposible" por su experiencia en labores de inteligencia, que una operación de tal calado fuera ejecutada sin la autorización del presidente.

 E insiste el comisario jubilado. Imposible sin Rajoy, Fernández Díaz y Soraya Sáenz de Santamaría.

 Villarejo sostiene que le facilitaron dos números de teléfono para informar directamente al presidente, ante la desconfianza de éste en el ministro Jorge Fernández Díaz, y se comprometió ante el juez a facilitar el número de contacto para que pueda investigarlo. Dice Villarejo que no recuerda si fue el Centro Nacional de Inteligencia o la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien a través de Sáenz de Santamaría, le facilitó los números para contactar con Rajoy.

 El comisario jubilado manifestó que los mensajes por sms con Rajoy eran cortos. El presidente del Gobierno era quien tomaba la iniciativa y le pedía verificar determinadas informaciones sobre las pruebas que pudiera tener Bárcenas respecto al PP

 Villarejo añadió que estuvo "más de tres meses" enviándose mensajes con el presidente del Gobierno sobre la operación Kitchen.

 Además de los mensajes, Villarejo se reunía de forma periódica con Cospedal en la sede del PP para informarle sobre los avances del espionaje. Reuniones ratificadas por la propia Cospedal. Dice que la exsecretaria general interrumpía en ocasiones esas reuniones y subía al despacho de Rajoy para informarle sobre las pesquisas del comisario.

 Reuniones a las que el comisario jubilado llegaba en el coche oficial de la propia Cospedal, con lunas tintadas y a través del garaje para que no quedara constancia de sus visitas a la sede del PP.

 Villarejo asevera que el operativo Kitchen tuvo éxito al incautar información a Bárcenas sobre la caja b. Asegura que Cospedal tenía conocimiento de este extremo.

 Y añade que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se había quedado con una copia de lo aprehendido al extesorero, según le dijo Cospedal.

 Villarejo afirma que mantenía una relación estrecha con la exsecretaria general del PP, también imputada en la causa. Hasta tal punto que ella se comprometió a abonarle 300.000 euros en fondos reservados que le debían de la operación Cataluña.

 Y por ello anotó en su agenda, en diciembre de 2012, que Cospedal había prometido pagarle "50 más 100.000" euros, a través de su jefe de gabinete.

A preguntas del juez, Villarejo narró el papel de otros posibles protagonistas en la trama. Habló del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

 Del exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

 O del exdirector general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó.

 La intervención de distintos cuerpos policiales y de inteligencia en la Kitchen, tanto la Unidad de Asuntos Internos, como la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la policía o el CNI, provocó tensiones. Dice que había cierto pique sobre quién daba mejor información a Rajoy.

 Y que se vio obligado a intervenir porque había tantos cuerpos distintos siguiendo a Bárcenas al mismo tiempo, que aquello parecía "un rally de coches".

Uno de los ejemplos de esas tensiones fue cuando la policía detuvo al falso preso colombiano, supuesto colaborador del CNI en el operativo, que consiguió las claves para borrar de una nube informática las grabaciones de Bárcenas a Rajoy y Arenas. Según Villarejo, se inventaron una orden judicial falsa para detenerle. Ante la sorpresa del juez por la ilegalidad manifiesta, Villarejo responde con un lacónico "la vida es muy dura".

Villarejo, que se extendió en las supuestas responsabilidades de la cúpula política, fue esquivo al ser preguntado por distintos apuntes de sus agendas que le incriminan o a la hora de evaluar el grado de participación de varios de sus compañeros. Situó como una especie de mandado al Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, y exculpó al exjefe de la UDEF y del CITCO, José Luis Olivera."                  (Miguel Ángal Campos, SER, 06/07/21)

Soraya Sáenz de Santamaría ficha por el bufete de abogados Cuatrecasas. Cuatrecasas fue condenado por ocho delitos fiscales pero evitó la cárcel tras pactar con el fiscal y la Abogacía del Estado que dependía de Santamaría...

 "Cuatrecasas fue condenado por ocho delitos fiscales pero evitó la cárcel tras pactar con el fiscal y la Abogacía del Estado que dependía de Santamaría.

Emilio Cuatrecasas, líder del bufete por el que ha fichado Soraya Sáenz de Santamaría este lunes, es un viejo conocido de la crónica judicial barcelonesa. En 2015 este abogado, cuyo despacho es especialista en asesoría fiscal, fue condenado a ocho delitos contra la Hacienda pública. 

Tras un pacto con la Fiscalía al que no se opuso la Abogacía del Estado –que entonces dependía de la vicepresidencia del Gobierno que ostentaba Sáenz de Santamaría–, Cuatrecasas aceptó una pena de dos años de cárcel –que no cumplió– y una multa de 1,5 millones de euros tras haber devuelto al erario público 4,1 millones, correspondientes al importe defraudado más los intereses. 

En la sentencia de conformidad, que recogía el fraude admitido por el propio Cuatrecasas, se consideró probado que el abogado defraudó 3,02 millones de euros en los impuestos de IVA (827.590,3 euros), Sociedades (312.887,95), IRPF (775.492,88 euros) y Patrimonio (1.109.787,36 euros), entre los ejercicios fiscales de 2006 a 2008.

