"La investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre la compra de un millón de mascarillas, 500.000 pares de guantes y 250.000 pruebas rápidas de detección de la covid a los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina ha destapado una cadena de engaños, desinformación y falta de control en el Ayuntamiento de Madrid que facilitó una presunta estafa de 11 millones de euros.
La operación se llevó a cabo entre la última semana de marzo y la primera de abril de 2020, cuando la Comunidad de Madrid era el lugar de España donde la pandemia causaba más muertes y contagios.
El sumario del caso que ahora instruye el juez Adolfo Carretero incluye documentos de los organismos municipales encargados de la compra del material sanitario y declaraciones de los implicados en la operación que describen un escenario caótico, opaco, permeable al fraude.
La Empresa de Servicios Funerarios, encargada de pagar los 11 millones de euros que costó el material, se quitó la responsabilidad de encima cuando le preguntó la Fiscalía Anticorrupción: “La empresa no ha participado en la negociación de los términos ni de los anteriores contratos ni del resto de las adquisiciones de material sanitario o de protección adquirido en virtud y ejecución de dicho convenio, por lo que, en consecuencia, no dispone de copia alguna de correspondencia relacionada con la negociación de los términos de los contratos”, declararon los responsables de la funeraria, según consta en el sumario del caso, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Fue la Concejalía de Hacienda la que se encargó de todos estos trámites a través de Elena Collado, alto cargo encargada de la compra del material y con la que uno de los comisionistas, Alberto Luceño, mantuvo comunicación telefónica durante todo el proceso.
Luceño declaró al fiscal anticorrupción, en abril de 2021, que fue él quien fijó los precios del material vendido al Ayuntamiento de Madrid —de los más caros pagados aquellos días por las principales administraciones municipales de toda España—, que supuestamente fabricaba una empresa de Malasia llamada Leno. El comisionista relató al fiscal que hizo aquella operación en una situación de extrema necesidad cuando los precios subían en cuestión de horas. “Hablé con Elena Collado y me dijo que necesitaban el material de manera rápida, en tiempo y forma y de buena calidad. Y le dije que le podía asegurar esos tres productos” (mascarillas, guantes y pruebas).
Miguel Montejo, vocal de Más Madrid en el consejo de administración de la Empresa de Servicios Funerarios, explica a EL PAÍS que el 4 de abril preguntó a Collado por qué se decidió contratar a Luceño y Medina entre todas las ofertas recibidas. “Me dijo que no lo recordaba, solo explicó que creyó que eran personas altruistas y que, si hubiera sabido que eran comisionistas, habría ido directamente a la Fiscalía. Pero Collado no contestó a la pregunta de por qué no denunciaron los hechos cuando ya supieron que la Fiscalía estaba investigando, ni por qué se le ocultó al consejo de administración que aquella operación estaba dirigida por intermediarios”.
Luceño declaró al fiscal que había preguntado a su socio Luis Medina si conocía a alguien en la administración con quien pudiera contactar para ofrecerle material sanitario chino. Y que Medina le dio el contacto de los responsables municipales de Madrid. Como debía pagarse en parte por adelantado, el Ayuntamiento formalizó un convenio con su Empresa de Servicios Funerarios, que tenía flexibilidad suficiente en su actividad para asumir operaciones de ese tipo.
De madrugada
El decreto de alarma para combatir la pandemia cerró España a cal y canto el 14 de marzo de 2020. 10 días después, el martes 24 de marzo, el consejo de administración de la Empresa de Servicios Funerarios, municipal, se reunió de madrugada a través de un grupo de mensajería creado al efecto para aprobar una compra urgente que podía salvar vidas.
La coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos, Elena Collado, contó a los asistentes (con representación de todos los grupos políticos) que se trataba de adquirir un millón de mascarillas a 6,6 euros la unidad. Y que había que pagar la mitad esa misma noche por anticipado.
