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14.6.16

De la patronal al banquillo de los acusados

"Las organizaciones empresariales han recibido un nuevo golpe con la decisión del juez de instrucción número 33 de Madrid de sentar en el banquillo a los dos anteriores presidentes de Cepyme. Jesús Bárcenas y Jesús Terciado se suman a la lista de dirigentes de la patronal que han tenido que responder ante los tribunales por hechos ocurridos mientras desempeñaban sus cargos.

El de mayor notoriedad es, sin duda, Gerardo Díaz Ferrán, que fue presidente de la CEOE; pero entre ellos hay también antiguos responsables de organizaciones territoriales tan poderosas como CEIM (Madrid) y la CEA (Andalucía), además de la propia Cepyme. Sus problemas judiciales, en la mayor parte de los casos, acabaron constándoles los puestos que desempeñaban.

Gerardo Díaz Ferrán. Ocupó la Presidencia de la CEOE hasta la quiebra en 2010 del Grupo Marsans, del que era propietario. Año y medio después, en junio de 2012, fue detenido e ingresó en la prisión de Soto del Real, donde aún permanece. Está condenado por fraude fiscal, vaciamiento patrimonial, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, entre otros delitos, en diversas causas.

Arturo Fernández. Cuñado de Díaz Ferrán, fue presidente de CEIM hasta 2014. Bajo su mandato, el Tribunal de Cuentas detectó un supuesto uso irregular de los fondos públicos recibidos para formación. Como antiguo miembro del consejo de administración de Bankia, está involucrado en el caso que se sigue por su salida a Bolsa y por el uso de las tarjetas black de Caja Madrid.

Santiago Herrero. Presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) hasta principios de 2014. Fue imputado, junto con otros dirigentes de la organización, por un presunto delito de estafa en una promoción de viviendas de protección oficial en Sevilla que no se llegó a acabar y en la que cada comprador había adelantado 20.000 euros.

Jesús Terciado. Presidente de Cepyme entre 2010 y 2014. Sus compañeros le forzaron a dimitir después de que se supiera que durante dos años había facturado a la organización, a través de dos empresas suyas, más de 400.000 euros para compensar su “gran dedicación” a un cargo que entonces no estaba remunerado. El juez de instrucción número 33 de Madrid instó hace unos días la apertura de juicio oral contra él.

Jesús Bárcenas. Presidente de Cepyme hasta 2010. Se encuentra en la misma situación procesal que Terciado. Percibía 65.000 euros fijos al año en concepto de gastos de representación y Cepyme le costeaba el alquiler de un coche de alta gama, por otros 64.000 euros anuales. Según el juez, ninguno de esos pagos contaba con el conocimiento y aprobación de los órganos directivos de la patronal."        (Público, 07/06/16)

25.2.16

¿Quiénes se han beneficiado más, los corruptores o los corrompidos? El que más... Villar Mir

"(...) Detrás de esa imagen de asociación acostumbrada a delinquir, que remite al hundimiento de la Democracia Cristiana y el PS italiano en 1992, se dibuja una red borrosa, muy tupida y difícil de visualizar, cuya mera idea nos acerca al abismo de la corrupción sistémica, de una metástasis de régimen que todavía esgrimen como arma amenazante algunos ilustres implicados: tanto el “si caigo yo, caemos todos” de Pujol como el “tirar de la manta” de Bárcenas sugieren que quedan enormes lagunas por descubrir: cuál es la magnitud real del fenómeno, en qué momento empezó, quiénes promovieron e impulsaron el clima de saqueo e impunidad… 

Y una duda quizá intranscendente: ¿quiénes se han beneficiado más, los corruptores o los corrompidos? 

Uno de los principales es el octogenario Juan Miguel Villar Mir (Madrid, 1931), ex peso pesado del Estado y símbolo de las puertas giratorias y de las conexiones económicas entre el franquismo y la democracia. Abogado y doctor en Ingeniería de Caminos, Villar Mir se reconvirtió con la llegada de la libertad en empresario y rey del hormigón, y hoy es uno de los príncipes del Ibex35. Gran conocedor de los resortes de la administración, cubrió una larga trayectoria en ministerios franquistas (...)

Su sobresaliente currículum (doctor y miembro de la Real Academia de Ingeniería) y su afamado éxito como “virtuoso de las empresas en quiebra” (compró en 1987 por 100 pesetas su empresa matriz, Obrascón, una de las diez mayores empresas de construcción en los años 70) se mezcla hoy con sombras de amaños en concursos públicos, sobrecostes, sobornos o donaciones ilegales, que recorren Mallorca, Madrid, Barcelona y vuelan hasta México.

 El que fuera Empresario del Año en 2011 está cada vez más cercado por las investigaciones policiales: la semana pasada, el juez Eloy Velasco, que instruye la Operación Púnica, ordenó sendos registros en la sede del imperio OHL y en el domicilio de su yerno, Javier López Madrid. Los papeles de Bárcenas y ahora los de Granados sitúan a Villar Mir como uno de los principales mecenas B del PP, con pagos de 530.000 euros entre 2004 y 2008, y del PP de Madrid, con dos pagos por un valor total de dos millones. 

En todos los casos abiertos parece representarse la misma función: el venerable empresario de referencia reparte favores entre sus validos, un grupo de políticos, jerárquicamente organizados, que alimentan la riqueza de éste para provecho mutuo. Según el informe de la UDEF remitido al juez Ruz, los pagos que presuntamente efectuó OHL al PP entre 2004 y 2009 coinciden con adjudicaciones a la empresa por valor de 7.758 millones de euros entre 2002 y 2009, de los cuales 4.652 millones proceden de administraciones gobernadas por el Partido Popular. Según el informe, OHL es la empresa que más contratos recibió en esas comunidades.

Uno de los primeros guiones de las tramas de corrupción que han rodeado a Villar Mir se representó en público con la declaración ante el fiscal Pedro Horrach de Aina Castillo, ex consejera de Salud del gobierno balear del PP, que acusó a Jaume Matas --ahora cortesano arrepentido-- de haberla presionado para amañar en 2006 las condiciones del concurso para la construcción del hospital de Son Espases, en Mallorca, de modo que resultara en favor de OHL. 

Aquella era la obra de mayor envergadura del gobierno balear, valorada en 778 millones de euros, y según contó el Diario de Mallorca, la operación se fraguó en el más famoso centro internacional de negocios de Madrid, el palco del estadio Bernabéu. Finalmente, tras el revuelo mediático originado por algunas filtraciones, y la posterior revisión del concurso, la obra fue adjudicada a ACS. 

Según declaró la exconsejera, la razón fue que, si Florentino Pérez no obtenía la obra, en Génova “iba a haber un problema político”. Esto parece apuntar a diferencias entre distintas cortes (Mallorca y Madrid), y sobre el rey al cual favorecer (Pérez o Villar Mir).

En otros casos, se han puesto en evidencia supuestas irregularidades en la ejecución de grandes obras adjudicadas por el Estado, y que conllevaron elevados sobrecostes y demoras. Por ejemplo, en el polémico tramo del Ave de Hospitalet-La Torrasa, el Tribunal de Cuentas investigó el sobrecoste del 230% de la obra adjudicada a OHL en 2005. 

Por dicho tramo, que se ha hecho popular por las filtraciones de agua que afectan al recorrido, la constructora percibió 214,3 millones, de los 125 presupuestados inicialmente. En 2007, Adif decidió finiquitar el contrato con OHL, y encargó su finalización a Sacyr. Finalmente la obra costó 354 millones de euros. 

La publicitada política de expansión internacional de OHL no solo no ha servido para despejar sospechas, sino que se ha convertido en el mayor quebradero de cabeza de la constructora. 

Varios de los directivos de su filial en México, y en particular su consejero delegado Pablo Wallentin (hoy cesado), se han visto involucrados en una serie de grabaciones policiales en las que hablaban de supuestos sobornos a jueces, el incremento del precio de la tarifa de una autopista, o el pago de unas vacaciones al secretario de Estado de Comunicación, Apolinar Mena Vegas. 

Estos hechos, y un litigio que la sociedad española mantiene con la empresa mexicana Infraiber, han provocado la auditoría de todos los contratos firmados por OHL con el gobierno mexicano y la posterior caída en la cotización de su filial mexicana. 

Otro de los frentes foráneos, el megaproyecto del AVE a la Meca, está siendo motivo habitual de disputa con el gobierno de Arabia Saudí. El proyecto, el mayor conseguido nunca por una empresa nacional en el exterior, fue concedido al consorcio liderado por Adif (21,05%) y OHL (6,21%) por 6.700 millones de euros, pero tras los sobrecostes podría elevarse hasta los 16.200 millones.

 Dichos sobrecostes y la tardanza en las obras hicieron tambalearse el proyecto, lo que obligó al marqués a recurrir a su viejo amigo Juan Carlos de Borbón, impulsor del contrato original, quien realizó un viaje relámpago a Riad en enero de 2015 para pacificar a sus pares saudíes y promover un nuevo plan de obra que integra los sobrecostes y un nuevo calendario. 