El acusado devolvió, como paso previo a aceptar la sentencia que le condenaba, toda la cantidad defraudad (3.025.758,54 euros) más unos intereses de 1.107.468,67 euros. El pacto entre los defraudadores y la acusación es habitual, ya que la Fiscalía de delitos económicos prioriza la devolución del dinero a lograr condenas penales de cárcel, mientras los condenados buscan atenuar la pena y salvar la cárcel mediante el pago de las cantidades defraudadas.

El mecanismo por el que se concretó el fraude consistió en consistió en deducir como gastos empresariales el coste de su propia vivienda, segundas residencias, un barco de recreo y su tripulación, que en realidad debían cotizar por los impuestos de Patrimonio, IVA, Sociedades e IRPF. En concreto, la sentencia señala que Cuatrecasas "desarrolló una sucesión de negocios simulados al objeto de eludir la debida tributación de los diferentes impuestos".

Por medio de contratos de arrendamiento, tanto las diferentes viviendas utilizadas por la familia (en Barcelona y el Valle de Aran y una finca del Empordà), el barco de recreo, el mobiliario y varios coches tributaron "como gastos vinculados a una actividad empresarial, consiguiendo con ello su deducción en la contabilidad de la sociedad, con el correspondiente ahorro fiscal y en perjuicio de la Hacienda Pública". destaca la sentencia.

Los contratos de alquiler con los que se articuló el fraude "comprendían los gastos por adquisición de mobiliario, electrodomésticos, decoración, consumos y mantenimiento en general, incluyendo el personal de servicio y la tripulación de la embarcación", señaló el fallo.

La sentencia resaltó además que por más Hacienda conociera los contratos y que Cuatrecasas no los ocultara, el método de tributación "constituyó una apariencia jurídica cuya única finalidad resultaba la indebida disminución de la carga fiscal que correspondía al acusado", esto es, pagar menos impuestos.

El caso arrancó en 2011 con una querella de la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona por fraude fiscal contra Cuatrecasas, que inicialmente fue archivada por el juzgado de instrucción, aunque la Audiencia de Barcelona reabrió el caso en septiembre de 2013, al entender que su entramado societario era simulado y sólo perseguía obtener beneficios fiscales. El pacto, además de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, también fue suscrito por la Generalitat, encargada de recaudar el impuesto de patrimonio."                    (Oriol Solé, eldiario.es, 11/03/19)

"Del hachazo a las renovables al banco malo: decisiones de Rajoy que beneficiaron al bufete que ha fichado a Sáenz de Santamaría.

 Cuatrecasas, la firma que este lunes anunció el fichaje de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría como socia y consejera, se ha beneficiado en los últimos años de varias decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy entre las que destacan los contratos que ha obtenido a raíz de los pleitos de inversores extranjeros contra España por los recortes del PP a las energías renovables y su papel en la creación y puesta en marcha del denominado banco malo (la Sareb). (...)

El bufete catalán, que se limita a señalar que sus clientes son públicos, siempre y cuando no exista cláusula de confidencialidad, logró también un hito al ser contratado en 2012 como asesor en la constitución de la Sociedad de Gestión de Activos de la Reestructuración Bancaria (Sareb), la entidad creada por el Gobierno de Rajoy para agrupar los activos tóxicos de la banca española, cuyo mayor accionista es el Estado a través del Fondo de Rescate bancario (45,8%).

Ese encargo contribuyó a que la firma pudiera cerrar 2012 con un ligero incremento de su facturación, a contracorriente del resto de la abogacía en España, en un año complicado para las firmas como consecuencia de las dificultades que entonces atravesaba la economía española. En ese ejercicio, una de las pocas alegrías para el sector fue la amnistía fiscal que benefició a más de 30.000 empresas y personas físicas, lo que tuvo su reflejo en las contrataciones de servicios de asesoría para acogerse a esa medida de gracia, posteriormente declarada inconstitucional.

Tras la creación del Banco Malo en noviembre de 2012, Cuatrecasas también asesoró a la Sareb en su posterior ampliación de capital y emisiones de bonos por un valor cercano a los 28.000 millones de euros. El bufete participó asimismo, junto a otras seis firmas, en la valoración (due dilligence) de los casi 200.000 activos inmobiliarios tóxicos que le fueron transferidos a Sareb, procedentes de las entidades nacionalizadas (Bankia, CatalunyaCaixa, Novagalicia y Banco de Valencia).

Se desconoce el importe al que ascendieron esos trabajos, que estarían recogidos en la partida de "servicios exteriores" de las cuentas anuales de Sareb. Esta pasó de algo menos de 5 millones en 2012 (cuando Sareb no tuvo actividad) a más de 298 millones en 2013 y 333 millones en 2014. (...)

Cuatrecasas logró su primer contrato con la Sareb tras asesorar al Ejecutivo de Rajoy en la implementación jurídica del Fondo de Financiación de Pago a Proveedores, dotado con un total de hasta 35.000 millones y destinado a sanear deudas pendientes de entidades locales y Comunidades Autónomas en "la mayor operación de financiación de la historia de España", tal y como destacó entonces la firma. Lo hizo prácticamente gratis, ya que realizó ese encargo por la cifra simbólica de un euro. 