Collado no explicó entonces a los consejeros si aquella era la oferta más barata o la más cara de todas las que habían recibido, ni detalló que la operación se hacía a través de dos intermediarios, Luis Medina y Alberto Luceño; ni siquiera explicó si el fabricante que suministraría las mascarillas era de confianza o tenía solvencia suficiente para garantizar que el encargo llegaría a buen puerto.
Los representantes de todos los grupos municipales (Vox, Más Madrid, PP y PSOE) votaron a favor ante la emergencia. Unas horas después (25 de marzo), el consejo de administración volvió a reunirse de urgencia para más compras, que anunció otra vez Elena Collado: 250.000 pruebas rápidas a 17 euros la unidad y 2,5 millones de pares de guantes a 2 euros cada par. Tenían que actuar deprisa porque, según dijo, se estaba acabando la mercancía y había que pagar el 50% por adelantado.
Ese segundo lote resultó defectuoso. Las pruebas tenían una fiabilidad del 60%, muy lejos del 98% comprometido. Los guantes llegaron a un precio disparatado, incluso en pandemia. Tanto fue así que, cuando Elena Collado se quejó al respecto ante Alberto Luceño, este tardó una hora y media en comprometerse a devolver cuatro de los cinco millones de dólares que ya había pagado el Ayuntamiento por esa mercancía.
Luceño explicó al fiscal anticorrupción que existe una recomendación verbal de la Cámara de Comercio de París para que las comisiones no superen el 50% de cada operación: “Yo reconozco [que] en el contrato de las máscaras [me llevé] el 44,85% y en la otra operación un 49,91%”.
Esta respuesta dejó perplejo al fiscal anticorrupción, quien le leyó las comisiones que habían pactado Luceño y Medina por la venta de dos millones de pares de guantes. De los cinco millones de euros, 1,8 millones eran la comisión de Luceño y 1.125.000 euros la de Medina. En total, 2.925.000 euros sobre cinco millones, más del 50%.
Luceño intentó replicar al fiscal que esa operación “se intentó hacer, pero no se cobró”. En realidad, fue Elena Collado quien comprobó en un supermercado de Madrid que los guantes que habían comprado a través de Luceño y Medina a dos euros el par costaban menos de la mitad en comercios de la capital. Eso llevó a que Luceño devolviera cuatro millones de euros sin poner reparos." (José Manuel Romero , El País, 15/04/22)
"El comisionista Luis Medina: “Lo que hablamos fue: ‘Un tercio para mí, un tercio para Alberto y un tercio para la empresa malasia”.
Luis Medina se presentó ante el fiscal anticorrupción como un probo empresario que cobra con naturalidad comisiones, aunque sea en el peor momento de la pandemia, y que se ha sentido engañado por su socio Alberto Luceño porque este se ha llevado más dinero que él como corretaje por la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid. El hermano del duque de Feria declaró que su único trabajo en este negocio fue el de “facilitador” para poner en contacto a Luceño, que tenía contactos en China para conseguir pertrechos médicos, con la responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado. Un trabajo que le reportó un millón de dólares, “menos del 10% [de comisión], que no es nada”, le explica al fiscal, quien manifiesta que en el asunto “hay muchas cosas raras”. “Lo que hablamos Luceño y yo era que las comisiones se dividían en tercios: que era un tercio para mí, un tercio para él y un tercio para la empresa malasia”, asegura Luis Medina. Pero su parte fue un millón, y la de su socio, casi cinco millones.
La declaración de Luis Medina, acompañado de dos abogados, se produjo el 13 de abril del año pasado, durante unos 40 minutos. Al principio se muestra algo nervioso, y tutea al fiscal. Su posición es clara: todo es legal, hizo un trabajo de intermediación por el que cobró, se desentendió del asunto y, ahora, con el escándalo por las abultadas comisiones, él también se ha escandalizado por lo que se embolsó su socio. La Fiscalía Anticorrupción, en su querella, atribuye a los dos empresarios delitos de estafa agravada, blanqueo y falsedad.