A estas dudas sobre sus relaciones con la administración, ya sea nacional o extranjera, se suma el apoyo constante de Villa Mir a la cúpula del PP. OHL figura en los papeles de Bárcenas en los ejercicios de 2004, 2006 y 2008, con aportaciones de 100.000, 180.000 y 250.000 euros, respectivamente. 

Eran los tiempos en que Rajoy se hacía con el timón del partido, y en los que trababa amistad con otros empresarios como Gabriel Escarrer (propietario de Meliá), dueño del yate que utilizaba, junto a Matas, durante sus veraneos en Mallorca. 

Como muestra de la complicidad entre Rajoy y Villar Mir (paralela a la amistad entre Aznar y Florentino Pérez), quedan los 300.000 euros que, según Bárcenas, OHL dio al PP para la campaña de 2011, que depositó a Rajoy a La Moncloa con una cómoda mayoría absoluta.  (...)

Tras tres décadas construyendo grandes obras, el exministro de Hacienda ha tenido la suerte de ser uno de los pocos españoles que ha sorteado la Gran Recesión con éxito y holgura: entre 2007 y 2015, su fortuna se multiplicó por cuatro, pasando de 1.350 millones a 5.700 millones.

 El marqués ha entrado así por la puerta de honor en la lista Forbes de las 10 mayores fortunas (3º en 2015) en España, que actualmente poseen algo menos del 10% del PIB español (90.148 millones).   (...)

No obstante, su ostentación de autonomía contrasta con algunas cifras, como los 7.758 millones que ingresó por adjudicaciones de la administración pública entre 2002 y 2009 o los créditos por valor de 535 millones que recibió entre 2009 y 2011 de Caja Madrid, antes de ser intervenida, a tipo de interés del 0%. 

El primer dato muestra cierta dependencia, pues sus ingresos por adjudicaciones públicas en España significaron un tercio (32,33%) de todos sus ingresos durante ese periodo (su resultado de negocio neto sumó 23.993 millones entre 2002 y 2009).

 En cuanto al último dato, no tendría por qué ser muestra de dependencia si no fuera por la presencia de su yerno, Javier López Madrid, en el consejo de administración de Caja Madrid en 2010, 2011, y posteriormente en Bankia hasta la salida de Rodrigo Rato. Por si no fuera suficiente con esta ayuda, su yerno gastó 34.800 euros de su correspondiente tarjeta black.

Su desinterés por el mercado español no ha frenado a Villar Mir a la hora de enfrentarse al Estado. En 2014, el Grupo OHL presentó una demanda contra el Ministerio de Fomento por no cumplir la cláusula del contrato de adjudicación de la autopista de peaje Madrid-Aeropuerto (M-12), que establecía una compensación en caso de que el tráfico no fuera suficiente para generar unos ingresos que compensaran los costes financieros. 

OHL reclamó al Estado 64,89 millones, el 20% del coste de construcción de la autopista. En octubre del año pasado, la sociedad que gestionaba dicha autopista fue liquidada. Por ende, se estima que la responsabilidad patrimonial del Estado asociada a la liquidación de la concesión es de 305,47 millones de euros (el 93% de los 327,81 millones por la que fue adjudicada a OHL). 

Una empresa bien conectada con el Estado

La máxima figura actual de OHL es un dejavú: Josep Piqué ha pasado por el Senado, por el Congreso, por el Parlament catalán y por varios ministerios hasta ser portavoz del gobierno de Aznar, y hoy es el consejero delegado del Grupo OHL. Antes, otros como Baltasar Aymerich Corominas ocuparon puesto en el consejo; éste último fue Subsecretario de Obras Públicas y Urbanismo en el último gobierno de UCD.  

No obstante, la conexión de OHL con el Estado tiene otra caras menos conocidas. En las listas del PP por Madrid para las elecciones del 20D aparecía en tercer lugar Isabel García Tejerina, sólo por detrás de Rajoy y su número dos, Soraya Sáenz de Santamaría. 

Tejerina fue directora general de agricultura y alimentación durante la época de Aznar, y es la ministra de Agricultura y Medio Ambiente en funciones. Además, fue durante ocho años alto cargo en empresas del Grupo OHL: consejera de la sociedad argelina Fertial S.P.A y directora de planificación estratégica en Fertiberia S.A. 

Esta última empresa tiene una sentencia de 2010 de la Audiencia Nacional por incumplimiento del contrato de concesión (por acumulación de residuos tóxicos de más de 120 millones de toneladas de fosfoyesos) por la que pagó 21,9 millones de euros en 2011 para hacer frente a la restauración de las marismas de Mendaña (Huelva), donde se depositan los fosfoyesos. 

Otro exempleado de Villar Mir menos conocido y muy bien situado es Juan Trinidad, que fue asesor jurídico de OHL y hoy es diputado de Ciudadanos por la Asamblea de Madrid y miembro de la Mesa que decide los temas que se debaten, y los que no. Trinidad era el número ocho de la lista y fue sorprendentemente elevado a vicepresidente primero de la Mesa. Cuando el presidente esté ausente, él será quien decida el orden del día."         (Rubén Juste de Ancos, CTXT, 17/02/16)

19.2.16

Florentino Pérez iba a cerrar otro acuerdo con Púnica justo cuando saltó la trama

"El responsable de las empresas de reputación online de la trama Púnica, imputado en la causa, Alejandro de Pedro, estaba a punto de cerrar un nuevo contrato comercial con el Real Madrid cuando fue detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. 

Así lo recoge un informe elaborado por los investigadores del instituto armado el pasado 1 de julio incluido en última parte del sumario del caso Púnica, cuyo secreto fue levantado la semana pasada por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco.

De Pedro ya venía trabajando para el club y para el propio presidente de la entidad deportiva, Florentino Pérez, mediante la prestación de servicios de mejora de la imagen públicas.

 En concreto, a través de Eico Online Reputation Management, los miembros de la trama corrupta estuvieron trabajando con el Real Madrid entre enero de 2013 y diciembre de 2014, periodo durante el cual el club abonó a la mercantil alrededor de 300.000 euros por los mencionados trabajos de imagen, explicaron a El Confidencial fuentes cercanas al caso.

No en vano, el también imputado en la causa Agustín Alonso Conesa, responsable de la mercantil Mistral -subcontratada por Eico para los trabajos realizados al Real Madrid-, admitió ante la Guardia Civil "colaborar" con el club "a través de la contratación de los trabajadores necesarios para la realización del Diario Bernabéu", lo que hacía mediante la mencionada sociedad porque le parecía "un buen negocio".

Reconoció que eran Alejandro y su hermano Adrián de Pedro -que acusó al Canal de Isabel II de emitir facturas falsas para pagar la propaganda de altos cargos del PP- quienes realmente gestionaban a los trabajadores y pagaban mensualmente a Mistral, que "obtenía un pequeño beneficio económico", que sería "mayor" en un futuro, debido a que -a su juicio- la iniciativa tenía gran "proyección futura".

Fue de hecho cuando esa relación entre De Pedro y Florentino Pérez se disponía a dar un nuevo salto comercial cualitativo cuando la UCO detuvo al primero en el marco de la operación Púnica el 28 de octubre de 2014. 

"De Pedro mantiene una relación estrecha y comercial con el Real Madrid, que en el momento antes de la detención iba a ser aumentada contractualmente con dicho club", relata el citado informe de la Guardia Civil, que consiera este extremo acreditado por las conversaciones telefónicas intervenidas a distintos miembros de la trama.

El documento del instituto armado -relativo inicialmente a las "supuestas irregularidades cometidas en la contratación pública del Instituto de Fomento de Murcia" por parte de la trama- explica que, en la documentación intervenida en la sede de Eico, los investigadores encontraron el "borrador de un contrato" entre Mistral y Viajes Barceló, que ponía en evidencia que la mercantil representada por Alonso Conesa estaba "interesada en contratar" a la agencia para comercializar asientos vips, 'tour' y paquetes especiales programados en el Santiago Bernabéu.

La empresa controlada por Alonso Conesa, vinculado comercialmente con De Pedro en los negocios que ambos emprendían con el Real Madrid, preveía sacar un 3% de beneficio de los nuevos negocios que planteaba en relación con el club blanco, como también pone de manifiesto el mencionado informe de la UCO. El documento, sin embargo, fue rechazado por Alonso Conesa, quien en declaraciones a la Guardia Civil negó haberlo visto nunca e incluso haber tratado del tema con nadie."             (El Confidencial, 19/02/16)

18.2.16

La cúpula de Vitaldent recibía más de 17 millones de dinero negro al año. Es que al dentista le pagaba sólo 100 euros de los 900 que cobraban por cada trasplante

 "El informe definitivo remitido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Polícia (UDEF) a la instructora de la 'operación Topolino' revela que la cúpula Vitaldent defraudaba a la Hacienda Pública más de 17 millones de euros al año a través de los pagos en B que obtenía de las denominadas clínicas propias, es decir, aquellas cuya gestión dependen de la propia marca a diferencia de las franquicias.