Al mando del "consejillo"

La creación de Sareb o los recortes a las renovables no fueron responsabilidad directa de Santamaría. No obstante, como número dos de Rajoy y persona de la absoluta confianza del entonces presidente, la entonces vicepresidenta supervisó, frenó, impulsó y dio el visto bueno a todas las normas de los gobiernos del PP durante más de seis años como responsable de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el órgano al que en el seno de la Administración se conoce coloquialmente como "el consejillo", encargado de dar cada miércoles el visto bueno (o no) a lo que posteriormente se aprueba en el Consejo de Ministros.

La exvicepresidenta va a aterrizar en Cuatrecasas cuando no han pasado ni nueve meses desde su salida del Gobierno, tras cumplir con todos los trámites exigidos por la normativa aplicable a los altos cargos y al personal al servicio de las administraciones públicas en materia de incompatibilidades.

"Tiene que ganarse la vida, pero quizás es pronto para incorporarse", dice un antiguo compañero suyo en el cuerpo de abogados del Estado, que considera "raro" que Santamaría ni siquiera haya esperado los dos años que marca la Ley de Incompatibilidades, si bien el segmento al que se incorpora (Mercantil) "es el más neutro".

Su desembarco en la firma llega en un momento en el que Cuatrecasas, pese a mantenerse como segundo despacho de España por facturación tras Garrigues, no ha terminado de recuperarse del mazazo que supuso para su reputación la condena, en 2015, para su anterior presidente por ocho delitos contra la Hacienda pública.

Emilio Cuatrecasas se libró de pisar la cárcel gracias a un pacto con la Fiscalía al que no se opuso la Abogacía del Estado, que entonces tenía dependencia directa de Santamaría al estar adscrita a la subsecretaría de Presidencia, "sin perjuicio de su dependencia" del Ministerio de Justicia, en virtud de un Real Decreto de enero de 2012.

Entonces, el responsable de esa subsecretaría era la mano derecha de la vicepresidenta, Jaime Pérez Renovales, que fue ascendido por el Banco Santander a los once días de dejar el Gobierno a su actual cargo, secretario general y del consejo de la entidad."                    (Antonio M. vélez, eldiario.es, 11/03/19)

"La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría trabajará en el despacho de abogados Cuatrecasas como socia del área mercantil.

La política, abogada del Estado y miembro del Consejo de Estado, formará parte del Consejo de Administración y se incorpora a Cuatrecasas como socia, según ha informado a Efe el bufete. (...)

La nueva socia de Cuatrecasas, que liderará y desarrollará la práctica de Corporate Governance y Compliance de la firma, retoma desde este lunes su carrera profesional tras cumplir con todos los trámites exigidos por la normativa aplicable a los altos cargos y al personal al servicio de las administraciones públicas. (...)

"Estamos convencidos de que su enorme talento será muy valorado por los clientes que necesitan asesoramiento integral en términos de cumplimento normativo corporativo. Se incorpora a una práctica en crecimiento que es clave para la sostenibilidad de cualquier empresa", ha reconocido Fontana.

Soraya Sáenz de Santamaría, de 47 años, ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado en 1999. Ha sido vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, además de portavoz del Ejecutivo. Fue portavoz parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso en la IX Legislatura."                  (Público, 11/03/19)

La 'mafia del agua' de Hacienda y Agricultura... el caso Acuamed

"Los 12 consejeros de Acuamed (cuatro de Hacienda, cuatro de Agricultura y dos de Presidencia entre ellos) vieron pasar por el consejo de la compañía estatal la denuncia de los amaños realizada por el Director de Ingeniería, las salvedades del auditor a las cuentas anuales y la propuesta de asignación de 36 millones con cargo a los Presupuestos de 2015, que incluían partidas para los sobrecostes y la comisión de 9,5 millones para FCC. Ninguno de ellos alertó de los desmanes que se estaban produciendo y sólo cuando la Fiscalía entró en acción activaron las investigaciones internas.

 El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas controla el 100% del capital de Acuamed a través de Patrimonio del Estado y, por ello, cuenta con cuatro representantes en el Consejo de Administración de la misma. 

El departamento de Agricultura gestiona la compañía y cuenta con otros cuatro vocales en el máximo órgano de decisión. Por su parte, Presidencia, en manos de Soraya Sáenz de Santamaría, sienta a dos miembros y Economía a uno. Además, uno de los cuatro consejeros de Hacienda, Ángel Álvarez, está en nombre de la Intervención General del Estado, organismo que tiene la obligación de velar por los intereses del Ministerio que dirige, en funciones, Cristóbal Montoro, y por extensión, por los intereses del Estado español y el erario público.

Los cuatro de Hacienda reportan a Pilar Platero, subsecretaria de Hacienda, número 3 del Ministerio responsable de la Dirección General de Patrimonio del Estado. Los cuatro de Agricultura reportan al Secretario de Estado de Medio Ambiente, que como tal preside Acuamed, y que hasta junio de 2015 fue el ya dimitido Federico Ramos de Armas (ahora ocupa su puesto Pablo Saavedra).

 Sólo uno (Ricardo de Alfonso López) de todos los consejeros que representan al Gobierno en Acuamed mostró interés en mayo de 2014 por la denuncia que destapó la trama y que había sido presentada por Francisco Valiente, director de Ingeniería y Construcción hasta su fulminante despido el 2 de abril de ese año.