El interrogado se define a sí mismo como “un facilitador, un introductor”, cuya única misión fue enlazar a Luceno, con contactos en China, y con el Ayuntamiento. “Mi labor es únicamente ponerles en contacto, y yo del monto total, si lo sumas, lo que me llevo es menos de un 10% de comisión”, le cuenta al fiscal, a quien le explica: “En esa época las comisiones eran mayores porque eran unos meses en los que había mucha demanda y muy poca oferta y entonces todo se disparaba”.
Medina detalla que obtuvo el contacto de Elena Collado, responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid, gracias a una profesora de su universidad, que, a su vez, “conoce bien al hermano del alcalde” de la capital. Él, según insiste, le dio el contacto a Luceño y nada más. “Yo no tengo ninguna relación con José Luis Martínez-Almeida”, insiste. El ministerio público vuelve a preguntar por la relación de negocios de los socios:
Fiscal. ¿Qué relación tenía usted...?
Luis Medina: Yo desde que acabamos con todo eso... creo que quedé un día a comer con Alberto, a toro pasado, el pasado abril o mayo, que vino a mi casa y, a partir de ahí alguna vez le preguntaba [a Luceño] por si había alguna comisión más que cobrar... y él no me coge el teléfono ni nada. (...) Pero vamos, yo llevo un año que no sé nada de él y, vamos, que tengo mil llamadas y mensajes sin contestar.
El motivo de este malestar es, cuenta el hijo de Naty Abascal, que se enteró de que su socio lo había engañado y había cobrado una comisión muy voluminosa, del 45% de lo vendido en mascarillas, según ha admitido el propio Luceño: “Yo tengo que fiarme de lo que me diga él y lo que hablamos un poco era que [las comisiones] se dividían en tercios, que era un tercio para mí, un tercio para él y un tercio para la empresa malasia. Y ya está. Eso era lo que yo sé a día de hoy; es ayer por la tarde que me entero realmente de lo que este señor se llevó...”. (Jorge A. R., El País, 14/04/22)
"La responsable municipal de compras: “Nunca me dijeron que iban a cobrar comisión. Yo entendí que querían ayudar a Madrid”.
La declaración ante la Fiscalía Anticorrupción de Elena Collado, la responsable del Ayuntamiento de Madrid que negoció el contrato de las mascarillas con los intermediarios Luis Medina y Alberto Luceño, es una muestra del caos en el que derivaron los procedimientos de compra de material sanitario en los primeros días de la pandemia, en marzo de 2020. “No había nada. Estaba el mercado absolutamente roto. Los proveedores habituales no tenían material y nosotros teníamos a 10.000 personas [trabajadores esenciales] en la calle. Cualquiera que podía ofrecernos algo se dirigía a nosotros y yo contestaba. Nos dimos cuenta de que era imposible comprar nada sin adelantar dinero. Como mínimo, el 50%”, afirma Collado, coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Consistorio.
“No recuerdo quién me puso a mí en contacto con Rafael [se refiere a Luis] Medina. Pudo ser un concejal, otro coordinador… Me llegó el teléfono y le llamé. Me dijo que tenía un amigo, no recuerdo si dijo socio, que tenía empresas en China y nos podía ayudar”, prosigue. A partir de ahí, Medina la derivó a Alberto Luceño. “Me llegó un wasap: ‘Hola, buenos días, soy Alberto Luceño”. Este le pareció a Collado “un hombre un poco pagado de sí mismo”. “Me dijo que era un empresario de éxito, que había vivido en China y tenía muchísimos contactos y facilidad para moverse en ese entorno que entonces era un mercado persa. Me dijo que su mujer estaba trabajando de médico en el [hospital] Puerta de Hierro y que todo lo que pudiera hacer por nosotros, que encantado”. ¿Aportó papeles para verificar todo eso que decía?, le pregunta el fiscal. Y ella responde: “No, no creo. Hicimos una búsqueda en internet y vimos que la empresa era real. La verdad es que son las mejores mascarillas que tenemos”.