Así lo pone de manifiesto la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Majadahonda en el auto donde envía a prisión al propietario de la compañía, Ernesto Colman, al vicepresidente, Bartolomé Conde y a los colaboradores Nicolás Sisinni y Javier Arteaga.

Todos ellos están acusados de delitos contra la Hacienda Pública, delito continuado de blanqueo de capitales, un delito de falsedad en documento oficial y mercantil, un delito de estafa y/ apropiación indebida, un delito contable y un delito de organización criminal por haber diseñado y participar en un complejo sistema defraudatorio hacia franquiciados, clientes y pacientes, y a la propia Hacienda Estatal.

En la resolución, la juez cifra de la siguiente manera el fraude fiscal cometido por la cúpula de Vitaldent: "se puede determinar que cada una de las clínicas propias paga un canon mensual de 10.000 euros por lo que anualmente se perciben por los investigados cantidades millonarias, que se estima por la UDEF, partiendo de la base de que hay 146 clínicas propias, que se elevarían a 17.250.000 euros al año los cuales se ocultan a la Hacienda Pública".
Además, en el auto de prisión, la magistrada María Isabel Serrano subraya que "de la investigación llevada a cabo por este juzgado se desprende indicios bastantes de la existencia de un grupo de personas que de manera organizada como  propietarios y/o responsables de las clínicas Vitaldent, y a través del sistema de franquicias que operan con centenares de clínicas repartidas por toda España, habrían diseñado y estarían participando en un complejo sistema defraudatorio hacia franquiciados, clientes y pacientes y la propia Hacienda Estatal, generando de este modo cantidades ingentes de dinero opaco a la Administración Pública, cuyo destino final trataría de desvincularse de su origen mediante operaciones ficticias y la utilización e interposición de numerosas entidades instrumentales radicadas en Suiza, Luxemburgo, España u Holanda".

En concreto,  la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Majadahonda detalla cómo tal defraudación tendría su origen en la existencia de una caja B "así como un sistema de generación mensual y anual de grandes cantidades de dinero opaco fiscalmente".

La juez explica que en un primer momento cada clínica podía generar en B la cantidad mensual elegida siempre que el 10 por ciento del dinero "ennegrecido" fuese destinado a la organización. Posteriormente, se pasó a exigir a cada clínica el pago de 10.000 euros mensuales que eran abonados mediante un sistema de recogida que habría sido encargado por Colman a personas de su confianza. Una vez que ese dinero era almacenado era enviado hacia paraísos fiscales como Suiza.

Con el fin de desviar esos fondos Ernesto Colman creó un complejo sistema societario dividido en mercantiles que poseían las participaciones de las clínicas propias  (que no eran franquicias) y otro grupo de sociedades que eran utilizadas para "minorar el pago de impuestos y expatriar capitales hacia países de la zona euro".

 Por último, en el auto, la magistrada recalca que para llevar a cabo con éxito estos pagos en Vitaldent existía una contabilidad y una contabilidad B y la facturación se realizaba "habitualmente sin IVA".            (Ángela Martialay, Vox Populi, 18/02/16)


"Vitaldent cobraba 900 euros por un implante pero al dentista le pagaba sólo 100".

Vitaldent insiste en que la detención de su fundador Ernesto Colman y de varios directivos más no impacta en su actividad: "llevamos 25 años trabajando con los mejores y lo seguiremos haciendo.

Nuestras clínicas van a seguir abiertas con el mismo horario y las mismas condiciones", dijo la portavoz de la compañía Ana Caspistegui, que insistió en que se garantiza la continuidad del servicio en todas las clínicas de Opendent (aquellas que pertenecen al grupo y no son franquicias).

Sin embargo, siguen saliendo a la luz denuncias sobre las prácticas de algunas de las clínicas. Al tratarse de un sistema franquiciado, es imposible establecer una categoría, pues con multitud de dueños, el funcionamiento era diferente en las críticas.

Por ejemplo, un especialista dental con varias décadas de experiencia en la profesión y actividad en Galicia declara a este periódico cómo el 'truco' de Vitaldent venía porque, además del precio de un implante (aproximadamente 300 euros) cobraba a los pacientes el 'acto quirúrgico' a precio de oro: entre 650 y 700 euros por este equivalente de la 'mano de obra', lo cual elevaba el precio de los implantes hasta los 900 euros.

 "Lo más hiriente era que de esos 900 euros el odontólogo sólo recibía 100, y el resto iban directos a la clínica. Seguramente por eso abundaban allí los recién licenciados, que en cuanto podían marchaban a otras clínicas con mejores condiciones", asegura este especialista médico. Lógicamente, la clínica debía pagar muchas más cosas aparte del servicio del odontólogo.

Según un experto con varias décadas de experiencia en el sector, al cobrar el acto quirúrgico a precios tan elevados, el precio de la colocación de un implante ya "rondaba los 900 euros y no era, por tanto, especialmente competitivo".

También había muchas quejas de pacientes a los que se les diagnosticaba tratamientos por encima del diagnóstico que tenían en otras clínicas: "Con una psicología más mercantil que clínica, la publicidad agresiva escapaba de las manos de un colegio de odontólogos y se le les permitía una filosofía para sacar el máximo al cliente", asegura este profesional gallego, para quien otro de los puntos negativos consistía en las marcas utilizadas en los implantes, y que solían ser marcas que imitan las 3 enseñas de más calidad en el sector, "que tienen el mismo titani opero se están aprovechando de los estudios de las 3 punteras, y con tratamientos que no pasan los mismos controles. Y un implante va dentro del hueso y puede producir una reacción cutánea".

Quejas de los clientes

"A veces sabes a conciencia que los materiales que utilizan no son buenos, y yo no estoy dispuesto a ir en contra de mi código deontológico. Mi lema es que lo que no me pondría a mí mismo no se lo pongo a nadie", asegura el cirujano gallego, que reconoce que puede haber casos en los que estén contentos con Vitaldent. "Habrá gente que está encantada".

La experiencia de la clientela con Vitaldent es variopinta, dado que contaban con más de 300 tiendas entre propias y franquiciadas. Los pagos en B de la propia clientela no han sido moneda común, pues nadie relata situaciones de este tipo. "El propio Vitaldent solía favorecer la financiación de sus servicios a través de su financiera, lo cual dificulta tremendamente poder hacer los pagos en B", manifiesta un conocedor del sistema de Vitaldent.

Para Aurelio (nombre ficticio), no ha sorprendido nada lo que finalmente ha ocurrido por Vitaldent, aunque sí se muestran sorprendidos por las cantidades de dinero qu se barajan: "Colman era una persona que solía alardear de riqueza, tal vez por haber empezado su carrera sin apenas fondos daba mucha importancia a estatus económico que había conseguido.

 Lo conozco desde que inició su andadura y hay que reconocerle que supo aplicar conceptos y técnicas nuevos a un negocio a veces muy anticuado. Por ejemplo, fue el primero en utilizar publicidad y hasta el Tribunal de Defensa de la Competencia consideró que tenía derecho a anunciar sus precios, algo que hasta entonces nadie hacía", cuenta un experto que trabaja en Madrid.

Por su parte, desde la empresa no se ha querido señalar si han recibido peticiones para abandonar a franquicia, y sí se ha destacado que siguen abiertos "en el mismo horario y con los mejores profesionales" durante los próximos días."             (Mario Sanchez, Voz populi, 17/02/16)

16.2.16

Ex director general de Interior dirigía el 'cártel del fuego'

"La Policía Nacional ha practicado más de 20 detenciones y varios registros en Valencia y en otras provincias españolas derivadas de la causa que provocó la detención del ex conseller de Gobernación y Justicia y ex delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, por presuntos favores a la empresa Avialsa, con cuyo presidente coincidió en cacerías, y a la que se le adjudicó contratos para la extinción de incendios. La operación la coordina el Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto (Valencia), encargado de este procedimiento, que continua secreto. 

Según ha podido saber EL MUNDO, en la operación, los agentes de la Udef habrían arrestado a más de 20 personas entre altos cargos y empresarios de varias regiones relacionadas con el cártel del fuego en cuya orbita se situaría Castellano. 

Además, se habría producido el registro de varias dependencias del Departamento de Bomberos de la Generalitat Catalana. En concreto, los agentes están registrando desde media mañana el edificio de los Bomberos de la Región Metropolitana Sur de Barcelona, en Sant Boi de Llobregat, y una oficina de la central de los Bomberos en Bellaterra.

Según esta información, la actuación judicial incluye un registro en la sede de la empresa Inaer, la empresa que suministra los helicópteros de la Generalitat Valenciana. Según su página web, Inaer es la compañía líder en España en servicios de emergencia aérea y mantenimiento de aeronaves, especializada en operaciones de vital importancia como emergencia médica, protección civil, búsqueda y rescate en mar y montaña, vigilancia de costas y pesquera, lucha contra incendios, entrenamiento y mantenimiento de aeronaves. Inaer estaría vinculada a las empresas que supuestamente pactaban los precios de adjudicaciones para influir en los precios.

