Es llamativo lo poco que se incide en la corrupción en las cúpulas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero es gravísimo y un escándalo preocupante. Cargos investigados en noticias de los últimos días

AntonioMaestre @AntonioMaestre

Es llamativo lo poco que se incide en la corrupción en las cúpulas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero es gravísimo y un escándalo preocupante. Hilo con cargos investigados en noticias de los últimos días.

Eugenio Pino, Director adjunto operativo de la Policía Nacional. Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central Operativa de la Policía. Caso Kitchen.

José María Tocornal, comisario jefe de Fuengirola, detenido en una trama de tráfico de diamantes.

Teniente general de la Guardia Civil, Pedro Vázquez Jarava, responsable de la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil. Imputado por corrupción en la reforma de cuarteles.

Carlos Alonso, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Ávila. Imputado en una trama de corrupción en la reforma de cuarteles.

General de división de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas. Imputado en el caso Mediador. En prisión provisional.

Un teniente coronel del Ejército destinado en la VI Zona de la Guardia Civil. No ha trascendido el nombre, se realizó un registro en el cuartel de Benimaclet. Todos estos casos son noticias de actualidad. ¿Para sentirse seguros, verdad?

8:15 a. m. · 7 mar. 2023
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El Gobierno de Rajoy frenó dos años la construcción de fragatas en Navantia para adaptarlas a los misiles de la empresa de Morenés

"Las órdenes del Gobierno de Mariano Rajoy para contratar armamento de la multinacional armamentística MBDA que Pedro Morenés presidió en España hasta su entrada en el Gobierno retrasaron durante años la puesta en marcha del contrato para construir cinco fragatas en los astilleros de Navantia en Ferrol.

Según la documentación a la que ha accedido eldiario.es, fue ese empeño del anterior Gobierno en colocar a las embarcaciones militares ese modelo de misil fabricado por la multinacional en la que Morenés ejerció como alto ejecutivo hasta que fue nombrado ministro por Rajoy el que aplazó el inicio de los trabajos en los astilleros que la empresa pública tiene en Ferrol.

Durante la gestión de Morenés y Cospedal, Defensa impuso como "prioritaria" la implantación en las fragatas F-110 de los misiles Sea Ceptor, un tipo de proyectil que nunca había sido usado por la Armada Española y que la compañía del ministro estaba intentando colocar en el mercado internacional de la Defensa.

Esa insistencia retrasó dos años el proyecto de diseño técnico, según fuentes del Gobierno consultadas por eldiario.es, y llegó a provocar un enfrentamiento entre la cúpula de la Armada y la Dirección General de Armamento, controlada por el ministro. 

Fue en pleno verano, semanas después de la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez y de la toma de posesión de Margarita Robles como responsable de Defensa, cuando se desbloqueó la situación, se descartó la compra de ese modelo de misil y se sortearon los últimos trámites para que Navantia empiece, por fin, a construir las fragatas, algo que está previsto para los próximos meses. 

Fuentes del entorno de Morenés reconocen que la Armada estaba en contra de implantar los misiles de la compañía MBDA, un gigante transnacional que factura miles de millones de euros y vende a un centenar de países, pero niegan una participación activa por parte del ministro en la elección del material bélico que su exempresa pretendía colocar en el mercado.  

El programa técnico con el que Defensa trabajó durante la etapa de Morenés y Cospedal como ministros (entre 2015 y junio de 2018) calificaba como opción prioritaria" la instalación de los misiles Sea Ceptor que fabricaba la empresa de Morenés. 

El Gobierno de Sánchez decidió a principios de agosto tumbar el plan de sus antecesores y apostar por la solución más cómoda y que menos problemas de integración planteaba a la construcción de las fragatas: volver a la idea original de instalar los misiles desarrollados por el consorcio NATO del que España forma parte y que ya se usan en las fragatas F-100.

 Defensa asegura ahora que "está trabajando para que los trámites previos a la firma de la orden de ejecución finalicen los antes posible" y se pueda recuperar tiempo para cumplir el calendario del programa con Navantia, una empresa pública que depende de la SEPI.