Es el único consejero que intervino preocupado por lo denunciado, según las actas. El resto del consejo, manejado por el director general, Arcadio Mateo, supuesto jefe de la trama corrupta, no movió un dedo hasta que en noviembre de 2014, siete meses después de la denuncia, se vieron obligados a crear un Comité de Control Interno para auditar las obras después de que la Fiscalía Anticorrupción mandara un requerimiento de información a la compañía por las supuestas irregularidades que ya se estaban investigando.

 Según demuestran las actas de los consejos publicadas en los últimos días por Vozpópuli, la denuncia del amaño de contratos durmió el sueño de los justos hasta noviembre de 2014. Todos los consejeros, excepto uno, guardaron silencio, mientras el tándem Ramos de Armas/Arcadio Mateo trataba de posponer, mes tras mes, el estudio de la denuncia de Valiente.

Este supuesto pacto de silencio del Consejo de Acuamed era sólo el principio de la "indolencia que mostraron después ante las sospechosas partidas presupuestarias que se propusieron para cubrir sobrecostes y pagar comisiones", añaden las fuentes cercanas a la investigación consultadas. 

El auto del juez Eloy Velasco afirma que "se consignaron cerca de 36 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en 2015, manteniéndolos solo que reducidos en los de 2016 a una compensación de ocho y catorce millones".

 Los incrementos presupuestarios propuestos, que incluyen la comisión de 9,5 millones de euros que se iba a pagar a FCC, pasaron por el consejo y fueron autorizados por el Ministerio de Hacienda. Ninguno de los cuatro consejeros del Ministerio, ni siquiera el representante de la Intervención General del Estado, ni por supuesto el resto de consejeros, alertaron de que esas nuevas partidas parecían sospechosas.

Además, estas partidas, tras pasar el filtro del consejo, son revisadas por la Dirección de Patrimonio y, en última instancia, por el Subsecretaría de Hacienda. Ellos no las abortaron. 

Fue la denuncia de Valiente la que dio al traste con el plan propuesto conjuntamente por el presidente de la sociedad y entonces Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, y su hombre de confianza, el ahora detenido Arcadio Mateo, presunto jefe de la trama corrupta. Uno correo electrónico intercambiado entre ambos los delata.

El auto de Velasco deja claro que estas partidas pasaron todos los filtros y fueron recogidas en los PGE de 2015 y 2016: "Los presupuestos Generales del Estado en 2015 preveían cubrir esa 'compensación indebida' pactada entre la cúpula de FCC y cargos de alto nivel en el Ministerio [de Agricultura], fijando un monto de diez millones, más veinte millones para hacerlo [el proyecto de los arreglos de la desaladora de Bajo Almanzora en Almería tras una inundación], no llegando a ejecutarlo inicialmente al conocer la denuncia que ha originado la presunta a usa en Fiscalía".

Hacienda miró para otro lado

Acuamed depende jerárquicamente de Agricultura, que es el Ministerio responsable de su gestión, pero "Hacienda es el propietario y el Ministerio de tutela, de forma que cualquier partida presupuestaria o incrementos presupuestarios para proyectos concretos tienen que ser visados por los consejeros que defienden los intereses del accionista [los cuatro en representación de Hacienda] y luego revisados por la responsable de la Subsecretaría y de Patrimonio [Pilar Platero, número 3 de Montoro]", remacha una fuente cercana al Gobierno al tanto de la situación creada tras la Operación Frontino de la UCO de la Guardia Civil.

Lo que no ha quedado aún definido por la investigación es si los 9,5 millones de euros [que Velasco redondea a 10 millones en su auto] de comisión que se iban a pagar a FCC se vieron de forma desagregada en el Consejo de Administración. El 23 de junio de 2013, el presidente de Acuamed enviaba un correo electrónico a Arcadio Mateo preguntando "si podemos llevar como pide la contratista [FCC] la liquidación pendiente de la obra al consejo de administración del mes de julio por valor de 9,5 millones de euros. (…)

 Así vamos avanzando con esta gente a la que debemos bastante dinero en otras obras". El correo iba con copia a otro alto cargo de Agricultura, la directora general del Agua, Liana Ardiles, que era vicepresidenta de Acuamed. Fuentes oficiales de Hacienda afirman que fueron los consejeros de Acuamed los que echaron para atrás la comisión que se iba a pagar a FCC.

Agricultura se justifica

Consultado por Vozpópuli, el Ministerio de Agricultura matizó que "en los presupuestos anuales deben constar los gastos que se prevén para el ejercicio, según información que suministra la empresa, pero no implica su pago.

 En este sentido, y tal y como se explicó en el comunicado [del martes] que emitió el Ministerio: ni la liquidación correspondiente a los trabajos ejecutados por la UTE en el marco del contrato de proyecto, obra, operación y mantenimiento de la planta desaladora Bajo Almanzora, ni la liquidación del proyecto complementario suscrito con la misma UTE en 2009, ni la reclamación de dicha UTE relativa a los daños ocasionados por la riada de septiembre de 2012 han sido abonados por la sociedad Acuamed, ya que su consejo de administración nunca procedió a aprobar ni estas liquidaciones ni el pago de los costes de reparación de la planta desaladora. 

La única partida presupuestaria de la sociedad Acuamed relativa al concepto “Reparación desaladora de Bajo Almanzora” corresponde a los presupuestos del año 2016. Dicha partida, que asciende a 14,55 millones y no ha sido ejecutada, corresponde a habilitación de crédito, sin constituir obligación alguna de gasto".