Según una nota difundida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, el Juzgado de Instrucción 2 de Sagunto ha coordinado hoy un dispositivo policial de ámbito nacional en el marco de las diligencias que se siguen por un presunto amaño de contratos públicos relacionados con empresas del sector aéreo dedicadas a la extinción de incendios forestales.

La operación policial desarrollada este miércoles por el Grupo 24 de la UDEF, se ha saldado con la detención por orden del juez instructor, de dos personas. Una de ellas es un ex alto cargo de la Generalitat Valenciana, según diversas fuentes, Pedro Hidalgo, ex director general de Interior. 

Hidalgo lleva años retirado de la vida política pero fue uno de los hombres de confianza de Castellano. Según los datos recopilados por esta redacción, Hidalgo permanece a estas horas detenido en los calabozos y la Policía podría agotar los plazos legales para ponerlo a disposición del juzgado. El otro arrestado es un alto cargo de la Generalitat de Cataluña. Aún no han pasado a disposición judicial. También hay cargos del departamento de bomberos custodiados por la Policía.

La Policía, además ha detenido a una veintena de personas y ha practicado 20 registros en empresas y viviendas. Además de la Comunidad Valenciana y Cataluña, la operación (detenciones y registros) se ha desarrollado de forma simultánea en Andalucía, Baleares, Castilla La Mancha y Extremadura

Hasta este momento hay más de 30 personas y 20 empresas investigadas por amañar, supuestamente, concursos públicos de ámbito autonómico, nacional e internacional (Italia y Portugal).

La causa, que sigue secreta, está abierta por organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y negociación fraudulenta a funcionario público.

La caída de Castellano

A finales de mayo de 2015, la Policía detuvo a Castellano, cuando ocupaba el cargo de delegado del Gobierno, en una operación coordinada por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. Así mismo, la jornada se saldó con otros nueve arrestados más, entre ellos, el empresario Vicente Huerta, propietario de Avialsa. 

Otro de los arrestados fue el entonces alcalde de Quartell Francisco Huguet (PP), también empleado de Avialsa, por supuestamente haber entregado dinero al exconseller para ir de caza; y un exconcejal del PP en esta localidad, Emilio Máñez.

 Otro detenido fue José Miguel Taroncher, quien recibió adjudicaciones de Castellano en las Consellerias de Sanidad y Gobernación. También se practicaron diferentes registros tanto en el domicilio de Castellano como en la sede de la conselleria o de esta mercantil. Todos ellos quedaron en libertad provisional. 

En ese momento, el juzgado abrió una causa por presuntos delitos de malversación, prevaricación y blanqueo de capitales, entre otros, que estaba declarada secreta. El ministerio público llevaba investigando desde el mes de octubre de 2014 contratos adjudicados a Avialsa por parte de Castellano entre los años 2008 y 2010 para la extinción de incendios forestales por un importe de más de 33 millones de euros.

Denuncia del ex gerente

La Fiscalía abrió esta investigación a raíz de una denuncia interpuesta por el ex gerente de Avialsa, Francisco Alandí, en la que se aludía a supuestos regalos efectuados por Huerta a Castellano relacionados con cacerías de patos y perdices; y, por otro, a gestiones del exconseller para favorecer al directivo. 

Esta causa dio lugar a la apertura de una investigación también por diferentes actuaciones urbanísticas y otros contratos más allá de Avialsa que se extenderían a todo el territorio nacional y otras empresas del sector. Estas últimas pesquisas son las que han provocado las nuevas detenciones y registros realizados este miércoles, 13 de enero, ha podido saber Europa Press. Junto a esta pieza, el mismo juzgado de Valencia investiga una querella interpuesta por Avialsa contra Francisco Alandí por estafa."          (El Mundo, 13/01/16)


" El juzgado de Instrucción 2 de Sagunto golpeó ayer con fuerza al cártel del fuego al que aparentemente pertenecía y favoreció Serafín Castellano, ex delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana y ex conseller de Gobernación de la Generalitat. 

Un grupo de empresas del sector aéreo dedicadas a la extinción de incendios forestales investigadas por pactar precios e influir en las adjudicaciones públicas de España, Portugal e Italia. El presunto fraude, según pudo averiguar ayer este periódico, supera los 100 millones de euros. Es la cantidad en concursos públicos que habría obtenido el cártel pactando precios.

Según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional practicaron ayer más de 20 detenciones en Alicante, Valencia y otras provincias españolas derivadas de la causa que motivó la detención de Castellano, en mayo de 2015, por presuntos favores a la empresa valenciana Avialsa.

 La investigación apunta a su presidente, el empresario valenciano Vicente Huerta, como el presunto cerebro del cártel del fuego. Ayer no fue detenido por la Policía, según apuntaron desde su entorno.

La operación policial desarrollada por el Grupo 24 de la Udef se saldó con dos altos cargos detenidos. Uno de ellos es un ex dirigente de la Generalitat Valenciana, Pedro Hidalgo, ex director general de Interior con Castellano. 

Hidalgo está retirado de la política y la investigación apunta a que aceptó regalos a cambio de favorecer a Huerta y sus aliados. El otro arrestado es un alto cargo de la Generalitat de Cataluña. Aún no han pasado todos los detenidos a disposición judicial y la Policía podría agotar el plazo legal para sentarlos en el juzgado.

Además, según fuentes judiciales, los agentes detuvieron a una veintena de personas y practicaron 20 registros en empresas y viviendas. Además de la Comunidad y Cataluña, la operación -detenciones y registros- se desarrolló de forma simultánea en Andalucía, Baleares, Castilla La Mancha y Extremadura. Los agentes de la Udef también irrumpieron en el edificio de los Bomberos de la Región Metropolitana Sur de Barcelona, en Sant Boi de Llobregat, y una oficina de la central de los Bomberos en Bellaterra.

Una de las empresas valencianas que la Policía registró fue Inaer -con sede en Mutxamel (Alicante)- la empresa que suministra los helicópteros de la Generalitat Valenciana. Según su página web, Inaer es «compañía líder en España en servicios de emergencia aérea y mantenimiento de aeronaves, especializada en operaciones de vital importancia como emergencia médica, protección civil, búsqueda y rescate en mar y montaña, vigilancia de costas y pesquera, lucha contra incendios, entrenamiento y mantenimiento de aeronaves». Inaer estaría vinculada a las empresas que supuestamente pactaban los precios de adjudicaciones para influir en los precios.

Hasta este momento hay más de 30 personas y 20 empresas investigadas -término que sustituye al de imputado tras la entrada en vigor de la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal- por amañar, supuestamente, concursos públicos de ámbito autonómico, nacional e internacional -Italia y Portugal-.

La causa, que sigue secreta, está abierta por organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y negociación fraudulenta a funcionario público.

Monopolio

La trama de Serafín Castellano es mucho más que un rifle o una batida de perdices. Los regalos que habría recibido el también ex secretario general del PPCV con Alberto Fabra son sólo la mirilla por la que se asomó la Policía para seguir tirando del hilo en un caso que, con toda probabilidad, acabará en la Audiencia Nacional por las conexiones internacionales y entre comunidades autónomas.

Los integrantes de la trama se habrían repartido todos los concursos públicos de España, Italia o Portugal pactando precios bajos para compartir más tarde el sobrante. Lo conseguían sobornando a multitud de cargos públicos del país, funcionarios del Ministerio de Fomento incluidos.

Entre los cargos agasajados, además de Castellano, también figura Hidalgo. Según la información de la que dispone EL MUNDO, el ex alto cargo al que la Policía detuvo ayer habría recibido un Volkswagen Touareg para el use y disfrute de su hijo. Otro alto cargo de Fomento, Salvador Alepuz, quien ya fue detenido, habría recibido un Golf.

Según estas fuentes, la Policía sospecha que la trama actuaba como un monopolio, sus integrantes se concertaban entre sí como en un reino de taifas y nadie se presentaba a un concurso en territorio del otro. Huerta habría dirigido la rama de Valencia y Cataluña, e informó del reparto a Castellano en una de las cacerías celebradas en Castilla La Mancha que también se investigan. Los altos cargos implicados están vinculados al PP, CIU o PSOE.

 En Cataluña, por ejemplo, se investigan sobornos que podrían afectar a los primeros gobiernos de Jordi Pujol. Con la operación de ayer la Policía completa la segunda fase del caso.

El origen

La Fiscalía especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada abrió diligencias de investigación penal en octubre de 2014. Las declaraciones de Antonio Alandí -el ex gerente de Avialsa que denunció la red ante el delegado de Anticorrupción en Valencia, el fiscal Vicente Torres-, han permitido constatar cómo determinadas empresas del sector de extinción de incendios forestales crearon esta red. No se pisaban el negocio el uno al otro. Un chollo teniendo en cuenta que el fuego es un negocio, que ardan los bosques es una oportunidad de crecimiento para estas empresas.