En una respuesta parlamentaria por escrito a la diputada de En Marea, Yolanda Díaz, el Gobierno confirma que la discusión sobre las opciones para armar el buque retrasaron la puesta en marcha de un proyecto clave para una comarca, Ferrolterra, que lleva décadas sufriendo las consecuencias de la desindustrialización y cuyos trabajadores han salido a la calle para reclamar carga de trabajo.

Defensa tenía que elegir como armamento para los barcos de guerra entre los misiles que ofertaba la empresa de Morenés y otro modelo que ya está en servicio en las fragatas F-100, el Sea Sparrow Block 2.

Esta segunda opción tenía la ventaja, según las fuentes consultadas, de ser un modelo desarrollado por un consorcio internacional (NATO Sea Sparrow) del que España forma parte desde 1991 y al que se comprometió financiación de manera regular durante 15 años. 

El propio Morenés autorizó en 2013 un desembolso de 16,4 millones de euros de los presupuestos de la Armada para participar en la solución técnica del misil que, sin embargo, su gabinete acabaría calificando como "opción alternativa" frente al que fabricaba la empresa en la que él mismo había sido alto ejecutivo, como presidente de su filial española.

En resumen, el Gobierno del PP pagó por el desarrollo de un misil con los principales socios militares de España mientras intentaba comprar otro modelo diferente en el mercado privado. Las gestiones para implantar el armamento impuesto por la dirección del Ministerio retrasaron la definición del proyecto técnico, imprescindible antes de dar luz verde al inicio de la construcción de las fragatas. 

En una intervención parlamentaria, la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, insinuó hace unas semanas la existencia de "intereses empresariales" del PP en la decisión sobre las armas que llevarían las fragatas. Durante aquella sesión de control al Gobierno y a preguntas del PP, Robles aseguró: "Como consecuencia de su actuación, los ciudadanos españoles están teniendo que pagar mucho dinero para suplir sus omisiones y que puedan tener trabajo en Navantia en Ferrol y Cartagena".

El entorno de Morenés defiende que sus gestiones no supusieron  un retraso "porque nunca hubo un calendario de construcción" para esas fragatas. "Lo único que hizo la dirección general de armamento fue buscar un misil de fabricación europea para no depender en exclusiva del material americano. El ministro no tuvo participación alguna en esa decisión", sostienen las mismas fuentes.

El Consejo de Ministros aprobó en octubre de 2015 el lanzamiento del programa tecnológico previo a la construcción de las fragatas F-110 que incluía las indicaciones sobre el tipo de misil que quería implantarse en el conjunto. 

Morenés  se ausentó de esa deliberación para evitar un conflicto de intereses y dejó en manos del Ministerio de Hacienda la firma del programa que supuso un primer desembolso de 12 millones de euros. Durante todo el proceso su Ministerio manifestó la preferencia por el armamento de su exempresa, MBDA.

Los misiles elegidos por el departamento de Morenés suponían un problema de ingeniería para su adaptación a las fragatas pero ofrecían la ventaja de plantear un desarrollo de aplicación para los tres ejércitos. El Sea Ceptor es un misil de corto alcance, desarrollado por MBDA como parte de un proyecto para Reino Unido.

 La idea de desarrollo se basa en la construcción de un misil compatible para los tres ejércitos y que ofrezca sus diferentes versiones adaptables a las lanzaderas navales, de tierra o aire. La Marina española era la entrada que MBDA buscaba para vender sus productos a los tres ejércitos. Tras el desembolso provocado por el ensayo, la operación ha quedado desactivada con el cambio de Gobierno.

4.000 millones y diez años de carga de trabajo

La construcción de las Fragatas F-110 supondrá un volumen de inversión de 4.000 millones de euros y dará carga de trabajo a los astilleros ferrolanos durante al menos una década. El contrato para su construcción todavía no se ha firmado aunque el senador del PSOE Angel Mato aseguró este miércoles que ese contrato estará listo para su rúbrica antes de que finalice el año.