 "Pese a que el consejo de Acuamed debió sospechar, y quizá conocer, algunos de los sobrecostes injustificados en los últimos años, todos sus miembros procedieron a firmar, año tras año, las cuentas de la compañía y sus estados financieros", reseña la fuente cercana a la investigación consultada por este diario, que además recuerda que siempre "se pasó por alto las salvedades realizadas por el auditor durante seis años y que, aunque no tenían relación con la trama, sí que avisaba de la contabilidad incorrecta de sus costes que hacía Acuamed".

 Los consejeros de Acuamed jamás pusieron en marcha medida alguna para corregir estos errores de contabilidad que, año tras año, el auditor reseñaba en su apartado de salvedades. No ha trascendido si alguno de los consejeros ni altos cargos del Gobierno relacionados con Acuamed ha sido citado por el juez para declarar."               (Baltasar Montaño / Ó. López Fonseca, Vox Populi, 01/02/16)

El número 3 de Soraya mandó un correo a Arcadio Mateo para interesarse por el pago de 10 millones a FCC

"El sumario del caso Acuamed revela que el 'número tres' del Ministerio de la Presidencia que dirige Soraya Sáenz de Santamaría, Federico Ramos de Armas, envió el 20 de junio de 2013 un correo electrónico al director general de la empresa y cabecilla de la trama, Arcadio Mateo, en el que se interesaba por el pago de 9,5 millones de euros a FCC, porque le debían "bastante dinero en otras obras".

Entonces, Ramos de Armas era presidente de Acuamed y secretario de Estado de Medio Ambiente. En el mensaje, preguntaba a Mateo la conveniencia de presentar en el siguiente consejo de administración el pago de 9,5 millones de euros por la reparación de la desalazora de Almanzora, cantidad que pedía la contratista, FCC.  “Así vamos avanzando con esta gente”, añadía Ramos de Armas, “a la que debemos bastante dinero por otras obras”, según la Cadena Ser.

Ya por entonces, algunos funcionarios de Acuamed como Francisco Valiente habían remitido a Mateo a través de varios informes y reuniones que quien debía abonar los pagos era el seguro de la empresa. Sin embargo, la empresa pública terminó abonando a FCC 20 millones más por la ejecución de los trabajos y los incluyó en el presupuesto de 2016, si bien reducidos a 22 millones tras la denuncia de la Fiscalía, según el auto del juez Eloy Velasco.

Velasco apuntó en su auto de este miércoles que “altos cargos del Ministerio” de Agricultura “pactaron con la cúpula de FCC” compensara esta empresa por las obras del embalse de Almazora. También impartieron “instrucciones” para abonar 40 millones de euros a la misma empresa por la descontaminación del embalse de Flix, mediante “facturas falsas” y “conceptos inexistentes”.                 (Vox Populi, 22/01/16)

El número 3 de Soraya colocó en Acuamed al cabecilla de la trama a los dos meses de aterrizar en Agricultura

"No sólo despidió fulminantemente al funcionario que denunció el escándalo hace año y medio, sino que además fichó para dirigir la sociedad estatal Aguas de las Cuencas del Mediterráneo SA (Acuamed) a la persona que presuntamente terminó amañando las millonarias adjudicaciones de la misma.

 Federico Ramos de Armas, actual subsecretario de Presidencia, fue la persona que en febrero de 2012, cuando ocupaba el cargo de secretario de Estado de Medio Ambiente, colocó como director general de la empresa pública a Arcadio Mateo del Puerto, encarcelado este miércoles por orden del juez Eloy Velasco como presunto cabecilla de la trama de corrupción desmantelada en la Operación Frontino. 

El 'número 3' de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, lo hizo además poco tiempo después de aterrizar él en el Ministerio de Agricultura de la mano del entonces titular de la cartera, Miguel Arias Cañete.

Ramos de Armas, que antes de la victoria electoral del PP en las elecciones de 2011 ocupaba un cargo en el Ejecutivo madrileño de Esperanza Aguirre, fue nombrado como 'número 2' de Agricultura el 11 de diciembre de aquel año. Una de sus primera decisiones fue, precisamente, poner al frente de Acuamed, la sociedad estatal que maneja importantes recursos económicos para realizar obras hidráulicas en los ríos de la cuenca mediterránea, al ahora encarcelado Arcadio Mateo.

 Lo hizo a mediados de febrero de 2012, es decir, sólo dos meses después de que él hubiera sido designado para su cargo. Según trabajadores de la empresa consultados por Vozpópuli, entre ambos había una relación previa de amistad.

Por sus respectivos puestos, Ramos de Armas y Mateo del Puerto compartieron durante los siguientes tres años, hasta la salida del primero de Agricultura en mayo de 2015 para incorporarse al equipo de Sáenz de Santamaría, responsabilidades en la compañía ahora bajo sospecha. 

El primero, como presidente de la misma y de su Consejo de Administración. El segundo, como 'número 3' en la estructura de mando. Varios testigos han declarado en los últimos días ante el juez Velasco que ambos trabajaban coordinadamente y que, incluso, el entonces secretario de Estado de Medio Ambiente partició en reuniones con adjudicatarias junto al presunto cabecilla de la trama.