En la causa se incluyen multitud de correos electrónicos, a los que ha tenido acceso este periódico, en los que los empresarios bajo sospecha acuerdan cómo repartirse el negocio. Incluso redactaban actas de las reuniones que celebraban. También presentaban ofertas cebo para controlar los precios e influir en la adjudicación final.

Lealtad y regalos

Serafín Castellano habría disfrutado durante años de un buen ritmo de vida a costa de las empresas a las que regaba con millones de euros en contratos públicos. El método: obsequios y lealtad a cambio de adjudicaciones. Los concursos públicos se cocinaban en restaurantes como El Cañar, muy frecuentado por políticos valencianos, y los pliegos administrativos parecían hechos a la medida de los amigos contratistas del ex delegado del Gobierno.

Ese mismo esquema pudo repetirse en el resto de España y otros países. Según fuentes próximas al caso, la cantidad presuntamente malversada supera los 100 millones de euros y la Policía también investiga si los empresarios movieron hasta 600.000 euros en dinero negro desde Italia.

Sólo por el contrato que Serafín Castellano adjudicó a Inaer, una de las empresas que ayer registró la Policía, la Generalitat pagará más de 32 millones de euros por el servicio de helicópteros medicalizados o de extinción de incendios. Castellano adjudicó este contrato en 2013 y finaliza este año.

Hay al menos ocho comunidades autónomas implicadas. Se trata de Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Cataluña y Aragón.

El ex gerente de Avialsa que denunció los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción aportó a los investigadores abundante documentación sobre la ausencia de competencia entre empresas cuya autenticidad ya habría acreditado la Policía para llevar a cabo esta segunda fase del caso. 

Entre esa documentación destacan otros correos electrónicos que apuntan a pactos de no competencia entre empresas del sector que desde hace años llevan actuando en el mercado de manera concertada y repartiéndose el mercado por áreas de influencia. 

Entre las mercantiles salpicadas por la trama, además de Avialsa, está Faasa Aviación, Cegisa, Santiago Cid Grupo Inaer, T.A. Extremeños, Santiago Cid o Trabajos Aéreos Espejo. Todas estas empresas pertenecen a la Asociación AECA-Asociación Española de Compañías Aéreas y están dedicadas al sector de la aviación. 

«Amigos todos. Tras la reunión ayer en Madrid referente al concurso en Portugal, paso a resumir lo que pensamos que debe hacerse. Contactar con Ribeiro para ofrecerle entrar con nosotros [...] Recopilar toda la información de aviones y empresas para presentarla al concurso con o sin Ribeiro [...] 

Los detalles de nuestra oferta dependerán de que tengamos enemigos [Ribeiro] o no, y pueden ser comentados entre nosotros a última hora antes de presentar», es sólo una parte de un correo electrónico que muestra cómo actuaba la red.

Esta práctica, la de concertar precios ofertados en concursos públicos, suele ser castigada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pero al apuntar la investigación a otros delitos como el cohecho o el blanqueo de capitales se instruye por la vía penal en virtud del artículo 262 del Código Penal."             (El Mundo, 14/01/16)

26.1.16

El número 3 de Soraya mandó un correo a Arcadio Mateo para interesarse por el pago de 10 millones a FCC

"El sumario del caso Acuamed revela que el 'número tres' del Ministerio de la Presidencia que dirige Soraya Sáenz de Santamaría, Federico Ramos de Armas, envió el 20 de junio de 2013 un correo electrónico al director general de la empresa y cabecilla de la trama, Arcadio Mateo, en el que se interesaba por el pago de 9,5 millones de euros a FCC, porque le debían "bastante dinero en otras obras".

Entonces, Ramos de Armas era presidente de Acuamed y secretario de Estado de Medio Ambiente. En el mensaje, preguntaba a Mateo la conveniencia de presentar en el siguiente consejo de administración el pago de 9,5 millones de euros por la reparación de la desalazora de Almanzora, cantidad que pedía la contratista, FCC.  “Así vamos avanzando con esta gente”, añadía Ramos de Armas, “a la que debemos bastante dinero por otras obras”, según la Cadena Ser.

Ya por entonces, algunos funcionarios de Acuamed como Francisco Valiente habían remitido a Mateo a través de varios informes y reuniones que quien debía abonar los pagos era el seguro de la empresa. Sin embargo, la empresa pública terminó abonando a FCC 20 millones más por la ejecución de los trabajos y los incluyó en el presupuesto de 2016, si bien reducidos a 22 millones tras la denuncia de la Fiscalía, según el auto del juez Eloy Velasco.

Velasco apuntó en su auto de este miércoles que “altos cargos del Ministerio” de Agricultura “pactaron con la cúpula de FCC” compensara esta empresa por las obras del embalse de Almazora. También impartieron “instrucciones” para abonar 40 millones de euros a la misma empresa por la descontaminación del embalse de Flix, mediante “facturas falsas” y “conceptos inexistentes”.                 (Vox Populi, 22/01/16)

21.1.16

Directivos de Acciona y FCC, entre los detenidos por el fraude de las desaladoreas, Acuamed

"Varios de los 13 detenidos este lunes por la Guardia Civil en la 'Operación Frontino' son directivos de las empresas Acciona y FCC, por su presunta vinculación con la trama de desvío de fondos públicos en torno a la sociedad estatal Acuamed, han informado fuentes de la investigación. 

eldiario.es ha podido confirmar con fuentes de la investigación que la compañía pública adjudicaba de forma irregular los  proyectos de desaladoras en los que se habían descubierto sobrecostes millonarios sin justificar, que alcanzarían los 20 millones de euros.

Las fuentes consultadas han precisado que los directivos de ambas empresas van a prestar declaración a lo largo de este martes en las dependencias del Instituto Armado en la localidad madrileña de Tres Cantos. 

En esta causa se investiga además el amaño de contratos públicos por la sociedad dependiente del Ministerio de Agricultura. El director de la empresa, Arcadio Mateo, fue detenido el lunes y será destituido hoy por el Gobierno.

 Por su parte, fuentes jurídicas han informado de que entre los 16 registros practicados el lunes por los agentes de la UCO se encontraban algunas dependencias de la empresa Acciona."                   (eldiario.es, 19/01/16)

21.12.15

Bosh, investigado por ayudar a Volkswagen a trucar sus motores

"El escándalo de Volkswagen y los motores está muy lejos de aclararse. Después de que se destapara toda la estafa que el gigante alemán había llevado a cabo para conseguir que sus vehículos superaran los test de emisiones mediante un software que manipulaba los datos, toda la industria del motor está bajo sospecha, pues parece que no ha sido el único que ha cometido tal infracción.

Pero además de eso, ahora se sabe que las autoridades alemanas llevan tiempo investigando la posibilidad de que Volkswagen no actuara sola y que tuviera un aliado para llevar a cabo la trampa. Y se trata de otra gran compañía alemana, que a parte de hacer electrodomésticos también suministra componentes a la industria automovilística.

La Fiscalía germana ya investiga a este otro gigante empresarial, Bosch, que tiene 30.000 empleados en todo el mundo y unos ingresos de más de 45.000 millones de euros al año. Aunque las pesquisas no han comenzado ahora, sí es en este momento cuando la noticia se ha dado a conocer, lo que supone un nuevo jarro de agua fría para la economía del país antes de finalizar el año.

Si se confirman las sospechas y se prueba que Bosch colaboro en la manipulación de los motores de los automóviles suministrando las componentes para realizar el amaño, el sector empresarial alemán se verá envuelto en una fuerte crisis que, aunque por el momento ha sido capaz de contener, puede estallar con fuerza en 2016.

Como es evidente, Bosch niega cualquier implicación en la trama, pero eso tendrán que probarlo las autoridades. Por lo tanto, el culebrón tiene visos de extenderse en el tiempo, lo que no ayuda a la marca Alemania alrededor del mundo. (...)"           (

9.12.15

Abengoa e Indra: saqueos impunes

"(...) Felipe Benjumea dejó la presidencia de la ingeniería andaluza Abengoa en septiembre. A la sazón, se metió en el bolsillo una depredadora compensación de 11,5 millones de euros y, encima, le encumbraron a presidente de honor.

Su segundo de a bordo, el consejero-delegado Manuel Sánchez Ortega, se había ido unos pocos meses antes “por motivos privados”. Se le concedió una recompensa de 4,5 millones, más un momio adicional de 3,3 millones si se cumplen determinadas circunstancias. Es de subrayar que tanto Benjumea como Sánchez, venían cobrando un opíparo sueldo anual de 4,5 millones.

Esas cantidades son, en sí mismas, exorbitantes. Pero además claman al cielo. Ocurre que la pésima gestión de sus perceptores colocó la empresa al borde del mayor fallido de la historia española. De momento, su debacle bursátil deja en la ruina a multitud de accionistas. Algunos de ellos ya han interpuesto querellas contra ambos caballeros ante la Audiencia Nacional.

Los tribunales determinarán en su día si el grosero pillaje de las arcas sociales encierra materia delictiva. En todo caso, las obscenas mamandurrias de los dos personajes citados evidencian, una vez más, la codicia sin límites característica de buena parte de los oligarcas del Ibex.
 