Los cálculos que baraja el Ministerio aseguran la creación de 7.000 puestos de trabajo directos e indirectos en la comarca de Ferrolterra asociados a la construcción de los buques. De ellos, 1.300 empleos serían directos, 2.000 asociados a la industria auxiliar y otros 3.500 empleos indirectos generados por otros suministradores."               (Gonzalo Cortizo, eldiario.es, 07/11/18)


"Cospedal encargó por 9,5 millones a la empresa de Morenés evaluar el misil que esa misma firma quería vender a Defensa.

 María Dolores de Cospedal formalizó un contrato de 9,5 millones de euros para que una empresa del sector armamentístico redactase un informe sobre las ventajas y riesgos de la implantación de un tipo determinado de misil en la futura construcción de las fragatas F-110. La empresa elegida, donde el anterior ministro Pedro Morenés había sido alto ejecutivo, para elaborar el documento que evaluase los misiles era la principal interesada en asegurar que el armamento no ofrecía riesgos y que su incorporación a los buques de la Armada era idónea, ya que optaba a la adjudicación del Ministerio.

 La compañía, MBDA, es un gigante multinacional dedicado a la fabricación de proyectiles pesados y tuvo al ministro Morenés como presidente de su filial en España, justo antes de su entrada en el primer Gobierno de Mariano Rajoy. Con Morenés al frente del Ministerio, los dispositivos de MBDA fueron calificados por Defensa como "opción prioritaria" para su implantación en los buques de guerra. Dos años después, y frente a la oposición de la Armada según fuentes del Ejército, Cospedal decidió encargar el estudio que despejase dudas sobre la selección del proveedor de Defensa a uno de los dos aspirantes que aspiraba a vender el armamento.

Fuentes del Ministerio consultadas por eldiario.es califican el contrato como "profundamente irregular". "No es normal pedir un análisis de riesgos a la misma empresa que sirve el producto que se somete a juicio", asegura un exalto cargo del Ministerio, con responsabilidades en el pasado en la evaluación y compra de material militar.

Según los expertos consultados, lo "habitual" en este tipo de situaciones es buscar a un tercero sin intereses directos en la adjudicación para realizar la evaluación sobre las ofertas y la integración de los misiles. Este tipo de encargos suelen realizarse a empresas de ingeniería para que analicen pros y contras sobre el material de una compañía con la que firman un contrato de confidencialidad. 

Sin embargo, Cospedal encargó esa tarea de análisis -a través de un procedimiento negociado y sin publicidad de nueve millones de euros que incluía un solo pago fijado para 2021- a una de las dos aspirantes a ese millonario contrato. Ninguna otra compañía asistió como competidora. La fecha oficial de formalización del acuerdo fue el 28 de diciembre de 2017.

El estudio encargado por el Ministerio de Cospedal evidencia el empeño que el Gobierno de Rajoy mantuvo durante dos años para que fueran los misiles de MBDA los que finalmente se instalasen en las fragatas F-110. Esos dos años de discusión con la Armada, contraria a los misiles de la empresa de Morenés y partidaria de surtirse de un consorcio internacional que ya financiaba el Ministerio de Defensa,  retrasó la puesta en marcha del proyecto técnico, previo al inicio de la construcción de las fragatas F-110. 

Pendiente de revisión 

Al tratarse de un acuerdo adoptado a finales de 2017, el Gobierno de Sánchez podría tener que abonar parte o la totalidad de los 9,5 millones de euros pactados en su día. A pesar de que los misiles de la empresa de Morenés quedaron descartados con el cambio de Gobierno, Defensa podría tener que cumplir sus obligaciones contractuales con la exempresa del ministro. 

"Se han realizado los trabajos sin finalizar y el contrato está en fase de liquidación. Hay que valorar en qué porcentaje", aseguran fuentes de Defensa a eldiario.es. El equipo que dirige Margarita Robles reconoce que habrá que pagar la parte del trabajo que se haya realizado, aun cuando su utilidad sea nula para el desarrollo de las fragatas que Navantia espera empezar a construir en Ferrol. El Ejecutivo está analizando los resultados del informe para intentar sacar utilidad de alguna de las conclusiones que contienen sus páginas: "Se está analizando su posible utilización para otros fines", aseguran desde el ministerio.  