 Entre ellas, en la que supuestamente se pactaron “compensaciones indebidas” para la compañía FCC por los problemas surgidos en la construcción de la desaladora del Bajo Almanzora (Almería) y que terminaron provocando un 'agujero' de 40 millones de euros a la Administración.

 Una actuación de Ramos de Armas en el día a día de Acuamed que, de confirmarse, se convertiría en la más polémica de su paso como máximo responsable político de la sociedad estatal, pero no la única. 

De hecho, el 2 de abril de 2014 él era el máximo responsable presente en la reunión del Consejo de Administración en el que se analizó la documentación que había remitido notarialmente un directivo de la compañía, Francisco Valiente, y en la que denunciaba la supuesta existencia de irregularidades en la adjudicación de seis obras que habían costado al erario más de 620 millones de euros. 

Aquel día, el hoy 'número 3' de Sáenz de Santamaría dio carpetazo a aquella denuncia, lo que permitió a Arcadio Mateo despedir fulminantemente al denunciante por falta de confianza, como adelantó este jueves Vozpópuli. Meses después el trabajador represaliado acudía a la Fiscalía Anticorrupción y se abría la investigación que hasta el momento se ha saldado con 13 personas detenidas y 35 más 'investigadas' (el término que ha sustituido ahora al de imputado).

Los empleados de la compañía consultados por este diario destacan que durante todo el tiempo en el que Ramos de Armas y Arcadio Mateo coincidieron en Acuamed, éste último contaba con una amplia autonomía para tomar decisiones. 

De hecho, estas fuentes destacan que poco después de su llegada la compañía hubo un cambio en la política de contratación y algunas empresas empezaron a ganar "sospechosamente" buena parte de los concursos. No fueron los únicos cambios. También aseguran que se produjeron relevos en el organigrama de la sociedad estatal que afectaron tanto al Servicio Jurídico como a algunos puestos de la dirección claves del mismo. 

Entre ellas, la Dirección de Ingeniería y Construcción, para la que en un primer momento eligió a Francisco Valiente, pero en la que tras la denuncia de éste puso a otra de las detenidas el pasado lunes, María Gabriela Mañueco, quien se convirtió en su mano derecha de la trama.

Según detalla el juez Velasco en el auto del pasado miércoles por el que enviaba a prisión al director general y otros cuatro trabajadores de Acuamed, Arcadio Mateo impuso mientras Ramos de Armas estuvo al frente del Consejo de Administración "numerosas irregularidades en contra de los intereses públicos y ciudadanos" que le reportaron dádivas de las empresas adjudicatarias.

 Para amañar los concursos, el magistrado destaca que presionó a los directivos que tenía bajo su mando para que éstos, a su vez, "incidieran sobre sus subordinados en la continua realización de falsedades e irregularidades". Si se negaban, eran amenazados con un cambio de puesto o "incluso, destituidos". 

De hecho, al menos cuatro de ellos, entre los que está el denunciante Francisco Valiente, sufrieron represalias laborales. Pese a la dureza del auto del magistrado y a que éste ya apuntaba a la presunta implicación de cargos de "muy alto nivel" del Ministerio de Agricultura, Federico Ramos de Armas no está imputado aún en el 'caso Frontino' ni ha sido llamado a declarar a la Audiencia Nacional."                 (Vox Populi, 22/01/16)

Testigos sitúan al número dos de Santamaría en una reunión de Acuamed y FCC en la que se pactaron comisiones

"El exsecretario de Estado de Medio Ambiente y actual subsecretario de Presidencia del Gobierno, Federico Ramos, participó en la presunta reunión con FCC en la que se pactó una "compensación indebida" de 40 millones a la constructora que luego se consignó en los presupuestos de 2015.

 Según han informado a Efe fuentes jurídicas, testigos exempleados de la empresa pública Acuamed, varios de ellos ingenieros, afirmaron al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que esa reunión se celebró en el Ministerio de Agricultura y que a ella acudió el actual número dos de Soraya Sáenz de Santamaría.

En ese encuentro se acordó supuestamente con FCC una compensación ilegal de 40 millones de euros, que finalmente se consignó en una partida de 36 millones incluida en los presupuestos generales del Estado 2015, según afirma el juez Velasco.

Esta es una de las posibles ilegalidades que investiga el juez en el caso Acuamed y que el miércoles reflejó en su auto enviando a prisión incondicional a cinco de los trece detenidos el pasado lunes por este fraude, entre ellos el director general de la empresa pública, Arcadio Mateo del Puerto.

Esta supuesta compensación se pactó dentro de un contrato concedido a la UTE formada por FCC y Abengoa, el de la construcción de la desaladora de Bajo Almanzora, en Almería.

Según explica el juez, FCC y Abengoa debían pagar el 100% de los desperfectos que se produjeron después de que se inundara la desaladora, pero el director general de Acuamed accedió a abonar un 40 % de su valor y que FCC pagara el 60 % (40 millones), cuando, insiste Velasco, esas reparaciones no eran “responsabilidad de la Administración”.

La finalidad era que FCC acabara no teniendo que pagar nada por las inundaciones, ya que, según Velasco, luego Acuamed y la constructora pactaron que se le resarciría de ese gasto “mediante compensaciones en otras obras, al parecer pactadas desde muy alto nivel en el Ministerio” de Agricultura, del que depende la empresa pública.