Las peripecias bochornosas de Abengoa coinciden con otras similares acaecidas en la tecnológica Indra, que por cierto también está contra las cuerdas. Javier Monzón, gran capo de la casa durante 22 años, cesó en enero último, no sin percibir la fruslería de 12 millones a título indemnizatorio.

Indra atraviesa hoy serias dificultades. Ha perdido 560 millones en los nueve primeros meses del año. Anuncia 1.700 despidos. Y hete aquí que el máximo responsable del desaguisado no sólo se va de rositas, sino que se forra literalmente, mientras endosa la factura de su particular fiesta a la masa inerme de los empleados, muchos de los cuales pueden terminar en las filas del paro.

Además, se ha sabido que Monzón disfrutaba secretamente de un jet privado, sufragado por la sociedad a espaldas del consejo de administración, que jamás supo de tales lujos y despilfarros. El órgano de gobierno ha reaccionado cancelando el título de presidente de honor que dio en conferir generosamente a Monzón a raíz de su partida.

¿Cómo es posible que Benjumea, Sánchez y Monzón ingresaran sus voraces chollos? Pues porque gozaban del respaldo de unos contratos blindados, que los propios beneficiarios se habían auto-asignado por sí y ante sí. 

El terceto de marras no es una excepción. Casi un millar de prebostes del Ibex-35 ostentan privilegios de ese tenor. O sea que la plaga de la avaricia se ha extendido como mancha de aceite. Así se dan situaciones clamorosas como las de Abengoa e Indra, cuyos aguerridos mandamases se embolsan “premios” espectaculares tras hundir las entidades respectivas.

La larga crisis económica y financiera deja al día de hoy un saldo de más de 3 millones de puestos de trabajo destruidos. A la vez, muchos de los que todavía conservan el suyo, han experimentado una devaluación salarial cercana al 25%.

En cambio, los miembros de los sanedrines del Ibex acumulan una subida retributiva del 22% desde 2010, y alcanzan un promedio por cabeza de 613.000 euros anuales, que sube hasta los 2,7 millones en el caso de los consejeros ejecutivos.

Tengo para mí que la cuantía de semejantes devengos traspasa los límites de lo razonable para instalarse en el abuso más pernicioso. Cuando los directivos se mueven impulsados por una avidez sin límites, es fácil que caigan en prácticas propias del latrocinio mondo y lirondo. De pasada, su carencia de moral les erige en eficaces propagandistas del anticapitalismo.

Cada vez que se suscita el asunto de las gratificaciones estratosféricas de los directivos, tratan éstos de justificarlas por el valor que añaden a los negocios. Pero, con harta frecuencia, no solo no aportan valor alguno, sino que desvalijan una riqueza que pertenece a los accionistas.

Los consejos del Ibex están hoy controlados, más férreamente que nunca, por los grandes timoneles de cada empresa. Es fama y razón que muchos de ellos actúan a su antojo y cubren las apariencias designando a ciertos vocales calificados, sin el menor rubor, de “independientes”. 

Presidentes y consejeros delegados hacen y deshacen con facultades omnímodas. Los accionistas, en teoría dueños de las compañías, pintan poca cosa a la hora de adoptarse las decisiones corporativas relevantes. De hecho, carecen de cauces reales para influir sobre ellas, ni siquiera en mínimo grado.

Los desfalcos perpetrados en Abengoa e Indra ponen sobre la mesa la urgente necesidad de recuperar los valores básicos de la economía libre, los que le dan legitimidad social. Me refiero a la cultura del esfuerzo y el trabajo bien hecho, remunerado con un salario idóneo y una jubilación digna. También parece oportuno implantar otro principio fundamental: quien recibe los beneficios debe correr también, en su caso, con las pérdidas. Lo contrario equivale a una odiosa ley del embudo."                 (Gonzalo G¡Baratech, Crónica Global, 06/12/15)

7.9.15

Díaz Ferrán, expresidente de la patronal, vaciador, apandador, socio de una organización criminal, empezó sus fechorías hace muchos años

"(...) Gerardo Díaz Ferrán, expresidente, vaciador, apandador, socio de una organización criminal (lo dice una sentencia judicial), que el jueves pasado dijo que se confesaba culpable, para cambiar quince años de cárcel por cinco y medio, ofreciendo su cabeza y el paradero de veinte millones de euros desaparecidos de la empresa Marsans.
 
Díaz Ferrán empezó sus fechorías hace muchos años. Era uno de los dueños de la empresa Trapsa. Todavía le recuerdan con especial cariño gente que trabajó para él, como Joaquín Navarro, “el andaluz de las pecas”. 

Un día Navarro estaba lavando el coche al acabar su servicio y pasaba por allí Vicente García Ribes, armado como siempre con una pistola, que solían llevar los presidentes de los sindicatos verticales, acompañado por Díaz Ferrán. Tras un diálogo intrascendente, Ribes preguntó a nuestro héroe por el otro, y cuando él le contó que era un revolucionario, le ordenó: “Despídele ahora mismo”. Y eso hizo Díaz Ferrán.

 “El andaluz de las pecas” era el hombre al que buscaban los asesinos de Atocha cuando mataron a los abogados. No hay nada que relacione a Díaz Ferrán con aquellos asesinatos. Pero sí con la huelga que los precedió, y con los García Ribes y García Carrés, unos pistoleros fascistas que actuaban como tales.

El jueves, Díaz Ferrán compuso un gesto muy raro para admitir su culpabilidad. Mientras decía que sí con la voz, decía que regular con la cabeza.

Cuando todavía no le habían pillado por los cientos de millones de su última fechoría se permitió el lujo de decir a los trabajadores: “Hay que cobrar menos y trabajar más”.
La patronal no ha hecho todavía un verdadero ejercicio de limpieza histórica. Díaz Ferrán les ha dado un buen argumento para seguir. Bienvenido su gesto democrático. "          (  , El País 6 JUL 2015)

26.6.15

El 70% de directivos cree que el soborno es habitual en los negocios

"El soborno y la corrupción es una forma habitual de hacer negocios en España. Lo creen el 70% de los directivos preguntados por la consultora Ernst & Young en su informe sobre fraude y corrupción (Fraud and corruption – the easy option for Growth?). Este porcentaje duplica el de Europa Occidental, donde un 35% de directivos piensa así.

De los 38 países analizados, España ocupa el puesto número 13 entre los países en los que los directivos perciben comportamientos poco éticos. Países como Italia, Egipto, Turquía o Rusia salen, a ojos de los directivos preguntados por EY (antigua Ernst & Young), mejor parados que España. En los extremos del ránking está Croacia y Dinamarca, donde solo un 4% de directivos percibe prácticas poco éticas. 

Para el 46% de los encuestados en España, los sobornos se justicias si esto contribuye a la supervivencia del negocio. El 34% opta por obsequiar con regalos personales, un 31% por realizar regalos relacionados con ocio y un 16% se decanta por directamente por el pago en metálico.

El reporte de los resultados empresariales suele ser otro de los objetos de “amaño” habituales en las compañías. Así, más de la mitad de los directivos españoles (56%) perciben que en general las compañías reflejan unas cifras mejores de lo que en realidad resultan ser. La media en el conjunto de los países de Europa Occidental está por debajo de este porcentaje, alcanzando el 33%.

Sobre los castigos para reprimier este tipo de comportamientos, el porcentaje de directivos que cree que se puede hacer más es el mismo que el de quienes piensan que el soborno y la corrupción es un mecanimos habitual para hacer negocios: el 70%. 

La forma de hacerlo sería tomar más medidas para reponer el coste del comportamiento fraudulento. Y para ello, el 58% piensa en medidas de localización y congelación de activos como una forma eficaz de prevenir el fraude o negocios corruptos en el futuro."             (   , El País,  Madrid 14 MAY 2015)

23.3.15

El mayor empresario gallego del transporte, Monbus, detenido por blanqueo

 

"Cinco personas vinculadas a Monbus, la principal empresa de transporte de viajeros de Galicia, aunque también gestiona líneas en toda España, han sido detenidas en las últimas horas por orden de la titular del juzgado de instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara.

 Entre los arrestados en la operación -relacionada con delitos contra la Hacienda pública, falsedad, blanqueo, delitos contables, tráfico de influencias y cohecho-  y bautizada como Cóndor, está el propietario y gerente de la compañía, Raúl López, que es además presidente del club de baloncesto Obradoiro de Santiago, que compite en la liga ACB. 

López, que permanece en los calabozos de la Guardia Civil de la comandancia de Lugo, según confirmaron fuentes del instituto armado, fue detenido ayer por agentes de Vigilancia Aduanera en un restaurante de Sanxenxo sobre las seis de la tarde, cuando se encontraba con otras dos personas que también fueron arrestadas.