El fiscal Anticorrupción se interesa entonces por cómo se acordó el precio de seis dólares (5,54 euros al cambio actual) por mascarilla. “Lo que el proveedor dijo. La oferta era esa”, contesta Collado. Y añade: “Nos metimos en internet y vimos mascarillas de grafeno similares, y en aquel momento estaban a 40 euros. Y no llegaban, además. No sé si ustedes han tenido que comprar material en marzo… Nos pareció muy buen precio”. Luceño, según la responsable municipal, no le contó que él iba a recibir una comisión millonaria de la empresa a cambio de la intermediación: “Nunca. Yo entendí que de verdad querían ayudar a Madrid [...] Si yo oigo la palabra comisión, inmediatamente lo pongo en conocimiento de la policía”.
En un momento dado, Luceño les pidió que el Ayuntamiento escribiera una especie de carta de recomendación para presentar ante las autoridades chinas y que le “trataran bien” si surgían problemas. Les explicó, cuenta Collado, que si alguien elevaba la oferta, ellos corrían el riesgo de quedarse sin el producto, y que por eso era mejor asegurarse con esa carta. El Ayuntamiento lo hizo y la carta la firmó el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.
El fiscal pregunta también a la coordinadora general por la donación de 238.000 mascarillas que, después de lograr ese suculento contrato, hicieron Luceño y Medina al Ayuntamiento. “Sí, me llamó Alberto y me dijo que Luis y él habían decidido donarlas. Me pareció muy bien. Me dijo que quería que 50.000 fueran al hospital Puerta de Hierro [donde trabaja la esposa de Luceño]. Es de las donaciones más grandes que hemos recibido”, afirma.
En la parte final de su declaración como testigo, que duró unos 50 minutos, el fiscal le muestra a Luceño otros dos contratos firmados por el Ayuntamiento con la empresa Leno. Estos tenían que ver con el transporte del material sanitario desde China hasta Madrid. La funcionaria recuerda que en aquellas semanas era complicadísimo sacar los portes desde Asia y que recurrieron a empresas de transporte e incluso buscaban “huecos en aviones”. Quien se hizo cargo de aquella operación de transporte fue Rafael Gutiérrez de Mesa, una persona a la que describe como experimentada en este tipo de movimientos de comercio exterior. Collado señala que cuando llegaba el material a España se enviaba a la Policía Municipal, que escoltaba la mercancía, “porque pasaban cosas en todos los sitios”.
En otro pasaje de la declaración, el fiscal le pregunta por los guantes que compraron a la empresa malasia por mediación de Luceño, y que resultaron ser mucho más caros de lo esperado. “Eso fue horrible”, dice Collado moviendo la cabeza. Explica que cuando los contrataron pensaron que estaban adquiriendo guantes gruesos para cubrir todo el brazo, “para pandemias”, y que cuando vieron que lo que llegaba eran guantes normales de los que se vendían en los supermercados a 20 céntimos casi se “desmaya”. “Le dije [a Luceño]: esto es una estafa, voy a la policía”. Él le dijo que iban a devolver el dinero y, efectivamente, en cuestión de “ocho a diez horas” llegó al Ayuntamiento una transferencia de “cuatro millones y pico”.
Collado, que en todo momento mantiene una actitud de aparente colaboración con el fiscal, afirma que en aquel momento “todos” se sintieron “traicionados”, y asegura que después del “disgusto” de los guantes, “ni contestó” a los mensajes de la empresa, ni quiere mantener relaciones con ella “ni muerta”. “Antes me muero; ya puede pasar otra pandemia, somos todos funcionarios, qué le puedo contar, te puede costar, no sé...”, le dice al fiscal.
El
interrogatorio termina con el fiscal solicitándole a Collado que
entregue copias de los contratos, los mensajes de WhatsApp, y muestras
de los materiales que trajeron Medina y Luceño." (El País, 14/04/22)