7.000 empleos pendientes de las F-110

La construcción de las Fragatas F-110 supone una inversión de 4.000 millones de euros y carga de trabajo a los astilleros ferrolanos durante al menos una década. El contrato para su construcción todavía no se ha firmado aunque el senador del PSOE Angel Mato aseguró este miércoles que ese contrato estará listo para su rúbrica antes de que finalice el año después de que este verano se desbloquease por fin la elección del misil y se descartarse a la anterior empresa de Morenés.

Los cálculos que baraja el Ministerio aseguran la creación de 7.000 puestos de trabajo directos e indirectos en la comarca de Ferrolterra, una zona muy castigada por la reconversión naval en las últimas décadas, asociados a la construcción de los buques. De ellos, 1.300 empleos serían directos, 2.000 asociados a la industria auxiliar y otros 3.500 empleos indirectos generados por otros suministradores."                    (Gonzalo Cortizo, eldiario.es, 08/11/18)

"Perdimos el piso y nos imputaron; si llegamos a saberlo, no denunciamos la trama del Ejército del Aire"

Cristina del Río y Julio Suárez, los transportistas autónomos que destaparon el 'caso Mudanzas'.J.P./Público

"Dos años de instrucción les quitaron el sueño, la alimentación y el piso que compraron. "Si llegan a darle la vuelta, seríamos nosotros los acusados". Quienes así se expresan son Cristina del Río y Julio Suárez, el matrimonio de transportistas autónomos que denunciaron una red de facturas falsas en el Ejército del Aire.

Esta pareja destapó en el año 2012 una trama que ha sentado en el banquillo a 45 oficiales y suboficiales del Ejército del Aire por cobrar falsas mudanzas con la ayuda de presupuestos falsificados. La red organizada podría haberse apropiado entre 7 y 10 millones de euros, según difundió Público el pasado 2 de junio.

 

Ambos llegaron a estar imputados en la causa, a petición del principal acusado, el teniente David Hernández Claret. El juez togado militar central número 2 les acaba de eximir de toda responsabilidad en un auto que reconoce que, gracias a ellos, este fraude ha sido descubierto.

Pero siguen preocupados, a la espera de que el auto del instructor sea firme. Julio Suárez es tajante: "Nunca pensamos que la denuncia se fuera a revolver de esta manera. Si miramos en Internet, leemos que nos llaman los colombianos, los narcos, los hampones... Denunciamos lo que descubrimos, pero hemos sufrido mucho".

Ambos llegaron a España en 1999 desde Bogotá. Con tres hijos, la nacionalidad española y el carnet de conducir que obtuvo Cristina en 2008, lo arriesgaron todo para comprarse un camión de 40.000 euros y fundar la empresa de mudanzas SDR.

Hoy han perdido el piso, con el que financiaron la compra del vehículo, ya que su clientela decayó a causa de su imputación a este sumario y por la crisis económica. "Muchos clientes dejaron de confiar en nosotros", remacha Julio.

Fue Cristina quien interpuso la denuncia en el juzgado de guardia. Corría el año 2012. Descubrió el pastel a raíz de una llamada de comprobación de la base de Getafe (Madrid), a cuenta de un kilometraje inexacto de una factura de su empresa, SRD. Se sorprendió: ellos nunca habían emitido esa factura, tan sólo habían entregado tres presupuestos allá por 2008 que no habían sido aceptados. 

Es más, nunca había estado en la base aérea de Getafe. Para su sorpresa, a través de ese militar supo que había más facturas presentadas a nombre de su compañía.

Se citaron con el militar que había entregado las facturas de SDR al Ejército, y apareció el teniente David Hernández Claret. Era el que les había pedido los presupuestos en 2008. Les ofreció ser socios al tiempo que les reveló cómo funcionaban. 

"El dijo que hacía 500 mudanzas al año con facturas falsas. Nos ofreció un 25% sobre el beneficio que él se llevaba, y un viaje a Canarias. Si hubiéramos aceptado, o si hubiéramos realizado las mudanzas que nos habían atribuido, hoy tendríamos una flota de vehículos y no deudas", relata Cristina.