Los otros arrestados son Jesús Uriz, jefe financiero de Monbus; Rafael Casqueiro, yerno de Raúl López; Gustavo Fernández Chan e Isolina González, relacionados con una agencia de viajes y con hoteles de Sanxenxo. Fernández Chan es directivo de Interrías, un touroperador que colabora con Monbus organizando viajes de grupo por las Rías Baixas y que gestiona además el Hotel Carlos I Silgar, Gran Talaso Hotel Sanxenxo y Hotel Nuevo Astur. Isolina González es la esposa del propietario de Interrias, Carlos Américo Troncoso. Interrias es el principal operador del sector del municipio más turístico de Galicia.

Durante la noche y esta mañana, Aduanas ha realizado varios registros: en la sede principal de Monbus en Lugo, que ha sido precintada; en Sanxenxo; en la sede del Palacio de Congresos de Santiago, gestionado por Monbus; y el pabellón do Sar, de la capital gallega, sede del club de baloncesto Obradoiro.

 Además los agentes se han desplazado a las oficinas de varias asesorías y agencias de Santander y A Coruña. Vigilancia Aduanera se ha incautado en dos hoteles registrados de sacos de dinero que suman cerca de un millón de euros.

 También se está registrando el Ayuntamiento de Nogueira de Ramuín (Ourense), desde donde parte un catamarán turístico que recorre los cañones del río Sil y que gestiona una empresa de López. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ya ha confirmado que están previstas más detenciones.

Este mediodía, López ha sido trasladado por agentes de Aduanas a una sucursal bancaria del centro de Lugo y, a la salida, tras pasar más de una hora en el interior de la oficina, manifestó a la prensa sentirse “totalmente tranquilo”.

 Por su parte, Monbus ha emitido un comunicado en el que asegura que "el cuerpo directivo y los trabajadores de la empresa" comparten "la tranquilidad y la seguridad manifestada" por López y expresa que "está prestando y seguirá prestando una total colaboración con la investigación judicial a fin de que en el menor tiempo posible se pueda resolver esta situación". La compañía sostiene todos los servicios de transporte de viajeros que presta actualmente "están funcionando con normalidad y seguirán haciéndolo".

Raúl López, que empezó con una pequeña empresa de transporte en Sarria (Lugo), heredada de su padre, controla ahora el mayor conglomerado de autobuses de viajeros de Galicia, sobre todo después de haber adquirido en 2001 la histórica firma Castromil. 

En la actualidad su grupo se divide en 60 empresas, con una flota de 2.000 vehículos, más de un millar de empleados y, además de Galicia, se extiende por Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Madrid, las dos Castillas y Extremadura. En 2010, el grupo facturaba más de 100 millones de euros anuales.

Una de las compañías de López, Empresa Monforte, es una de las principales suministradoras de vehículos de todo tipo de la Xunta de Galicia. Además gestiona servicios públicos en algunos ayuntamientos como Santiago, donde adquirió al ahora encarcelado expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán las contratas del palacio de congresos y de los autobuses urbanos de la ciudad."              ( / , El País, Santiago de Compostela / Lugo 19 MAR 2015)

6.11.14

¿Hay corrupción en el Registro Mercantil?

"¿Existe corrupción en el Registro Mercantil? ¿Es posible que un sujeto con dinero y agallas sea inscrito como miembro del Consejo de una gran empresa sin que ese Consejo haya adoptado el acuerdo correspondiente? Pues parece que sí, si nos atenemos a lo ocurrido en la sociedad Mazacruz, S.L., en la que se engloban los activos que componen la ya famosa fortuna Larios, hoy valorada en 600 millones de euros. 

El sorprendente episodio que aquí se relata, uno más de la batalla que por la fortuna del difunto Carlos Gutiérrez-Maturana-Larios y Pries, marqués de Paul, mantienen desde hace décadas las dos ramas familiares, parece venir a demostrar que, además de las sospechas de corrupción judicial existentes en la Audiencia Provincial de Albacete aquí ya relatadas, también es posible hacerse miembro del Consejo de Mazacruz siempre y cuando uno cuente con los amigos adecuados en el Registro. Una historia alucinante y alucinada, de plena actualidad en la ola de corrupción que nos invade. 

Hace justamente cuatro años, el 14 de octubre de 2010, Mazacruz celebró una más que polémica Junta de Socios. A ella asistieron los cuatro accionistas que se reparten el 100% del capital, a saber: Carlos Gutiérrez-Maturana-Larios Altuna (alias Carlitos a efectos del relato), actual marqués de Paul; su madrastra, Bárbara Kalachnikoff, y las dos hijas de ésta habidas con el anterior marqués de Paul: Cristina y Bárbara Gutiérrez-Maturana-Larios Kalachnikoff.

Conviene aclarar que desde el fallecimiento del anterior marqués de Paul, ocurrido en 2004, hasta la fecha de esa Junta, el Consejo de Administración de Mazacruz había estado compuesto en exclusiva por Doña Bárbara y sus dos hijas, respetando así la voluntad del marqués, expresada en su testamento, según la cual quería tener a Carlitos lo más lejos posible del Grupo “en aras a la paz familiar”.

Aquel 14 de octubre de hace 4 años saltó la sorpresa, porque, contraviniendo la última voluntad de su padre, Carlitos propuso cesar a las hasta entonces integrantes de Consejo y nombrar uno nuevo formado por él y sus compinches, los miembros de la firma  Price&Waterhouse que desde 1999 le vienen asesorando, de espaldas al resto de socios, sobre cómo hacerse con el control de Mazacruz y con gran éxito, por cierto, ya que antaño consiguió arrancar a su padre enfermo una donación de participaciones sociales y un voto quíntuple a favor de las mismas.

Como no podía ser de otra forma, el 72,54% del capital social votó en contra de la propuesta, mientras el 27,46% del mismo, el representado por el propio Carlitos, votó a favor. El notario presente en la junta dio fe del resultado de la votación y del consiguiente rechazo del golpe de mano propuesto, lo que quedó reflejado en el acta correspondiente. Como no podía ser de otro modo, la presidenta de la junta declaró, en consecuencia, no adoptado el acuerdo.

Pero Carlitos, resuelto a no asumir tan fácilmente su derrota, decidió por su cuenta y riesgo que el Consejo había sido cesado y que existía uno nuevo integrado por él y por sus acólitos de Price, de suerte que procedieron a crear un documento ad hoc que elevaron a público ante un notario de su confianza: ellos eran el nuevo Consejo de Administración de Mazacruz S.L.

El paso siguiente del gran Carlitos consistió en intentar inscribir ese falso acuerdo en el Registro Mercantil. Y, con un par, la escritura pública del documento por él creado, junto al acta notarial donde claramente se especificaba que el acuerdo había sido rechazado, fue presentada a inscripción ante el registrador Francisco Javier Navia-Osorio García-Braga (miembro de la nobleza asturiana, notario y registrador de la propiedad, vocal del Patronato de la Fundación de Príncipe de Asturias y propietario de la mayor finca de caza del Principado), quien se negó en redondo a inscribir tal pretensión por imposible.

Una llamada secreta procedente de Miami

Aquí hubiera acabado la broma de no ser porque, en un momento determinado y sin que se sepa muy bien por qué –dicen que una misteriosa llamada desde Miami obró el milagro- Navia-Osorio cambió de opinión y decidió inscribir lo que sin duda era un auténtico golpe de mano protagonizado por Carlitos para hacerse con el control del Grupo Mazacruz y poner en la calle a madrastra y hermanastras, a las que, desde entonces, les niega el pan y la sal. ¿Uno de los más flagrantes casos de corrupción registral que se recuerdan por estos pagos? El tiempo lo dirá.

En estas estábamos cuando, tan cerca como el 24 de junio de este año, el Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Madrid dictó una sentencia, que devino firme a principios de octubre, en la que se repite hasta 13 ocasiones que en la junta de 14 de octubre de 2010 jamás se adoptó el acuerdo de cese del Consejo de Administración. El resultado de dicha sentencia es que, a día de hoy, Bárbara madre y sus hijas Christina y Bárbara siguen siendo consejeras de pleno derecho de Mazacruz, no obstante lo cual Carlitos se niega a acatar la sentencia y les mantiene a raya en la toma de cualquier decisión que afecte a la gestión del grupo.

Como es de imaginar, el conflicto estaba cantado. Las tres citadas presentaron el 24 de octubre pasado un escrito al Registro pidiendo la anulación de la inscripción registral que las mantiene por cesadas en sus cargos, ello como una mera cuestión de acatamiento de la sentencia judicial mencionada. Pero como las sorpresas no terminan nunca cuando de la fortuna Larios se trata, resulta que la decisión sobre dicho escrito ha correspondido al supradicho Navia-Osorio García-Braga, ¡ello a pesar de los varios registradores que componen la nómina del Registro Mercantil de Madrid…!

A lo largo de la semana pasada, Bárbara hija y su abogado han intentado ser recibidas por el registrador de marras. “En el Registro Mercantil nos han dado con la puerta en las narices”. Varios días acudieron a media mañana a la sede registral, con la intención de presentarse sin cita ante Navia-Osorio. 