Especialmente, esa compensación se plasmaría en el contrato de la descontaminación del pantano de Flix, adjudicado luego a FCC por 180 millones de euros, inflándolo con partidas “irreales”.

Según Velasco, se previó cubrir esa “compensación indebida” pactada “entre la cúpula de FCC y cargos de alto nivel del Ministerio”, entre ellos Ramos, en los presupuestos generales del Estado de 2015.

Aunque en principio no se llegó a hacer por el inicio de la investigación en la Fiscalía a Acuamed, finalmente se “persistió” en la idea y se consignaron cerca de 36 millones en las cuentas de ese año.

Esa partida se mantuvo, aunque reducida, en los presupuestos de 2016 “a una compensación de 8 y 14 millones”, asegura el juez, y las fuentes consultadas este jueves han detallado que esa reducción se debió a que se rebajó en un 8 % el conjunto del presupuesto destinado en las cuentas de este año a Acuamed.

Esta investigación a Acuamed desembocó en la detención el pasado lunes de 13 personas y en varios registros a domicilios relacionados con los arrestados, entre ellos el del director general de la empresa pública.

En el domicilio de Arcadio Mateo se encontraron, según las mismas fuentes, 120.000 euros en billetes de 500 euros guardados en libros.

Según el juez, Mateo urdió desde mediados de 2014 “un conjunto de actuaciones dolosas, imperativas conscientes y queridas (se habla de ‘presiones’) para imponer en el seno de Acuamed numerosas irregularidades” para conceder contratos. “A cambio, recibía regalos en especie, para él y para otros -implantes de pelo, viajes a Turquía…-, a favor de diversos contratistas de obra pública”.

En concreto, se investigan seis contratos en diversos puntos de la cuenca mediterránea, en los que los empresarios, explica el auto, “presionaban” a los directivos de la empresa pública “para que incidieran sobre sus subordinados en la continua realización de falsedades e irregularidades”                (República.com, 21/01/16)

Los dineros de Soraya: entre 2004 y 2011 ganó casi 1.200.000 euros con la política.., la mitad en sobresueldos

"(...) ELPLURAL.COM ha tenido acceso a información detallada, año por año, de los ingresos que Soraya Sáenz de Santamaría ha recibido desde que en el año 2004 pasó a ser diputada en Cortes. Si quieren, desde el año en el que se tuvo que dedicar profesionalmente en cuerpo y alma a la ‘carrera política’. 

Cantidades que, según hemos sabido, se dividen en dos grandes bloques. Por un lado sus emolumentos como diputada. Por otro, sus sobresueldos como cargo en el PP. Sobresueldos, como se verá, que han venido prácticamente a doblar sus ingresos.

Los fructíferos ‘años’ de la oposición del PP: ’pillar’ sobresueldo

En los 8 años, entre el 2000 y el 2011, en los que Soraya Sáenz de Santamaría ha sido diputada, el monto total de sus ingresos se ha acercado mucho a 1.200.000 euros. Una cantidad, como decimos, que se ha dividido casi a la par entre lo correspondiente a su sueldo como diputada, y a los sobresueldos entregados por Génova. De hecho, apenas superan en 10.000 euros sus ingresos como diputada, de los que ha recibido del PP.

Según la documentación que ELPLURAL.COM ha recibido, los ingresos de la vicepresidenta en el año 2004 rozaron los 34.000 euros como diputada, a los que el PP añadió algo menos de 32.000 euros más. Hay que recordar que aquel año las elecciones fueron en marzo y el nuevo Congreso se instituyó ya al final de la primavera.

Por eso los casi 66.000 euros del año 2004 que percibió Soraya Sáenz de Santamaría, se vieron prácticamente duplicados en 2005, cuando sus ingresos brutos rozaron los 130.000 euros. Unos 60.000 euros por su labor en el parlamento, a los que el PP añadió en sobresueldos otros casi 70.000 euros.

¿Crisis, qué crisis?

En la misma proporción, fueron aumentándose sus ingresos en los años siguientes, siempre percibiendo entre ocho y doce mil euros más del PP que por su labor en el Congreso, en los años 2006 y 2007, cuando Soraya percibió algo más de 130.000 y 140.000 euros brutos anuales.

El año 2008, con el centrifugado al que sometió al partido Mariano Rajoy, desapareció de la estructura del partido toda la ‘vieja guardia’ aznarista, y ascendieron a los puestos clave la siguiente generación. Si se quiere, Rajoy se deshizo de sus ‘viejos camaradas’ y elevó al poder a la camada nueva. 

Y entre ellos, sobre Gonzalecespons, Florianos, Moragas y similares, quienes sobresalieron fueron ‘las dos niñas’ de Rajoy, Cospedal y Sáenz de Santamaría. A ésta última le dio el puesto de portavoz del Grupo Parlamentario.

Más de 180.000 euros en los años ‘difíciles’

Esto significó que Genova dejó de darle el sobresueldo, que pasó a ingresar del Grupo Parlamentario Popular. Mayor responsabilidad, mayores ingresos. Así, la diputada que percibía 64.552 euros, pasó a ser la portavoz que percibía casi 100.000 euros brutos anuales (98.396).

 Pero igualmente se vio incrementada también la cantidad del ‘sueldo en sobre’ que percibía como complemento de su grupo, y que en el año 2008 superaba los 82.000 euros, y que en los tres años restantes pasó a ser superior a los 85.000 euros.