"No teníamos ni idea de lo que pasaba, pero nos preocupaba Hacienda -prosigue -; teníamos miedo al delito fiscal, ya que no sabíamos cuántas facturas habían emitido a nuestro nombre, con IVA incluido". También tenían miedo a represalias del militar o de su trama. 

Escribió al ministerio de Defensa, pero no tuvo noticias. Un mes más tarde, el 13 de julio de 2012, Cristina se presentó en el juzgado de guardia para denunciarlo. El caso recayó en el Juzgado de Instrucción 37.

Su correo y su denuncia provocaron una investigación interna en el Ejército y la apertura de un sumario en la jurisdicción militar, que es la que ha sentado ahora en el banquillo a los 45 oficiales y suboficiales después de que el juzgado ordinario se inhibiera. 

"Nos han quitado el sueño y la alimentación, no vives", relata Cristina mientras su marido salta a cuenta de que el teniente Claret, cuando vio que no aceptarían su propuesta, "lo enredó todo en el juzgado para aparentar un lío de faldas". Argumentó que había sido él quien le había entregado las facturas, al margen de su mujer: "Querían la separación entre nosotros y no lo lograron".

Ahora dudan del paso que dieron en el año 2012, cuando descubrieron que alguien estaba utilizando membrete, sello y firma de su empresa.

"Si nos hubiéramos dado cuenta de cómo iba a tornar esta causa, de que nos iban a imputar, no lo hubiéramos denunciado. Hemos perdido el piso, y hemos tenido que pedir prestado", se lamenta Cristina.

Hoy sólo aspiran a dos cosas: que se confirme su desimputación y recuperar su buen nombre.

 Un comandante, 20 capitanes, 18 tenientes...

Los 45 militares acusados están destinados en las bases aéreas de la Academia de Getafe (Madrid), Palma de Mallorca, Zaragoza, Albacete, Murcia, Canarias o Sevilla. Están acusados de los delitos de deslealtad y contra la Hacienda en el ámbito militar, que prevé penas de entre tres meses y seis años de cárcel.

La ley prevé que los funcionarios sean indemnizados en los casos de traslados forzosos, como ocurre con los militares recién salidos de la academia. El Ministerio de Defensa exige que sean presentados tres presupuestos, para conceder la indemnización al presupuesto más barato.

Las investigaciones apuntan a que las mudanzas no se realizaban, aunque se cobraba la indemnización con la ayuda de facturas falsas. En otras ocasiones, la mudanza se realizaba por una empresa relacionada con el teniente Claret y a un precio muy inferior que el presupuesto falso presentado al Ministerio. Además, siete alumnos que presentaron factura acababan de salir de la Academia del Ejército del Aire de Getafe, por lo que tenían pocos enseres.

La factura falsas solía alcanzar una cuantía de 3.500 euros. El teniente Calet 'vendía' a sus compañeros/clientes que su familia tenía una empresa de transporte de mudanzas y que él les tramitaba toda documentación ante el ministerio.

Al parecer, los transportistas de SDR entregaron en 2008 tres presupuestos -uno suyo, el más barato, y otros dos presupuestos de otras dos empresas- con el fin de lograr la adjudicación de una mudanza. Pero nada supieron de su oferta, y creyeron que habían sido rechazados.

La trama utilizó su factura para "replicar" ulteriores presupuestos ante el Ejército del Aire, falsificando firma y membrete, supuestamente. La llamada de un auditor a cuenta de un error de kilometraje hizo saltar las alarmas de los propietarios de la empresa SDR, que denunciaron lo ocurrido en el juzgado en el año 2012.

La investigación del juzgado militar central 2 ha llegado a abarcar hasta 150 militares investigados, lo que causó problemas de operatividad en más de una base aérea ya que quedaban suspendidos de sus funciones mientras se aclaraban las responsabilidades de cada uno.
Los oficiales y suboficiales acusados abarcan a un comandante, 20 capitanes, 18 tenientes y media docena de sargentos."                (Público, 14/09/2014)