Armados de paciencia, esperaron sentados en el sofá existente a la puerta del despacho hasta las 2 de la tarde. Ni rastro del registrador. Por fin el viernes 31, repitieron la jugada pero adelantando su visita a las 9 de la mañana para, oh sorpresa, toparse con Navia-Osorio en su despacho. La incredulidad del susodicho es fácil de imaginar tras oír las presentaciones correspondientes. Presa de un incontrolable nerviosismo, repetía que ya había calificado el escrito en cuestión, de modo que no había nada más que hablar, porque, además, “tenían que haber pedido ustedes cita”. 

El ilustre asturiano se quejó de las presiones recibidas 4 años antes, cuando tuvo que calificar la inscripción reclamada por Carlitos, acusando a los visitantes de ser los responsables de tales presiones, momento en el que Bárbara reveló lo que es un secreto a voces en el Registro: las continuas visitas del marqués de Paul al despacho del registrador hace justamente 4 años. Acorralado y sin argumentos, Navia-Osorio terminó ordenando a su secretaria llamar a Seguridad para echar a los visitantes del edificio.

Responsabilidades civiles por importe de 7 millones

El ínclito asturiano tiene motivos para estar alarmado, porque el escrito aludido es paso previo obligado para, al amparo de lo establecido en los artículos 296 y siguientes de la Ley Hipotecaria, exigirle la responsabilidad civil por los daños y perjuicios que su actuación haya podido causar.

 A bote pronto, las tres consejeras ilegalmente cesadas como consecuencia de su actuación han estado 4 años sin cobrar las retribuciones que como tales les hubieran correspondido. Por el contrario, Carlitos y sus cuates se han embolsado más de 3 millones en estos 4 años en sueldos y salarios, a razón de más de 750.000 euros año. Ello sin mencionar el escandaloso tren de vida con el que se obsequia el señor marqués con cargo a las empresas del grupo.  

Carlitos, en efecto, dispone a día de hoy de 3 chóferes, y varios secretarios/as personales, amén del centenar de personas que trabajan para él en la Finca Los Llanos (Albacete). Como último capricho, ha mandado construir varias fuentes de mármol ante la puerta de su casa en Albacete, y ha importado de Italia más de un millar de pinos, gastándose 500.000 euros en el envite. Todo con cargo a las empresas del grupo, naturalmente. La cifra total a exigir al registrador en concepto de responsabilidad civil podría rozar los 7 millones.

Por desgracia, la gestión del grupo es un desastre. Mazacruz, efecto, lleva 4 años de pérdidas continuadas bajo la supuesta dirección de Carlitos, ello con el visto bueno de la firma de auditoría Deloitte, cuya actuación en el caso Bankia le ha merecido una sanción ejemplar del ICAC nada menos que de 12 millones de euros. La historia sigue. ¿Se puede “comprar” la condición de consejero de una sociedad teniendo aliados bastantes en el Registro Mercantil? La Justicia tiene la palabra."            (Jesús Cacho, Vox Populi, 04/11/2014)

13.3.14

La patronal madrileña desvió fondos de la formación para pagar a sus directivos

"La patronal madrileña CEIM, la organización empresarial que preside Arturo Fernández, ha estado desviando el dinero de los cursos de formación para financiar los sueldos de sus dirigentes. 

Dos informes de la Cámara de Cuentas referentes a los años 2008 y 2009 señalan que los salarios recibidos por algunos de los directivos de la organización de empresarios procedían hasta en un 90% de fondos públicos destinados a la formación de trabajadores. Los sueldos se situaban esos años en una horquilla de entre 100.000 y los 220.000 euros. (...)

Las ayudas que patronal y sindicatos reciben se emplean fundamentalmente en formación; es decir, gastos docentes, profesorado, material y diseño de los cursos. Estos últimos se suelen subcontratar con empresas externas, como las de los empresarios José Luis Aneri o Alfonso Tezanos, detenidos por formar parte supuestamente de una trama de cursos falsos.

 La policía, de momento, ha arrestado a 14 personas. El agujero económico asciende a 15 millones de euros, procedentes de las arcas regionales y estatales. Madrid recibe cada año unos 115 millones de euros del Estado para cursos de formación.

Pero otra parte de las subvenciones va a los llamados “gastos de apoyo”; es decir, de personal no docente pero que interviene en la gestión de los cursos. Por ejemplo, una telefonista contratada para dar información a los alumnos. Hasta agosto de 2012 ese gasto no podía ser mayor del 20% de la subvención. A partir de esta fecha, se redujo al 10%.

Es en esa parte de la subvención donde la Cámara detectó las irregularidades reflejadas en ambos informes. En 2009, la Cámara señala que la normativa regional (Orden 2816/2008, de 2 de octubre) “no prevé como subvencionables los salarios del personal directivo”.

 Esto significa que del dinero de los cursos no se pueden pagar las nóminas de los dirigentes de la CEIM ni de los sindicatos. “Sin embargo, se justificaron de nuevo costes salariales de directivos [de la CEIM]”, prosigue el informe, “que además perciben unos salarios elevados, superiores a 100.000 euros, por un total de 405.000”.

La auditoría pública termina diciendo en ese apartado que “se han financiado con fondos públicos el 35% de los costes salariales del secretario general; el 54% en el caso de la directora del departamento de Asuntos Laborales; el 50% de los costes en el caso del director financiero, de la directora de Asuntos Económicos y del director de Comunicación; y en el 90% de la directora de Formación”. (...)

La Cámara da otros datos sobre el dinero público destinado a gastos de personal de apoyo. De los 89 trabajadores de personal de la CEIM, en 2008 se financiaron con fondos de la Comunidad y fondos europeos el 54% de los costes salariales de 34 trabajadores. En 2009 se financiaron el 53% de los sueldos de 32 trabajadores de los 114 de personal propio. (...)"                (El País, 12/03/2014)

11.2.14

Multadas 40 farmacias por venta ilegal de medicinas para exportar

"La exportación de medicamentos de precio regulado en España, más baratos que los del mercado libre internacional, es una práctica ilegal que puede causar problemas de desabastecimiento y dejar a cientos de pacientes sin los fármacos que necesitan. 

El problema se ha agravado recientemente en Cataluña, donde enfermos trasplantados se han topado con dificultades para comprar en las farmacias los inmunodepresores que necesitan para evitar que su organismo rechace los órganos que recibieron. La Generalitat de Cataluña y el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona (COFB) han empezado a perseguir con mayor dureza esta práctica. 

En concreto, el Departamento de Salud ha impuesto 40 sanciones, desde enero de 2013 a oficinas de farmacia por este motivo y el COFB ha emitido una circular interna en la que amenaza a sus miembros con “actuar con firmeza contra aquellos implicados en estas prácticas” y les indica que va a “colaborar con la Administración para detectar actuaciones irregulares”.

La venta de medicamentos en España desde los laboratorios que los fabrican a los mayoristas sigue dos vías. La primera es la de los fármacos de precio regulado por el Estado que, tras pasar por los mayoristas, llegan a las farmacias para ser vendidos con receta a los ciudadanos. En la segunda, que tiene unos precios libres y por tanto más elevados, los mayoristas pueden comercializar los medicamentos en el exterior.

La ilegalidad que provoca el desabastecimiento es desviar al mercado exterior, que es libre, fármacos de precio regulado para beneficiarse así de la diferencia de precios. La llamada “distribución inversa” consiste en que las oficinas de farmacias, en lugar de vender con receta las medicinas a los ciudadanos, lo hacen a empresas mayoristas que luego las exportan. Esta práctica afecta sobre todo a medicamentos caros o que ofrecen un gran margen de beneficio, explica la Generalitat. (...)

Tras la denuncia de algunos enfermos, obligados a deambular de farmacia en farmacia en busca de sus medicamentos —tal y como publicó EL PAÍS el pasado enero—, Salud ha convocado a todos los implicados a una mesa para tratar el problema. 

En ella se sentarán la industria, los distribuidores y las farmacias. “No podemos permitir que esto suceda”, declaró ayer Roser Vallès, directora general de ordenación y regulación sanitaria del departamento. Pero Vallès insistió en que “no hay enfermos que se estén quedando sin medicamentos”. En Cataluña hay más de 3.000 oficinas de farmacia.

Hace tiempo que la Generalitat actúa para atajar el fraude, aunque no es fácil cazar a los distribuidores. Solo en un caso reciente se consiguió sancionar a uno, tras realizar registros que permitieron confirmar las redes de comercio paralelo.

Con las farmacias tampoco es fácil. “No podemos demostrar que la farmacia ha vendido los fármacos al distribuidor, pero sí las podemos sancionar por venderlos sin receta. Hay farmacias que compran una cantidad más elevada de lo que es habitual en algunos medicamentos”, explicó Vallès. 

La Generalitat cree que existen “redes muy bien estructuradas” que funcionan en toda España, dirigidas muchas veces por personas que crean empresas de distribución con el objetivo principal de lucrarse con la exportación. Los países a los que van a parar los medicamentos son en su mayor parte europeos. Entre ellos figuran los nórdicos, Alemania, Holanda o Reino Unido, donde los fármacos son más caros que los españoles. (...)"             (El País, 05/02/2014)