Así, los sueldos de Soraya Sáenz de Santamaría en los años 2008 y 2009 superaron los 180.000 euros brutos totales. Cantidades que disminuyeron en 2010 y 2011 cuando sus señorías redujeron sus salarios, y las cantidades que percibían como diputados. Por cierto, en el PP se redujeron los sueldos oficiales, pero no los sobresueldos, que se mantuvieron intactos, aunque la crisis se profundizaba.

Y es que se puede decir que la actual vicepresidenta del partido es de los pocos españoles que desde que estalló la crisis, en 2007, vio sustancialmente mejoradas sus retribuciones. En concreto, casi un 30%, porque su sueldo anual (diputada más sobresueldo del PP), como decimos, saltó de moverse en torno a los 140.000 euros, hasta superar los 180.000.

Las compensaciones a través del esposo, por las ‘pérdidas’ salariales de entrar en el Gobierno

Su situación económica, eso sí, se ha debido ver mermada drásticamente en el año 2012, cuando pasó a ocupar la vicepresidencia del Gobierno. Y es que sería ilegal percibir estando en el Ejecutivo cualquier ingreso personal que no fuera el sueldo correspondiente a su cargo, que no llega a los 75.000 euros brutos anuales en su caso.

Bien es verdad que en su casa no ha dejado de ingresar una buena cantidad de dinero. Porque la pareja de la vicepresidenta, el también abogado del Estado José Iván Rosa Vallejo, con el que se casó en 2005, justo coincidiendo con la llegada al cargo de la vicepresidenta y su disminución de ingresos, logró un sustancioso extra económico.

 Y es que en enero de 2012 la vicepresidenta ‘perdía’ más de 100.000 euros de su ‘nómina anual’, pero de inmediato, en marzo, su marido tenía la suerte de colocarse de Asesor Jurídico en TISA, la división internacional de Telefónica. Seguro que con eso algo se compensaban los ingresos familiares."            (El Plural, 23/04/2014)

“En mi puta vida he cobrado un sobre”... pero sí 600.000 euros en sobresueldos. ¿Qué es antes, el sobre, o el sobresueldo?

"El duelo parlamentario habitual entre la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, superó este martes todos los niveles de tensión conocidos hasta ahora e incluso saltó del pleno y continuó en los pasillos para seguir a través de mensajes cruzados en Twitter. 

Ocurrió cuando la portavoz socialista denunció que cargos del Gobierno habían cobrado sobresueldos elevadísimos del PP —hasta 600.000 euros en siete años en el caso de la vicepresidenta— gracias a la caja b del PP, que ingresó en ese tiempo varios millones de euros.

¿Es lo mismo sobre que sobresueldo?  (...)

La sorpresa invadió el rostro de muchos diputados, y desde luego del banco azul del Gobierno, cuando la dirigente socialista aireó datos de la Agencia Tributaria aportados por el PP, según los cuales la vicepresidenta del Gobierno recibió de su partido 600.000 euros entre 2004 y 2011, es decir, en toda la etapa de oposición. 

Tras citar esa cifra, Rodríguez argumentó que el PP había pagado esos “sobresueldos” gracias a que tenía una caja b, aunque no llegó a decir que el dinero había salido de esa contabilidad paralela.

Tras concluir la reyerta parlamentaria, la vicepresidenta estalló en los pasillos del Congreso: “En mi puta vida he recibido un sobre”. Soraya Sáenz de Santamaría no figura en los denominados papeles de Bárcenas como receptora de dinero negro a diferencia de otros miembros del Gobierno.

De sobres no habló la dirigente socialista, sino de sobresueldos. “¿No se han planteado que sin la existencia de cajas b en el PP no hubiera sido posible que ingresaran en sus cuentas esos sobresueldos?”, preguntó Soraya Rodríguez.

 “¿No han pensado alguna vez al menos en devolverlo hasta que tengan la conciencia clara de que no tienen origen ilícito?”, añadió la portavoz socialista con la mirada puesta en los miembros del Gobierno. El desconcierto que este reproche produjo en la vicepresidenta fue muy evidente e incluso inédito puesto que Sáenz de Santamaría da muestras de un considerable autocontrol en sus rifirrafes parlamentarios.

No esperaba un golpe de esa naturaleza y quizá por eso la vicepresidenta no se defendió, ni precisó o preguntó a qué sobresueldos se refería la dirigente socialista. (...)

El PSOE difundió tras el debate que Sáenz de Santamaría cobró entre 2004 y 2011 casi las mismas cantidades por su puesto de parlamentaria en el Congreso y por sus responsabilidades en el partido hasta sumar 1.187.421 euros; 599.406.070 de asignación parlamentaria y 588.014.091 del PP.

 El último año en la oposición, 2011, el Congreso abonó a la diputada Sáenz de Santamaría 88.927 euros, mientras que el PP ingresó en su cuenta 85.734 euros. Todo declarado.

Jamás se había escuchado a la vicepresidenta una palabra malsonante como la que pronunció ayer en los pasillos y respecto a la que no tuvo inconveniente en que trascendiera. “No me ha hecho ni pizca de gracia como no le puede hacer a la gente honrada que trabaja mucho”, explicó."             ( Anabel Díez , El País, Madrid 29 ABR 2014 )